Datasets:

NCube

/

europa-random-split

like 0

Follow

Neural Network Nomads (We are GLOSS) 4

62008CJ0346

es

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (DO L 309, p. 1), al no garantizar la aplicación de la referida Directiva a la central eléctrica explotada por Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd (en lo sucesivo, «Alcan») en Lynemouth, en el noreste de Inglaterra (en lo sucesivo, «central de Lynemouth»). Marco jurídico La Directiva 2001/80, por la que se sustituye la Directiva 88/609/CEE del Consejo, de 24 de noviembre de 1988, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión (DO L 336, p. 1), se inscribe dentro de la estrategia comunitaria de lucha contra la acidificación y tiene por objeto limitar las emisiones de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y de cenizas procedentes de las grandes instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal igual o superior a 50 megavatios. Dicha limitación se establece en los anexos III a VII de la Directiva 2001/80 por los que se aplican a dichas instalaciones valores límite de emisión expresados en concentraciones máximas de dichas sustancias contaminantes en los gases de combustión. Los considerandos sexto y undécimo de la Directiva 2001/80 enuncian: «(6)      Las grandes instalaciones de combustión existentes contribuyen considerablemente a las emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno en la Comunidad y es necesario reducir dichas emisiones; es necesario, por lo tanto, adaptar el enfoque a las distintas características del sector de las grandes instalaciones de combustión en los Estados miembros. […] (11)      Las instalaciones para la producción de electricidad representan una parte importante del sector de grandes instalaciones de combustión.» El artículo 1 de la referida Directiva dispone: «[Ésta] se aplicará a las instalaciones de combustión cuya potencia térmica nominal sea igual o superior a 50 MW, cualquiera que sea el tipo de combustible que utilicen (sólido, líquido o gaseoso).» El artículo 2 de la misma Directiva tiene la siguiente redacción: «A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: […] 7)      “Instalación de combustión”, cualquier dispositivo técnico en el que se oxiden productos combustibles a fin de utilizar el calor así producido. La presente Directiva sólo se aplicará a las instalaciones de combustión destinadas a la producción de energía, a excepción de las que usen de manera directa los productos de combustión en procedimientos de fabricación. En particular, la presente Directiva no se aplicará a las siguientes instalaciones de combustión: a)      las instalaciones en las cuales se utilicen los productos de combustión para el calentamiento directo, el secado o cualquier otro tratamiento de objetos o materiales, por ejemplo: hornos de recalentamiento, hornos para tratamiento térmico, b)      las instalaciones de postcombustión, es decir, cualquier dispositivo técnico destinado a depurar los gases residuales por combustión que no se explote como instalación de combustión autónoma, c)      los dispositivos de regeneración de los catalizadores de craqueo catalítico, d)      los dispositivos de conversión del sulfuro de hidrógeno en azufre, e)      los reactores utilizados en la industria química, f)      los hornos con baterías de coque, g)      los recuperadores de altos hornos, h)      cualquier dispositivo técnico utilizado en la propulsión de un vehículo, buque o aeronave, i)      turbinas de gas utilizadas en plataformas marinas, j)      turbinas de gas autorizadas antes de 27 de noviembre de 2002 o que a juicio de la autoridad competente sean objeto de una solicitud de autorización antes de 27 de noviembre de 2002, a condición de que la instalación se ponga en funcionamiento a más tardar el 27 de noviembre de 2003, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 y en las partes A y B del Anexo VIII. Las instalaciones accionadas por motor diesel, de gasolina o de gas no estarán sujetas a las disposiciones de la presente Directiva. Cuando dos o más nuevas instalaciones independientes estén instaladas de manera que sus gases residuales, a juicio de las autoridades competentes y teniendo en cuenta factores técnicos y económicos, puedan ser expulsados por una misma chimenea, la combinación resultante de tales instalaciones se considerará como una única unidad; […].» De conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2001/80, los Estados miembros deberán alcanzar reducciones significativas de las emisiones de las instalaciones de combustión existentes, a más tardar el 1 de enero de 2008, bien adoptando las medidas adecuadas para que las instalaciones existentes de que se trate respeten los valores límite de emisión establecidos en los anexos de la citada Directiva, bien velando por que las referidas instalaciones se sometan al plan nacional de reducción de emisiones (en lo sucesivo, «PNRE»). En virtud del artículo 4, apartado 6, de la referida Directiva, todo Estado miembro que hubiera elegido aplicar un PNRE estaba obligado a comunicarlo a la Comisión a más tardar el 27 de noviembre de 2003 y ésta tenía la obligación de evaluar en los seis meses siguientes a la referida comunicación si el plan cumplía los requisitos previstos en el citado artículo 4, apartado 6. Procedimiento administrativo previo Mediante escrito de 27 de noviembre de 2003, el Reino Unido presentó a la Comisión la primera versión de su PNRE, en la que la central de Lynemouth figuraba entre las instalaciones de combustión a las que resulta aplicable la Directiva 2001/80. El 28 de abril de 2005, dicho Estado miembro presentó un PNRE actualizado en el que también figuraba dicha instalación. Sin embargo, retiró la referida instalación de la versión revisada de su PNRE que presentó a la Comisión el 28 de febrero de 2006. Mediante escrito de 4 de septiembre de 2006, la Comisión indicó al Reino Unido que consideraba que dicha retirada no era conforme con la Directiva 2001/80. En su respuesta de 2 de febrero de 2007, el referido Estado miembro alegó que la central de Lynemouth debía beneficiarse de la excepción general prevista en el artículo 2, apartado 7, de la citada Directiva porque se encontraba completamente integrada en una fundición de aluminio y únicamente servía a la producción de dicho metal. Asimismo subrayó el reducido impacto ambiental de dicha central y el riesgo de que Alcan cesara en la explotación de la referida fundición de aluminio si la central eléctrica tenía que atenerse a los límites previstos en la citada Directiva. El 29 de junio de 2007, la Comisión envió al Reino Unido un escrito de requerimiento al que dicho Estado miembro respondió mediante escrito de 31 de agosto de 2007. Al no satisfacerle la respuesta, la Comisión dirigió el 23 de octubre de 2007 un dictamen motivado al Reino Unido, instándole a que pusiera fin al incumplimiento que se le imputa en un plazo de dos meses a contar desde la recepción. Al no convencerle las alegaciones formuladas por el Reino Unido en su escrito de 21 de diciembre de 2007 en respuesta a dicho dictamen motivado, la Comisión interpuso el presente recurso. Sobre el recurso Alegaciones de las partes La Comisión sostiene que la Directiva 2001/80 se aplica a la central de Lynemouth y recuerda que el Reino Unido compartía inicialmente dicho punto de vista, dado que había incluido la referida instalación en las diferentes versiones de su PNRE y tan sólo la retiró en la versión revisada presentada a la Comisión el 28 de febrero de 2006. Según la Comisión, la Directiva 2001/80 se aplica a todas las instalaciones de combustión con la excepción de aquéllas que estén expresamente excluidas por el artículo 2, punto 7, de ésta, a saber: –        las instalaciones de combustión no destinadas a la producción de energía (en lo sucesivo, «primera excepción»); –        las instalaciones de combustión que usen de manera directa los productos de combustión en procedimientos de fabricación (en lo sucesivo, «segunda excepción»); –        las instalaciones mencionadas en dicho artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras a) a f), que son ejemplos de las excepciones primera y segunda, así como –        las diversas excepciones sui generis enumeradas en el referido artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras g) a j), y en ese mismo artículo 2, punto 7, párrafo tercero. La Comisión alega que todas las instalaciones previstas en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras a) a f), de la Directiva 2001/80 están comprendidas dentro de las excepciones primera o segunda y que es lógico que queden excluidas del ámbito de aplicación de dicha Directiva, puesto que la metodología o los valores límite de emisión que establece la referida Directiva no les son fácilmente aplicables. A este respecto, expone que la Directiva 2001/80 tiene por objeto regular las emisiones causadas por la combustión (oxidación) de combustibles y que el método por el que se calculan los valores límite de emisión se basa en la hipótesis de que las emisiones derivadas de la combustión del combustible utilizado para alimentar la instalación de combustión sean previsibles. Cuando los gases de combustión calientes procedentes del proceso de combustión del combustible se mezclan con otras sustancias que no están normalmente asociadas a un proceso de combustión anterior a la emisión, los resultados no son suficientemente previsibles y no pueden aplicarse los valores límite de emisión fijados en la referida Directiva para la combustión de combustible. La Comisión reconoce que, por el contrario, las instalaciones previstas en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras g) a j), de la Directiva 2001/80 no se refieran ni a la primera excepción ni a la segunda e indica que son excepciones sui generis . Por lo que respecta, más concretamente, a los «recuperadores» de altos hornos, mencionados en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letra g), de la Directiva 2001/80 y en cuyo ejemplo el Reino Unido basa la esencia de su tesis, la Comisión señala que dichos «recuperadores» están equipados con ladrillos refractarios que se calientan por contacto directo con los gases de combustión calientes resultantes de la combustión del combustible, utilizándose a continuación los ladrillos calientes para calentar el aire frío que circula por encima de ellos para producir el «viento caliente» que después se inyecta en el alto horno. Habida cuenta del calentamiento de los ladrillos, los referidos «recuperadores» difieren esencialmente de cualquier otro tipo de instalación de combustión. Además, con frecuencia se producen fisuras en el revestimiento de ladrillo de las cámaras, lo que conduce a la contaminación del gas resultante de la combustión por los gases de alto horno no quemados. Por esos dos elementos, los valores límite de emisión fijados en la referida Directiva no son fácilmente aplicables a los «recuperadores». La Comisión destaca que ninguna de las instalaciones enunciadas en las disposiciones que se refieren a la segunda excepción implica la utilización de la electricidad en un procedimiento de fabricación ni el uso de los productos de combustión fuera de la propia instalación de combustión. Si bien es cierto que no se discute que la central de Lynemouth no está incluida en la primera excepción, también lo es que no puede beneficiarse de la segunda, puesto que no utiliza de manera directa el producto de combustión en procedimientos de fabricación. La Comisión alega que si debiera admitirse que la utilización directa de la electricidad producida en una central eléctrica en un procedimiento de fabricación hace necesario que se incluya dicha instalación en la segunda excepción, numerosas grandes instalaciones de combustión quedarían excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/80, lo cual tendría graves consecuencias para el medio ambiente. La Comisión señala que la central de Lynemouth es la novena del Reino Unido en cuanto a emisión de dióxido de azufre, representando alrededor de un 4 % del total de emisiones de dicho gas contaminante que se declaran en el referido Estado miembro. El Reino Unido sostiene que una central eléctrica destinada a abastecer de electricidad a una fábrica de producción de aluminio por electrolisis y que se ha construido únicamente con dicho fin forma parte de un dispositivo técnico integrado por una planta de combustión destinada a la producción de energía, que utiliza directamente los productos de combustión en las operaciones de fabricación y, por consiguiente, reúne las condiciones de exención establecidas en el artículo 2, punto 7, de la Directiva 2001/80. En primer lugar, el Reino Unido alega que la electricidad producida sirve directamente a las operaciones de fabricación del aluminio. La fábrica explotada por Alcan no puede, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, utilizar del mismo modo la electricidad procedente de la red nacional. En segundo lugar, el Reino Unido alega que la electricidad producida por una central que funciona con carbón constituye un producto indirecto de la combustión. Ahora bien, el artículo 2, punto 7, de la Directiva 2001/80 no se refiere a la utilización directa de los productos directos de la combustión, sino a la utilización directa de los productos de combustión. La energía, como la electricidad, producida por la oxidación de los combustibles debe considerarse un producto de combustión, puesto que solamente están previstas en la Directiva las instalaciones de combustión en las que se oxidan carburantes para la producción de energía. En dicho artículo 2, punto 7, no se precisa que únicamente se refiera a los productos directos de la combustión y resultaría erróneo hacer una interpretación en ese sentido. Debe existir un vínculo directo no entre la combustión y el procedimiento de fabricación, sino entre los productos de combustión y el procedimiento de fabricación. Pues bien, en el presente asunto existe un vínculo directo entre la electricidad producida a partir de la combustión y el procedimiento de fabricación llevado a cabo, dado que la electricidad se utiliza en dicho procedimiento para fabricar aluminio. La mención de los «recuperadores» de altos hornos en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letra g), de la Directiva 2001/80 confirma el hecho de que la exención no se aplica solamente en el sentido estricto invocado por la Comisión. El Reino Unido recuerda a este respecto que se desprende del sistema inicial que figura en el artículo 2, punto 7, de la Directiva 88/609 que las técnicas enumeradas en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras a) a g), de la Directiva 2001/80 constituyen ejemplos particulares de instalaciones de combustión excluidas del ámbito de aplicación de esta Directiva, bien porque no están destinadas a la producción de energía, bien porque utilizan directamente los productos de combustión en un procedimiento de fabricación. Ahora bien, el aire caliente utilizado en los «recuperadores» no se calienta directamente por la oxidación del combustible, sino indirectamente como consecuencia de la oxidación del combustible, que calienta los ladrillos refractarios, que a su vez calientan el aire que alimenta las operaciones de fabricación. La energía así producida de modo indirecto se asimila acertadamente a un producto de combustión en el sentido del artículo 2, punto 7, de la Directiva 2001/80, aunque se trate de un producto indirecto de la combustión, al igual que la electricidad constituye un producto indirecto en el caso de la central de Lynemouth. Según una interpretación acertada de dicho artículo 2, punto 7, el «recuperador» está vinculado al alto horno de la misma manera que la central de Lynemouth lo está a la fundición de aluminio que explota Alcan. Uno y otra son fuentes de energía especializadas integradas a procesos de fabricación. Según el Reino Unido, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, los «recuperadores» de altos hornos mencionados en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letra g), de la Directiva 2001/80, no constituyen una excepción sui generis . De los términos del artículo 2, punto 7, de la Directiva 88/609 se desprende claramente que las excepciones sui generis vienen recogidas en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras h) a j), de la Directiva 2001/80. Por lo que respecta al argumento de la Comisión de que la tesis del Reino Unido infringe gravemente el alcance de la Directiva 2001/80, dicho Estado miembro admite que sería anormal que todas las instalaciones de combustión que producen electricidad destinada a ser utilizada de manera directa en una fabricación estuvieron excluidas de las exigencias de dicha Directiva. El Reino Unido señala que únicamente queda excluida una instalación cuando haya sido concebida con el único fin de alimentar con electricidad un proceso de fabricación. Todos los ejemplos citados en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras a) a i), de la referida Directiva tienen por objeto fuentes cautivas de energía, concebidas y construidas para los fines de determinados procesos o actividades. Alega que el único producto de combustión al que se hace referencia es el que contiene energía. El Reino Unido considera que el legislador comunitario no ha sustraído determinadas instalaciones del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/80 para evitar inconvenientes menores a los órganos nacionales de regulación, sino para equilibrar las ventajas medioambientales y el coste económico de la inclusión de dichas instalaciones en el referido ámbito de aplicación. Ahora bien, por lo que respecta a la instalación controvertida, los costes económicos y sociales ligados a su sujeción a la referida Directiva excederían ampliamente, por razón de un riesgo de cierre de dicha instalación que conllevaría la pérdida de 4.000 empleos directos o indirectos en una región en la que el paro es elevado, a la reducida ventaja medioambiental que se derivaría de dicha sujeción, habida cuenta de las importantes cantidades invertidas por Alcan durante los años transcurridos para mejorar el rendimiento en materia medioambiental, de la obligación de reducir las emisiones de azufre en virtud de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 24, p. 8), así como de la sustitución de la producción de que se trata por importaciones procedentes de instalaciones de fuera de la Unión Europea, menos reguladas desde el punto de vista medioambiental. Al consumir la producción de aluminio grandes cantidades de energía y al sufrir, en cuanto tal, presiones, ha de interpretarse la Directiva 2001/80 en el sentido de que se excluyen de su ámbito de aplicación las centrales eléctricas especializadas, que producen electricidad destinada al proceso de electrolisis. En respuesta al argumento de la Comisión de que, por una parte, las demás fábricas de producción de aluminio ya han tenido que adaptarse a las exigencias de la Directiva 2001/80 y de que, por otra, no existe razón alguna para conceder una ventaja competitiva a la fábrica explotada por Alcan, el Reino Unido alega que la central de Lynemouth está excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva por consideraciones objetivas que se aplican a todas las instalaciones que se encuentren en la misma situación. La central de Lynemouth es la única instalación sita en el espacio económico europeo que contiene una fuente cautiva de energía, concebida y construida para producir electricidad destinada al proceso de electrolisis. Según el Reino Unido, es lógico excluir las instalaciones de combustión destinadas a la alimentación de procedimientos de fabricación, puesto que únicamente tienen un único «cliente interno» y, por tanto, sólo disponen de un modo de recuperar los gastos en los que incurrieron para adaptarse a la Directiva 2001/80. Además, los productos finales del procedimiento de fabricación son materias primas que se comercializan en los mercados internacionales y que compiten directamente con los productos de los fabricantes establecidos fuera de la Unión, que están sujetos a una normativa menos estricta y que producen con costes menores, mientras que las instalaciones de combustión no especializadas abastecen a numerosos clientes, son frecuentemente propiedad de los Estados miembros y no tienen competidores reales. El Reino Unido se opone al argumento de la Comisión de que el artículo 2, punto 7, de la Directiva 2001/80 contiene un principio general, que debe interpretarse de manera amplia, y dos excepciones de interpretación estricta. Alega que dicha disposición contiene una definición de las instalaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la referida Directiva y definiciones de las que no lo están. El Reino Unido añade que, en cualquier caso, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en contra de la interpretación estricta de las excepciones cuando tal interpretación perjudique al objetivo que persiguen (sentencia de 26 de mayo de 2005, Kingcrest Associates y Montecello, C‑498/03, Rec. p. I‑4427, apartados 29 y 32). Apreciación del Tribunal de Justicia La cuestión suscitada en el presente recurso por incumplimiento se refiere al punto de si la central de Lynemouth debe considerarse una instalación de combustión a la que resulta aplicable la Directiva 2001/80. Si bien es cierto, como destaca la Comisión, que puede parecer extraño que, después de haber incluido la central de Lynemouth dentro de las instalaciones de combustión afectadas por la aplicación de la Directiva 2001/80 en las dos primeras versiones del PNRE presentadas a la Comisión durante los años 2003 y 2005 de conformidad con la referida Directiva, así como en todos los informes o documentos elaborados desde el año 1990 con arreglo a la Directiva 88/609, que la precedía y que estaba redactada en términos prácticamente idénticos por cuanto al punto controvertido respecta, el Reino Unido considerara que, en lo sucesivo, la referida central no estaría sujeta a las exigencias de la Directiva 2001/80, no obstante, esta circunstancia carece de incidencia sobre la cuestión de si la referida central está comprendida dentro del ámbito de aplicación de esta última Directiva. Consta que la central de Lynemouth es una instalación de combustión con una potencia térmica nominal superior a 50 megavatios en el sentido de los artículos 1 y 2, punto 7, párrafo primero, de la Directiva 2001/80. Sin embargo, el Reino Unido sostiene que la citada central, construida exclusivamente con la finalidad de producir electricidad por la fabricación de aluminio en la fundición contigua, reúne las condiciones de exención establecidas en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2001/80, según el cual esta Directiva únicamente se aplica a las instalaciones de combustión destinadas a la producción de energía, a excepción de las que usen de manera directa los productos de combustión en procedimientos de fabricación. Es cierto que la electricidad producida por la central de Lynemouth se utiliza directamente en operaciones de fabricación de aluminio. En efecto, según el proceso «Hall-Heroult» utilizado en la fábrica explotada por Alcan, las alúminas alimentan un electrolito en el que se disuelven y una corriente eléctrica pasa del ánodo al cátodo disociando las alúminas en aluminio y oxígeno y aportando el calor destinado a mantener la fusión del electrolito. No obstante, como alega la Comisión, la electricidad no es un producto de combustión. En efecto, son productos de combustión los gases residuales, las cenizas y demás residuos, así como el calor generado en la combustión, dado que la Directiva 2001/80 define la instalación de combustión como cualquier «dispositivo técnico en el que se oxiden productos combustibles a fin de utilizar el calor así producido». La electricidad no es ni un producto físico de combustión ni calor, sino que resulta de una serie de operaciones en las que la combustión libera calor que se utiliza para producir, en una caldera, vapor que impulsa una turbina que, finalmente, produce la electricidad. Considerar la electricidad un «producto de combustión» requeriría interpretar dicho concepto de manera tan amplia que incluiría también otros productos que no resultan directamente de una combustión y que no corresponden a la acepción habitual de dicha expresión ni en el lenguaje científico ni en el ordinario. El artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2001/80 se opone además a tal interpretación amplia del concepto de «productos de combustión», puesto que tiene por objeto las instalaciones de combustión que usen de «manera directa» los productos de combustión en procedimientos de fabricación. Ahora bien, no puede haber utilización directa de los productos de combustión en un procedimiento de fabricación si entre la combustión y el procedimiento de fabricación existen etapas intermedias como la producción de electricidad. En contra de la interpretación amplia del concepto de «producto de combustión» también puede aducirse el hecho de que este concepto determina el alcance de una excepción a una norma general. En efecto, según reiterada jurisprudencia, las excepciones han de interpretarse de modo estricto para que las normas generales no queden sin efecto (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de abril de 2004, Kapper, C‑476/01, Rec. p. I‑5205, apartado 72). Ahora bien, contrariamente a lo que sostiene el Reino Unido, es evidente que el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2001/80 no se limita a precisar el concepto de «instalación de combustión», sino que excluye determinadas instalaciones del ámbito de aplicación de dicha Directiva. El carácter de excepción de dicha disposición se desprende además expresamente de su tenor, puesto que prevé que la referida Directiva se aplique a las instalaciones de combustión destinadas a la producción de energía, «a excepción de las que usen de manera directa los productos de combustión en procedimientos de fabricación». Una interpretación estricta del artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2001/80 se impone tanto más por cuanto que la exclusión de determinadas instalaciones de combustión del ámbito de aplicación de dicha Directiva es contraria a su propio objetivo. En efecto, como se desprende de los considerandos cuarto a sexto de la referida Directiva, ésta tiene por objeto luchar contra la acidificación reduciendo las emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno a las que contribuyen considerablemente las grandes instalaciones de combustión. Por último, al identificarse, en el undécimo considerando de la Directiva 2001/80, las instalaciones para la producción de electricidad como las principales instalaciones de combustión que ésta prevé, resultaría contrario al efecto útil de esa misma Directiva extender la excepción del artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la referida Directiva a las centrales eléctricas cuya producción de electricidad se utilice directamente en un procedimiento de fabricación. De lo anterior se desprende que la central de Lynemouth no puede beneficiarse de la excepción prevista en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2001/80 para las instalaciones de combustión que usen de manera directa los productos de combustión en procedimientos de fabricación. Ninguna de las alegaciones del Reino Unido invalida esta constatación. Por lo que respecta, en primer lugar, al argumento de que las excepciones previstas en la Directiva 2001/80 se basan en una ponderación de los costes de la aplicación de los valores límite de emisión y las ventajas medioambientales resultantes de ella, cuyo resultado justifica que en el presente asunto se excluya la central de Lynemouth del ámbito de aplicación de dicha Directiva, ha de recordarse, en primer término, que ni en la referida Directiva ni en los trabajos preparatorios de ésta se exponen las razones que justifican tanto la exclusión general y abstracta de las instalaciones de combustión que usan de manera directa los productos de combustión en procedimientos de fabricación como los ejemplos de determinadas instalaciones que figuran en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras a) a g), de la Directiva 2001/80. Según la Comisión, las instalaciones de combustión comprendidas dentro de dichas excepciones quedaron excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/80 debido a la contaminación de los gases residuales de combustión por contaminantes durante el uso de manera directa de los productos de combustión en los procedimientos de fabricación, de modo que no les son aplicables directamente ni la metodología ni los valores límite de emisión previstos en los anexos de dicha Directiva para los procesos de combustión aislados. La Comisión también ha demostrado que, en todos los tipos de instalaciones previstas en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras a) a g), de la referida Directiva, se produce una contaminación de los gases residuales de combustión, mientras que, por el contrario, consta que el uso de la electricidad para la fabricación de aluminio no tiene incidencia alguna sobre las emisiones producidas por la central de Lynemouth. El Reino Unido no niega la existencia de dicha contaminación de los gases de combustión en las diferentes instalaciones previstas en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras a) a g), de la Directiva 2001/80. No obstante, considera que las excepciones no se basan en dificultades para aplicar la referida Directiva, sino en una evaluación de costes y beneficios. Sin que sea necesario determinar la finalidad exacta de dichas excepciones, la argumentación del Reino Unido debe rechazarse en cualquier caso puesto que la excepción formulada in abstracto en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2001/80 no puede basarse en una ponderación de costes y beneficios. En efecto, si bien es posible apreciar los costes y beneficios vinculados a la aplicación de los valores límite de emisión en lo relativo a una instalación particular, o para tipos concretos de instalaciones, como los previstos en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras a) a g), de dicha Directiva, no es posible, por el contrario, cuando se trata de instalaciones que usan de manera directa los productos de combustión. En segundo lugar, por lo que respecta al argumento de que la excepción que disfrutan los «recuperadores» de altos hornos del artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letra g), de la Directiva 2001/80 muestra que el concepto de «producto de combustión» debe entenderse ampliamente y que incluye los productos de combustión indirectos como la electricidad, basta con observar que, como señaló la Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones, dicha excepción se refiere al uso de un producto directo de la combustión: el calor. En efecto, los referidos «recuperadores» transmiten, mediante ladrillos refractarios, el calor que se produce por la combustión al aire, que a continuación se inyecta en el alto horno para favorecer a la producción de arrabio. Si bien es cierto que los «recuperadores» de altos hornos no constituyen un caso de aplicación de la excepción abstracta prevista en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2001/80, en la medida en que el calor resultante de la combustión únicamente se utiliza indirectamente, no puede inferirse de ello que la referida excepción deba interpretarse en el sentido de que queden excluidas del ámbito de aplicación de dicha Directiva las instalaciones que utilizan productos indirectos de combustión en un procedimiento de fabricación. Como ha admitido la Comisión, se trata en ese supuesto de una anomalía de redacción en el sentido de que los referidos recuperadores constituyen una excepción sui generis y no una aplicación de la excepción abstracta que figura en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de la Directiva 2001/80. Sin embargo, la Comisión ha explicado, sin que el Reino Unido la contradijera, las razones particulares por las que los valores límite de emisión establecidos en la referida Directiva no son fácilmente aplicables a ese tipo de instalación, dado que el calentamiento de los ladrillos refractarios hace que el «recuperador» sea una instalación fundamentalmente distinta de cualquier otro tipo de instalación de combustión y la frecuente aparición de fisuras en el revestimiento de la cámara conduce a la contaminación de los gases residuales resultantes de la combustión por los gases de alto horno no quemados. Asimismo, como señaló la Abogado General en la nota a pie de página relativa al punto 40 de sus conclusiones, con el fin de ahorrar energía, en los «recuperadores» de altos hornos se quema frecuentemente el gas de alto horno que se produce en ellos, un gas que ya está contaminado, de modo que, pese al uso de las mejores técnicas disponibles, no se respetan los valores límite de emisión para el uso de combustibles gaseosos establecidos en la citada Directiva. El hecho de añadir al artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras h) a j), de la Directiva 2001/80 excepciones adicionales para tres tipos de instalaciones que manifiestamente no pueden estar comprendidos dentro de la excepción general y abstracta que figura en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, primera frase, de dicha Directiva confirma, además, que el sentido y el alcance de la referida excepción general no pueden determinarse sobre la base de una excepción particular. Además, procede subrayar que ninguna de las excepciones particulares citadas en el artículo 2, punto 7, párrafo segundo, letras a) a g), de la Directiva 2001/80 se extiende a la utilización de productos de la combustión fuera de la propia instalación de combustión ni al uso de electricidad en un procedimiento de fabricación. De todo lo anterior se deriva que la Directiva 2001/80 es aplicable a la central de Lynemouth y que ha de estimarse el recurso interpuesto por la Comisión. Por consiguiente, procede declarar que el Reino Unido ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/80, al no garantizar la aplicación de la referida Directiva a la central de Lynemouth. Costas A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino Unido, procede condenarlo en costas. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide: 1) El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, al no garantizar la aplicación de dicha Directiva a la central eléctrica explotada por Rio Tinto Alcan Smelting and Power (UK) Ltd en Lynemouth, en el noreste de Inglaterra. 2) Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Firmas * Lengua de procedimiento: inglés.

62016CJ0132

bg

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 26, параграф 1 и членове 168 и 176 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност ( ОВ L 347, 2006 г., стр. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправки в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3 и ОВ L 249, 2012 г., стр. 15 ). Запитването е отправено в рамките на съдебен спор между Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София (България), от една страна, и „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД (наричано по-нататък „Ибердрола“), от друга страна, във връзка със съставени на дружеството два ревизионни акта относно правото на приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС), платен за получени доставки. Правна уредба Правото на Съюза Член 26 от Директива 2006/112 предвижда: „1.   Всяка от следните сделки се третира като възмездна доставка на услуги: […] б) безвъзмездната доставка на услуги, извършена от данъчнозадълженото лице, за негови лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето. 2.   Държавите членки могат да дерогират от разпоредбите на параграф 1, при условие че такава дерогация не води до нарушаване на конкуренцията“. Член 168 от тази директива гласи: „Доколкото стоките и услугите се използват за целите на облагаемите сделки на данъчнозадължено лице, същото има правото, в държава членка, в която извършва тези сделки[,] да приспадне следното от дължимия данък върху добавената стойност, който то е задължено да плати: a) дължимия или платен ДДС в тази държава членка по отношение на доставката за него на стоки или услуги, извършена или която предстои да бъде извършена от друго данъчнозадължено лице; […]“. Член 176 от посочената директива гласи: „Съветът единодушно, по предложение на Комисията определя разхода, по отношение на който ДДС не подлежи на приспадане. В никакъв случай данъкът върху добавената стойност не подлежи на приспадане по отношение на разход, който не представлява стриктно разход за стопанската дейност, като луксозни стоки, забавления или развлечения. До влизането в сила на разпоредбите, посочени в първа алинея[,] държавите членки могат да запазят в сила всичките изключения, предвидени по националното им законодателство […] или в случаите на държавите членки, които са се присъединили след тази дата — към датата на тяхното присъединяване“. Българската правна уредба Член 68 от Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г.), в редакцията, приложима към спора в главното производство (наричан по-нататък „ЗДДС“), предвижда в параграф 1: „Данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за: 1) получени от него стоки или услуги по облагаема доставка; […]“. Съгласно член 69, параграф 1 от ЗДДС: „Когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне: 1) данъка за стоките или услугите, които доставчикът — регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. […]“. Член 70 от ЗДДС гласи: „1.   Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато: […] 2) стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето; […]“. Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси На Община Царево (България), в качеството ѝ на възложител, е издадено разрешение за строеж за реконструкцията на канално-помпена станция, обслужваща намиращо се на територията ѝ ваканционно селище. Ибердрола е частен инвеститор, придобил множество поземлени имоти в това ваканционно селище с намерението да построи сгради с около 300 апартамента, предназначени за сезонно обитаване. Издадени са и разрешения за строителство за зони за обществено обслужване, паркоместа и външни обекти. Ибердрола сключва договор с Община Царево относно реконструкцията на канално-помпената станция чрез изграждане или подобряване, като е възложило тези дейности на трето дружество. След приключването на строителните работи сградите, които Ибердрола е предвидило да построи във ваканционното селище, ще могат да бъдат свързани към канално-помпената станция. Върховният административен съд (България) се позовава на заключението на вещо лице, според което това свързване би било невъзможно без реконструкцията на съществуващата станция поради недостатъчния ѝ капацитет. Посочените във фактурата разходи за реконструкцията на канално-помпената станция са отразени в счетоводството на Ибердрола по сметка „Разходи за бъдещи периоди“ като разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, а в отчета на приходите и разходите — като материални запаси за 2009 г. и 2010 г. Според вещото лице е налице връзка между посочените във фактурата доставки и стоките и услугите, които Ибердрола трябва да достави след изграждането на разрешените сгради в имотите му. Данъчната администрация приема, че Ибердрола не може да приспадне платения ДДС по получени доставки в размер на 147635 BGN (български лева) (около 74284 EUR), поради което му съставя ревизионен акт и ревизионен акт за поправка. Административен съд София–град обаче отменя тези актове. Той приема, че Община Царево е получила безвъзмездна доставка на услуги, състояща се в строителни работи във връзка с реконструкцията на канално-помпената станция. Все пак той счита, че безвъзмездността на доставката не е основание за прилагане на член 70, параграф 1, точка 2 от ЗДДС, тъй като строителните работи са били използвани в рамките на икономическата дейност на Ибердрола, а именно свързването с канално-помпената станция на сградите, за които е било издадено разрешение за строеж. Според Административния съд, за да бъде признато право на приспадане на платения ДДС за получени доставки на услуги, е необходимо направените за тях разходи да са част от общите разходи на данъчнозадълженото лице и да са елемент, формиращ цената на тези услуги. Без значение било, че извършените работи се отнасят за имот, който е общинска собственост. Запитващата юрисдикция посочва две решения на Съда, постановени по дела, свързани също с прилагането на член 70, параграф 2 от ЗДДС, а именно решения от 16 февруари 2012 г., ЕОН Асет Мениджмънт ( C‑118/11 , EU:C:2012:97 ), и от 22 март 2012 г., Клуб ( C‑153/11 , EU:C:2012:163 ). Запитващата юрисдикция посочва обаче, че тези решения са довели до противоречиви тълкувания в практиката на националните съдилища. Според някои съдилища наред с факта, че строителните работи са били извършени безвъзмездно, обстоятелството, че обектът е общинска собственост и следователно не е част от активите на предприятието, е пречка за приспадане на платения ДДС за получени доставки. Според други обаче поради осчетоводяването на разходите за строителните работи като част от общите разходи на предприятието и използването на канално-помпената станция в рамките на икономическата дейност на предприятието възниква право на приспадане. Освен това запитващата юрисдикция посочва, че съгласно разглежданата в главното производство национална разпоредба обстоятелството, че дадена доставка на услуги е извършена безвъзмездно, само по себе си е достатъчно, за да се откаже право на приспадане на платения ДДС за получени доставки и следователно независимо от факта дали разглежданите услуги са използвани в рамките на икономическата дейност на получателя на тези услуги или за цели, различни от икономическата му дейност. Запитващата юрисдикция подчертава обаче разликата спрямо член 26, параграф 1, буква б) от Директива 2006/112, който поставя отказа за приспадане в зависимост от кумулативното условие доставката на услуги да е била безвъзмездна и да е била използвана за цели, различни от икономическата дейност на предприятието. При тези обстоятелства Върховният административен съд решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси: „1) Член 26, параграф 1, буква б), член 168, буква а) и член 176 от Директивата допускат ли национална правна норма като член 70, алинея 1, точка 2 от ЗДДС, която ограничава правото на приспадане на данъчен кредит по доставка на услуги за изграждане или подобряване на обект, собственост на трето лице, от които се ползват както получателят на доставката, така и третото лице, само защото третото лице получава резултата от услугите безвъзмездно, без оглед на факта, че услугите ще се използват в икономическата дейност на получателя — данъчнозадължено лице? 2) Член 26, параграф 1, буква б), член 168, буква а) и член 176 от Директивата допускат ли данъчна практика, според която не се признава право на приспадане на данъчен кредит по доставка на услуги, разходите за които са осчетоводени като част от общите разходи на данъчнозадълженото лице по съображения, че са направени за изграждане или подобряване на обект, чужда собственост, без да се отчита фактът, че обектът ще се използва и от получателя по доставката на строителните услуги в икономическата му дейност?“. По преюдициалните въпроси В самото начало следва да се отбележи, че спорът в главното производство и поставените от запитващата юрисдикция въпроси се отнасят до обхвата на правото на приспадане, предвидено в Директива 2006/112, и по-специално в член 168, буква a) от нея. Доколкото поставените въпроси се отнасят до член 176 от Директива 2006/112, следва да се припомни, че Съдът вече е разгледал този член по дела във връзка с член 70 от ЗДДС (решения от 16 февруари 2012 г., ЕОН Асет Мениджмънт, C‑118/11 , EU:C:2012:97 , т. — и от 18 юли 2013 г., ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток I, C‑124/12 , EU:C:2013:488 , т. — ). Важно е да се подчертае, че дори член 70 от ЗДДС да предвиждаше изключването на правото на приспадане, съществуващо към датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз, въпросният член 176 допуска запазването на такива изключения само доколкото те не представляват общи изключения от режима на приспадане, установен с Директива 2006/112, и по-специално с член 168 от нея (вж. в този смисъл решение от 23 април 2009 г., PARAT Automotive Cabrio, C‑74/08 , EU:C:2009:261 , т. и цитираната съдебна практика). Що се отнася до член 26 от Директива 2006/112, тази разпоредба се отнася до облагаемия характер на някои сделки. По делото в главното производство обаче спорът се отнася не до евентуално облагаемия характер на извършената от данъчнозадълженото лице доставка в полза на третото лице и съответстващото ѝ задължение за плащане на ДДС, а до правото на приспадане на платения по получени доставки ДДС, с който са били обложени разходите, направени от данъчнозадълженото лице за извършването на тази доставка. Поради това настоящото дело не следва да се разглежда в светлината на посочения член 26. Следователно е необходимо да се приеме, че с въпросите си, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска по същество да установи дали член 168, буква a) от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че данъчнозадълженото лице има право да приспадне платения по получени доставки ДДС за доставката на услуги, състоящи се в изграждането или подобряването на обект, собственост на трето лице, когато последното получава безвъзмездно резултата от тези услуги и те се използват както от данъчнозадълженото лице, така и от третото лице в рамките на икономическата им дейност. Във връзка с въпроса дали правото на приспадане, предвидено в член 168, буква a) от Директива 2006/112, допуска разпоредба като член 70 от ЗДДС, следва да се припомни, че това право е неразделна част от механизма на ДДС и по принцип не може да бъде ограничавано. То се упражнява незабавно по отношение на целия данък, начислен за получени доставки (вж. в този смисъл по-специално решения от 29 октомври 2009 г., SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , т. и от 18 юли 2013 г., ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток I, C‑124/12 , EU:C:2013:488 , т. ). Режимът на приспадане цели всъщност да освободи изцяло стопанския субект от тежестта на дължимия или платения ДДС в рамките на цялата му икономическа дейност. Така общата система на ДДС гарантира неутралитет от гледна точка на данъчната тежест на всички икономически дейности, независимо от техните цели и резултати, при условие че самите тези дейности по принцип подлежат на облагане с ДДС (вж. по-специално решения от 29 октомври 2009 г., SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , т. и от 18 юли 2013 г., ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток I, C‑124/12 , EU:C:2013:488 , т. ). От член 168 от Директива 2006/112 следва, че доколкото данъчнозадълженото лице, което в това си качество придобива стока, използва тази стока за нуждите на облагаемите си дейности, то има право да приспадне дължимия или платен за тази стока или услуга ДДС (вж. в този смисъл решение от 22 октомври 2015 г., Sveda, C‑126/14 , EU:C:2015:712 , т. ). Съгласно постоянната съдебна практика наличието на пряка и непосредствена връзка между конкретна получена доставка и една или повече извършени доставки, пораждащи право на приспадане на ДДС, по принцип е необходимо, за да се признае на данъчнозадълженото лице право на приспадане на ДДС за получената доставка, както и за да се определи обхватът на това право. Правото на приспадане на ДДС, начислен за получените доставки на стоки или услуги, предполага, че разходите, направени за получаването им, са част от елементите, формиращи цената на обложените извършени доставки, пораждащи право на приспадане (решения от 29 октомври 2009 г., SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , т. и от 18 юли 2013 г., ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток I, C‑124/12 , EU:C:2013:488 , т. ). Приема се обаче, че е налице право на приспадане в полза на данъчнозадълженото лице дори при липса на пряка и непосредствена връзка между конкретна получена доставка и една или повече извършени доставки, пораждащи право на приспадане, когато разходите за въпросните услуги са част от общите разходи на това лице и като такива представляват елементи, формиращи цената на стоките или услугите, които то доставя. Разходи от този вид всъщност имат пряка и непосредствена връзка с цялостната икономическа дейност на данъчнозадълженото лице (вж. по-специално решения от 29 октомври 2009 г., SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , т. и от 18 юли 2013 г., ЕЙ И ЕС — 3С Марица Изток I, C‑124/12 , EU:C:2013:488 , т. ). За сметка на това, когато придобити от данъчнозадължено лице стоки или услуги се използват за целите на сделки, освободени от или непопадащи в приложното поле на ДДС, не може да се събира данък за извършени, нито да се приспада такъв за получени доставки (вж. в този смисъл по-специално решение от 29 октомври 2009 г., SKF, C‑29/08 , EU:C:2009:665 , т. ). От практиката на Съда следва, че в рамките на прилагането на критерия за пряката връзка от страна на данъчните администрации и националните съдилища те трябва да вземат предвид всички обстоятелства, при които са осъществени съответните сделки, и да държат сметка само за доставките, които са обективно свързани с облагаемата дейност на данъчнозадълженото лице. По този начин наличието на подобна връзка трябва да се прецени с оглед на обективното съдържание на въпросната доставка (вж. в този смисъл решение от 22 октомври 2015 г., Sveda, C‑126/14 , EU:C:2015:712 , т. ). Следователно, за да се отговори на въпроса дали при обстоятелства като тези в главното производство Ибердрола има право да приспадне платения ДДС за получени доставки, за да извърши реконструкция на канално-помпената станция, е необходимо да се установи дали съществува пряка и непосредствена връзка между посочената услуга за извършване на реконструкция, от една страна, и от друга страна, облагаема сделка, извършена от Ибердрола, или икономическата дейност на това дружество. От акта за преюдициално запитване следва, че без реконструкцията на канално-помпената станция свързването към нея на сградите, които Ибердрола е предвидило да построи, би било невъзможно, поради което реконструкцията е била абсолютно необходима за осъществяването на този проект и че поради това без такава реконструкция Ибердрола не би могло да упражнява икономическата си дейност. Въз основа на тези обстоятелства може да се установи наличието на пряка и непосредствена връзка между услугата по реконструкция на канално-помпената станция, собственост на Община Царево, и облагаема сделка, извършена от Ибердрола, тъй като услугата очевидно е била доставена с цел да се позволи на последното да осъществи разглеждания в главното производство проект за строителство на сгради. Фактът, че Община Царево също се ползва от тази услуга, не може да обоснове отказ на съответното право на приспадане в полза на Ибердрола, ако е установено наличието на такава пряка и непосредствена връзка, като проверката на това обстоятелство е от компетентността на запитващата юрисдикция. В това отношение следва да се има предвид обстоятелството, че получената доставка на услуги за реконструкция, разглеждана в главното производство, е елемент, формиращ цената на извършена от Ибердрола облагаема сделка. При това положение от компетентността на запитващата юрисдикция е също така да провери дали тази услуга се ограничава само до необходимото за осигуряване на свързването на построените от Ибердрола сгради към канално-помпената станция, разглеждана в главното производство, или надхвърля необходимото за тази цел. В първия случай би следвало да се признае право на приспадане на платения по получени доставки ДДС, с който са били обложени всички направени разходи за реконструкция на посочената канално-помпена станция, тъй като тези разходи могат да се разглеждат като тясно и непосредствено свързани с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице. За сметка на това, в случай че строителните работи във връзка с реконструкцията на посочената канално-помпена станция надхвърлят нуждите само на построените от Ибердрола сгради, съществуващата пряка и непосредствена връзка между посочените услуги и облагаемата сделка, извършена от Ибердрола, състояща се в строителството на тези сгради, би била частично прекъсната и поради това на Ибердрола би следвало да се признае право да приспадне само платения по получени доставки ДДС, с който е била обложена частта от направените разходи за реконструкцията на разглежданата в главното производство канално-помпена станция, която е обективно необходима, за да може Ибердрола да извършва облагаемите си сделки. При тези обстоятелства на поставените въпроси следва да се отговори, че член 168, буква a) от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че данъчнозадълженото лице има право да приспадне платения ДДС за получена доставка на услуги, състоящи се в изграждането или подобряването на обект, собственост на трето лице, когато последното получава безвъзмездно резултата от тези услуги и те се използват както от данъчнозадълженото лице, така и от третото лице в рамките на икономическата им дейност, доколкото тези услуги не надхвърлят необходимото, за да може посоченото данъчнозадължено лице да извършва последващи облагаеми сделки, и стойността им е включена в цената на тези сделки. По съдебните разноски С оглед на обстоятелството, че за страните в главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. По изложените съображения Съдът (първи състав) реши: Член 168, буква a) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че данъчнозадълженото лице има право да приспадне платения данък върху добавената стойност за получена доставка на услуги, състоящи се в изграждането или подобряването на обект, собственост на трето лице, когато последното получава безвъзмездно резултата от тези услуги и те се използват както от данъчнозадълженото лице, така и от третото лице в рамките на икономическата им дейност, доколкото тези услуги не надхвърлят необходимото, за да може посоченото данъчнозадължено лице да извършва последващи облагаеми сделки, и стойността им е включена в цената на тези сделки. Silva de Lapuerta Regan Aрабаджиев Fernlund Rodin Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 14 септември 2017 година. Секретар A. Calot Escobar Председател на първи състав R. Silva de Lapuerta ( *1 ) Език на производството: български.

62002TJ0266

bg

Германска правна уредба Следва да се изложат основните разпоредби на петте германски законови или подзаконови мерки, свързани с пощенския превоз, приети между 1989 г. и 1998 г., които са релевантни в рамките на настоящия спор. Първо, на 8 юни 1989 г. е приет Postverfassungsgesetz (Закон за организацията на пощата) (BGBl. 1989 I, стр. 1026, наричан по-нататък „PostVerfG“). По силата на § 1, алинея 2 от PostVerfG германската пощенска администрация Deutsche Bundespost е разделена на три отделни правни субекта (Teilsondervermögen), а именно Deutsche Bundespost Postdienst (наричано по-нататък „DB-Postdienst“), Deutsche Bundespost Telekom (наричано по-нататък „DB-Telekom“) и Deutsche Bundespost Postbank. Съгласно § 65, алинея 2 от PostVerfG посочените субекти са длъжни да запазят услугите, които Deutsche Bundespost предлагала. По този начин, докато DB-Telekom се явява правоприемник на Deutsche Bundespost по отношение на неговите далекосъобщителни дейности, DB-Postdienst поема дейностите на Deutsche Bundespost в пощенския сектор. По-нататък по силата на § 37, алинея 3 от PostVerfG трябвало да бъде направена финансова компенсация между трите правни субекта, създадени от разделянето на Deutsche Bundespost, когато един измежду тях не бил в състояние да финансира разходите си със своите собствени приходи. Освен това по силата на § 63, алинея 1 от PostVerfG въпреки разделянето си Deutsche Bundespost остава задължено до 1995 г. да заплаща ретроцесии на държавата, съответстващи на процент от оперативните му приходи. Накрая, по-специално във връзка със задължението за обществена услуга, с което DB-Postdienst е било натоварено, § 25, алинея 2 от PostVerfG предвижда по същество, че германското правителство е упълномощено да определи с постановление „инфраструктурите, които предприятията [трябвало] да осигурят (задължителни доставки на услуги) в особен обществен интерес, по-конкретно с цел да се гарантира обществената услуга“, както и да „определят съществените структури на задължителните доставки на услуги и правилата за формиране на тарифи“. Второ, на 8 юли 1989 г. е приет Gesetz über das Postwesen (Закон за пощата) (BGBl. 1989 I, стр. 1449). Съгласно § 2, алинея 1 от Gesetz über das Postwesen DB-Postdienst се ползва с монопол в сектора на превоза на пощенски пратки. Трето, на 12 януари 1994 г. е приет Postdienst-Pflichtleistungsverordnung (Правилник за задължителните доставки на услуги) (BGBl. 1994 I, стр. 86, наричан по-нататък „PPfLV“). По силата на § 1, алинея 1 от PPfLV DB-Postdienst трябвало да осъществява „доставки на задължителни услуги“ на цялата територия съгласно принципа за прилагане на единна тарифа на територията на страната като цяло. Що се отнася по-специално до пощенските услуги, свързани с колетни пратки, § 2, алинея 1 от PPfLV предвиждал, че DB-Postdienst трябва да гарантира на цялата територия събирането, превоза и доставката на колетни пратки с определени максимални размери и максимално тегло от 20 kg. Освен това § 2, алинея 2, точка 3 от PPfLV разрешавал на DB-Postdienst да определя по-ниска от единната тарифа в случаите, при които клиентът сам заплаща операциите по сортиране на колетните пратки или подава минимално количество колетни пратки. Четвърто, на 14 септември 1994 г. е приет Postumwandlungsgesetz (Закон за реорганизация на пощата) (BGBl. 1994 I, стр. 2339). По силата на § 1 и 2 от Postumwandlungsgesetz споменатите в точка 2 по-горе три правни субекта са преобразувани в акционерни дружества, считано от , и техните дейности са поети съответно от Deutsche Post AG (наричано по-нататък „DPAG“ или „жалбоподателя“), Deutsche Telekom AG и Deutsche Postbank AG. Пето, на 22 декември 1997 г. е приет Postgesetz (Закона за пощите) (BGBl. 1997 I, стр. 3294), който в § 4, алинея 1 предвижда, че пощенските услуги, свързани с колетни пратки, чието тегло не надхвърля 20 kg, представляват универсална услуга. Обстоятелства в основата на спора DPAG действа освен в сектора на превоза на пощенски пратки, в който се ползва от монопол (наричан по-нататък „запазения сектор“), в още два други пощенски сектора, а именно от една страна превоза на колетни пратки и от друга — на вестници и периодични издания, като и двата сектора са отворени за конкуренция (наричани по-нататък „сектори, отворени за конкуренция“). В сектора на превоза на колетни пратки DPAG гарантира, от една страна, пощенски услуги по превоз на колетните пратки, подадени директно на гишетата в пощенските станции и, от друга — пощенски услуги, свързани с превоз на по-големи количества колетни пратки, които не се обработват директно на гишетата в пощенските станции (наричани по-нататък „сектора на колетните пратки от врата до врата“). По отношение на сектора на колетните пратки от врата до врата, който е предмет на настоящото производство, DPAG осигурява две основни услуги, а именно от една страна превоза на колетни пратки от врата до врата, насочен към бизнес потребителите, които предварително сортират или подават минимално количество колетни пратки (наричан по-нататък „сегмент на бизнес потребителите“) и от друга — превоза на колетни пратки за сметка на предприятията за продажби по пощата, които експедират поръчаните по каталог или по електронен път стоки (наричан по-нататък „сегмент на ПП“). Сегментът на бизнес потребителите се отличава от сегмента на ПП по-конкретно поради необходимите логистични операции по събиране, обработване в центъра за подаване и доставка и поради породените от тях разходи. На 7 юли 1994 г. частното предприятие за доставяне на колетни пратки UPS Europe NV/SA (наричано по-нататък „UPS“) подава оплакване до Комисията срещу DB-Postdienst на основание както на член 86 от Договора за ЕО (нов член 82 ЕО), така и на член 92 от Договора за ЕО (нов член 87 ЕО). Това оплакване е последвано от друго оплакване, направено от Асоциацията на частните доставчици на куриерски услуги и експресни доставки на поща и на колетни пратки — Bundesverband Internationaler Express-und Kurierdienste eV (наричано по-нататък „BIEK“). По същество UPS и BIEK упрекват DB-Postdienst от една страна, че води политика на продажба на загуба в сектора на колетните пратки от врата до врата, което представлява злоупотреба с господстващо положение по смисъла на член 82 ЕО, и от друга, че покрива загубите си в посочения сектор със своите приходи, генерирани в запазения сектор, или с публични ресурси, които му били предоставени в нарушение на член 87 ЕО. С писмо от 17 август 1999 г., публикувано в Официален вестник на Европейските общности на ( ОВ C 306, стр. 25 ), Комисията информира Федерална република Германия за решението си да открие предвидената в член 88, параграф 2 ЕО процедура (наричано по-нататък „решение за откриване на процедурата“). Освен това на Комисията приема решение за откриване на процедурата по член 82 ЕО. На 20 март 2001 г. Комисията приема Решение 2001/354/ЕО във връзка с процедура по прилагане на член 82 ЕО (Преписка COMP/35.141 — Deutsche Post AG) ( ОВ L 125, стр. 27 ). В посоченото решение Комисията по същество прави извода, че DPAG е нарушило член 82 ЕО, доколкото е злоупотребило с господстващото си положение единствено в сегмента на ПП, първо, като поставя от 1974 г. до 2000 г. предоставянето на отстъпки за лоялност на клиентите си в зависимост от условието те да се ангажират да му възлагат обработката на всички или голяма част от колетните си пратки или от каталозите си с определено тегло, и второ, като практикува от 1990 г. до 1995 г. политика на продажба на загуба, предлагайки цени по-ниски от неговите нараснали разходи. Предвид практиката на отстъпки за лоялност Комисията по същество налага на DPAG глоба от 24 милиона EUR. Що се отнася до практиката на продажба на загуба, Комисията не налага глоба на DPAG, доколкото счита по същество, че критерият, до който е прибягнала, за да установи наличието на посочената продажба на загуба, не е бил предварително използван. На 19 юни 2002 г. Комисията приема Решение 2002/753/ЕО относно приети от Федерална република Германия мерки в полза на DPAG ( ОВ L 247, стр. 27 , наричано по-нататък „обжалваното решение“). Обжалваното решение съдържа съображения в четири етапа. На първо място Комисията посочва в съображение 2 от обжалваното решение, че „[в] решението ѝ за [откриване на] процедурата Комисията е изложила предположението, че получените от DB-Postdienst и впоследствие [от] DPAG плащания като компенсация за доставките на услуги в общ интерес били по-високи от нетните допълнителни разходи, направени от DB-Postdienst и от DPAG за посочените услуги“, и че тя „фактически е обявила, че ще изследва предполагаемите мерки за помощ“, които изброява в съображения 3—7 от обжалваното решение. Тези мерки са, първо, финансирането на придобиването на Deutsche Postbank през 1998 г., второ, финансирането на Post-Unterstützungskasse (Пенсионен фонд за служители в пощите), трето, евентуалното предоставяне на публични гаранции, предназначени да покрият задълженията на Deutsche Bundespost, четвърто, обстоятелствата по преобразуването на DB-Postdienst в акционерно дружество, и пето, финансовата или административна помощ от държавата в полза на жалбоподателя. След като описва в съображения 12—15 от обжалваното решение естеството на всяка от първите четири мерки, посочени по-горе, в съображения 16—20 от него Комисията посочва във връзка с петата мярка, че жалбоподателят я е информирал за получаването съгласно § 37, алинея 3 от PostVerfG на трансферите, извършени от DB-Telekom с цел да се компенсират претърпените от него през периода от 1990 г. до 1995 г. загуби (наричани по-нататък „трансфери, извършени от DB-Telekom“). В това отношение Комисията посочва по-специално в съображение 20 от обжалваното решение, че — както е потвърдила Федерална република Германия в допълнителните си становища от 25 април 2000 г. и от , DB-Telekom и/или [Deutsche Telekom] са заплатили общо 11081 милиона германски марки (DEM) на DB-Postdienst и/или на DPAG като компенсация между 1990 г. и 1995 г., че германските власти не отричат възможността тази финансова компенсация между две различни предприятия да се вмени в отговорност на държавата, тъй като е предвидена в § 37, алинея 3 от PostVerfG, и че германското правителство въпреки това твърди, че трансферите, извършени от DB-Telekom, са били абсолютно необходими, за да се изпълнят неговите задачи за услуга от общ икономически интерес (наричана по-нататък „УОИИ“) при балансирани финансови условия. След като в съображения 21—39 от обжалваното решение Комисията посочва размера на разходите за инфраструктура, присъщи на услугите за колетни пратки от врата до врата, тя посочва по-специално в съображения 40—45 от обжалваното решение, че Федерална република Германия ѝ е предоставила информация, от една страна, относно важността на задачата на DPAG за УОИИ в сектора на превоза на колетни пратки и, от друга, относно нетните допълнителни разходи за УОИИ, свързани с петнадесет наследени от миналото задължения, които жалбоподателят е трябвало да понесе като предишна публична администрация. Накрая Комисията посочва в съображения 46—63 от обжалваното решение становищата, които е получила от трети заинтересовани лица в рамките на административната процедура и по-специално от BIEK и от UPS, според които по същество DPAG е регистрирало загуби в сектора на колетните пратки от врата до врата, които не били свързани с изпълнението на УОИИ, а били резултат от политика на продажба на загуба, която то покривало с публични ресурси. На второ място Комисията посочва в съображения 66—69 и в бележка под линия 107 от обжалваното решение, че по нейно искане Федерална република Германия я е информирала от една страна за регистрираните от DPAG през периода от 1990 г. до 1998 г. печалби в запазения сектор, а от друга за загуби в секторите, отворени за конкуренция, като за всички сектори на дейност през този период е регистрирало общ дефицит от 2289 милиона DEM. В това отношение Комисията действително посочва в съображение 68 от обжалваното решение, че „като отговаря на въпроса на Комисията от 10 март 2000 г. относно евентуални печалби, осчетоводени от DPAG през периода между 1990 г. и 1998 г. в областта на [секторите, отворени за конкуренция], [германското] правителство посочва в своето съобщение от (стр. 10), че DPAG е регистрирало излишък от [ поверително ] ( ) милиона DEM при услугите, отворени за конкуренция през 1998 г.“. Тя продължава, добавяйки че „[о]свен това германските власти са представили цифри, с оглед на които между 1990 г. и 1998 г. секторът [на превоза на колетни пратки] като цяло регистрирал дефицит от [ поверително ] милиона DEM, а секторът на разпространение на вестници и периодични издания — загуба от [ поверително ] милиона DEM“. От това Комисията прави извода, че „следователно дефицитът [о]бщо възлиза на [ поверително ] милиона DEM за тези два сектора“ и че „[п]риходите, получени от отворените за конкуренция сектори, следователно не били достатъчни да покрият дефицита в сектора [на превоза на колетни пратки]“. По-нататък в бележка под линия 107 от обжалваното решение Комисията посочва, че „[с]поред представените от [Федерална република Германия] цифри в писмото ѝ от 2 юни 2000 г. (поправена версия от ) запазеният [сектор] е регистрирал печалба от общо [ поверително ] милиона DEM между 1990 г. и 1998 г.“, че „освен това [п]рез разглеждания период продукти за [ поверително ] милиона DEM са били осчетоводени в сектор[ите], отворен[и] за конкуренция“ и че от това „задължително следва, че част, най-малко равна на 2289 милиона DEM от общия дефицит от [ поверително ] милиона DEM, не е могла да бъде компенсирана нито от печалбите в [запазения] сектор, нито от приходите, получени от [секторите], отворени за конкуренция“. На трето място Комисията посочва в съображение 72 от обжалваното решение, че предвид загубите на DPAG в размер на [ поверително ] милиона DEM, регистрирани само в сектора на превоза на колетни пратки през периода от 1990 г. до 1998 г., следва да се разгледа дали „нетните допълнителни разходи, които държавата е компенсирала, са пряко свързани със задачата на DPAG, точно определена от закона“, и че „[а]ко този приток на публични ресурси трябвало в крайна сметка да позволи на сектора [на превоза] на колетни пратки да финансира и нетни допълнителни разходи без никаква причинна връзка с изпълнението на задължения за обществена услуга, това за DPAG съставлявало предимство по смисъла на член 87, параграф 1, [ЕО]“. В това отношение в съображения 75—79 от обжалваното решение Комисията най-напред констатира, че по силата на § 2, алинея 2, точка 3 от PPfLV, считано от 1 февруари 1994 г. DPAG имало възможността, а не задължението да предоставя на клиентите си в сектора на колетните пратки от врата до врата отстъпки, които водят до по-ниски тарифи от посочената в § 1, алинея 1 от PPfLV за сектора на превоза на колетни пратки единна тарифа. По-нататък Комисията посочва в съображение 88 от обжалваното решение, че предвид разноските на DPAG, свързани със сектора на колетните пратки от врата до врата, и предлаганите от него тарифи, по-ниски от единната тарифа (съображения 21—39 и съдържащата се в съображение 88 от обжалваното решение таблица), резултатите от услугата в сектора на колетните пратки от врата до врата от 1994 г. до 1999 г. постоянно били недостатъчни за покриването на разноските, свързани с дейността само на този сектор. Комисията уточнява, че положението на недостиг при покриването на разходите на DPAG е преустановено през 1999 г. Накрая Комисията отбелязва в съображения 82 и 86 от обжалваното решение, че поради три съображения не съществува никаква причинна връзка между посочените допълнителни разходи, генерирани от политиката на продажба на загуба, и задачата на DPAG за УОИИ. Първо, според нея DPAG не било обвързано с никакво законово задължение да предлага на клиентите услуги в сектора на колетните пратки от врата до врата по тарифи, по-ниски от единната законова тарифа. Второ, тя счита, че тарифната политика на DPAG, изразяваща се в предлагането на тарифи, по-ниски от единната тарифа, се дължала изключително на предприетите от DPAG усилия за запазване или завладяване на пазарни дялове в сектора на колетните пратки от врата до врата, който подлежи на конкуренция. Трето, тя установява, че практиката на цени, по-ниски от единната тарифа, води до ясно определяеми нетни допълнителни разходи, които не са присъщи на неговите задължения за УОИИ. Така, Комисията изтъква в съображение 88 от обжалваното решение, че от 1994 г. до 1999 г. жалбоподателят е регистрирал нетни допълнителни разходи в общ размер на 1118,7 милиона DEM, които произтичат от неговата политика на продажба на загуба. На четвърто място в съображение 87 от обжалваното решение Комисията приема, че „в средносрочен план политика [на продажба на загуба] е несъвместима с икономическия интерес на предприятието“ и че „[н]икое частно предприятие, подчинено на законите на пазара, не би запазило при тези условия [сектора на] колетните пратки от врата до врата, тъй като следваната политика в областта на [продажба на загуба] акумулира годишните дефицити и при липсата на финансова компенсация води в средносрочен план до свръхзадлъжнялост“. От това в съображение 107 от обжалваното решение Комисията прави извода, че „[д]околкото предоставената от държавата компенсация за нетните допълнителни разходи, причинени от политика на [продажба на загуба], има за последица да намали разходите, нормално свързани с доставката на услуги [в сектора на] колетните пратки от врата до врата, отворени за конкуренция, тази мярка представлява предимство по смисъла на член 87, параграф 1, [ЕО]“, че „предоставянето на държавни ресурси за компенсиране на тази част от непокритите разноски представлява за DPAG конкурентно предимство“ и че „[т]ова предимство и тази несъвместима с общия пазар помощ възлизат на 1118,7 милиона DEM“. Разпоредителната част на обжалваното решение гласи, както следва: „ Член 1 Публичната помощ в размер на 572 милиона EUR (1118,7 милиона DEM), която [Федерална република Германия] е предоставила на [DPAG], е несъвместима с общия пазар. Член 2 1.   [Федерална република Германия] предприема всички необходими мерки, за да изиска [от DPAG] възстановяването на посочената в член 1 помощ, която му е предоставена незаконосъобразно. […]“. Производство и искания на страните С жалба, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 4 септември 2002 г., жалбоподателят поставя началото на настоящото производство. С писма, съответно подадени в секретариата на Първоинстанционния съд на 17 и , BIEK и UPS искат да встъпят в подкрепа на Комисията. С писмо, подадено в секретариата на Първоинстанционния съд на 9 май 2003 г., Федерална република Германия иска да встъпи в подкрепа на жалбоподателя. С писма, изпратени до секретариата на Първоинстанционния съд на 11 март, и , както и на , по силата на член 116, параграф 2, второ изречение от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд жалбоподателят иска определени части от документите в производството да не бъдат изпращани на BIEK и на UPS. С определение от 2 юни 2003 г. председателят на четвърти разширен състав на Първоинстанционния съд уважава исканията за встъпване на BIEK и на UPS и отлага решението си по основателността на молбата за поверително третиране. С определение от 5 юни 2003 г. председателят на четвърти разширен състав на Първоинстанционния съд уважава искането за встъпване на Федерална република Германия. Понеже посоченото искане за встъпване е подадено след изтичането на шестседмичния срок, посочен в член 115, параграф 1 от Процедурния правилник, Федерална република Германия разполага с правата, предвидени в член 116, параграф 6 от него. С отделни актове, подадени в секретариата на Първоинстанционния съд на 25 юни и на , както и на , BIEK повдига възражения по отношение на поверителното третиране на определени части от документите в производството, които са му били изпратени. С отделни актове, подадени в секретариата на Първоинстанционния съд на 17 ноември 2003 г. и на , UPS повдига възражения по отношение на поверителното третиране на определени части от документите в производството, които са му били изпратени. С писмо, изпратено до Първоинстанционния съд на 5 януари 2004 г., жалбоподателят представя своето становище по повдигнатите от встъпилите страни BIEK и UPS възражения по отношение на поверителното третиране на определени документи в производството. Тъй като съставите на Първоинстанционния съд са променени, съдията докладчик е включен в трети разширен състав, на който настоящото дело впоследствие е разпределено. С определение от 13 януари 2005 г. председателят на трети разширен състав на Първоинстанционния съд уважава искането за поверително третиране на определени цифрови данни и на определени документи по отношение на BIEK и на UPS и отхвърля молбата за поверително третиране в останалата ѝ част. По доклад на съдията докладчик Първоинстанционният съд (трети разширен състав) решава да открие устната фаза на производството и в рамките на процесуално-организационните действия, предвидени в член 64 от Процедурния правилник, с писма от 15 март 2007 г. поканва жалбоподателя, Комисията и Федерална република Германия да представят определени документи и да отговорят писмено на въпроси. Страните изпълняват тези искания в определените срокове. С писма, подадени в секретариата на Първоинстанционния съд на 13 април и на , жалбоподателят иска по силата на член 116, параграф 2, второ изречение от Процедурния правилник определени цифрови данни и определени документи, представени от самия него, от Комисията и от Федерална република Германия в рамките на организационните действия, да не бъдат изпращани на BIEK и на UPS. С писмо от 24 май 2007 г. BIEK повдига в срок възражения по отношение на искането на жалбоподателя за поверително третиране във връзка с отговора на Комисията и с отговора на Федерална република Германия. С определение от 11 юни 2007 г. председателят на трети разширен състав на Първоинстанционния съд уважава искането за поверително третиране на определени цифрови данни и на определени документи по отношение на BIEK и на UPS, и отхвърля искането за поверително третиране в останалата му част. В съдебното заседание на 13 юни 2007 г. се провеждат устни състезания между страните и се изслушват техните отговори на устните въпроси, поставени от Първоинстанционния съд. Устната фаза на производството приключва в края на съдебното заседание от 13 юни 2007 г. Съгласно член 32 от Процедурния правилник, тъй като член на състава е възпрепятстван да участва в разискванията, най-младшият съдия по смисъла на член 6 от Процедурния правилник не участва в разискванията на Първоинстанционния съд и те се провеждат от тримата съдии, подписали настоящото решение. Жалбоподателят иска Първоинстанционният съд: — да отмени обжалваното решение, — да осъди Комисията да заплати съдебните разноски. Комисията иска Първоинстанционният съд — да отхвърли жалбата, — да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски. BIEK и UPS искат Първоинстанционният съд да отхвърли жалбата като неоснователна. От правна страна 1. По правните основания за отмяна В подкрепа на жалбата си жалбоподателят сочи девет правни основания, които могат да бъдат прегрупирани. В рамките на първата група правни основания жалбоподателят по същество упреква Комисията, че е нарушила член 87, параграф 1, ЕО и член 86, параграф 2 ЕО, доколкото последната не е доказала, че DPAG се е ползвало от предимство. Първо, жалбоподателят изтъква, че три от споменатите в обжалваното решение публични ресурси не са му предоставили никакво предимство. Второ, той твърди, че Комисията не е изпълнила задължението си да изследва дали общият размер на трансферите, извършени от DB-Telekom, надхвърля общия размер на неговите нетни допълнителни разходи, свързани с изпълнението на задачата му за УОИИ. Трето, той твърди, че Комисията е приела неправилно, че трансферите, извършени от DB-Telekom са му предоставили предимство, позволяващо му да покрие твърдените допълнителни разходи, свързани с политиката му на продажба на загуба. В рамките на втората група правни основания той упреква Комисията, че е допуснала най-различни явни грешки в преценката. Първо, жалбоподателят упреква Комисията, че е използвала погрешен метод на изчисление на разходите му във връзка със сектора на превоз на колетни пратки от врата до врата, като по този начин погрешно е направила извода, че водел политика на продажба на загуба. Второ, той изтъква, че Комисията погрешно е приела, че неговата тарифна политика в сектора на превоза на колетни пратки от врата до врата да предлага цени, по-ниски от предвидената в закона единна тарифа, била в основата на загубите, които той е регистрирал в сектора на превоза на колетни пратки, и че посочената практика не била свързана с изпълнението на УОИИ. Трето, той упреква Комисията заради приетото от нея становище, че не разполагал със собствени ресурси, позволяващи му да финансира твърдяната политика на продажба на загуба. В рамките на третата група правни основания той упреква Комисията, първо, че не се е съобразила с понятието за принадлежност на ресурсите на държавата, второ, че е нарушила задължението си за мотивиране, като не е уточнила с какви публични ресурси той се е ползвал от предимство, трето, че е надхвърлила правомощията си при изследване на ефективността на услугата му в сектора на превоз на колетни пратки от врата до врата, четвърто, че е нарушила принципа на частния инвеститор, и пето, че е нарушила правото му да бъде изслушан. 2. По първата група правни основания за отмяна, свързана с полученото от DPAG предимство Доводи на страните На първо място жалбоподателят твърди в жалбата, че бюджетните ресурси, използвани за финансирането на Post-Unterstützungskasse, дадените от Deutsche Bundespost гаранции и посочените в обжалваното решение мерки за преобразуване на DB-Postdienst в акционерно дружество не са му предоставили никакво предимство. В това отношение жалбоподателят посочва в репликата и в отговор на въпросите на Първоинстанционния съд по време на съдебното заседание, че се е запознал с потвърждението на Комисията, според което последната е приела в рамките на обжалваното решение, че единствено трансферите, извършени от DB-Telekom, са му предоставили предимство. На второ място, що се отнася до трансферите, извършени от DB-Telekom, жалбоподателят първо твърди, че като не е изчислила размера на нетните допълнителни разходи на DPAG, свързани с изпълнението на задача за УОИИ, Комисията е нарушила член 87, параграф 1 ЕО и член 86, параграф 2 ЕО, както и съдебната практика, произтичаща от Решение на Съда от 22 ноември 2001 г. по дело Ferring ( C-53/00, Recueil, стр. I-9067 , точка 33) и от Решение на Първоинстанционния съд от по дело FFSA и др./Комисия ( T-106/95, Recueil, стр. II-229 , точка 101), от Решение на Първоинстанционния съд от по дело Ladbroke Racing/Комисия ( T-67/94, Recueil, стр. II-1 , точка 52) и от Решение на Първоинстанционния съд от по дело SIC/Комисия ( T-46/97, Recueil, стр. II-2125 , точка 84), по силата на които Комисията може правилно да достигне до извода за наличието на държавна помощ само при условието предварително да установи, че размерът на публичните ресурси, заплатени на предприятие, натоварено с изпълнението на УОИИ, надхвърля размера на нетните допълнителни разходи, свързани с изпълнението на тази УОИИ. В това отношение жалбоподателят, към който се присъединява Федерална република Германия, поддържа, че ако Комисията бе извършила такъв анализ в конкретния случай, тя щеше да установи, видно от предоставената на Комисията по нейно искане информация, че общият размер на нетните допълнителни разходи, свързани с изпълнението на неговата задача за УОИИ, значително надхвърля размера на публичните ресурси, които DPAG е получило. Най-напред, жалбоподателят твърди, обратно на твърдяното от Комисията, че в рамките на прилагането на член 87, параграф 1 ЕО и на член 86, параграф 2 ЕО последната не разполага с никаква свобода на преценка, за да установи наличието на държавна помощ, за разлика от широкото право на преценка, с което тя разполага в рамките на прилагането на член 87, параграф 3 ЕО във връзка с преценката на съвместимостта на държавна помощ с общия пазар. По-нататък жалбоподателят поддържа, че BIEK и UPS неправилно изтъкват липсата в конкретния случай на изпълнение на условията, определени в Решение на Съда по дело Ferring, точка 55 supra, и в Решение на Съда от 24 юли 2003 г. по дело Altmark Trans и Regierungspräsidium Magdeburg ( C-280/00, Recueil, стр. I-7747 , наричано по-нататък „Решение по дело Altmark“), при положение че трансферите, извършени от DB-Telekom, не са му предоставили никакво предимство, доколкото той още преди 1995 г. е възстановил изцяло на държавата тези суми, заплащайки ретроцесии в размер на 11481 милиона DEM, за които Deutsche Bundespost е било задължено към държавата по силата на § 63, алинея 1 от PostVerfG (наричани по-нататък „ретроцесии“). Второ, жалбоподателят отбелязва, че от една страна като не идентифицира в обжалваното решение размера на нетните допълнителни разходи, свързани с изпълнението на неговата задача за УОИИ, който при това ѝ е бил съобщен, и от друга като не извършва изчисление, позволяващо ѝ да установи дали общият размер на трансферите, извършени от DB-Telekom, надхвърля или не общия размер на посочените допълнителни разходи, Комисията не е дала възможност на Първоинстанционния съд да осъществи контрол за законосъобразност върху обжалваното решение. В това отношение жалбоподателят твърди, че Комисията не представя никакво валидно обяснение, което да обоснове невъзможността ѝ да установи наличието на нетни допълнителни разходи, свързани с изпълнението на неговата задача за УОИИ, въпреки че е разполагала с цялата необходима информация в това отношение, предоставена ѝ от Федерална република Германия. Трето, жалбоподателят се позовава на нарушение на принципа на правна сигурност, което произтича от обстоятелството, че като не извършва изчислението, целящо да установи дали размерът на публичните ресурси, които са му били предоставени, надхвърля размера на нетните му допълнителни разходи, свързани с изпълнение на задачата за УОИИ, Комисията се е отклонила от собствената си практика на вземане на решения. На трето място жалбоподателят, към който се присъединява Федерална република Германия, изтъква че дори да се предположи наличието на предимство за него, предоставено му от трансферите, извършени от DB-Telekom, Комисията е допуснала явна грешка в преценката, като е приела че посочените трансфери непременно са му позволили да покрие твърдените допълнителни разходи, генерирани от политиката му на продажба на загуба от 1995 г. до 1999 г. В това отношение той твърди, че щом като трансферите, извършени от DB-Telekom, са послужили изцяло за компенсиране на претърпените между 1990 г. и 1995 г. загуби, „математически“ е невъзможно той да е бил в състояние с посочените трансфери да компенсира твърдените нетни допълнителни разходи, генерирани от политиката му на продажба на загуба от 1994 г. до 1999 г. На първо място Комисията отговаря, доколкото е приела в рамките на обжалваното решение за единствено релевантни трансферите, извършени от DB-Telekom, че доводът на жалбоподателя, съгласно който споменатите в обжалваното решение други публични ресурси не му били предоставили никакво предимство, е непонятен. На второ място Комисията по същество твърди, че не била длъжна да направи изчисление, с което да установи дали размерът на трансферите, извършени от DB-Telekom, надхвърля или не размера на всички негови допълнителни разходи, свързани с изпълнението на задачата на DPAG за УОИИ. Първо тя счита, че дори изчислението да е подходящо за определяне дали натоварено с УОИИ дружество се е възползвало от свръхкомпенсиране, в конкретния случай от една страна то би било неподходящо предвид оплакванията за нарушаване на конкуренцията, подадени от BIEK и UPS, и подозренията, които тя би могла да храни въз основа на посочените оплаквания, че DPAG е могло да надцени нетните допълнителни разходи, свързани с изпълнението на задачата за УОИИ. От друга страна тя счита, че изчислението не би ѝ позволило да определи нито дали е налице причинна връзка между изпълнението на УОИИ и нетните допълнителни разходи, генерирани от политиката на продажба на загуба на DPAG, нито дали държавата е освободила жалбоподателя от задължението за посочените допълнителни разходи, предизвиквайки по този начин нарушаване на конкуренцията. В това отношение Комисията отбелязва, че единствено релевантен в рамките на обжалваното решение е въпросът дали жалбоподателят е покрил допълнителните разходи, генерирани от неговата политика на продажба на загуба в специфичния сектор на превоза на колетни пратки от врата до врата със свои собствени ресурси или е трябвало да прибегне до публични ресурси. Според Комисията обаче — след като жалбоподателят не е оспорил компенсирането на всички регистрирани дефицити в сектора на колетните пратки между 1994 г. и 1998 г. с публични ресурси и Комисията е установила, че той не разполага с достатъчно собствени ресурси за покриване на своите нетни допълнителни разходи, генерирани от политиката му на продажба на загуба — е установено, че трансферите, извършени от DB-Telekom, са послужили, за да компенсират посочените нетни допълнителни разходи, които DPAG е регистрирало от 1994 г. до 1999 г. и които нямат никаква връзка с изпълнението на УОИИ. Второ, Комисията твърди, че както в рамките на прилагането на член 87, параграф 3 ЕО и на член 86, параграф 2 ЕО тя разполага в рамките на прилагането на член 87, параграф 1, ЕО с широко право на преценка, за да установи съществуването на държавна помощ, когато са налице сложни икономически обстоятелства. При тези условия общностният съд следва да установи единствено дали обжалваното решение е засегнато от някое от основанията за отмяна, предвидени в член 230 ЕО, без да може да замести със своята преценка тази на автора на решението. В конкретния случай обаче жалбоподателят се задоволил да твърди, че съществува друг метод за преценка на фактите, без същевременно да представя доказателство, че Комисията надхвърлила границите на правото си на преценка. Трето, Комисията, към която се присъединяват BIEK и UPS, отбелязва че изчислението, целящо да се установи дали общият размер на публични ресурси надхвърля общия размер на нетните допълнителни разходи, свързани с изпълнението на УОИИ, предполага по-конкретно използване на ресурсите на държавата в съответствие с тяхното предназначение. В конкретния случай обаче не е изпълнено нито едно от условията, поставени от Съда в неговите Решения по дело Ferring, точка 55 по-горе, и по дело Altmark, точка 57 по-горе. Освен това от Решение по дело FFSA и др./Комисия, точка 55 по-горе (точки 185—189) следвало, че Първоинстанционният съд е приел изчислението за незадължително, а за евентуално достатъчно. Четвърто, в отговор на довода на жалбоподателя, според който тя се е отдалечила от собствената си практика за вземане на решения, Комисията приема, че методът, който използва, е в съответствие с нейното Съобщение 2001/C 320/04 за прилагане на правилата за държавните помощи по отношение на публичната услуга разпространение на радио- и телевизионни програми ( ОВ C 320, 2001 г., стр. 5 , точка 58; Специално издание на български език за 2007 г., глава 8, том 4, стр. 19) и с точка 80 от нейния „non paper“ от 12 ноември 2002 г. за услугите от общ икономически интерес и за държавните помощи, по силата на които тя си запазва възможността да изследва причинната връзка, съществуваща между изпълнението на УОИИ и определени нарушения на конкуренцията, щом като тарифната политика на доставчик на услуги, който се ползва от публични ресурси на отворен за конкуренция пазар, заплашва да наруши конкуренцията. На трето място Комисията оспорва довода на жалбоподателя, според който тя не е установила, че трансферите, извършени от DB-Telekom, са били достатъчни предвид претърпените от него загуби от 1990 г. до 1995 г., за да финансира политиката си на продажба на загуба от 1994 г. до 1999 г. Действително Комисията, към която се присъединяват BIEK и UPS, твърди че освен невъзможността от счетоводна гледна точка да се определи с какви ресурси е било покрито дадено задължение ретроцесиите, които жалбоподателят е трябвало да заплати, не представлявали нетни допълнителни разходи за УОИИ. Тя приема също, че доколкото жалбоподателят не е представил доказателство за покриването на твърдените нетни допълнителни разходи, генерирани от политиката му на продажба на загуба, със свои собствени ресурси, тя е могла основателно да презюмира, че посочените допълнителни разходи са били покрити с публични ресурси. Съображения на Първоинстанционния съд Съгласно член 87, параграф 1 ЕО „[о]свен когато е предвидено друго в […] договора, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар.“ По-нататък съгласно член 86, параграф 2 ЕО предприятията, които са натоварени с функцията да оказват УОИИ, са подчинени на правилата на договора и в частност на правилата на конкуренцията, доколкото прилагането на тези правила не препятства правно или фактически изпълнението на специфичната задача, която им е възложена. Според постоянната съдебна практика квалификацията като държавна помощ изисква всички посочени в член 87, параграф 1 ЕО условия да са изпълнени. Член 87, параграф 1 ЕО посочва следните условия. Първо, трябва да става въпрос за намеса на държавата или чрез ресурси на държавата. Второ, тази намеса трябва да е в състояние да засегне търговията между държавите-членки. Трето тя трябва да предоставя предимство на своя бенефициер. Четвърто тя трябва да нарушава или да заплашва да наруши конкуренцията (вж. Решение по дело Altmark, точка 57 по-горе, точки 74 и 75, и посочената съдебна практика). Що се отнася до третото посочено в предходната точка условие, от съдебната практика е видно, че понятието за държавна помощ е обективно понятие, зависещо единствено от въпроса дали дадена мярка предоставя или не предимство на едно или няколко предприятия (Решение по дело Ladbroke Racing/Комисия, точка 55 по-горе, точка 52). В това отношение, доколкото държавната намеса трябва да се приема като компенсация, представляваща насрещната престация за извършените доставки на услуги от предприятията бенефициери, за да изпълнят задължения за обществена услуга, по такъв начин че в действителност тези предприятия не се възползват от финансово предимство и посочената намеса следователно няма за последица да ги постави в по-благоприятно конкурентно положение спрямо предприятията, които ги конкурират, следва да се отбележи правилното решение на Съда, че подобна намеса не попада в обхвата на член 87, параграф 1 ЕО (Решение на Съда по дело Altmark, точка 57 по-горе, точка 87, и Решение на Съда от 27 ноември 2003 г. по дело Enirisorse, C-34/01 до C-38/01, Recueil, стр. I-14243 , точка 31). За да може в конкретен случай такава компенсация да не бъде квалифицирана като държавна помощ, трябва да бъдат налице определен брой условия (Решение по дело Altmark, точка 57 по-горе, точка 88 и Решение по дело Enirisorse, точка 72 по-горе, точка 31). Първо, предприятието бенефициер трябва да бъде действително натоварено с изпълнението на задължения за обществена услуга и тези задължения трябва да бъдат ясно определени. Второ, параметрите, въз основа на които е изчислена компенсацията, трябва да бъдат предварително установени по обективен и прозрачен начин, за да се избегне възможността компенсацията да съдържа икономическо предимство, което би могло да облагодетелства предприятието бенефициер спрямо конкурентни предприятия. Трето, компенсацията не би могла да надхвърля необходимото за покриване изцяло или отчасти на разходите, направени при изпълнението на задълженията за обществена услуга, като се имат предвид свързаните с тях приходи, както и разумна печалба за изпълнението на тези задължения. Четвърто, когато изборът на предприятие, което да бъде натоварено да изпълнява задължения за обществена услуга, в конкретен случай не е направен в рамките на процедура по възлагане на обществена поръчка, равнището на необходимата компенсация трябва да бъде определено въз основа на анализ на разходите, които добре управлявано и подходящо оборудвано с цел да може да удовлетвори необходимите изисквания за обществена услуга средно предприятие би направило, за да изпълни тези задължения, като има предвид свързаните с това приходи, както и разумна печалба за изпълнението на тези задължения (Решение по дело Altmark, точка 57 по-горе, точки 89—93). От това следва, че когато държавни ресурси са предоставени като компенсация за допълнителни разходи, свързани с изпълнението на УОИИ, при предвидените в точки 72 и 73 по-горе условия, за да не лиши член 86, параграф 2 ЕО от всякакво полезно действие, Комисията не би могла да квалифицира като държавна помощ всички или част от предоставените публични ресурси, ако общият размер на посочените ресурси остава по-нисък от допълнителните разходи, направени при изпълнението на посочената задача за УОИИ (вж. в този смисъл Решение по дело FFSA и др./Комисия, точка 55 по-горе, точка 188). Накрая, според постоянната съдебна практика Комисията е оправомощена да приеме решение въз основа на наличната информация, когато държава-членка не изпълнява задължението си да сътрудничи и не предоставя исканата от нея информация за изследване на съвместимостта на дадена помощ с общия пазар (Решение на Съда от 14 февруари 1990 г. по дело Франция/Комисия, C-301/87, Recueil, стр. I-307 , точка 22, и Решение на Съда от по дело Германия и Pleuger Worthington/Комисия, C-324/90 и C-342/90, Recueil, стр. I-1173 , точка 26). Преди обаче да вземе подобно решение Комисията трябва да спази определени процесуални изисквания. По-конкретно тя трябва да разпореди държавата-членка да ѝ предостави, в определен от нея срок, всички документи, информация и данни, необходими за изследване на съвместимостта на помощта с общия пазар. Само в случай че въпреки разпореждането на Комисията държавата-членка не предостави исканата информация, Комисията разполага с правомощието да сложи край на процедурата и да вземе решение, с което се констатира съвместимост или несъвместимост на помощта с общия пазар въз основа на обстоятелствата, с които разполага (Решение по дело Франция/Комисия, посочено по-горе, точки 19 и 22). Тези изисквания са възпроизведени и конкретизирани в член 5, параграф 2, в член 10, параграф 3 и в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от за установяване на подробни правила за прилагането на член [88 ЕО] ( ОВ L 83, стр.1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 41) (Решение на Първоинстанционния съд от по дело Freistaat Thüringen/Комисия, T-318/00, Recueil, стр. II-4179 , точка 73). На първо място следва да се посочи, че оплакването, направено от жалбоподателя в жалбата му, съгласно което Комисията неправилно е приела, че публичните мерки, различни от трансферите извършени от DB-Telekom, са му предоставяли предимство, е неоснователно, щом като Комисията изрично признава в писмената си защита отчитането само на трансферите, извършени от DB-Telekom, за да направи извода, че DPAG се е ползвало от предимство чрез публични ресурси. Следователно това оплакване трябва да бъде отхвърлено. На второ място, що се отнася до оплакването на жалбоподателя, съгласно което Комисията не е установила, че той се е ползвал от предимство чрез трансфери, извършени от DB-Telekom, предвид неговите нетни допълнителни разходи, свързани с изпълнението на УОИИ, следва да се отбележи в самото начало, както е видно от съдържащото се в точки 16—29 по-горе описание на обжалваното решение, че изводът на Комисията, според който DPAG се е ползвало от предимство, почива на следните констатации. Първо, Комисията констатира, че жалбоподателят е получавал трансфери, извършени от DB-Telekom, в размер на 11081 милиона DEM от 1990 г. до 1995 г. — трансфери, които Комисията приема за единствено релевантните публични ресурси за целите на обжалваното решение. Второ, Комисията посочва от една страна, че жалбоподателят е регистрирал нетни допълнителни разходи, генерирани от политиката му на продажба на загуба, водена от 1994 г. до 1999 г., в размер на 1118,7 милиона DEM и от друга, че посочените нетни допълнителни разходи не са били свързани с изпълнението на УОИИ. Трето, Комисията констатира, че жалбоподателят не е могъл да покрие посочените нетни допълнителни разходи в размер на 1118,7 милиона DEM със свои собствени ресурси, тъй като е регистрирал общ дефицит за всички сектори на дейност от 1990 г. до 1998 г. в общ размер на 2289 милиона DEM. При това положение Комисията прави извода, с оглед на трите гореизложени констатации, че нетните допълнителни разходи, генерирани от политиката на DPAG на продажба на загуба за периода от 1994 г. до 1999 г., непременно са били компенсирани чрез трансфери, извършени от DB-Telekom през периода от 1990 г. до 1995 г., по такъв начин, че жалбоподателят се е ползвал от държавна помощ в размер на 1118,7 милиона DEM. В това отношение е важно да се изтъкне, че в отговорите си на поставените от Първоинстанционния съд по време на съдебното заседание въпроси Комисията посочва по същество, че тя счита, щом като жалбоподателят не е представил доказателство за покриването на твърдените от него нетни допълнителни разходи, генерирани от политиката му на продажба на загуба чрез други ресурси, различни от трансферите, извършени от DB-Telekom, че тя е могла основателно да презумира ползването от страна на DPAG на държавна помощ в размер до 1118,7 милиона DEM. Следователно би трябвало да се проучи дали като е постъпила както в обжалваното решение Комисията е установила в достатъчна степен, че жалбоподателят се е ползвал от предимство чрез трансферите, извършени от DB-Telekom. В това отношение следва първо да се отбележи, независимо от информацията, представена от Федерална република Германия на Комисията, която я е мотивирала да отбележи в съображение 41 от обжалваното решение поддържаната от Федерална република Германия липса на изключване на сегмента на бизнес потребителите от универсалната услуга, че Комисията не се е произнесла в обжалваното решение по въпроса дали секторът на колетните пратки от врата до врата представлява УОИИ. Всъщност в това отношение следва да се изтъкне, както е видно от точка 26 по-горе, че в обжалваното решение Комисията единствено констатира пораждането на несвързани с изпълнението на УОИИ нетни допълнителни разходи от тарифната политика на DPAG, изразяваща се в предлагане на тарифи, по-ниски от единната тарифа. Освен това следва да се отбележи, че от една страна, Комисията приема в съображение 74 от обжалваното решение „пълната липса на […] причинно-следствена връзка между тези нетни допълнителни разходи [свързани с политиката на продажба на загуба] и задълженията на DPAG за обществена услуга“, а от друга страна, в съображение 73 от обжалваното решение „се оказв[а], че DPAG е понася[ло] нетни допълнителни разходи, минимална част от които не се е дълж[ала] на изпълнението на задължения за [УОИИ]“. Следователно трябва да се отбележи, както Комисията впрочем потвърждава в писмените си изявления, че от една страна, тя не е констатирала в обжалваното решение липсата на доказване на предоставената ѝ от Федерална република Германия информация, съгласно която секторът на превоза на колетни пратки от врата до врата представлява УОИИ, а от друга, че тя поне имплицитно признава регистрираните от страна на DPAG не само на нетните допълнителни разходи, генерирани от неговата политика на продажба на загуба, а и на нетни допълнителни разходи, свързани от своя страна с изпълнението на УОИИ (наричани по-нататък „неоспорени нетни допълнителни разходи“). Второ, следва да се изтъкне, че Комисията посочва, от една страна в съображение 43 от обжалваното решение, че Федерална република Германия я е информирала относно необходимостта да поеме „петнадесет наследени от миналото задължения“, които представляват нетните допълнителни разходи по УОИИ, и от друга страна в бележка под линия 94 от обжалваното решение, че „в писмото си от 16 септември 1999 г. (стр. 18) [германското] правителство разбира под „наследени от миналото задължения“ специалните разходи, понесени от DPAG спрямо обичайните разходи, правени от частни предприятия при нормални пазарни условия“, като се уточнява, че „[с]ъгласно информацията на федералното правителство това са точно тези специфични разходи, които обясняват дефицита, посочен в решението за откриване на процедурата в сектора на колетните пратки“. В съображение 43 от обжалваното решение Комисията изброява петнадесетте наследени от миналото задължения, посочени от Федерална република Германия. В това отношение Комисията отбелязва по-специално в съображение 45 от обжалваното решение, че „според германските власти, дори ако Комисията е трябвало да приеме, че всичките услуги [за превоз на колетни пратки], предоставяни чрез тази инфраструктура, не [можели] вече да се считат за услуги от общ интерес, тези наследени от миналото задължения въпреки това трябвало да се считат за „загубени разходи за инвестиции“ за услуги, които към момента на замисъл на действащата през 1990 г. инфраструктура безспорно са били предоставяни в общ интерес [приложение 1 към писмото на федералното правителство от ]“. В това отношение обаче следва да се отбележи, видно от точки 41—52 от решението за откриване на процедурата, че Федерална република Германия е предоставила на Комисията по нейно искане точен списък на петнадесетте наследени от миналото задължения, по отношение на които от една страна тя представя причините, поради които според нея посочените задължения представляват нетни допълнителни разходи, свързани с изпълнението на УОИИ, и оценка на размера, който всяко от тези задължения е достигнало от 1990 г. до 1996 г., и от друга посочва, че общият размер на тези наследени от миналото задължения, които били свързани с изпълнението на УОИИ, възлизал на 20426 милиона DEM или на сума, значително по-висока от сумата 11081 милиона DEM, съответстваща на трансферите, извършени от DB-Telekom. В това отношение следва да се констатира посочването от Комисията в точка 72 от решението за откриване на процедурата, че дори тя „да е има[ла] съмнения във връзка с възможността всички елементи на споменатите в този контекст разходи реално да се считат като съответстващи на този вид [УОИИ]“, въпреки това тя приема, че „определени елементи, доколкото [са] определени и се вписват по подходящ начин, (например доставките в събота) мог[ат] по принцип да представляват УОИИ“. Трето следва да се отбележи, че от една страна като не проучва и не се произнася в обжалваното решение по предоставената от Федерална република Германия информация, според която неоспорените нетни допълнителни разходи са свързани с изпълнението на задача за УОИИ, и от друга като не извършва изчислението, което позволява да се установи дали размерът на посочените допълнителни разходи надхвърля размера на трансферите, извършени от DB-Telekom, Комисията не е проверила дали общият размер на трансферите, извършени от DB-Telekom, е по-нисък от общия размер на нетните допълнителни разходи за УОИИ, така че посочените трансфери да не предоставят никакво предимство на жалбоподателя. В това отношение следва да се отбележи, че Комисията не посочва, нито установява в обжалваното решение, че Федерална република Германия или жалбоподателят не са ѝ предоставили необходимата информация, за да се увери че размерът на трансферите, извършени от DB-Telekom, не надхвърля неоспорените нетни допълнителни разходи, нито че предвид информацията на нейно разположение тя е нямала друг избор, освен да презюмира надхвърлянето на размера на трансферите, извършени от DB-Telekom, над размера на посочените неоспорени допълнителни разходи, по такъв начин че извършените от последното трансфери са предоставили предимство на жалбоподателя. По-нататък следва да се отбележи също, че Комисията не изтъква нито в своите писмени изявления, нито в съдебно заседание каквато и да е обективна причина, за да обоснове, че е била в невъзможност предвид предоставената ѝ от Федерална република Германия информация да извърши такова изследване. Действително в това отношение трябва да се отбележи, че Комисията се задоволява да обясни по същество, че обхватът на извънредните разходи, посочени от жалбоподателя, затруднява анализа, а не че Федерална република Германия не ѝ е предоставила необходимата в това отношение информация, поради което тя не е била в състояние да извърши подобен анализ. В светлината на гореизложеното следва да се констатира, че като не проверява дали размерът на трансферите, извършени от DB-Telekom, надхвърля размера на неоспорените от DPAG нетни допълнителни разходи, Комисията не е доказала в достатъчна степен предоставеното му по смисъла на член 87, параграф 1 ЕО предимство от трансферите, извършени от DB-Telekom. Този извод не би могъл да бъде оборен от представените от Комисията доводи, целящи по същество да докажат от една страна липсата на задължение тя да установи, че размерът на неоспорените нетни допълнителни разходи не надхвърля размера на трансферите, извършени от DB-Telekom, и от друга, че за да се установи наличието на държавна помощ в конкретния случай, методът, до който тя е прибягнала, е по-подходящ от този, състоящ се в проверката дали DPAG е получило свръхкомпенсация. Първо относно довода на Комисията, според който тя разполага със свобода на преценка при избора на най-подходящия метод за установяване на наличието на държавна помощ, следва да се припомни, че квалификацията на дадена мярка като държавна помощ, която според Договора трябва да се извърши както от Комисията, така и от националния съд, не би могла по принцип да обоснове признаването на широко право на преценка на Комисията при липсата на особени обстоятелства, дължащи се по-конкретно на сложното естество на разглежданата държавна намеса. Всъщност преценката на релевантността на основанията или на целите в случаите на държавна намеса зависи само от изследването на евентуалната съвместимост на тези мерки с общия пазар, както е предвидено в член 87, параграф 3 ЕО (Решение по дело Ladbroke Racing/Комисия, точка 55 по-горе, точка 52). В това отношение следва обаче да се изтъкне още, че макар Първоинстанционният съд да е признал на Комисията определена свобода на преценка, що се отнася до възприемането на най-подходящия метод, за да се увери в липсата на кръстосано субсидиране в полза на конкурентни дейности (Решение по дело FFSA и др./Комисия, точка 55 по-горе, точка 187), така или иначе Комисията не може, съгласно Решението по дело Altmark, точка 57 по-горе (точка 87), да квалифицира като държавна помощ държавни ресурси, предоставени като компенсация за допълнителни разходи, свързани с изпълнението на УОИИ. В конкретния случай обаче, като не изследва дали общият размер на трансферите, извършени от DB-Telecom, надхвърля общия размер на неоспорените допълнителни разходи, Комисията не би могла да презюмира, видно от анализа на обжалваното решение в точка 78 по-горе, породено от посочените трансфери предимство за жалбоподателя, дори Федерална република Германия да ѝ е предоставила информация, която прави правдоподобно обстоятелството, че общият размер на посочените трансфери не надхвърля общия размер на неоспорените нетни допълнителни разходи. По-нататък относно довода на Комисията, според който тя била длъжна да изследва само дали са основателни оплакванията на BIEK и на UPS, съгласно които DPAG е финансирало политика на продажба на загуба чрез публични ресурси, следва да се припомни в това отношение, че според съдебната практика Комисията е длъжна в интерес на добрата администрация на свързаните с помощите основни правила на Договора да извърши надлежно и безпристрастно проучване на дадено оплакване, което може да наложи тя да изследва елементите, на които подателят на оплакването не се е позовал изрично (Решение на Съда от 2 април 1998 г. по дело Комисия/Sytraval и Brink’s France, C-367/95 P, Recueil, стр. I-1719 , точка 62). Освен това Комисията е длъжна да провери наличието на реално предимство за бенефициера на дадена помощ. Така в конкретния случай, макар Комисията да е била длъжна да извърши надлежно и безпристрастно изследване на оплакванията, подадени от BIEK и UPS, това същевременно по-никакъв начин не означава от една страна, че тя е могла да пренебрегне предоставената ѝ от Федерална република Германия информация, целяща да установи липсата на всякакво ползвано от жалбоподателя предимство чрез публични ресурси, и от друга, че тя е могла правилно да приеме наличието на държавна помощ без предварително да е проверила дали публичните ресурси, които DPAG е получило, са му предоставили предимство. Накрая следва да се отхвърлят и доводите на Комисията, а също и тези на BIEK и на UPS, според които Комисията не била длъжна да изследва въпроса дали общият размер на трансферите, извършени от DB-Telekom, е надхвърлял общия размер на понесените от жалбоподателя нетни допълнителни разходи, свързани с извършването на УОИИ, доколкото предвидените от Съда условия в Решение по дело Ferring, точка 55 по-горе, и в Решение по дело Altmark, точка 57 по-горе, не са били изпълнени в конкретния случай. Действително, както бе изложено в точка 81 по-горе, където се отбелязва, че Комисията се е задоволила да констатира в обжалваното решение липсата на възможност нетните допълнителни разходи, генерирани от политиката на DPAG на продажба на загуба, да бъдат предмет на компенсация, тя нито е проверила, нито е установила, че жалбоподателят не е регистрирал други нетни допълнителни разходи, свързани с изпълнението на УОИИ, за които той е бил в правото си да претендира компенсация чрез всички трансфери, извършени от DB-Telekom, при предвидените условия в Решение по дело Altmark, точка 57 по-горе (точки 89—95). Доколкото обаче Комисията не е извършила никакво изследване, нито каквато и да е преценка в това отношение, не е задължение на общностния съд да замества Комисията, извършвайки на нейно място изследването, което тя в никой момент не е извършила и изчислявайки резултатите, до които тя би стигнала в неговия ход (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 16 септември 2004 г. по дело Valmont/Комисия, T-274/01, Recueil, стр. II-3145 , точка 136). От гореизложеното произтича, че следва да бъде уважено оплакването на жалбоподателя, според което Комисията е нарушила член 87, параграф 1 ЕО, като е приела, че трансферите, извършени от DB-Telekom, са му предоставили предимство. Първоинстанционният съд обаче счита за уместно за изчерпателност да изследва и оплакването на жалбоподателя, според което независимо от това дали размерът на трансферите, извършени от DB-Telekom, надхвърля размера на неговите неоспорени нетни допълнителни разходи, Комисията във всеки случай неправилно направила извода, че трансферите, извършени от DB-Telekom в размер на 11081 милиона DEM, са му позволили предвид загубите, които той е регистрирал от 1990 г. до 1995 г., да покрие твърдените нетни допълнителни разходи, генерирани от политиката му на продажба на загуба от 1994 г. до 1999 г. в размер на 1118,7 милиона DEM. В това отношение в самото начало следва да се отбележи, че по силата на § 63, алинея 1 от PostVerfG, Deutsche Bundespost е било длъжно да изплаща ретроцесии на германската държава от 1990 г. до 1995 г. до определен намаляващ процент от оперативните си приходи. Макар страните да не са съгласни по въпроса дали тези ретроцесии представляват или не допълнителни разходи за УОИИ, Комисията не оспорва заплащането на ретроцесиите от предприятията, създадени след разделянето на Deutsche Bundespost, и необходимостта в този контекст жалбоподателят да изплати сумата от 11418 милиона DEM от 1990 г. до 1995 г. В конкретния случай жалбоподателят твърди, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката, приемайки, че трансферите, извършени от DB-Telekom от 1990 г. до 1995 г. в размер на 11418 милиона DEM са му позволили да покрие твърдените нетни допълнителни разходи в размер на 1118,7 милиона DEM, които неговата политика на продажба на загуба от 1994 г. до 1999 г. била породила, дори и посочените трансфери да са послужили изцяло да компенсират претърпените от него загуби от 1990 г. до 1995 г., които произтичат по-конкретно от неговото задължение да изплати ретроцесиите. Комисията отговаря по същество, че доколкото жалбоподателят не е представил доказателство за финансиране на нетните допълнителни разходи, свързани с политиката му на продажба на загуба, с негови собствени ресурси, тя е могла действително да презюмира възможността, осигурена му от трансферите, извършени от DB-Telekom, да финансира посочените допълнителни разходи. В това отношение следва да се отбележи съгласието на страните, че от счетоводна гледна точка всеки ресурс може да финансира всяко задължение. Макар обаче да е задължение на Комисията да установи, че публични ресурси са предоставили предимство на техния бенефициер, както следва от Решение по дело Altmark, точка 57 по-горе (точка 75), не е необходимо в това отношение Комисията да установява кои задължения са погасени от сумата на предоставените на жалбоподателя публични ресурси. Доколкото обаче в конкретния случай Комисията, както е видно от точка 78 по-горе, подчинява своето доказване на наличието на предоставено на DPAG предимство чрез публични ресурси на обстоятелството, че твърдените нетни допълнителни разходи на DPAG, свързани с политиката му на продажба на загуба, е трябвало задължително да бъдат покрити в размер до 1118,7 милиона DEM чрез трансферите, извършени от DB-Telekom, трябва да се изследва дали предвид претърпените от DPAG загуби от 1990 г. до 1994 г. и от 1990 г. до 1995 г. посочените трансфери, заплатени през този период, се явяват достатъчни, за да покрият и посочените свързани с неговата политика на продажба на загуба нетни допълнителни разходи, регистрирани от 1994 г. до 1999 г. Комисията обаче приема в съображение 88 от обжалваното решение, че твърдените нетни допълнителни разходи, регистрирани от DPAG, свързани с политиката му на продажба на загуба, възлизат на следните суми: Години Общо 1994—1999 Допълнителни разходи, свързани с продажбата на загуба (мил. DEM) [пов.] [пов.] [пов.] [пов.] [пов.] [пов.] 1 118,7 По-нататък, както е видно от информацията, предоставена от Федерална република Германия, която Комисията не оспорва, DPAG е регистрирало през периодите от 1990 г. до 1994 г. и от 1990 г. до 1995 г. следните оперативни (без трансферите, извършени от DB-Telekom, и без заплатените ретроцесии) и окончателни резултати (включително трансферите, извършени от DB-Telekom, и заплатените ретроцесии) (Съобщение на Федерална република Германия от 13 януари 2002 г. и приложение 11 А към Съобщението на Федерална република Германия от ): Години Общо 1990—1994 Общо 1990—1995 Запазен сектор [пов.] [пов.] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] Сектор колетни пратки [пов.] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] Сектор вестници [пов.] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] Оперативно салдо [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] [ пов .] -4 331 [ пов .] -4 945 Трансфери, извършени от DB-Telekom 1 495 2 031 1 310 5 562 5 519 11 081 Ретроцесии -1 651 -1 982 -2 100 -2 182 -2 190 -10 104 -1 314 -11 418 Салдо трансфери/ ретроцесия -4 552 -337 Окончателен резултат (в мил. DEM) -8 883 -5 282 В светлината на съдържащата се в точка 104 по-горе таблица следва най-напред да се посочи, макар да вярно, че жалбоподателят е получил от 1990 г. до 1994 г. сумата от 5562 милиона DEM като трансфери, извършени от DB-Telekom и е регистрирал през 1994 г. допълнителни разходи, свързани с неговата политика на продажба на загуба в размер на [ поверително ] милиона DEM (таблица, съдържаща се в точка 103 по-горе), че окончателният дефицит, който той е регистрирал от 1990 г. до 1994 г. общо във всички сектори на дейност, е бил 8883 милиона DEM. Този окончателен дефицит за периода от 1990 г. до 1994 г. отговаря всъщност на оперативните загуби на DPAG в размер на 4331 милиона DEM, увеличени с плащането на ретроцесиите в размер на 10104 милиона DEM, които са били компенсирани отчасти с трансферите в размер на 5562 милиона DEM, извършени от DB-Telekom. При тези условия трябва да се констатира, че предоставянето на трансферите, извършени от DB-Telekom между 1990 г. и 1994 г. в размер на 5562 милиона DEM, не позволява на жалбоподателя, предвид претърпените от него оперативни загуби от 1990 г. до 1994 г. в размер на 4331 милиона DEM и ретроцесиите, които е трябвало да заплати през този период в размер на 10104 милиона DEM, т.е. общо загуби в размер на 14435 милиона DEM, да покрие твърдените от него нетни допълнителни разходи, генерирани от политиката му на продажба на загуба от 1994 г. до 1999 г. в размер на 1118,7 милиона DEM. По-нататък, доколкото жалбоподателят е получавал трансферите, извършвани от DB-Telekom до 1995 г., следва да се констатира, въпреки действително получените от него от 1990 г. до 1995 г. 11081 милиона DEM в рамките на трансферите, извършени от DB-Telekom, че през посочения период във всички сектори на дейност е регистрирал окончателен дефицит от 5282 милиона DEM. За периода от 1990 г. до 1995 г. този окончателен дефицит всъщност отговаря на оперативните загуби на DPAG в размер на 4945 милиона DEM, увеличени с плащането на ретроцесиите в размер на 11418 милиона DEM, които са били компенсирани отчасти с трансферите, извършени от DB-Telekom в размер на 11081 милиона DEM. При тези условия трябва да се констатира, че предоставянето на трансферите, извършени от DB-Telekom между 1990 г. и 1995 г. в размер на 11081 милиона DEM, предвид претърпените от него оперативни загуби от 1990 г. до 1995 г. в размер на 4945 милиона DEM и ретроцесиите, за които то е трябвало да заплати сумата от 11418 милиона DEM, т.е. общо загуби в размер на 16363 милиона DEM, не позволява на DPAG да покрие твърдените от него допълнителни разходи, генерирани от политиката му на продажба на загуба, регистрирани от 1994 г. до 1999 г. в размер на 1118,7 милиона DEM. Следователно трябва да се приеме, че доказването на Комисията, според което жалбоподателят се е ползвал от предимство в размер на 1118,7 милиона DEM, доколкото единствено трансферите, извършени от DB-Telekom, са могли да финансират твърдените допълнителни разходи, генерирани от неговата политика на продажба на загуба, се обезсилва от извода, че окончателните загуби, претърпени от DPAG от 1990 г. до 1994 г. или от 1990 г. до 1995 г., са били в такъв размер, че трансферите, извършени от DB-Telekom, се явяват недостатъчни за покриването на твърдените нетни допълнителни разходи, генерирани от неговата политика на продажба на загуба от 1994 г. до 1999 г. Следователно настоящото оплакване на жалбоподателя трябва да бъде уважено. Поради това обжалваното решение следва да се отмени, без да е необходимо да се проверява дали настоящото оплакване има предвид също, че обжалваното решение е засегнато и от недостатък в мотивирането по смисъла на член 253 ЕО (вж. точка 58 по-горе), нито пък да се изследват останалите повдигнати от жалбоподателя оплаквания и правни основания. По съдебните разноски По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като Комисията е загубила делото, тя следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на жалбоподателя в този смисъл. Съгласно член 87, параграф 4, първа алинея от Процедурния правилник държавите-членки и институциите, които са встъпили в делото, понасят направените от тях съдебни разноски. Федерална република Германия, която не е подала писмено становище по встъпването, понася направените от нея съдебни разноски съгласно член 87, параграф 4, първа алинея от посочения правилник. По силата на член 87, параграф 4, трета алинея от Процедурния правилник Първоинстанционният съд може да вземе решение встъпила страна, различна от държава-членка, държава, която е страна по споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП), институция и Надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), да понесе направените от нея съдебни разноски. Встъпилите страни BIEK и UPS понасят направените от тях съдебни разноски. По изложените съображения ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (трети разширен състав) реши: 1) Отменя Решение 2002/753/ЕО на Комисията от 19 юни 2002 г. относно приетите от Федерална република Германия мерки в полза на Deutsche Post AG. 2) Комисията понася направените от нея съдебни разноски, както и тези, направени от Deutsche Post. 3) Федерална република Германия, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK) и UPS Europe NV/SA понасят направените от тях съдебни разноски. Jaeger Tiili Azizi Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 1 юли 2008 година. Секретар E. Coulon Председател M. Jaeger ( *1 )  Език на производството: немски. ( ) Поверителни данни заличени.

62003CJ0195

lv

1       Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt 202.–204. pantu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 1. lpp.; turpmāk tekstā – “Muitas kodekss”). 2       Šis prejudiciālais lūgums tika iesniegts saistībā ar tiesvedību starp Ministerie van Financiën un Papismedov , Geldof , Ben-Or , R. Peer , M. Peer , Tavdidischvili , Janssens , Hoste , Decock un Joris un Vanbelleghem , kā arī sabiedrībām Transocean System Transport BVBA un United Logistic Partners BVBA par preču nelegālu ievešanu, kas veikta nelikumīgi, izņemot tās no muitas uzraudzības. Atbilstošās tiesību normas Kopienu tiesiskais regulējums 3       Jēdzieni “muitas dienestu uzraudzība” un “preču uzrādīšana muitai” ir definēti Muitas kodeksa 4. panta attiecīgi 13. un 19. punktā. Muitas dienestu uzraudzība nozīmē “šo dienestu vispārējo darbību, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti muitas noteikumi un – attiecīgos gadījumos – citi noteikumi, kas piemērojami precēm muitas uzraudzībā”. Preču uzrādīšana muitai nozīmē “paziņošanu noteiktā kārtībā muitas dienestiem par preču nogādāšanu muitas iestādē vai citā muitas dienestu paredzētā vai akceptētā vietā”. 4       Muitas kodeksa III sadaļa satur noteikumus, kas piemērojami Kopienas muitas teritorijā nonākušām precēm līdz to nodošanai preču muitošanas vai izmantošanas režīmā. Preču nonākšana Kopienas muitas teritorijā un to uzrādīšana muitai ir paredzēta kodeksa attiecīgi 1. nodaļas 37.–39. pantā un 2. nodaļas 40.–42. pantā. Kopsavilkuma deklarācija un muitai uzrādīto preču izkraušana ir paredzēta minētā kodeksa 3. nodaļas 43.–47. pantā. 5       Muitas kodeksa 38. pants paredz: “1. Kopienas muitas teritorijā ievestās preces pavada persona, kas tās nevilcinoties nogādā Kopienā pa muitas dienestu noteiktu maršrutu saskaņā ar šo dienestu norādījumiem, ja tādi ir doti: a)      muitas iestāžu norādītā muitas iestādē vai jebkurā citā šo dienestu norādītā vai atļautā vietā, vai b)      brīvajā zonā, ja preces ir ievedamas brīvajā zonā tieši: –       pa jūru vai pa gaisu, vai –       pa sauszemi, nešķērsojot citu Kopienas muitas teritorijas daļu, gadījumos, kad brīvā zona piekļaujas dalībvalsts sauszemes robežai ar trešo valsti. 2. Jebkura persona, kas uzņemas atbildību par preču pārvadāšanu pēc ievešanas Kopienas muitas teritorijā, arī pārkraušanas rezultātā, ir atbildīga par 1. punktā noteikto pienākumu izpildi. [..]” 6       Minētā kodeksa 40. pants paredz: “Preces, kuras tiek nogādātas muitas iestādē vai citā muitas dienestu norādītā vai atļautā vietā saskaņā ar 38. panta 1. punkta a) apakšpunktu, muitai uzrāda tā persona, kas ievedusi preces Kopienas muitas teritorijā, vai – attiecīgā gadījumā – persona, kas uzņemas atbildību par preču pārvadāšanu pēc šādas ievešanas.” 7       Minētā kodeksa 43. panta redakcija ir šāda: “Ievērojot 45. pantu, par muitai 40. panta nozīmē uzrādītām precēm iesniedzama kopsavilkuma deklarācija. Kopsavilkuma deklarācija iesniedzama, tiklīdz preces uzrādītas muitai. Muitas dienesti tomēr var nolikt deklarācijas iesniegšanai termiņu, kas nepārsniedz vienu darba dienu pēc preču uzrādīšanas muitai.” 8       Muitas kodeksa VII sadaļas 2. nodaļa attiecas uz muitas parāda rašanos. Tā nosaka parāda rašanās brīdi un personu, kas uzskatāma par parādnieku. Ja preces ir ievestas atbilstoši procedūrai, kas paredz laist brīvā apgrozībā ar ievedmuitas nodokli apliekamās preces vai nodot šādas preces pagaidu ievešanas procedūrā ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, tiek piemērots minētā kodeksa 201. pants. Savukārt, ja importētās preces tiek ievestas pretlikumīgi vai nelikumīgi izņemtas no muitas uzraudzības, attiecīgi tiek piemērots minētā kodeksa 202. vai 203. pants. 9       Minētais 202. pants paredz: “1. Ievedmuitas parāds rodas: a)       pretlikumīgi Kopienas muitas teritorijā ievedot ar ievedmuitas nodokli apliekamās preces vai b)       šādas preces pretlikumīgi ievedot citā šās teritorijas daļā no brīvās zonas vai brīvās noliktavas. Šajā pantā pretlikumīga ievešana nozīmē jebkādu ievešanu, pārkāpjot 38.–41. pantu un 177. panta otro ievilkumu. 2. Muitas parāds rodas brīdī, kad preces tiek pretlikumīgi ievestas. 3. Parādnieks ir: –       jebkura persona, kas pretlikumīgi ievedusi šādas preces, –       jebkura persona, kas piedalījusies preču pretlikumīgā ievešanā un apzinājusies, vai kurai būtu bijis jāapzinās, ka šāda ievešana ir pretlikumīga, –       kā arī ikviena persona, kas ieguvusi vai turējusi attiecīgās preces un apzinājusies, vai kurai preču saņemšanas vai iegūšanas brīdī būtu bijis jāapzinās, ka tās ievestas pretlikumīgi.” 10     Saskaņā ar Muitas kodeksa 203. pantu ievedmuitas parāds rodas, nelikumīgi izņemot no muitas uzraudzības ar ievedmuitas nodokli apliekamas preces un saskaņā ar minētā kodeksa 204. pantu neizpildot kādu no pienākumiem, ko uzliek ievedmuitas nodoklim pakļaujamo preču pagaidu glabāšana vai tās muitas procedūras izmantošana, kurā tās nodotas, vai neievērojot kādu nosacījumu preču nodošanai šajā muitas procedūrā, vai piemērojot precēm pazeminātas ievedmuitas nodokļa likmes vai nulles likmes sakarā ar to galapatēriņu gadījumos, kas nav minēti 203. pantā, ja vien netiek konstatēts, ka neizpilde nav būtiski iespaidojusi attiecīgās pagaidu glabāšanas vai muitas procedūras atbilstošu norisi. Valsts tiesību normas 11     257. panta 3. punkts 1977. gada 18. jūlija vispārējā likumā par muitu un akcīzi (1977. gada 21. septembra Belgisch Staatsblad ), kas apstiprināts ar 1978. gada 6. jūlija likumu (1978. gada 12. augusta Belgisch Staatsblad ), paredz: “Ikvienam, kas bez muitas un akcīzes administrācijas iepriekšējas atļaujas nogādā preces, uz kurām attiecas 1. punktā paredzētie muitas dokumenti, citā vietā nekā tā, kas [šajos dokumentos] ir tieši norādīta, tiek piemērots 157. pantā, 220.–225., 227. un 277. vai 231. pantā paredzētais sods.” Pamata prāva un prejudiciālie jautājumi 12     Atbildētāji pamata prāvā kā izpildītāji, līdzizpildītāji, līdzdalībnieki vai ieinteresētās personas ir apsūdzēti par preču nelegālu ievešanu, tranzīta laikā nobēdzinot 709 kastes ar 10 000 cigaretēm katrā, paslēpjot tās aiz 29 kastēm ar virtuves piederumiem. 13     2001. gada 10. jūnijā Antverpenē (Beļģijā) ar konteineru kravu ieradās kuģis MSC Rafaela . Kravu muitas dienestos atmuitoja sabiedrība MSC Belgium NV . No minētā kuģa tika izkrauts konteiners, kurā atbilstoši minētajiem dienestiem iesniegtajai kopsavilkuma deklarācijai atradās 406 kastes ar Ķīnā ražotiem virtuves piederumiem, kas bija paredzēti sabiedrībai United Logistic Partners , kura reģistrēta Merksemā [ Merksem ] (Beļģijā). 14     2001. gada 11. jūnijā muitas dienesti, pārbaudot konteineru, konstatēja, ka aiz divām kastu ar virtuves piederumiem rindām atrodas identiskas kastes, bet tajās –kastes ar cigaretēm. Pēc tam konteiners tika no jauna aizslēgts, aizzīmogots un pakļauts novērošanai. Neviens no muitas dienestiem iesniegtajiem dokumentiem nesaturēja norādi par 7 090 000 cigarešu pastāvēšanu. 15     Tajā pašā dienā Antverpenes muitas dienesti attiecībā uz konkrēto kravu atzina par derīgu Kopienas ārējā tranzīta dokumentu, kas kalpoja kā muitas deklarācija. Šajā dokumentā kā puse, kas deklarējusi Kopienas ārējo tranzītu, bija norādīta sabiedrība Transocean System Transport BVBA un kā piegādes vieta – veikals Eurolog , kas atrodas Merksem – vietā, kas ir atzīta par “B” tipa noliktavu un kas var uzņemt preces, kuras vēl atrodas muitas uzraudzībā. 16     2001. gada 12. jūnijā Jansena [ Janssens ] kungs stādījās priekšā kā kravas automašīnas vadītājs konteinera nogādei. Tiklīdz kravas automašīna tika piekrauta, tā nebrauca uz veikala Eurolog pusi, bet gan uz veikalu, kas atrodas Schoten (Beļģijā) – vietu, kas nav muitas noliktava. Minētā kravas automašīna tika izkrauta, klātesot vairākām pamata lietā apsūdzētajām personām. Antverpenes Īpašās muitas un akcīzes inspekcijas ierēdņu veiktā izmeklēšana apstiprināja, ka minētajā konteinerā atrodas 29 kastes ar virtuves piederumiem un 709 kastes ar 10 000 cigaretēm katrā. 17     Minēto faktu dēļ tika ierosināta krimināllieta. Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen , kurai piekrīt minētā likumpārkāpuma izskatīšana, 2001. gada 30. jūlijā pasludināja spriedumu, kas tika pārsūdzēts iesniedzējtiesā. Muitas dienesti norāda, ka preces Kopienas teritorijā tika ievestas likumīgi, bet tās tika nelikumīgi izņemtas no muitas uzraudzības, jo krava, kurai Kopienas ārējā tranzīta dokuments bija atzīts par derīgu, netika nogādāta muitas dokumentā norādītajā galamērķī. Papismedova kungs uzskata, ka esošās lietas fakti attiecas uz nelegālu cigarešu importu, nevis izņemšanu no muitas uzraudzības. 18     Šajos apstākļos Hof van Beroep te Antwerpen nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus: “1)      Vai preces, attiecībā uz kurām tika iesniegta kopsavilkuma deklarācija ar kļūdainu apzīmējumu/tirdzniecības apzīmējumu (šajā gadījumā – virtuves piederumi cigarešu vietā), vai preces, kas tika deklarētas ar kļūdainu apzīmējumu/tirdzniecības apzīmējumu muitas procedūras (kā Kopienas ārējā tranzīta procedūra) vajadzībām, ir uzskatāmas par likumīgi ievestām Kopienas muitas teritorijā un līdz ar to par tādām, kas atrodas muitas uzraudzībā (pagaidu glabāšana vai muitas procedūra), neskatoties uz to, ka ar nodomu vai bez tā preces bija deklarētas ar kļūdainu apzīmējumu/tirdzniecības apzīmējumu? 2)      Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, un gadījumā, ja preces, kas ar nodomu vai bez tā tika deklarētas ar kļūdainu apzīmējumu/tirdzniecības apzīmējumu, tika izņemtas no muitas uzraudzības, vai ir jāuzskata, ka muitas parāds ir pamatots saskaņā ar Kopienas Muitas kodeksa 203. pantu, un vai par parādnieku attiecībā uz muitas parādu ir uzskatāma arī persona, kam jāievēro saistības, kuras izriet no preču pagaidu glabāšanas vai muitas procedūras izmantošanas (kaut arī tās ir deklarētas ar kļūdainu apzīmējumu)? 3)      Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, un gadījumā, ja muitas dienesti konstatē, ka muitas uzraudzībā esošās preces, ar nodomu vai bez tā, ir deklarētas ar kļūdainu apzīmējumu/tirdzniecības apzīmējumu, lai gan preces (vēl) nav izņemtas no muitas uzraudzības un muitas dienestiem joprojām bija pieeja precēm, vai ir jāuzskata, ka ar kļūdainu apzīmējumu/tirdzniecības apzīmējumu deklarētajām precēm saistītais muitas parāds izriet no Kopienas Muitas kodeksa 204. panta, vai arī ir jāuzskata, ka attiecībā uz šīm precēm muitas parāds vēl nav radies? 4)      Gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai ir jāuzskata, ka preces, kas ar nodomu vai bez tā deklarētas ar kļūdainu apzīmējumu/ tirdzniecības apzīmējumu, Kopienas muitas teritorijā ir ievestas pretlikumīgi (tas ir, pārkāpjot Kopienas Muitas kodeksa 38.–41. pantu, kā arī 177. panta [pirmās daļas] otro ievilkumu) tādējādi, ka ar šīm precēm saistītais muitas parāds izriet no Kopienas Muitas kodeksa 202. panta, un vai ir jāuzskata, ka personu, kas iesniegusi kopsavilkuma deklarāciju vai deklarāciju nolūkā piemērot precēm muitas procedūru, norādot kļūdainu apzīmējumu/tirdzniecības apzīmējumu, var atzīt par muitas maksājuma parādnieci tikai tad, ja tā atbilst Kopienas Muitas kodeksa 202. panta 3. punktā noteiktajai “parādnieka” jēdziena definīcijai?” Par prejudiciālajiem jautājumiem Par pirmo jautājumu 19     Uzdodot savu pirmo jautājumu, Hof van Beroep te Antwerpen būtībā jautā, vai muitai uzrādītās preces, attiecībā uz kurām ir iesniegta kopsavilkuma deklarācija un Kopienas ārējā tranzīta dokuments ir atzīts par derīgu, Kopienā ir ievestas likumīgi, ja muitas dienestiem iesniegtajos dokumentos preces ir norādītas ar kļūdainu apzīmējumu, šajā gadījumā – “virtuves piederumi” “cigarešu” vietā. 20     No lēmuma par prejudiciālu jautājumu uzdošanu izriet, ka Hof van Beroep te Antwerpen uzskata, ka pastāv saikne starp Kopienas muitas teritorijā nonākušo preču nodošanu muitas uzraudzībai un to ievešanas šajā teritorijā likumību. Tādējādi vispirms ir jāpārbauda šādas saiknes pastāvēšana. 21     Muitas dienestu uzraudzība ir definēta Muitas kodeksa 4. panta 13. punktā kā šo dienestu vispārēja darbība, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti muitas noteikumi. Atbilstoši minētā kodeksa 37. pantam preces, kas ievestas Kopienas muitas teritorijā, no to ievešanas brīža atrodas muitas uzraudzībā. Šīs uzraudzības ietvaros tās var pakļaut muitas dienestu kontrolei saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, un tās paliek šādā uzraudzībā tik ilgi, cik vajadzīgs, lai noteiktu to statusu muitā, un – ārpuskopienas preču gadījumā – līdz to muitas statuss tiek nomainīts, tās nonāk brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā vai tās ir atkal izvestas vai iznīcinātas. 22     No minēto pantu kopuma izriet, ka Kopienas teritorijā ievestās preces no to ievešanas brīža šajā teritorijā, kas veikta vai nu likumīgi, vai pārkāpjot Muitas kodeksa 38.–41. pantu un 177. panta pirmās daļas otro ievilkumu, un kas uzraudzības dienestiem, veicot kontroli, jānoskaidro, ir pakļautas muitas uzraudzībai. Līdz ar to preču nodošana uzraudzībai nav saistīta ar to ievešanas likumību minētajā teritorijā. 23     Beļģijas valdība, ņemot vērā Muitas kodeksa 202. pantu, kas preču pretlikumīgu ievešanu definē kā tādu ievešanu, kas veikta, pārkāpjot minētā kodeksa 38.–41. pantu un 177. panta pirmās daļas otro ievilkumu, norāda – ievešana Kopienas muitas teritorijā ir likumīga, ja tiek ievēroti šie noteikumi, tas ir, kad prece ir šķērsojusi ārējo robežu un ir nogādāta muitas dienestos. Tā kā minētā kodeksa 43. pantā un turpmākajos pantos paredzētā kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas pienākuma pārkāpums nevar novest pie preču pretlikumīgas ievešanas šajā teritorijā, kļūdaina preču tirdzniecības nosaukuma norādīšana dokumentā nemaina to ievešanas likumību minētajā teritorijā. Pretlikumīga ievešana tādējādi ir pielīdzināma nelegālai ievešanai, šķērsojot robežu pa neatzītiem ceļiem. 24     Šis arguments var pārmērīgi ierobežot Muitas kodeksa 202. panta piemērošanas jomu. 25     Vairāki Muitas kodeksa noteikumi ļauj ierobežot “pretlikumīgas ievešanas” jēdzienu. Kā to pamatoti norāda Beļģijas valdība, viens no tādiem noteikumiem ir arī minētā kodeksa 202. pants, kas pretlikumīgu ievešanu definē kā ar ievedmuitas nodokli apliekamas preces jebkādu ievešanu vai nu Kopienas muitas teritorijā, vai citā šās teritorijas daļā no brīvās zonas vai brīvās noliktavas, pārkāpjot minētā kodeksa 38.–41. pantu un 177. panta pirmās daļas otro ievilkumu. 26     Tātad preču ievešana ir pretlikumīga gadījumā, kad netiek ievēroti šādi Muitas kodeksā paredzēti posmi. Pirmkārt, atbilstoši kodeksa 38. panta 1. punktam Kopienas muitas teritorijā ievestās preces nevilcinoties ir jānogādā vai nu norādītajā muitas iestādē, vai brīvajā zonā. Otrkārt, atbilstoši minētā kodeksa 40. pantam, tiklīdz preces tiek nogādātas muitas iestādē, tās ir jāuzrāda muitai. Preču uzrādīšana muitai saskaņā ar minētā kodeksa 4. panta 19. punktu nozīmē paziņošanu noteiktā kārtībā muitas dienestiem par preču nogādāšanu muitas iestādē vai citā muitas dienestu paredzētā vai akceptētā vietā. 27     No visiem minētajiem noteikumiem izriet – lai varētu uzskatīt, ka prece ir likumīgi ievesta Kopienas muitas teritorijā, prece no tās ievešanas brīža ir jānogādā muitas iestādē vai brīvajā zonā un jāuzrāda muitai. Šis pēdējais minētais pienākums, kas uzlikts par ievešanu atbildīgajai personai vai personai, kas uzņemas atbildību par preču pārvadāšanu, nodrošina, ka muitas dienesti ir informēti ne tikai par to, ka preces ir ievestas, bet saņem arī visu attiecīgo informāciju saistībā ar attiecīgās preces vai produkta veidu, kā arī šo preču daudzumu. Būtībā tieši šī informācija ļauj pareizi identificēt preces tarifu klasifikācijas nolūkā un, ja nepieciešams, aprēķināt ievedmuitas nodokli. 28     Izskatot lietu par kādā automašīnā noslēptu un dalībvalsts muitas dienestu kontroles laikā atklātu cigarešu ievešanu Kopienas muitas teritorijā, Tiesa ir atzinusi, ka gadījumā, ja uzrādīto preču patiesais raksturs neizriet no iesniegtajiem dokumentiem un ieinteresētās personas nav informējušas muitas dienestus par to raksturu, ir jāuzskata, ka šīs preces nav tikušas uzrādītas muitai Muitas kodeksa 40. panta izpratnē (skat. 2004. gada 4. marta spriedumu apvienotajās lietās C‑238/02 un C‑246/02 Viluckas un Jonusas , Recueil , I‑2141. lpp., 28. punkts). 29     Kā to norāda Beļģijas valdība, pareizs ir apgalvojums, ka pretlikumīgas ievešanas jēdziens attiecas tikai uz Muitas kodeksa 38.–41. panta un 177. panta pirmās daļas otrā ievilkuma pārkāpumu, turpretim pienākums iesniegt kopsavilkuma deklarāciju muitas dienestiem ir paredzēts minētā kodeksa 43. un turpmākajos pantos. Beļģijas valdība uzskata, ka līdz ar to preču ievešana Kopienā ir uzskatāma par likumīgu, ja tās ir nogādātas minēto dienestu paredzētā vai akceptētā vietā vai brīvajā zonā un ir iesniegta informācija par to ievešanu, nepastāvot pienākumam tās deklarēt ar vispārīgu vai tirdzniecībā noteiktu apzīmējumu. 30     Šis pēdējais uzskats nav atbalstāms. Muitas kodeksa 40. pantā paredzētā preču uzrādīšana muitai, ņemot vērā minētā kodeksa 43. un 45. pantu, paredz savstarpēji saistītu pienākumu īsā termiņā iesniegt kopsavilkuma deklarāciju vai tajā pašā termiņā izpildīt formalitātes nolūkā paredzēt attiecīgajām precēm izmantošanas režīmu, proti – gadījumā, ja tiek pieprasīts, lai preces tiek novietotas muitas režīmā, aizpildīt muitas deklarāciju. No šī kodeksa 43. panta otrās daļas formulējuma izriet, ka parasti abas darbības tiek veiktas vienlaicīgi, jo termiņš, ko muitas dienesti var noteikt deklarācijas iesniegšanai, beidzas vēlākais pirmajā darba dienā pēc darba dienas, kad preces tika uzrādītas muitā. Turklāt saskaņā ar minētā kodeksa 44. panta 1. punktu kopsavilkuma deklarācijā jāietver ziņas, kas vajadzīgas preču identifikācijai. 31     Līdz ar to, ja Muitas kodeksa 40. pantā paredzētā preču uzrādīšana muitai ir saistīta ar kopsavilkuma deklarācijas vai muitas deklarācijas iesniegšanu, kas sniedz tāda preču veida aprakstu, kam nav nekāda sakara ar faktisko situāciju, paziņojums muitas dienestiem par preču nogādāšanu minētā kodeksa 4. panta 19. punkta izpratnē nav izpildīts. Šajos apstākļos nevar uzskatīt, ka minētajiem dienestiem ir iesniegta preču identifikācijai vajadzīgā informācija tikai sakarā ar to, ka ir uzrādīti noteikti dokumenti. Vēl ir vajadzīgs, lai dokumentos, kas uzrādīti muitai, ietvertās norādes ir pareizas. Ja minētās deklarācijas nesatur norādi uz nozīmīgu muitai uzrādīto preču daļu, ir jāuzskata, ka tās ir ievestas pretlikumīgi. 32     Pastāvot šādiem apstākļiem, uz pirmo jautājumu ir jāatbild tādējādi, ka muitai uzrādītās preces, par kurām ir iesniegta kopsavilkuma deklarācija un Kopienas ārējā tranzīta dokuments atzīts par derīgu, Kopienas muitas teritorijā nav ievestas likumīgi, ja muitas dienestiem iesniegtajā dokumentācijā preces ir norādītas ar kļūdainu apzīmējumu. 33     Otrais un trešais jautājums nav jāizskata, jo tie ir uzdoti tikai tādā gadījumā, ja Tiesa sniegtu apstiprinošu atbildi uz pirmo jautājumu. Par ceturto jautājumu 34     Ceturtais jautājums ir sadalīts divās daļās. Ar pirmo jautājuma daļu Hof van Beroep te Antwerpen būtībā jautā, vai muitas parāds attiecībā uz muitai uzrādītām un ar kļūdainu apzīmējumu deklarētām precēm, šajā gadījumā – “virtuves piederumi” “cigarešu” vietā, rodas saskaņā ar Muitas kodeksa 202. pantu. Ar minētā jautājuma otro daļu iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai personu, kas iesniegusi kopsavilkuma vai muitas deklarāciju, norādot kļūdainu apzīmējumu, un kas neietilpst minētā 202. panta 3. punkta uzskaitījumā, neskatoties uz to, var uzskatīt par muitas maksājuma parādnieci, ja tā atbilst minētajā noteikumā sniegtajai šī jēdziena definīcijai. Par ceturtā jautājuma pirmo daļu 35     Kā tas jau ir norādīts, atbildot uz pirmo jautājumu, muitai uzrādītās un kompetentajiem dienestiem iesniegtajā dokumentācijā kļūdaini apzīmētās preces, šajā gadījumā – “virtuves piederumi” “cigarešu” vietā, Kopienā nav ievestas likumīgi. Ja šo preču ievešana ir veikta pretlikumīgi, ir piemērojams Muitas kodeksa 202. pants, kas paredz muitas parāda rašanās nosacījumus. No tā izriet, ka ar minēto darbību saistītais muitas parāds izriet no 202. panta. 36     Tādējādi uz ceturtā jautājuma pirmo daļu ir jāatbild, ka ar muitai uzrādītām un ar kļūdainu apzīmējumu deklarētām precēm saistītais muitas parāds izriet no Muitas kodeksa 202. panta. Par ceturtā jautājuma otro daļu 37     Atbilstoši Muitas kodeksa 202. panta 3. punktam par pretlikumīgas preču ievešanas rezultātā radušos muitas parādu ir atbildīgas trīs kategoriju personas, tas ir: personas, kas ir ievedušas preces; personas, kas piedalījušās preču pretlikumīgā ievešanā un apzinājušās, vai kurām būtu bijis jāapzinās, ka šāda ievešana ir pretlikumīga, un personas, kas ieguvušas vai turējušas attiecīgās preces un apzinājušās, vai kurām preču saņemšanas vai iegūšanas brīdī būtu bijis jāapzinās, ka tās ievestas pretlikumīgi. 38     Saskaņā ar Tiesas judikatūru no minētā noteikuma formulējuma izriet, ka Kopienu likumdevējs ir vēlējies plaši definēt personas, ko var atzīt par muitas maksājuma parādniekiem gadījumā, kad pretlikumīgi tiek ievestas ar ievedmuitas nodokli apliekamas preces (2004. gada 23. septembra spriedums lietā C‑414/02 Spedition Ulustrans , Krājums, I‑8633. lpp., 25. punkts). Tāpat likumdevējs ir vēlējies pilnībā paredzēt nosacījumus parādnieku noteikšanai attiecībā uz muitas parādu (iepriekš minētais spriedums lietā Spedition Ulustrans , 39. punkts). 39     Tiesa turklāt ir jau atgādinājusi, ka Muitas kodeksa 202. panta 3. punkta pirmais ievilkums atsaucas uz “personu”, kas pretlikumīgi ievedusi preces, nenorādot sīkāk, vai tā ir fiziska vai juridiska persona. Tādējādi par muitas maksājuma parādnieku var atzīt jebkuru “personu” minētā noteikuma izpratnē, tas ir, personu, kas uzskatāma par tādu, kura būtībā ir veikusi preču pretlikumīgu ievešanu (iepriekš minētais spriedums lietā Spedition Ulustrans , 26. punkts). Attiecībā uz šī noteikuma interpretāciju Tiesa tāpat ir atzinusi – pat ja citas personas saistībā ar tām pašām precēm var atzīt par parādniekiem saskaņā ar minētā 202. panta 3. punkta noteikumiem, persona, kas faktiski ievedusi preces, tās nedeklarējot, paliek parādniece atbilstoši minētā punkta pirmā ievilkuma noteikumiem (iepriekš minētais spriedums lietā Viluckas un Jonusas , 29. punkts). 40     Savukārt atzīšana par “parādnieku” Muitas kodeksa 202. panta 3. punkta otrā un trešā ievilkuma izpratnē ir pakļauta subjektīva vērtējuma nosacījumiem, proti, ka persona – vai nu fiziska, vai juridiska – ir apzināti piedalījusies pretlikumīgā preču ievešanā vai pretlikumīgi ievestu preču iegādē vai turēšanā. Minētais vērtējums noteiktos gadījumos izslēdz personas atzīšanu par parādnieku (iepriekš minētais spriedums lietā Spedition Ulustrans , 27. un 28. punkts). 41     Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, uz ceturtā jautājuma otro daļu ir jāatbild tādējādi, ka iesniedzējtiesai, ņemot vērā pamata lietas apstākļus, ir jāpārbauda, vai persona, kas iesniegusi kopsavilkuma vai muitas deklarāciju, sakarā ar kļūdaina apzīmējuma norādīšanu ir pretlikumīgi ievedusi preces. Ja tas tā nav, minētajai tiesai ir jāpārbauda, vai persona, veicot šo darbību, ir piedalījusies preču ievešanā, apzinoties, vai ja tai būtu bijis jāapzinās, ka minētā ievešana ir pretlikumīga. Par tiesāšanās izdevumiem 42     Attiecībā uz lietas dalībniekiem pamata prāvā šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Tiesāšanas izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, kas nav minēto lietas dalībnieku tiesāšanās izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (sestā palāta) nospriež: 1) muitai uzrādītās preces, par kurām ir iesniegta kopsavilkuma deklarācija un Kopienas ārējā tranzīta dokuments atzīts par derīgu, Kopienas muitas teritorijā nav ievestas likumīgi, ja muitas dienestiem iesniegtajā dokumentācijā preces ir norādītas ar kļūdainu apzīmējumu; 2) muitas parāds saistībā ar muitai uzrādītām un ar kļūdainu apzīmējumu deklarētām precēm izriet no Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi 202. panta; 3) iesniedzējtiesai, ņemot vērā pamata lietas apstākļus, ir jāpārbauda, vai persona, kas iesniegusi kopsavilkuma vai muitas deklarāciju, sakarā ar kļūdaina apzīmējuma norādīšanu ir pretlikumīgi ievedusi preces. Ja tas tā nav, minētajai tiesai ir jāpārbauda, vai persona, veicot šo darbību, ir piedalījusies preču ievešanā, apzinoties, vai ja tai būtu bijis jāapzinās, ka minētā ievešana ir pretlikumīga. [Paraksti] * Tiesvedības valoda – holandiešu.

62012CJ0129

it

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 della decisione 1999/183/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale ( GU 1999, L 60, pag. 61 ). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Magdeburger Mühlenwerke GmbH (in prosieguo: la «Magdeburger Mühlenwerke») e il Finanzamt Magdeburg (in prosieguo: il «Finanzamt»), in merito al diniego da parte di quest’ultimo, nel calcolo di un aiuto agli investimenti, di prendere in considerazione determinati investimenti nell’industria molitoria. Contesto normativo Il diritto dell’Unione La decisione 94/173/CEE della Commissione, del 22 marzo 1994, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e che abroga la decisione 90/342/CEE ( GU L 79, pag. 29 ), al punto 2.1., primo trattino, del suo allegato, dispone quanto segue: «2.1. Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli investimenti seguenti: — investimenti riguardanti (…) l’industria molitoria (…)». Nel 1995 la Commissione delle Comunità europee ha adottato gli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ( GU 1996, C 29, pag. 4 ; in prosieguo: gli «orientamenti nel settore agricolo»). Con lettera n. SG (95) D/13086 del 20 ottobre 1995, essa li ha comunicati agli Stati membri. Al punto 3, lettera b), di detti orientamenti, la Commissione ha precisato, in particolare, che «non sono considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per investimenti (…) esclusi in modo assoluto al punto 2 del[l’allegato alla decisione 94/173]». Dal medesimo punto, lettera b), risulta che tali orientamenti riguardano, segnatamente, gli aiuti concessi nell’ambito di un regime d’aiuto con finalità regionale. Il dispositivo della decisione 1999/183 prevede, in particolare: « Articolo 1 I regimi di aiuto di Stato regionali della Germania sono incompatibili con il mercato comune (…), in quanto non rispettano gli orientamenti e le opportune misure per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, comunicati al[la Repubblica federale di Germania] con lettera [SG(95) D/13086] del 20 ottobre 1995. Articolo 2 Entro due mesi dalla data della presente decisione, [la Repubblica federale di Germania] modifica, o se necessario sopprime, gli aiuti e i regimi di aiuto esistenti, in modo da garantirne la compatibilità con il mercato comune. In particolare, conformemente al punto 3[, lettera] b)[,] degli orientamenti di cui all’articolo 1, [la Repubblica federale di Germania] garantisce che: 1) non vengano concessi aiuti di Stato per investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli a favore di investimenti (…) esclusi in modo assoluto al punto 2 del[l’allegato della decisione 94/173] (…) Articolo 3 Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione [la Repubblica federale di Germania] comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi. (…)». La normativa tedesca La legge sugli incentivi agli investimenti (Investitionszulagengesetz) del 22 gennaio 1996, volta ad accelerare e ad intensificare l’attività d’investimento delle imprese private nella regione destinataria dell’aiuto, vale a dire del Land di Berlino e dei nuovi Länder, prevedeva il versamento di un incentivo agli investimenti, sotto forma di un aiuto di Stato, a coloro che avessero realizzato determinati investimenti nella loro impresa. Ai sensi dell’articolo 2, primo periodo, di tale legge: «Costituiscono investimenti ammissibili l’acquisto e la produzione di nuovi beni mobili consumabili destinati alle immobilizzazioni che, dopo almeno 3 anni dal loro acquisto o dalla loro produzione, 1) facciano parte dell’immobilizzazione di un’impresa o di uno stabilimento nella regione assistita, 2) rimangano in uno stabilimento nella regione assistita, e 3) ogni anno siano utilizzati al massimo al 10% a fini privati». Il secondo periodo della stessa disposizione specifica gli investimenti inammissibili all’incentivo agli investimenti. In base al suo punto 4, inserito dalla legge del 1999 sugli sgravi fiscali (Steuerentlastungsgesetz 1999) del 19 dicembre 1998, entrata in vigore il 24 dicembre 1998, sono inammissibili, in particolare: «4) i beni che l’interessato ha acquistato (…) dopo il 2 settembre 1998 e che sono menzionati (…) al punto 2 dell’allegato alla [decisione 94/173] (…)». L’articolo 3, punto 4, di tale legge così dispone: «(…) gli investimenti sono ammissibili qualora il beneficiario: 4.   abbia iniziato a realizzarli dopo il 30 giugno 1994 concludendoli entro il 1 o gennaio 1999 e qualora si tratti di investimenti in imprese di trasformazione (…)». Il quarto e il quinto periodo di tale disposizione precisano quanto segue: «Gli investimenti sono considerati conclusi al momento di acquisto dei beni (…). Si ritiene che il momento di inizio della loro realizzazione coincida con quello in cui i beni sono ordinati (…)». Conformemente all’articolo 4, primo periodo, di detta legge: «La base di calcolo dell’incentivo agli investimenti è costituita dalla somma dei costi di acquisto (…) degli investimenti sovvenzionati conclusi nell’anno contabile». L’articolo 6, paragrafo 1, di detta legge stabilisce che la «richiesta di incentivo agli investimenti deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno civile successivo all’anno contabile nel quale gli investimenti sono stati conclusi». L’articolo 9a del regolamento di attuazione della legge relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) definisce l’anno di acquisizione come «l’anno della consegna (…)». Secondo il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, dalla giurisprudenza del Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) risulta che la data di consegna deve essere considerata come il momento in cui il bene è pronto ad essere utilizzato nell’impresa dell’acquirente. Fatti e questione pregiudiziale La legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti non prevedeva inizialmente alcuna restrizione per gli investimenti nel settore agricolo, poiché il governo federale tedesco aveva considerato i menzionati orientamenti come una raccomandazione non vincolante. Dagli atti di causa emerge che il 31 maggio 1995 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione la legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE. L’Istituzione ha esaminato tale legge nell’ambito delle pratiche N494/A/95 e N710/C/95 e ha dato la propria autorizzazione con decisione del 29 novembre 1995, precisando che l’applicazione di tale regime di aiuto doveva rispettare le disposizioni comunitarie applicabili, segnatamente, all’agricoltura. Negli orientamenti relativi al settore agricolo, la Commissione ha invitato gli Stati membri a confermare entro due mesi il loro adeguamento, entro e non oltre il 1 o gennaio 1996, modificando gli aiuti esistenti. In mancanza di conferma, la Commissione si riservava il diritto di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE. La Repubblica federale di Germania non si è conformata a detta richiesta. Di conseguenza, il 12 giugno 1996 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale contro i regimi di aiuto con finalità regionale esistenti in Germania nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. Tale decisione è stata pubblicata il 5 febbraio 1997 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( GU C 36, pag. 13 ). Tale procedimento si è concluso il 20 maggio 1998 con l’adozione, in pari data, della decisione 1999/183, notificata alla Repubblica federale di Germania il 2 luglio 1998. Con comunicazione del 18 settembre 1998, pubblicata il 28 settembre 1998 nel Bundessteuerblatt (Gazzetta tributaria federale; in prosieguo: il «BStBl»), il Ministero federale tedesco delle Finanze ha informato le supreme autorità tributarie dei Länder che, a decorrere dal 3 settembre 1998, in particolare per gli investimenti previsti al punto 2 dell’allegato alla decisione 94/173, non sarebbe stato più possibile concedere aiuti, facendo presente che era prevista una modifica in tal senso della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti (in prosieguo: la «lettera del 18 settembre 1998»). Il legislatore tedesco, con la legge del 1999 sugli sgravi fiscali, ha modificato la legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti, di cui supra al punto 9. Il 10 settembre 1999 la Magdeburger Mühlenwerke, che gestisce un’impresa molitoria nei nuovi Länder, ha chiesto un incentivo di importo pari a circa DEM 5,9 milioni per gli investimenti relativi all’anno 1998. Il Finanzamt, tuttavia, ha ritenuto che gli investimenti ammissibili per l’aiuto ammontassero a soli DEM 1,9 milioni. Infatti, esso ha escluso di prendere in considerazione, nella base di calcolo dell’aiuto ai sensi dell’articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti, gli investimenti per i quali la decisione di investimento definitiva fosse stata adottata entro il 2 settembre 1998, ma la consegna del bene fosse avvenuta solo successivamente a tale data. Il 26 settembre 2001 la Magdeburger Mühlenwerke ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, sostenendo che l’inserimento dell’articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti violava il principio costituzionale di irretroattività. In particolare, la Magdeburger Mühlenwerke ha fatto valere che l’effetto retroattivo dell’articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti aveva pregiudicato il suo legittimo affidamento, in quanto, da un lato, a decorrere dal momento di adozione della decisione di investire, la norma in base alla quale l’aiuto è concesso costituisce il fondamento del legittimo affidamento del richiedente l’aiuto. Orbene, la sua decisione di investire sarebbe stata adottata prima del 3 settembre 1998 e il legislatore tedesco non avrebbe previsto in detta disposizione alcuna riserva con riguardo al diritto dell’Unione né avrebbe creato un regime transitorio applicabile agli investimenti già realizzati. D’altro lato, la società medesima avrebbe potuto essere informata dell’impossibilità di percepire un incentivo agli investimenti solo successivamente al 28 settembre 1998, vale a dire alla data di pubblicazione nel BStBl della comunicazione del 18 settembre 1998, e dopo un termine adeguato per prenderne conoscenza. Il Finanzamt ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la decisione 94/173 è stata pubblicata il 23 marzo 1994 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e da allora è stata resa accessibile a tutti, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, il legittimo affidamento dei richiedenti l’aiuto non potrebbe più essere oggetto di una tutela. Il 20 dicembre 2007 il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt ha sospeso il procedimento e ha sottoposto al Bundesverfassungsgericht la questione se l’articolo 2, secondo periodo, punto 4, della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti sia compatibile con il principio costituzionale di irretroattività. In proposito, esso ha precisato che, dato che la modifica controversa della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti si applica altresì alle decisioni di investimento definitive adottate dall’investitore prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina tedesche, tale modifica ha effetto retroattivo. Secondo il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, l’aiuto dovrebbe essere considerato concesso nel momento di adozione della decisione di investimento definitiva. Infatti, il regime di aiuto nazionale avrebbe prodotto l’effetto incentivante nel momento in cui l’investitore sia stato indotto ad adottare la decisione di investire. Inoltre, tale interpretazione sarebbe avvalorata dal tenore letterale della decisione 1999/183 che prevede un termine per conformarvisi. Per di più, l’articolo 2 della decisione 1999/183 dovrebbe essere interpretato alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento. In proposito, il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt ha ritenuto che la Commissione, per motivi di tutela del legittimo affidamento, avesse autorizzato, con la decisione 1999/183, un regime transitorio per le decisioni definitive di investimento concluse prima della pubblicazione della medesima decisione. Di conseguenza, dato che la Repubblica federale di Germania aveva avuto la possibilità di istituire un regime transitorio e ha scelto di modificare retroattivamente la legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti, la modifica legislativa controversa non potrebbe essere giustificata dall’interesse generale. Con ordinanza del 4 ottobre 2011, il Bundesverfassungsgericht ha respinto la domanda in quanto irricevibile, rilevando, in particolare, che il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt, prima di essere adito, avrebbe dovuto interrogare la Corte sulla questione se l’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 riguardasse o meno gli aiuti agli investimenti per i quali la decisione di investimento definitiva fosse stata adottata entro il 2 settembre 1998, ma la consegna del bene fosse avvenuta solo successivamente a tale data. Ciò considerato, il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la [decisione 1999/183] abbia lasciato al legislatore tedesco un margine discrezionale in sede di trasposizione dell’articolo 2, secondo periodo, punto 4, della [legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti], secondo cui detta disposizione avrebbe introdotto una norma di agevolazione per gli investimenti ivi contemplati, riguardo ai quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine per la trasposizione della decisione [1999/183] ovvero prima della pubblicazione delle misure previste nel [BStBl], ma la consegna dell’oggetto dell’investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo abbiano avuto luogo successivamente». Sulla questione pregiudiziale Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 della decisione 1999/183 osti alla concessione degli aiuti agli investimenti relativi all’industria molitoria, riguardo ai quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine impartito alla Repubblica federale di Germania per conformarsi a detta decisione ovvero prima della pubblicazione nel BStBl delle misure previste a tal fine, laddove la consegna dell’oggetto dell’investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo siano avvenuti solo dopo la scadenza di detto termine o successivamente a tale pubblicazione. Dalla decisione di rinvio emerge che, alla luce delle circostanze del procedimento principale, il Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt si interroga, in particolare, sul momento in cui un aiuto deve essere considerato concesso, nonché sui requisiti del principio della tutela del legittimo affidamento. In proposito occorre rilevare che la Repubblica federale di Germania, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183, deve garantire che, entro due mesi dalla notifica di tale decisione, nella fattispecie a decorrere dal 3 settembre 1998, non siano concessi aiuti per investimenti riguardanti, segnatamente, l’industria molitoria. Orbene, si deve ricordare che, conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, la Commissione, qualora accerti che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno, impone allo Stato medesimo di sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Il termine menzionato al punto 36 della presente sentenza è stato quindi concesso alla Repubblica federale di Germania solo per modificare o, se necessario, abrogare gli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, la decisione 1999/183 non prevede alcun regime transitorio. Pertanto, è giocoforza constatare che il divieto di concedere aiuti per investimenti relativi all’industria molitoria dopo il 2 settembre 1998 è incondizionato. Ne consegue che l’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non consente che gli aiuti agli investimenti riguardanti l’industria molitoria siano concessi successivamente al 2 settembre 1998. Riguardo alla questione relativa all’individuazione del momento di concessione dell’incentivo all’investimento di cui trattasi nel procedimento principale, si deve osservare che gli aiuti devono essere considerati concessi nel momento in cui il diritto di riceverli sia conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile. Pertanto, spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base del diritto nazionale applicabile, il momento in cui detto aiuto deve essere considerato concesso. A tal fine, esso deve tener conto dell’insieme delle condizioni poste dal diritto nazionale per ottenere l’aiuto de quo. Di conseguenza, qualora le condizioni indicate sussistessero tutte, al più tardi, al 2 settembre 1998, il divieto enunciato nell’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non inficierebbe il versamento della corrispondente quota dell’aiuto, atteso che la decisione non richiede il recupero degli aiuti già concessi. Per contro, nel caso in cui le menzionate condizioni sussistessero tutte solo successivamente a tale data, il divieto si applicherebbe senza alcuna riserva. Ciò premesso, si deve sottolineare che spetta al giudice del rinvio garantire che il divieto enunciato all’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non venga eluso. Orbene, come sembra emergere da quanto esposto supra ai punti 8-15, tra le condizioni richieste nella normativa tedesca ai fini dell’acquisizione del diritto ad un incentivo agli investimenti figura comunque quella secondo cui l’investimento deve essere concluso. Pertanto, successivamente alla decisione 1999/183, il giudice nazionale non può ritenere acquisito il diritto all’aiuto de quo nel momento di adozione, da parte del richiedente l’aiuto stesso, della decisione di investimento definitiva. Infatti, alla luce, segnatamente, del carattere incondizionato del divieto enunciato all’articolo 2, punto 1, di detta decisione, e della circostanza che il termine previsto è stato concesso alla Repubblica federale di Germania solo per modificare o, se necessario, abrogare gli aiuti e i regimi d’aiuto esistenti al fine di garantire la loro compatibilità con il mercato interno, ogni interpretazione da parte delle autorità nazionali dei requisiti di concessione dell’aiuto di cui trattasi nel procedimento principale, che anticipi il momento in cui l’aiuto stesso è considerato concesso, equivarrebbe ad eludere detto divieto. Del resto, l’effetto incentivante di una misura d’aiuto rientra nell’esame della sua compatibilità con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011, Germania/Commissione, C-544/09 P, punto 68). Pertanto, occorre aggiungere che la circostanza che la legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti abbia potuto avere un effetto incentivante per gli investimenti in esame è irrilevante ai fini della determinazione del momento in cui un aiuto deve essere considerato concesso. Laddove il giudice del rinvio si chiede se i requisiti del principio della tutela del legittimo affidamento richiedano che, in un caso come quello del procedimento principale, una decisione d’investimento definitiva adottata prima del 3 settembre 1998 possa tuttavia beneficiare di un aiuto, occorre ricordare che il 12 giugno 1996 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale nei confronti, segnatamente, degli aiuti agli investimenti relativi all’industria molitoria concessi in forza della legge del 22 gennaio 1996 sugli incentivi agli investimenti e che la decisione di avvio di tale procedimento è stata pubblicata il 5 febbraio 1997 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Anche supponendo che un operatore economico diligente, prima di tale pubblicazione, potesse far valere il legittimo affidamento nella concessione dell’aiuto, questi non poteva più fondarvisi a decorrere da detta pubblicazione. Infatti, l’avvio del procedimento d’indagine formale implica la sussistenza di seri dubbi da parte della Commissione circa la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il diritto dell’Unione. Pertanto, un operatore economico diligente, a partire da tale momento, non può più far affidamento sulla continuità dell’aiuto. Del resto, per i motivi esposti supra ai punti 46 e 47, la pubblicazione nel BStBl della comunicazione del 18 settembre 1998 è irrilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un legittimo affidamento in capo alla ricorrente nel procedimento principale. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 2 della decisione 1999/183 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che siano concessi aiuti agli investimenti relativi all’industria molitoria per i quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine impartito alla Repubblica federale di Germania per conformarsi a detta decisione ovvero prima della pubblicazione nel BStBl delle misure adottate a tal fine, sebbene la consegna dell’oggetto dell’investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo abbiano avuto luogo solo successivamente alla scadenza del termine o della pubblicazione medesimi, qualora il momento in cui l’incentivo agli investimenti è considerato concesso si collochi solo successivamente alla scadenza di detto termine. Spetta al giudice del rinvio determinare il momento in cui un incentivo agli investimenti come quello di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerato concesso, tenendo conto di tutte le condizioni fissate dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’aiuto in questione e verificando che il divieto enunciato all’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non venga eluso. Sulle spese Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 2 della decisione 1999/183/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, in merito agli aiuti di Stato nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli che potrebbero essere concessi dalla Germania sulla base degli esistenti regimi di aiuto con finalità regionale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che siano concessi aiuti agli investimenti relativi all’industria molitoria per i quali la decisione di investimento definitiva sia stata adottata prima della scadenza del termine impartito alla Repubblica federale di Germania per conformarsi a detta decisione ovvero prima della pubblicazione nel Bundessteuerblatt delle misure adottate a tal fine, sebbene la consegna dell’oggetto dell’investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo abbiano avuto luogo solo successivamente alla scadenza del termine o della pubblicazione medesimi, qualora il momento in cui un incentivo agli investimenti è considerato concesso si collochi solo successivamente alla scadenza di detto termine. Spetta al giudice del rinvio determinare il momento in cui un incentivo agli investimenti come quello di cui trattasi nel procedimento principale debba essere considerato concesso, tenendo conto di tutte le condizioni fissate dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’aiuto in questione e verificando che il divieto enunciato all’articolo 2, punto 1, della decisione 1999/183 non venga eluso. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

62007CJ0424

en

By its application, the Commission of the European Communities seeks a declaration that, by adopting Paragraphs 3(12b), and 9a of the Law on Telecommunications, of 22 June 2004, (Telekommunikationsgesetz, BGBl. 2004 I, p. 1190) (‘the TKG’), introduced by the Law amending the provisions on telecommunications (Gesetz zur Änderung telekommunidationsrechtlicher Vorschriften) of 18 February 2007 (BGBl. 2007 I, p. 106), the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under Article 8(4) of Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive) (OJ 2002 L 108, p. 7), Articles 6 to 8(1) and (2), 15(3) and 16 of Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive) (OJ 2002 L 108, p. 33), and Article 17(2) of Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive) (OJ 2002 L 108, p. 51). Legal background Community law Article 8(4) of the Access Directive provides: ‘Obligations imposed in accordance with this Article shall be based on the nature of the problem identified, proportionate and justified in the light of the objectives laid down in Article 8 of [the Framework Directive]. Such obligations shall only be imposed following consultation in accordance with Articles 6 and 7 of that Directive.’ In accordance with recital 27 in the preamble to the Framework Directive ‘[i]t is essential that ex ante regulatory obligations should only be imposed where there is not effective competition, i.e. in markets where there are one or more undertakings with significant market power, and where national and Community competition law remedies are not sufficient to address the problem. It is necessary therefore for the Commission to draw up guidelines at Community level in accordance with the principles of competition law for national regulatory authorities [“NRAs”] to follow in assessing whether competition is effective in a given market and in assessing significant market power. [NRAs] should analyse whether a given product or service market is effectively competitive in a given geographical area, which could be the whole or a part of the territory of the Member State concerned or neighbouring parts of territories of Member States considered together. An analysis of effective competition should include an analysis as to whether the market is prospectively competitive, and thus whether any lack of effective competition is durable. Those guidelines will also address the issue of newly emerging markets, where de facto the market leader is likely to have a substantial market share but should not be subjected to inappropriate obligations. The Commission should review the guidelines regularly to ensure that they remain appropriate in a rapidly developing market. [NRAs] will need to cooperate with each other where the relevant market is found to be transnational’. Recital 11 in the preamble to the Framework Directive states that ‘[i]n accordance with the principle of the separation of regulatory and operational functions, Member States should guarantee the independence of the [NRA or NRAs] with a view to ensuring the impartiality of their decisions. …’ Article 1(1) of the Framework Directive states: ‘This Directive establishes a harmonised framework for the regulation of electronic communications services, electronic communications networks, associated facilities and associated services. It lays down tasks of [NRAs] and establishes a set of procedures to ensure the harmonised application of the regulatory framework throughout the Community.’ Article 3(2) and (3) of that directive provides: ‘2.       Member States shall guarantee the independence of the [NRAs] by ensuring that they are legally distinct from and functionally independent of all organisations providing electronic communications networks, equipment or services. Member States that retain ownership or control of undertakings providing electronic communications networks and/or services shall ensure effective structural separation of the regulatory function from activities associated with ownership or control. 3.       Member States shall ensure that [NRAs] exercise their powers impartially and transparently.’ Under Article 6 of the Framework Directive: ‘Except in cases falling within Articles 7(6), 20 or 21, Member States shall ensure that where the [NRAs] intend to take measures in accordance with this Directive or the Specific Directives which have a significant impact on the relevant market, they give interested parties the opportunity to comment on the draft measure within a reasonable period. The [NRAs] shall publish their national consultation procedures. Member States shall ensure the establishment of a single information point through which all current consultations can be accessed. The results of the consultation procedure shall be made publicly available by the [NRA], except in the case of confidential information in accordance with Community and national law on business confidentiality.’ Article 7 of the Framework Directive provides: ‘1.       In carrying out their tasks under this Directive and the Specific Directives, [NRAs] shall take the utmost account of the objectives set out in Article 8, including in so far as they relate to the functioning of the internal market. 2.       NRAs shall contribute to the development of the internal market by cooperating with each other and with the Commission in a transparent manner to ensure the consistent application, in all Member States, of the provisions of this Directive and the Specific Directives. To this end, they shall, in particular, seek to agree on the types of instruments and remedies best suited to address particular types of situations in the market place. 3.       In addition to the consultation referred to in Article 6, where a national regulatory authority intends to take a measure which: (a)       falls within the scope of Articles 15 or 16 of this Directive, Articles 5 or 8 of Directive 2002/19/EC (Access Directive) or Article 16 of Directive 2002/22/EC (Universal Service Directive), and (b)       would affect trade between Member States, it shall at the same time make the draft measure accessible to the Commission and the [NRAs] in other Member States, together with the reasoning on which the measure is based, in accordance with Article 5(3), and inform the Commission and other [NRAs] thereof. [NRAs] and the Commission may make comments to the national regulatory authority concerned only within one month or within the period referred to in Article 6 if that period is longer. The one-month period may not be extended. 4.       Where an intended measure covered by paragraph 3 aims at: (a)       defining a relevant market which differs from those defined in the recommendation in accordance with Article 15(1), or (b)       deciding whether or not to designate an undertaking as having, either individually or jointly with others, significant market power, under Article 16(3), (4) or (5), and would affect trade between Member States and the Commission has indicated to the [NRA] that it considers that the draft measure would create a barrier to the single market or if it has serious doubts as to its compatibility with Community law and in particular the objectives referred to in Article 8, then the draft measure shall not be adopted for a further two months. This period may not be extended. Within this period the Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 22(2), take a decision requiring the [NRA] concerned to withdraw the draft measure. This decision shall be accompanied by a detailed and objective analysis of why the Commission considers that the draft measure should not be adopted together with specific proposals for amending the draft measure. 5.      The [NRA] concerned shall take the utmost account of comments of other [NRAs] and the Commission and may, except in cases covered by paragraph 4, adopt the resulting draft measure and, where it does so, shall communicate it to the Commission. …’ Under the heading ‘Policy objectives and regulatory principles’, Article 8(1) and (2) of the Framework Directive provides: ‘1.      Member States shall ensure that in carrying out the regulatory tasks specified in this Directive and the Specific Directives, the [NRAs] take all reasonable measures which are aimed at achieving the objectives set out in paragraphs 2, 3 and 4. Such measures shall be proportionate to those objectives. Member States shall ensure that in carrying out the regulatory tasks specified in this Directive and the Specific Directives, in particular those designed to ensure effective competition, [NRAs] take the utmost account of the desirability of making regulations technologically neutral. … 2.       The [NRAs] shall promote competition in the provision of electronic communications networks, electronic communications services and associated facilities and services by inter alia: (a)       ensuring that users, including disabled users, derive maximum benefit in terms of choice, price, and quality; (b)       ensuring that there is no distortion or restriction of competition in the electronic communications sector; (c)       encouraging efficient investment in infrastructure, and promoting innovation, and (d)      encouraging efficient use and ensuring the effective management of radio frequencies and numbering resources.’ Article 15 of the Framework Directive concerns the market definition procedure. Paragraph 3 thereof provides: ‘[NRAs] shall, taking the utmost account of the recommendation and the guidelines, define relevant markets appropriate to national circumstances, in particular relevant geographic markets within their territory, in accordance with the principles of competition law. [NRAs] shall follow the procedures referred to in Articles 6 and 7 before defining the markets that differ from those defined in the recommendation.’ Article 16 of the Framework Directive which concerns the market analysis procedure provides: ‘1.       As soon as possible after the adoption of the recommendation or any updating thereof, [NRAs] shall carry out an analysis of the relevant markets, taking the utmost account of the guidelines. Member States shall ensure that this analysis is carried out, where appropriate, in collaboration with the [NRAs]. 2.       Where [an NRA] is required under Articles 16, 17, 18 or 19 of Directive 2002/22/EC (Universal Service Directive), or Articles 7 or 8 of Directive 2002/19/EC (Access Directive) to determine whether to impose, maintain, amend or withdraw obligations on undertakings, it shall determine on the basis of its market analysis referred to in paragraph 1 of this Article whether a relevant market is effectively competitive. 3.      Where [an NRA] concludes that the market is effectively competitive, it shall not impose or maintain any of the specific regulatory obligations referred to in paragraph 2 of this Article. In cases where sector specific regulatory obligations already exist, it shall withdraw such obligations placed on undertakings in that relevant market. An appropriate period of notice shall be given to parties affected by such a withdrawal of obligations. 4.       Where [an NRA] determines that a relevant market is not effectively competitive, it shall identify undertakings with significant market power on that market in accordance with Article 14 and the [NRA] shall on such undertakings impose appropriate specific regulatory obligations referred to in paragraph 2 of this Article or maintain or amend such obligations where they already exist. 5.       In the case of transnational markets identified in the Decision referred to in Article 15(4), the [NRAs] concerned shall jointly conduct the market analysis taking the utmost account of the guidelines and decide on any imposition, maintenance, amendment or withdrawal of regulatory obligations referred to in paragraph 2 of this Article in a concerted fashion. 6.       Measures taken according to the provisions of paragraphs 3, 4 and 5 of this Article shall be subject to the procedures referred to in Articles 6 and 7.’ Article 17(2) of the Universal Services Directive provides: ‘Obligations imposed under paragraph 1 shall be based on the nature of the problem identified and be proportionate and justified in the light of the objectives laid down in Article 8 of [the Framework Directive]. The obligations imposed may include requirements that the identified undertakings do not charge excessive prices, inhibit market entry or restrict competition by setting predatory prices, show undue preference to specific end-users or unreasonably bundle services. [NRAs] may apply to such undertakings appropriate retail price cap measures, measures to control individual tariffs, or measures to orient tariffs towards costs or prices on comparable markets, in order to protect end-user interests whilst promoting effective competition.’ According to recital 15 in the preamble to the Commission Recommendation of 11 February 2003 on relevant product and service markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21 (OJ 2003 L 114, p. 45) (‘the Commission recommendation’), new and emerging markets, in which market power may be found to exist because of ‘first-mover’ advantages, should not in principle be subject to ex ante regulation. Paragraph 1 of the Commission recommendation provides: ‘In defining relevant markets in accordance with Article 15(3) of the [Framework Directive], [NRAs] are recommended to analyse the product and service markets identified in the Annex.’ According to point 1 of the Commission’s guidelines for market analysis and assessment of significant market power under the Community regulatory framework for electronic communications networks and services (OJ 2002 C 165, p. 6) (‘the guidelines’): ‘These guidelines set out the principles for use by [NRAs] in the analysis of markets and effective competition under the new regulatory framework for electronic communications networks and services.’ Paragraph 6 of the guidelines states: ‘These guidelines are intended to guide NRAs in the exercise of their new responsibilities for defining markets and assessing [significant market power]. …’ In accordance with point 32 of the guidelines: ‘As far as emerging markets are concerned, recital 27 of the Framework Directive notes that emerging markets, where de facto the market leader is likely to have a substantial market share, should not be subject to inappropriate ex ante regulation. This is because premature imposition of ex ante regulation may unduly influence the competitive conditions taking shape within a new and emerging market. …’ National legislation According to Paragraph 2(2) of the TKG, entitled ‘Regulation and objectives’: ‘The objectives of the regulation are as follows: 1.       protecting the interests of users, particularly consumers, in the telecommunications sector, and telecommunications confidentiality; 2.       guaranteeing fair competition and promoting sustainable competitive telecommunications markets for telecommunications networks and services together with associated facilities and services in both rural and urban areas; 3.       encouraging effective investment in infrastructure and supporting innovation; 4.       promoting the development of the internal market of the European Union; 5.       guaranteeing the basic provision of telecommunications services at affordable rates throughout the territory (universal service); 6.       promoting telecommunications services at the level of public institutions; 7.       guaranteeing an effective use of frequencies free from interference, and taking account of the interests of radiobroadcasts; 8.       ensuring efficient use of numbering resources, 9.       protecting the interests of public safety.’ According to Paragraph 3(12b) of the TKG, entitled ‘Definitions’: ‘A “new market” is a market for services or products which are significantly different from currently available services or products in terms of their effectiveness, their range, their availability for a large number of users (mass-market capacity), their price or their quality from the point of view of a knowledgeable buyer, and which do not simply replace those products…’ Under Paragraph 9a of the TKG, entitled ‘New markets’: ‘1.       Save as provided for in the following paragraph, new markets shall not, in principle, be subject to regulation within the meaning of Part 2. 2.       Where certain facts suggest that, in the absence of regulation, the development of a sustainable competitive market in the area of services or telecommunications networks would be hindered in the long term, the “Bundesnetzagentur” [German regulatory authority in the telecommunications sector] may, by way of derogation from subparagraph 1 above, submit a new market to regulation within the meaning of Part 2, in accordance with Paragraphs 9, 10, 11 and 12. In order to assess the need for regulation and in imposing specific measure, the “Bundesnetzagentur” shall take into particular account the objective of promoting efficient investment in infrastructure and of supporting innovation.’ Pre-litigation procedure Following contacts between the Commission and the Federal Republic of Germany regarding the Commission’s reservations as to compatibility of the new provisions of the TKG with the common regulatory framework for electronic communications, the Commission, by letter of 26 February 2007, initiated the present infringement action under Article 226 EC, giving the Federal Republic of Germany formal notice to submit its observations within 15 days. At the request of that Member State that period was extended for a further 15 days. By letter of 28 March 2007, the Federal Republic of Germany submitted that the new provisions of the TKG were perfectly compatible with Community law. On 3 May 2007, the Commission issued a reasoned opinion calling on that Member State to take the measures necessary to comply with that opinion within one month from the date of its receipt. By letter of 4 June 2007, the Federal Republic of Germany defended its position and, on 5 June 2007, it submitted to the Commission an administrative provision from the Bundesnetzagentur, entitled ‘Principles of interpretation by the Bundesnetzagentur regarding Paragraph 9a of the TKG’. In those circumstances, the Commission decided to bring the present proceedings. The action Admissibility Arguments of the parties The Federal Republic of Germany takes the view that the present proceedings are inadmissible on the ground that the Commission neither initiated nor conducted the pre-litigation procedure correctly and did not respect its rights of defence. First, the Commission decided to initiate the infringement proceedings on 20 December 2006 when no national law existed which could have justified such an alleged infringement, since that law was published in the Budesgesetzblatt on 23 February 2007. Second, it is clear from the Commission’s attitude and, in particular, from its press releases, that it was determined to reject the arguments relied on by the Federal Republic of Germany without any examination whatsoever, and to bring proceedings before the Court as soon as possible. Such an attitude prevented that Member State from defending itself effectively during the pre-litigation procedure. The Federal Republic of Germany also claims that the action is inadmissible in so far as, in order to establish an infringement of the provisions of the relevant directives, the Commission should have used the procedure laid down in Article 7 of the Framework Directive which aims to consolidate decisions of the NRAs vis-à-vis the Commission. That provision provides for an independent procedure, having the same purpose as infringement proceedings, intended to ensure an application which is compatible and consistent with the common regulatory framework in all the Member States in order to allow the completion of the internal market in networks and communication services. The Commission replies, first of all, that it sent the letter of formal notice to the Federal Republic of Germany after the publication of the contested law in the Bundesgesetzblatt. The Commission also points out that it is not required to wait for all the formalities provided for in national law before deciding to initiate infringement proceedings. Next, the Commission takes the view that it examined the Federal Republic of Germany’s arguments during the pre-litigation procedure, but was unable to concur with them. In any event, that Member State did not mention the issue of admissibility, but challenged the substance of the proceedings. Finally, the Commission submits that the Court has already held that the general power granted to the Commission under Article 226 EC cannot be derogated from by a specific procedure laid down in a directive. Findings of the Court First, it must be observed that the new provisions of the TKG were published in the Budesgesetzblatt on 23 February 2007 and entered into force on the day after their publication. Although it is true that on 20 December 2006 the Commission authorised the commissioner responsible to initiate infringement proceedings against the Federal Republic of Germany, the fact remains that the proceedings were initiated against that Member State only by sending the letter of formal notice, on 26 February 2007, after the publication and entry into force of the provisions concerned. Therefore, in any event, the alleged infringements preceded the sending of the letter of formal notice. Second, the Federal Republic of Germany submits that it is clear from the Commission’s attitude that it had decided to reject the arguments relied on by that Member State without any examination whatsoever. In that connection, it must be observed, first of all, that it does not appear from the Commission’ press release of 26 February 2007, to which the Federal Republic of Germany refers, that the Commission failed to respect the rights of the defence of the Member State concerned. The fact that the Commission announced the initiation of an expedited procedure against that Member State in that press release does not mean that the Commission intended to ignore the arguments that the Member State was going to put forward in the pre-litigation procedure. Finally, it must be held, first, that the Federal Republic of Germany had an opportunity effectively to express its views during the pre-litigation procedure and, second, that the Commission did in fact take into consideration the position defended by that Member State. It must be recalled that, in the letter of formal notice of 26 February 2007, the Federal Republic of Germany was called on to lodge observations within 15 days, which was subsequently extended to 1 month at the request of that Member State. The latter sent its response to the letter of formal notice on 28 March 2007. It is clear from the reasoned opinion, and particularly from paragraph 4 thereof entitled ‘Germany’s arguments and the Commission’s reply’, that the Commission duly took account of the arguments put forward by that Member State in its response to the letter of formal notice. In those circumstances, the complaint alleging an infringement of the rights of defence must be rejected. In so far as it is asserted that the Commission incorrectly analysed the Federal Republic of Germany’s response to the letter of formal notice, it must be recalled that even if that assertion were well founded, it would not constitute a ground of inadmissibility but a factor which the Court must, where appropriate, take into account in the assessment of the substance of the case (Case C-148/05 Commission v Ireland [2007] ECR I-82, paragraph 39). Third, as regards the argument that the Commission should have used the procedure provided for in Article 7 of the Framework Directive in order to establish an infringement of the provisions of the directives concerned, it must be recalled that special procedures in a directive can neither derogate from nor replace the powers of the Commission under Article 226 EC (see, in particular, Case C-359/93 Commission v Netherlands [1995] ECR I-157, paragraph 13). It is clear from the foregoing considerations that the action must be declared admissible. Substance In support of its action, the Commission relies essentially on two complaints. The first alleges that the Federal Republic of Germany, in violation of Articles 8(1) and (2), 15 and 16 of the Framework Directive, Article 8(4) of the Access Directive and Article 17(2) of the Universal Service Directive, limited the discretion of the NRAs by defining the concept of ‘new markets’ in the new provisions of the TKG, by laying down in them the principle of non-regulation of those markets, by imposing more restrictive conditions in them than those provided for by the common regulatory framework when, exceptionally, those markets may be subject to regulation, and by giving priority to a specific regulatory objective in the analysis of those markets. The second complaint alleges failure to comply with the consultation and consolidation procedures laid down in Articles 6 and 7 of the Framework Directive. The Federal Republic of Germany contests the allegation that it has failed to fulfil its obligations. The complaint alleging the limitation of the discretion of the NRA Arguments of the parties The Commission claims that the new rules introduced by Articles 3(12b) and 9a of the TKG limit the discretion of the NRA. Those provisions circumvent the definition and market analysis procedures and those imposing corrective regulatory measures which were put in place by the common regulatory framework on electronic communications. By adopting Paragraphs 3(12b) and 9a of the TKG, the German legislature has defined the concept of ‘new markets’, has laid down the principle of non-regulation of those markets, has fixed in advance the restrictive conditions under which the NRA is authorised, by way of exception, to regulate them, and has required it to give priority to a specific regulatory objective. Those provisions of the TKG are contrary to the provisions of the Community regulatory framework which concern the whole range of the NRA’s powers, such as Article 8 of the Access Directive, Articles 8, 15 and 16 of the Framework Directive and Article 17 of the Universal Service Directive. The Commission takes the view, first of all, that, by defining the ‘new markets’, Paragraph 3(12b) of the TKG limits the discretion of the German NRA laid down by Article 15(3) of the Framework Directive. Under that provision, the NRAs are to define relevant markets appropriate to national circumstances, in particular relevant geographic markets within their territory, in accordance with the principles of competition law. Next, the Commission submits that contrary to the definition and market analysis procedures laid down by the common regulatory framework, Paragraph 9a(1) of the TKG provides that, in principle, the new markets are not subject to ‘regulation’ within the meaning of Part 2 of the TKG. Furthermore, the Commission points out that where Paragraph 9a(2) of the TKG provides that a new market is, by way of exception, to be subject to regulation, the conditions laid down for that purpose are more restrictive than those in Article 16 of the Framework Directive. The latter article only requires the absence of effective competition in the relevant market and not, as Paragraph 9a(2) provides, a long-term impediment to the development of a sustainable competitive market. Finally, in the Commission’s opinion, Paragraph 9a(2) of the TKG infringes Article 8(1) and (2) of the Framework Directive. That provision specifically emphasises a single regulatory objective, namely the promotion of effective investment in infrastructure and support for innovation. However, Article 8(2) of the Framework Directive does not establish a hierarchy for those objectives and Article 8(4) of the Access Directive and Article 17(2) of the Universal Service Directive clearly state that the NRAs are to impose corrective measures which are proportionate and justified in the light of the objectives in Article 8 of the Framework Directive, without giving particular priority to one of the objectives. The Federal Republic of Germany takes the view that Paragraphs 3(12b) and 9a of the TKG are compatible with the common regulatory framework for electronic communications networks. That Member State contends that the directives in the regulatory framework are designed to harmonise the laws of the Member States and, therefore, allow them enough flexibility to define the abstract concepts used by those directives and to ensure the effectiveness of the objectives to which they refer. The Commission’s complaints are based on a very broad interpretation of the regulatory framework for telecommunications and on an incorrect assessment of the effects of the provisions of the TKG. The Federal Republic of Germany notes that Paragraphs 3(12b) and 9a of the TKG effect a pre-structuring of the NRA’s discretion, seeking to ensure greater legal certainty, in accordance with the objectives of Article 4 of the Framework Directive. The Commission does not indicate in that regard which provision of the directives in the common regulatory framework for electronic communications points to the existence of such a discretion nor, in any event, which provision of the TKG limits that discretion. The use of the word ‘may’ in Paragraph 9a(2) of the TKG shows that the NRA must use its discretion in examining the need to regulate a new market. The Commission therefore requires a literal transposition of the provisions of those directives, as if it were a regulation, thus tending toward standardisation rather than towards a harmonisation of the laws of the Member States. According to the Federal Republic of Germany, it is clear from recital 27 in the preamble to the Framework Directive, point 32 of the guidelines and recital 15 in the preamble to the Commission recommendation that, as a general rule, new markets should not be subject to ex ante regulation. In that connection, Paragraph 9a of the TKG does not have the effect of introducing a new free-standing verification procedure but sets out, with respect to new markets, the provisions relating to the general regulatory procedure for the markets laid down in Paragraphs 10 and 11 of the TKG. Thus, the need to regulate a market is examined in every case, but the adoption of regulatory measures by the NRA is excluded, by virtue of Paragraph 9a(1) of the TKG, where such a need has not been identified. As regards the definition of the relevant market, the Federal Republic of Germany states that the common regulatory framework does not preclude rules on definition of the market from the national legislature. It notes that, in any event, Paragraph 3(12b) of the TKG does not constitute a definition of market, but sets out abstract criteria which, once the market has been defined, make it possible to determine whether of not it is a new market. Thus, Paragraphs 3(12b) and 9a of the TKG enable the NRA to define, on a case-by-case basis, the relevant market in accordance with the principles of competition law and do not lead to a divergence from the usual procedure for the definition of a market. Furthermore, the Federal Republic of Germany submits that the criterion for a sustainable competitive market and the requirement of a long-term impediment in the relevant market, laid down in Paragraph 9a(2) of the TKG, are not more restrictive conditions than those imposed by the directives on the common regulatory framework and do not alter the definition and analysis resulting from Paragraphs 10 and 11 of the TKG. They are conditions recognised in recital 27 in the preamble to the Framework Directive and in the Commission recommendation, which explain the notion of effective competition in the context of new markets. Lastly, that Member State takes the view that the national legislature may, by virtue of the latitude allowed to it, focus on one of the regulatory objectives recognised in the directives in the common regulatory framework for electronic communications. The use of the expression ‘in particular’ in the second sentence of Paragraph 9a(2) of the TKG indicates, further, that the objective which is mentioned therein is not the only one to be taken into consideration. Findings of the Court As a preliminary point, it must be observed that, in accordance with Article 1(1) of the Framework Directive, that directive establishes a harmonised framework for the regulation of electronic communications services, electronic communications networks, associated facilities and associated services. It lays down tasks of national regulatory authorities and establishes a set of procedures to ensure the harmonised application of the regulatory framework throughout the Community. Pursuant to Article 3(2) and (3) of the Framework Directive and recital 11 in its preamble, in accordance with the principle of the separation of regulatory and operational functions, Member States must guarantee the independence of the national regulatory authority or authorities with a view to ensuring the impartiality and transparency of their decisions. The Framework Directive confers on the NRAs specific tasks for regulating the electronic communications markets. In accordance with Article 15 of the Framework Directive, and in particular paragraph 3 thereof, the NRAs are required, in close collaboration with the Commission, to define the relevant markets in the electronic telecommunications sector. In accordance with Article 16 of the Framework Directive, the NRAs then carry out the analysis of the markets thus defined and determine whether those markets are effectively competitive. If a market is not effectively competitive, the NRA concerned imposes ex ante regulatory obligations on undertakings with significant market power. Article 15(3) of the Framework Directive states that NRAs are to take the utmost account of the Commission recommendation and the guidelines for the purpose of defining the relevant markets. Under Article 16(1) of that directive, they must also take the utmost account of the guidelines when carrying out the analysis of the relevant markets in order to determine whether they are to be subject to ex ante regulation. In carrying out their tasks, the NRAs are required, pursuant to Article 7(1) of the Framework Directive, to take the utmost account of Article 8 thereof. In accordance with Article 8(1) of that directive, Member States must ensure that the NRAs take all reasonable measures which are aimed at achieving the objectives set out in Article 8. Furthermore, that provision states that the measures taken by the NRA must be proportionate to those objectives. In the same way, Articles 8(4) of the Access Directive and 17(2) of the Universal Service Directive provide that the NRAs, when they adopt ex ante regulatory obligations on the basis of those directives, must take account of the objectives laid down in Article 8 of the Framework Directive. The ex ante regulatory obligations must be proportionate and justified in the light of those objectives. In carrying out those regulatory functions, the NRAs have a broad discretion in order to be able to determine the need to regulate a market according to each situation on a case-by-case basis (see, to that effect, Case C-55/06 Arcor [2008] ECR I-2931, paragraphs 153 to 156). The merits of the present proceedings must be determined in the light of those considerations. First, the Court considers it appropriate to examine whether, as the Commission claims, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under Article 16 of the Framework Directive, by imposing, in Paragraph 9a of the TKG, a principle of non-regulation of new markets. In that connection, it must be observed that, under Article 16 of the Framework Directive, the NRAs are to carry out an analysis of the relevant markets in accordance with Article 15 thereof, in order to determine whether those markets must be subject to ex ante regulation. Those articles relate to the electronic communications sector in general and do not exclude new markets or any other markets from their scope. Next, it must be recalled that Paragraph 9a(1) of the TKG states that, subject to subparagraph 2 thereof, new markets are not to be subject to regulation within the meaning of Part 2 of the TKG. In accordance with Paragraph 9a(2), where certain facts suggest that, in the absence of regulation, the development of a sustainable competitive market in the area of services or telecommunications networks would be hindered in the long term, the NRA may, by way of derogation from subparagraph 1, submit a new market to regulation within the meaning of Part 2 of the TKG. The wording of Paragraph 9a(1) and (2) of the TKG expressly provides that new markets should not be regulated unless certain factors, such as the absence of sustainable competition on the market, show the need to regulate them. Thus, this general legal provision imposes, first of all in subparagraph 1, a principle of non-regulation of new markets, then provides, in subparagraph 2 thereof, for exceptions to that principle. The Federal Republic of Germany contends that the principle of non-regulation of new markets forms part of the common regulatory framework for electronic communications. That Member State relies, in that respect, on recital 27 in the preamble to the Framework Directive, point 32 of the guidelines and recital 15 in the preamble to the Commission recommendation, according to which, as a general rule, new markets should not be subject to ex ante regulation. However, such an argument cannot be accepted. First of all, recital 27 in the preamble to the Framework Directive states that the guidelines will address the issue of new markets where de facto the market leader is likely to have a substantial market share but should not be subjected to inappropriate obligations. That recital envisages that the regulation of new markets is to take account of the specific characteristics of those markets. Consequently, such a provision cannot be understood as laying down a general principle of non-regulation of those markets. Next, according to point 32 of the guidelines, recital 27 in the preamble to the Framework Directive notes that emerging markets, where de facto the market leader is likely to have a substantial market share, should not be subject to inappropriate ex ante regulation. According to that provision of the guidelines, premature imposition of ex ante regulation may unduly influence the competitive conditions taking shape within a new and emerging market. Thus, that provision merely repeats the contents of recital 27 in the preamble to the Framework Directive by prohibiting the imposition of inappropriate ex ante obligations. Therefore, the guidelines do not lay down a general rule of non-regulation of new markets either. That finding is also confirmed by the wording of the last two sentences of point 32 of the guidelines, which state that foreclosure of emerging markets by the leading undertaking should be prevented and that NRAs should ensure that they can fully justify any form of early ex ante intervention. Finally, recital 15 in the preamble to the Commission recommendation notes that new and emerging markets, in which market power may be found to exist because of ‘first-mover’ advantages, should not in principle be subject to ex ante regulation. Such a provision envisages the non-regulation of new markets where, having regard to first mover advantages, there are undertakings with significant market power. Therefore, that provision calls, where necessary, for the verification by the NRA on a case-by-case basis of the necessary conditions for a finding that a new market does not require regulation. It is clear from all the foregoing that, although recital 27 in the preamble to the Framework Directive, point 32 of the guidelines and recital 15 in the preamble to the Commission recommendation propose that, as regards the new markets, the NRAs should proceed cautiously, the fact remains that those provisions do not lay down any general principle of non-regulation with respect to those markets. It should be added that, in any event, as it is clear from paragraphs 53 to 61 of this judgment, the Framework Directive confers on the NRA, and not on the national legislature, the task of determining the need for regulation of the markets. In that connection, it must be observed that Articles 15 and 16 of the Framework Directive, which are expressly addressed to the NRAs, constitute the legal basis on which the guidelines and the Commission recommendation are founded, and that those two legal instruments serve as a guide for the NRAs when defining and analysing the relevant markets in order to determine whether they must be subject to ex ante regulation. According to point 1 of the guidelines, they set out the principles for use by NRAs in the analysis of markets and effective competition under the regulatory framework for electronic communications. Point 6 of the guidelines also states that they are intended to guide NRAs in the exercise of their new responsibilities for defining markets and assessing significant market power. In accordance with point 1 of the Commission recommendation, NRAs are advised to analyse the product and service markets identified in the annex thereto before defining the relevant markets in accordance with Article 15(3) of the Framework Directive. Therefore, by laying down a legal provision, according to which, as a general rule, the regulation of new markets by the NRA is excluded, Paragraph 9a of the TKG encroaches on the wide powers conferred on the NRA under the Community regulatory framework, preventing it from adopting regulatory measures appropriate to each particular case. As it is clear from point 54 in the Advocate General’s Opinion, the German legislature cannot alter a decision of the Community legislature and cannot, as a general rule, exempt new markets from regulation. It follows that Paragraph 9a(1) of the TKG, by establishing a principle of non-regulation of new markets, is not compatible with Article 16 of the Framework Directive. Second, the Commission takes the view that, by defining the concept of ‘new market’ in Paragraph 3(12b) of the TKG, the Federal Republic of Germany has limited the discretion of the NRA and failed to fulfil its obligations under Article 15(3) of the Framework Directive. In that connection, it must be observed that the procedure for defining markets laid down in Article 15 of the Framework Directive is intended to enable NRAs to carry out an analysis of the relevant market in accordance with Article 16 of that directive and, in particular, to verify whether certain undertakings present on the market concerned have significant market power. The definition of the market therefore constitutes the starting point for the competition analysis carried out pursuant to Article 16 of the Framework Directive. In that connection, it must be held that the definition of ‘new market’ in Paragraph 3(12b) of the TKG, which refers to ‘a market for services and goods’ does not constitute a definition of a relevant market within the meaning of Article 15(3) of the Framework Directive which might be the subject of a competition analysis under Article 16 of that directive. It follows that Paragraph 3(12b) of the TKG cannot be regarded as limiting the power to define the market, which is the responsibility of the NRA under Article 15(3) of the Framework Directive. However, it must be held that the limitation of the German NRA’s discretion as a result of Paragraph 9a(1) of the TKG necessarily affects the NRA’s ability to define the market. In that connection, it must be recalled that the Commission recommendation identifies, in an annex, the markets which must be the subject of an examination under Article 15(3) of the Framework Directive. Having regard to the principle of non-regulation of new markets in Paragraph 9a(1) of the TKG, the NRA will no longer find it necessary to define the relevant markets in accordance with Article 15(3) of the Framework Directive, since the markets identified in the annex to the Commission recommendation fall within the definition in Paragraph 3(12b) of the TKG. In those circumstances, Paragraph 9a(1) of the TKG is also incompatible with Article 15(3) of the Framework Directive. Third, the Commission submits that Paragraph 9a(2) of the TKG establishes a hierarchy of the objectives laid down in Article 8 of the Framework Directive, contrary to that provision. According to Paragraph 9a(2) of the TKG, in order to assess the need for regulation and in order to impose measures, the NRA is to take account, in particular, of the objective of promoting effective investment in infrastructure and supporting innovation. The other objectives which are to be taken into consideration by the NRA are listed in Paragraph 2 of the TKG. The Federal Republic of Germany claims that the new amendments to the TKG carry out a pre-structuring of the NRA’s intervention on new markets. That Member State takes the view that, having regard to its freedom of action in transposing the common regulatory framework for electronic communications, it may give priority to one of the objectives recognised by the Framework Directive where there is a clear link between that objective and a certain type of market, as is apparent from the reasoning in the Commission recommendation. It must be recalled, in that connection, that, under Article 8(2) of the Framework Directive, the NRAs are to promote competition in the provision of electronic communications networks, electronic communications services and associated facilities and services, inter alia, by ensuring that users derive maximum benefit in terms of choice, price, and quality, ensuring that there is no distortion or restriction of competition in the electronic communications sector, encouraging efficient investment in infrastructure, promoting innovation, and encouraging efficient use and ensuring the effective management of radio frequencies and numbering resources. In accordance with Article 8(1) of the Framework Directive, the Member States must ensure that in carrying out the regulatory tasks specified in the Framework Directive and the Specific Directives, the NRAs take all reasonable measures which are aimed at achieving the objectives set out in Article 8. In addition, it is clear from Article 8(4) of the Access Directive and Article 17(2) of the Universal Service Directive that the obligations imposed under those articles are to be based on the nature of the problem identified, proportionate and justified in the light of the objectives set out in Article 8 of the Framework Directive. It is clear from those provisions that the NRAs are required to promote the regulatory objectives referred to in Article 8 of the Framework Directive when carrying out the regulatory tasks specified in the common regulatory framework. Consequently, as noted by the Advocate General, in paragraph 64 of his Opinion, it is also for the NRAs, and not the national legislatures, to balance those objectives when defining and analysing a relevant market which may be susceptible to regulation. In that context, the Court has interpreted Article 8 of the Framework Directive as placing on the Member States the obligation to ensure that the NRAs take all reasonable measures aimed at promoting competition in the provision of electronic communications services, ensuring that there is no distortion or restriction of competition in the electronic communications sector and removing remaining obstacles to the provision of those services at European level (see, Case C-380/05 Centro Europa 7 [2008] ECR I-349, paragraph 81, and Case C-227/07 Commission v Poland [2008] ECR I-0000, paragraph 63). A national provision such as Paragraph 9a(2) of the TKG, which gives priority to only one of the objectives recognised by the Framework Directive during the analysis by the NRA of the need to regulate a new market, gives a weighting to those objectives, even though such a weighting exercise is a matter for the NRA when carrying out the regulatory tasks assigned to it. It follows that Paragraph 9a(2) of the TKG, which gives priority to one particular regulatory objective, infringes Article 8(4) of the Access Directive, Article 8(1) and (2) of the Framework Directive and Article 17(2) of the Universal Service Directive and limits the NRA’s discretion in a manner incompatible with those directives. Fourth, as regards the Commission’s criticism that Paragraph 9a(2) of the TKG imposes conditions which are more restrictive than those laid down by the Framework Directive for analysing the markets, it must be recalled that that provision states that where certain facts suggest that in the absence of regulation the development of a sustainable competitive market for telecommunications services or networks would be hindered in the long term, the NRA may, by way of derogation from Paragraph 9a(1), subject a new market to ‘regulation’ within the meaning of Part 2 of the TKG, in accordance with the provisions of Paragraphs 9 to 12 thereof. Thus, it is clear from Paragraph 9a(2) of the TKG that the NRA is required to analyse the need for regulation of new markets where there is a risk that the development of sustainable competition on that market will be hindered in the long term. It must be recalled that, in accordance with Article 16 of the Framework Directive, the NRAs are required to determine whether the relevant markets are effectively competitive. If a market is not effectively competitive, the NRA concerned is to impose ex ante regulatory obligations on undertakings having significant market power. The criteria laid down by Paragraph 9a(2) of the TKG for a new market, by way of exception, to be subject to ex ante regulation, that is the risk of a long-term impediment to the development of sustainable competition, are more restrictive than those in Article 16 of the Framework Directive, according to which ex ante regulation is justified merely if it is established that the relevant market is not effectively competitive. Accordingly, Paragraph 9a(2) of the TKG, by imposing conditions which are more restrictive than those laid down by the Framework Directive for analysing relevant markets susceptible to regulation, infringes Article 16 of the Framework Directive and limits the NRA’s discretion. It follows from the foregoing considerations that the complaint alleging limitation of the NRA’s discretion must be upheld. The complaint alleging infringement of the consultation and consolidation procedures provided for under Articles 6 and 7 of the Framework Directive Arguments of the parties The Commission submits that, under Paragraph 9a of the TKG, the NRA is require to follow the consultation and consolidation procedures only where it takes the view that ex ante regulation is necessary. Thus, the NRA may define and analyse a ‘market’ within the meaning of Article 15(3) of the Framework Directive, and adopt a decision not to regulate it, in accordance with Article 16 of that directive, without following the procedures provided for by the common regulatory framework. However, such a limitation on the consultation procedure is contrary to Articles 6 and 7 of the Framework Directive. The Commission submits that the Federal Republic of Germany, by taking the view that the obligation to follow those procedures exists only where an obligation to impose ex ante regulation is established, conflates the definition of the market and its identification as a market susceptible to regulation. The Federal Republic of Germany contends that it has already informed the Commission that, according to the interpretation criteria of the Bundesnetzagentur, the consultation and consolidation procedures for the new markets will be carried out in accordance with the requirements of the directives of the common regulatory framework for electronic communications. That Member State also takes the view that Paragraph 9a of the TKG ensures compliance with the consultation and consolidation procedures. First, that provision only applies in the context of the normal procedure for the definition and analysis of the market and, second, subparagraph 2 thereof assumes the existence of a market defined in the context of the market definition procedure in accordance with Paragraph 10(2) of the TKG, which complies with the principles of competition law. In that connection, the Federal Republic of Germany has wholly fulfilled its obligations in respect of consultation and consolidation arising from Articles 6 and 7 of the Framework. The Commission has not established any infringement of those obligations and bases the infringement complained of on mere presumptions. Findings of the Court It must be observed that both Article 15(3) of the Framework Directive and Article 16(6) thereof refer, with respect to the definition and analysis of the market, to the procedures laid down in Articles 6 and 7 of that directive. In that connection, it has already been held that the principle of non-regulation of new markets provided for in Paragraph 9a(1) of the TKG limits the discretion of the NRA under Articles 15(3) and 16 of the Framework Directive. The limitation of the NRA’s discretion to submit ‘new markets’ to a definition and to a market analysis necessarily involves a failure to comply in certain circumstances with the procedures provided for in Articles 6 and 7 of the Framework Directive. Accordingly, the Commission’s second complaint must also be upheld. It follows from all of the foregoing considerations that, by adopting Paragraph 9a of the TKG, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under Article 8(4) of the Access Directive, Articles 6 to 8(1) and (2), 15(3) and 16 of the Framework Directive and Article 17(2) of the Universal Service Directive. Costs Under Article 69(2) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since the Commission has applied for costs to be awarded against the Federal Republic of Germany, and the latter has been unsuccessful, the Federal Republic of Germany must be ordered to pay the costs. On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby: 1. Declares that, by adopting Paragraph 9a of the Law on Telecommunications (Telekommunikationsgesetz), of 22 June 2004, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under Article 8(4) of Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive), Articles 6 to 8(1) and (2), 15(3) and 16 of Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive), and Article 17(2) of Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive); 2. Orders the Federal Republic of Germany to pay the costs. [Signatures] * Language of the case: German.

62021CJ0264

ro

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 3 alineatul (1) din Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect ( JO 1985, L 210, p. 29 , Ediție specială, 15/vol. 1, p. 183), astfel cum a fost modificată prin Directiva 1999/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999 ( JO 1999, L 141, p. 20 , Ediție specială, 15/vol. 5, p. 34). Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (denumită în continuare „Fennia”), o societate de asigurări, pe de o parte, și Koninklijke Philips NV, pe de altă parte, în legătură cu despăgubirea pentru prejudiciile cauzate de producerea unui incendiu provocat de o cafetieră. Cadrul juridic Dreptul Uniunii Al patrulea și al cincilea considerent ale Directivei 85/374 au următorul cuprins: „[Î]ntrucât protecția consumatorului impune ca toți producătorii implicați în procesul de producție să fie trași la răspundere, în măsura în care produsul finit, o parte componentă a acestuia sau materia primă furnizată de ei a fost defectă; întrucât, din același motiv, răspunderea ar trebui extinsă și în privința importatorilor de produse în Comunitate, precum și în privința persoanelor care se prezintă ca producători prin marcarea numelui, mărcii sau altui semn distinctiv sau care furnizează un produs al cărui producător nu poate fi identificat; întrucât, în situații în care mai multe persoane sunt răspunzătoare de provocarea unui prejudiciu, protecția consumatorului prevede ca persoana prejudiciată să poată cere repararea integrală a prejudiciului oricăruia dintre aceștia”. Articolul 1 din această directivă prevede: „Producătorul este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de un defect al produsului său.” Potrivit articolului 3 alineatul (1) din directiva menționată: „«Producător» reprezintă fabricantul unui produs finit, producătorul oricărei materii prime sau fabricantul unei părți componente, precum și orice persoană care, aplicându‑și numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs, se prezintă drept producătorul acestuia.” Articolul 5 din aceeași directivă prevede: „În cazul în care, ca urmare a dispozițiilor prezentei directive, două sau mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru același prejudiciu, răspunderea lor este solidară, fără a aduce atingere dispozițiilor de drept intern cu privire la acțiunea în regres.” Dreptul finlandez Articolul 5 din tuotevastuulaki (694/1990) [Legea privind răspunderea pentru produsele cu defect (694/1990)], în versiunea aplicabilă situației de fapt din litigiul principal, care transpune articolul 3 din Directiva 85/374 în ordinea juridică finlandeză, prevede la alineatul (1) că obligația de despăgubire revine, în primul rând, celui care a produs sau a fabricat produsul cu defect și, în al doilea rând, celui care a comercializat, ca fiindu‑i propriu, produsul aflat la originea prejudiciului, dacă produsul poartă numele, marca sau un alt semn distinctiv al acestei persoane. Litigiul principal și întrebările preliminare Fennia a despăgubit un consumator, pentru prejudiciile cauzate de un incendiu, cu suma de 58879,10 euro în temeiul poliței de asigurare a locuinței. În ziua anterioară incendiului, consumatorul cumpărase de la un distribuitor o cafetieră purtând marca Philips Saeco Xsmall HD 8743/11. În procesul‑verbal de constatare a accidentului, întocmit de pompieri, s‑a considerat că la originea incendiului constatat era cafetiera în discuție. Această cafetieră a fost fabricată în România de Saeco International Group SpA, filială a Koninklijke Philips. Semnele Philips și Saeco, care sunt mărci înregistrate de Koninklijke Philips, erau aplicate pe cafetiera menționată și pe ambalajul său. În plus, aceeași cafetieră purta marcajul CE, pe care figura semnul Saeco, o adresă din Italia și mențiunea „fabricat în România”. Koninklijke Philips deține o filială în Finlanda, Philips Oy, care comercializează în această țară aparate electrocasnice purtând marca Philips, printre care și cafetiera în discuție. Fennia, care s‑a subrogat în drepturile consumatorului după ce l‑a despăgubit pe acesta, a introdus o acțiune împotriva Koninklijke Philips pentru a obține o despăgubire în temeiul răspunderii pentru produsele cu defect. Koninklijke Philips a solicitat respingerea acestei acțiuni, susținând că nu era producătorul cafetierei în discuție. Käräjäoikeus (Tribunalul de Primă Instanță, Finlanda) a considerat că Koninklijke Philips a comercializat în Finlanda cafetiera în discuție care purta marca sa și era răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat de un defect al acestui produs. Hovioikeus (Curtea de Apel, Finlanda), în fața căreia Koninklijke Philips a declarat apel împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță, a statuat că nu s‑a demonstrat că Koninklijke Philips a comercializat această cafetieră în Finlanda ca fiind propriul produs. Această instanță a considerat că Koninklijke Philips nu era răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate de produsul în discuție și a respins calea de atac. Fiind sesizată cu o cale de atac formulată de Fennia împotriva deciziei hovioikeus (Curtea de Apel), instanța de trimitere, Korkein oikeus (Curtea Supremă, Finlanda), a autorizat această cale de atac în ceea ce privește aspectul dacă Koninklijke Philips este răspunzătoare, în temeiul Legii privind răspunderea pentru produsele cu defect, pentru prejudiciile cauzate de o cafetieră care poartă marca sa și este fabricată de filiala sa. Instanța de trimitere reflectează asupra modului în care trebuie înțeleasă expresia „orice persoană care, aplicându‑și numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs, se prezintă drept producătorul acestuia”, care figurează la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 85/374. În special, aceasta ridică problema dacă, pe lângă aplicarea mărcii, sunt necesare criterii suplimentare pentru a se considera că titularul mărcii s‑a prezentat drept producătorul produsului în discuție sau dacă ar putea fi luate în considerare anumite elemente de excludere a răspunderii, precum faptul că mențiunile aplicate pe acest produs semnalează că fabricantul este o întreprindere diferită de titularul mărcii. Ea apreciază că producătorul este „persoana cel mai bine plasată” pentru a evita producerea unor prejudicii similare cauzate de un produs. În aceste condiții, Korkein oikeus (Curtea Supremă) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare: „1) Noțiunea de producător în sensul articolului 3 alineatul (1) din [Directiva 85/374] presupune că o persoană care a aplicat sau care a autorizat aplicarea pe produs a numelui său, a mărcii sale sau a unui alt semn distinctiv trebuie să se prezinte și în alt mod drept producător al produsului? 2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, pe baza căror criterii trebuie să se aprecieze prezentarea drept producător al produsului? Prezintă relevanță pentru această apreciere aspectul că produsul a fost fabricat de o filială a titularului mărcii și comercializat de o altă filială?” Cu privire la întrebările preliminare Cu privire la admisibilitate Koninklijke Philips apreciază în esență că întrebările preliminare sunt inadmisibile pentru motivul că nu sunt pertinente pentru soluționarea litigiului principal, dat fiind că despăgubirea în temeiul răspunderii pentru produsele cu defect necesită, potrivit articolului 5 alineatul (1) din Legea privind răspunderea pentru produsele cu defect, comercializarea produsului de către titularul mărcii sau al oricărui alt semn distinctiv. Or, această comercializare nu ar fi fost nicidecum demonstrată în cadrul litigiului principal. În această privință trebuie amintit că, în temeiul unei jurisprudențe constante, în cadrul unei proceduri prevăzute la articolul 267 TFUE, care este întemeiată pe o separare clară a funcțiilor între instanțele naționale și Curte, instanța națională este singura competentă să constate și să aprecieze faptele din litigiul principal, precum și să interpreteze și să aplice dreptul național. De asemenea, numai instanța națională care este sesizată cu soluționarea litigiului și care trebuie să își asume răspunderea pentru hotărârea judecătorească ce urmează a fi pronunțată are competența să aprecieze, luând în considerare particularitățile cauzei, atât necesitatea, cât și pertinența întrebărilor pe care le adresează Curții. În consecință, în cazul în care întrebările adresate au ca obiect interpretarea dreptului Uniunii, Curtea este, în principiu, obligată să se pronunțe (Hotărârea din 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu și alții, C‑165/09-C‑167/09 , EU:C:2011:348 , punctul , precum și jurisprudența citată). Întrucât numai instanța de trimitere este competentă să constate și să aprecieze situația de fapt din litigiul cu care este sesizată, Curtea trebuie în principiu să își limiteze examinarea la elementele de apreciere pe care instanța de trimitere a decis să i le prezinte și să respecte astfel situația pe care instanța menționată o consideră ca fiind dovedită și nu poate fi ținută de ipoteze emise de una dintre părțile din litigiul principal (Hotărârea din 2 aprilie 2020, Coty Germany, C‑567/18 , EU:C:2020:267 , punctul și jurisprudența citată). Curtea poate refuza să se pronunțe în special atunci când este evident că interpretarea unei norme de drept al Uniunii nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul acțiunii principale ori atunci când problema este de natură ipotetică (Hotărârea din 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu și alții, C‑165/09-C‑167/09 , EU:C:2011:348 , punctul , precum și jurisprudența citată). Or, situația este diferită în speță. Astfel, după cum reiese din decizia de trimitere și așa cum s‑a amintit la punctele 11 și 12 din prezenta hotărâre, käräjäoikeus (Tribunalul de Primă Instanță) a considerat că Koninklijke Philips a comercializat în Finlanda cafetiera care purta marca sa, în timp ce hovioikeus (Curtea de Apel) a statuat că nu s‑a demonstrat că Koninklijke Philips a comercializat această cafetieră în Finlanda ca fiind propriul produs. Or, întrucât aprecierea faptelor potrivit dreptului național nu face obiectul unui consens între instanțele judecătorești competente, iar instanța de trimitere este de părere că răspunderea Koninklijke Philips pentru produsul cu defect în discuție nu este exclusă, nu rezultă, cel puțin nu în mod evident, că întrebările adresate au caracter ipotetic în raport cu aprecierea pe care instanța națională trebuie să o efectueze în cadrul litigiului principal. În consecință, cererea de decizie preliminară trebuie să fie considerată admisibilă. Cu privire la fond Cu privire la prima întrebare Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 3 alineatul (1) din Directiva 85/374 trebuie să fie interpretat în sensul că noțiunea de „producător” prevăzută de această dispoziție impune ca persoana care și‑a aplicat numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs sau care a autorizat această aplicare să se prezinte și în alt mod ca producător al produsului. Potrivit unei jurisprudențe constante, în vederea interpretării unei dispoziții a dreptului Uniunii, trebuie să se țină seama nu numai de formularea acesteia, ci și de contextul său și de obiectivele urmărite de reglementarea din care face parte această dispoziție [Hotărârea din 17 decembrie 2020, CLCV și alții (Dispozitiv de manipulare pentru motor diesel), C‑693/18 , EU:C:2020:1040 , punctul , precum și jurisprudența citată]. În primul rând, trebuie arătat că, potrivit însuși modului de redactare a articolului 3 alineatul (1) din Directiva 85/374, „«[p]roducător» reprezintă fabricantul unui produs finit, producătorul oricărei materii prime sau fabricantul unei părți componente, precum și pe orice persoană care, aplicându‑și numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs, se prezintă drept producătorul acestuia”. Astfel, articolul 3 alineatul (1) din Directiva 85/374 cuprinde în esență o alternativă în cadrul căreia numai prima componentă privește persoana care este cel puțin parțial implicată în procesul de fabricare a produsului. În schimb, a doua componentă a alternativei desemnează o persoană care se prezintă ca producător prin aplicarea pe produs a numelui său, a mărcii sale sau a altui semn distinctiv. Din termenii clari și neechivoci ai acestei dispoziții reiese, așadar, că nu este necesară o participare a persoanei care se prezintă drept producător în procesul de fabricare a produsului pentru ca aceasta să fie calificată ca „producător” în sensul dispoziției menționate. În plus, din jurisprudența Curții reiese că cercul persoanelor răspunzătoare împotriva cărora victima este îndreptățită să intenteze o acțiune în temeiul regimului de răspundere prevăzut de Directiva 85/374 este definit la articolele 1 și 3 din aceasta și că, ținând seama de faptul că directiva respectivă urmărește o armonizare totală cu privire la aspectele pe care le reglementează, stabilirea cercului persoanelor răspunzătoare efectuată la articolele menționate trebuie să fie considerată exhaustivă (Hotărârea din 10 ianuarie 2006, Skov și Bilka, C‑402/03 , EU:C:2006:6 , punctele și ). Prin urmare, această stabilire a cercului persoanelor răspunzătoare nu poate fi condiționată de fixarea unor criterii suplimentare care nu decurg din modul de redactare a articolelor 1 și 3 din Directiva 85/374. Or, întrucât definiția reținută în a doua componentă a alternativei de la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 85/374 nu cuprinde niciun criteriu suplimentar, din modul de redactare a acestei dispoziții reiese că aplicarea unor semne distinctive de către persoana desemnată de acestea sau de către o persoană autorizată este cea care stă la baza calității de „producător”, în sensul dispoziției menționate. În al doilea rând, în ceea ce privește contextul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 85/374 și obiectivul urmărit de aceasta, din al patrulea și al cincilea considerent ale directivei respective, precum și din articolul 5 din aceasta reiese că legiuitorul Uniunii a intenționat să adopte o accepțiune largă a noțiunii „producător” pentru a proteja consumatorul. Astfel, potrivit celui de al patrulea considerent al Directivei 85/374, protecția consumatorului impune ca răspunderea oricărei persoane care se prezintă ca producător prin aplicarea numelui său, a mărcii sale sau a oricărui alt semn distinctiv pe produs să fie angajată în aceeași măsură ca răspunderea producătorului efectiv. În plus, atât din articolul 5 din directiva menționată, cât și din al cincilea considerent al acesteia rezultă că răspunderea persoanei care se prezintă drept producător se află la același nivel cu cea a producătorului efectiv și că consumatorul poate alege în mod liber să solicite repararea integrală a prejudiciului oricăruia dintre ei întrucât răspunderea lor este solidară. Rezultă astfel că articolul 3 alineatul (1) din Directiva 85/374 are ca obiectiv să faciliteze sarcina de a stabili producătorul efectiv al produsului cu defect în discuție. În această privință, din expunerea de motive referitoare la articolul 2 din Propunerea de directivă a Comisiei din 9 septembrie 1976, aflată la originea Directivei 85/374, articol care a devenit, fără modificări de fond, articolul 3 din această directivă, reiese că legiuitorul Uniunii a considerat că protecția consumatorului nu ar fi suficientă dacă distribuitorul ar putea „trimite” consumatorul la producător, care poate să nu fie cunoscut consumatorului. În plus, trebuie arătat că, prin aplicarea pe produsul în discuție a numelui său, a mărcii sale sau a unui alt semn distinctiv, persoana care se prezintă ca producător dă impresia că este implicată în procesul de producție sau că își asumă răspunderea pentru acesta. Prin urmare, utilizarea acestor mențiuni echivalează pentru persoana menționată cu utilizarea notorietății sale pentru a face produsul respectiv mai atractiv în percepția consumatorilor, ceea ce justifică, în schimb, ca răspunderea sa să poată fi angajată în temeiul acestei utilizări. De asemenea, după cum arată în mod întemeiat guvernul ceh, în măsura în care, pe de o parte, mai multe persoane pot fi considerate producători și, pe de altă parte, consumatorul poate introduce cererea sa împotriva oricăreia dintre acestea, căutarea unei singure persoane răspunzătoare, „cea mai adecvată”, împotriva căreia consumatorul ar trebui să își valorifice drepturile nu este, contrar celor sugerate de instanța de trimitere, pertinentă. Prin urmare, nu se poate impune persoanei care și‑a aplicat numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs sau care a autorizat această aplicare să se prezinte și în alt mod ca producător al produsului pentru a fi considerată un „producător” în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 85/374. În consecință, contrar celor susținute de Koninklijke Philips, trebuie să se constate că, în cauza principală, o repartizare a răspunderii între aceasta și Saeco International Group nu produce efecte față de consumator, care trebuie să fie scutit tocmai de sarcina de a stabili producătorul efectiv pentru a‑și îndrepta cererea de daune interese. Având în vedere considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 3 alineatul (1) din Directiva 85/374 trebuie să fie interpretat în sensul că noțiunea de „producător” prevăzută de această dispoziție nu impune ca persoana care și‑a aplicat numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs sau care a autorizat această aplicare să se prezinte și în alt mod ca producător al produsului. Cu privire la a doua întrebare Având în vedere răspunsul dat la prima întrebare, nu este necesar să se răspundă la a doua întrebare. Cu privire la cheltuielile de judecată Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări. Pentru aceste motive, Curtea (Camera a zecea) declară: Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect, astfel cum a fost modificată prin Directiva 1999/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 1999, trebuie să fie interpretat în sensul că noțiunea de „producător” prevăzută de această dispoziție nu impune ca persoana care și‑a aplicat numele, marca sau alt semn distinctiv pe produs sau care a autorizat această aplicare să se prezinte și în alt mod ca producător al produsului. Semnături ( *1 ) Limba de procedură: finlandeza.

62020CJ0012

hu

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22‑i 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( HL 2010. L 276., 22. o. ) 13. cikke (1) bekezdésének, 14. cikke (1) és (9) bekezdésének, 18. cikke c) pontjának és 20. cikkének, valamint az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21‑i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( HL 2012. L 343., 32. o. ; helyesbítés: HL 2015. L 67., 32. o. ) 27. cikke (1) és (2) bekezdésének, 57. cikke (1) bekezdése első albekezdése második mondatának és IV. melléklete 3. pontja a) alpontjának az értelmezésére vonatkozik. E kérelmet a DB Netz AG és a Bundesrepublik Deutschland (Németországi Szövetségi Köztársaság) – képviseli: a Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (szövetségi villamosenergia‑, gáz‑, hírközlési, postai és vasúti hálózati ügynökség, Németország) (a továbbiakban: szövetségi hálózati ügynökség) – között folyamatban lévő azon jogvita keretében terjesztették elő, amelynek tárgyát az képezi, hogy a szövetségi hálózati ügynökség kifogást emelt a DB Netz azon tervezetével szemben, amely azt módosítja, hogy az előre meghatározott nemzetközi menetvonalakra vonatkozó infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmeket az egyablakos rendszerben milyen feltételek mellett kell benyújtani. Jogi háttér Az uniós jog A 913/2010 rendelet Az 913/2010 rendelet (4), (7), (25) és (26) preambulumbekezdése a következőket állapítja meg: „(4) A vasúti árufuvarozási piac megnyitása ugyan lehetővé tette, hogy új üzemeltetők jelenjenek meg a vasúti hálózaton, a piaci mechanizmusok azonban nem voltak, és ma sem elegendők a vasúti árufuvarozási forgalom megszervezéséhez, szabályozásához és biztonságossá tételéhez. A hálózat használatának optimalizálása és megbízhatóságának biztosítása érdekében hasznos bevezetni további eljárásokat, amelyek megerősítik a pályahálózat‑működtetők közötti együttműködést a nemzetközi menetvonalaknak az árufuvarozó vonatok részére való elosztása tekintetében. […] (7) Eltérő rendelkezés hiányában ez a rendelet nem érintheti a pályahálózat‑működtetőknek a [közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29‑i] 91/440/EGK [tanácsi] irányelv [( HL 1991. L 237., 25. o. ; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 1. kötet, 341. o.)] és a [vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26‑i] 2001/14/EK [európai parlamenti és tanácsi] irányelv [( HL 2001. L 75., 29. o. ; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 404. o.)] szerinti, valamint – adott esetben – az elosztó szerveknek a 2001/14 irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerinti jogait és kötelességeit. E jogi aktusok – többek között az árufuvarozási folyosókat érintő rendelkezések tekintetében is – hatályban maradnak. […] (25) A nemzetközi vasúti szolgáltatásokhoz való megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítása érdekében ügyelni kell az árufuvarozási folyosó különböző hálózataiért felelős szabályozó szervezetek közötti hatékony koordináció biztosítására. (26) Az árufuvarozási folyosó valamennyi főbb infrastruktúrájának használatával kapcsolatos információkhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint a folyosóhoz való megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítása érdekében az ügyvivő testületnek össze kell állítania, rendszeresen frissítenie kell és közzé kell tennie a fent említett valamennyi információt tartalmazó dokumentumot.” E rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „Ez a rendelet a versenyképes vasúti árufuvarozást szolgáló nemzetközi vasúti folyosók létrehozásának és megszervezésének szabályait határozza meg a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat későbbi kialakítása céljából. Megállapítja az árufuvarozási folyosók kiválasztásával, megszervezésével és működtetésével, valamint indikatív jellegű beruházási tervezésével kapcsolatos szabályokat.” Az említett rendelet 2. cikke így rendelkezik: „(1)   E rendelet alkalmazásában a 2001/14[…] irányelv 2. cikkében megállapított fogalommeghatározások érvényesek. (2)   Az (1) bekezdésben említett fogalommeghatározásokon kívül: a) »árufuvarozási folyosó«: a tagállamok és adott esetben európai harmadik országok területén vagy közöttük elhelyezkedő kijelölt vasútvonalak, köztük vasúti kompvonalak összessége, amelyek két vagy több terminált kötnek össze az árufuvarozási folyosó főága mentén, valamint adott esetben az ezeket összekötő elkerülő útvonalak és szakaszok, beleértve a 2001/14[…] irányelv 5. cikkének megfelelő vasúti infrastruktúrát és a kapcsolódó berendezéseket, illetve az érintett vasúti szolgáltatásokat; […]” Ugyanezen rendelet 8. cikkének szövege a következő: „(1)   Az érintett tagállamok minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében létrehoznak egy irányító testületet, amely felelős az árufuvarozási folyosó általános célkitűzéseinek meghatározásáért, az árufuvarozási folyosó felügyeletéért, valamint az e cikk (7) bekezdésében és a 9. cikkben, a 11. cikkben, a 14. cikk (1) bekezdésében és a 22. cikkben kifejezetten előírt intézkedések meghozataláért. Az irányító testület az érintett tagállamok hatóságainak képviselőiből áll. (2)   Az érintett pályahálózat‑működtetők és adott esetben a 2001/14[…] irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett elosztó szervek minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében kötelesek létrehozni egy ügyvivő testületet, amely felelős az e rendelet e cikkének (5), (7), (8) és (9) bekezdésében, valamint 9–12. cikkében, 13. cikke (1) bekezdésében, 14. cikke (2), (6) és (9) bekezdésében, 16. cikke (1) bekezdésében, 17. cikke (1) bekezdésében, továbbá 18. és 19. cikkében kifejezetten meghatározott intézkedések meghozataláért. Az ügyvezető testület a pályahálózat‑működtetők képviselőiből áll. (3)   Az árufuvarozási folyosó tekintetében érintett tagállamok és a pályahálózat‑működtetők együttműködést folytatnak az (1) és (2) bekezdésben említett testületekben annak érdekében, hogy biztosítsák az árufuvarozási folyosó megvalósítási tervnek megfelelő létrehozását. (4)   Az irányító testület az érintett tagállamok hatóságai képviselőinek kölcsönös egyetértése alapján hozza határozatait. […] (9)   Az ügyvivő testület a nemzeti és európai kiépítési terveknek megfelelően koordinálja az együttműködtethető informatikai alkalmazások, illetve a jövőben rendelkezésre álló alternatív megoldások használatát a nemzetközi menetvonal‑kérelmek és az árufuvarozási folyosón belüli nemzetközi forgalom irányításának kezelése érdekében.” A 913/2010 rendelet 12. cikke szerint: „Az ügyvivő testület megfelelő módon és időkeretben összehangolja és egy helyen közzéteszi az infrastruktúrával és az ahhoz kapcsolódó berendezésekkel kapcsolatos valamennyi olyan munkálat ütemtervét, amely az árufuvarozási folyosón rendelkezésre álló kapacitást korlátozná.” E rendelet 13. cikke így rendelkezik: „(1)   Az árufuvarozási folyosó ügyvivő testülete kijelöl vagy létrehoz egy közös szervezetet, amely lehetővé teszi a kérelmezőknek, hogy egy helyen, egyetlen művelettel kérjenek és kapjanak válaszokat az árufuvarozási folyosón legalább egy határon áthaladó árufuvarozó vonatokkal kapcsolatos infrastruktúrakapacitás tekintetében (a továbbiakban: egyablakos rendszer). (2)   A koordinációt szolgáló eszközként az egyablakos ügyintézési rendszer emellett alapvető információkat szolgáltat az infrastruktúrakapacitás elosztásáról, a 18. cikkben említett tájékoztatást is ideértve. A rendszer megmutatja a kérelem idején rendelkezésre álló infrastruktúrakapacitást és jellemzőit olyan előre meghatározott paraméterek alapján, mint az árufuvarozási folyosón közlekedő vonatok engedélyezett sebessége, hossza, rakszelvénye vagy tengelyterhelése. […]” Az említett rendelet 14. cikke így rendelkezik: „(1)   Az irányító testület a 2001/14[…] irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban meghatározza az infrastruktúrakapacitásnak az árufuvarozási folyosón belüli elosztására vonatkozó keretet. (2)   Az ügyvivő testület felméri az árufuvarozási folyosón közlekedő árufuvarozó vonatok kapacitási szükségleteit az e rendelet 9. cikkének (3) bekezdésében említett közlekedéspiaci elemzés, a korábbi és jelenlegi szolgálati menetrendekkel kapcsolatos infrastruktúrakapacitás iránti kérelmek, valamint a keretmegállapodások figyelembevételével. […] (6)   Az ügyvivő testület elősegíti az árufuvarozási folyosón a kapacitás elosztásával kapcsolatos elsőbbségi szabályok összehangolását. […] (9)   Az árufuvarozási folyosó ügyvivő testülete és a 8. cikk (7) bekezdésében említett tanácsadó csoport eljárásokat alakít ki a kapacitáselosztás pályahálózat‑működtetők közötti optimális összehangolásának biztosítására, mind a 13. cikk (1) bekezdésében említett, mind pedig az érintett pályahálózat‑működtetők által kapott kérelmek tekintetében. Ennek során figyelembe kell venni a terminálok hozzáférhetőségét is. […]” Ugyanezen rendelet 16. cikkének (1) bekezdése kimondja: „Az árufuvarozási folyosó ügyvivő testülete eljárásokat alakít ki az árufuvarozási folyosó vonalán lebonyolított forgalom irányításának összehangolására. Az összekapcsolt árufuvarozási folyosók ügyvivő testületei eljárásokat alakítanak ki az ilyen árufuvarozási folyosók vonalán lebonyolított forgalom irányításának összehangolására.” A 913/2010 rendelet 18. cikke értelmében: „Az ügyvivő testület a következőket tartalmazó dokumentumot dolgoz ki, azt rendszeresen frissíti és közzéteszi: a) a nemzeti hálózatoknak a 2001/14[…] irányelv 3. cikkében szereplő eljárással összhangban kidolgozott használati feltételeiben szereplő, az árufuvarozási folyosókkal kapcsolatos információk; […] c) az e rendelet 13–17. cikkében említett eljárásokkal kapcsolatos információk; és […]” E rendelet 20. cikke így rendelkezik: „(1)   A 2001/14[…] irányelv 30. cikkében említett szabályozó szervezetek együttműködnek az árufuvarozási folyosón zajló verseny ellenőrzésében. E szervezetek biztosítják különösen a folyosóhoz való megkülönböztetéstől mentes hozzáférést, és betöltik az irányelv 30. cikkének (2) bekezdésében előírt jogorvoslati szervek szerepét. A szervezetek megosztják a pályahálózat‑működtetőktől és más érintett felektől kapott szükséges információkat. […] (3)   Valamely kérelmezőnek a nemzetközi árufuvarozási szolgáltatásokkal kapcsolatos, szabályozó szervezetnek benyújtott panasza esetén, illetve valamely szabályozó szervezet által végzett, saját kezdeményezésű vizsgálat keretében a szabályozó szervezet konzultációt folytat valamennyi olyan tagállam szabályozó szervezeteivel, amelyen keresztül a szóban forgó nemzetközi vasúti árufuvarozási menetvonal áthalad, és határozatának meghozatala előtt ezektől a szabályozó szervezetektől megkér valamennyi szükséges információt. […]” A 2012/34 irányelv A 2012/34 irányelv 3. cikkének 2., 19. és 26. pontja a következőképpen rendelkezik: „Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók: 2. »pályahálózat‑működtető«: olyan szervezet vagy cég, amely elsősorban a vasúti infrastruktúra létrehozásáért, igazgatásáért és fenntartásáért felelős, beleértve a forgalomirányítást, az ellenőrző‑irányító és a jelzőrendszert; a pályahálózat‑működtető feladatai egy hálózaton vagy annak egy részén megoszthatók több szervezet vagy cég között; […] 19. »kérelmező«: közszolgáltatást nyújtó vagy az infrastruktúra‑kapacitás megszerzésében kereskedelmi érdekeltséggel bíró vállalkozó vasúti társaság vagy vállalkozó vasúti társaságok nemzetközi csoportosulása vagy egyéb természetes vagy jogi személy, például [a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23‑i] 1370/2007/EK [európai parlamenti és tanácsi] rendeletben [ HL 2007. L 315., 1. o. )] említett illetékes hatóságok, továbbá szállíttató, szállítmányozók és kombinált fuvarozással foglalkozó szállítók; […] 26. »hálózati üzletszabályzat«: a díjképzési és kapacitáselosztási rendszerek általános szabályait, határidőit, eljárásait és kritériumait részletesen rögzítő dokumentum, amely tartalmazza az infrastruktúra‑kapacitásra történő alkalmazásához szükséges minden egyéb információt”. Ezen irányelv 27. cikke így rendelkezik: „(1)   A pályahálózat‑működtető az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően elkészíti és közzéteszi a hálózati üzletszabályzatot, amely e dokumentum közzétételének költségét nem meghaladó díj ellenében beszerezhető. A hálózati üzletszabályzatot az Unió legalább két hivatalos nyelvén közzé kell tenni. A vasúthálózat‑használati feltételek [helyesen: hálózati üzletszabályzat] tartalmát elektronikus formában, díjmentesen hozzáférhetővé kell tenni a pályahálózat‑működtető honlapján. A honlapot a pályahálózat‑működtetők a 37. és a 40. cikk szerinti együttműködésük keretében hozzák létre. (2)   A vasúthálózat‑használati feltételek [helyesen: hálózati üzletszabályzat] meghatározzák [helyesen: meghatározza] a vállalkozó vasúti társaságok számára rendelkezésre álló infrastruktúra jellegét, és tartalmazzák [helyesen: tartalmazza] a kérdéses vasúti infrastruktúra hozzáférésének feltételeivel kapcsolatos információkat. A vasúthálózat‑használati feltételek [helyesen: hálózati üzletszabályzat] magukban foglalják [helyesen: magában foglalja] emellett a pályahálózat‑működtető hálózatához kapcsolódó kiszolgáló létesítményekhez való hozzáférés és az azokon belüli szolgáltatásnyújtás feltételeivel kapcsolatos információkat is, vagy egy olyan weboldal elérhetőségét, amelyen ezek az adatok elektronikus formában térítésmentesen hozzáférhetőek. A vasúthálózat‑használati feltételek [helyesen: hálózati üzletszabályzat] tartalmát a IV. melléklet rögzíti. […]” Az említett irányelv 39. cikkének (1) bekezdése értelmében: „A tagállamok a 4. cikkben rögzített független működtetés feltételének figyelembevételével meghatározzák az infrastruktúra‑kapacitás elosztásának kereteit. Különös kapacitáselosztási szabályokat kell rögzíteni. A kapacitást a pályahálózat‑működtető osztja el. A pályahálózat‑működtető különösen ügyel arra, hogy az infrastruktúra‑kapacitás elosztása tisztességesen és hátrányos megkülönböztetéstől mentesen, az uniós jog tiszteletben tartásával történjék.” Ugyanezen irányelv 40. cikkének (1) bekezdése kimondja: „A tagállamok biztosítják, hogy a pályahálózat‑működtetők együttműködjenek az Unió területén fekvő vasúti rendszerekhez tartozó több hálózatra kiterjedő infrastruktúra‑kapacitás hatékony kialakításában és elosztásában, beleértve a 42. cikkben említett keretmegállapodások alapján történő együttműködést is. A pályahálózat‑működtetők ennek megfelelő eljárásokat alakítanak ki az ezen irányelvben rögzített szabályok alapján, és a több hálózatra kiterjedő menetvonalakat ezen eljárások szerint szervezik. A tagállamok biztosítják, hogy a pályahálózat‑működtetők képviselőit, amelyeknek az elosztással kapcsolatban hozott döntései kihatnak más pályahálózat‑működtetők tevékenységére, bevonják az infrastruktúra nemzetközi szintű elosztásának összehangolásába, illetve a vonatkozó kapacitás elosztásába az áruszállításra összpontosító hálózatokról szóló uniós jog különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül. A kapacitáselosztás ezen együttműködés keretében meghatározott elveit és kritériumait a pályahálózat‑működtetők a IV. melléklet 3. pontjával összhangban a hálózati üzletszabályzatban közzéteszik. A harmadik országok pályahálózat‑működtetőinek megfelelő képviselői is bevonhatók az eljárásokba.” A 2012/34 irányelv 55. cikkének (1) bekezdése így rendelkezik: „Mindegyik tagállam létrehoz egy, a vasúti ágazatra vonatkozó nemzeti igazgatási szervezetet. A (2) bekezdés sérelme nélkül e szervezetnek önálló hatóságnak kell lennie, mely szervezeti, működési, hierarchikus és döntéshozatali tekintetben jogilag elkülönül, és független minden egyéb állami vagy magánszektorbeli jogalanytól. E jogalanynak továbbá szervezetét, pénzügyi döntéseit, jogi felépítését és döntéshozatali funkcióit tekintve függetlennek kell lennie bármely pályahálózat‑működtetőtől, díjképzési szervezettől, elosztó szervezettől vagy kérelmezőtől. Továbbá bármely, a közszolgáltatási szerződések odaítélésében részt vevő illetékes hatóságtól függetlenül kell működnie.” Ezen irányelv 56. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében: „(1)   A 46. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül, a kérelmező jogorvoslati kérelemmel fordulhat az igazgatási szervezethez, ha úgy véli, hogy tisztességtelen bánásmódban vagy hátrányos megkülönböztetésben volt része, vagy valamely más sérelem érte, különösen a pályahálózat‑működtető vagy adott esetben a vállalkozó vasúti társaság vagy a kiszolgáló létesítmény üzemeltetője által elfogadott döntések ellen a következőkkel kapcsolatban: a) a hálózati üzletszabályzat átmeneti és végleges változatai; b) az abban meghatározott követelmények; c) az elosztási folyamat és eredménye; d) a díjképzési konstrukció; e) a fizetendő vagy esetlegesen fizetendő infrastruktúra‑használati díjak mértéke vagy struktúrája; f) a hozzáféréssel kapcsolatos megállapodások a 10–13. cikk szerint; g) a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok díjképzése a 13. cikkel összhangban. (2)   A nemzeti versenyhatóságnak a vasúti szolgáltatások piacán folyó verseny biztosítására vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül az igazgatási szervezet jogköre kiterjed a vasúti szolgáltatások piacán zajló verseny figyelemmel kísérésére, továbbá a hatóság saját kezdeményezésére és a kérelmezőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében kiemelten ellenőrzi az (1) bekezdés a)–g) pontját. Kiemelt figyelemmel ellenőrzi, hogy a hálózati üzletszabályzat nem tartalmaz‑e diszkriminatív rendelkezéseket vagy nem ruházza‑e fel a pályahálózat‑működtetőt olyan mérlegelési jogkörrel, amelyet fel lehetne használni a kérelmezőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésre. Az igazgatási szervezet rendelkezésére kell bocsátani az említett feladatok végrehajtásához szükséges szervezeti kapacitást.” Az említett irányelv 57. cikke (1) bekezdése első albekezdésének szövege a következő: „Az igazgatási szervezetek tájékoztatják egymást a munkájukról, valamint döntéshozatali elveikről és gyakorlatukról, valamint különösen az eljárásaik és az átültetett uniós vasúti jogszabályok értelmezési problémáinak főbb pontjairól. Másképpen is együttműködnek, hogy döntéshozatalukat az Unión belül összehangolják. E célból részt vesznek és együtt dolgoznak egy rendszeres időközönként ülést tartó hálózatban. A Bizottság a hálózat tagja; összehangolja és támogatja a hálózat munkáját, és adott esetben ajánlásokat tesz a hálózatnak. A Bizottság biztosítja a megfelelő igazgatási szervezetek közötti aktív együttműködést.” Ugyanezen irányelv 65. cikke így rendelkezik: „A IX. melléklet A. részében felsorolt irányelvekkel módosított 91/440[…] [irányelv], [a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló, 1995. június 19‑i] 95/18/EK [tanácsi irányelv ( HL 1995. L 143., 70. o. ; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 2. kötet, 258. o.)] és [a] 2001/14[…] [irányelv] 2015. június 17‑től hatályukat vesztik, a IX. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére meghatározott határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül. A hatályon kívül helyezett irányelvekre való hivatkozásokat erre az irányelvre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a X. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.” A 2012/34 irányelv IV. melléklete értelmében: „A 27. cikkben említett hálózati üzletszabályzatnak az alábbi információkat kell tartalmazniuk: […] 3. A kapacitáselosztás elveiről és feltételeiről szóló szakasz. E szakaszban rögzíteni kell a vállalkozó vasúti társaságok rendelkezésére álló infrastruktúra általános jellemzőit […]. A szakaszban meg kell határozni továbbá a kapacitáselosztásra vonatkozó eljárásokat és határidőket. A szakasznak tartalmaznia kell továbbá a folyamat során alkalmazandó különös feltételeket, mindenekelőtt: a) azokat az eljárásokat, amelyeknek keretében a kérelmezők kapacitást kérhetnek a pályahálózat‑működtetőtől; b) a kérelmezőkre vonatkozó rendelkezéseket; […] […]” A német jog Az AEG Az 1993. december 27‑i Allgemeines Eisenbahngesetz (a vasútról szóló általános törvény) alapjogvitára alkalmazandó változata (a továbbiakban: AEG) 14. §‑ának (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „A pályahálózat‑működtetők kötelesek biztosítani az általuk működtetett infrastruktúra hátrányos megkülönböztetéstől mentes használatát és az általuk kínált szolgáltatások hátrányos megkülönböztetéstől mentes nyújtását a 26. § (1) bekezdésének 6. és 7. pontja, valamint (4) bekezdésének 1. pontja alapján meghozott rendelettel megállapított mértékben. […]” Az AEG 14d. §‑a értelmében: „A vasúti pályahálózat‑működtető közvállalkozások tájékoztatják a szabályozó szervezetet […] 6. a hálózati üzletszabályzat és a létesítmények használatára vonatkozó feltételek – ideértve a díjszabásra irányadó elveket és tervezett összegeket érintő – felülvizsgálatára vagy módosítására irányuló javaslatról, […]” E törvény 14e. §‑a így rendelkezik: „(1)   A szabályozó szervezet kifogást emelhet a 14d. § szerinti értesítés kézhezvételétől számított […] 4. négy héten belül a 14d. § első mondatának 6. pontja alapján javasolt felülvizsgálattal vagy módosítással szemben, amennyiben a tervezett döntések nem felelnek meg a vasúti infrastruktúrához való hozzáférésre vonatkozó vasúti szabályozás rendelkezéseinek. […] (3)   Amennyiben a szabályozó szervezet él kifogásolási jogával, úgy […] 2. az (1) bekezdés 4. pontja esetében ennyiben nem lépnek hatályba a vasúthálózat‑használati feltételek vagy a szolgáltatási infrastruktúra használati feltételei, beleértve az előírt díjszabási elveket és díjmértéket. […]” Az EIBV A 2005. június 3‑i Eisenbahninfrastruktur‑Benutzungsverordnung (a vasúti infrastruktúra használatáról szóló rendelet) (BGBl. 2005. I., 1566. o., a továbbiakban: EIBV) 3. §‑ának (1) bekezdése így rendelkezik: „A vasúti infrastruktúrát működtető vállalkozások engedélyezik az általuk működtetett kiszolgáló létesítmények hátrányos megkülönböztetéstől mentes használatát, továbbá gondoskodnak a kapcsolódó szolgáltatások és az 1. melléklet 2. pontjában ismertetett szolgáltatások hátrányos megkülönböztetéstől mentes nyújtásáról, amennyiben azok kereskedelmi tevékenységük részét képezik. A vasúti pályahálózat‑működtetők ezenkívül kötelesek rendelkezésre bocsátani az általuk működtetett vasútvonalakat, az irányítási és biztonsági rendszereket, valamint a bizonyos szakaszok azokhoz kapcsolódó áramellátó létesítményeit, továbbá kötelesek a menetvonalakat a jelen rendelettel összhangban elosztani, valamint az 1. melléklet 1. pontjában ismertetett szolgáltatásokat nyújtani.” E rendelet 4. cikke így rendelkezik: „(1)   A vasúti pályahálózat‑működtető rögzíti és […] közli az 1. melléklet 1. pontjában szereplő szolgáltatások nyújtására vonatkozó használati feltételeket (hálózati üzletszabályzat). A hálózathoz való hozzáférésre jogosultak kérelmére a vasúti pályahálózat‑működtető előbbiek költségére közli velük a hálózati üzletszabályzatot. (2)   A hálózati üzletszabályzatnak tartalmaznia kell legalább a 2. mellékletben és az e rendelet más rendelkezéseiben előírt adatokat, valamint a menetvonalak általános használati feltételeit. Az árjegyzék nem képezi részét a hálózati üzletszabályzatnak. […]” Az említett rendelet 6. cikkének (1) bekezdése értelmében: „Ha a jelen rendelet másként nem rendelkezik, a hozzáférésre jogosultak bármikor menetvonalat kérhetnek a vasúti pályahálózat‑működtetőtől. […]” Ugyanezen rendelet 1. melléklete így rendelkezik: „1. A vasúti pályahálózat‑működtető kötelező szolgáltatásai magukban foglalják: a) a menetvonalakra vonatkozó kérelmek feldolgozását; […]” Az EIBV 2. melléklete pontosítja: „A 4. §‑ban említett hálózati üzletszabályzatnak a következő információkat kell tartalmaznia: […] 3. A vasúti kapacitás odaítélésének elvei és kritériumai. Információkat kell szolgáltatni a hozzáférés kedvezményezettjei rendelkezésére álló vasúti kapacitás általános jellemzőiről, valamint minden használati korlátozásról, ideértve a karbantartási célú kapacitási szükségleteket is. Tájékoztatást kell továbbá nyújtani a vasúti infrastruktúra‑kapacitás elosztására vonatkozó eljárás lebonyolításáról és az arra irányadó határidőkről, különösen a) a menetvonal‑kijelölés iránti kérelmeknek a hozzáférésre jogosultak által a vasúti pályahálózat‑működtetőhöz történő benyújtására vonatkozó eljárásról; […]” Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések A DB Netz – amely a Deutsche Bahn AG csoport 100%‑os tulajdonában álló leányvállalat – a vasúti pályahálózatot működtető olyan közvállalkozás, amely Németország legnagyobb vasúti hálózatát üzemelteti. A 2012/34 irányelv 27. cikkét átültető német jogszabályok, így különösen az EIBV 4. §‑ának (1) és (2) bekezdése, valamint 2. melléklete 3. pontja harmadik mondatának a) alpontja értelmében a DB Netz az infrastruktúra működtetőjeként köteles elkészíteni és közzétenni a hálózati üzletszabályzatot, amely tartalmazza a vasúti infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmek benyújtására irányuló eljárás lefolytatására és határidőire vonatkozó információkat, így különösen az azon eljárásra vonatkozó információkat, amelynek keretében a hozzáférés kedvezményezettjei benyújtják a pályahálózat‑működtetőhöz a menetvonalak iránti kérelmeket. A DB Netz részt vesz továbbá a 913/2010 rendelet 2. cikke értelmében vett európai szintű árufuvarozási folyosók működtetésében is, e folyosók között pedig hat olyan van, amelyeket érint a DB Netz vasúti pályahálózata. E rendelet rendelkezései értelmében a DB Netz a szóban forgó egyes árufuvarozási folyosókkal érintett infrastruktúra többi működtetőjével együtt köteles olyan ügyvivő testületet létrehozni, amely részt vesz a szóban forgó árufuvarozási folyosó működtetésében, és amelynek hatáskörébe tartozik az, hogy minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében olyan egyablakos rendszert jelöljön ki és hozzon létre, amely lehetővé teszi a folyosó felhasználói számára, hogy az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmeiket a határokon át közlekedő árufuvarozó vonatjaik tekintetében egyetlen helyen és egyetlen művelettel nyújtsák be. Az ügyvivő testület kialakítja az eljárásokat annak érdekében, hogy a kapacitások elosztása során biztosított legyen az infrastruktúra működtetői közötti koordináció, továbbá elkészíti és közzéteszi a „Corridor Information Document (CID)” elnevezésű azon dokumentumot, amely az érintett árufuvarozási folyosó használatának feltételeivel kapcsolatos információkat tartalmazza. Az összes olyan árufuvarozási folyosó gyakorlatában, amelyekben a DB Netz jelen van, a kérelmeknek az egyablakos rendszerben történő benyújtására irányuló eljárás a „Path Coordination System” (menetvonal‑összehangolási rendszer) elnevezésű elektronikus foglalási rendszer (a továbbiakban: PCS foglalási rendszer) használatán alapul. A 2015. év során az árufuvarozási folyosók azon ügyvivő testületei, amelyekben a DB Netz részt vesz, úgy döntöttek, hogy az előre meghatározott nemzetközi menetvonalakra vonatkozó infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmek kizárólag a PCS foglalási rendszeren keresztül nyújthatók be az egyes árufuvarozási folyosóknak megfelelő egyablakos rendszerben. E szabályokat közzétették a CID 4. könyvében. A DB Netz 2015. augusztus 31‑én értesítette a 2012/34 irányelv 55. cikke értelmében nemzeti szabályozó szervezetként hatáskörrel rendelkező szövetségi hálózati ügynökséget a 2016. évi hálózati üzletszabályzata módosításának tervezetéről. E módosítás többek között arra vonatkozott, hogy az árufuvarozási folyosókban a 913/2010 rendeletnek megfelelően előre meghatározott menetvonalakon milyen eljárásban kell benyújtani az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmeket az egyablakos rendszer hatáskörrel rendelkező pontján. A tervezett módosítás az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmek benyújtása tekintetében arra irányult, hogy kizárólag a PCS foglalási rendszer használatát tegye lehetővé, megszüntetve azt a lehetőséget, hogy e rendszer műszaki meghibásodása esetén a kérelem formanyomtatványát használják. A módosítást többek között azzal indokolták, hogy a kérelmek benyújtására vonatkozó, az árufuvarozási folyosók ügyvivő testületei által elfogadott és közzétett szabályok nem rendelkeznek ilyen formanyomtatvány használatáról. 2015. szeptember 22‑i határozatával a szövetségi hálózati ügynökség az AEG 14e. §‑ának (1) bekezdése alapján kifogást emelt a 2016. évi hálózati üzletszabályzatnak a DB Netz által benyújtott módosítási tervezetével szemben, 2016. március 8‑i határozatával pedig elutasította az e pályahálózat‑működtető által benyújtott panaszt. Az elutasítást azzal indokolta, hogy a javasolt módosítás – amely arra irányul, hogy megszüntesse azt a lehetőséget, hogy a PCS foglalási rendszer műszaki meghibásodása esetén alternatív megoldást alkalmazzanak – ellentétes a DB Netzet terhelő, az AEG 14. §‑a (1) bekezdése első mondatának, valamint az EIBV 3. §‑a (1) bekezdésének és 1. melléklete 1. pontjának együttes alkalmazásából eredő azon kötelezettséggel, hogy biztosítsa az általa üzemeltetett vasúti infrastruktúra hátrányos megkülönböztetéstől mentes használatát, továbbá hátrányos megkülönböztetéstől mentesen nyújtsa az általa kínált kötelező szolgáltatásokat, ideértve a menetvonalak elosztása iránti kérelmek feldolgozását. A DB Netz 2016. március 15‑én keresetet indított a Verwaltungsgericht Köln (kölni közigazgatási bíróság, Németország) előtt a szövetségi hálózati ügynökség elutasító határozatának megsemmisítése iránt. E bíróság 2018. április 20‑i ítéletével elutasította e keresetet, lényegében ezen ügynökség érveit követve. A DB Netz ezen ítélettel szemben fellebbezést nyújtott be a kérdést előterjesztő bírósághoz, amely arra keresi a választ, hogy a szövetségi hálózati ügynökség megalapozottan emelt‑e kifogást a 2016. évi hálózati üzletszabályzatnak a DB Netz által tervezett módosításával szemben. A kérdést előterjesztő bíróság úgy véli, hogy a szövetségi hálózati ügynökségnek elegendő indoka volt azt feltételezni, hogy az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmeknek a 913/2010 rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti egyablakos rendszerben történő benyújtására irányuló, a 2016. évi hálózati üzletszabályzat 4.2.5.1. pontjában szabályozott eljárás hátrányos megkülönböztetéshez vezethet akkor, ha a PCS foglalási rendszer műszaki meghibásodása esetén nincs alternatív megoldás. Mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróság először is arra keresi a választ, hogy ezt az eljárást az EIBV 2. melléklete 3. pontja harmadik mondatának a) alpontjával együttesen értelmezett 4. §‑ának (1) és (2) bekezdése értelmében a DB Netz szabályozhatja‑e a hálózati üzletszabályzatában, és így azt teljeskörűen felülvizsgálhatja‑e a szövetségi hálózati ügynökség, vagy pedig e tárgyban kizárólag az érintett árufuvarozási folyosó ügyvivő testülete rendelkezik hatáskörrel. Mivel az EIBV 2. melléklete 3. pontja harmadik mondatának a) alpontjával együttesen értelmezett 4. §‑ának (1) és (2) bekezdése arra irányul, hogy végrehajtsa a 2012/34 irányelv IV. melléklete 3. pontjának a) alpontjával együttesen értelmezett 27. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, meghatározó az a kérdés, hogy az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmek benyújtására irányuló, az alapügyben szóban forgó eljárás ezen irányelv említett rendelkezéseinek hatálya alá tartozik‑e. Másodszor, arra az esetre, ha a DB Netznek ezt az eljárást is ténylegesen szabályoznia kellene a hálózati üzletszabályzatában, a kérdést előterjesztő bíróság arra keresi a választ, hogy a 2012/34 irányelv 27. cikke értelmében vett ilyen dokumentum vizsgálata során a nemzeti szabályozó szervezetnek tiszteletben kell‑e tartania a 913/2010 rendelet 20. cikkében foglalt rendelkezéseket, amely cikk a nemzeti szabályozó szervezetek együttműködését írja elő, igenlő válasz esetén pedig ez az együttműködési kötelezettség kizár‑e minden egyoldalú intézkedést, vagy megköveteli‑e, hogy a nemzeti szabályozó szervezet legalább arra köteles legyen, hogy törekedjen az összehangolt megközelítésre. Arra az esetre, ha e 20. cikk nem alkalmazandó, e bíróság arra keresi a választ, hogy származik‑e hasonló együttműködési kötelezettség a 2012/34 irányelv rendelkezéseiből, különösen pedig annak 57. cikkéből. E tekintetben az említett bíróság úgy véli, hogy az e területen folytatott koordináció hiánya esetén a nemzeti szabályozó szervezetek ellentmondásos követelményei megnehezíthetik, sőt ellehetetleníthetik a 913/2010 rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célkitűzés megvalósítását, vagyis azt, hogy az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmeket egyetlen helyen és egyetlen művelettel lehessen benyújtani. Harmadszor, arra az esetre, ha valamely árufuvarozási folyosó ügyvivő testülete jogosult maga meghatározni az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmeknek az egyablakos rendszerben történő benyújtására vonatkozó eljárást, a kérdést előterjesztő bíróság kétségesnek tartja, hogy a szövetségi hálózati ügynökség a DB Netz 2016. évi hálózati üzletszabályzatát az e testület által elfogadott szabályoknak való érdemi megfelelésen túl is felülvizsgálhatja. Negyedszer, arra az esetre, ha a nemzeti szabályozó szervezetek hatáskörrel rendelkeznének az ilyen felülvizsgálatra, a kérdést előterjesztő bíróság szükségesnek tartja annak tisztázását, hogy milyen jelentősége van annak a keretnek, amelyet valamely árufuvarozási folyosó irányító testülete a 913/2010 rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alapján határoz meg az infrastruktúrakapacitásnak az árufuvarozási folyosón belüli elosztására vonatkozóan. A kérdést előterjesztő bíróság arra keresi a választ, hogy miként viszonyul egymáshoz egyrészt az, hogy az érintett árufuvarozási folyosók irányító testületei a jelen esetben a szabályozási keretük 8. cikkének (2) bekezdésében előírták, hogy az érintett árufuvarozási folyosó kapacitásait olyan nemzetközi kérelmezési rendszeren keresztül kell közzétenni és elosztani, amelyet össze kell hangolni a többi árufuvarozási folyosóval, vagyis a PCS foglalási rendszerrel, másrészt pedig a nemzeti szabályozó szervezet azon egyoldalú intézkedése, amely arra irányul, hogy a DB Netzcel szemben anélkül állapítson meg követelményeket az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmek rendszerének kialakításával kapcsolatban, hogy egyeztetett volna a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívüli egyéb érintett tagállamok szabályozó szervezeteivel. A kérdést előterjesztő bíróságnak e tekintetben kétségei vannak az árufuvarozási folyosón az infrastruktúra‑kapacitások elosztása érdekében a 913/2010 rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott keret jogi természetével és kötelező erejével kapcsolatban, és arra keresi a választ, hogy e keret a nemzeti bíróságok vagy a Bíróság általi értelmezés tárgyát képezheti‑e. E körülmények között az Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein‑Westfalen (Észak‑Rajna‑Vesztfália tartomány közigazgatási felsőbírósága, Németország) úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjeszti a Bíróság elé: „1) Úgy kell‑e értelmezni a [913/2010] rendeletet különösen az e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében, 14. cikkének (9) bekezdésében és 18. cikkének c) pontjában az árufuvarozási folyosó ügyvivő testülete számára előírt feladatokra tekintettel, hogy az árufuvarozási folyosó ügyvivő testülete maga határozhatja meg azt az eljárást, amelynek keretében infrastruktúrakapacitás kérhető a rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében említett egyablakos rendszerben, és ennek keretében – a jelen ügy körülményeihez hasonlóan – előírhatja például egy elektronikus foglalási eszköz kizárólagos használatát, vagy a [2012/34] irányelv IV. mellékletének 3. a) pontjával összefüggésben értelmezett 27. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő általános rendelkezések hatálya alá tartozik ez az eljárás, és azt ezért kizárólag az árufuvarozási folyosó tekintetében érintett pályahálózat‑működtetők szabályozhatják hálózati üzletszabályzatukban? 2) Ha az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy az [e] kérdésben említett eljárás kizárólag az árufuvarozási folyosó tekintetében érintett pályahálózat‑működtetők hálózati üzletszabályzatában szabályozható, e tekintetben a [913/2010] rendelet 20. cikke alapján kell‑e felülvizsgálnia a nemzeti szabályozó szervezetnek a hálózati üzletszabályzatot, vagy szintén kizárólag a [2012/34] irányelv rendelkezései és az ezen irányelv átültetésére elfogadott nemzeti jogszabályi rendelkezések alapján? a) Ha a felülvizsgálatot a [913/2010] rendelet 20. cikke alapján kell elvégezni, összeegyeztethető‑e a 20. cikk rendelkezéseivel, hogy a nemzeti szabályozó szervezet anélkül emel kifogást a hálózati üzletszabályzatban foglalt, az első kérdésben említetthez hasonló szabályozással szemben, hogy ennek során az árufuvarozási folyosó tekintetében érintett [tagállamon kívüli egyéb tagállamok] szabályozó szervezeteivel közösen és érdemben egységesen járna el, vagy legalább előzetes konzultációt folytatna e szervezetekkel az egységes eljárás érdekében? b) Ha a felülvizsgálatot a [2012/34] irányelv rendelkezései és az ezen irányelv átültetésére elfogadott nemzeti jogszabályi rendelkezések alapján kell elvégezni, összeegyeztethető‑e ezekkel a rendelkezésekkel, különösen az említett irányelv 57. cikke (1) bekezdés[e] [első albekezdésének] második mondatában előírt általános összehangolási kötelezettséggel, hogy a nemzeti szabályozó szervezet anélkül emel kifogást az ilyen szabályozással szemben, hogy ennek során az árufuvarozási folyosó tekintetében érintett [tagállamon kívüli egyéb tagállamok] szabályozó szervezeteivel közösen és érdemben egységesen járna el, vagy legalább előzetes konzultációt folytatott volna e szervezetekkel az egységes eljárás érdekében? 3) Ha az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy az árufuvarozási folyosó ügyvivő testülete maga határozhatja meg az [e] kérdésben említett eljárást, a [913/2010] rendelet 20. cikke vagy a [2012/34] irányelv rendelkezései és az ezen irányelv átültetésére elfogadott jogszabályi rendelkezések alapján felülvizsgálhatja és adott esetben kifogásolhatja‑e a nemzeti szabályozó szervezet a pályahálózat‑működtető hálózati üzletszabályzatát az ügyvivő testület által meghatározott eljárással való tartalmi egyezőségének szempontját meghaladó mértékben, ha a pályahálózat‑működtető hálózati üzletszabályzata az ezen eljárásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz? Ha erre a kérdésre igenlő választ kell adni, milyen választ kell adni a második kérdés a) és b) pontjában szereplő kérdésekre a szabályozó szervezet e hatáskörére tekintettel? 4) Ha a nemzeti szabályozó szervezetek az előző kérdésekből kiindulva rendelkeznek az első kérdésben említett eljárás felülvizsgálatára vonatkozó hatáskörökkel, úgy kell‑e értelmezni a [913/2010] rendelet 14. cikkének (1) bekezdését, hogy az e rendelkezés alapján az irányító testület által meghatározott keret a nemzeti szabályozó szervezeteket és a nemzeti bíróságokat kötő uniós jognak minősül, amelynek alkalmazása elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, és amelynek végérvényes és kötelező erejű értelmezése a Bíróság hatáskörébe tartozik? 5) A negyedik kérdésre adandó igenlő válasz esetén ellentétes‑e a [913/2010] rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alapján a vonatkozó keret 8. cikkének (2) bekezdésében az összes árufuvarozási folyosó irányító testületei által elfogadott olyan rendelkezéssel, amely szerint a folyosókapacitást olyan nemzetközi kérelmezési rendszeren keresztül kell közzétenni és elosztani, amelyet a lehető legnagyobb mértékben össze kell hangolni a többi árufuvarozási folyosóval, egy nemzeti szabályozó hatóság olyan határozata, amely olyan előírásokat állapít meg e kérelmezési rendszer kialakításával kapcsolatban az árufuvarozási folyosó tekintetében érintett pályahálózat‑működtető számára annak hálózati üzletszabályzata tekintetében, amelyeket nem hangoltak össze az árufuvarozási folyosók tekintetében érintett [tagállamon kívüli egyéb tagállamok] nemzeti szabályozó szervezeteivel?” Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről Az első kérdésről Első kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keresi a választ, hogy a 913/2010 rendelet 13. cikkének (1) bekezdését, 14. cikkének (9) bekezdését és 18. cikkének c) pontját, valamint a 2012/34 irányelv 27. cikkének az ezen irányelv IV. melléklete 3. pontjának a) alpontjával együttesen értelmezett (1) és (2) bekezdését akként kell‑e értelmezni, hogy azon hatóság alatt, amely hatáskörrel rendelkezik az azon eljárásra alkalmazandó szabályok elfogadására – ideértve valamely meghatározott elektronikus foglalási rendszer kizárólagos használatát is –, amelynek keretében az e 13. cikk (1) bekezdésében előírt egyablakos rendszerben be kell nyújtani az infrastruktúra‑kapacitások iránti kérelmeket, az e rendelet 8. cikkének (2) bekezdése értelmében létrehozott ügyvivő testületet kell érteni, vagy pedig a pályahálózatnak az említett irányelv 3. cikkének 2. pontjában meghatározott működtetője minősül ilyen hatóságnak. Mivel e kérdés a 913/2010 rendelet és a 2012/34 irányelv rendelkezéseinek értelmezésére irányul, elöljáróban hangsúlyozni kell, hogy e rendelet (7) preambulumbekezdéséből kitűnik, hogy eltérő rendelkezés hiányában e rendeletet azon jogok és kötelezettségek sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyeket a pályahálózat‑működtetők vonatkozásában a 91/440 irányelv és a 2001/14 irányelv ír elő. Mivel a 2012/34 irányelv hatályon kívül helyezte e két irányelvet, a 65. cikke értelmében pedig az említett hatályon kívül helyezett irányelvekre való hivatkozásokat a 2012/34 irányelvre való hivatkozásnak kell tekinteni, a 913/2010 rendelet rendelkezéseit ez utóbbi irányelv fényében kell értelmezni, hacsak azok eltérően nem rendelkeznek. Az első kérdés megválaszolása érdekében következésképpen meg kell vizsgálni, hogy a 913/2010 rendelet milyen szerepet szán az árufuvarozási folyosók ügyvivő testületének, ezzel együtt figyelembe véve a 2012/34 irányelv azon rendelkezéseit, amelyek a pályahálózat‑működtetőkre háruló feladatokra vonatkoznak. E tekintetben az állandó ítélkezési gyakorlatból következik, hogy az uniós jog rendelkezéseinek értelmezéséhez azoknak nemcsak a szövegét, hanem a kontextusát, és annak a szabályozásnak a célkitűzéseit is figyelembe kell venni, amelynek azok a részét képezik (lásd ebben az értelemben: 2021. január 27‑iDe Ruiter ítélet, C‑361/19 , EU:C:2021:71 , 39. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Először is, ami a 913/2010 rendelet és a 2012/34 irányelv releváns rendelkezéseinek megszövegezését illeti, egyrészt e rendelet 8. cikkének (2) bekezdéséből kitűnik, hogy az érintett pályahálózat‑működtetők minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében kötelesek létrehozni egy ügyvivő testületet, amely az ilyen pályahálózat‑működtetők képviselőiből áll, és amely olyan intézkedéseket köteles megtenni, mint amilyeneket az említett rendeleten belül többek között a 8. cikk (9) bekezdése, a 12. cikk, a 13. cikk (1) bekezdése, a 14. cikk (2), (6) és (9) bekezdése, a 16. cikk (1) bekezdése, valamint a 18. cikk kifejezetten előír. Így a 913/2010 rendeleten belül mindenekelőtt a 8. cikk (9) bekezdése és a 12. cikk szerint az ügyvivő testület egyfelől a nemzeti és európai kiépítési terveknek megfelelően koordinálja az együttműködtethető informatikai alkalmazások, illetve a jövőben rendelkezésre álló alternatív megoldások használatát a nemzetközi menetvonal‑kérelmek és az árufuvarozási folyosón belüli nemzetközi forgalom irányításának kezelése érdekében, másfelől pedig összehangolja és közzéteszi az infrastruktúrával és az ahhoz kapcsolódó berendezésekkel kapcsolatos valamennyi olyan munkálat ütemtervét, amely az árufuvarozási folyosón rendelkezésre álló kapacitást korlátozná. Továbbá, a 913/2010 rendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében az ügyvivő testület kijelöli vagy létrehozza az egyablakos rendszert, amely olyan közös szervezetből áll, amely lehetővé teszi a kérelmezőknek, hogy egyetlen helyen és egyetlen művelettel terjesszék elő a kérelmeket és kapjanak válaszokat azokra, az árufuvarozási folyosón legalább egy határon áthaladó árufuvarozó vonatokkal kapcsolatos infrastruktúrakapacitás vonatkozásában. E tekintetben e rendelet 14. cikkének (2), (6) és (9) bekezdése, valamint 16. cikkének (1) bekezdése értelmében az ügyvivő testület értékeli az árufuvarozási folyosón közlekedő árufuvarozó vonatok számára kiosztandó kapacitások iránti szükségleteket, elősegíti az ilyen folyosón a kapacitás elosztásával kapcsolatos elsőbbségi szabályok összehangolását, eljárásokat alakít ki a kapacitáselosztás pályahálózat‑működtetők közötti optimális összehangolásának biztosítására, mind a 13. cikk (1) bekezdésében említett, mind pedig az érintett pályahálózat‑működtetők által kapott kérelmek tekintetében, ugyanígy pedig eljárásokat alakít ki az említett folyosók vonalán lebonyolított forgalom irányításának összehangolására. Végül, a 913/2010 rendelet 18. cikkéből kitűnik, hogy az ügyvivő testület kidolgoz, rendszeresen frissít és közzétesz egy olyan dokumentumot, amely tartalmazza lényegében az árufuvarozási folyosók használati feltételeivel kapcsolatos információkat, ideértve – mint ez kitűnik e cikk a) és c) pontjából – a 2012/34 irányelv 27. cikkében szabályozott eljárás szerint kidolgozott nemzeti hálózati üzletszabályzatokban szereplő összes olyan információt, amelyek az árufuvarozási folyosóra vonatkoznak, valamint az e rendelet 13‐17. cikke szerinti eljárásokra vonatkozó információkat. Így a 913/2010 rendeletnek a jelen ítélet 48–51. pontjában említett rendelkezéseinek szövegéből egyfelől az következik, hogy az uniós jogalkotó kifejezetten meg kívánta jelölni azokat az intézkedéseket, amelyeket az ügyvivő testület köteles megtenni, másfelől pedig az, hogy e testületnek lényegében összehangolási szerepe van, amely többek között az infrastruktúrakapacitásokra, az e tekintetben rendelkezésre álló információkra, valamint az ilyen kapacitások iránti kérelmek bizonyos vetületeire vonatkozik. E rendelkezések ugyanakkor semmilyen módon nem utalnak arra, hogy az említett testület szerepe akár arra is kiterjedhetne, hogy e testületnek lehetősége legyen meghatározni azt az eljárást, amelynek keretében az egyablakos rendszerben be kell nyújtani az infrastruktúra‑kapacitások lefoglalása iránti kérelmeket. Másrészt, ami a 2012/34 irányelv értelmében a pályahálózat‑működtetőre háruló feladatokat illeti, egyfelől ezen irányelv 27. cikkének (1) bekezdéséből az következik, hogy minden egyes pályahálózat‑működtetőnek el kell készítenie és közzé kell tennie a nemzeti hálózati üzletszabályzatot, másfelől pedig az említett irányelv IV. melléklete 3. pontjának a) alpontjával összefüggésben értelmezett e cikk (2) bekezdése értelmében az ilyen üzletszabályzat tartalmazza azt, hogy a kérelmezőknek milyen eljárásban kell benyújtaniuk a pályahálózat‑működtetőhöz a kapacitás iránti kérelmeket. Így a 2012/34 irányelv e rendelkezéseinek szövegéből kitűnik, hogy a pályahálózat‑működtető hatáskörébe tartozik az azon eljárásra alkalmazandó szabályok elfogadása, amelynek keretében be kell nyújtani az infrastruktúra‑kapacitás iránti olyan kérelmeket, mint amelyeket az egyablakos rendszerben terjesztenek elő a 913/2010 rendelet 13. cikkének (1) bekezdése értelmében vett azon árufuvarozó vonatok tekintetében, amelyek az árufuvarozási folyosón legalább egy határon áthaladnak. Másodszor, a 913/2010 rendelet és a 2012/34 irányelv releváns rendelkezései kontextusának vizsgálata megerősíti a jelen ítélet 52. és 55. pontjában levont következtetéseket. Egyrészt, mint azt az említett rendelet (26) preambulumbekezdése is kimondja, az a követelmény, amely szerint az ügyvivő testület összeállítja, rendszeresen frissíti és közzéteszi az ugyanezen rendelet 18. cikke szerinti dokumentumot, arra irányul, hogy megkönnyítse a hozzáférést azokhoz az információkhoz, amelyeket többek között a nemzeti hálózati üzletszabályzatok tartalmaznak, és amelyek az árufuvarozási folyosó valamennyi főbb infrastruktúrájának használatára vonatkoznak, továbbá hogy biztosítsa a folyosóhoz való, hátrányos megkülönböztetéstől mentes hozzáférést. Ebből következik, mint azt lényegében a főtanácsnok is kiemelte az indítványának 71. pontjában, hogy e dokumentum tájékoztató jellegű. Másrészt, a 2012/34 irányelv 56. cikkének (2) bekezdése az ezen irányelv 55. cikkének (1) bekezdésével létrehozott szabályozó szervezetnek, amely önálló és független hatóságnak minősül, hatáskört biztosít többek között annak ellenőrzésére, hogy az említett irányelv 3. cikkének 26. pontjában meghatározott hálózati üzletszabályzat nem tartalmaz‑e hátrányosan megkülönböztető rendelkezéseket, illetve nem ruházza‑e fel a pályahálózat‑működtetőt olyan mérlegelési jogkörrel, amelyet fel lehetne használni a kérelmezőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésre. A hálózati üzletszabályzat keretében a hátrányos megkülönböztetés tilalma tiszteletben tartásának ilyen ellenőrzéséből így az következik, hogy igenis a pályahálózat‑működtető – amelynek el kell készítenie és közzé kell tennie ezt az üzletszabályzatot –, nem pedig az ügyvivő testület az, amelynek meg kell határoznia azt az eljárást, amelynek keretében a kérelmezőknek be kell nyújtaniuk az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmeket. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a 2012/34 irányelv 27. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint IV. mellékletének elemzése keretében a Bíróság már megállapította, hogy ezen irányelv értelmében minden infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmet a vasúti társaságnak a pályahálózat‑működtetőhöz az ez utóbbi által kidolgozott hálózati üzletszabályzatnak megfelelően kell benyújtania, és a kérelemnek meg kell felelnie az e szabályzatban szereplő elveknek és feltételeknek (lásd ebben az értelemben: 2019. február 28‑iSJ ítélet, C‑388/17 , EU:C:2019:161 , 38. pont). Harmadszor, ami a 2012/34 irányelv fényében értelmezett 913/2010 rendelet által követett célt illeti, e rendelet 1. cikkének (1) bekezdéséből kitűnik, hogy e rendelet meghatározza a versenyképes vasúti árufuvarozást szolgáló nemzetközi vasúti folyosók létrehozásának és megszervezésének szabályait a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat kialakítása céljából, továbbá megállapítja az árufuvarozási folyosók kiválasztásával, megszervezésével és működtetésével kapcsolatos szabályokat. E tekintetben, mint azt a 913/2010 rendelet (4) preambulumbekezdése is kimondja, a hálózat használatának optimalizálása és megbízhatóságának biztosítása érdekében e rendelet új eljárásokat vezet be abból a célból, hogy megerősítse a pályahálózat‑működtetők közötti együttműködést a nemzetközi menetvonalaknak az árufuvarozó vonatok részére való elosztása tekintetében. Márpedig, jóllehet igaz, hogy valamely árufuvarozási folyosó keretében a pályahálózat‑működtetők közötti ilyen együttműködés csak az ügyvivő testületen belül biztosítható, amelynek különösen az a feladata, hogy minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében megállapítsa az egyablakos rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat, ebből mégsem következik az, hogy az ilyen ügyvivő testület hatáskörrel rendelkezzen konkrétan azon eljárás meghatározására, amelynek keretében az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmeket be kell nyújtani. Az ilyen hatáskör ugyanis annak kockázatával járna, hogy veszélyeztetné a pályahálózat‑működtetőknek a 2012/34 irányelvben előírt feladatait, ami ellentétes lenne az uniós jogalkotónak a 913/2010 rendelet (7) preambulumbekezdésében kifejezett azon szándékával, hogy – eltérő rendelkezés hiányában – tiszteletben tartsa azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyeket ezen irányelv a pályahálózat‑működtetők vonatkozásában megállapít. E tekintetben el kell utasítani a DB Netz azon érvét, amely szerint ez az együttműködési cél veszélybe kerülhetne, ha a pályahálózat‑működtetők hatáskörrel rendelkeznének arra, hogy a hálózati üzletszabályzatukban szabályozzák az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmek benyújtására vonatkozó eljárást, mivel az ilyen hatáskör a különböző nemzeti hálózati üzletszabályzatokból eredő következetlen szabályok kockázatát hordozná magában. Mint azt ugyanis a főtanácsnok is kiemelte az indítványának 69. pontjában, a hálózati üzletszabályzatban szabályozott eljárás – amely magában foglalja többek között azt az eljárást, amelynek keretében az egyablakos rendszerben be kell nyújtani az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmeket – épp a pályahálózat‑működtetők közötti együttműködést tükrözi, mint ez kitűnik a 2012/34 irányelv 40. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekből. Másfelől e tekintetben ki kell emelni, hogy a pályahálózat‑működtetők együttműködésére irányuló cél biztosítása érdekében szükségesnek bizonyul a 913/2010 rendeletnek az ügyvivő testület szerepére vonatkozó, a jelen ítélet 48–51. pontjában vizsgált rendelkezéseket akként értelmezni, hogy e testület feladata meggyőződni arról, hogy a nemzeti hálózati üzletszabályzatok nem tartalmaznak egymásnak ellentmondó szabályokat. A fenti megfontolások összességéből következik, hogy az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 913/2010 rendelet 13. cikkének (1) bekezdését, 14. cikkének (9) bekezdését és 18. cikkének c) pontját, valamint a 2012/34 irányelv 27. cikkének az ezen irányelv IV. melléklete 3. pontjának a) alpontjával együttesen értelmezett (1) és (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az említett irányelv 3. cikkének 2. pontjában meghatározott pályahálózat‑működtető minősül azon hatóságnak, amely hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a nemzeti hálózati üzletszabályzat keretében elfogadja az azon eljárásra alkalmazandó szabályokat – ideértve valamely meghatározott elektronikus foglalási rendszer kizárólagos használatát is –, amelynek keretében az e 13. cikk (1) bekezdésében előírt egyablakos rendszerben be kell nyújtani az infrastruktúra‑kapacitások iránti kérelmeket. A második kérdésről Második kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keresi a választ, hogy az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmeknek az egyablakos rendszerben történő benyújtására vonatkozó eljárással kapcsolatos, a hálózati üzletszabályzatban előírt szabályoknak valamely nemzeti szabályozó szervezet általi felülvizsgálatát vajon a 913/2010 rendelet 20. cikkében foglalt rendelkezések, vagy pedig a 2012/34 irányelv rendelkezései, így különösen az ezen irányelv 57. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében foglalt rendelkezések szabályozzák, továbbá hogy e rendelkezéseket akként kell‑e értelmezni, hogy valamely tagállam szabályozó szervezetének anélkül is módjában áll kifogást emelni e szabályokkal szemben, hogy együttműködne az árufuvarozási folyosóban részt vevő többi tagállam szabályozó szervezeteivel, vagy egy összehangolt megközelítés kialakítása érdekében legalább előzetesen konzultálna velük. A 913/2010 rendelet 20. cikke (1) és (3) bekezdésének szövegéből lényegében kitűnik, hogy a szabályozó szervezetek az árufuvarozási folyosón zajló verseny ellenőrzése céljából együttműködnek és konzultálnak egymással, különösen annak érdekében, hogy biztosítsák az e folyosóhoz való, hátrányos megkülönböztetéstől mentes hozzáférést. Ezenkívül a 2012/34 irányelv 56. cikkének (2) bekezdése előírja a hálózati üzletszabályzat ellenőrzését, amelyről a szabályozó szervezet saját kezdeményezésére gondoskodik „a kérelmezőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében”, pontosítva, hogy e szervezet „[k]iemelt figyelemmel ellenőrzi, hogy a hálózati üzletszabályzat nem tartalmaz‑e diszkriminatív rendelkezéseket”. E tekintetben – csakúgy, mint az e szervezeteket megillető és döntéshozatali jogkört magában foglaló hatáskörök összessége vonatkozásában – ezen irányelv 57. cikke (1) bekezdésének első albekezdéséből az következik, hogy a szabályozó szervezetek együttműködnek annak érdekében, hogy az egész Unióban összehangolják a döntéshozatali folyamataikat. Ebből következik, hogy valamely hálózati üzletszabályzat ellenőrzése – amelyet a szabályozó szervezet a hátrányosan megkülönböztető bánásmódok elkerülése érdekében végez – egyfelől ugyanúgy tartozhat a 913/2010 rendelet 20. cikke rendelkezéseinek hatálya alá, mint a 2012/34 irányelv 56. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezések hatálya alá. Másfelől, ilyen esetben mind a 913/2010 rendelet 20. cikke, mind pedig a 2012/34 irányelv 57. cikke (1) bekezdésének első albekezdése együttműködést ír elő a szabályozó szervezetek között. Ugyanakkor az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló esetben, amikor ez az ellenőrzés különösen az azon eljárással kapcsolatos szabályokra vonatkozik, amelynek keretében be kell nyújtani a valamely árufuvarozási folyosó infrastruktúra‑kapacitásai iránti kérelmeket, a szabályozó szervezeteknek meg kell felelniük azon együttműködési kötelezettségeknek, amelyeket a 913/2010 rendelet 20. cikke konkrétan előír. Ami azt a kérdést illeti, hogy e 20. cikk megköveteli‑e, illetve milyen keretben és milyen feltételekkel követeli meg, hogy valamely tagállam szabályozó szervezete önállóan vagy az árufuvarozási folyosó által érintett többi tagállam szabályozó szervezeteivel együttműködve folytassa le a pályahálózat‑működtető hálózati üzletszabályzatának ellenőrzését, egyfelől az említett 20. cikk (1) bekezdésének mindenekelőtt az első mondatából az következik, hogy a szabályozó szervezeteknek az árufuvarozási folyosón zajló verseny ellenőrzése céljából együtt kell működniük. Továbbá ugyanezen 20. cikk (3) bekezdése szerint a nemzetközi árufuvarozási szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz esetén, illetve valamely saját kezdeményezésű vizsgálat keretében az érintett tagállam szabályozó szervezete konzultációt folytat valamennyi olyan tagállam szabályozó szervezeteivel, amelyen keresztül a szóban forgó nemzetközi vasúti árufuvarozási menetvonal áthalad, és határozatának meghozatala előtt ezektől a szabályozó szervezetektől megkér valamennyi szükséges információt. Végül, a 913/2010 rendelet (25) preambulumbekezdése értelmében, amely az e rendelet 20. cikke (1) bekezdésének második mondatában foglaltakat támasztja alá, a nemzetközi vasúti szolgáltatásokhoz való, megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítása érdekében ügyelni kell az árufuvarozási folyosó különböző hálózataiért felelős szabályozó szervezetek közötti hatékony koordináció biztosítására. Így a 913/2010 rendeletnek az e rendelet (25) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 20. cikkéből a tagállamok szabályozó szervezetei közötti olyan együttműködési kötelezettség következik, amely arra kötelezi őket, hogy a lehető legteljesebb mértékben összehangolt megközelítést alakítsanak ki, amennyiben az ellenőrzési hatásköreik keretében olyan határozatot fogadnak el, amely a vasúti árufuvarozási folyosókhoz való, hátrányos megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítására irányul. Másfelől hangsúlyozni kell, hogy ez az együttműködési kötelezettség hozzájárul az említett rendelet által követett azon célkitűzés biztosításához is, hogy megerősítsék a pályahálózat‑működtetők közötti együttműködést többek között azáltal, hogy olyan ügyvivő testületeket hoznak létre, amelyek feladata az egyablakos rendszer kijelölése vagy létrehozatala. Ha ugyanis nem lenne együttműködés a szabályozó szervezetek között – amelyek feladata különösen az, hogy biztosítsák az árufuvarozási folyosókhoz való, hátrányos megkülönböztetéstől mentes hozzáférést –, az annak kockázatát hordozná magában, hogy ugyanazon árufuvarozási folyosó tekintetében a vasúti árufuvarozási szolgáltatásokra vonatkozó olyan kiválasztási és szervezési szabályok jelenhetnének meg, amelyek egymástól eltérőek és potenciálisan ellentmondásosak, ami azzal a következménnyel járhatna, hogy veszélyezteti az egyablakos rendszer által bevezetett összehangolási rendszert. Következésképpen a jelen ügyben a szövetségi hálózati ügynökség nem hozhat az alapügyben vizsgálthoz hasonló határozatot anélkül, hogy eleget tenne a 913/2010 rendelet 20. cikkéből eredő együttműködési kötelezettségeknek, különösen pedig anélkül, hogy előzetesen konzultálna az érintett többi szabályozó szervezettel. Mindemellett, mint azt lényegében a főtanácsnok is kiemelte az indítványának 85. pontjában, a 913/2010 rendelet egyetlen rendelkezéséből sem következik, hogy a szabályozó szervezetek közötti együttműködési kötelezettség azt vonná maga után, hogy valamely tagállam szabályozó szervezete a határozat meghozatala előtt köteles lenne beszerezni a többi érintett tagállam szabályozó szervezeteinek hozzájárulását, vagy hogy kötve lenne ezen egyéb szabályozó szervezetek határozataihoz. A fenti megfontolásokból következően a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy az infrastruktúra‑kapacitások iránti kérelmeknek az egyablakos rendszerben történő benyújtására vonatkozó eljárással kapcsolatos, a hálózati üzletszabályzatban előírt szabályoknak valamely nemzeti szabályozó szervezet általi felülvizsgálatát a 913/2010 rendelet 20. cikkében foglalt rendelkezések szabályozzák, továbbá hogy e rendelkezéseket akként kell értelmezni, hogy valamely tagállam szabályozó szervezete nem emelhet kifogást e szabályokkal szemben anélkül, hogy eleget tenne az e 20. cikkből eredő együttműködési kötelezettségeknek, különösen pedig anélkül, hogy konzultálna az árufuvarozási folyosóban részt vevő többi tagállam szabályozó szervezeteivel annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb mértékben összehangolt megközelítést alakítsanak ki. A harmadik kérdésről Az első kérdésre adott válaszra tekintettel a harmadik kérdést nem kell megvizsgálni. A negyedik kérdésről Negyedik kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, hogy a 913/2010 rendelet 14. cikkének (1) bekezdését akként kell‑e értelmezni, hogy uniós jogi aktusnak minősül az irányító testület által e rendelkezés értelmében meghatározott azon keret, amely az infrastruktúra‑kapacitásoknak az árufuvarozási folyosón belüli elosztására vonatkozik. E tekintetben e bíróság különösen arra keresi a választ, hogy e kerettel ellentétes‑e az, hogy valamely nemzeti szabályozó szervezet olyan határozatot hozhasson, amely anélkül írja elő az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmek egyablakos módon történő benyújtására vonatkozó rendszert, hogy az árufuvarozási folyosóval érintett többi nemzeti szabályozó szervezettel egyeztetett volna. Hangsúlyozni kell, hogy a 913/2010 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében az érintett tagállamok – vagyis azok, amelyeknek a területén az árufuvarozási folyosó áthalad – minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében létrehoznak egy irányító testületet, amely felelős az árufuvarozási folyosó általános célkitűzéseinek meghatározásáért, az árufuvarozási folyosó felügyeletéért, valamint az e rendeleten belül többek között a 14. cikk (1) bekezdésében kifejezetten előírt intézkedések megtételéért. Az irányító testület az érintett tagállamok hatóságainak képviselőiből áll, az említett 8. cikk (4) bekezdése szerint pedig e képviselők kölcsönös egyetértése alapján hozza határozatait. Ezenkívül az említett 14. cikk (1) bekezdésének szövegéből kitűnik, hogy az irányító testület meghatározza az infrastruktúra‑kapacitásnak az érintett árufuvarozási folyosón belüli elosztására vonatkozó keretet, összhangban a 2001/14 irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal, amely rendelkezés – tekintettel arra, ami a jelen ítélet 45. pontjában szerepel – megfelel a 2012/34 irányelv 39. cikke (1) bekezdésének. Márpedig ez utóbbi rendelkezés értelmében a tagállamoknak van lehetőségük arra, hogy meghatározzák az infrastruktúra‑kapacitások elosztásának kereteit, annak fenntartásával, hogy teljesüljön a működtetés függetlenségére vonatkozó, ezen irányelv 4. cikkében meghatározott feltétel. Így e rendelkezésekből az következik, hogy jóllehet az irányító testület létrehozatalát a 913/2010 rendelet 8. cikkének (1) bekezdése értelmében az uniós jog írja elő, az ilyen irányító testületet a tagállamok hozzák létre, vagyis az nem minősül uniós intézménynek, szervnek vagy hivatalnak. Az, hogy az infrastruktúra‑kapacitások elosztásának a 913/2010 rendelet 14. cikkének (1) bekezdése értelmében vett keretét az irányító testület fogadja el, csupán annyit jelent, hogy annak elfogadására a pályahálózat‑működtetők, ezáltal pedig az érintett tagállamok olyan együttes fellépésével kerül sor, amely az uniós jog érvényesítésére irányul, ahogyan azt a 913/2010 rendelet és a 2012/34 irányelv előírja. Következésképpen az ilyen keret nem minősül uniós jogi aktusnak, vagyis nem rendelkezik egy ilyen aktus sajátos jellemzőivel. Ebből következik, hogy a jelen ügyben, mint azt a főtanácsnok is kiemelte az indítványának 96. pontjában, az infrastruktúra‑kapacitásoknak az árufuvarozási folyosón történő elosztása érdekében az irányító testület által a 913/2010 rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott kerettel nem ellentétes, ha az érintett nemzeti szabályozó szervezet az alapügyben vizsgálthoz hasonló esetben beavatkozik annak érdekében, hogy orvosolja az infrastruktúra‑kapacitás iránti kérelmek egyablakos rendszerben történő benyújtásának eljárásával kapcsolatos olyan hátrányos megkülönböztetésből eredő problémát, amely a pályahálózat‑működtető üzletszabályzatában merül fel. Az eddigi megfontolásokra tekintettel a negyedik kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 913/2010 rendelet 14. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy nem minősül uniós jogi aktusnak az irányító testület által e rendelkezés értelmében meghatározott azon keret, amely az infrastruktúra‑kapacitásoknak az árufuvarozási folyosón belüli elosztására vonatkozik. Az ötödik kérdésről A negyedik kérdésre adott válaszra tekintettel az ötödik kérdést nem kell megvizsgálni. A költségekről Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg. A fenti indokok alapján a Bíróság (ötödik tanács) a következőképpen határozott: 1) A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló, 2010. szeptember 22‑i 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (1) bekezdését, 14. cikkének (9) bekezdését és 18. cikkének c) pontját, valamint az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21‑i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének az ezen irányelv IV. melléklete 3. pontjának a) alpontjával együttesen értelmezett (1) és (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az említett irányelv 3. cikkének 2. pontjában meghatározott pályahálózat‑működtető minősül azon hatóságnak, amely hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a nemzeti hálózati üzletszabályzat keretében elfogadja az azon eljárásra alkalmazandó szabályokat – ideértve valamely meghatározott elektronikus foglalási rendszer kizárólagos használatát is –, amelynek keretében az e 13. cikk (1) bekezdésében előírt egyablakos rendszerben be kell nyújtani az infrastruktúra‑kapacitások iránti kérelmeket. 2) Az infrastruktúra‑kapacitások iránti kérelmeknek az egyablakos rendszerben történő benyújtására vonatkozó eljárással kapcsolatos, a hálózati üzletszabályzatban előírt szabályoknak valamely nemzeti szabályozó szervezet általi felülvizsgálatát a 913/2010 rendelet 20. cikkében foglalt rendelkezések szabályozzák, e rendelkezéseket pedig akként kell értelmezni, hogy valamely tagállam szabályozó szervezete nem emelhet kifogást e szabályokkal szemben anélkül, hogy eleget tenne az e 20. cikkből eredő együttműködési kötelezettségeknek, különösen pedig anélkül, hogy konzultálna az árufuvarozási folyosóban részt vevő többi tagállam szabályozó szervezeteivel annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb mértékben összehangolt megközelítést alakítsanak ki. 3) A 913/2010 rendelet 14. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy nem minősül uniós jogi aktusnak az irányító testület által e rendelkezés értelmében meghatározott azon keret, amely az infrastruktúra‑kapacitásoknak az árufuvarozási folyosón belüli elosztására vonatkozik. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: német.

62021CJ0001

el

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 9 της Σύμβασης η οποία καταρτίζεται βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 1995 ( ΕΕ 1995, C 316, σ. 48 , στο εξής: σύμβαση ΠΟΣ), του άρθρου 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας ( ΕΕ 2006, L 347, σ. 1 , στο εξής: οδηγία ΦΠΑ), και της αρχής της αναλογικότητας. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του MC και του Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (διευθυντή της διεύθυνσης «Προσφυγές και πρακτική στον τομέα της φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης» του Veliko Tarnovo που υπάγεται στην Εθνική Υπηρεσία Δημόσιων Εσόδων, στο εξής: διευθυντής) με αντικείμενο διορθωτική πράξη επιβολής φόρου με την οποία ο MC κατέστη αλληλεγγύως υπεύθυνος για ορισμένες φορολογικές οφειλές, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) μίας εμπορικής εταιρίας της οποίας ήταν ο διαχειριστής. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Η Σύμβαση ΠΟΣ Κατά το προοίμιο της Σύμβασης ΠΟΣ, τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης αυτής, «επιθυμώντας να διασφαλίσουν την αποτελεσματική συμβολή των ποινικών τους νομοθεσιών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων», είναι πεπεισμένα, αφενός, ότι «η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβάλλει την ποινική δίωξη των απατών σε βάρος των συμφερόντων αυτών» και, αφετέρου, ότι «είναι ανάγκη να καταστεί αυτή η συμπεριφορά αξιόποινη, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινικών κυρώσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής άλλων κυρώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και ότι απαιτείται, στις περιπτώσεις βαρείας τουλάχιστον απάτης να επιβάλλεται, για την εν λόγω συμπεριφορά, στερητική της ελευθερίας ποινή». Το άρθρο 1, παράγραφος 1, της Σύμβασης ΠΟΣ ορίζει την έννοια της «απάτη[ς] εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Κατά το άρθρο 1, παράγραφος 2, της Σύμβασης αυτής, κάθε συμβαλλόμενο κράτος λαμβάνει τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά των διατάξεων του άρθρου 1, παράγραφος 1, της εν λόγω Σύμβασης στο εσωτερικό ποινικό δίκαιο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι αναφερόμενες στις διατάξεις αυτές συμπεριφορές να χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα. Το άρθρο 2, παράγραφος 1, της Σύμβασης ΠΟΣ ορίζει ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 συμπεριφορές, καθώς και η συνέργεια, η ηθική αυτουργία και η απόπειρα που συνδέονται με τις συμπεριφορές του άρθρου 1, παράγραφος 1, της εν λόγω Σύμβασης να επισύρουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις. Η οδηγία ΦΠΑ Το άρθρο 205 της οδηγίας ΦΠΑ ορίζει τα κάτωθι: «Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 193 έως 200 και στα άρθρα 202, 203 και 204, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι πρόσωπο άλλο από τον υπόχρεο του φόρου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνο για την καταβολή του ΦΠΑ.» Το άρθρο 273, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας αυτής έχει ως εξής: «Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν και άλλες υποχρεώσεις που κρίνουν αναγκαίες για τη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και την αποφυγή της απάτης, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εσωτερικών πράξεων και των πράξεων που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στον φόρο μεταξύ κρατών μελών και με την προϋπόθεση ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν οδηγούν, στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών, σε διατυπώσεις που συνδέονται με τη διέλευση συνόρων.» Το βουλγαρικό δίκαιο Το άρθρο 19, παράγραφος 2, του Danachno – osiguritelen protsesualen kodeks (κώδικα φορολογικής διαδικασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, στο εξής: DOPK) ορίζει τα εξής: «Ο διαχειριστής ή το μέλος διοικητικού οργάνου που προβαίνει σε κακόπιστες παροχές σε είδος ή σε χρήμα από τα περιουσιακά στοιχεία νομικού προσώπου που είναι οφειλέτης σύμφωνα με το άρθρο 14, σημείο 1 ή 2, οι οποίες αποτελούν συγκεκαλυμμένη διανομή κερδών ή μερισμάτων ή μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη χαριστικώς ή σε τιμές σημαντικά κατώτερες της αγοραίας αξίας, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και ως εκ τούτου να μην καταβάλλονται φόροι ή υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφαλίσεως, ευθύνεται για τις οφειλές μέχρι του ύψους των γενόμενων παροχών ή της μειώσεως των περιουσιακών στοιχείων.» Το άρθρο 20 του DOPK ορίζει τα ακόλουθα: «Στις περιπτώσεις του άρθρου 19, η εξασφάλιση της απαιτήσεως και η αναγκαστική εκτέλεση στρέφονται κατ’ αρχάς κατά της περιουσίας του οφειλέτη ο οποίος ευθύνεται για τη φορολογική οφειλή ή την οφειλή κοινωνικής ασφαλίσεως. Το άρθρο 21, παράγραφος 3, του DOPK διευκρινίζει ότι η ευθύνη των τρίτων παύει να υφίσταται όταν αποσβέννυται με οριστική πράξη η οφειλή επί της οποίας θεμελιώθηκε η ευθύνη. Το άρθρο 1 του Zakon za lihvite varhu danatsi, taksi i drugi podobni darzhavni vzemania (νόμου περί των τόκων επί φόρων, τελών και άλλων συναφών απαιτήσεων του Δημοσίου) (DV αριθ. 91, της 12ης Νοεμβρίου 1957), όπως ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της κύριας δίκης, ορίζει τα εξής: «Φόροι, τέλη, εκπτώσεις κερδών, εισφορές στον προϋπολογισμό και άλλες συναφείς απαιτήσεις του Δημοσίου που δεν καταβλήθηκαν εντός των προθεσμιών για την οικειοθελή καταβολή, δεν παρακρατήθηκαν ή παρακρατήθηκαν αλλά δεν καταβλήθηκαν εμπροθέσμως εισπράττονται με τον νόμιμο τόκο.» Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα Μεταξύ της 14ης Απριλίου 2011 και της 30ής Απριλίου 2015, ο MC ήταν ο διαχειριστής μιας εμπορικής εταιρίας. Το 2015 κινήθηκε κατά της εταιρίας αυτής διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων του Δημοσίου, η οποία αφορούσε, μεταξύ άλλων, μη καταβληθέντα ποσά ΦΠΑ καθώς και τους οφειλόμενους επί των ποσών αυτών τόκους υπερημερίας. Κατόπιν της ως άνω διαδικασίας, στις 28 Αυγούστου 2018 είχε εισπραχθεί μόνον ποσό ύψους 287935,35 βουλγαρικών λέβα (BGN) (περίπου 148115 ευρώ). Το υπολειπόμενο συνολικό ποσό των απαιτήσεων που όφειλε η εν λόγω εταιρία στο Δημόσιο ανερχόταν σε 3799590,92 BGN (περίπου 1954522 ευρώ). Αφού διαπίστωσε τη δυσκολία είσπραξης των απαιτήσεων αυτών από την ίδια την εταιρία, ο επιφορτισμένος με την είσπραξη υπάλληλος απευθύνθηκε στην κατά τόπον αρμόδια διεύθυνση της Natsionalnata agentsia za prihodite (Εθνικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων, στο εξής: διεύθυνση), προκειμένου να εξετασθεί αν τίθεται ζήτημα αλληλέγγυας προσωπικής ευθύνης του MC κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 19, παράγραφος 2, του DOPK. Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής διαδικασίας, o MC υποβλήθηκε σε έλεγχο κατόπιν του οποίου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Ο MC είχε εκτελεστικά καθήκοντα διαχειριστή της προαναφερθείσας εμπορικής εταιρίας μεταξύ 14 Απριλίου 2011 και 30 Απριλίου 2015. Σύμφωνα με τις εξηγήσεις που παρέσχε ο MC, η αμοιβή του προς τον σκοπό αυτό είχε καθοριστεί με σύμβαση διαχείρισης συναφθείσα με την εν λόγω εταιρία. Ωστόσο, ούτε ο MC ούτε η εν λόγω εταιρία ήταν σε θέση να προσκομίσουν τη σύμβαση. Ο MC υποστήριξε ότι η μηνιαία ακαθάριστη αμοιβή του αυξήθηκε, από 1ης Μαρτίου 2014, από 3000 BGN (περίπου 1543 ευρώ) σε 20000 BGN (περίπου 10288 ευρώ). Προς δικαιολόγηση της αύξησης της αμοιβής του υποστήριξε ότι είχαν αυξηθεί τα καθαρά έσοδα και ο κύκλος εργασιών της εταιρίας, μετά τη σύναψη νέων συμφωνιών. Η διεύθυνση έκρινε ότι το ποσό που αντιστοιχούσε στην αύξηση της καθαρής αμοιβής του MC, ήτοι 15300 BGN (περίπου 7800 ευρώ) μηνιαίως, συνιστούσε συγκεκαλυμμένη διανομή κερδών ή μερισμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 19, παράγραφος 2, του DOPK, για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014 και Ιανουάριο 2015, συνολικού ύψους 76500 BGN (περίπου 39352 ευρώ). Εκτίμησε επίσης ότι ο MC είχε ενεργήσει κακόπιστα. Ειδικότερα, η διεύθυνση διαπίστωσε ότι, στις 18 και 23 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν τρεις πληρωμές στον τραπεζικό λογαριασμό της συζύγου του MC, συνολικού ποσού 53164,08 BGN (περίπου 27348 ευρώ). Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανάκρισης, κατά τη διάρκεια της οποίας ήρθη το τραπεζικό απόρρητο, αποδείχθηκε ότι οι πληρωμές αυτές είχαν πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τον «λογαριασμό πελάτη» του δικηγόρου που είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της εταιρίας της οποίας ο MC είναι διαχειριστής. Η διεύθυνση έκρινε ότι το συνολικό αυτό ποσό των 53164,08 BGN, το οποίο μεταφέρθηκε στον λογαριασμό της συζύγου του MC, υπερέβαινε κατά 45900 BGN (περίπου 23611 ευρώ) τη συνήθη καθαρή αμοιβή του MC υπολογιζόμενη για περίοδο τριών μηνών. Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 19, παράγραφος 2, του DOPK, η διεύθυνση εξέδωσε διορθωτική πράξη επιβολής φόρου με την οποία κήρυξε τον MC αλληλεγγύως υπεύθυνο για τις οφειλές της εν λόγω εμπορικής εταιρίας προς το Δημόσιο μέχρι του ποσού των 45008,25 BGN (περίπου 23152 ευρώ). Οι επίμαχες στην κύρια δίκη οφειλές προς το Δημόσιο αντιστοιχούσαν στον φόρο φυσικών προσώπων, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, ενός ποσού 12837,50 BGN (περίπου 6604 ευρώ) για τους οφειλόμενους τόκους επί του ΦΠΑ για τον Δεκέμβριο 2014. Ο διευθυντής απέρριψε τη διοικητική προσφυγή που άσκησε ενώπιόν του ο MC κατά της διορθωτικής πράξης επιβολής φόρου. Κατόπιν αυτού, ο MC άσκησε προσφυγή ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, ισχυριζόμενος ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 19, παράγραφος 2, του DOPK. Ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, ο διευθυντής υποστήριξε, αφενός, ότι ο MC είχε εξουσιοδότηση πρόσβασης στον λογαριασμό της συζύγου του και, αφετέρου, ότι είχε αναθέσει στον υπεύθυνο λογιστηρίου της επίμαχης στη διαφορά της κύριας δίκης εταιρίας να προβαίνει σε μεταφορές χρηματικών ποσών. Το αιτούν δικαστήριο εκτιμά ότι πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις εφαρμογής και, ως εκ τούτου, ότι η συμπεριφορά του MC εμπίπτει στον κατά τη διάταξη αυτή μηχανισμό της αλληλέγγυας ευθύνης. Κατά το αιτούν δικαστήριο, δεν αμφισβητείται ότι ο MC έδωσε σε τρίτον την εντολή να μεταφέρει ποσό που ανήκε στην εταιρία της οποίας ήταν ο διαχειριστής σε λογαριασμό φυσικού προσώπου με το οποίο συνδεόταν ο ίδιος, ή τουλάχιστον ότι είχε γνώση της μεταφοράς αυτής και ότι, ως εκ τούτου, είχε ενεργήσει κακόπιστα, κατά την έννοια του άρθρου 19, παράγραφος 2, του DOPK. Το αιτούν δικαστήριο διευκρινίζει επιπλέον ότι, λόγω της μείωσης της περιουσίας της εταιρίας, μέχρι του ποσού που μνημονεύεται στη διορθωτική πράξη, δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενοι τόκοι επί του ΦΠΑ για τον Δεκέμβριο 2014. Όσον αφορά τον μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης κατά το άρθρο 19, παράγραφος 2, του DOPK, το αιτούν δικαστήριο παρέσχε τις ακόλουθες διευκρινίσεις. Πρώτον, η κατά τη διάταξη αυτή αλληλέγγυα ευθύνη αφορά αποκλειστικά πρόσωπο το οποίο είναι διαχειριστής ή μέλος διοικητικού οργάνου ενός νομικού προσώπου υποκείμενου σε φόρο. Δεύτερον, το αιτούν δικαστήριο διευκρινίζει ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει προβεί, κακόπιστα, σε πληρωμές από την περιουσία του νομικού προσώπου οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως συγκεκαλυμμένη διανομή κερδών ή μερισμάτων ή να έχει μεταβιβάσει την περιουσία αυτή χαριστικώς ή σε τιμές σημαντικά κατώτερες της αγοραίας αξίας. Αντιθέτως, ο μηχανισμός αυτός δεν συνδέεται με την ύπαρξη απάτης ή καταχρηστικής πρακτικής εκ μέρους του ίδιου του νομικού προσώπου. Τρίτον, το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει ότι αποτέλεσμα των πράξεων που διενεργούνται με κακή πίστη πρέπει να είναι η αδυναμία του νομικού προσώπου να καταβάλει φόρους (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ή υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Με άλλα λόγια, για την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού απαιτείται η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ, αφενός, των πράξεων που διενεργήθηκαν κακόπιστα και, αφετέρου, της αδυναμίας είσπραξης των οφειλών του εν λόγω νομικού προσώπου προς το Δημόσιο. Τέταρτον, ο μηχανισμός ευθύνης για χρέη τρίτου που προβλέπεται στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του DOPK δεν εκτείνεται στο σύνολο των οφειλών του νομικού προσώπου προς το Δημόσιο, αλλά περιορίζεται στο ποσό κατά τα οποίο μειώθηκε η περιουσία του νομικού προσώπου εξαιτίας των πράξεων που διενεργήθηκαν με κακή πίστη. Πέμπτον, η προβλεπόμενη ευθύνη είναι παρεπόμενη, καθόσον τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει, κατά προτεραιότητα, να στρέφονται κατά της περιουσίας του νομικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του DOPK. Επιπλέον, η ευθύνη αυτή παύει να υφίσταται όταν οι οικείες οφειλές προς το Δημόσιο αποσβέννυνται, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 3, του DOPK. Το αιτούν δικαστήριο διερωτάται ως προς τη συμβατότητα ενός τέτοιου μηχανισμού αλληλέγγυας ευθύνης με το δίκαιο της Ένωσης. Κατά πρώτον, διερωτάται αν η οδηγία ΦΠΑ, και ιδίως το άρθρο 273 αυτής, επιτρέπει σε κράτος μέλος να στοιχειοθετήσει αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλή ΦΠΑ προσώπου μη υποκείμενου στον ΦΠΑ, εξυπακουομένου ότι ο μηχανισμός αυτός συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Κατά δεύτερον, σε περίπτωση που το Δικαστήριο δώσει καταφατική απάντηση, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν, υπό το πρίσμα ιδίως της αρχής της αναλογικότητας, μπορούν να συμπεριληφθούν σε έναν τέτοιο μηχανισμό οι τόκοι που οφείλονται σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής του ΦΠΑ. Επικαλείται, συναφώς, αποκλίνουσα εθνική νομολογία όσον αφορά το άρθρο 19, παράγραφος 2, του DOPK. Κατά τρίτον, επίσης σε περίπτωση που το Δικαστήριο απαντήσει καταφατικά, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται αν η συμπερίληψη των τόκων που οφείλονται σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής του φόρου εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη υπό το πρίσμα ιδίως της αρχής της αναλογικότητας, όταν η μη καταβολή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν οφείλεται στην κακόπιστη συμπεριφορά του προσώπου που καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνο, αλλά στη συμπεριφορά τρίτου ή στην επέλευση αντικειμενικών περιστάσεων. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, το Administrativen sad Veliko Tarnovo (πρωτοβάθμιο διοικητικό δικαστήριο του Veliko Tarnovo, Βουλγαρία) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) Έχει το άρθρο 9 της [Σύμβασης ΠΟΣ], σε συνδυασμό με το άρθρο 273 της οδηγίας [ΦΠΑ], την έννοια ότι δεν αντίκειται σε αυτό εθνική ρύθμιση, όπως αυτή του άρθρου 19, παράγραφος 2, του DOPK για τον εναρμονισμένο τομέα του ΦΠΑ, η εφαρμογή της οποίας συνεπάγεται την εκ των υστέρων στοιχειοθέτηση αλληλέγγυας ευθύνης φυσικού προσώπου μη υποκειμένου στον φόρο, το οποίο δεν είναι υπόχρεο για την καταβολή του ΦΠΑ, η κακόπιστη συμπεριφορά του οποίου οδήγησε ωστόσο στη μη καταβολή του ΦΠΑ από το υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπόχρεο για την καταβολή του φόρου; 2) Είναι δυνατή η ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων και η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας κατά τρόπον ώστε να ισχύσει η ρύθμιση του άρθρου 19, παράγραφος 2, του DOPK και για τους δεδουλευμένους τόκους επί του εκπροθέσμως καταβληθέντος από τον υποκείμενο στον φόρο ΦΠΑ; 3) Αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας η ρύθμιση του άρθρου 19, παράγραφος 2, του DOPK στην περίπτωση κατά την οποία η εκπρόθεσμη καταβολή του ΦΠΑ που οδήγησε στην τοκογονία της οφειλής του ΦΠΑ δεν οφείλεται στη συμπεριφορά του μη υποκείμενου στον φόρο φυσικού προσώπου, αλλά στη συμπεριφορά άλλου προσώπου ή στην επέλευση αντικειμενικών περιστάσεων;» Επί των προδικαστικών ερωτημάτων Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Ο διευθυντής αμφισβήτησε το παραδεκτό της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως στο σύνολό της, εκφράζοντας αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής, υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης της κύριας δίκης, των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης τις οποίες αφορούν τα υποβληθέντα προδικαστικά ερωτήματα. Ο διευθυντής υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η οδηγία ΦΠΑ δεν έχει εφαρμογή σε μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης, όπως ο προβλεπόμενος στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του DOPK, ο οποίος αφορά όλες τις κατηγορίες φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, Συναφώς, υπογραμμίζεται ότι το γεγονός ότι σκοπός θέσπισης της κρίσιμης εθνικής ρύθμισης δεν ήταν η μεταφορά της οδηγίας ΦΠΑ στο εσωτερικό δίκαιο δεν αναιρεί τη δυνατότητα εφαρμογής της οδηγίας αυτής, καθόσον η εφαρμογή της εθνικής ρύθμισης αποσκοπεί στη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων της οδηγίας και αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στην εκπλήρωση της υποχρέωσης που υπέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 325, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ να καταπολεμούν με αποτελεσματικές κυρώσεις τις συμπεριφορές που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης (πρβλ. απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10 , EU:C:2013:105 , σκέψη ). Κατόπιν της διευκρίνισης αυτής, πρέπει να προσδιοριστούν οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης που έχουν εφαρμογή σε περιπτώσεις όπως αυτή της κύριας δίκης. Πρώτον, όσον αφορά το άρθρο 9 της Σύμβασης ΠΟΣ, υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση αυτή αντικαταστάθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ( ΕΕ 2017, L 198, σ. 29 ). Δεδομένου, όμως, ότι η οδηγία αυτή τέθηκε σε ισχύ μόλις στις 17 Αυγούστου 2017 και τα επίμαχα στην υπόθεση της κύριας δίκης πραγματικά περιστατικά έλαβαν χώρα κατά τα έτη 2014 και 2015, μόνον η Σύμβαση ΠΟΣ μπορεί να τύχει εφαρμογής στη διαφορά της κύριας δίκης. Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση ΠΟΣ επιβάλλει υποχρεώσεις στα κράτη μέλη στον τομέα του ποινικού δικαίου. Πράγματι, όπως προκύπτει ιδίως από το προοίμιο καθώς και από τα άρθρα 1 και 2 της Σύμβασης ΠΟΣ, η Σύμβαση αυτή υποχρεώνει τα κράτη μέλη, αφενός, να τυποποιήσουν ως ποινικά αδικήματα τις συμπεριφορές που συνιστούν «απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης» και, αφετέρου, να διασφαλίσουν ότι οι συμπεριφορές αυτές επισύρουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις. Εν προκειμένω, δεν αμφισβητείται ότι μηχανισμός όπως ο προβλεπόμενος στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του DOPK, αφενός, δεν τυποποιεί ως ποινικό αδίκημα τη συμπεριφορά που είναι ικανή να θεμελιώσει αλληλέγγυα ευθύνη για τις οφειλές ΦΠΑ του νομικού προσώπου και, αφετέρου, δεν προβλέπει σχετική ποινική κύρωση. Επομένως, όπως ορθώς υποστηρίζουν ο διευθυντής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Σύμβαση ΠΟΣ δεν έχει εφαρμογή σε μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης όπως ο προβλεπόμενος στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του DOPK. Δεύτερον, ο διευθυντής υποστηρίζει, επικουρικώς, ότι ο μηχανισμός ευθύνης τον οποίο καθιερώνει το άρθρο 19, παράγραφος 2, του DOPK εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 205 της οδηγίας ΦΠΑ, κατά το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προβλέπουν ότι πρόσωπο άλλο από τον υπόχρεο του φόρου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνο για την καταβολή του ΦΠΑ. Επισημαίνεται συναφώς ότι, κατά το άρθρο 205 της οδηγίας ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 193 έως 200 και 202 έως 204 αυτής, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι πρόσωπο άλλο από τον υπόχρεο του φόρου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνο για την καταβολή του ΦΠΑ. Τα άρθρα 193 έως 200 και 202 έως 204 της οδηγίας ΦΠΑ προσδιορίζουν τα πρόσωπα που οφείλουν τον ΦΠΑ, σύμφωνα με το τιτλοφορούμενο «Υπόχρεοι του φόρου έναντι του δημοσίου» τμήμα 1 του κεφαλαίου 1 του τίτλου XI της οδηγίας αυτής. Μολονότι το άρθρο 193 της εν λόγω οδηγίας ορίζει, ως γενικό κανόνα, ότι ο ΦΠΑ οφείλεται από τον υποκείμενο στον φόρο ο οποίος πραγματοποιεί φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η ίδια διάταξη διευκρινίζει, ωστόσο, ότι στις προβλεπόμενες στα άρθρα 194 έως 199β και 202 περιπτώσεις άλλα πρόσωπα μπορούν ή πρέπει να καθίστανται υπόχρεα του φόρου αυτού (απόφαση της 20ής Μαΐου 2021, ALTI, C‑4/20 , EU:C:2021:397 , σκέψη ). Από τη συστηματική ερμηνεία των άρθρων 193 έως 205 της οδηγίας ΦΠΑ προκύπτει ότι το άρθρο 205 αυτής εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συνόλου διατάξεων, αντικείμενο των οποίων είναι ο προσδιορισμός του υπόχρεου σε καταβολή του ΦΠΑ, αναλόγως της εκάστοτε περιπτώσεως. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω διατάξεις σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι το Δημόσιο Ταμείο εισπράττει με αποτελεσματικό τρόπο τον ΦΠΑ από το πλέον κατάλληλο, λαμβανομένης υπόψη της εκάστοτε περιπτώσεως, πρόσωπο, ιδίως όταν οι αντισυμβαλλόμενοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος μέλος ή όταν η υποκείμενη σε ΦΠΑ συναλλαγή αφορά πράξεις των οποίων η ιδιαιτερότητα επιβάλλει να προσδιοριστεί ως υπόχρεος πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στο άρθρο 193 της οδηγίας (απόφαση της 20ής Μαΐου 2021, ALTI, C‑4/20 , EU:C:2021:397 , σκέψη ). Κατά συνέπεια, το άρθρο 205 της οδηγίας ΦΠΑ παρέχει, κατ’ αρχήν, στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίσουν μέτρα για την αποτελεσματική είσπραξη του ΦΠΑ, βάσει των οποίων καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνο για την καταβολή του εν λόγω φόρου πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που είναι κανονικά υπόχρεο βάσει των άρθρων 193 έως 200 και 202 έως 204 της οδηγίας (απόφαση της 20ής Μαΐου 2021, ALTI, C‑4/20 , EU:C:2021:397 , σκέψη ). Εν προκειμένω, όπως ορθώς υποστηρίζουν η Ισπανική Κυβέρνηση και η Επιτροπή, διαπιστώνεται ωστόσο ότι μηχανισμός αλληλέγγυας ευθύνης όπως ο επίμαχος στην υπόθεση της κύριας δίκης δεν αποσκοπεί στον προσδιορισμό υπόχρεου του φόρου με τον οποίο επιβαρύνεται συγκεκριμένη φορολογητέα πράξη, κατά την έννοια του άρθρου 205 της οδηγίας ΦΠΑ. Πράγματι, αφενός, το πρόσωπο που προσδιορίζεται κατ’ εφαρμογήν του μηχανισμού αυτού δεν καθίσταται υπόχρεος του ΦΠΑ για συγκεκριμένη φορολογητέα πράξη, αλλά αλληλεγγύως υπεύθυνος για την καταβολή του συνόλου ή μέρους των οφειλών ΦΠΑ ενός νομικού προσώπου, τούτο δε ανεξαρτήτως των οικείων φορολογητέων πράξεων. Αφετέρου, η εμβέλεια του εν λόγω μηχανισμού δεν εκτείνεται στο σύνολο του μη καταβληθέντος ΦΠΑ για συγκεκριμένη φορολογητέα πράξη, αλλά περιορίζεται στο ποσό κατά το οποίο μειώθηκε η περιουσία του νομικού προσώπου εξαιτίας των πράξεων που διενήργησε με κακή πίστη το πρόσωπο που προσδιορίζεται ως αλληλεγγύως υπεύθυνο. Ένας τέτοιος μηχανισμός πρέπει να διακρίνεται, μεταξύ άλλων, από εκείνους τους οποίους αφορούσαν οι αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως στις υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι αποφάσεις της 11ης Μαΐου 2006, Federation of Technological Industries κ.λπ. ( C‑384/04 , EU:C:2006:309 ), της 21ης Δεκεμβρίου 2011, Vlaamse Oliemaatschappij ( C‑499/10 , EU:C:2011:871 ), και της 20ής Μαΐου 2021, ALTI ( C‑4/20 , EU:C:2021:397 ). Σε αντίθεση με τον επίμαχο στην υπόθεση της κύριας δίκης μηχανισμό, οι μηχανισμοί εκείνοι προσδιόριζαν ένα πρόσωπο ως αλληλεγγύως υπόχρεο για την καταβολή του συνόλου του οφειλόμενου ΦΠΑ για συγκεκριμένη φορολογητέα πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 205 της οδηγίας ΦΠΑ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το άρθρο 205 της οδηγίας ΦΠΑ δεν έχει εφαρμογή στις περιστάσεις της διαφοράς της κύριας δίκης. Τρίτον, όσον αφορά το άρθρο 273 της οδηγίας ΦΠΑ, υπενθυμίζεται ότι το άρθρο αυτό ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν και άλλες υποχρεώσεις που κρίνουν αναγκαίες για τη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και την αποφυγή της απάτης. Συναφώς, το άρθρο 325, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ επιβάλλει στα κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη και οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, λαμβάνοντας αποτελεσματικά και αποτρεπτικά μέτρα [αποφάσεις της 5ης Ιουνίου 2018, Kolev κ.λπ., C‑612/15 , EU:C:2018:392 , σκέψη , και της 8ης Μαρτίου 2022, Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου (Καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της δήλωσης δασμολογητέας αξίας χαμηλότερης της πραγματικής), C‑213/19 , EU:C:2022:167 , σκέψη ]. Δυνάμει της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ 2014, L 168, σ. 105 ), οι ίδιοι πόροι της Ένωσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα έσοδα από την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή στις εναρμονισμένες βάσεις υπολογισμού του ΦΠΑ οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες. Επομένως, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ, αφενός, της είσπραξης των εσόδων από τον ΦΠΑ σύμφωνα με τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης και, αφετέρου, της απόδοσης των αναλογούντων πόρων από τον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, δεδομένου ότι οποιοδήποτε κενό στην είσπραξη των εν λόγω εσόδων οδηγεί δυνητικά σε μείωση των αντίστοιχων πόρων (αποφάσεις της 5ης Δεκεμβρίου 2017, M.A.S. και M.B., C‑42/17 , EU:C:2017:936 , σκέψη , και της 17ης Ιανουαρίου 2019, Dzivev κ.λπ., C‑310/16 , EU:C:2019:30 , σκέψη ). Προς διασφάλιση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τα κράτη μέλη οφείλουν, μεταξύ άλλων, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την πραγματική και πλήρη είσπραξη των ιδίων πόρων οι οποίοι συνίστανται στα έσοδα από την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή όσον αφορά την εναρμονισμένη βάση του ΦΠΑ (απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2021, Euro Box Promotion κ.λπ., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 και C‑840/19 , EU:C:2021:1034 , σκέψη ). Επομένως, από τα άρθρα 2 και 273 της οδηγίας ΦΠΑ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ, και το άρθρο 325, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, συνάγεται ότι τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν την είσπραξη του συνόλου του οφειλόμενου ΦΠΑ στο έδαφός τους και να καταπολεμούν την απάτη (πρβλ. αποφάσεις της 19ης Οκτωβρίου 2017, Paper Consult, C‑101/16 , EU:C:2017:775 , σκέψη , της 20ής Μαρτίου 2018, Menci, C‑524/15 , EU:C:2018:197 , σκέψη , και της 17ης Μαΐου 2018, Vámos, C‑566/16 , EU:C:2018:321 , σκέψη ). Εν προκειμένω, ένας μηχανισμός αλληλέγγυας ευθύνης όπως ο προβλεπόμενος από το άρθρο 19, παράγραφος 2, του DOPK συμβάλλει στην είσπραξη ποσών ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκαν από υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο εντός των επιτακτικών προθεσμιών που προβλέπουν οι διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ. Ένας τέτοιος μηχανισμός συμβάλλει στη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και/ή στην αποφυγή της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 273 της οδηγίας ΦΠΑ, σύμφωνα με την υποχρέωση που καθιερώνει το άρθρο 325, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ. Η διαπίστωση αυτή δεν αναιρείται από το γεγονός ότι τα πρόσωπα που κατέστησαν αλληλεγγύως υπεύθυνα δυνάμει του επίμαχου στην υπόθεση της κύριας δίκης μηχανισμού, ήτοι ο διαχειριστής ή το μέλος διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου, δεν υπόκεινται, υπό την ιδιότητά τους αυτή, σε ΦΠΑ. Συναφώς, κατ’ αρχάς, από κανένα στοιχείο του γράμματος του άρθρου 273 της οδηγίας ΦΠΑ δεν προκύπτει ότι οι υποχρεώσεις που τάσσουν τα κράτη μέλη δυνάμει της διάταξης αυτής πρέπει να αφορούν μόνον πρόσωπα υποκείμενα στον ΦΠΑ. Εν συνεχεία, όσον αφορά το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το άρθρο 273 της οδηγίας ΦΠΑ, επισημαίνεται ότι η διάταξη αυτή αποτελεί μέρος του τίτλου XI της οδηγίας ΦΠΑ, ο οποίος, σύμφωνα με τη διατύπωσή του, αφορά ρητώς τις «υποχρεώσεις των υποκείμενων στον φόρο και ορισμένων προσώπων μη υποκείμενων στον φόρο». Τέλος, όσον αφορά τους σκοπούς που επιδιώκει το άρθρο 273 της οδηγίας ΦΠΑ, η υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξης του συνόλου του ΦΠΑ και για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία μνημονεύεται στη σκέψη 60 της παρούσας απόφασης, μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, να ενέχει την απαίτηση να επιβάλλουν τα κράτη μέλη κυρώσεις σε μη υποκείμενους στον φόρο οι οποίοι μετέχουν στη λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό νομικού προσώπου υποκείμενου στον φόρο, διότι άλλως θα διακυβευόταν η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μηχανισμός αλληλέγγυας ευθύνης, όπως ο επίμαχος στην υπόθεση της κύριας δίκης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 273 της οδηγίας ΦΠΑ, ερμηνευόμενου υπό το πρίσμα του άρθρου 325, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ. Λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των προεκτεθέντων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι με τα υποβληθέντα από το αιτούν δικαστήριο προδικαστικά ερωτήματα ζητείται η ερμηνεία του άρθρου 273 της οδηγίας ΦΠΑ και της αρχής της αναλογικότητας. Επί του πρώτου προδικαστικού ερωτήματος Με το πρώτο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 273 της οδηγίας ΦΠΑ και η αρχή της αναλογικότητας έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης για τις οφειλές ΦΠΑ νομικού προσώπου υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: – το πρόσωπο που καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνο είναι διαχειριστής του νομικού προσώπου ή μέλος διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου· – το πρόσωπο που καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνο προέβη, κακόπιστα, σε πληρωμές από την περιουσία του νομικού προσώπου, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως συγκεκαλυμμένη διανομή κερδών ή μερισμάτων, ή μεταβίβασε την περιουσία αυτή χαριστικώς ή σε τιμές σημαντικά κατώτερες της αγοραίας αξίας· – οι πράξεις που διενεργήθηκαν κακόπιστα επέφεραν την αδυναμία του νομικού προσώπου να καταβάλει το σύνολο ή μέρος του ΦΠΑ για το οποίο είναι υπόχρεο· – η αλληλέγγυα ευθύνη περιορίζεται στο ποσό της μείωσης της περιουσίας του νομικού προσώπου εξαιτίας των πράξεων που διενεργήθηκαν κακόπιστα, και – αυτή η αλληλέγγυα ευθύνη στοιχειοθετείται μόνον επικουρικώς, εφόσον αποδεικνύεται αδύνατη η είσπραξη από το νομικό πρόσωπο των οφειλόμενων ποσών του ΦΠΑ. Το Δικαστήριο είχε την ευκαιρία να διευκρινίσει ότι οι διατάξεις του άρθρου 273 της οδηγίας ΦΠΑ, πέραν των ορίων που θέτουν, δεν ορίζουν ούτε τις προϋποθέσεις ούτε τις υποχρεώσεις τις οποίες δύνανται να επιβάλλουν τα κράτη μέλη και, συνεπώς, παρέχουν σε αυτά ορισμένο περιθώριο εκτίμησης όσον αφορά τα μέσα τα οποία είναι κατάλληλα να διασφαλίζουν την είσπραξη του συνόλου του ΦΠΑ που οφείλεται στο έδαφός τους και να καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 17ης Μαΐου 2018, Vámos, C‑566/16 , EU:C:2018:321 , σκέψη , και της 21ης Νοεμβρίου 2018, Fontana, C‑648/16 , EU:C:2018:932 , σκέψη ). Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι ένας μηχανισμός αλληλέγγυας ευθύνης όπως ο επίμαχος στην υπόθεση της κύριας δίκης συμβάλλει στην είσπραξη ποσών ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκαν από υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο εντός των επιτακτικών προθεσμιών που τάσσουν οι διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να συμβάλλει στη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και/ή στην αποφυγή της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 273, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας ΦΠΑ. Επομένως, ένας τέτοιος μηχανισμός εμπίπτει, κατ’ αρχήν, στο περιθώριο εκτίμησης που διαθέτουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 273 της οδηγίας ΦΠΑ. Πρέπει να προστεθεί ότι ένας τέτοιος μηχανισμός συμβάλλει στην τήρηση της μνημονευόμενης στη σκέψη 60 της παρούσας απόφασης υποχρέωσης κάθε κράτους μέλους να λαμβάνει όλα τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που είναι κατάλληλα να εξασφαλίσουν την είσπραξη του συνόλου του ΦΠΑ που οφείλεται στο έδαφός του και να καταπολεμήσει την απάτη, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με το άρθρο 325, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη οφείλουν, ωστόσο, να ασκούν την αρμοδιότητα αυτή τηρώντας το δίκαιο της Ένωσης και τις γενικές αρχές του και, κατά συνέπεια, την αρχή της αναλογικότητας (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 21ης Νοεμβρίου 2018, Fontana, C‑648/16 , EU:C:2018:932 , σκέψη , και της 15ης Απριλίου 2021, Grupa Warzywna, C‑935/19 , EU:C:2021:287 , σκέψη ). Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν μέσα τα οποία, ενώ καθιστούν δυνατή την πραγματική επίτευξη του σκοπού του εσωτερικού δικαίου, θίγουν στον μικρότερο δυνατό βαθμό τους σκοπούς και τις αρχές που θέτει η οικεία νομοθεσία της Ένωσης. Επομένως, καίτοι είναι θεμιτό με τα μέτρα που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη να επιδιώκεται η κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου Ταμείου, παρά ταύτα τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να βαίνουν πέραν του ορίου που είναι αναγκαίο προς τούτο (αποφάσεις της 21ης Δεκεμβρίου 2011, Vlaamse Oliemaatschappij, C‑499/10 , EU:C:2011:871 , σκέψεις και , και της 20ής Μαΐου 2021, ALTI, C‑4/20 , EU:C:2021:397 , σκέψη ). Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι εθνικά μέτρα που δημιουργούν, de facto, σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας ευθύνης βαίνουν πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου Ταμείου. Κατά συνέπεια, το να στοιχειοθετείται ευθύνη, για την πληρωμή ΦΠΑ, άλλου προσώπου πέραν του υποχρέου του φόρου αυτού χωρίς να του παρέχεται η δυνατότητα να απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή αποδεικνύοντας ότι ουδεμία σχέση έχει με τις ενέργειες αυτού του υποχρέου πρέπει να θεωρηθεί ασύμβατο με την αρχή της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, θα ήταν προδήλως δυσανάλογο να καταλογιστεί ανεπιφύλακτα στο εν λόγω πρόσωπο η απώλεια φορολογικών εσόδων που προκλήθηκε από τις ενέργειες τρίτου υποκειμένου στον φόρο επί των οποίων το πρόσωπο αυτό δεν έχει καμία επίδραση (απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 2011, Vlaamse Oliemaatschappij, C‑499/10 , EU:C:2011:871 , σκέψη ). Υπό τις συνθήκες αυτές, η άσκηση από τα κράτη μέλη της ευχέρειάς τους να ορίζουν ως αλληλεγγύως υπεύθυνο πρόσωπο διαφορετικό από τον υπόχρεο του φόρου, προκειμένου να διασφαλίζουν την αποτελεσματική είσπραξη του φόρου, πρέπει να δικαιολογείται από την πραγματική ή/και νομική σχέση με την οποία συνδέονται τα δύο πρόσωπα, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της ασφάλειας δικαίου και της αρχής της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, εναπόκειται στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν τις ειδικές περιστάσεις υπό τις οποίες πρόσωπο όπως αυτό προς το οποίο πραγματοποιείται φορολογητέα παράδοση πρέπει να καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνο για την καταβολή του οφειλόμενου από τον αντισυμβαλλόμενό του φόρου, παρότι έχει ήδη καταβάλει τον φόρο διά της εξοφλήσεως του τιμήματος (απόφαση της 20ής Μαΐου 2021, ALTI, C‑4/20 , EU:C:2021:397 , σκέψη ). Το Δικαστήριο έχει κρίνει επίσης ότι οι περιστάσεις ότι το πρόσωπο που δεν είναι ο υπόχρεος του φόρου ενήργησε καλόπιστα επιδεικνύοντας την επιμέλεια προσεκτικού επιχειρηματία, ότι έλαβε κάθε εύλογο μέτρο εντός των ορίων των δυνατοτήτων του και ότι αποκλείεται η συμμετοχή του σε καταχρηστική πρακτική ή σε απάτη αποτελούν στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να καθοριστεί η δυνατότητα να θεωρηθεί το πρόσωπο αυτό αλληλεγγύως υπεύθυνο για την καταβολή του οφειλομένου ΦΠΑ (αποφάσεις της 21ης Δεκεμβρίου 2011, Vlaamse Oliemaatschappij, C‑499/10 , EU:C:2011:871 , σκέψη , και της 20ής Μαΐου 2021, ALTI, C‑4/20 , EU:C:2021:397 , σκέψη ). Εν προκειμένω, διαπιστώνεται ότι ένας μηχανισμός αλληλέγγυας ευθύνης όπως ο επίμαχος στην υπόθεση της κύριας δίκης δεν βαίνει πέραν του ορίου που είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και την αποφυγή της απάτης. Ειδικότερα, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών του, ένας τέτοιος μηχανισμός δεν μπορεί να εξομοιωθεί με σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας ευθύνης, κατά την έννοια της νομολογίας που παρατίθεται στις σκέψεις 74 έως 76 της παρούσας απόφασης, το οποίο θα ήταν ασυμβίβαστο με την αρχή της αναλογικότητας. Πρώτον, το πρόσωπο που ορίζεται ως αλληλεγγύως υπεύθυνο πρέπει να έχει την ιδιότητα του διαχειριστή ή του μέλους διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου που είναι οφειλέτης μη εξοφλημένων οφειλών ΦΠΑ, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι το φυσικό αυτό πρόσωπο μετέχει στη λήψη αποφάσεων στο εσωτερικό του νομικού προσώπου. Δεύτερον, το πρόσωπο που ορίζεται ως αλληλεγγύως υπεύθυνο πρέπει να έχει προβεί, κακόπιστα, σε πληρωμές από την περιουσία του νομικού προσώπου οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως συγκεκαλυμμένη διανομή κερδών ή μερισμάτων ή πρέπει να έχει μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει την περιουσία αυτή χαριστικώς ή σε τιμές σημαντικά κατώτερες της αγοραίας αξίας. Τρίτον, πρέπει να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των πράξεων που διενήργησε με κακή πίστη το πρόσωπο που ορίζεται ως αλληλεγγύως υπεύθυνο και της αδυναμίας του νομικού προσώπου να καταβάλει τον ΦΠΑ για τον οποίο είναι υπόχρεο. Τέταρτον, η έκταση της αλληλέγγυας ευθύνης περιορίζεται στο ποσό της μείωσης της περιουσίας του νομικού προσώπου εξαιτίας των πράξεων που διενεργήθηκαν κακόπιστα. Τέλος, πέμπτον, η ευθύνη αυτή στοιχειοθετείται μόνον επικουρικώς, εφόσον αποδεικνύεται αδύνατη η είσπραξη από το νομικό πρόσωπο των οφειλόμενων ποσών του ΦΠΑ. Υπό το πρίσμα της νομολογίας που μνημονεύεται στις σκέψεις 72 έως 76 της παρούσας απόφασης, διαπιστώνεται ότι η θέσπιση ενός τέτοιου μηχανισμού δεν βαίνει πέραν του ορίου που είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της επακριβούς είσπραξης του φόρου και την αποφυγή της απάτης. Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων, στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 273 της οδηγίας ΦΠΑ και η αρχή της αναλογικότητας έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης για τις οφειλές ΦΠΑ νομικού προσώπου υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: – το πρόσωπο που καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνο είναι διαχειριστής του νομικού προσώπου ή μέλος διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου, – το πρόσωπο που καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνο προέβη, κακόπιστα, σε πληρωμές από την περιουσία του νομικού προσώπου οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως συγκεκαλυμμένη διανομή κερδών ή μερισμάτων, ή μεταβίβασε την περιουσία αυτή χαριστικώς ή σε τιμές σημαντικά κατώτερες της αγοραίας αξίας, – οι πράξεις που διενεργήθηκαν κακόπιστα επέφεραν την αδυναμία του νομικού προσώπου να καταβάλει το σύνολο ή μέρος του ΦΠΑ για το οποίο είναι υπόχρεο, – η αλληλέγγυα ευθύνη περιορίζεται στο ποσό της μείωσης της περιουσίας του νομικού προσώπου εξαιτίας των πράξεων που διενεργήθηκαν κακόπιστα, και – αυτή η αλληλέγγυα ευθύνη στοιχειοθετείται μόνον επικουρικώς, εφόσον αποδεικνύεται αδύνατη η είσπραξη από το νομικό πρόσωπο των οφειλομένων ποσών του ΦΠΑ. Επί του δευτέρου προδικαστικού ερωτήματος Με το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 273 της οδηγίας ΦΠΑ και η αρχή της αναλογικότητας έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης, όπως ο περιγραφόμενος στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, ο οποίος καλύπτει και τους τόκους υπερημερίας που οφείλει το νομικό πρόσωπο λόγω της μη καταβολής του ΦΠΑ εντός των επιτακτικών προθεσμιών που προβλέπουν οι διατάξεις της οδηγίας. Συναφώς, από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι ο μηχανισμός της αλληλέγγυας ευθύνης τον οποίο αφορά το πρώτο προδικαστικό ερώτημα περιορίζεται, αυτός καθεαυτόν, στο ποσό της μείωσης της περιουσίας που υφίσταται το νομικό πρόσωπο εξαιτίας των πράξεων που διενεργήθηκαν με κακή πίστη. Ωστόσο, η εθνική ρύθμιση προβλέπει περαιτέρω ότι η είσπραξη φόρων που καταβλήθηκαν εκπρόθεσμα γίνεται «με τον νόμιμο τόκο», όπως αναφέρεται στη σκέψη 11 της παρούσας απόφασης, το δε αιτούν δικαστήριο ερωτά, κατ’ ουσίαν, αν η πρόβλεψη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματικά προς τον επίμαχο μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης. Υπογραμμίζεται κατ’ αρχάς ότι, σε περίπτωση μη καταβολής του ΦΠΑ εντός των επιτακτικών προθεσμιών της οδηγίας ΦΠΑ, η είσπραξη τόκων υπερημερίας συμβάλλει στη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του φόρου αυτού σύμφωνα με το άρθρο 273 της οδηγίας αυτής. Πράγματι, η είσπραξη τόκων υπερημερίας καθιστά δυνατή την αντιστάθμιση της ζημίας που προκαλείται στο Δημόσιο Ταμείο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε στη διάθεσή του τα ποσά του ΦΠΑ που καταβλήθηκαν με καθυστέρηση, για το διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία οφείλονται τα ποσά αυτά μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία πράγματι καταβλήθηκαν (βλ., κατ’ αναλογίαν, αποφάσεις της 19ης Ιουλίου 2012, Littlewoods Retail κ.λπ., C‑591/10 , EU:C:2012:478 , σκέψεις και , και της 28ης Φεβρουαρίου 2018, Nidera, C‑387/16 , EU:C:2018:121 , σκέψη ). Εν συνεχεία, η είσπραξη τόκων υπερημερίας παρακινεί επίσης τους ενδιαφερομένους να καταβάλουν τον ΦΠΑ εντός των επιτακτικών προθεσμιών που τάσσουν οι διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ ή το ταχύτερο δυνατόν μετά τη λήξη των προθεσμιών αυτών. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η καταβολή τόκων υπερημερίας μπορεί να συνιστά προσήκουσα κύρωση σε περίπτωση μη καταβολής του ΦΠΑ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βαίνει πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού που συνίσταται στην διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και στην αποτροπή της απάτης (πρβλ. αποφάσεις της 12ης Ιουλίου 2012, EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11 , EU:C:2012:458 , σκέψη , και της 17ης Ιουλίου 2014, Equoland, C‑272/13 , EU:C:2014:2091 , σκέψη ). Ως εκ τούτου, η είσπραξη τόκων υπερημερίας συμβάλλει στην καταπολέμηση της μη καταβολής των δηλωθέντων ποσών ΦΠΑ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σε συμμόρφωση προς την υποχρέωση που υπέχουν τα κράτη μέλη, δυνάμει ιδίως του άρθρου 273 της οδηγίας ΦΠΑ και του άρθρου 325, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, να λαμβάνουν όλα τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που είναι κατάλληλα να εξασφαλίσουν την είσπραξη του συνόλου του ΦΠΑ που οφείλεται στο έδαφός τους και να καταπολεμήσουν την απάτη. Τέλος, και για τους λόγους που εκτέθηκαν στις σκέψεις 77 έως 84 της παρούσας απόφασης, η κάλυψη και των τόκων υπερημερίας από μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης, όπως ο επίμαχος στην υπόθεση της κύριας δίκης, είναι σύμφωνη προς την αρχή της αναλογικότητας, στο μέτρο που οι τόκοι αυτοί αφορούν τη μη καταβολή του ΦΠΑ εντός των επιτακτικών προθεσμιών της οδηγίας ΦΠΑ από το νομικό πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την καταβολή του εν λόγω φόρου, εξαιτίας των πράξεων που διενήργησε με κακή πίστη το πρόσωπο που ορίσθηκε ως αλληλεγγύως υπεύθυνο (βλ., κατ’ αναλογίαν, απόφαση της 20ής Μαΐου 2021, ALTI, C‑4/20 , EU:C:2021:397 , σκέψεις και ). Πράγματι, όπως κατ’ ουσίαν μνημονεύεται στη σκέψη 74 της παρούσας απόφασης, η αρχή της αναλογικότητας έχει την έννοια ότι αντιτίθεται στο να θεωρηθεί άλλο πρόσωπο, πέραν του υποχρέου του ΦΠΑ, υπεύθυνο για την απώλεια φορολογικών εσόδων που προκλήθηκε από τις ενέργειες τρίτου επί των οποίων το πρόσωπο αυτό δεν ασκεί καμία επιρροή. Κατά συνέπεια, η κάλυψη και των τόκων υπερημερίας από μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης όπως ο προβλεπόμενος στο άρθρο 19, παράγραφος 2, του DOPK μπορεί να θεωρηθεί ότι συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας μόνο στο μέτρο που οι τόκοι αυτοί αφορούν τη μη καταβολή του ΦΠΑ εντός των επιτακτικών προθεσμιών που προβλέπουν οι διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ εξαιτίας των πράξεων που διενήργησε με κακή πίστη το πρόσωπο που ορίσθηκε ως αλληλεγγύως υπεύθυνο. Κατόπιν των ανωτέρω, στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 273 της οδηγίας ΦΠΑ και η αρχή της αναλογικότητας έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης, όπως ο περιγραφόμενος στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, ο οποίος καλύπτει και τους τόκους υπερημερίας που οφείλει το νομικό πρόσωπο λόγω μη καταβολής του ΦΠΑ εντός των επιτακτικών προθεσμιών που τάσσουν οι διατάξεις της οδηγίας εξαιτίας των πράξεων που διενήργησε κακόπιστα το πρόσωπο που ορίσθηκε ως αλληλεγγύως υπεύθυνο. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήματος Με το τρίτο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί αν η αρχή της αναλογικότητας έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης, όπως αυτός που περιγράφεται στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα, ο οποίος καλύπτει και τους τόκους υπερημερίας που οφείλονται από το νομικό πρόσωπο λόγω μη καταβολής του ΦΠΑ εντός των επιτακτικών προθεσμιών που τάσσουν οι διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ, όταν η εκπρόθεσμη πληρωμή δεν οφείλεται στη συμπεριφορά του προσώπου που ορίσθηκε ως αλληλεγγύως υπεύθυνο, αλλά στη συμπεριφορά άλλου προσώπου ή στην επέλευση αντικειμενικών περιστάσεων. Υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, τα σχετικά με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ερωτήματα που υποβάλλει το εθνικό δικαστήριο, εντός του πραγματικού και νομικού πλαισίου που προσδιορίζει με δική του ευθύνη και την ακρίβεια του οποίου δεν οφείλει να ελέγξει το Δικαστήριο, τεκμαίρεται ότι υποβάλλονται λυσιτελώς. Το Δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί να αποφανθεί επί αιτήσεως που υπέβαλε εθνικό δικαστήριο μόνον όταν προκύπτει προδήλως ότι η ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης την οποία ζητεί το εθνικό δικαστήριο δεν έχει καμία σχέση με το υποστατό ή το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης, όταν το πρόβλημα είναι υποθετικής φύσεως ή, επίσης, όταν το Δικαστήριο δεν διαθέτει τα πραγματικά και νομικά στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου να δώσει χρήσιμη απάντηση στα ερωτήματα που του έχουν υποβληθεί (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 6ης Νοεμβρίου 2008, Trespa International, C‑248/07 , EU:C:2008:607 , σκέψη , και της 22ας Φεβρουαρίου 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd κ.λπ., C‑160/20 , EU:C:2022:101 , σκέψη ). Εν προκειμένω, η εφαρμογή του μηχανισμού της αλληλέγγυας ευθύνης τον οποίο καθιερώνει το άρθρο 19, παράγραφος 2, του DOPK, όπως περιγράφεται από το αιτούν δικαστήριο, απαιτεί η αδυναμία του νομικού προσώπου να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος των οφειλών του προς το Δημόσιο να οφείλεται σε πράξεις που διενήργησε με κακή πίστη το πρόσωπο το οποίο θεωρείται ότι ευθύνεται αλληλεγγύως. Κατά συνέπεια, η προσφυγή στον μηχανισμό αυτόν αποκλείει, εξ ορισμού, το ενδεχόμενο η μη καταβολή του ΦΠΑ εντός των επιτακτικών προθεσμιών που τάσσουν οι διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ να μπορεί να αποδοθεί στη συμπεριφορά άλλου προσώπου ή στην επέλευση αντικειμενικών περιστάσεων. Επιπλέον, όσον αφορά τη διαφορά της κύριας δίκης, το αιτούν δικαστήριο δεν αναφέρθηκε στη συμπεριφορά άλλου προσώπου ή στην επέλευση αντικειμενικών περιστάσεων που θα είχαν ως συνέπεια τη μη καταβολή του ΦΠΑ εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η ζητούμενη ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης δεν έχει σχέση με το υποστατό ή το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης, κατά την έννοια της νομολογίας που μνημονεύεται στη σκέψη 98 της παρούσας απόφασης, και, ως εκ τούτου, ότι το τρίτο υποβληθέν προδικαστικό ερώτημα είναι απαράδεκτο. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) αποφαίνεται: 1) Το άρθρο 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, και η αρχή της αναλογικότητας έχουν την έννοια ότι: δεν αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης για τις οφειλές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) νομικού προσώπου υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: – το πρόσωπο που καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνο είναι διαχειριστής του νομικού προσώπου ή μέλος διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου, – το πρόσωπο που καθίσταται αλληλεγγύως υπεύθυνο προέβη, κακόπιστα, σε πληρωμές από την περιουσία του νομικού προσώπου οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως συγκεκαλυμμένη διανομή κερδών ή μερισμάτων, ή μεταβίβασε την περιουσία αυτή χαριστικώς ή σε τιμές σημαντικά κατώτερες της αγοραίας αξίας, – οι πράξεις που διενεργήθηκαν κακόπιστα επέφεραν την αδυναμία του νομικού προσώπου να καταβάλει το σύνολο ή μέρος του ΦΠΑ για το οποίο είναι υπόχρεο, – η αλληλέγγυα ευθύνη περιορίζεται στο ποσό της μείωσης της περιουσίας του νομικού προσώπου εξαιτίας των πράξεων που διενεργήθηκαν κακόπιστα, και – αυτή η αλληλέγγυα ευθύνη στοιχειοθετείται μόνον επικουρικώς, εφόσον αποδεικνύεται αδύνατη η είσπραξη από το νομικό πρόσωπο των οφειλομένων ποσών του ΦΠΑ. 2) Το άρθρο 273 της οδηγίας 2006/112 και η αρχή της αναλογικότητας έχουν την έννοια ότι: δεν αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει μηχανισμό αλληλέγγυας ευθύνης, όπως ο περιγραφόμενος στο σημείο 1 του διατακτικού της παρούσας απόφασης, ο οποίος καλύπτει και τους τόκους υπερημερίας που οφείλει το νομικό πρόσωπο λόγω μη καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας εντός των επιτακτικών προθεσμιών που τάσσουν οι διατάξεις της οδηγίας εξαιτίας των πράξεων που διενήργησε κακόπιστα το πρόσωπο που ορίσθηκε ως αλληλεγγύως υπεύθυνο. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική.

62003CJ0087

fr

1       Par ses requêtes, le Royaume d’Espagne demande à la Cour l’annulation du règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 356, p. 12), dans la mesure où il ne lui attribue pas certains quotas portant sur des possibilités de pêche ayant fait l’objet d’une répartition en mer du Nord et en mer Baltique postérieurement à son adhésion à la Communauté (affaire C‑87/03) et en mer du Nord antérieurement à celle‑ci (affaire C‑100/03). Le cadre juridique et la procédure L’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise 2       Les articles 156 à 166 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci‑après l’«acte d’adhésion») réglementent en particulier l’accès des navires espagnols aux eaux communautaires ainsi qu’à leurs ressources. Il résulte des dispositions dudit article 166 que le régime ainsi défini est applicable pendant une période venant à échéance le 31 décembre 2002 (ci-après la «période transitoire»). Les règlements n os 170/83 et 172/83 3       Par le règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p.1), le législateur a établi des règles de répartition du volume global des captures entre les États membres. L’objectif du Conseil de l’Union européenne était notamment de contribuer à une stabilité relative des activités de pêche. Les cinquième à septième considérants de ce règlement présentent la notion de stabilité relative comme visant à préserver les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes, eu égard à la situation biologique momentanée des stocks. 4       Le Conseil a pour la première fois procédé à la répartition des ressources disponibles dans les eaux communautaires (ci-après la «répartition initiale») par le règlement (CEE) n° 172/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons évoluant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux admissibles des captures pour 1982, la part de ces captures disponible pour la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés (JO L 24, p. 30). 5       Afin de permettre une répartition équitable des ressources disponibles, il ressort du quatrième considérant du règlement n° 172/83 que le Conseil a tenu compte tout particulièrement des activités de pêche traditionnelles, des besoins spécifiques des régions particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes, et de la perte de potentialité de pêche dans les eaux de pays tiers. Le règlement nº 3760/92 6       Le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (JO L 389, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 164, p. 1, ci‑après le «règlement n° 3760/92»), abroge le règlement n° 170/83. Son article 8, paragraphe 4, sous i), prévoit que le Conseil détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, au cas par cas, le total admissible des captures et/ou le total admissible de l’effort de pêche, le cas échéant, sur une base pluriannuelle. 7       L’article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement n° 3760/92 dispose que le Conseil répartit les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés. Cette notion de stabilité relative est décrite aux douzième à quatorzième considérants de ce règlement. Selon le douzième considérant, la conservation et la gestion des ressources doivent contribuer à une plus grande stabilité des activités de pêche et doivent être évaluées sur la base d’une répartition de référence reflétant les orientations données par le Conseil. Le treizième considérant reprend en substance les termes du préambule du règlement n° 170/83 mentionnés au point 3 du présent arrêt. 8       Selon l’article 8, paragraphe 4, sous iii), du règlement n° 3760/92, lorsque la Communauté crée pour une pêcherie ou un groupe de pêcheries de nouvelles possibilités qui n’ont pas été exploitées auparavant en vertu de la politique commune de la pêche, le Conseil arrête les méthodes de répartition, compte tenu des intérêts de tous les États membres. Le règlement nº 2341/2002 9       Le 20 décembre 2002, le Conseil a adopté le règlement n° 2341/2002, objet du présent recours, en se fondant notamment sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 3760/92. Le règlement nº 2371/2002 10     Le 20 décembre 2002, le Conseil a également adopté le règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59), qui abroge le règlement n° 3760/92 à compter du 1 er janvier 2003. L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002 dispose que les navires de pêche communautaires jouissent d’une égalité d’accès aux eaux et aux ressources dans toutes les eaux communautaires définies à cet article sous réserve des mesures adoptées pour assurer la conservation et la durabilité des espèces. 11     Sous la rubrique intitulée «Attribution des possibilités de pêche», l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que le Conseil arrête les limitations de capture et/ou de l’effort de pêche, la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, ainsi que les mesures associées à ces limitations. Les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à assurer à chacun une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie. 12     Le paragraphe 2 dudit article dispose que, lorsque la Communauté fixe de nouvelles possibilités de pêche, le Conseil statue sur l’attribution desdites possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre. Les antécédents des litiges et la procédure 13     Au cours de la négociation du règlement n° 2341/2002 relatif aux possibilités de pêche pour l’année 2003, le Royaume d’Espagne, estimant qu’il était en droit, à compter de la fin de la période transitoire, de participer à la répartition des espèces soumises à des limitations de captures en mer du Nord et en mer Baltique, a présenté une demande au Conseil en vue d’obtenir des quotas de pêche dans ces deux mers. 14     Cet État membre a soutenu que les quotas répartis avant et après son adhésion à la Communauté, dans la zone à laquelle la flotte espagnole n’avait pas accès pendant la période transitoire, devaient être révisés pour tenir compte, d’une part, de l’incapacité purement légale dans laquelle il s’était trouvé de participer à cette répartition et, d’autre part, des captures de ladite flotte en mer du Nord durant la période couvrant les années 1973 à 1978. 15     Le Conseil a rejeté la demande du Royaume d’Espagne. 16     C’est dans ces conditions que celui-ci a décidé d’introduire les présents recours. 17     Par ordonnances des 27 juin et 28 août 2003, la Commission des Communautés européennes et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont été respectivement admis à intervenir à l’appui des conclusions du Conseil dans les affaires C‑87/03 et C‑100/03. 18     Par ordonnance du 4 avril 2005, les affaires C‑87/03 et C‑100/03 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt. Conclusions des parties 19     Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise à la Cour: –       annuler le règlement n° 2341/2002 dans la mesure où il ne lui attribue pas certains quotas de pêche en mer du Nord et en mer Baltique, et –       condamner le Conseil aux dépens. 20     Le Conseil, soutenu par la Commission et le Royaume-Uni, conclut à ce qu’il plaise à la Cour: –       rejeter les recours, et –       condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. Sur les recours 21     Par ses recours, le Royaume d’Espagne fait valoir que, en n’ayant pas obtenu par le règlement n° 2341/2002 certains quotas de pêche en mer du Nord et en mer Baltique, la flotte espagnole se trouve en pratique et malgré la fin de la période transitoire dans l’impossibilité de pêcher la plupart des espèces soumises à quotas dans ces deux mers. Le gouvernement de cet État membre soulève plusieurs moyens. Parmi ceux‑ci, deux sont identiques dans les deux affaires jointes et sont fondés, pour le premier, sur une atteinte au principe de non‑discrimination et, pour le second, sur une violation de l’acte d’adhésion. En outre, il soulève un troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002, dans l’affaire C‑87/03, et d’une atteinte au principe de stabilité relative, dans l’affaire C‑100/03. 22     Bien qu’une méconnaissance du principe de stabilité relative ne soit invoquée sous la forme d’un moyen distinct que dans l’affaire C‑100/03, elle est également mentionnée dans les deux affaires au soutien des allégations de discrimination et de violation de l’acte d’adhésion. Il convient par conséquent de l’examiner en premier lieu en relation avec les deux affaires. Sur le moyen et les arguments tirés d’une atteinte au principe de stabilité relative Observations des parties 23     Le gouvernement espagnol soutient que le principe de stabilité relative a une portée générale et s’applique, par conséquent, aux différentes répartitions de quotas mais que la répartition initiale datant de 1983 peut être modifiée en raison d’évènements déterminants. L’expiration de la période transitoire constituerait un tel évènement. 24     Il en résulterait que le Royaume d’Espagne serait désormais pleinement intégré dans la politique commune de la pêche et, dès lors, que la répartition initiale effectuée avant son adhésion à la Communauté devrait être modifiée de manière qu’il puisse en bénéficier. Les navires espagnols devraient ainsi recevoir des quotas qui tiennent compte de deux des critères utilisés lors de la répartition initiale, rappelés au point 5 du présent arrêt, à savoir les activités de pêche traditionnelles et les besoins spécifiques de ses régions particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes. 25     Ledit gouvernement souligne que les navires espagnols ont pêché en mer du Nord entre les années 1973 et 1976. Il soutient de plus que, lors de la répartition des quotas effectuée pour l’année 2003, conformément au principe de stabilité relative, seules doivent être prises en compte les régions dont les populations sont, à cette date, particulièrement tributaires de la pêche et de ses activités connexes et non celles qui, uniquement à un moment donné du passé, ont présenté ces caractéristiques. 26     Le Conseil, la Commission et le Royaume-Uni soutiennent que la répartition des quotas effectuée par le règlement n° 2341/2002 est pleinement respectueuse de l’objectif d’une exploitation rationnelle des ressources et des règles de répartition établies selon le principe de stabilité relative. Appréciation de la Cour 27     La Cour a déjà jugé dans l’arrêt du 16 juin 1987, Romkes (46/86, Rec. p. 2671, point 17), et confirmé dans une série d’arrêts prononcés en 1992 que l’exigence de stabilité relative doit s’entendre comme signifiant le maintien d’un pourcentage fixe pour chaque État membre lors des répartitions des possibilités de pêche. La Cour a ajouté que la clé de répartition, initialement fixée en tenant compte des quantités pêchées en moyenne par les flottes des différents États membres pendant la période située entre les années 1973 et 1978, continuera à s’appliquer tant qu’un règlement modificatif n’aura pas été adopté selon la procédure qui a été suivie pour le règlement n° 170/83 (voir, notamment, arrêts Romkes, précité, point 6; du 13 octobre 1992, Espagne/Conseil, C‑70/90, Rec. p. I-5159, point 15, Espagne/Conseil, C‑71/90, Rec. p. I-5175, point 15, et Espagne/Conseil, C‑73/90, Rec. p. I-5191, point 28). 28     La Cour s’est également prononcée sur les conséquences de l’adhésion d’un nouvel État membre, notamment celle du Royaume d’Espagne, à la Communauté. Elle a jugé qu’un tel évènement ne saurait produire, à lui seul, des effets juridiques étant donné que les conditions d’adhésion sont réglées dans l’acte correspondant (voir arrêt Espagne/Conseil, C‑70/99, précité, point 16). S’agissant de cet État membre, elle a déclaré que, en vertu de l’article 2 de l’acte d’adhésion, l’acquis communautaire, c’est-à-dire les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés avant cette adhésion, s’impose, en particulier le principe de stabilité relative tel qu’appliqué en 1983 (voir arrêts du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil, C‑63/90 et C‑67/90, Rec. p. I-5073, points 31, 32 et 34, et Espagne/Conseil, C‑70/90, précité, points 19 et 29). 29     Il s’ensuit que l’adhésion du Royaume d’Espagne n’a pas eu pour effet de contraindre le Conseil à modifier la répartition existante. Au contraire, la clé de répartition fixée antérieurement à cette adhésion fait partie de l’acquis communautaire et, en l’absence de changement adopté par le Conseil, s’impose à cet État membre. 30     S’agissant de la fin de la période transitoire, telle que définie dans l’acte d’adhésion, elle ne peut avoir que les effets juridiques prévus par ledit acte. Or, celui-ci ne prévoit ni une modification de la clé de répartition qui prendrait effet à l’expiration de la période transitoire ni même une obligation du Conseil de revoir cette clé à ce moment. En l’absence de dispositions particulières prévues dans l’acte d’adhésion ou de changement adopté par le Conseil à l’expiration de la période transitoire, la clé de répartition existante, établie en conformité avec le principe de stabilité relative, continue de s’appliquer. 31     Par ailleurs, le fait que les navires espagnols aient pêché en mer du Nord entre les années 1973 et 1976 ne saurait être invoqué pour justifier une modification de la clé de répartition. En effet, cette activité de pêche a cessé en 1977, à la suite de la décision prise par les États côtiers du Nord d’étendre leurs zones de pêche exclusive à 200 miles marins, dans le cadre de l’évolution du droit international de la mer. Cette situation a ensuite été maintenue dans l’accord bilatéral conclu en 1980 entre le Royaume d’Espagne et la Communauté européenne, puis dans l’acte d’adhésion. 32     Par conséquent, s’agissant de la clé de répartition des possibilités de pêche fixée avant l’adhésion du Royaume d’Espagne à la Communauté, l’absence de modifications de celle‑ci par un acte ultérieur du Conseil et notamment par le règlement n° 2341/2002 n’est pas contraire au principe de stabilité relative. 33     Il s’ensuit que le moyen soulevé dans l’affaire C‑100/03 tiré d’une atteinte à ce principe doit être écarté. 34     Eu égard aux considérations mentionnées au point 22 du présent arrêt, il convient d’examiner également les arguments soulevés dans le cadre de l’affaire C‑87/03 selon lesquels l’absence de révision de la clé de répartition utilisée pour l’attribution de quotas en mer du Nord et en mer Baltique pour la première fois après l’adhésion du Royaume d’Espagne a porté atteinte à ce principe. 35     S’agissant de ces dernières attributions, il importe de relever que le principe de stabilité relative, qui figure dans le règlement n° 3760/92, demeure pertinent. 36     Le Conseil, soutenu par la Commission, fait valoir qu’il a défini une période de référence récente et représentative, couvrant plusieurs années, et examiné les volumes capturés par les pêcheurs des États membres afin de tenir compte des besoins des populations particulièrement dépendantes de la pêche. Les navires espagnols n’étant pas présents dans les eaux concernées depuis de nombreuses années, aucun quota n’a été attribué au Royaume d’Espagne lors de la première répartition ni lors de celle effectuée pour l’année 2003, conformément au principe de stabilité relative. 37     Le gouvernement espagnol soutient, pour sa part, que ce principe aurait dû être modifié pour tenir compte des intérêts de cet État membre. Ce gouvernement fait valoir en substance que, au lieu de répartir les quotas en maintenant les pourcentages établis lors des répartitions effectuées au cours de la période transitoire, à une époque où le Royaume d’Espagne ne pouvait en bénéficier, le Conseil aurait dû tenir compte des activités de pêche des navires espagnols entre les années 1973 et 1976 ainsi que des besoins de ses populations qui vivent aujourd’hui de la pêche. 38     À cet égard, il convient de rappeler que la répartition des possibilités de pêche entre États membres, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 3760/92, implique l’évaluation d’une situation économique complexe pour laquelle le Conseil jouit d’un large pouvoir d’appréciation. Par conséquent, le contrôle du juge doit se limiter à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l’autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (arrêts du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, Rec. p. I‑5689, point 80, et du 9 septembre 2004, Espagne/Commission, C‑304/01, Rec. p. I‑7655, point 23). 39     Dans le contexte d’une forte diminution des espèces relevée par le Conseil et la Commission, il y a lieu de considérer, tout d’abord, que le Conseil n’a pas porté atteinte au principe de stabilité relative, en fixant une période de référence récente couvrant plusieurs années pour la première répartition des quotas de certaines espèces en mer du Nord et en mer Baltique. Ainsi qu’il ressort du point 42 de l’arrêt du 25 octobre 2001, Italie/Conseil, C‑120/99, Rec. p. I‑7997, le législateur communautaire dispose, en effet, d’une flexibilité importante dans ce domaine. 40     Ensuite, le Conseil n’a pas davantage enfreint le principe de stabilité relative en excluant le Royaume d’Espagne de cette répartition, compte tenu de l’absence des navires espagnols de ces deux mers pendant la période transitoire. 41     Enfin, la même conclusion s’applique s’agissant du maintien de cette exclusion dans le cadre de la répartition des possibilités de pêche relative à l’année 2003, eu égard à la répartition précédente et à la circonstance, rappelée au point 31 du présent arrêt, que les navires espagnols n’avaient pas pêché les espèces concernées en mer du Nord et en mer Baltique pendant plus de vingt ans. 42     Il s’ensuit que les arguments soulevés dans l’affaire C‑87/03 relatifs à une atteinte au principe de stabilité relative doivent être écartés. Sur le moyen tiré d’une atteinte au principe de non-discrimination Observations des parties 43     Le gouvernement espagnol fait valoir que, à compter de l’expiration de la période transitoire, les navires espagnols devaient bénéficier non seulement de l’égalité d’accès aux eaux communautaires, qui ne leur est pas contestée, mais aussi à leurs ressources, ce qui impliquerait l’attribution de quotas de pêche en mer du Nord et en mer Baltique. En n’attribuant pas de tels quotas au Royaume d’Espagne, le règlement nº 2341/2002 ne respecterait pas les conditions d’égalité de traitement et créerait une discrimination à l’encontre des pêcheurs espagnols. 44     Aucune raison objective ne justifierait cette discrimination. Il conviendrait de respecter la règle générale de la pleine applicabilité de l’ensemble du droit communautaire aux nouveaux États membres à compter de leur adhésion. Les dérogations à cette règle, prévues par un acte d’adhésion, seraient temporaires et devraient être interprétées de manière restrictive. 45     Si, antérieurement au 31 décembre 2002, le Royaume d’Espagne ne pouvait pas invoquer les activités de pêche qu’exerçaient les navires espagnols dans les eaux de la mer du Nord pendant la période de référence des années 1973 à 1978, puisque le régime exceptionnel prévu par l’acte d’adhésion s’appliquait, il en irait autrement après cette date. Ces activités devraient désormais être prises en compte pour modifier la répartition des possibilités de pêche en vigueur jusqu’à son adhésion à la Communauté et pendant la période transitoire. Ainsi le Royaume d’Espagne devait se voir attribuer des quotas de pêche proportionnés à ce que les navires espagnols pêchaient avant l’entrée en vigueur du régime communautaire de conservation des ressources. 46     Le gouvernement espagnol ajoute que, en l’absence de période transitoire, le Royaume d’Espagne aurait participé aux répartitions de nouveaux quotas effectuées à partir de 1986, en considération de trois éléments: premièrement, les captures des pêcheurs espagnols dans la mer du Nord pendant les années 1973 à 1976, c’est‑à‑dire la période prise en compte pour le premier établissement du principe de stabilité relative; deuxièmement, les captures des mêmes espèces dans des zones connexes et, troisièmement, les besoins des pêcheurs espagnols en captures accessoires. 47     Selon le Conseil, la Commission et le Royaume-Uni, le règlement n° 2341/2002 ne crée pas de discrimination à l’encontre du Royaume d’Espagne. En effet, celui-ci serait traité de la même manière que les États membres qui n’ont pas bénéficié de la répartition initiale de quotas effectuée avant leur adhésion à la Communauté et qui constituent près de la moitié desdits États. Ces institutions et le Royaume‑Uni soulignent que le gouvernement espagnol ne fait pas la distinction qui s’impose entre la notion d’accès aux eaux communautaires et la notion d’accès à leurs ressources. Appréciation de la Cour 48     Le respect du principe de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 17 octobre 1995, Fishermen’s Organisations e.a., C‑44/94, Rec. p. I‑3115, point 46). 49     La question se pose donc de savoir si la situation du Royaume d’Espagne est comparable à celle des États membres qui ont obtenu des quotas de pêche dans les eaux de la mer du Nord et de la mer Baltique par le règlement n° 2341/2002 . 50     La Cour a déjà eu à examiner la question d’une discrimination éventuelle à l’encontre d’États membres qui n’avaient pas obtenu certains quotas de pêche postérieurement à leur adhésion à la Communauté. 51     Au point 41 de l’arrêt Portugal et Espagne/Conseil, précité, la République portugaise a fait valoir que la flotte portugaise avait exercé des activités de pêche dans les eaux groenlandaises de l’année 1973 à l’année 1977, c’est-à-dire pendant une partie de la période de référence initiale, et soulignait que les quantités pêchées par sa flotte étaient comparables à celles capturées par la flotte allemande et nettement supérieures à celles capturées par la flotte du Royaume-Uni. 52     La Cour a néanmoins considéré que la situation de la République portugaise n’était pas comparable à celle des autres États membres bénéficiaires des répartitions. Elle a jugé que, dans la mesure où l’acte d’adhésion n’a pas modifié la situation existante en matière de répartition des ressources externes, l’acquis communautaire reste d’application et que, dès lors, les nouveaux États membres ne sauraient invoquer des circonstances antérieures à l’adhésion, dont notamment leurs activités de pêche au cours de la période de référence, pour écarter l’application des dispositions en cause. Depuis leur adhésion, ils se trouvent dans la même situation que les États membres exclus des répartitions en vertu du principe de la stabilité relative des activités de pêche, concrétisée, pour ce qui est des accords intervenus avant l’adhésion dans la répartition opérée en 1983 (arrêt Portugal et Espagne/Conseil, précité, points 43 et 44). 53     Ce raisonnement est transposable aux présentes affaires. Il en découle que le Royaume d’Espagne ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des États membres dont les navires ont bénéficié de quotas lors de la répartition initiale et que, par conséquent, le gouvernement espagnol ne saurait invoquer les activités de pêche des navires espagnols entre les années 1973 et 1976 en mer du Nord, pendant la période de référence initiale. Sa situation est en revanche comparable à celle des États membres dont les navires n’ont pas obtenu de tels quotas, que ces États membres aient ou non exercé une activité de pêche dans les eaux de la mer du Nord et/ou de la mer Baltique pendant la période de référence initiale. 54     Il convient d’ajouter que la fin de la période transitoire ne change en rien cette situation. 55     En effet, le Conseil, la Commission et le Royaume-Uni ont fait valoir, à juste titre, qu’il importe de distinguer la notion d’accès aux eaux de celle d’accès aux ressources. Si, après la fin de la période transitoire, le Royaume d’Espagne peut à nouveau accéder aux eaux de la mer du Nord et de la mer Baltique, il n’en résulte pas que les navires espagnols peuvent avoir accès aux ressources de ces deux mers dans les mêmes proportions que des États membres qui ont participé à la répartition initiale ou à des répartitions ultérieures. 56     Ainsi qu’il ressort du point 41 du présent arrêt, le Conseil a pu estimer que les navires espagnols n’ayant pas pêché dans les eaux de la mer du Nord et de la mer Baltique pendant plus de vingt ans, l’absence d’attribution de quotas ne portait pas atteinte au principe de stabilité relative des activités de pêche des populations concernées. Il en résulte que le Conseil a également pu considérer que le Royaume d’Espagne n’était pas dans une situation équivalente à celle des États membres, dont les navires avaient récemment, au cours de la période de référence pertinente, pêché dans ces eaux. 57     Par conséquent, en ne traitant pas dans le règlement n° 2341/2002 le Royaume d’Espagne de la même manière que les États membres ayant participé à la répartition initiale des quotas de pêche, avant l’adhésion dudit Royaume, ou aux répartitions ultérieures, au cours de la période transitoire, le Conseil n’a pas agi de manière discriminatoire à son encontre. 58     Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d’une atteinte au principe de non‑discrimination. Sur le moyen tiré d’une violation de l’acte d’adhésion Observations des parties 59     Le gouvernement espagnol considère que, en n’attribuant pas au Royaume d’Espagne une partie des quotas de pêche ayant fait l’objet d’une répartition pour la zone des eaux communautaires de la mer du Nord et de la mer Baltique, après l’adhésion de cet État membre à la Communauté, le règlement n° 2341/2002 proroge la période transitoire au-delà de ce que prévoit l’acte d’adhésion et viole par conséquent les dispositions de celui‑ci. 60     Un raisonnement similaire s’appliquerait en ce qui concerne l’absence de révision dans ledit règlement de la clé de répartition fixée pour la mer du Nord, avant l’adhésion du Royaume d’Espagne à la Communauté. 61     Le gouvernement espagnol estime qu’étendre les dérogations prévues dans l’acte d’adhésion au-delà de la période transitoire fixée dans cet acte revient à méconnaître leur nature exceptionnelle, transitoire et limitée, ainsi que leur finalité, à savoir, l’intégration progressive d’un nouvel État membre dans la Communauté. 62     Le Conseil, la Commission et le Royaume-Uni soutiennent, pour leur part, que les dispositions de l’acte d’adhésion ont cessé d’être applicables à l’expiration de la période transitoire et ne peuvent donc plus être un critère pour déterminer la légalité des mesures adoptées par le Conseil. 63     Par ailleurs, l’acte d’adhésion n’exigerait ni ne prévoirait une révision du système de répartition des quotas. Appréciation de la Cour 64     Il convient de rappeler que les articles 154 à 166 de l’acte d’adhésion ne définissent le régime applicable dans le secteur de la pêche que pour la période transitoire. Ces articles ne peuvent donc pas, en principe, servir de fondement à des revendications portant sur une période commençant à une date postérieure à l’achèvement de celle‑ci. 65     De plus, il ne résulte aucunement de l’acte d’adhésion que le Conseil était tenu de modifier à l’avenir la clé de répartition des possibilités de pêche adoptée avant l’adhésion du Royaume d’Espagne ou après celle-ci, au cours de la période transitoire. 66     Même si le régime applicable pendant la période transitoire est par définition temporaire, il n’en résulte pas que toutes les restrictions qu’il prévoit cessent automatiquement lorsque ladite période s’achève, si celles-ci résultent également de l’acquis communautaire applicable à l’État membre. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 29 du présent arrêt, l’acquis communautaire comprend la clé de répartition fixée par la réglementation existante au moment de l’adhésion du Royaume d’Espagne. Cette clé de répartition demeure en principe en vigueur tant qu’elle n’a pas été modifiée par un acte du Conseil. Quant aux répartitions de quotas effectuées au cours de la période transitoire, celles-ci ne sont pas régies par l’acte d’adhésion mais par les règlements établissant les quotas en cause et par le principe de stabilité relative. 67     Dès lors, en n’attribuant pas au Royaume d’Espagne certains quotas de pêche en mer du Nord par le règlement n° 2341/2002, le Conseil n’a nullement violé l’acte d’adhésion. 68     Par conséquent, le moyen tiré d’une violation de l’acte d’adhésion doit être rejeté. Sur le moyen tiré d’une atteinte à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 Observations des parties 69     Le gouvernement espagnol fait valoir que, à compter de l’expiration de la période transitoire, les nouvelles possibilités de pêche réparties dans la mer du Nord et dans la mer Baltique au cours des années 1992 à 1998 doivent être attribuées conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 en tenant compte des intérêts de chaque État membre et, par conséquent, du Royaume d’Espagne également. 70     Ce gouvernement souligne à nouveau dans le cadre de ce moyen que, en l’absence de période transitoire, cet État membre aurait participé aux répartitions de nouveaux quotas effectuées à partir de 1986. 71     Le Conseil, la Commission et le Royaume-Uni soutiennent que les possibilités de pêche qui ont fait l’objet d’une allocation de quotas parmi les États membres après l’adhésion du Royaume d’Espagne, entre les années 1992 et 1998, ne sont pas nouvelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 ni d’ailleurs de l’article 8, paragraphe 4, sous iii), du règlement n° 3760/92 et que, par conséquent, le moyen invoqué par le gouvernement espagnol n’est pas fondé. Appréciation de la Cour 72     Il convient de relever, ainsi que le Conseil l’a fait valoir, que le règlement n° 2341/2002 n’est pas fondé sur le règlement n° 2371/2002, mais sur le règlement n° 3760/92. Par conséquent, l’allégation de méconnaissance de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002 n’est pas pertinente. 73     Il y a lieu néanmoins de constater que les dispositions dudit article 20, paragraphe 2, reprennent en substance celles de l’article 8, paragraphe 4, sous iii), du règlement n° 3760/92. 74     Il convient dès lors, en l’espèce, d’examiner le moyen soulevé par le Royaume d’Espagne comme se rapportant à ces dernières dispositions. 75     Le gouvernement espagnol mentionne certaines espèces qui auraient fait l’objet d’une première répartition au cours de la période transitoire mais ne cite aucun règlement particulier à l’appui de ses affirmations. 76     En revanche, le Conseil et le Royaume-Uni mentionnent, sans être contredits, deux règlements qui leur semblent être visés par le Royaume d’Espagne, à savoir le règlement (CE) nº 783/98 du Conseil, du 7 avril 1998, modifiant le règlement (CE) nº 45/98 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 113, p. 8), et le règlement (CE) n° 1570/1999 du Conseil, du 12 juillet 1999, concernant la répartition des possibilités de pêche pour certains stocks de poissons et modifiant le règlement (CE) n° 48/1999 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 187, p. 5). 77     Il convient de constater que les quotas de pêche répartis par le règlement n° 2341/2002 pour l’année 2003 et visant les espèces couvertes par les deux règlements mentionnés au point précédent ne constituent pas des quotas établis pour la première fois par le Conseil mais au contraire des quotas qui ont fait l’objet d’une répartition au cours de la période transitoire. 78     Par conséquent, ces quotas ne constituent pas de nouvelles possibilités de pêche au sens de l’article 8, paragraphe 4, sous iii), du règlement nº 3760/92, mais concernent des possibilités de pêche existantes relevant de l’article 8, paragraphe 4, sous ii), dudit règlement et soumises au principe de stabilité relative. 79     Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen du Royaume d’Espagne tiré d’une violation des dispositions de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2371/2002. 80     Aucun des moyens invoqués par cet État membre n’ayant été accueilli, les présents recours doivent être rejetés. Sur les dépens 81     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. En application du paragraphe 4, premier alinéa, du même article, le Royaume‑Uni et la Commission supportent leurs propres dépens. Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête: 1) Les recours sont rejetés. 2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. 3) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens. Signatures * Langue de procédure: l’espagnol.

62019CJ0434

hu

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem az EUMSZ 14. cikk, EUMSZ 102. cikk, EUMSZ 106. cikk és EUMSZ 107. cikk értelmezésére vonatkozik. E kérelmek előterjesztésére az egyrészt a Poste Italiane SpA és a Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (a továbbiakban: Riscossione Sicilia) között (C‑434/19. sz. ügy), másrészt az Agenzia delle entrate – Riscossione (adóhatóság – adóbeszedés, Olaszország; a továbbiakban: Díjbeszedő) és a Poste Italiane közötti (C‑435/19. sz. ügy), a Poste Italiane által az imposta comunale sugli immobili (helyi ingatlanadó, a továbbiakban: ICI) beszedésével megbízott koncessziós jogosultakhoz intézett, az említett koncessziós jogosultak által az ICI jogalanyoktól való beszedésére használt postai folyószámlák kezeléséért járó díjak megfizetésére irányuló felhívás tárgyában folyamatban lévő jogviták keretében került sor. Az olasz jog Az 1996. december 23‑i legge n. 662 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (az államháztartás racionalizálására vonatkozó intézkedésekről szóló 662. sz. törvény, a GURI 1996. december 28‑i 303. számának rendes melléklete; a továbbiakban: 662/1996. sz. törvény) 2. cikkének 18–20. bekezdése előírja: „18.   […] a Poste Italiane a postaifolyószámla‑tulajdonos terhére díjakat állapíthat meg. […] 19.   Azon postai és fizetési szolgáltatásokat, amelyek esetében a hatályos szabályozás nem írja elő kifejezetten a törvényi monopólium rendszerét, a Poste Italiane és más gazdasági szereplők a szabad verseny keretében nyújtják. Az említett szolgáltatásokat illetően 1997. április 1‑jétől a hatályos jogszabályokban előírt, a Poste Italiane vállalkozást terhelő díjszabási vagy szociális kötelezettség minden formája, valamint a fent említett vállalkozás ügyfeleire vonatkozó díjkedvezmény bármely formája megszűnik […] A Poste Italiane köteles elkülönített könyvelést vezetni, kifejezetten különbséget téve a törvényi monopólium keretében végzett szolgáltatásnyújtásokkal kapcsolatos, illetve a szabad verseny keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó költségek és terhek között. 20.   1997. április 1‑jétől a Poste Italiane vállalkozás szerződés útján állapítja meg a 19. bekezdésben hivatkozott szolgáltatásokra vonatkozó árakat, az ügyfelek igényeinek, a kereslet jellemzőinek, valamint a forgalom mennyiségének megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos követelménynek a figyelembevételével […]” Az 1992. december 30‑i decreto legislativo n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (az 1992. október 23‑i 421. sz. törvény 4. cikke alapján a területi önkormányzatok finanszírozásának átszervezéséről szóló 504. sz. törvényerejű rendelet, a GURI 1992. december 30‑i 305. számának rendes melléklete; a továbbiakban: 504/1992. sz. törvényerejű rendelet) 10. cikkének (3) bekezdése kimondja: „A 2. bekezdés alapján fizetendő adót azon koncessziós jogosult részére történő közvetlen átutalással kell befizetni, amely azon körzetért felel, ahová a 4. cikkben említett önkormányzat tartozik, vagy a fent említett koncessziós jogosult nevére szóló, e célra fenntartott postai folyószámlára […]. A koncessziós jogosultnak járó díj az adót kivető önkormányzatot terheli, és a befizetett összegek 1%‑ában, de az adóalany által teljesített minden egyes kifizetés után legalább 3500 [olasz (ITL)] líra [(hozzávetőleg 1,75 euró)] és legfeljebb 100000 [olasz (ITL)] líra [(hozzávetőleg 50 euró)] összegben kerül meghatározásra.” Az 1993. december 28‑i decreto del Ministro delle Finanze n. 567 – Regolamento di attuazione dell’articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l’istituzione del conto fiscale (az adószámla létrehozásáról szóló, 1991. december 30‑i 413. sz. törvény 78. cikke 27–38. bekezdésének végrehajtásáról szóló 567. sz. pénzügyminiszteri rendelet (a GURI 1993. december 31‑i 306. száma) 5–7. cikke lehetővé teszi az adószámlák jogosultjai számára, hogy közvetlenül a koncessziós jogosult hivatalánál vagy valamelyik hitelintézetnél a koncessziós jogosult részére adott visszavonhatatlan beszedési megbízással fizessék be a személyi jövedelemadóval, a jogi személyek adójával – helyettes adófizetői minőségben is –, a helyi jövedelemadóval, és a hivatkozott adókat helyettesítő adókkal, illetve a hozzáadottérték‑adóval kapcsolatos összegeket. Az 1997. december 15‑i decreto legislativo n. 446 – Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali (a termelő tevékenységek regionális adójának bevezetéséről, a személyi jövedelemadóra vonatkozó adósávok, adómértékek és adókedvezmények felülvizsgálatáról, ezen adóra vonatkozó további regionális adó bevezetéséről, valamint a helyi adózásra vonatkozó szabályozás átszervezéséről szóló 446. sz. törvényerejű rendelet) (a GURI 1997. december 23‑i 298. számának rendes melléklete) 59. cikke (1) bekezdésének n) pontja fenntartja az önkormányzatok számára a jogot, hogy a helyi hozzájárulások beszedése tárgyában jogszabályokat alkossanak „az akár önkéntes, akár ellenőrzést követő befizetésekre vonatkozó végrehajtási szabályok racionalizálása céljából, a beszedéssel megbízott koncessziós jogosultaknál történő befizetés mellett vagy azok helyett előírva az önkormányzati adóhatóság nevére nyitott postai folyószámlára történő befizetést, közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnál történő befizetést, valamint a bankrendszeren keresztül történő befizetést”. A 2001. március 14‑i decreto del Presidente della Repubblica n. 144 – Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta (a banki szolgáltatások szabályozásáról szóló 144. sz. köztársasági elnöki rendelet; a GURI 2001. április 23‑i 94. száma, a továbbiakban: 144/2001. sz. elnöki rendelet) 3. cikkének (1) bekezdése szerint „amennyiben a jelen rendelet másként nem rendelkezik, az ügyfelek és a postai folyószámlákkal fennálló kapcsolatokat szerződéses úton szabályozzák a polgári törvénykönyv és a különös törvények rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett”. A törvénnyé alakított és a 2012. március 2‑i decreto‑legge n. 16 (a GURI 2011. május 13‑i 110. száma) által módosított 2011. május 13‑i decreto‑legge n. 70 – Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (az európai szemeszterre vonatkozó 70. számú törvényerejű rendelet – a gazdaság érdekében hozott első sürgős rendelkezések) (a GURI 2012. március 2‑i 52. száma; a továbbiakban: 70/2011. sz. törvényerejű rendelet) által módosított 2011. május 13‑i rendelet (a GURI 2011. május 13‑i 110. száma) a 7. cikke (2) bekezdésének gg‑septies) pontja kimondja: „amennyiben a bevételek beszedését az 1997. december 15‑i 446. számú törvényerejű rendelet 52. cikke (5) bekezdésének b) pontjában szereplő személyekre bízzák, az az ajánlatkérő szerv bevételeinek beszedésére szolgáló, egy vagy több, postai vagy banki bevételi folyószámlának a koncessziós jogosult nevére történő megnyitásával valósul meg, amely számlákra az összes beszedett összeget be kell fizetni.” A Poste Italiane igazgatótanácsának 57/1996. sz. díjszabási határozata (a továbbiakban: 57/1996. sz. díjszabási határozat) előírta, hogy az adóbeszedéssel megbízott koncessziós jogosultak nevére szóló összes postai folyószámla minden egyes számlavezetési művelete után díjat kell fizetni. E díj mértékét 1997. április 1‑jétől 2001. május 31‑ig 100 ITL‑ban (hozzávetőleg 0,05 euró), 2001. június 1‑jétől 2003. december 31‑ig pedig 0,23 euróban (hozzávetőleg 450 ITL) határozták meg. Az alapeljárások és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések Olaszországban az 504/1992. sz. törvényerejű rendelet az ICI fizetésére kötelezett adóalanyokat arra kötelezte, hogy az általuk fizetendő összeget az ezen adó beszedésével és ezen összegnek a kedvezményezett önkormányzatok részére történő folyósításával megbízott egyik állami koncessziós jogosult részére fizessék meg. Ugyanezen szabályozás szerint az ICI‑t a kedvezményezett önkormányzat helye szerinti körzet koncessziós jogosultjának történő közvetlen kifizetéssel vagy az e koncessziós jogosult nevére nyitott postai folyószámlára történő kifizetéssel kell teljesíteni. Az alapjogviták a Poste Italiane által az ICI beszedésével megbízott két koncessziós jogosultnak, a Riscossione Siciliához és a Díjbeszedőhöz intézett, díjak megfizetésére irányuló felhívásokra vonatkoznak. E díjak megfizetését az e koncessziós jogosultak nevére szóló, a Poste Italianénál annak érdekében vezetett folyószámlák 1997. év és 2011. év közötti kezeléséért kérték, hogy lehetővé tegyék a jogalanyok számára az ICI címén fizetendő összegek megfizetését. Az említett díjakat az 57/1996 díjszabási határozatban meghatározott mérték alapján számították ki. A C‑434/19. sz. ügy alapjául szolgáló jogvitában a Poste Italiane a Tribunale di Palermóhoz (palermói bíróság, Olaszország) fordult annak érdekében, hogy az ICI beszedését végző, később Riscossione Siciliává vált koncessziós jogosultat kötelezzék arra, hogy fizesse meg az ICI befizetésére vonatkozó, az egyes adóalanyok által az e koncessziós jogosult nevére szóló folyószámlára postai csekken történő minden egyes befizetési művelet után járó díjat, vagyis 1997. április 1‑jétől 2001. május 31‑ig 0,05 eurót (hozzávetőleg 100 ITL), 2001. június 1‑jétől 2003. december 31‑ig 0,23 eurót (hozzávetőleg 450 ITL), ezt követően pedig az egymást követő tarifaváltozásoknak megfelelő összegeket. 2011. június 7‑i ítéletével a Tribunale di Palermo (palermói bíróság) elutasította az elé terjesztett, marasztalásra irányuló kérelmet, és 2016. május 11‑i ítéletével a Corte d’appello di Palermo (palermói fellebbviteli bíróság, Olaszország) részben megváltoztatta ezen ítéletet, helyt adva a Poste Italiane által benyújtott fellebbezésnek, mivel az utóbbi a 2006. június 1‑jét követő időszakra vonatkozóan bizonyította követeléseit. A C‑435/19. sz. ügy alapjául szolgáló jogvitában a Poste Italiane a Tribunale di Maceratához (maceratai bíróság, Olaszország) fordult annak érdekében, hogy az ICI beszedését végző Díjbeszedő koncessziós jogosultat kötelezzék arra, hogy fizesse meg az ICI befizetésére vonatkozó, az egyes adóalanyok által az e koncessziós jogosult nevére szóló folyószámlára postai csekken történő minden egyes befizetési művelet után járó díjat, vagyis 1997. április 1‑jétől 2001. május 31‑ig 0,05 eurót (hozzávetőleg 100 ITL), 2001. június 1‑jétől 2003. december 31‑ig pedig 0,23 eurót (hozzávetőleg 450 ITL). 2009. június 11‑i ítéletével a Tribunale di Macerata (maceratai bíróság) elutasította az elé terjesztett, marasztalásra irányuló kérelmet, és 2016. augusztus 10‑i ítéletével a Corte d’appello di Ancona (anconai fellebbviteli bíróság, Olaszország) megváltoztatta az e bíróság által hozott ítéletet, helyt adva a Poste Italiane által benyújtott fellebbezésnek, és kimondva, hogy a Poste Italiane jogosult volt a szóban forgó díj alkalmazására és e díj megfizetésének követelésére. Az alapeljárások folyamatban vannak a kérdést előterjesztő bíróság előtt, a C‑434/19. sz. ügyben a Poste Italiane által benyújtott fellebbezés és a Riscossione Sicilia csatlakozó fellebbezése, a C‑435/19. sz. ügyben pedig a Díjbeszedő által benyújtott fellebbezés és a Poste italiane SpA – Bancoposta által benyújtott csatlakozó fellebbezés szakaszában. A Poste Italiane által alkalmazott díj jogszerűségét illetően a kérdést előterjesztő bíróság egy 2014. március 26‑i ítéletben úgy ítélte meg, hogy a 662/1996. sz. törvény 18–20. cikkének rendelkezései nem alkalmazhatók az 504/1992. sz. törvényerejű rendelet 10. cikkében előírt postai folyószámla‑kezelési szolgáltatáshoz hasonló, törvényi monopólium hatálya alá tartozó tevékenységekre. E bíróság úgy ítélte meg, hogy az adóbeszedésnek az ország egész területén nyújtott szolgáltatás révén történő maximalizálására irányuló cél, a postahivatalok jelentős területi elterjedtségének köszönhetően, amely lehetővé teszi az adóalany könnyebb elérését, igazolja ezt a törvényi monopolhelyzetet. A kérdést előterjesztő bíróság ezen ítélete szerint az 504/1992. sz. törvényerejű rendelet, amely bevezeti a szóban forgó törvényi monopóliumot, nem írja elő az ICI megfizetésére irányuló folyószámla‑kezelési szolgáltatás ingyenességét, ily módon – függetlenül attól, hogy a koncessziós jogosult köteles‑e a postai folyószámla nyitására – a szolgáltatást jellegénél fogva ellenérték fejében nyújtottnak kell tekinteni, ugyanúgy, mint a szabad verseny feltételei melletti folyószámla‑vezetés rendes szolgáltatását. Mindazonáltal a jelen ügyben a Poste Italiane által alkalmazott díj 1997. év és 2011. év közötti megfizetésének kötelezettségével kapcsolatos jogviták elbírálása során a kérdést előterjesztő bíróság arra keresi a választ, hogy az uniós jog, pontosabban a versenyjogra és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján jogszerű‑e az, hogy az 504/1992. sz. törvényerejű rendelet 10. cikke a Poste Italiane számára tartja fenn az ICI beszedésére használt folyószámla‑kezelési szolgáltatást. E bíróság szerint az önkormányzatot az ICI beszedésével megbízott koncessziós jogosulthoz kötő szerződéses jellegű jogviszony célja az adók beszedésére irányuló gazdasági tevékenység folytatása, amely az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése értelmében vett általános gazdasági érdekű szolgáltatásként határozható meg. E jogviszony különbözik a Poste Italiane és az ICI beszedésével megbízott koncessziós jogosult magánjellegű kapcsolatától, amely szervesen kapcsolódik a folyószámla nyitásához és kezeléséhez. Az említett bíróság pontosítja, hogy az 504/1992. sz. törvényerejű rendelet 10. cikkének (3) bekezdése annak ellenére, hogy korlátozza a koncessziós jogosult azon lehetőségét, hogy kiválassza a másik szerződő felet, vagyis a Poste Italianét, nem tesz különbséget egyrészt az utóbbiak között fennálló jogviszony, másrészt a Poste Italiane és annak postai számlával rendelkező egyéb ügyfelei között fennálló jogviszony között. Az említett bíróság úgy véli, hogy az 504/1992. sz. törvényerejű rendelet 10. cikke csak akkor tekinthető összeegyeztethetőnek az uniós szabályozással, ha a Poste Italiane számára fenntartott „folyószámla‑kezelési szolgáltatás” az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése értelmében vett általános gazdasági érdekű szolgáltatás működtetésének fogalma alá tartozik. Meg kell határozni, hogy az ICI‑től eltérő helyi adók beszedésére vonatkozó szabályozás hasonló jogszabályi rendelkezése hiányában az ezen utóbbi adó beszedése hatékonyságának a postahivatalok nagy földrajzi kiterjedtsége révén történő maximalizálására vonatkozó követelmény megfelel‑e a sajátos feladat kritériumának, következésképpen igazolja‑e az uniós versenyszabályok alkalmazásának az EUMSZ 14. cikk és az EUMSZ 106. cikk értelmében vett korlátozását. Abban az esetben, ha az ICI beszedésére szánt postai folyószámla kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatást általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak kell tekinteni, a kérdést előterjesztő bíróság elsősorban azt kérdezi, hogy a Poste Italianéra ruházott, a díj meghatározására vonatkozó hatáskör – mivel a koncessziós jogosult szerint e díj lényegében adónak vagy kötelező hozzájárulásnak tekintendő, amelyet törvény ír elő, tehát állami forrásokból nyújtott támogatásnak minősül – az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett „jogellenes állami támogatásnak” minősül‑e, pontosítva, hogy ezen intézkedés soha nem képezte az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése szerinti Bizottsághoz való előzetes bejelentés tárgyát. A kérdést előterjesztő bíróság másodsorban azt kérdezi, hogy az alapügyekben szereplő díjnak a Poste Italiane általi egyoldalú megállapítása nem minősíthető‑e visszaélésszerűnek, ezáltal az EUMSZ 102. cikk első bekezdése értelmében tilosnak. E bíróság megjegyzi, hogy a koncessziós jogosult nem vonhatja ki magát e díj megfizetése alól, ellenkező esetben nem teljesíti az őt a helyi adóztató szervezethez fűző különálló jogviszonyból eredő kötelezettségeit, amelynek tárgya az ICI beszedése. E körülmények között a Corte suprema di cassazione (semmítőszék, Olaszország) úgy határozott, hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjeszti a Bíróság elé: „1) Ellentétes‑e az ([EK]‑Szerződés 7D. cikkével […], később […] EK 16. cikk) EUMSZ 14. cikkel és az ([EK]‑Szerződés 90. cikkével […], később […] EK 86. cikk, (2) bekezdés) EUMSZ 106. cikk (2) bekezdésével, valamint az »általános gazdasági érdekű szolgáltatások« fogalmi körébe való besorolással az 504/1992. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 10. cikke (3) bekezdésének a 662/1996. sz. törvény 2. cikkének 18–20. bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezésében foglalthoz hasonló szabályozás, amely – a […] Poste Italiane által nyújtott postai banki szolgáltatások privatizációját követően is – a Poste Italiane javára […] biztosította és tartotta fenn egy helyi adó, vagyis az ICI beszedésére szolgáló postai folyószámla kezelésére irányuló tevékenységet (törvényi monopólium), figyelemmel az adók beszedésére vonatkozó állami szabályozás módosításaira, amely legalábbis 1997‑től kezdve lehetővé teszi az adófizetők és a helyi adót kivető szervek részére is, hogy az (akár) helyi adók befizetésének és beszedésének módjaként szabadon a bankrendszert vegyék igénybe? 2) Amennyiben – az első kérdésre adandó válaszként – el kell ismerni, hogy a törvényi monopólium létrehozása megfelel az általános gazdasági érdekű szolgáltatások jellemzőinek, ellentétes‑e az ([EK]‑Szerződés 90. cikkével […], később […] EK 86. cikk, (2) bekezdés) EUMSZ 106. cikk (2) bekezdésével és az ([EK]‑Szerződés 92. cikkével […], később […] EK 87. cikk) EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésével az e normáknak a Bíróság által a közszolgáltatási kötelezettség átvállalásának ellentételezéseként hozott jogszerű intézkedésnek a jogellenes állami támogatástól való megkülönböztetésére szolgáló követelmények tekintetében adott értelmezése szerint (2003. július 24‑iAltmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ítélet, C‑280/00 , EU:C:2003:415 ) az 504/1992. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 10. cikke (3) bekezdésének a 662/1996. sz. törvény 2. cikkének 18–20. bekezdésével, valamint a 144/2001. sz. [elnöki] rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezéséből eredőhöz hasonló szabályozás, amely a Poste Italianéra […] jogkört ruház a tekintetben, hogy egyoldalúan határozza meg az […] ICI beszedésével megbízott koncessziós jogosult (nyertes ajánlattevő) által megfizetendő és a megbízott nevére szóló postai folyószámlán végrehajtott valamennyi kezelési művelet után alkalmazott »díj« összegét, figyelemmel arra, hogy a Poste Italiane […] igazgatótanácsának 57/1996. sz. [díjszabási] határozatával az 1997. április 1. és 2001. május 31. közötti időszakra 100 [ITL], a 2001. június 1‑jét követő időszakra pedig 0,23 euró összegben határozta meg e díj összegét? 3) Ellentétes‑e az ([EK]‑Szerződés 86. cikkével […], később […] EK 82. cikk, első bekezdés) EUMSZ 102. cikk első bekezdésével, […] ahogyan azt a Bíróság értelmezte (lásd: 1991. december 13‑iGB‑Inno‑BM ítélet, C‑18/88 , EU:C:1991:474 ; 1998. június 25‑iDusseldorp és társai ítélet, C‑203/96 , EU:C:1998:316 ; 2001. május 17‑iTNT Traco ítélet, C‑340/99 , EU:C:2001:281 ), a 662/1996. sz. törvény 2. cikkének 18–20. bekezdéséből, a 144/2001. sz. rendelet 3. cikkének (1) bekezdéséből és az 504/1992. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 10. cikkének (3) bekezdéséből következőhöz hasonló összetett rendelkezés, amennyiben az szükségszerűen arra kötelezi a koncessziós jogosultat (nyertes ajánlattevő), hogy megfizesse a Poste Italiane […] által egyoldalúan meghatározott és/vagy módosított „díjat”, és nem mondhatja fel a postai folyószámla‑szerződést mivel ez esetben megsérti az 504/1992. sz., felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében előírt kötelezettséget, és következésképpen nem teljesíti az […] ICI beszedésének az adót kivető önkormányzattal szemben vállalt kötelezettségét?” A Bíróság előtti eljárás A 2020. április 22‑re kitűzött tárgyalást törölték az egészségügyi válsághelyzet és azon bizonytalanságok miatt, amelyek e válság következtében befolyásolják azt az időpontot, amikortól a Bíróság újra a szokásos feltételek mellett folytathatja igazságszolgáltatási tevékenységét, és a szóbeli válasz céljából feltett kérdéseket írásbeli megválaszolás céljából feltett kérdésekké alakították át. A Poste Italiane, a Díjbeszedő és a Bizottság a Bíróság által előírt határidőn belül válaszolt a feltett kérdésekre. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről Az első és a második kérdésről Az első kérdés elfogadhatóságáról A Poste Italiane elsődlegesen azt állítja, hogy az első kérdés elfogadhatatlan, mivel egyrészt lehetetlen annak az EUMSZ 14. cikkre vonatkozó részét értelmezni, másrészt kizárólag a nemzeti bíróságok feladata közvetlenül alkalmazni az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdésében előírt feltételeket. Elsősorban emlékeztetni kell arra, hogy a Bíróság és a nemzeti bíróságok között az EUMSZ 267. cikkel létrehozott együttműködés keretében kizárólag az ügyben eljáró és a meghozandó határozatért felelős nemzeti bíróság feladata annak eldöntése, hogy az ügy sajátos jellemzőire tekintettel az ítélet meghozatalához szükség van‑e az előzetes döntéshozatalra, és hogy a Bíróságnak feltett kérdések relevánsak‑e. Következésképpen, ha a feltett kérdések az uniós jog értelmezésére vonatkoznak, a Bíróság főszabály szerint köteles határozatot hozni (2019. december 19‑iDarie ítélet, C‑592/18 , EU:C:2019:1140 , 24. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ebből következően az uniós jogra vonatkozó kérdések releváns voltát vélelmezni kell. A Bíróság csak akkor tagadhatja meg a nemzeti bíróság által feltett előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről való határozathozatalt, ha az uniós jog kért értelmezése nyilvánvalóan semmilyen összefüggésben nincs az alapügy tényállásával vagy tárgyával, ha a probléma hipotetikus jellegű, vagy ha nem állnak a Bíróság rendelkezésére azok a ténybeli és jogi elemek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az elé terjesztett kérdésekre hasznos választ adhasson (2020. október 8‑iUnion des industries de la protection des plantes ítélet, C‑514/19 , EU:C:2020:803 , 29. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Másodsorban emlékeztetni kell arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlatnak megfelelően a nemzeti bíróságok és a Bíróság között az EUMSZ 267. cikkel bevezetett együttműködési eljárás keretében a Bíróság feladata, hogy a nemzeti bíróságnak az előtte folyamatban lévő ügy eldöntéséhez hasznos választ adjon. Ennek érdekében adott esetben a Bíróságnak át kell fogalmaznia az elé terjesztett kérdéseket (2000. november 28‑iRoquette Frères ítélet, C‑88/99 , EU:C:2000:652 , 18. pont; 2019. december 19‑iNederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers ítélet, C‑263/18 , EU:C:2019:1111 , 31. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ennek érdekében a Bíróság a nemzeti bíróság által szolgáltatott információk összessége és különösen az előzetes döntéshozatalra utaló határozat indokolása alapján meghatározhatja az említett jog azon rendelkezéseit, amelyeknek az értelmezése a jogvita tárgyára figyelemmel szükséges (2019. december 19‑iNederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers ítélet, C‑263/18 , EU:C:2019:1111 , 32. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Márpedig a jelen ügyben, noha az első kérdés valóban említi az EUMSZ 14. cikket, az az EUMSZ 106. cikkre, közelebbről pedig az e két cikk hatálya alá tartozó általános gazdasági érdekű szolgáltatás fogalmára is vonatkozik, és lényegében arra irányul, hogy egy olyan tevékenység, mint amelyet a Poste Italiane számára biztosítanak az ICI beszedésére szolgáló postai folyószámla kezelése érdekében, megfelel‑e az ilyen általános gazdasági érdekű szolgáltatás jellemzőinek. E kérdés tehát az uniós jog értelmezésére vonatkozik, és nem tűnik sem hipotetikusnak, sem pedig az alapjogvitához nem kapcsolódónak. A Bíróság ezenkívül rendelkezik az e kérdések megválaszolásához szükséges információkkal. Következésképpen az első kérdés elfogadható. Az ügy érdeméről Együttesen vizsgálandó első és második kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra keresi a választ, hogy az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdését és az EUMSZ 107. cikket úgy kell‑e értelmezni, hogy azokkal ellentétes azon nemzeti szabályok alkalmazása, amelyek arra kötelezik az ICI beszedését végző koncessziós jogosultakat, hogy rendelkezzenek a Poste Italianénál nyitott, a nevükre szóló folyószámlával annak érdekében, hogy az adóalanyok számára lehetővé tegyék ezen adó megfizetését, és az említett folyószámla kezeléséért díjat fizessenek, ha e szabályokat nem jelentették be a Bizottságnál az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése értelmében. Mindenekelőtt emlékeztetni kell arra, hogy noha az uniós bíróságok ellenőrzése alatt eljáró Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a támogatások belső piaccal való összeegyeztethetőségének vizsgálatára (lásd ebben az értelemben különösen: 2020. szeptember 3‑iVereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland és társai kontra Bizottság ítélet, C‑817/18 P , EU:C:2020:637 , 99. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat), e körülmény nem képezi akadályát annak, hogy valamely nemzeti bíróság a „támogatás” fogalmának értelmezése iránti előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjesszen elő. A Bíróság így tájékoztathatja a kérdést előterjesztő bíróságot minden olyan, az uniós jog értelmezésére vonatkozó szempontról, amely levetővé teszi számára annak megállapítását, hogy adott nemzeti intézkedés „állami támogatásnak” minősülhet‑e az uniós jog értelmében (2017. május 18‑iFondul Proprietatea ítélet, C‑672/16, C‑150/16 , EU:C:2017:388 , 12. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ezenkívül az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésében előírt, az állami támogatások nyújtására és módosítására irányuló szándék bejelentésére vonatkozó kötelezettség hatékony érvényesülésének, valamint az állami támogatások Bizottság általi megfelelő és teljes körű vizsgálatának biztosítása érdekében a nemzeti bíróságok kötelesek az ezen kötelezettség megsértéséből fakadó valamennyi következmény megállapítására, és az azok orvoslására alkalmas intézkedések meghozatalára, még akkor is, ha a jogellenes támogatás kedvezményezettje az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése értelmében vett általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával megbízott vállalkozás (lásd ebben az értelemben: 2020. november 24‑iViasat Broadcasting UK ítélet, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , 43. pont). Azt is pontosítani kell, hogy azon kérdés vizsgálata, hogy a szóban forgó intézkedést az EUMSZ 107. cikk értelmében vett „állami támogatásnak” kell‑e minősíteni, amely magában foglalhatja a 2003. július 24‑iAltmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ítéletből ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ) fakadó feltételek tiszteletben tartásának ellenőrzését, a támogatási intézkedésnek az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése alapján történő vizsgálatát megelőzően történik. Ez a kérdés ugyanis megelőzi annak esetleges vizsgálatát, hogy egy, a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatás az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése alapján mindazonáltal szükséges‑e a szóban forgó intézkedés kedvezményezettjére bízott feladat ellátásához (lásd ebben az értelemben: 2017. március 8‑iViasat Broadcasting UK kontra Bizottság ítélet, C‑660/15 P , EU:C:2017:178 , 34. pont; 2019. május 15‑iAchema és társai ítélet, C‑706/17 , EU:C:2019:407 , 102. pont). Az első és a második kérdés megválaszolása érdekében tehát először is meg kell vizsgálni, hogy az alapügyekben szereplő intézkedést az EUMSZ 107. cikk értelmében vett „állami támogatásnak” kell‑e minősíteni. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti „állami támogatásnak” való minősítéshez négy feltételnek kell teljesülnie, vagyis állami beavatkozásnak vagy állami forrásból történő beavatkozásnak kell fennállnia, e beavatkozásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy érintse a tagállamok közötti kereskedelmet, a kedvezményezett számára szelektív előnyt kell biztosítania, és torzítania kell a versenyt, vagy azzal kell fenyegetnie (2019. május 15‑iAchema és társai ítélet, C‑706/17 , EU:C:2019:407 , 46. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Elsősorban az állami beavatkozásra vagy állami forrásból történő beavatkozásra vonatkozó feltétellel kapcsolatban pontosítani kell, hogy az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésben szereplő, „a tagállamok által” és az „állami forrásból” nyújtott támogatások közötti megkülönböztetés nem azt jelenti, hogy az állam által nyújtott valamennyi előny támogatásnak minősül, függetlenül attól, hogy állami forrásokból finanszírozzák‑e, vagy sem, hanem e megkülönböztetésnek csak az a célja, hogy e fogalom vonatkozzon a közvetlenül az állam által, valamint az általa kijelölt vagy létrehozott köz‑ vagy magánszervezet által nyújtott előnyökre is (2020. október 21‑iEco TLC ítélet, C‑556/19 , EU:C:2020:844 , 26. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ebből következik, hogy ahhoz, hogy bizonyos előnyök az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett „támogatásnak” minősülhessenek, egyrészről közvetlenül vagy közvetve állami forrásból kell származniuk, másrészről az államnak betudhatónak kell lenniük (2019. május 15‑iAchema és társai ítélet, C‑706/17 , EU:C:2019:407 , 47. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Először is, ami a támogatási intézkedés államnak való betudhatóságára vonatkozó feltételt illeti, az annak vizsgálatát követeli meg, hogy a hatóságok részt vettek‑e ezen intézkedés meghozatalában (2020. október 21‑iEco TLC ítélet, C‑556/19 , EU:C:2020:844 , 23. pont). A jelen ügyben az előzetes döntéshozatalra utaló határozatokból az következik, hogy az alapügyekben szereplő rendelkezést törvényi és rendeleti rendelkezések vezették be. Ugyanis az 504/1992. sz. törvényerejű rendelet vezette be a koncessziós jogosultak azon kötelezettségét, hogy a Poste Italianénál folyószámlával rendelkezzenek az ICI beszedése érdekében, míg a 662/1996. sz. törvény előírja e vállalkozás azon jogát, hogy díjat szedjen e számla vezetéséért. Ebben az összefüggésben, amelyet a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia, az a rendelkezés, amely arra kötelezi a koncessziós jogosultakat, hogy a nevükre szóló folyószámlával rendelkezzenek a Poste Italianénál annak érdekében, hogy az adóalanyok számára lehetővé tegyék ezen adó megfizetését és az említett folyószámla kezeléséért díjat fizessenek, az államnak betudhatónak tekinthető. Másodszor, ami az állami források átruházására vonatkozó feltételt illeti, fontos pontosítani, hogy az „állami források” fogalma minden olyan pénzügyi eszközt magában foglal, amelyet a hatóságok ténylegesen felhasználhatnak vállalkozások támogatására, anélkül hogy jelentősége lenne annak, hogy ezen eszközök állandó jelleggel az állam vagyonába tartoznak‑e, vagy sem. Még ha a támogatási intézkedésnek megfelelő összegek nincsenek is állandó jelleggel az államkincstár birtokában, azon tény, hogy folyamatosan állami ellenőrzés alatt maradnak, és így a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok rendelkezésére állnak, elegendő ahhoz, hogy azok állami forrásoknak minősüljenek (2020. október 21‑iEco TLC ítélet, C‑556/19 , EU:C:2020:844 , 36. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2020. december 10‑iComune di Milano kontra Bizottság ítélet, C‑160/19 P , EU:C:2020:1012 , 30. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Figyelembe véve a kérdést előterjesztő bíróság által szolgáltatott információkat és a Bíróság rendelkezésére álló iratokat, e tekintetben pontosítani kell, hogy nem minősül állami támogatásnak azon intézkedés, amellyel az állami vagy magánvállalkozásokat arra kötelezik, hogy saját pénzügyi forrásaikból vásároljanak vagy szolgáltatást vegyenek igénybe. E kötelezettség ugyanis főszabály szerint nem jár az EUMSZ 107. cikk értelmében vett állami források bevonásával. Más azonban a helyzet, ha e vállalkozásokat úgy kell tekinteni, mint amelyeket az állam felhatalmazott arra, hogy állami forrásokat kezeljenek, amely helyzet akkor állna fenn, ha az ezen vásárlási vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség által okozott többletköltséget teljes egészében a végfelhasználókra hárítanák át, e többletköltséget a tagállam által előírt kötelező hozzájárulásól finanszíroznák, vagy létezne az említett többletköltség teljes megtérítésére irányuló mechanizmus (lásd ebben az értelemben: 2017. szeptember 13‑iENEA ítélet, C‑329/15 , EU:C:2017:671 , 26. és 30. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; 2019. május 15‑iAchema és társai ítélet, C‑706/17 , EU:C:2019:407 , 68. pont). Egyébiránt a közvállalkozások forrásai szintén állami forrásnak tekinthetők, ha az állam az e vállalkozások feletti meghatározó befolyásának gyakorlásával irányítani tudja e források felhasználását annak érdekében, hogy finanszírozza az adott esetben más vállalkozások javát szolgáló előnyöket (lásd ebben az értelemben: 2017. szeptember 13‑iENEA ítélet, C‑329/15 , EU:C:2017:671 , 26. és 30. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A jelen ügyben az előzetes döntéshozatalra utaló határozatokban említett nemzeti szabályozásból kitűnik, hogy az alapügyekben szereplő intézkedés úgy tekinthető, mint amely szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kötelezettséget foglal magában, mivel az 504/1992. sz. törvényerejű rendelet 10. cikkének (3) bekezdése szerint a koncessziós jogosultak kötelesek a Poste Italianénál nyitott folyószámlával rendelkezni annak érdekében, hogy az ICI‑t az adóalanyoktól beszedjék, és mivel az említett 662/1996. sz. törvény 2. cikkének (18) bekezdése alapján a Poste Italiana díjat szedhet e számlák kezeléséért. E tekintetben először is rá kell mutatni, hogy önmagában abból a tényből, hogy a koncessziós jogosultak 2006‑ban közvállalkozásokká váltak, nem lehet arra következtetni, hogy az e koncessziós jogosultakat terhelő, a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kötelezettség teljesítését állami forrásokból finanszírozzák. A kérdést előterjesztő bíróság által megállapított tényállásból ugyanis nem tűnik ki, hogy az alapügyekben szereplő intézkedés annak eredménye volna, hogy az állam a jelen ítélet 44. pontjában említett ítélkezési gyakorlat értelmében meghatározó befolyást gyakorolt e vállalkozások felett annak érdekében, hogy irányítsa forrásaik felhasználását, mivel a koncessziós jogosultak azon kötelezettsége, hogy az ICI adóalanyoktól való beszedése céljából a Poste Italianénál nyitott folyószámlával rendelkezzenek a jogszabályi rendelkezésekből ered, nem pedig az állam e koncessziós jogosultak kereskedelmi politikájába való beavatkozásának eredménye, és e politikát egyformán alkalmazta a koncessziós jogosultakra 2006 előtt és után, amely év során azok állami irányítás alá kerültek. Meg kell azonban vizsgálni, hogy – a jelen ítélet 43. pontjában kifejtetteknek megfelelően – az ICI beszedését végző koncessziós jogosultak az állam által állami források kezelésére felhatalmazott vállalkozásoknak minősülnek‑e, ami különösen akkor állna fenn, ha létezne az e kötelezettségből eredő többletköltségek teljes megtérítésére irányuló mechanizmus. A Bíróság rendelkezésére álló adatokból nem tűnik ki egyértelműen ilyen mechanizmus fennállása. Kétségtelen, hogy az előzetes döntéshozatalra utaló határozatokból kitűnik, hogy az 504/1992. sz. törvényerejű rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében az adót kivető önkormányzatok kötelesek díjat fizetni a koncessziós jogosultaknak az ICI utóbbiak általi beszedéséért. Ugyanakkor, noha ezen összegek egyértelműen állami eredetűek, semmi nem utal arra, hogy azon többletköltségeket kompenzálják, amelyek a koncessziós részéről merülnek fel amiatt, hogy a Poste Italianénál nyitott folyószámlával kötelesek rendelkezni, és hogy így az állam garantálja e többletköltségek teljes megtérítését. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy valóban ez a helyzet áll‑e fenn. Másfelől meg kell állapítani, hogy sem az előzetes döntéshozatalra utaló határozatokból, sem a Bíróság rendelkezésére álló iratokból nem tűnik ki, hogy az alapügyekben szereplő, szolgáltatásoknak a Poste Italianétól való igénybevételére vonatkozó kötelezettség folytán felmerülő többletköltséget teljes egészében az adóalanyoknak kellene viselniük, vagy azt az állam által kivetett más típusú kötelező hozzájárulásból finanszíroznák. Mindemellett, még ha első látásra nem is tűnik úgy, hogy közvetlenül vagy közvetve állami forrásból származónak lehet tekinteni a koncessziós jogosultak által a Poste Italiane részére azon számlák megnyitásával és kezelésével összefüggésben fizetett díjakat, amelyekkel a Poste Italianénál kell rendelkezniük, ennek megvizsgálása a kérdést előterjesztő bíróság feladata, mivel a Bíróság nem vizsgálhatja közvetlenül az alapügy tényállását. Másodsorban azon feltételt illetően, amely szerint a beavatkozásnak a kedvezményezett számára szelektív előnyt kell biztosítania, emlékeztetni kell arra, hogy formájától függetlenül támogatásnak minősül minden olyan állami beavatkozás, amely közvetlenül vagy közvetve alkalmas vállalkozások előnyben részesítésére, illetve amely olyan gazdasági előnynek tekinthető, amelyben a kedvezményezett vállalkozás rendes piaci feltételek között nem részesülhetett volna (2019. május 15‑iAchema és társai ítélet, C‑706/17 , EU:C:2019:407 , 83. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). E tekintetben a nemzeti szabályozás által valamely vállalkozás számára elismert azon lehetőség, hogy díjban részesüljön egy olyan szolgáltatás nyújtásáért, amelynek törvényi monopóliumával rendelkezik, a priori tekinthető kizárólag e vállalkozás javára nyújtott szelektív előnynek. Márpedig az előzetes döntéshozatalra utaló határozatokból, valamint a Bíróság rendelkezésére álló egyéb iratokból kitűnik, hogy az 504/1992. sz. törvényerejű rendelet, amely törvényi monopóliumot hozott létre a Poste Italiane javára, írta elő a koncessziós jogosultak számára azt a kötelezettséget, hogy e vállalkozásnál nyissanak a nevükre szóló folyószámlát az ICI adóalanyoktól való beszedése érdekében. A 70/2011. sz. törvényrendelet elfogadásáig kizárólag a Poste Italiane részesült ebben az előnyben, amelyet a postahivatalok igen széles területi elhelyezkedése igazolt, és amely lehetővé tette az adóalany könnyebb elérését. Mindemellett meg kell állapítani, hogy az alapügyekben szereplő körülményekre tekintettel a kérdést előterjesztő bíróság közelebbről a 2003. július 24‑iAltmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ítéletben ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ) szereplő kritériumokról kérdezi a Bíróságot a közszolgáltatási kötelezettségek valamely vállalkozás általi átvállalása ellentételezésének eseteire vonatkozóan. E tekintetben a Bíróság kimondta, hogy amennyiben az állami beavatkozás a kedvezményezett vállalkozások által közszolgáltatási kötelezettségként teljesített szolgáltatás ellenértékéül adott ellentételezésnek tekinthető oly módon, hogy e vállalkozások nem részesülnek tényleges anyagi előnyben, és így nem kerülnek e beavatkozás folytán versenytársaiknál kedvezőbb helyzetbe, úgy az ilyen beavatkozás nem tartozik az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá (2003. július 24‑iAltmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ítélet, C‑280/00 , EU:C:2003:415 , 87. pont; 2017. március 8‑iViasat Broadcasting UK kontra Bizottság ítélet, C‑660/15 P , EU:C:2017:178 , 25. pont; 2019. május 15‑iAchema és társai ítélet, C‑706/17 , EU:C:2019:407 , 83. pont). A 2003. július 24‑iAltmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ítélet ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ) – 93. pontjának megfelelően ahhoz, hogy egy ilyen beavatkozás ne minősüljön „állami támogatásnak”, több feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt a kedvezményezett vállalkozást ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek kell terhelnie, és e kötelezettségnek egyértelműen meghatározottnak kell lennie. Másodszor, az ellentételezés kiszámításához alapul vett paramétereket objektív és átlátható módon előre meg kell határozni. Harmadszor, az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek egészének vagy egy részének fedezéséhez szükséges mértéket. Negyedszer, amikor egy adott esetben a közszolgáltatási kötelezettség végrehajtásával megbízott vállalkozás kiválasztása nem közbeszerzési eljárás keretében történik, amely lehetővé tenné, hogy azt a jelöltet válasszák, aki a közösségnek legkevesebb költséggel járó szolgáltatást tudja nyújtani, a szükséges ellentételezés mértékét azon költségek elemzése alapján kell megállapítani, amelyet egy átlagos, jól vezetett és a szükséges közszolgáltatási követelmények kielégítéséhez megfelelően felszerelt vállalkozásnál e kötelezettségek végrehajtásakor felmerülnének. A 2003. július 24‑iAltmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ítéletből ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ) fakadó első feltételt illetően a Bíróság megállapította, hogy az az átláthatóság és a jogbiztonság célját követi, amely megköveteli bizonyos, arra vonatkozó minimális kritériumok együttes teljesülését, hogy legyen egy vagy több olyan hatósági jogi aktus, amely kellő pontossággal meghatározza legalábbis a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével megbízott vállalkozásokra háruló e kötelezettségek jellegét, időtartamát és terjedelmét. Ezen objektív kritériumok egyértelmű meghatározása hiányában nem lehet ellenőrizni azt, hogy valamely sajátos tevékenység az általános gazdasági érdekű szolgáltatás fogalma alá tartozhat‑e (2018. szeptember 20‑iSpanyolország kontra Bizottság ítélet, C‑114/17 P , EU:C:2018:753 , 86. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A jelen ügyben hangsúlyozni kell, hogy az alapügyek nem a Poste Italiane által nyújtott postai szolgáltatásokra vonatkoznak, és hogy az ICI beszedését illetően a kérdést előterjesztő bíróság megkülönbözteti egyrészt azt a jogviszonyt, amely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően közigazgatási koncesszió útján köti a települést, vagyis az adót kivető szervezetet, és az e beszedéssel megbízott koncessziós jogosultat, másrészt azt a magánjogi jellegű kapcsolatot, amely e koncessziós jogosult és a Poste Italiane között áll fenn, az említett beszedés céljából postai folyószámla fenntartására és e számla kezeléséért díj fizetésére vonatkozó kötelezettség formájában. Az alapügyek e két jogviszony közül kizárólag a másodikra vonatkoznak. Márpedig, ahogyan arra a főtanácsnok indítványának 45. pontjában rámutatott, nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy a Poste Italiane formálisan köteles lenne közszolgáltatási kötelezettség jogcímén bizonyos szolgáltatásokat nyújtani olyan feltételek mellett, amelyek kellő pontossággal határozzák meg a jellegét és terjedelmét. Éppen ellenkezőleg, még ha a folyószámlák koncessziós jogosultak nevére történő megnyitása és azok kezelése szerepel is a koncessziós jogosultra bízott, az ICI beszedésére irányuló közszolgáltatás megszervezése és működtetése módjainak kialakítására irányuló tevékenységek között, az előzetes döntéshozatalra utaló határozatokból, valamint a Bíróság rendelkezésére álló iratokban szereplő egyéb információkból kitűnik, hogy a Poste Italianét az összes koncessziós jogosultakkal való szerződéskötésen túlmenően nem terheli több kötelezettség, mint amelyek a bankszektorban alkalmazandóak. Így különösen a Poste Italiane továbbra is szabadon határozhatja meg díjait, és a koncessziós jogosultakkal való szerződéskötésre vonatkozó említett kötelezettségen kívül semmilyen konkrét tényező nem különbözteti meg az azokkal való kapcsolatát attól, amelyet a postai bankszámlával rendelkező más ügyfeleivel tart fenn. A Poste Italiane jelezte, hogy a koncessziós jogosultak tekintetében rendes folyószámláról van szó, és mindig egyetlen folyószámlát szolgáltat, amelynek alapajánlata minden ügyfele számára azonos. A Díjbeszedő azt is megerősítette, hogy a Poste Italiane a koncessziós jogosultak folyószámláira ugyanazokat a gazdasági feltételeket alkalmazza, mint az összes többi jogi személyre általában. E körülmények között a 2003. július 24‑iAltmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ítéletben ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ) kimunkált első feltétel a jelen ügyben nem teljesül, és nem kell megvizsgálni az ezen ítéletben kidolgozott többi feltételt, mivel ezek kumulatívak. Ebből következik, hogy a Poste Italiane tekintetében releváns nemzeti szabályozás által elismert azon jog, hogy díjat szedhessen azon postai folyószámlák kezelése után, amelyeket a koncessziós jogosultak jogszabály alapján kötelesek voltak a nevükre megnyitni annak érdekében, hogy az adóalanyoktól beszedjék az ICI‑t, szelektív előnynek tekinthető, aminek vizsgálata azonban a kérdést előterjesztő bíróság feladata. Harmadsorban, azon feltételeket illetően, amelyek szerint a beavatkozásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy érintse a tagállamok közötti kereskedelmet, és torzítania kell a versenyt, vagy azzal kell fenyegetnie, noha az előzetes döntéshozatalra utaló határozatok e tekintetben nem tartalmaznak információkat, a kérdést előterjesztő bíróság által elvégzendő vizsgálat függvényében megállapítható, hogy azok a jelen ügyben teljesülnek. Először is hasznos emlékeztetni arra, hogy ahhoz, hogy valamely nemzeti intézkedést „állami támogatásnak” lehessen minősíteni, nem azt kell megállapítani, hogy a támogatás ténylegesen érinti‑e a tagállamok közötti kereskedelmet, és hogy ténylegesen torzult‑e a verseny, hanem csak azt kell megvizsgálni, hogy e támogatás érintheti‑e a kereskedelmet, és torzíthatja‑e a versenyt (2019. július 29‑iAzienda Napoletana Mobilità ítélet, C‑659/17 , EU:C:2019:633 , 29. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Egyébiránt, ha a tagállam által nyújtott támogatás valamely vállalkozás helyzetét megerősíti a tagállamok közötti kereskedelemben versenytársaival szemben, a támogatást olyannak kell tekinteni, mint amely érinti e kereskedelmet. E tekintetben nem szükséges, hogy a kedvezményezett vállalkozások saját maguk részt vegyenek a tagállamok közötti kereskedelemben. Ha ugyanis egy tagállam támogatást nyújt vállalkozások számára, ez fenntarthatja vagy növelheti a belföldi tevékenységet, ami azzal a következménnyel jár, hogy a más tagállamokban letelepedett vállalkozásoknak csökken a lehetősége arra, hogy az adott tagállam piacára léphessenek (2019. július 29‑iAzienda Napoletana Mobilità ítélet, C‑659/17 , EU:C:2019:633 , 30. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Márpedig a jelen esetben nem zárható ki, hogy az alapügyekben szereplő olasz szabályozás azáltal, hogy arra kötelezi a koncessziós jogosultakat, hogy az ICI‑nek az adóalanyoktól történő beszedése érdekében postai folyószámlával rendelkezzenek, és hogy e számlák kezeléséért díjat fizessenek a Poste Italianénak, megerősíti e közvállalkozás helyzetét a banki és pénzügyi szolgáltatások ágazatában versenyben álló többi vállalkozáshoz képest, valamint hogy e szabályozás érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet is. Mindazonáltal a kérdést előterjesztő bíróság feladata annak értékelése, hogy milyen hatással van a Poste Italiane és más bankok tevékenységére az alapügyekben szereplő intézkedés, amely legalábbis a 70/2011. sz. törvényerejű rendelet elfogadásáig fenntartotta a Poste Italiane számára azt az előnyt, amely a koncessziós jogosultak azon kötelezettségéből ered, hogy e vállalkozásnál nyissanak a nevükre szóló folyószámlát az ICI adóalanyoktól való beszedése érdekében, az adóalanyok számára meghagyott azon lehetőségen felül, hogy közvetlenül a koncessziós jogosultnál teljesítsék az ICI befizetését. Negyedsorban rá kell mutatni, hogy az előzetes döntéshozatalra utaló határozatokból kitűnik, hogy az 504/1992. sz. törvényerejű rendelettel bevezetett azon intézkedést, amelynek célja, hogy a Poste Italiane számára biztosítsa az ICI beszedésével megbízott koncessziós társaságok nevére nyitott folyószámla‑vezetési monopóliumot, nem jelentették be a Bizottságnak az EUMSZ 108. cikk alapján. Ebből következik, hogy amennyiben a kérdést előterjesztő bíróság a jelen ítélet 37–70. pontjában nyújtott információk alapján arra a következtetésre jutna, hogy az alapügyekben szereplő intézkedés állami támogatásnak minősül, e bíróság feladata lesz, hogy a jelen ítélet 34. cikkében hivatkozott ítélkezési gyakorlatnak megfelelően levonja a jelen ügyben az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdésének megsértéséből eredő összes következményt. Ráadásul meg kell állapítani, hogy mivel a 2003. július 24‑iAltmark Trans és Regierungspräsidium Magdeburg ítéletből ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 ) eredő ítélkezési gyakorlat által támasztott első feltétel, amely szerint a kedvezményezett vállalkozást egyértelműen meghatározott közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kell megbízni, abban az esetben is alkalmazandó, ha az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdésében előírt eltérésre a jelen ügyben nem hivatkoztak (2017. december 20‑iComunidad Autónoma del País és társai kontra Bizottság ítélet, C‑66/16 P–C‑69/16 P , EU:C:2017:999 , 56. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat), az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható az alapügyekben, mivel a jelen ítélet 64. pontjában megállapítást nyert, hogy e feltétel a jelen ügyben nem teljesül. Mindenesetre, mivel – amint az a jelen ítélet 33. pontjában hivatkozott ítélkezési gyakorlatból következik – a Bizottság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik valamely támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének értékelésére, a kérdést előterjesztő bíróság nem rendelkezik hatáskörrel annak vizsgálatára, hogy teljesülnek‑e az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdésének alkalmazási feltételei. A fenti megfontolásokra tekintettel az első és a második kérdésre azt a választ kell adni, hogy az EUMSZ 107. cikket úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „állami támogatásnak” minősül az a nemzeti intézkedés, amely arra kötelezi az ICI beszedését végző koncessziós jogosultakat, hogy rendelkezzenek a Poste Italianénál nyitott, a nevükre szóló folyószámlával annak érdekében, hogy az adóalanyok számára lehetővé tegyék ezen adó megfizetését, és az említett folyószámla kezeléséért díjat fizessenek, amennyiben ezen intézkedés az államnak betudható, a Poste Italiane számára szelektív előnyt biztosít állami forrásból, és alkalmas arra, hogy torzítsa a versenyt és a tagállamok közötti kereskedelmet, aminek megvizsgálása a kérdést előterjesztő bíróság feladata. A harmadik kérdésről Harmadik kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság arra keres választ, hogy ellentétes‑e az EUMSZ 102. cikkel az olyan nemzeti szabályozás, amely az ICI beszedésével megbízott koncessziós jogosultakat a Poste Italiane által egyoldalúan meghatározott díj megfizetésére kötelezi azon postai folyószámla kezelése érdekében, amelyet e jogosultak kötelesek a Poste Italianénál megnyitni. A Poste Italiane azt állítja, hogy ez a kérdés elfogadhatatlan, mivel a kérdést előterjesztő bíróság nem nyújtott be semmilyen elemzést vagy pontosítást arra vonatkozóan, hogy az alapügyekben szereplő nemzeti szabályozás miért nem felel meg az EUMSZ 102. cikknek. Még ha feltételezzük is, hogy a feltett kérdés az EUMSZ 102. cikkel összefüggésben értelmezett EUMSZ 106. cikk (1) bekezdésének értelmezésére irányul, e kérdés akkor is elfogadhatatlan lenne. A kérdést előterjesztő bíróság nem jelölte meg világosan az érintett szolgáltatások piacát, az érintett földrajzi területet, a szóban forgó szolgáltatásokat nyújtó gazdasági szereplők számát, valamint azok piaci részesedését. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az uniós jognak a nemzeti bíróság számára hasznos értelmezése magában foglalja azt, hogy a nemzeti bíróság meghatározza az általa feltett kérdések ténybeli és jogszabályi hátterét, vagy legalábbis kifejtse azokat a ténybeli körülményeket, amelyeken e kérdések alapulnak. E követelmények különösen érvényesek a versenyjog területén, amelyet összetett ténybeli és jogi helyzetek jellemeznek (2013. december 12‑iRagn‑Sells ítélet, C‑292/12 , EU:C:2013:820 , 39. pont; 2019. március 5‑iEesti Pagar ítélet, C‑349/17 , EU:C:2019:172 , 49. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Az alapügyekben a harmadik kérdés lényegében nemcsak arra irányul, hogy az alapügyekben szereplő nemzeti szabályozás azzal a hatással járt‑e, hogy a Poste Italiane számára az EUMSZ 106. cikk (1) bekezdése értelmében vett különleges vagy kizárólagos jogokat biztosított, hanem arra is, hogy az ilyen szabályozás erőfölénnyel való visszaéléshez vezethetett‑e. Márpedig, ahogyan arra a főtanácsnok indítványának 92. pontjában rámutatott, a kérdést előterjesztő bíróságnak pontos információkat kellett volna nyújtania az érintett piac jellemzőiről, földrajzi kiterjedéséről vagy az egyenértékű szolgáltatások esetleges fennállásáról. Közelebbről az előzetes döntéshozatalra utaló határozatok nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyekből azonosítani lehetne az erőfölénynek az EUMSZ 102. cikk értelmében vett meghatározó elemeit az alapeljárásokkal összefüggésben. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a Bíróság előtt folyamatban lévő eljárás résztvevői által a Bíróság kérdéseire válaszul szolgáltatott információk ellenére nem lehet kellő pontossággal meghatározni az érintett piacot az alapügyekben szereplő szolgáltatások és annak földrajzi kiterjedése szempontjából, valamint az említett piacon működő különböző vállalkozások piaci részesedését, sem pedig bizonyossággal azt, hogy a koncessziós jogosultak arra való kötelezése, hogy az ICI beszedése érdekében a Poste Italianénál nyitott bankszámlával rendelkezzenek piaci erőfölényt biztosít‑e ez utóbbinak a belső piac jelentős részén. Az előzetes döntéshozatalra utaló határozatok nem fejtik ki azon okokat sem, amelyek miatt az alapügyekben szereplő olasz szabályozás arra késztethetné a Poste Italiát, hogy visszaéljen erőfölényével. Mivel a Bíróság nem rendelkezik az ahhoz szükséges információkkal, hogy hasznos választ adhasson, meg kell állapítani, hogy a harmadik kérdés elfogadhatatlan. A költségekről Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg. A fenti indokok alapján a Bíróság (ötödik tanács) a következőképpen határozott: Az EUMSZ 107. cikket úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „állami támogatásnak” minősül az a nemzeti intézkedés, amely arra kötelezi az imposta comunale sugli immobili (helyi ingatlandó) beszedését végző koncessziós jogosultakat, hogy rendelkezzenek a Poste Italiane SpA‑nál nyitott, a nevükre szóló folyószámlával annak érdekében, hogy az adóalanyok számára lehetővé tegyék ezen adó megfizetését, és az említett folyószámla kezeléséért díjat fizessenek, amennyiben ezen intézkedés az államnak betudható, a Poste Italiane számára szelektív előnyt biztosít állami forrásból, és alkalmas arra, hogy torzítsa a versenyt és a tagállamok közötti kereskedelmet, aminek megvizsgálása a kérdést előterjesztő bíróság feladata. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: olasz.

62018TJ0261

nl

Voorgeschiedenis van het geding Op 6 juli 2015 heeft verzoekster, Roxtec AB, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk ( PB 2009, L 78, blz. 1 ), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk ( PB 2017, L 154, blz. 1 )]. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd en waarvoor aanspraak is gemaakt op de kleuren „blauw; zwart”, is het volgende beeldteken: De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 17 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Afdichtingen in plastic of rubber voor kabels en leidingen.” De aanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 127/2015 van 10 juli 2015 gepubliceerd en het merk is op 22 oktober 2015 onder het nummer 14338735 ingeschreven. Verzoekster ontwikkelt en verkoopt afdichtingsmodules die octrooibescherming genoten tot 2010. Op 7 januari 2016 heeft interveniënte, Wallmax Srl, die soortgelijke afdichtingsmodules produceert en distribueert, een vordering ingediend tot nietigverklaring van het in punt 2 hierboven weergegeven merk voor de waren waarop het betrekking heeft, waarbij zij zich in de eerste plaats beroept op de absolute nietigheidsgronden van artikel 7, lid 1, onder b), d) en e), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), d) en e), van verordening 2017/1001], gelezen in samenhang met artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening [thans artikel 59, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001], en in de tweede plaats op de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001], en aanvoert dat verzoekster te kwader trouw heeft gehandeld bij de indiening van haar aanvraag. Bij beslissing van 14 maart 2017 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring in haar geheel afgewezen. Met betrekking tot de absolute nietigheidsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 heeft zij met name geoordeeld dat ten eerste, zoals verzoekster overigens toegaf, het betwiste teken duidelijk verwijst naar een aanzicht van een module voor kabelafdichting, ten tweede de wezenlijke kenmerken van het betwiste teken zeven concentrische blauwe cirkels op een zwarte vierkante achtergrond zijn, die van elkaar zijn gescheiden door een afstand die gelijk is aan hun breedte, alsook de binnenste kleinste cirkel rondom een grotere zwarte cirkelvormige kern, en ten derde het betwiste beeldmerk objectief gezien op geen enkele wijze op een technische tekening of tweedimensionale weergave van een driedimensionale waar lijkt en er talrijke objectieve verschillen zijn tussen het betwiste merk en de vorm van de afdichtingsmodule van verzoekster (hierna: „afdichtingsmodule”), zoals de kleur, het aantal concentrische cirkels en het ontbreken van een scheidingslijn. De nietigheidsafdeling heeft derhalve beslist dat de inschrijving van het betwiste merk concurrenten niet op ongeoorloofde wijze de mogelijkheid kon ontnemen om waren in de handel te brengen die dezelfde of een soortgelijke technologie als technische oplossing gebruiken en dat deze bijgevolg niet nietig diende te worden verklaard op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening. Op 8 mei 2017 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans de artikelen 66‑71 van verordening 2017/1001). Bij beslissing van 8 januari 2018 heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 59, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening, toegewezen. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep ten eerste geoordeeld dat, behalve het niet-onderscheidende achtergrondkleurelement, het betwiste teken uitsluitend bestaat uit het hoofdkenmerk van de afdichtingsmodule, te weten een exacte weergave van het aanzicht van het uiteinde van de verwijderbare concentrische lagen die het binnenste van de cilindrische holte bekleden, en bijna niet verschilt van een foto van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule. Ten tweede heeft zij erop gewezen dat alle andere aspecten van de afdichtingsmodule – het feit dat hij in twee delen kan worden gescheiden, het feit dat hij de vorm van een blok heeft en het feit dat hij om het even welke kleur kan hebben – grotendeels losstaan van zijn functie, aangezien dergelijke elementen aanzienlijk kunnen variëren zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de functie van de afdichting. Ten derde was zij van oordeel dat de voorkant van het moduleoppervlak, die duidelijk de concentrischecirkelstructuur laat zien, alle noodzakelijke relevante aanwijzingen bevat om de verwachte technische uitkomst te verkrijgen. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep ten eerste geoordeeld dat het verschil in achtergrondkleur tussen het betwiste merk (zwart) en de afdichtingsmodule (blauw), en het verschil in aantal concentrische cirkels geen belangrijke verschillen vormen, aangezien het gaat om marginale variaties van de niet-onderscheidende kenmerken van het betwiste merk. Ten tweede heeft zij benadrukt dat het betwiste merk weliswaar niet is opgesplitst door een horizontale lijn tussen het bovenste en het onderste gedeelte om de verschillende lagen te kunnen verwijderen, maar dat de mate van zichtbaarheid van die lijn in de praktijk recht evenredig is met de kwaliteit van de afwerking, aangezien de scheidingslijn bij een afgewerkte waar van hoge kwaliteit mogelijk helemaal niet zichtbaar is. Het ontbreken van een scheidingslijn in het betwiste merk is dus niet doorslaggevend. Ten derde heeft zij geoordeeld dat geen enkel sier- of fantasie-element in casu een wezenlijk kenmerk van het aan de orde zijnde teken vormt. Ten vierde heeft zij geoordeeld dat het feit dat het betwiste merk een beeldmerk is en een tweedimensionale tekening weergeeft, geenszins in de weg staat aan de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. In de derde en laatste plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de inschrijving van het betwiste merk concurrenten ten onrechte de mogelijkheid kan ontnemen om afdichtingsmodules in de handel te brengen waarvan de functie is gebaseerd op het verwijderen van concentrische lagen uit een cilindrische holte om een veilige verbinding met een leiding, buis, draad of kabel te verzekeren, en dat verzoekster de aanvragen van merken met concentrische cirkels, met inbegrip van het betwiste merk, heeft ingediend met een strategisch doel dat indruist tegen de logica van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. Conclusies van partijen Verzoekster verzoekt het Gerecht: – de bestreden beslissing te vernietigen; – het EUIPO te verwijzen in de kosten van deze procedure en van de procedures voor het EUIPO. Het EUIPO verzoekt het Gerecht: – het beroep te verwerpen; – verzoekster te verwijzen in de kosten. Interveniënte verzoekt het Gerecht: – de bestreden beslissing te bevestigen; – het betwiste merk nietig te verklaren krachtens artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. In rechte Ontvankelijkheid van de vorderingen van interveniënte Vooraf zij om te beginnen opgemerkt dat, aangezien een bevestiging van de bestreden beslissing neerkomt op een verwerping van het beroep, de eerste vordering van interveniënte in wezen is gericht op de verwerping van het beroep [zie in die zin arrest van 5 februari 2016, Kicktipp/BHIM – Italiana Calzature (Kicktipp), T‑135/14 , EU:T:2016:69 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Wat vervolgens de tweede vordering van interveniënte betreft, waarmee zij het Gerecht verzoekt het betwiste merk nietig te verklaren krachtens artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, zij eraan herinnerd dat uit artikel 72, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001 volgt dat het beroep bij het Gerecht ertoe strekt de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep te onderzoeken en in voorkomend geval de vernietiging of wijziging ervan te verkrijgen, zodat het niet ertoe kan strekken, declaratoire uitspraken met betrekking tot dergelijke beslissingen te verkrijgen [zie in die zin arrest van 14 december 2017, GeoClimaDesign/EUIPO – GEO (GEO), T‑280/16 , niet gepubliceerd, EU:T:2017:913 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Aangezien zij strekt tot nietigverklaring van het betwiste merk, dient de tweede vordering van interveniënte dus niet-ontvankelijk te worden verklaard. Ten gronde Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. Ter ondersteuning van haar enige middel voert verzoekster in de eerste plaats in wezen aan dat het betwiste merk niet bestaat uit de vorm van de aan de orde zijnde concrete waar, aangezien het alleen verwijst naar de afdichtingsmodule en deze niet beschrijft. Het betwiste merk geeft immers drie kenmerken van de afdichtingsmodule niet weer, te weten de scheidingslijn, de driedimensionale rechthoekige vorm en de verwijderbare lagen van deze module. Wat in het bijzonder de niet-weergave door het betwiste merk van de scheidingslijn betreft, vertoont de betreffende waar, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, een heel zichtbare scheidingslijn die niet verdwijnt door de kwaliteit van de afwerking van de waar, aangezien de afdichtingsmodule van rubber is vervaardigd en voor industrieel gebruik is bestemd. Door deze verschillen is verzoekster dus van mening dat het betwiste merk door de relevante consument zal worden opgevat als een beeldmerk met de kenmerkende kleuren van verzoekster, namelijk zwart en blauw, dat verwijst naar haar productlijn, en niet zozeer als een merk dat de door verzoekster in de handel gebrachte afdichtingsmodule of een aanzicht ervan beschrijft. In de tweede plaats betoogt verzoekster in wezen dat de kamer van beroep de wezenlijke kenmerken van het betwiste teken niet juist heeft vastgesteld, omdat zij heeft geoordeeld dat de concentrische cirkels het enige relevante wezenlijke kenmerk zijn voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, en geen rekening heeft gehouden met de „doosvorm”, de blauwe kleur en de combinatie van de kleuren zwart en blauw, die ook wezenlijke kenmerken van het betwiste merk zijn. In het bijzonder is de combinatie van de kleuren zwart en blauw ten eerste een wezenlijk kenmerk van het betwiste merk. Zij vormt immers samen met de concentrische cirkels het meest onderscheidende kenmerk van het betwiste merk, hetgeen blijkt uit de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 15 juni 2012 (zaak R 2244/2010‑2) betreffende een ander merk van verzoekster dat enkel uit deze twee kleuren bestaat, waarbij is geoordeeld dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen voor met name de „afdichtingen in plastic of rubber voor kabels en leidingen” die tot klasse 17 behoren. Bovendien domineert deze kleurencombinatie de algemene visuele indruk die door het betwiste teken wordt gewekt. Ten tweede is deze kleurencombinatie een belangrijk niet-functioneel element van het betwiste merk, hetgeen volgens de rechtspraak van het Hof eraan in de weg staat dat de inschrijving van het betwiste merk nietig wordt verklaard op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. In de derde plaats voert verzoekster in wezen aan dat het betwiste merk de kenmerken niet heeft die noodzakelijk en onmisbaar zijn voor de werking en het gebruik van de aan de orde zijnde waar, zoals de scheidingslijn die aangeeft dat de waar in twee delen kan worden gescheiden, de driedimensionale rechthoekige vorm en de verwijderbare lagen van de waar, en dat de beoogde technische uitkomst zonder deze kenmerken niet kan worden verkregen. Zij voegt eraan toe dat, aangezien deze kenmerken niet zijn opgenomen in het betwiste merk, zij kunnen worden opgenomen in concurrerende waren met een ander design, hetgeen eraan in de weg staat dat de inschrijving van het betwiste merk nietig wordt verklaard op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. Bovendien is er geen risico van schade voor de mededinging, aangezien er talrijke kleurencombinaties op de markt beschikbaar zijn naast die welke verzoekster heeft gebruikt, zoals blijkt uit het door interveniënte aangevraagde merk dat het voorwerp uitmaakt van de beslissing van de oppositieafdeling nr. B 3035 519 van 22 februari 2019, waarbij is beslist dat er geen gevaar bestond voor verwarring tussen het door interveniënte aangevraagde merk en de oudere merken van verzoekster, gelet op met name de kleurverschillen. Ten slotte bestaan er andere afdichtingsoplossingen op de markt waarvoor deze bijzondere technische oplossing zelfs niet nodig is. Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten. Vooraf zij in de eerste plaats eraan herinnerd dat krachtens artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 inschrijving wordt geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Het belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening 2017/1001, bestaat erin te verhinderen dat, als gevolg van het merkenrecht, een onderneming een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (zie naar analogie arrest van 18 juni 2002, Philips, C‑299/99 , EU:C:2002:377 , punt ). De door de wetgever vastgestelde regels weerspiegelen in dit verband de afweging van twee overwegingen, die elk kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van een gezond en eerlijk mededingingsstelsel (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punt ). Enerzijds waarborgt de opname in artikel 7, lid 1, van verordening 2017/1001 van het verbod om tekens als merk in te schrijven die bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punt ). Anderzijds heeft de wetgever, door de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 te beperken tot tekens die „uitsluitend” bestaan uit de vorm van de waar die „noodzakelijk” is om een technische uitkomst te verkrijgen, naar behoren geoordeeld dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en dat het dus ongepast zou zijn om merkinschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskenmerken bezit. Door middel van de termen „uitsluitend” en „noodzakelijk” verzekert die bepaling dat enkel inschrijving wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing incorporeren en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punt ). In de tweede plaats dient in herinnering te worden gebracht dat bij een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken naar behoren worden vastgesteld door de autoriteit die uitspraak doet op de aanvraag tot inschrijving ervan als merk. De uitdrukking „wezenlijke kenmerken” moet aldus worden opgevat dat het gaat om de belangrijkste elementen van het teken (zie in die zin arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punten en ). De identificatie van die wezenlijke kenmerken moet geval per geval worden verricht. Er is immers geen sprake van een systematische hiërarchie tussen de verschillende types van elementen die een teken kan bevatten. De bevoegde autoriteit kan overigens in het kader van haar onderzoek van de wezenlijke kenmerken van een teken hetzij zich rechtstreeks baseren op de door het teken gewekte totaalindruk, hetzij eerst een achtereenvolgend onderzoek van elk bestanddeel van het teken verrichten (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punt ). Bijgevolg kan de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken met het oog op een eventuele toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, naargelang van het geval en in het bijzonder gelet op de moeilijkheidsgraad ervan, worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit teken, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betreffende waar zijn verleend (arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punt ). De aan de bevoegde autoriteit verleende mogelijkheid om rekening te houden met de elementen die nuttig zijn voor de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een litigieus driedimensionaal teken, geldt ook voor het onderzoek van tweedimensionale tekens (zie in die zin arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P–C‑340/12 P , niet gepubliceerd, EU:C:2014:129 , punt ). In de derde plaats zij opgemerkt dat, zodra de wezenlijke kenmerken van het teken zijn vastgesteld, het EUIPO nog dient na te gaan of al deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betreffende waar. Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 is immers niet van toepassing wanneer de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm van een waar waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt [zie arrest van 28 juni 2016, Peri/EUIPO (Vorm van een bekistingsklem), T‑656/14 , niet gepubliceerd, EU:T:2016:367 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Het onderzoek van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van een teken bestaande uit de vorm van een waar moet worden verricht aan de hand van een analyse van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, en niet van tekens bestaande uit andere vormen van de waar. Bij de beoordeling van de technische functionaliteit kan onder meer rekening worden gehouden met documenten inzake oudere octrooien die de functionele elementen van de betreffende vorm beschrijven [zie arrest van 31 januari 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Afbeelding van een patch), T‑44/16 , niet gepubliceerd, EU:T:2018:48 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In het licht van deze beginselen moeten de argumenten worden onderzocht die zijn aangevoerd ter ondersteuning van het enige middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. Wat in de eerste plaats verzoeksters argument betreft dat het betwiste merk niet bestaat uit de vorm van de concrete waar, aangezien het alleen verwijst naar de afdichtingsmodule en deze niet beschrijft (zie punt 20 hierboven), moet worden opgemerkt dat blijkens de rechtspraak de grafische voorstelling van een merk als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk moet zijn, opdat een teken steeds op dezelfde, duidelijke wijze kan worden waargenomen, waardoor wordt gewaarborgd dat dit merk als aanduiding van herkomst fungeert. Voorts heeft het vereiste van grafische voorstelling met name tot doel het merk zelf af te bakenen om aldus te bepalen wat precies het voorwerp is van de bescherming die het ingeschreven merk de houder ervan verleent (zie in die zin arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P–C‑340/12 P , niet gepubliceerd, EU:C:2014:129 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Ook blijkt uit de in de punten 30 tot en met 33 hierboven vermelde rechtspraak dat de kamer van beroep, ter identificatie van de wezenlijke kenmerken van een tweedimensionaal teken zoals het litigieuze teken, een uitvoerig onderzoek mag verrichten in het kader waarvan niet alleen rekening wordt gehouden met de grafische voorstelling en eventuele bij de inschrijvingsaanvraag gevoegde beschrijvingen, maar ook met de nuttige elementen die het mogelijk maken te beoordelen wat het teken concreet weergeeft. Dienaangaande volgt uit punt 21 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep bij de beoordeling van de kenmerken van het betwiste merk om te beginnen rekening heeft gehouden met de tweedimensionale grafische voorstelling van het teken alsook met de afdichtingsmodule die was beschermd door een in 2010 vervallen octrooi van verzoekster. In het licht van deze twee elementen heeft zij in punt 22 van deze beslissing meteen vastgesteld dat de concentrischecirkelstructuur van het betwiste merk kon worden onderscheiden in de twee technische tekeningen van de afdichtingsmodule in het oorspronkelijke octrooischrift. Vervolgens heeft zij in punt 23 van de bestreden beslissing verwezen naar de beschrijving van de afdichtingsmodule in het octrooi van verzoekster, waaruit met name het volgende blijkt: „[d]e uitvinding bestaande uit een ‚doorvoer- of doorlopende afdichting’, vormt een procedé dat een nauwe aansluiting waarborgt om op een beveiligde manier een kabel, buis of draad te plaatsen. De binnenste cirkelvormige holte in de lengte bestaat uit verwijderbare concentrische afdichtingslagen. De lagen worden losgemaakt tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen. De module is gemaakt van hoogwaardig rubber.” Daarnaast heeft zij in punt 25 van deze beslissing verwezen naar de productcatalogus van verzoekster, waarin zij stelt dat „[de uitvinding] een oplossing [is] die is gebaseerd op rubbermodules bestaande uit verwijderbare lagen” en dat „[z]ij een perfecte afdichting mogelijk maakt, ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding”. Ten slotte heeft zij in punt 27 van de bestreden beslissing verwezen naar de foto’s van de afdichtingsmodule in reclamemateriaal van verzoekster, die het gebruik van de afdichtingsmodule illustreren, te weten met name het losmaken van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen en de inbrenging van een kabel. Op basis van al deze elementen heeft de kamer van beroep in de punten 38 en 44 van de bestreden beslissing in wezen vastgesteld dat het betwiste merk bestond uit een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule. Deze conclusie van de kamer van beroep moet worden bevestigd. Uit een vergelijking tussen het betwiste merk en de technische tekeningen van de afdichtingsmodule in het vervallen octrooi van verzoekster en uit een vergelijking van dit merk met de foto’s van de afdichtingsmodule in reclamemateriaal van verzoekster blijkt immers dat het betwiste merk, bestaande uit een zwarte vierkante achtergrond met daarin zeven concentrische blauwe cirkels, slechts heel weinig afwijkt van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule, dat bestaat uit een vierkante vorm, waarin het uiteinde van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen in de cilindrische holte ervan duidelijk te zien is, en dat door een fijne horizontale lijn in tweeën wordt gesplitst. Uit de beschrijvingen van de afdichtingsmodule in dat octrooi en de productcatalogus van verzoekster blijkt ook dat de „uitvinding” een oplossing is die is gebaseerd op rubbermodules bestaande uit verwijderbare concentrische afdichtingslagen. Hieruit kan dus worden afgeleid dat de concentrische cirkels van het betwiste merk „het zichtbare gevolg van de vele te verwijderen lagen” zijn en dat elk ervan overeenkomt „met een zijaanzicht van de te verwijderen laag”, zoals de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld. Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat, anders dan verzoekster stelt, het betwiste merk bestaat uit de vorm van de betreffende concrete waar, te weten een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule, waarin duidelijk het uiteinde te zien is van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen waaruit de binnenkant van de cilindrische holte van deze module bestaat. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de argumenten van verzoekster. Wat ten eerste het argument betreft dat de scheidingslijn van de afdichtingsmodule niet wordt weergegeven in het betwiste merk, dient te worden opgemerkt, zoals interveniënte terecht heeft gedaan, dat de twee helften van de module niet los van elkaar kunnen worden gezien, maar als een geheel moeten worden gezien, want de waar vervult zijn afdichtingsfunctie concreet uitsluitend wanneer de twee helften op elkaar zijn geplaatst. Zodra de twee helften op elkaar zijn geplaatst, vormen zij aldus één enkel eenvormig element en is de scheidingslijn ertussen weinig zichtbaar, hetgeen duidelijk blijkt uit de foto’s van deze module in punt 27 van de bestreden beslissing en uit de productcatalogus van verzoekster, waarin is vermeld dat zodra de twee helften van de betreffende module op elkaar zijn geplaatst, de dikte van de scheidingslijn ertussen varieert tussen 0,1 en 1,0 mm. Bijgevolg moet worden geoordeeld dat, aangezien de scheidingslijn een ondergeschikt en weinig zichtbaar kenmerk van de afdichtingsmodule vormt, de niet-weergave ervan in het betwiste merk niet doorslaggevend is, zoals de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld. Deze omstandigheid verhindert immers niet dat het betwiste merk wordt opgevat als een weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule, gelet op de overwegingen in de punten 43 tot en met 45 hierboven. Wat ten tweede de niet-weergave betreft van de driedimensionale rechthoekige vorm van de afdichtingsmodule in het betwiste merk, zij eraan herinnerd dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 de tekens niet definieert die als een vorm in de zin van deze bepaling moeten worden beschouwd. Het maakt geen enkel onderscheid tussen driedimensionale vormen, tweedimensionale vormen of tweedimensionale weergaven van een driedimensionale vorm. Derhalve moet worden vastgesteld dat deze bepaling van toepassing kan zijn op het betwiste teken, dat bestaat uit een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule (zie in die zin arrest van 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T‑44/16 , niet gepubliceerd, EU:T:2018:48 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Verzoeksters argument dat het betwiste teken geen driedimensionaal kenmerk weergeeft, is dus niet relevant, aangezien artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening van toepassing is op het betwiste teken, dat bestaat uit een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule. Wat ten derde en ten laatste verzoeksters argument betreft dat het betwiste merk de verwijderbare lagen van de afdichtingsmodule niet weergeeft, volstaat het te verwijzen naar de overwegingen in punt 44 hierboven, waarin is vastgesteld dat de verwijderbare concentrische afdichtingslagen zijn weergegeven door de concentrische cirkels van het betwiste merk, aangezien zij „het zichtbare gevolg van de ‚vele’ te verwijderen lagen” zijn en elk ervan overeenkomt „met een zijaanzicht van de te verwijderen laag”. Derhalve moet dit argument worden afgewezen. Wat in de tweede plaats verzoeksters argument betreft dat de kamer van beroep de wezenlijke kenmerken van het betwiste merk niet juist heeft vastgesteld (zie punt 21 hierboven), zij om te beginnen opgemerkt dat uit de schrifturen van partijen blijkt dat zij verwijzen naar het onderscheidend vermogen van de bestanddelen van het betwiste teken om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen. Verzoekster voert immers aan dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw een wezenlijk kenmerk van het betwiste merk is, aangezien zij met de concentrische cirkels „het meest onderscheidende” kenmerk ervan vormt. Het EUIPO stelt daarentegen dat de bestanddelen, die duidelijk intrinsiek onderscheidend vermogen missen, niet als wezenlijke kenmerken kunnen worden aangemerkt. Ten slotte betoogt interveniënte met name dat „het onderscheidende bestanddeel van het teken” ongetwijfeld de „concentrische tekening” is, die de technische hoofdkenmerken van de afdichtingsmodule illustreert. In dat verband zij opgemerkt dat uit de rechtspraak van het Hof en het Gerecht niet volgt dat het begrip „wezenlijke kenmerken” van het teken in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 verwijst naar het begrip „onderscheidende bestanddelen” van het teken, maar enkel dat het verwijst naar het begrip „belangrijkste elementen van het teken”, zoals in punt 30 hierboven is opgemerkt, die geval per geval dienen te worden vastgesteld. Ook zij eraan herinnerd dat de merken waarvan de inschrijving op de in artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), van verordening 2017/1001 opgesomde gronden kan worden geweigerd, overeenkomstig lid 3 van deze bepaling onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Daarentegen kan een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 7, lid 1, onder e), van verordening 2017/1001 wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van deze verordening verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Artikel 7, lid 1, onder e), van verordening 2017/1001 heeft dus betrekking op bepaalde tekens die geen merk vormen, en is een preliminair obstakel dat de inschrijving als merk van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, kan verhinderen (zie naar analogie arrest van 18 juni 2002, Philips, C‑299/99 , EU:C:2002:377 , punten en ). Aangezien de in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 bedoelde absolute weigeringsgrond een „preliminair obstakel” vormt dat in de weg kan staan aan de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, moet worden vastgesteld dat het onderzoek daarvan niet op dezelfde wijze geschiedt als dat van de onderscheidende bestanddelen. De vaststelling van deze bestanddelen dient om te beoordelen of het teken in de ogen van de consument dient ter aanduiding van de herkomst van de waren, en onderscheidt zich hiermee van de vaststelling van de wezenlijke elementen van een vorm. Anders dan in het geval van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001, waarin dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek omdat deze wezenlijk is om vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betreffende waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming, kan een dergelijke verplichting immers niet worden opgelegd in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. De vermoedelijke perceptie van de gemiddelde consument is dus niet beslissend in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, maar kan hooguit een nuttig beoordelingselement zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt. Bijgevolg hoeft de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 niet te worden verricht uit het oogpunt van het relevante publiek (zie in die zin arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punten ‑ ). Het Hof heeft aldus de rechtspraak van het Gerecht bevestigd dat de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van de betreffende vorm in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 specifiek beoogt het onderzoek van het functionele karakter van de betreffende vorm mogelijk te maken. De perceptie van de gemiddelde consument is niet relevant voor de analyse van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van een vorm. Het is immers mogelijk dat de gemiddelde consument niet beschikt over de technische kennis die vereist is voor de beoordeling van de wezenlijke kenmerken van een vorm, zodat bepaalde kenmerken volgens hem wezenlijk kunnen zijn, terwijl dit niet het geval is in de context van een analyse van het functionele karakter, en omgekeerd. Derhalve dient te worden geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 de kenmerken van een vorm op objectieve wijze moeten worden vastgesteld, op basis van de grafische voorstelling ervan en eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de merkaanvraag zijn ingediend [zie in die zin arresten van 12 november 2008, Lego Juris/BHIM – Mega Brands (Rood Legoblokje), T‑270/06 , EU:T:2008:483 , punt , en 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T‑44/16 , niet gepubliceerd, EU:T:2018:48 , punt ]. Gelet op de in de punten 54 en 55 hierboven aangehaalde rechtspraak zij ten eerste opgemerkt dat bij de analyse van het onderscheidend vermogen van een teken dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek, anders dan bij de beoordeling van de wezenlijke kenmerken van een teken dat bestaat uit een vorm in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, in het kader waarvan de perceptie van het relevante publiek om de in punt 55 hierboven uiteengezette redenen noch dwingend in aanmerking dient te worden genomen noch beslissend is en hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt, zonder dat dit element doorslaggevend is. Ten tweede zij opgemerkt dat de perceptie van het relevante publiek in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen krachtens artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 een ander doel dient dan de perceptie die „hooguit een nuttig beoordelingselement [kan] zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt” in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening. In het kader van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 strekt de perceptie van het relevante publiek immers ertoe vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betreffende waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming, terwijl zij in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening, als nuttig beoordelingselement, alleen ertoe strekt vast te stellen welke elementen als de belangrijkste worden opgevat, met het specifieke doel het onderzoek van het functionele karakter van de betreffende vorm mogelijk te maken. Derhalve blijkt dat de perceptie van het relevante publiek in het kader van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 en deze perceptie in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening noch hetzelfde voorwerp, noch hetzelfde doel hebben. Hieruit volgt dat het onderscheidend vermogen van het bestanddeel van een teken niet relevant is voor de vaststelling van de wezenlijke kenmerken ervan in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening. Met betrekking tot het door gebruik verkregen onderscheidende vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001 dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw van het betwiste teken volgens verzoekster bezit, waarmee zij wil aantonen dat deze combinatie een wezenlijk kenmerk van dit teken is, zoals in punt 52 hierboven in herinnering is gebracht, heeft de wetgever op zeer strikte wijze vastgesteld dat het onmogelijk is om als merk vormen in te schrijven die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk door de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder e), van verordening 2017/1001 uit te sluiten van de werkingssfeer van de in lid 3 van dit artikel vervatte uitzondering. Aldus blijkt uit artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001 dat, zelfs indien een vorm van een waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen, deze vorm niet als merk mag worden ingeschreven (zie arrest van 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T‑44/16 , niet gepubliceerd, EU:T:2018:48 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Het door gebruik verkregen onderscheidende vermogen van een teken is dus niet relevant in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, aangezien artikel 7, lid 3, van deze verordening niet van toepassing is op deze bepaling. Voorts zij opgemerkt dat de perceptie van het relevante publiek in het kader van artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001 dwingend in aanmerking moet worden genomen en beslissend is, en ertoe strekt vast te stellen of het teken geschikt is geworden om de waren en diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen, omdat zij worden gepercipieerd als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming. Derhalve moet worden vastgesteld dat de perceptie van het relevante publiek in het kader van deze bepaling een ander voorwerp en doel heeft dan die waarmee rekening kan worden gehouden in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, zoals is vastgesteld in de punten 54 tot en met 58 hierboven met betrekking tot de perceptie van het relevante publiek in het kader van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001. Gelet op het voorgaande moet dus worden vastgesteld dat het door gebruik verkregen onderscheidende vermogen van een teken evenmin relevant is voor de vaststelling van de wezenlijke kenmerken ervan. Ten slotte blijkt uit de in punt 34 hierboven reeds vermelde rechtspraak weliswaar dat de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 moet worden uitgesloten wanneer de betreffende vorm van de waren een belangrijk niet-functioneel element bevat, zoals een sier- of fantasie-element dat een belangrijke rol speelt in die vorm, en dat daarentegen de aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen de toepassing van deze bepaling niet kan uitsluiten (zie ook in die zin arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C‑48/09 P , EU:C:2010:516 , punten en ), maar, anders dan het EUIPO stelt, kunnen de in deze rechtspraak gehanteerde termen „fantasie” of „willekeurig”, die gelijkenis zouden vertonen met de terminologie die wordt gebruikt in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001, zijn stelling niet ondersteunen dat het onderscheidend vermogen een van de in aanmerking te nemen factoren vormt om de wezenlijke kenmerken van een teken vast te stellen. Uit de in de punten 30 tot en met 32 en 34 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak volgt immers dat een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 inhoudt dat de bevoegde autoriteit eerst de wezenlijke kenmerken van het betreffende teken vaststelt en vervolgens nagaat of deze kenmerken allemaal beantwoorden aan de technische functie van de betreffende waar. Derhalve moet worden vastgesteld dat de beoordeling van het „sier-”, „fantasie-” of „willekeurige” karakter van een wezenlijk kenmerk pas plaatsvindt in de tweede fase van de analyse in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening, betreffende het functionele karakter van de vooraf vastgestelde wezenlijke kenmerken, en niet in de eerste fase, waarin de wezenlijke kenmerken van het teken worden vastgesteld. Anders dan het EUIPO aanvoert, kunnen de termen „fantasie-” of „willekeurig” die zijn gebruikt in de in punt 62 hierboven vermelde rechtspraak, dus de stelling niet ondersteunen dat het onderscheidend vermogen een van de in aanmerking te nemen factoren is om de wezenlijke kenmerken van een teken vast te stellen. Gelet op al het voorgaande moet worden vastgesteld dat het niet relevant is te verwijzen naar het onderscheidend vermogen van de bestanddelen van een teken of naar het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een teken om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen voor de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001. Aangezien in de punten 51 tot en met 64 hierboven met name is aangetoond dat het onderscheidend vermogen van de bestanddelen van een teken niet relevant is om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen, dient dus te worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat geen rekening moet worden gehouden met de doosvorm van de afdichtingsmodule, de blauwe kleur en de combinatie van de kleuren zwart en blauw op grond dat het „louter niet-onderscheidende” bestanddelen zijn. Deze omstandigheid doet echter niets af aan de wettigheid van de bestreden beslissing, aangezien de conclusie van de kamer van beroep, namelijk dat de concentrische cirkels het wezenlijke kenmerk van het betwiste teken vormen, juist blijft. In de eerste plaats moet op basis van een eenvoudige visuele analyse van het betwiste teken immers worden vastgesteld dat dit teken bestaat uit een zwarte achtergrond met daarin zeven concentrische blauwe cirkels. Gelet op de schikking van de concentrische cirkels, die in het midden zijn geplaatst, minstens drie vierde van het teken in beslag nemen en worden geaccentueerd door het contrast dat ontstaat tussen hun blauwe kleur en de zwarte kleur van de vierkante achtergrond waarop deze cirkels zijn geplaatst, moet worden vastgesteld dat zij het belangrijkste bestanddeel van dit teken vormen. In de tweede plaats moet op basis van een grondig onderzoek in de zin van de in punt 32 hierboven aangehaalde rechtspraak worden opgemerkt dat het belang van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen van de afdichtingsmodule, die worden weergegeven door de concentrische cirkels van het betwiste merk, ten eerste wordt gestaafd door de beschrijvingen van de uitvinding in het vervallen octrooi en de productcatalogus van verzoekster, waarin is vermeld dat de afdichtingsmodule bestaat uit verwijderbare concentrische afdichtingslagen en dat het juist deze lagen zijn die een „perfecte afdichting mogelijk [maken], ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding”. Ten tweede wordt het belang van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen geïllustreerd door de in punt 27 van de bestreden beslissing weergegeven foto’s van de afdichtingsmodule in verzoeksters reclamemateriaal, allemaal foto’s van het voorste oppervlak van deze module, die niet alleen de aandacht vestigen op de verwijderbare concentrische afdichtingslagen ervan, maar ook op het belang van hun functie. Zij dienen namelijk een voor een te worden losgemaakt tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen. Ten derde wordt het belang van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen aangetoond door de andere door verzoekster aangevraagde en in punt 40 van de bestreden beslissing weergegeven merken, die enkel verschillen van het betwiste merk door hun kleuren en de toevoeging van een nauwelijks waarneembare scheidingslijn, aangezien zij alle zonder enige variatie de reeks concentrische cirkels weergeven. Aangezien zowel uit een eenvoudige visuele analyse als uit een grondig onderzoek van het betwiste teken blijkt dat de concentrische cirkels van het betwiste teken het belangrijkste bestanddeel ervan vormen, heeft de kamer van beroep in punt 41 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het enige belangrijke kenmerk van het teken bestaat uit de concentrische cirkels. Dienaangaande zij opgemerkt dat verzoekster weliswaar niet betwist dat de concentrische cirkels een wezenlijk kenmerk van het betwiste teken vormen, maar betoogt dat deze cirkels niet het enige wezenlijke kenmerk ervan vormen. Volgens haar zijn de combinatie van de kleuren zwart en blauw, de doosvorm van de afdichtingsmodule en de blauwe kleur immers ook wezenlijke kenmerken. Vastgesteld moet echter worden dat geen enkele van deze argumenten kan afdoen aan de conclusie van de kamer van beroep in punt 41 van de bestreden beslissing, namelijk dat de concentrische cirkels het enige belangrijke kenmerk van het betwiste teken vormen. Wat ten eerste verzoeksters argument betreft dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw een wezenlijk kenmerk van het betwiste teken vormt op grond dat zij onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen en de door het merk gewekte visuele indruk domineert, volstaat het immers eraan te herinneren dat het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een teken en het onderscheidend vermogen van een of meerdere bestanddelen van een teken niet relevant zijn voor de vaststelling van de wezenlijke kenmerken ervan in het kader van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, zoals in de punten 59 tot en met 61 hierboven is aangetoond. Bijgevolg kan de combinatie van de kleuren zwart en blauw niet worden beschouwd als een wezenlijk kenmerk op grond dat zij onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen. Daarnaast volgt uit de in punt 66 hierboven uiteengezette eenvoudige visuele analyse van het betwiste teken dat deze kleurencombinatie de reeks concentrische cirkels van het betwiste merk slechts accentueert door het contrast dat ontstaat tussen het zwart van de vierkante achtergrond en het blauw van de concentrische cirkels die op deze achtergrond zijn geplaatst. Anders dan verzoekster in wezen stelt, is dus niet deze kleurencombinatie het belangrijkste bestanddeel van het betwiste teken, maar de reeks concentrische cirkels. Aangezien verzoekster niet rechtens genoegzaam heeft aangetoond dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw een wezenlijk kenmerk van het betwiste teken vormde, moet dus ook verzoeksters argument worden afgewezen dat deze kleurencombinatie een belangrijk niet-functioneel element van het aan de orde zijnde teken vormt. Zoals in de punten 34 en 62 hierboven in herinnering is gebracht, is artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 weliswaar niet van toepassing wanneer de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm van een waar waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt (zie ook in die zin arrest van 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T‑44/16 , niet gepubliceerd, EU:T:2018:48 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak), maar dient te worden vastgesteld dat dit in casu niet het geval is. Aangezien verzoekster niet rechtens genoegzaam heeft aangetoond dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw een wezenlijk kenmerk van het betwiste teken vormt, te weten een van de „belangrijkste elementen” ervan, vormt deze kleurencombinatie dus slechts een ondergeschikt willekeurig element. Zoals in punt 62 hierboven in herinnering is gebracht, kan de aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening niet uitsluiten (zie ook in die zin arrest van 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T‑44/16 , niet gepubliceerd, EU:T:2018:48 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Derhalve moet verzoeksters argument worden afgewezen dat deze kleurencombinatie een belangrijk niet-functioneel element van het betwiste teken vormt. Wat ten tweede verzoeksters argument betreft dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de doosvorm van de afdichtingsmodule en de blauwe kleur, die ook wezenlijke kenmerken van het betwiste teken zouden vormen, dient eraan te worden herinnerd dat, zoals in punt 65 hierboven is vastgesteld, de kamer van beroep weliswaar ten onrechte deze twee elementen heeft uitgesloten op grond dat het om „louter niet-onderscheidende elementen” gaat, maar dat dit niet wegneemt dat verzoekster haar stelling niet onderbouwt dat deze twee elementen moeten worden beschouwd als wezenlijke kenmerken van het betwiste teken. Derhalve moet dit argument worden afgewezen. Aangezien geen enkel argument van verzoekster kan afdoen aan de conclusie van de kamer van beroep dat de concentrische cirkels het enige wezenlijke kenmerk van het betwiste teken vormen, moet verzoeksters argument worden afgewezen dat de kamer van beroep de wezenlijke kenmerken van dit teken niet juist heeft vastgesteld. Wat in de derde plaats verzoeksters argument betreft dat het betwiste merk de kenmerken ontbeert die noodzakelijk en onmisbaar zijn voor de werking en het gebruik van de aan de orde zijnde waar, zoals de scheidingslijn, de driedimensionale rechthoekige vorm en de verwijderbare lagen van de waar, zonder welke de beoogde technische uitkomst niet kan worden verkregen (zie punt 23 hierboven), zij om te beginnen opgemerkt dat het voor de toepassing van de in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 bedoelde absolute weigeringsgrond volstaat dat de wezenlijke kenmerken van de vorm de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zodat zij aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven (zie in die zin arrest van 12 november 2008, Rood Legoblokje, T‑270/06 , EU:T:2008:483 , punt ). Voorts zij ook eraan herinnerd dat in punt 48 hierboven is aangetoond dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 van toepassing is op het betwiste teken, dat een tweedimensionale weergave van het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule is. Hieruit kan dus worden afgeleid dat artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 van toepassing is op een teken dat niet alle geringste kenmerken van de betreffende waar omvat, hetgeen met name het geval is wanneer, zoals in casu, het teken de tweedimensionale weergave van een driedimensionale vorm is, op voorwaarde dat is aangetoond dat de wezenlijke kenmerken van dit teken minstens de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst. Gelet op deze overweging dient dus eerst te worden onderzocht of de concentrische cirkels, doordat zij het enige wezenlijke kenmerk van het betwiste teken vormen, aan een technische functie van de betreffende waar beantwoorden, en vervolgens of zij de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst. Wat ten eerste de vraag betreft of de concentrische cirkels beantwoorden aan een technische functie, zij om te beginnen eraan herinnerd dat in punt 44 hierboven met name is aangetoond dat, zoals de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld, de concentrische cirkels van het betwiste merk de verwijderbare concentrische afdichtingslagen van de afdichtingsmodule weergeven, aangezien zij „het zichtbare gevolg van de ‚vele’ te verwijderen lagen” zijn en elk ervan overeenkomt „met een zijaanzicht van de te verwijderen laag”. Vervolgens zij eraan herinnerd dat uit de in de punten 23 tot en met 25 van de bestreden beslissing weergegeven beschrijving van de afdichtingsmodule blijkt dat de uitvinding „bestaande uit een ‚doorvoer- of doorlopende afdichting’, […] een procedé [vormt] dat een nauwe aansluiting waarborgt om op een beveiligde manier een kabel, buis of draad te plaatsen”, dat „[d]e binnenste cirkelvormige holte in de lengte bestaat uit concentrische verwijderbare afdichtingslagen”, dat „[d]e lagen worden losgemaakt tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen”, dat de uitvinding „een oplossing [is] die is gebaseerd op rubbermodules bestaande uit verwijderbare lagen” en dat „[z]ij een perfecte afdichting mogelijk maakt, ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding”. Gelet op deze beschrijving van de afdichtingsmodule moet dus ook worden vastgesteld dat de verwijderbare concentrische afdichtingslagen, die zijn weergegeven door de concentrische cirkels van het betwiste merk, beantwoorden aan een technische functie van de betreffende waar, die inhoudt dat de lagen moeten worden losgemaakt „tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen”. Wat ten tweede de vraag betreft of de concentrische cirkels, doordat zij de verwijderbare concentrische afdichtingslagen van de afdichtingsmodule weergeven, de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zij om te beginnen opgemerkt dat uit de in punt 80 hierboven herhaalde beschrijving blijkt dat de door de afdichtingsmodule beoogde technische uitkomst erin bestaat „een nauwe aansluiting” te waarborgen „om op een beveiligde manier een kabel, buis of draad te plaatsen” en „een perfecte afdichting” mogelijk te maken „ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding”. Uit deze beschrijving blijkt ook dat deze technische uitkomst juist wordt verkregen door het losmaken van de verwijderbare lagen, aangezien er is vermeld dat „de lagen worden losgemaakt tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen”. Dat wordt bevestigd door verzoeksters productcatalogus, waarin specifiek is vermeld dat de betreffende waar is „gebaseerd op de afpelbare lagen”, waaruit dus blijkt dat de verwijderbare concentrische afdichtingslagen het belangrijkste technische concept vormen waarop de afdichtingsmodule is gebaseerd. Het betwiste merk beschrijft dit door het voorste oppervlak van de afdichtingsmodule weer te geven, dat bovendien het enige aanzicht van deze module is waarin de verwijderbare concentrische afdichtingslagen zichtbaar zijn en dat het aldus mogelijk maakt te laten zien op welk procedé de module berust om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, namelijk „een nauwe aansluiting” en „een perfecte afdichting, ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding”. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 35 van de bestreden beslissing, kan de afdichting van de module bovendien alleen werken in de vorm zoals die is weergegeven door het betwiste merk. De dwarsdoorsnede moet immers cirkelvormig zijn, want de dwarsdoorsnede van het in de afdichtingsmodule in te brengen element, te weten de kabel, draad of buis, is dat over het algemeen ook, en de lagen moeten concentrisch zijn, zodat zij een voor een kunnen worden verwijderd tot de holte de gewenste diameter heeft. Gelet op de technische functie van de verwijderbare concentrische afdichtingslagen en de door de afdichtingsmodule beoogde technische uitkomst, zoals beschreven in de punten 81 tot en met 84 hierboven, dient te worden vastgesteld dat het wezenlijke kenmerk van de betreffende vorm, namelijk de concentrische cirkels die de verwijderbare concentrische lagen van de afdichtingsmodule weergeven, de kenmerken omvat die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, aangezien „de nauwe aansluiting om op een beveiligde manier een kabel, buis of draad te plaatsen” en „de perfecte afdichting, ongeacht de buitendiameter van de kabel of leiding” juist worden verkregen door de verwijderbare concentrische lagen een voor een te verwijderen tot de juiste diameter is bereikt om een kabel in te brengen, alsook dat de concentrische cirkels die de verwijderbare concentrische afdichtingslagen van de afdichtingsmodule weergeven, een onmisbaar kenmerk van de uitvinding vormen, aangezien zij het belangrijkste technische concept vormen waarop de betreffende waar is gebaseerd, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 39 van de bestreden beslissing. De kamer van beroep heeft in punt 45 van de bestreden beslissing dus terecht opgemerkt dat „de voorkant van het oppervlak, die duidelijk de concentrischecirkelstructuur laat zien, gelet op de betreffende waren, alle noodzakelijke relevante aanwijzingen bevat om de verwachte technische uitkomst te bepalen”, dat „[h]oewel de werkelijke waar drie dimensies heeft en dus diepte heeft, er geen diepteverschillen zijn”, dat „[e]lke over de gehele lengte ervan willekeurig gekozen dwarsdoorsnede een identieke structuur te zien zou geven” en dat „de andere zijden van de module weliswaar niet zichtbaar zijn, maar dat dit van geen belang is, aangezien zij geen enkele technische informatie verstrekken die relevant is voor de functie van het merk”. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de argumenten van verzoekster. Wat om te beginnen verzoeksters argument betreft dat het betwiste merk de scheidingslijn en de driedimensionale rechthoekige vorm niet bevat, die onmisbare kenmerken zouden zijn voor het gebruik en de werking van de betreffende waar, zonder welke de door de afdichtingsmodule beoogde technische uitkomst niet zou kunnen worden verkregen, dient te worden vastgesteld dat verzoekster haar stelling niet staaft dat het feit dat de betreffende waar in twee helften kan worden gescheiden en de vorm heeft van een rechthoek, een „absoluut noodzakelijke voorwaarde” is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, zoals in punt 82 hierboven in herinnering is gebracht. Derhalve moet dit argument worden afgewezen. Wat vervolgens verzoeksters argument betreft dat de niet in het betwiste merk weergegeven kenmerken van de afdichtingsmodule, te weten de scheidingslijn en de driedimensionale rechthoekige vorm, kunnen worden opgenomen in concurrerende waren met een ander design, en dat er andere afdichtingsoplossingen op de markt bestaan waarvoor deze bijzondere technische oplossing zelfs niet nodig is, zij eraan herinnerd dat in de rechtspraak met betrekking tot artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 is geoordeeld dat de noodzakelijkheidsvoorwaarde niet betekent dat de betreffende vorm de enige moet zijn waarmee de betreffende technische uitkomst kan worden verkregen. Verzoekster merkt terecht op dat er in bepaalde gevallen verschillende oplossingen zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Anders dan verzoekster betoogt, heeft deze omstandigheid evenwel op zich niet tot gevolg dat bij merkinschrijving van de betreffende vorm de gebruikte technische oplossing beschikbaar blijft voor de andere marktdeelnemers. Dienaangaande zij opgemerkt dat de merkhouder op grond van de merkinschrijving van een zuiver functionele vorm van een waar de andere ondernemingen het gebruik van zowel dezelfde vorm als overeenstemmende vormen kan verbieden. Een belangrijk aantal alternatieve vormen dreigt aldus onbruikbaar te worden voor de concurrenten van die merkhouder (zie arrest van 31 januari 2018, Afbeelding van een patch, T‑44/16 , niet gepubliceerd, EU:T:2018:48 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Wat vervolgens verzoeksters stelling betreft dat er geen risico is dat de mededinging zal worden aangetast, aangezien er talrijke kleurencombinaties op de markt beschikbaar zijn naast die welke verzoekster heeft gebruikt, zoals blijkt uit het door interveniënte aangevraagde merk dat het voorwerp uitmaakt van beslissing nr. B 3035 519 van de oppositieafdeling van 22 februari 2019, zij eraan herinnerd dat op basis van het antwoord op de vraag of het teken een sier- of fantasie-element bevat dat een belangrijke rol speelt, kan worden uitgemaakt of de concurrerende ondernemingen gemakkelijk toegang zullen hebben tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter, zodat er geen gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de beschikbaarheid van de technische oplossing. Aangezien in punt 72 hierboven is vastgesteld dat de combinatie van de kleuren zwart en blauw een ondergeschikt willekeurig element vormt en geen belangrijk decoratief element dat de toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 kan uitsluiten, dient verzoeksters argument te worden afgewezen dat er geen risico van een verstoring van de mededinging is door het feit dat er talrijke kleurencombinaties bestaan. De betreffende kleurencombinatie speelt immers slechts een ondergeschikte rol, waardoor de concurrerende ondernemingen niet gemakkelijk toegang hebben tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter. De omstandigheid dat de oppositieafdeling bij beslissing nr. B 3035 519 van 22 februari 2019 heeft geoordeeld dat er, met name gelet op de kleurverschillen, geen gevaar is voor verwarring tussen het door interveniënte aangevraagde merk en de oudere merken van verzoekster, is evenmin relevant om vast te stellen dat er geen risico van schade voor de mededinging bestaat, aangezien artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 aan een ander algemeen belang tegemoetkomt dan het belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening. Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 strekt immers ertoe de wezenlijke functie van het merk te beschermen, die erin bestaat dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, in die zin dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie in die zin arrest van 29 september 1998, Canon, C‑39/97 , EU:C:1998:442 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak), en niet, zoals artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, om te voorkomen dat ondernemingen het merkenrecht kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan. Bijgevolg worden de kleuren van een teken in het kader van deze twee bepalingen anders beoordeeld. Aangezien uit al het voorgaande volgt dat alle voorwaarden van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001 zijn vervuld en dat geen enkel argument van verzoekster deze conclusie kan ontkrachten, heeft de kamer van beroep in punt 49 van de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat de inschrijving van het betwiste merk concurrenten op ongeoorloofde wijze de mogelijkheid kon ontnemen om afdichtingsmodules in de handel te brengen waarvan de functie is gebaseerd op het verwijderen van concentrische lagen uit een cilindrische holte om een veilige verbinding met een leiding, buis, draad of kabel te verzekeren, en dat de inschrijving van het betwiste merk bijgevolg op grond van deze bepaling nietig moest worden verklaard. Gelet op al het voorgaande moet het enige middel van verzoekster, te weten schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, worden afgewezen en moet derhalve het beroep in zijn geheel worden verworpen. In deze omstandigheden hoeft, gelet op de vordering van interveniënte om het beroep te verwerpen (zie punten 15 en 16 hierboven), geen uitspraak te worden gedaan over de middelen die zij subsidiair aanvoert en die in wezen inhouden dat het betwiste merk nietig is om andere redenen dan die bedoeld in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001, te weten die bedoeld in artikel 7, lid 1, onder b) en d), en artikel 59, lid 1, onder b), van deze verordening. Kosten Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in diens kosten. Interveniënte, die niet heeft geconcludeerd met betrekking tot de kosten, draagt haar eigen kosten. HET GERECHT (Tweede kamer), rechtdoende, verklaart: 1) Het beroep wordt verworpen. 2) Roxtec AB draagt haar eigen kosten alsook de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). 3) Wallmax Srl draagt haar eigen kosten. Prek Buttigieg Berke Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 september 2019. ondertekeningen ( *1 ) Procestaal: Engels.

62008TJ0058

sl

S pritožbo, vloženo na podlagi člena 9 Priloge I k Statutu Sodišča, Komisija Evropskih skupnosti zahteva razveljavitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 27. novembra 2007 v zadevi Roodhuijzen proti Komisiji (F-122/06, še neobjavljena v ZOdl., JU), v nadaljevanju: izpodbijana sodba, s katero je to razglasilo ničnost odločbe Komisije, da se sporazum o skupnem življenju, ki sta ga sklenila A. P. Roodhuijzen in H., ne prizna kot izvenzakonska skupnost v smislu člena 72(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi) in da zato H. nima pravic iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja Evropske skupnosti (v nadaljevanju: SSZZ). Pravni okvir Sodišče za uslužbence je v točkah od 2 do 4 izpodbijane sodbe pravni okvir predstavilo tako. Člen 72(1) določa: „Uradnik, njegov zakonski partner, če ta ni upravičen do dajatev iste vrste in enake ravni na podlagi katere koli druge zakonske določbe ali predpisov, njegovi otroci in drugi vzdrževani družinski člani v smislu člena 2 Priloge VII so zdravstveno zavarovani do višine 80% nastalih stroškov ob upoštevanju pravil, ki jih sporazumno pripravijo institucije Skupnosti po posvetovanju z odborom za kadrovske predpise. Neporočeni partner uradnika se v sistemu zdravstvenega zavarovanja šteje kot zakonec, kadar so izpolnjeni prvi trije pogoji iz člena 1(2)(c) Priloge VII. […]“ Člen 1(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom določa: „Gospodinjski dodatek dobi: (a) […] (b) […] (c) uradnik, ki živi v registrirani izvenzakonski skupnosti, pod pogojem, da: (i) par predloži dokument, ki ga država članica ali pristojni organ države članice prizna kot pravni dokument, ki potrjuje njun status izvenzakonskih partnerjev, (ii) nobeden od partnerjev ni poročen ali ni v drugi izvenzakonski skupnosti, (iii) partnerja nista v sorodu na kateri koli od naslednjih načinov: roditelj, otrok, stari starši, vnuk/-inja, brat, sestra, teta, stric, nečak, nečakinja, zet, snaha, (iv) par nima pravne možnosti za poroko v državi članici; za namene te točke se šteje, da ima par zakonsko možnost poroke samo, kadar oba partnerja izpolnjujeta pogoje, določene v zakonodaji države članice, ki dovoljujejo poroke takih parov; […]“ Člen 12 skupnih pravil o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: skupna pravila) določa: „Pod pogoji, določenimi v členih 13 in 14, so po uradniku zavarovani: — […] — priznani partner uradnika, čeprav ni izpolnjen pogoj, določen v členu 1(2)(c), zadnja alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom, zakonec ali priznani partner na dopustu iz osebnih razlogov, kot je predviden s Kadrovskimi predpisi.“ Kot je razvidno iz brošure, ki jo je Komisija priložila k pritožbi in glede katere med strankama ni sporno, da jo je izdala nizozemska uprava, nacionalni zakon na Nizozemskem poleg običajne zakonske zveze predvideva dve obliki skupnosti, to sta „geregistreerd partnerschap“ (registrirana izvenzakonska skupnost) in „samenlevingsovereenkomst“ (sporazum o skupnem življenju). Prva ima pravne, premoženjske in nepremoženjske učinke, ki so zelo podobni učinkom zakonske zveze, druga oblika skupnosti pa izhaja iz avtonomije volje strank in med njima ustvarja načeloma le tiste učinke, ki izhajajo iz pravic in obveznosti, ki jih stranki določita v sporazumu. Posebno ni nobene zakonske obveznosti, da se v „samenlevingsovereenkomst“ vključijo nekatere dolžnosti ali izjave, zlasti glede obveznosti skupnega gospodinjstva. Če nista kršena javni red in morala, lahko „samenlevingsovereenkomst“ skleneta dve ali več oseb, sklenitev takega sporazuma pa ni izključena niti med osebami, ki so v bližnjem sorodstvu. Poleg tega je lahko „samenlevingsovereenkomst“ sklenjen v obliki zasebne pogodbe ali v obliki notarskega zapisa. V nizozemskem pravu se pravice iz pokojninskega zavarovanja in razne socialne ugodnosti v zvezi z zaposlitvijo priznavajo partnerjem le na podlagi uradnega „samenlevingsovereenkomst“, sklenjenega pri notarju. Tak sporazum lahko zahtevajo tudi tretji, na primer pokojninski skladi, kot dokaz o življenjski skupnosti para. Vendar pa imata tudi sklenitev „samenlevingsovereenkomst“ brez vsakršne formalnosti in samo skupno prebivanje nekatere posledice, zlasti na področju davkov in socialne varnosti. „Samenlevingsovereenkomst“ načeloma nima učinkov nasproti tretjim, vendar so sodišča začela pare, ki so sklenili sporazum, postavljati v enak položaj kot pare, ki so sklenili zakonsko zvezo ali „geregistreerd partnerschap.“ Dejansko stanje Dejansko stanje je v izpodbijani sodbi predstavljeno tako: „6 Tožeča stranka je nizozemski državljan, ki je uradnik pri Eurostatu od 15. februarja 2006. je zahteval, naj Komisija prizna njegovo skupnost s [H.], urejeno s sporazumom o skupnem življenju (‚samenlevingsovereenkomst‘), sklenjenim pred notarjem na Nizozemskem, da bi njegova partnerka imela pravice iz SSZZ. Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) je z dopisom z dne 28. februarja 2006 zavrnil njegovo zahtevo z obrazložitvijo, da [se] sporazum o skupnem življenju, ki sta ga sklenila tožeča stranka A. P. Roodhuijzen in njegova partnerka, ne more šteti za izvenzakonsko skupnost, ki jo priznava nizozemska zakonodaja (zakon o „geregistreerd partnerschap“, ki je začel veljati ), kot naj bi zahteval člen 1(2)(c) priloge VII h Kadrovskim predpisom. Tožeča stranka je 13. marca 2006 izpodbijala zavrnitev svoje zahteve in predložila potrdilo nizozemskega veleposlaništva v Luksemburgu, v skladu s katerim je Nizozemska priznala ‚samenlevingsovereenkomst‘, ki sta ga v prisotnosti notarja podpisala A. P. Roodhuijzen, tožeča stranka, in njegova partnerka, in s katerim je bil potrjen njun status izvenzakonskih partnerjev. Vendar je Komisija z dopisom z dne 20. marca 2006 potrdila svojo odločbo z dne . Menila je, da tudi če bi sporazum o skupnem življenju pomenil uradno potrditev statusa izvenzakonske skupnosti tožeče stranke A. P. Roodhuijzena in njegove partnerke, ta ne ustvarja drugih pravic in obveznosti, razen tistih, ki sta jih partnerja pisno določila. To, da je bil sporazum podpisan pred notarjem, naj ne bi spremenilo dejstva, da je šlo zgolj za zasebno pogodbo, ki nima pravnih učinkov za tretje in za katero ni določena obveznost registracije. Člen 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom pa naj bi za izvenzakonske skupnosti določal tako obveznost, ker registracija ustvarja pravice in obveznosti, ki so podobne pravnim učinkom zakonske zveze. Tožeča stranka je 31. marca 2006 vložila pritožbo, v kateri je izpodbijala Komisijino razlago določb člena 1(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, za katero meni, da je bila preozka. V tej pritožbi je zatrjevala, da je bila registracija sporazuma pred notarjem zadosten pogoj in je potrdila nekatere okoliščine, ki dokazujejo, da naj bi bilo malo razlik med njeno skupnostjo in institutom zakonske zveze. Poudaril je zlasti, da njegovo razmerje s partnerko traja že več kot dve leti, da imata skupaj otroka, ki ga je uradno priznal, in da pričakujeta drugega otroka. Dodal je, da sta sestavila vzajemni oporoki in da je sklenil življenjsko zavarovanje v prid svoje partnerke. Upravljalni odbor SSZZ (v nadaljevanju: upravljalni odbor) je v mnenju z dne 1. junija 2006 na podlagi dokumentov, ki jih je predložila tožeča stranka, zlasti sporazuma o skupnem življenju, sklenjenega pred notarjem, ter potrdila, ki ga je izdalo nizozemsko veleposlaništvo v Luksemburgu, menil, da bi zadevna skupnost morala biti priznana, kot da izpolnjuje pogoje, določene s členom 12 skupnih pravil, še zlasti pogoj, določen v členu 1(2)(c)(i) Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Kljub temu pritrdilnemu mnenju upravljalnega odbora je [organ, pristojen za imenovanja] z odločbo z dne 12. julija 2006 zavrnil pritožbo tožeče stranke. Menil je, da je cilj določb Kadrovskih predpisov priznati pravice iz SSZZ samo partnerjem, ki živijo v razmerju, podobnem zakonski zvezi, ki obsega medsebojne pravice in obveznosti, kot jih opredeljuje zakon. Poudaril je, da je sporazum o skupnem življenju le zasebna pogodba – ki jo lahko sklene tudi več oseb kot dve in da stranke te pogodbe lahko same določijo vsebino – in da čeprav je ta skupnost registrirana pri notarju, dejansko nima nobenih pravnih učinkov in je torej ni mogoče šteti za tako izvenzakonsko skupnost, kot je predvidena s členom 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Odločba [organa, pristojnega za imenovanja] je bila vročena tožeči stranki 13. julija 2006.“ Postopek pred Sodiščem za uslužbence in izpodbijana sodba A. P. Roodhuijzen je s tožbo, vloženo 23. oktobra 2006, Sodišču za uslužbence predlagal, naj razglasi ničnost odločbe Komisije, da se njegov sporazum o skupnem življenju, ki ga je sklenil s H., ne prizna kot „izvenzakonska skupnost“ v smislu Kadrovskih predpisov in da zato H. nima pravic iz SSZZ. Sodišče za uslužbence je v izpodbijani sodbi razglasilo ničnost te odločbe zaradi kršitve člena 72 Kadrovskih predpisov, člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom in člena 12 skupnih pravil. Sodišče za uslužbence je posebej preučilo trditev Komisije, da zakonodajalec ni želel razširiti pravic iz SSZZ na vse trdne skupnosti uradnikov, za takrat ko bi bila njihova izvenzakonska skupnost „priznana“, ampak le na tiste, katerih skupnost je izenačena z „zakonsko zvezo“ v državi članici, v kateri je nastala. Sodišče za uslužbence je v točki 29 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je iz besedila člena 72 Kadrovskih predpisov razvidno, da ta člen glede opredelitve pojma „neporočeni partner uradnika“ neposredno napotuje na prve tri pogoje iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, pri čemer vprašanje registracije izvenzakonske skupnosti, navedeno v uvodnem stavku člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, ne more šteti za prvi pogoj. Poleg tega je ugotovilo, da se uvodna izjava 8 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ( UL L 124, str. 1 ), to je uvodna izjava v zvezi z razširitvijo ugodnosti, ki jih imajo poročeni pari, na oblike skupnosti, ki niso sklenjene s poroko, nanaša na „uradnike, ki živijo v izvenzakonskem razmerju, ki ga država članica priznava kot stalno skupnost“, ne da bi bili omenjeni pogoji glede registracije zadevnega razmerja. Glede prvega od treh zgoraj navedenih pogojev iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom (v nadaljevanju: sporni pogoj) je Sodišče za uslužbence v točki 32 izpodbijane sodbe menilo, da ima tri dele: — prvi se nanaša na predložitev „pravnega“ dokumenta o statusu oseb; — drugi določa obveznost, da država članica „prizna“ navedeni pravni dokument; — tretji pa določa, da mora ta pravni dokument dokazovati status „izvenzakonskih partnerjev“ zadevnih oseb. Sodišče za uslužbence je menilo, da sta v obravnavani zadevi prva dva dela spornega pogoja izpolnjena, ker je A. P. Roodhuijzen predložil sporazum o skupnem življenju, ki ga je sklenil s partnerko in ki je bil zapisan pred notarjem na Nizozemskem, ter potrdilo nizozemskega veleposlaništva v Luksemburgu, v katerem je potrjeno, da je ta dokument priznan na Nizozemskem (točka 33 izpodbijane sodbe). Glede tretjega dela pa je Sodišče za uslužbence razsodilo tako: „35 […]Vprašanje, ali sta dve osebi ‚izvenzakonska partnerja‘ v smislu Kadrovskih predpisov, ne more biti odvisno le od presoje nacionalnih organov države članice. Zlasti glede ‚samenlevingsovereenkomst‘ zahteve po statusu ‚izvenzakonskih partnerjev‘ ni mogoče izpolniti le z dejstvom, da pravni dokument, ki ga prizna država članica, potrjuje obstoj takega statusa. Sporazum o skupnem življenju je po nizozemskem pravu namreč le prosto urejena pogodba med strankama, pod pogojem spoštovanja pravil v zvezi z javnim redom in moralo. Skleneta ga lahko dve osebi ali več in ni nobene zakonske obveznosti, da se vanj vključijo nekatere dolžnosti ali izjave, zlasti glede obveznosti skupnega gospodinjstva. Poleg tega načeloma stranke zavezuje le glede pravic in obveznosti, ki so jih te predvidele, in njegovi pravni učinki glede tretjih, ki so v vsakem primeru omejeni, zahtevajo posebne izjave in postopke. Nasprotno pa je treba priznati in pri tem do neke mere potrditi stališče Komisije – ko ugotavlja, da se člen 72 Kadrovskih predpisov in člen 12 Skupnih pravil nanašata na skupnosti, ki so ‚izenačene‘ z zakonsko zvezo –, da mora biti skupnost, zato da bi se zanjo uporabljale navedene določbe, v določeni meri podobna zakonski zvezi. Sodišče za uslužbence glede na to merilo ugotavlja, da je treba tretji del spornega pogoja razumeti, kot da združuje tri kumulativne podpogoje. Prvič, ta tretji del spornega pogoja predpostavlja to, kar potrjuje tudi sam izraz, uporabljen v določbi Kadrovskih predpisov, ki jo je treba uporabiti, da morata biti partnerja ‚par‘, kar pomeni skupnost dveh oseb, v nasprotju z drugimi skupnostmi oseb, ki so po nizozemskem pravu lahko stranke v sporazumu o skupnem življenju. Treba je ugotoviti, in glede tega se stranke strinjajo, da gre v obravnavani zadevi ravno za tak primer. Drugič, uporaba besede ‚status‘ dokazuje, da mora imeti razmerje med partnerjema elemente javnosti in obličnosti. Ta drugi pogoj tretjega dela spornega pogoja, ki je delno povezan s prvim delom spornega pogoja […], vendarle presega preprosto zahtevo po ‚pravnem‘ dokumentu. Ta zahteva pa je v obravnavani zadevi izpolnjena. Na eni strani je sporazum, ki je bil sklenjen pri notarju, ne da bi bilo to obvezno, in ki ureja skupno življenje tožeče stranke in njegove partnerke, verodostojen, ker je bil sklenjen z notarskim zapisom; na drugi strani pa strukturirano in podrobno ureja skupno življenje, kot določajo pravna besedila. Tretjič, pojem ‚izvenzakonskih partnerjev‘ je treba razumeti, kot da gre za položaj, ko partnerja živita v življenjski skupnosti, za katero je značilna precejšnja stabilnost, in sta v okviru te življenjske skupnosti povezana z vzajemnimi pravicami in obveznostmi glede njunega skupnega življenja.“ Sodišče za uslužbence je ugotovilo, da je tudi ta tretji podpogoj v zvezi s pojmom „izvenzakonskih partnerjev“ izpolnjen, ker: „42 Najprej, v preambuli ‚samenlevingsovereenkomst‘, ki sta ga sklenila A. P. Roodhuijzen, tožeča stranka, in njegova partnerka, oba izrecno izjavljata, da živita skupaj in imata skupno gospodinjstvo od 1. julija 2004. Poleg tega, kot je tožeča stranka poudarila na obravnavi, člen 7 sporazuma o skupnem življenju za par določa obveznost, da imata skupno prebivališče. Nato je treba ugotoviti, da sporazum o skupnem življenju tožeče stranke A. P. Roodhuijzena in njegove partnerke obsežno ureja pravice in obveznosti glede njunega skupnega življenja kot par. Zlasti na podlagi člena 3 sporazuma sta se partnerja dogovorila o vzajemnem pooblastilu za pravne akte v zvezi z vsakdanjim gospodinjstvom. Člen 4 sporazuma določa, da bodo vse stvari, ki so namenjene vsakdanjemu gospodinjstvu, skupna last, razen če so te stvari povzete v prilogi k sporazumu ali če sta se stranki drugače pisno sporazumeli. To, kar je v gospodinjstvu skupno, je našteto v členu 4(2) sporazuma. Partnerja se v členu 5 sporazuma tudi zavezujeta, da bosta mesečno sorazmerno prispevala neto dohodke od dela v skupno blagajno, da se lahko poplačajo vsakdanji stroški gospodinjstva. Poleg tega člen 8 sporazuma določa, da v vseh primerih, ko obstaja spor o lastnini stvari, stvar šteje kot lastnina obeh, s tem da ima vsak nedeljivo polovico. Nazadnje je treba opozoriti na člen 9 sporazuma, po katerem je vsak od partnerjev vzajemno določil drugega kot upravičenca do ‚pokojnine partnerja‘, če bi njuna pokojninska sistema poznala tako pokojnino. Glede otrok, če v zvezi s tem ni nič določeno v sporazumu o skupnem življenju, iz brošure, ki je priložena odgovoru na tožbo in je omenjena v točki 5 te sodbe, izhaja, da nizozemsko pravo, kadar sta starša le partnerja, očetu otroka omogoča, s priznanjem otroka in tudi z nekaterimi postopki, da pridobi enake pravice glede otroka, kot če bi bil poročen z otrokovo materjo. Predvsem prevzame starševsko odgovornost skupaj z materjo in poleg tega lahko otrok, če je potrebno, vzame očetov priimek. V obravnavani zadevi je tožeča stranka A. P. Roodhuijzena izjavil, česar Komisija ne izpodbija, da je priznal svojega prvega otroka ob njegovem rojstvu, kar mu daje obsežne očetovske pravice. Poleg tega je treba poudariti, da je, čeprav sklenitev sporazuma o skupnem življenju načeloma zavezuje le partnerja (glej točko 35 te sodbe), v zgoraj navedeni brošuri najprej navedeno, da nizozemska sodišča začenjajo obravnavati pare, ki so sklenili sporazum o skupnem življenju, enako kot tiste, ki so registrirali izvenzakonsko skupnost ali sklenili zakonsko zvezo ( courts are starting to put couples with a cohabitation agreement on the same footing as married and registered couples ), nato pa je v njej izrecno potrjeno, da se parom, ki so sklenili sporazum o skupnem življenju, lahko prizna učinke glede tretjih, še zlasti glede starostnih pokojnin; kot pa je bilo poudarjeno v točki 43 in fine te sodbe, sta se prav partnerja iz tega postopka vzajemno določila za upravičenca do ‚partnerjeve pokojnine‘, če bi njuna pokojninska sistema poznala tako pokojnino. Vsa ta dejstva dokazujejo, da čeprav učinki, ki izhajajo iz sporazuma o skupnem življenju, ki sta ga sklenila A. P. Roodhuijzen, tožeča stranka, in njegova partnerka, niso tako obsežni kot tisti, ki jih ima sklenitev zakonske zveze oziroma ‚geregistreerd partnerschap‘, so jim lahko v marsičem podobni, če partnerja svojo skupnost tako kot v obravnavani zadevi uredita pogodbeno.“ Sodišče za uslužbence je zato v točki 50 izpodbijane sodbe sklenilo, da ima partnerka A. P. Roodhuijzna na podlagi člena 72 Kadrovskih predpisov in člena 12 skupnih pravil lahko pravice iz SSZZ, ki so pridržane za „neporočenega partnerja uradnika“ in za „priznanega partnerja zavarovanca“. Po zavrnitvi nasprotnih trditev Komisije je dodalo: „56 Poleg tega Sodišče za uslužbence ugotavlja, da bi stališče Komisije o zahtevi po sporazumu vrste ‚geregistreerd partnerschap‘ po nizozemskem pravu lahko povzročilo neenako obravnavanje. Namreč, glede na to, da mnogo držav ne pozna oblike skupnosti, ki bi bila primerljiva z ‚geregistreerd partnerschap‘, bi zahteva, kot je zahteva Komisije, po taki ‚registrirani‘ skupnosti pri neporočenih parih, ki so zlasti zaradi njihovega prebivališča in zaradi državljanstva partnerjev najtesneje povezani s temi državami, dokončno povzročila, da uradnikov partner ne bi imel pravic iz SSZZ, če ne bi bila poročena. Obratno pa, če bi Komisija glede teh parov priznala skupnosti, nastale na podlagi sporazuma o skupnem življenju, bi njena zavrnitev priznanja ‚preprostih‘ sporazumov o skupnem življenju parom, ki so v zgoraj navedenem smislu najtesneje povezani z državami, ki poleg zakonske zveze ali ‚registrirane‘ skupnosti priznavajo tudi drugačne oblike skupnosti, povzročila neenako obravnavanje slednjih parov; zanje bi bila razširitev pravic iz SSZZ namreč zavrnjena, medtem ko bi bila dovoljena za pare, ki so na zgoraj navedeni način povezani z državami, ki ne priznavajo ‚registriranih‘ skupnosti. Zaradi take neenakosti bi bilo še težje upravičiti skupnosti, ki ne bi bile ‚registrirane‘ v smislu, ki ga zagovarja Komisija, ki pa bi bile vendarle bolj podobne zakonski zvezi kot ‚geregistreerd partnerschap‘ iz nizozemskega prava. Poleg tega, čeprav je res, da se v skladu s sodno prakso členi 12 ES, 39 ES, 43 ES in 49 ES, ob tem da državam članicam prepovedujejo, da bi pravo uporabljale drugače glede na državljanstvo, ne nanašajo na morebitne razlike pri obravnavanju, ki so lahko v posameznih državah posledica razlik med zakonodajami različnih držav članic, takrat ko učinkujejo na vse osebe, za katere se uporabljajo, na podlagi objektivnih meril in ne glede na njihovo državljanstvo (glej v tem smislu sodbe Sodišča z dne 28. junija 1978 v zadevi Kenny, 1/78, Recueil, str. 1489, točka 18; z dne v združenih zadevah Wood in Cowie, C-251/90 in C-252/90, Recueil, str. I-2873 , točka 19; z dne v združenih zadevah Van Dam en Zonen in drugi, od 185/78 do 204/78, Recueil, str. 2345, točka 10, in z dne v zadevi Perfili, C-177/94, Recueil, str. 161, točka 17), take neenakosti, kot so omenjene v tej točki, ne izhajajo iz te sodne prakse; na eni strani namreč, in v nasprotju s premiso, na katero se sklicuje zadevna sodna praksa, naj bi neenako obravnavanje, poudarjeno v tej točki, izhajalo iz državljanstva zadevnih strank ter iz njihovega kraja prebivališča, to je iz merila, ki pogosto nadomešča merilo državljanstva, na drugi strani pa se v zadevah, na katerih temelji zgoraj navedena sodna praksa, vprašanje enakega obravnavanja postavlja glede pravil o prostem gibanju, medtem ko gre v obravnavani zadevi za zagotavljanje načela enakega obravnavanja kot načela prava o javnih uslužbencih Skupnosti. Glede na navedeno je treba ugoditi tožbenim razlogom tožeče stranke, ki se nanašajo na kršitev člena 72 Kadrovskih predpisov, člena 1(2)(c)(i) Priloge VII h Kadrovskim predpisom in člena 12 skupnih pravil, in razglasiti ničnost izpodbijane odločbe, ne da bi se bilo treba izreči o njenih preostalih tožbenih razlogih, ki jih je, kot to Komisija pravilno poudarja, neurejeno navedla v tožbi, pri čemer nekateri tožbeni razlogi niso bili niti predmet razprave. Res je, da bi razlaga, ki jo je Sodišče [za uslužbence] uporabilo za člen 72 Kadrovskih predpisov skupaj s členom 1(2)(c)(i) Priloge VII h Kadrovskim predpisom in členom 12 skupnih pravil, lahko v nekaterih primerih povzročila, da bi morale službe, ki odločajo o predlogih za razširitev pravic iz SSZZ na neporočenega partnerja uradnika, opraviti raziskave in preverjanja, čeprav je zakonodajalec Skupnosti z Uredbo št. 723/2004 želel poenostaviti administracijo institucij. Vendar je ta cilj v veliki meri dosežen z novimi pravili glede nadomestil in dodatkov, ki sta edini področji, na kateri se glede poenostavitve sklicuje Uredba št. 723/2004 v uvodni izjavi 26, to sta področji, ki poleg tega nista le drugačni od področja razširitve pravic iz SSZZ, ampak sta s socialnega vidika od teh tudi manj občutljivi […] Poleg tega mora biti cilj poenostavitve vsekakor v skladu z višjimi pravnimi načeli in pravili Kadrovskih predpisov; vendar so obveznosti, ki jih bo lahko imela uprava zaradi razlage, ki je bila sprejeta v obravnavani zadevi, le posledica tega, da je Sodišče za uslužbence ta načela in pravila uporabilo za določitev natančnega pomena pojma ‚neporočeni partner‘ iz člena 72 Kadrovskih predpisov.“ Pritožba Postopek in predlogi strank Komisija je 8. februarja 2008 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložila to pritožbo. A. P. Roodhuijzen je odgovor na pritožbo vložil 28. aprila 2008. Komisiji je bilo na njeno prošnjo dovoljeno, da na podlagi člena 143(1) Poslovnika Sodišče prve stopnje vloži repliko. Replika je bila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložena 18. julija 2008, duplika pa . Komisija Sodišču prve stopnje predlaga, naj: — razveljavi izpodbijano sodbo; — predloge, ki jih je A. P. Roodhuijzen podal na prvi stopnji, zavrne kot neutemeljene; — vsaki stranki naloži, da nosi lastne stroške postopka na tej stopnji in postopka pred Sodiščem za uslužbence. A. P. Roodhuijzen Sodišču prve stopnje predlaga, naj: — pritožbo zavrne; — Komisiji naloži plačilo vseh stroškov postopka na tej stopnji. Na podlagi poročila sodnika poročevalca je Sodišče prve stopnje (pritožbeni senat) ugotovilo, da stranki v enem mesecu po zaključku pisnega postopka nista vložili nobenega predloga za določitev obravnave, in z uporabo člena 146 Poslovnika odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka. Pravo Komisija v utemeljitev svoje pritožbe zatrjuje, prvič, da Sodišče za uslužbence ni odločilo le ultra petitum , temveč tudi ultra vires, in je kršilo pravico do obrambe. Drugič, sklicuje se na napačno uporabo prava pri razlagi pojma „izvenzakonska skupnost“. Poleg tega, če bi Sodišče prve stopnje ugodilo prvemu ali drugemu pritožbenemu razlogu, se Komisija podredno sklicuje tudi na napačno razlago načela prepovedi diskriminacije, ki ga je Sodišče za uslužbence podredno obravnavalo v točki 56 izpodbijane sodbe. Zatrjevana kršitev pravil non ultra petitum in non ultra vires ter pravice do obrambe – Trditve strank Komisija meni, da je Sodišče za uslužbence odločilo ultra vires , prvič, s tem da je argumentacijo tožeče stranke na prvi stopnji nadomestilo s svojo, in, drugič, s tem da je razlagalo nizozemsko pravo. Prvič, glede obrazložitve, ki jo je Sodišče za uslužbence podalo v zvezi z ugotovitvijo kršitve člena 72 Kadrovskih predpisov in člena 1(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, Komisija trdi, da je ta drugačna od argumentacije, ki jo je A. P. Roodhuijzen podal v tožbi in med obravnavo na prvi stopnji. Ta naj bi namreč trdil, da „mora Komisija partnerstvo priznati, če zadevna oseba predloži uradni dokument, ki ga država članica ‚priznava‘, ki potrjuje njegovo ‚izvenzakonsko skupnost‘“. Sodišče za uslužbence pa naj bi to argumentacijo zavrglo, ker naj vprašanje, ali sta dve osebi v položaju „izvenzakonskih partnerjev“, ne bi bilo le stvar presoje organov države članice. S tem naj bi preseglo meje svoje pristojnosti in kršilo pravico do obrambe. Poleg tega naj bi Sodišče za uslužbence pri preizkusu tožbenega razloga v zvezi s kršitvijo načela prepovedi diskriminacije argumentacijo tožeče stranke na prvi stopnji nadomestilo s svojo. Glede na to naj bi se postopek, ki je v obravnavani zadevi potekal na prvi stopnji, razlikoval od postopka, obravnavanega v sklepih Sodišča z dne 27. septembra 2004 v zadevi UER proti M6 in drugim (C-470/02 P, neobjavljen v ZOdl., točki 42 in 43), in z dne v zadevi Mancini proti Komisiji (C-172/05 P, neobjavljen v ZOdl., točka 70), na katera se sklicuje tožeča stranka na prvi stopnji in v katerih je Sodišče ugotovilo, da Sodišče prve stopnje ni preseglo svojih pooblastil, zlasti ob upoštevanju pisnih odgovorov strank na vprašanja slednjega. Drugič, Komisija Sodišču za uslužbence očita, da je s preučitvijo, ali ima „samenlevingsovereenkomst“, ki sta ga sklenila tožeča stranka na prvi stopnji in H., v praksi podobne učinke kot „geresgistreerde partnerschap“, odločilo ultra vires . Taka preučitev naj bi namreč vključevala razlago nizozemskega prava, za katero Sodišče za uslužbence ni pristojno. Poleg tega naj bi bila razlaga Sodišča za uslužbence v nasprotju z razlago nizozemskih organov, ki naj bi razlikovali med zakonsko zvezo in „geregistreerd partnerschap“ na eni strani ter med „samenlevingsovereenkomst“ na drugi strani, tako da tega ni mogoče šteti za primerljivega s prvima dvema. Komisija v repliki trdi, da je Sodišče za uslužbence z avtonomno razlago skupnostnega pojma „izvenzakonski partner“ iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom prekoračilo mejo svojih pristojnosti. Ta določba pa naj bi glede na politično izbiro vsake države članice za določitev, ali sta osebi v „izvenzakonski skupnosti“, napotovala na nacionalne zakonodaje, saj mora par predložiti uradni dokument države članice, ki to potrjuje. A. P. Roodhuijzen te trditve zavrača. – Presoja Sodišče prve stopnje Prvič, najprej je treba ugotoviti, da ko Komisija zatrjuje, da je Sodišče za uslužbence z nadomestitvijo argumentacije tožeče stranke na prvi stopnji s svojo odločilo ultra vires , temu sodišču natančneje očita, da ni spoštovalo okvira spora, ki sta ga opredelili stranki, in da je s sklicevanjem na argumentacijo, o kateri stranki nista razpravljali, kršilo pravico do obrambe. V zvezi s tem je treba spomniti, da sodišče Skupnosti, ki odloča o ničnostni tožbi, ne sme odločiti ultra petitum , zato ni pristojno ne za spremembo glavnega predmeta tožbe (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 18. decembra 2008 v združenih zadevah Belgija proti Genette, T-90/07 P in T-99/07 P, ZOdl., str. II-3959 , točke od 72 do 75) ne za uveljavljanje tožbenega razloga po uradni dolžnosti, razen če gre za posebne primere, v katerih je njegovo posredovanje potrebno zaradi javnega interesa. Vendar je v sodni praksi ustaljeno, da sodišče Skupnosti v okviru spora, ki ga omejijo stranke – čeprav mora odločati le o predlogih strank – ne sme biti vezano samo na trditve, ki jih stranke navedejo v podporo svojim zahtevam, sicer bi bilo prisiljeno svojo odločitev – odvisno od primera – opreti na napačne pravne navedbe (zgoraj navedeni sodbi UER proti M6 in drugim, točka 69, in Mancini proti Komisiji, točka 41, ter sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. junija 2007 v zadevi Tirrenia di Navigazione in drugi proti Komisiji, T-246/99, neobjavljena v ZOdl., točka 102). Zlasti v sporu, kakršen je v obravnavanem primeru, ko se stranki ne strinjata glede razlage in uporabe določbe prava Skupnosti, je sodišče Skupnosti za njegovo rešitev dolžno uporabiti ustrezna pravna pravila glede na dejstva, ki jih navajata stranki (sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Légerja k sodbi Sodišča z dne 19. novembra 1998 v zadevi Parlament proti Gutiérrez de Quijano y Lloréns, C-252/96 P, Recueil, str. I-7421, I-7422, točka 36). V skladu z načelom iura novit curia opredelitev pomena zakona ne spada na področje uporabe načela prostega razpolaganja strank v sporu, zato sodišče Skupnosti strankama ni dolžno razkriti razlage, ki jo namerava podati, da bi jima omogočilo o tem zavzeti stališče (sklepni predlogi generalnega pravobranilca M. Cosmasa k sodbi Sodišča z dne v združenih zadevah Nizozemska in van der Wal proti Komisiji, C-174/98 P in C-189/98 P, Recueil, str. I-1, I-3, točki 95 in 96). V obravnavanem primeru zato zadošča preveriti, ali sporna obrazložitev izpodbijane sodbe, ki je ob izločitvi argumentacije tožeče stranke na prvi stopnji privedla do razglasitve ničnosti zadevne odločbe, pomeni razlogovanje Sodišča za uslužbence, ki se nanaša na tožbene razloge, navedene na prvi stopnji, ali na druge razloge (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 19. novembra 1998 v zadevi Parlament proti Gutiérrez de Quijano y Lloréns, C-252/96 P, Recueil, str. I-7421, točke od 32 do 34). Ugotoviti je treba, da obrazložitev izpodbijane sodbe, ki se nanaša na pojem „izvenzakonska zveza“ v smislu Kadrovskih predpisov in na določbe „samenlevingsovereenkomst“, ki sta ga sklenili tožeča strank in H., spada v preizkus tožbenih razlogov v zvezi s kršitvijo člena 72 Kadrovskih predpisov, člena 1(2)(c)(i) Priloge VII h Kadrovskim predpisom ter člena 12 skupnih pravil, ki so bili navedeni v tožbi na prvi stopnji. Sodišče za uslužbence se je namreč v obravnavanem primeru omejilo na avtonomno razlago pojma „izvenzakonska zveza“ iz člena 72(1) Kadrovskih predpisov in je pri preizkusu zgoraj navedenih tožbenih razlogov ta pojem uporabilo za obravnavani primer. Ravno tako spada v okvir tožbenih razlogov, navedenih v predhodni točki, obrazložitev v zvezi z načelom enakega obravnavanja, ki je bila samo podredno razvita v točki 56 izpodbijane sodbe. Sklicevanje na načelo enakega obravnavanja v tej zadevi pomeni le razlogovanje Sodišča za uslužbence v zvezi z razlago pojma „izvenzakonska zveza“ v smislu člena 72(1) Kadrovskih predpisov. Poleg tega je treba poudariti, da A. P. Roodhuijzen upravičeno opozarja, da izpodbijana sodba temelji le na dejstvih, ki sta jih stranki predložili v presojo Sodišču za uslužbence in so bila predmet kontradiktorne razprave. Komisija sicer ne izpodbija njihovega obstoja v spisu. V teh okoliščinah dejstvo, na katerega se sklicuje Komisija – da se postopek na prvi stopnji v obravnavani zadevi razlikuje od tistih, ki jih je Sodišče obravnavalo v zgoraj navedenih sodbah UER proti M6 in drugim ter Mancini proti Komisiji, ker v tej zadevi stranki nista bili pozvani, naj odgovorita na pisna vprašanja Sodišča za uslužbence – ni upoštevno, saj se je Sodišče za uslužbence v izpodbijani sodbi oprlo izključno na dejstva, ki sta mu jih v presojo predložili stranki, in sta lahko o njih razpravljali. Iz tega je razvidno, da Sodišče za uslužbence ni ne odločilo ultra petitum ne kršilo pravice do obrambe Komisije. Drugič, Komisija v podporo pritožbenemu razlogu, ki se nanaša na kršitev pravila non ultra vires , Sodišču za uslužbence v bistvu očita, da je podalo avtonomno razlago pojma „izvenzakonska skupnost“, ob upoštevanju katere naj bi preučilo „samenlevingsovereenkomst“, ki sta ga sklenila A. P. Roodhuijzen, tožeča stranka, in H., in s tem namenom „razlagalo“ nizozemsko pravo. Po mnenju Komisije pa je za opredelitev tovrstnega sporazuma o skupnem življenju pristojen samo nizozemski zakonodajalec. V zvezi s tem je treba v nasprotju z navedbami Komisije ugotoviti, da Sodišče za uslužbence s tem, da je podalo avtonomno razlago pojma „izvenzakonska skupnost“ iz člena 72(1) Kadrovskih predpisov, člena 1(2)(c)(i) Priloge VII h Kadrovskim predpisom ter člena 12 skupnih pravil in za namene uporabe navedenega pojma v obravnavanem primeru upoštevalo nacionalno pravo ter vsebino zadevnega „samenlevingsovereenkomst“, ni prekoračilo meje svoje pristojnosti. Dolžnost Sodišča za uslužbence je, da razloži in uporabi pojem „izvenzakonska skupnost“ iz spornih določb Kadrovskih predpisov, saj te ne zahtevajo odločbe, ki bi spadala le v pristojnost zadevne države članice in bila le predmet sodnega nadzora te države (glej kot primer nacionalne pristojnosti glede izračuna zneska nacionalnih pokojninskih pravic, ki se ga prenese na podlagi Kadrovskih predpisov, zgoraj navedeno sodbo Belgija proti Genette, točka 57 in navedena sodna praksa). V tem okviru je bilo Sodišče za uslužbence pozvano, naj odloči o vprašanju, ali je mogoče pojem „izvenzakonska skupnost“ razlagati avtonomno ali pa je treba nasprotno šteti, da ta pojem napotuje na nacionalno pravo. V prvem primeru lahko zadevna institucija uporabi avtonomni skupnostni pojem pod nadzorom sodišča Skupnosti in pri tem, če je to potrebno, upošteva nacionalno pravo kot dejanski dokaz. V tem primeru je treba posebnosti nacionalnega prava upoštevati ne glede na njegove pravne kvalifikacije (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 20. februarja 2009 v združenih zadevah Komisija proti Bertolete in drugim, od T-359/07 P do T-361/07 P, še neobjavljena v ZOdl., JU, točka 46). Nasprotno pa je zadevna institucija v drugem primeru dolžna pod nadzorom sodišča Skupnosti uporabiti upoštevna pravila nacionalnega prava, kot jih razlagajo nacionalna sodišča (glej v tem smislu sodbe Sodišča z dne v zadevi Meinhardt proti Komisiji, 24/71, Recueil, str. 269, točke 6, 7 in 12; Sodišča prve stopnje z dne v zadevi Díaz García proti Parlamentu, T-43/90, Recueil, str. II-2619, točke od 37 do 41; z dne v zadevi Khouri proti Komisiji, T-85/91, Recueil, str. II-2637, točke od 33 do 41, in z dne v zadevi M proti Sodišču, T-172/01, Recueil, str. II-1075, točke od 72 do 75 in 112). V teh okoliščinah – čeprav bi bila avtonomna razlaga pojma „izvenzakonska skupnost“ iz sodbe napačna, kot zatrjuje Komisija – Sodišču za uslužbence ni mogoče očitati, da je s sklicevanjem na posebnosti nacionalnega prava, ki se uporablja, prekoračilo mejo svojih pristojnosti. Poleg tega je treba presojo, na eni strani, pravilnosti take razlage in, na drugi strani, uporabe pojma „izvenzakonska skupnost“ v obravnavanem primeru opraviti v okviru razloga, ki se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi pojma „izvenzakonska skupnost“. Zaradi vsega navedenega je treba razloge, ki se nanašajo na kršitev pravil non ultra petitum in non ultra vires ter kršitev pravice do obrambe, zavrniti kot neutemeljene. Zatrjevana napačna uporaba prava pri razlagi pojma „izvenzakonska skupnost“ – Trditve strank Komisija predvsem zatrjuje, da je Sodišče za uslužbence napačno uporabilo pravo pri razlagi pojma „izvenzakonska skupnost“, ki omogoča kritje uradnikovega izvenzakonskega partnerja s SSZZ. V zvezi s tem mu očita, da je v točki 29 izpodbijane sodbe menilo, da registracija izvenzakonske skupnosti, navedena v uvodnem stavku člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, ni prvi pogoj. Pojasnjuje, da se zakonodajalec Skupnosti z napotilom na člen 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, namesto da bi opredelil pojem „izvenzakonski partner“ v členu 72 Kadrovskih predpisov, ni skliceval na formalnost registracije skupnosti kot tako, temveč na pomen te formalnosti za vrsto skupnosti, ki jo je mogoče upoštevati. Pogojev iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom torej ni mogoče razlagati neodvisno od uvodnega stavka te določbe. Po mnenju Komisije to povzroči, da je le „izvenzakonska skupnost“ iz člena 1(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom tista, ki je v skladu z nacionalnim pravom zasnovana tako, da ima podobne učinke kot zakonska zveza. Sodišče za uslužbence je napačno uporabilo pravo s tem, da je skupnostni pojem „izvenzakonska skupnost“ razlagalo tako, da lahko vključuje druge vrste skupnosti, ki v skladu z nacionalnim pravom niso zasnovane tako, da bi imele podobne učinke kot zakonska zveza, ki pa lahko vseeno imajo „učinke, [ki] so lahko v marsičem podobni [učinkom zakonske zveze], če partnerja svojo skupnost uredita pogodbeno“ (točka 46 izpodbijane sodbe). Skupnost, kakršna je „samenlevingsovereenkomst“, naj ne glede na njeno pogodbeno ureditev nikakor ne bi mogla biti izenačena z zakonsko zvezo in omogočati pridobitev pravice na podlagi člena 1(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, ker je nizozemski zakonodajalec ni zasnoval zato, da bi imela podobne učinke kot zakonska zveza. Pravno naj namreč ne bi bila skupnost, namenjena izključno osebam, ki želijo biti „par“. Komisija trdi, da je zakonodajalec Skupnosti pravico do nekaterih ugodnosti iz Kadrovskih predpisov, ki so bile pred tem pridržane za zakonce, razširil na eno samo vrsto skupnosti, na „registrirano trajno skupnost“. To potrjuje uvodna izjava 8 Uredbe št. 723/2004, v skladu s katero „[morajo] [u]radniki, ki živijo v izvenzakonski skupnosti, ki jo država članica prizna kot stalno partnerstvo, in nimajo pravne možnosti za poroko, […] dobiti enake ugodnosti kot poročeni pari“. Razlogovanje Sodišča za uslužbence pa naj bi privedlo do razmišljanja, da je vrsta skupnosti, ki omogoča nekatere ugodnosti, odvisna od zadevne ugodnosti. Po mnenju Komisije je zahteva po registrirani in trajni skupnosti v smislu člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom edini dejanski vsebinski pogoj, ki ga določa ta člen. Prvič, zahteva pod (i) po predložitvi pravnega dokumenta, ki ga zadevna država članica prizna kot takega, naj ne bi nujno pomenila, da mora ta država „priznati“ skupnost, kot je mogoče napačno misliti na podlagi člena 12 skupnih pravil. Zadostovalo naj bi, da se predloženi dokument o potrditvi registracije izvenzakonske skupnosti prizna kot pravni. Drugič, pogoja, navedena pod (ii) in (iii), ki izključujeta, na eni strani, poročene partnerje in partnerje, ki so v drugi izvenzakonski skupnosti, in, na drugi strani, partnerje, ki so z uradnikom v bližnjem sorodstvu, naj bi bila povezana s pogoji zakonske zveze in „geregistreerd partnerschap“. Nasprotno pa naj bi bilo mogoče „samenlevingsovereenkomst“ skleniti z več osebami in med bližnjimi sorodniki. Komisija v zvezi s tem opozarja, da je Evropsko sodišče za človekove pravice zavrnilo obstoj diskriminacije v zvezi s pravico do dedovanja, ki sta jo zatrjevali sestri, ki sta v „trajnem, stalnem in vzajemno solidarnem razmerju“ (glej sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 29. aprila 2008 v zadevi Burden proti Združenemu kraljestvu, točka 10), v primerjavi s partnerji, ki so v civilni skupnosti, urejeni z zakonom Združenega kraljestva, zlasti ker je „ena od značilnosti zakonske zveze in skupnosti, ki temelji na zakonu o civilni skupnosti, ta, da sta obliki skupnosti, prepovedani osebam, ki so v bližnjem sorodstvu“ (točka 62 sodbe). V obravnavanem primeru naj bi Sodišče za uslužbence s tem, da je menilo, da registracija pri notarju ustreza zahtevam pogoja „registracije“, izkrivilo pojem „registracija“ iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Ta pojem naj bi namreč pomenil, da mora biti skupnost „urejena z zakonom“, tako kot zakonska zveza. „Pogodba o skupnem prebivanju/skupnem gospodinjstvu“ zasebnega prava, ki jo je mogoče v skladu z voljo strank „potrditi“ pred notarjem, naj ne bi izpolnjevala tega pogoja. Komisija dodaja, da uvodna izjava 5 in člen 2(2)(b) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC ( UL L 158, str. 77 ) potrjujeta, da je „registrirano partnerstvo“ v pravu Skupnosti izključno partnerstvo, ki ima v skladu z nacionalno zakonodajo, na podlagi katere je bilo sklenjeno, učinke, ki so enakovredni zakonski zvezi. Tudi iz točke 33 sodbe Sodišča z dne v združenih zadevah D in Švedska proti Svetu (C-122/99 P in C-125/99 P, Recueil, str. I-4319) naj bi bilo razvidno, da je treba za „registrirano partnerstvo“ šteti le partnerstvo, ki ima enake učinke kot zakonska zveza. Poleg tega naj bi sodna praksa potrjevala, da pojma, kot je „izvenzakonska partnerja“, ki spada v osebna stanja oseb in torej v izključno pristojnost držav članic, ni mogoče razlagati avtonomno (glej zgoraj navedeno sodbo D in Švedska proti Svetu, točki 34 in 35, in sodbo Sodišča z dne 1. aprila 2008 v zadevi Maruko, C-267/06, ZOdl., str. I-1757, točke 59, od 67 do 69 in 72). Pristop Sodišča za uslužbence naj bi tudi odstopal od namena zakonodajalca Skupnosti, da poenostavi administracijo. Kot namreč Sodišče za uslužbence priznava v točki 58 izpodbijane sodbe, bi ta pristop pomenil, da Komisija za vsak primer „pogodbenega“ partnerstva, ki na podlagi nacionalnega prava, ki se uporablja, ni primerljivo z zakonsko zvezo, analizira določbe zadevne pogodbe, da bi ugotovila, ali so njeni učinki „podobni“ učinkom zakonske zveze. Komisija podredno – za primer, da bi Sodišče prve stopnje potrdilo razlago Sodišča za uslužbence, da člen 72 Kadrovskih predpisov ne napotuje na uvodni stavek člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom – zatrjuje, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti zaradi napačne razlage pogojev pod od (i) do (iii) te določbe. V tem primeru bi bila namreč edina možna razlaga člena 72 Kadrovskih predpisov in člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom tista, ki jo je A. P. Roodhuijzen predlagal na prvi stopnji. Komisija bi torej morala izvenzakonsko skupnost sprejeti za kritje partnerja s SSZZ, če je ta skupnost, čeprav zasebnega prava, sklenjena z eno samo osebo, ki z uradnikom ni v bližnjem sorodstvu, če nobeden od partnerjev ni poročen ali ni v drugi izvenzakonski skupnosti in če je Komisiji predložen dokument o potrditvi skupnosti. Ne bi bilo mogoče zahtevati dokaza, kot to določa izpodbijana sodba, da ima skupnost nekatere podobnosti z zakonsko zvezo in „precejšnjo stabilnost“. Pogoja pod (i) namreč ne bi bilo mogoče razlagati v tem smislu. A. P. Roodhuijzen pa zatrjuje, da je ta drugi razlog nedopusten, saj Komisija ne izpodbija razlogovanja, na podlagi katerega je Sodišče za uslužbence zavrnilo njene trditve, temveč želi doseči le ponovno obravnavo tožbe na prvi stopnji. Poleg tega naj ta razlog ne bi bil utemeljen. Sodišče za uslužbence naj z avtonomno razlago pojma „izvenzakonska partnerja“ iz člena 1(2)(c)(i) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, v smislu, da mora biti taka skupnost v določeni meri podobna zakonski zvezi, ne bi napačno uporabilo prava (glej točko 52 izpodbijane sodbe). V obravnavanem primeru naj bi namreč Sodišče za uslužbence preverilo, ali je zadevni sporazum o skupnem življenju „izvenzakonska skupnost“ v smislu Kadrovskih predpisov. V zvezi s tem naj vprašanje, ali je po nizozemskem pravu „samenlevingsoveenkomst“ izenačen z zakonsko zvezo ali z „geregistreerd partnerschap“, ne bi bilo upoštevno. V teh okoliščinah naj ugotovitev Sodišča za uslužbence, da so edine skupnosti, ki jih je mogoče upoštevati na podlagi SSZZ, „pari“, kar velja za A. P. Roodhuijzna in njegovo partnerko, ne bi mogla biti omajana zaradi dejstva, da lahko „samenlevingsoveenkomst“ in abstracto skleneta dve osebi ali več ali osebe, ki so med seboj v sorodu. Drugačna razlaga, ki ne bi upoštevala konkretne skupnosti, naj bi povzročila diskriminacijo uradnikov zaradi abstraktne oblike njihove skupnosti. A. P. Roodhuijzen podredno trdi, da se pojem „uradnik, ki živi v registrirani izvenzakonski skupnosti“ iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, ne nanaša na „geregistreerd partnerschap“. Iz sodbe Sodišča z dne 17. aprila 1986 v zadevi Reed ( 59/85, Recueil, str. 1283 , točki 12 in 13) je namreč razvidno, da „je treba pravne pojme, ki temeljijo na razvoju družbe, razlagati po pregledu položaja v celotni Skupnosti, in ne le v eni državi članici“ (glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Mischa k zgoraj navedeni sodbi D in Švedska proti Svetu, Recueil, str. I-4322, točka 43). Poleg tega, če bi zakonodajalec Skupnosti želel zajeti le „registrirane“ skupnosti, ki jih ureja zakon in imajo podobne učinke kot zakonska zveza, bi se skliceval na „pravni položaj“ izvenzakonskih partnerjev. – Presoja Sodišča prve stopnje Komisija v drugem pritožbenem razlogu oporeka razlagi pojma „izvenzakonska skupnost“ iz Kadrovskih predpisov, ki je bila podana v izpodbijani sodbi. V nasprotju z navedbami A. P. Roodhuijzna ta razlog torej ni namenjen ponovni obravnavi tožbe na prvi stopnji, zato ga ni mogoče razglasiti za nedopustnega. Zato je treba preveriti, ali je, kot zatrjuje Komisija, Sodišče za uslužbence z avtonomno razlago pojma „izvenzakonska skupnost“ iz člena 72(1), drugi pododstavek, Kadrovskih predpisov napačno uporabilo pravo. V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba pojme nekega predpisa prava Skupnosti, ki za razlago njegovega namena in obsega ne napotuje izrecno na pravo držav članic, praviloma v celotni Skupnosti avtonomno in enotno razlagati ob upoštevanju normativnega konteksta predpisa in cilja, ki se zasleduje z zadevno ureditvijo (sodba Sodišča z dne 18. januarja 1984 v zadevi Ekro, 327/82, Recueil, str. 107, točka 11). Vendar če ni izrecnega napotila, lahko uporaba prava Skupnosti po potrebi vključi napotilo na pravo držav članic, če sodišče Skupnosti iz prava Skupnosti ali njegovih splošnih načel ne more razbrati nobenih opornih točk, ki bi mu omogočale določitev vsebine in obsega prava Skupnosti z avtonomno razlago (zgoraj navedeni sodbi Díaz García proti Parlamentu, točka 36, in Khouri proti Komisiji, točka 32). V obravnavanem primeru je treba preučiti, ali pravo Skupnosti in zlasti Kadrovski predpisi zagotavljajo sodišču Skupnosti dovolj podatkov, da lahko z avtonomno razlago določi vsebino pojma „izvenzakonska skupnost“ iz člena 72(1), drugi pododstavek, Kadrovskih predpisov, ali pa, nasprotno, upoštevne določbe Kadrovskih predpisov v zvezi s tem napotujejo na nacionalno pravo. S tem namenom je treba analizirati upoštevne določbe Kadrovskih predpisov. Ta analiza vodi, prvič, do zavrnitve glavne trditve Komisije, da Sodišče za uslužbence ni upoštevalo zahteve po „registrirani skupnosti“, ki naj bi bila izražena v prvem stavku člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom (glej zlasti točke od 50 do 52, 54 in 56 te sodbe). Sodišče za uslužbence je namreč z opiranjem na besedilo člena 72(1), drugi pododstavek, Kadrovskih predpisov upravičeno menilo, da člen 72 Kadrovskih predpisov za opredelitev pojma „neporočeni partner uradnika“ napotuje izključno na prve tri pogoje iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Sicer pa sta cilja zgoraj navedenih členov različna. Medtem ko člen 1(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom določa pogoje za pridobitev gospodinjskega dodatka, člen 72 Kadrovskih predpisov pod nekaterimi manj strogimi pogoji, ki se delno ujemajo s pogoji za pravico do gospodinjskega dodatka, določa kritje neporočenega partnerja uradnika s SSZZ. Iz zgoraj navedenih določb Kadrovskih predpisov je tako razvidno, da se ti nanašajo na enoten pojem „izvenzakonska skupnost“, vendar je za dodelitev gospodinjskega dodatka uradniku, ki je v taki skupnosti, postavljen dodaten pogoj. V tem okviru je mogoče neobstoj napotila v členu 72 Kadrovskih predpisov na prvi stavek člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom pojasniti s tem, da ta stavek vsekakor ne vsebuje nobenega natančnega podatka o pojmu „izvenzakonska skupnost“. Ob upoštevanju velike raznovrstnosti nacionalnih zakonodaj glede vzpostavitve zakonskih ureditev, s katerimi se poleg zakonske zveze pravno priznavajo različne oblike skupnosti, pojma „uradnik, ki živi v registrirani izvenzakonski skupnosti“ iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom kot takega namreč ni mogoče razlagati, kot da se nanaša na ureditev „registrirane skupnosti“, ki jo je mogoče jasno prepoznati v vseh državah članicah in bi ji v nizozemskem pravu ustrezal „geregistreerd partnerschap“. V tem pogledu in v tej fazi razvoja različnih nacionalnih pravnih sistemov se pojem „registrirana skupnost“ razlikuje od pojma „zakonska zveza“, katere opis je jasno določen v vseh državah članicah, kar je sodišču Skupnosti omogočilo opredelitev, da pojem zakonske zveze iz Kadrovskih predpisov označuje izključno razmerje, ki temelji na civilni zakonski zvezi v običajnem pomenu besede (sodba Sodišča prve stopnje z dne 28. januarja 1999 v zadevi D proti Svetu, T-264/97, RecFP, str. I-A-1 in II-1, točka 26). Iz tega izhaja, da je mogoče pojem „registrirana skupnost“ iz Kadrovskih predpisov opredeliti le ob upoštevanju vseh upoštevnih določb Kadrovskih predpisov, zlasti ob upoštevanju napotkov, ki so razvidni iz pogojev iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Ob neobstoju splošno sprejetega pojma „registrirana skupnost“ namreč le omemba take skupnosti v prvem stavku tega člena ne vsebuje dovolj napotkov v zvezi z opredelitvijo tega pojma. V nasprotju s trditvami Komisije (glej zgoraj točko 56) te omembe ni mogoče razumeti, kot da nalaga pogoj posebne „registracije“ ali zahteva, da mora biti skupnost, tako kot zakonska zveza, „urejena z zakonom“. Izraz „registrirana“ iz zgoraj navedenega prvega stavka se namreč nanaša izključno na nekatere formalnosti, ki so pojasnjene v prvem pogoju iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Pri tem Sodišču za uslužbence ni mogoče očitati, da ni upoštevalo, da je prvi stavek člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom v obravnavanem primeru vključeval zahtevo po „geregistreerd partnerschap“. Drugič, preučiti je treba, ali – medtem ko se za pojem „zakonska zveza“ razlaga, da je načeloma skupnostni pojem (glej zgoraj navedeni sodbi Reed, točka 15, in D in Švedska proti Svetu, točka 26) – celota upoštevnih določb Kadrovskih predpisov omogoča tudi izluščenje skupnostnega pojma „izvenzakonska zveza“ ali pa Kadrovski predpisi ob pomanjkanju zadostnih napotkov implicitno napotujejo na nacionalna prava. V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da v nasprotju s predlaganim pristopom Komisije, ki se opira na zgoraj navedeno sodbo D in Švedska proti Svetu (glej zgoraj točko 57), sodišču Skupnosti v tem sporu ni treba preučiti, ali se lahko „registrirana skupnost“ izenači z zakonsko zvezo in omogoči ugodnosti, ki so s Kadrovskimi predpisi priznane poročenim parom, ker ima ta skupnost za zadevni osebi in za tretje podobne pravne učinke kot zakonska zveza. V obravnavanem primeru mora razrešiti le povsem ločeno vprašanje razlage pojma „izvenzakonska zveza“, ki ga izrecno predpisujejo Kadrovski predpisi. Kot je ugotovilo Sodišče za uslužbence iz uvodne izjave 8 Uredbe št. 723/2004 izrecno izhaja, da je zakonodajalec Skupnosti želel pod nekaterimi pogoji razširiti ugodnosti, ki so priznane poročenim parom, na „uradnike, ki živijo v izvenzakonskem razmerju, ki ga država članica priznava kot stalno skupnost“. Pojem „izvenzakonski partnerji“, ki jim Kadrovski predpisi v skladu z zgoraj navedenim ciljem podeljujejo nekatere pravice, je mogoče povzeti iz pogojev člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, zlasti ob upoštevanju te uvodne izjave. Iz navedenih pogojev je namreč razvidno, da obstoj izvenzakonske zveze v smislu Kadrovskih predpisov vključuje, na eni strani, zvezo med dvema osebama in, na drugi strani, nekatere formalnosti. V zvezi s tem je Sodišče za uslužbence v točki 38 izpodbijane sodbe najprej upravičeno ugotovilo, da iz pojma „par“, ki je med drugim uporabljen v prvem pogoju iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, izhaja zahteva po zvezi dveh oseb – v nasprotju z drugimi vrstami skupnosti, ki jih nizozemsko pravo prav tako priznava z ureditvijo „samenlevingsovereenkomst“ (glej zgoraj točko 6). Ta razlaga je potrjena z drugim in tretjim pogojem iz navedenega člena, ki izključujeta, na eni strani, položaje, ko je en ali drugi partner poročen ali je v drugi izvenzakonski skupnosti, in, na drugi strani, primere, v katerih sta partnerja v bližnjem sorodu. Posledica te zahteve po zvezi med dvema osebama je, da se, tako kot zakonec uradnika, „izvenzakonski partner“, v skladu z v členu 72 Kadrovskih predpisov uporabljenimi izrazi, ali „stalni partner“, če povzamemo v uvodni izjavi 8 navedene Uredbe št. 723/2004 uporabljen izraz, jasno razlikuje od vzdrževanih oseb, in sicer otrok zadevnega uradnika in drugih, ki jih je dolžan vzdrževati – v smislu člena 2 Priloge VII h Kadrovskim predpisom – in katerih pravice so zajamčene z drugimi določbami Kadrovskih predpisov, zlasti s členom 72(1), prvi pododstavek, Kadrovskih predpisov. Splošneje ta zahteva iz pojma iz Kadrovskih predpisov „izvenzakonska skupnost“ izključuje vse položaje, ki jih lahko – ne da bi bila zanje značilna zveza med dvema osebama – nacionalno pravo, ki se uporablja, uvršča med priznane skupnosti, kakršna je „samenlevingsovereenkomst“. V tem delu se pojem „izvenzakonska skupnost“ iz Kadrovskih predpisov ujema z opredelitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice v zgoraj navedeni sodbi Burden proti Združenemu kraljestvu (glej zgoraj točko 55). Dalje, zahteve obličnosti prav tako izhajajo iz prvega pogoja iz člena 1(2)(c) Kadrovskih predpisov, ki nalaga, da „par predloži dokument, ki ga država članica ali pristojni organ države članice prizna kot pravni dokument, ki potrjuje njun status izvenzakonskih partnerjev“. Iz vsebine te določbe je razvidno, da se zahteva predložitev pravnega dokumenta, ki potrjuje status izvenzakonskih partnerjev zadevnih oseb, in priznanje države članice, da gre za pravni dokument. Glede na raznovrstnost pravnih položajev, ki jih lahko v skladu z nizozemskim pravom v obravnavanem primeru pokriva „samenlevingsovereenkomst“ (glej zgoraj točko 6), je Sodišče za uslužbence v točkah 33, 39, in 54 izpodbijane sodbe utemeljeno razsodilo, da predložitev takega pravnega akta, sklenjenega pri notarju, zaradi verodostojnosti, ki jo temu aktu podeljuje sklenitev v notarskem zapisu, ustreza zahtevi po pravnem dokumentu o statusu oseb. Sodišče za uslužbence v zvezi s priznanjem države članice, da gre za pravni akt, ni napačno uporabilo prava s tem, da je menilo, da je to priznanje v obravnavanem primeru razvidno iz potrdila nizozemskega veleposlaništva v Luksemburgu, v katerem je bilo potrjeno, da je status izvenzakonskih partnerjev zadevnih oseb na Nizozemskem priznan. Iz zgoraj navedenega je razvidno, da upoštevne določbe Kadrovskih predpisov omogočajo, da se pojem „izvenzakonska skupnost“ opredeli tako, da je v določeni meri podobna zakonski zvezi, kot je Sodišče za uslužbence ugotovilo v točki 36 izpodbijane sodbe. Vendar te določbe ne zahtevajo, da mora biti „izvenzakonska skupnost“ izenačena z zakonsko zvezo. V zvezi s tem je Sodišče za uslužbence utemeljeno presodilo, da bi taka zahteva naložila dodaten pogoj, ki ga Kadrovski predpisi ne določajo (točka 52 izpodbijane sodbe). V nasprotju s trditvami Komisije (glej zgoraj točko 58) avtonomna razlaga pojma „izvenzakonska skupnost“ ne vpliva na izključno pristojnost držav članic glede osebnega stanja oseb in določanja dajatev, ki iz tega izhajajo. Če se namreč opredelitev nanaša na pojem iz Kadrovskih predpisov, je njeno področje uporabe omejeno s Kadrovskimi predpisi. Ureja le dodelitev nekaterih socialnih ugodnosti, ki jih ti predpisi priznavajo uradnikom ali uslužbencem Evropskih skupnosti, in nima nobenega učinka za države članice, ki svobodno določajo zakonske ureditve, s katerimi se poleg zakonske zveze pravno priznavajo različne oblike skupnosti, v skladu z ustaljeno sodno prakso (glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi Reed, točke od 13 do 15, in Maruko, točki 59 in 73). V tem okviru je treba zavrniti tudi trditev Komisije, ki temelji na nekaterih določbah Direktive 2004/38 (glej zgoraj točko 60). Za razliko od pojma „izvenzakonska skupnost“ iz Kadrovskih predpisov imajo te določbe učinke za vse države članice in skušajo doseči, da se ne posega v pristojnosti držav članic glede osebnega stanja in pravic, ki iz tega izhajajo. Poleg tega, v nasprotju s trditvami Komisije, pojma „izvenzakonska skupnost“ iz Kadrovskih predpisov ni mogoče razlagati, kot da pokriva le skupnosti, ki so v skladu z nacionalnim pravom zasnovane tako, da imajo podobne učinke kot zakonska zveza (glej zgoraj točki 51 in 52). V zvezi s tem nima stališče Komisije nobene opore v določbah Kadrovskih predpisov ali v ciljih, ki jih ti uresničujejo, in želi naložiti dodatni pogoj, ki ni upravičen s cilji, ki jih uresničuje zakonodajalec Skupnosti. Iz zgornje analize (glej zgoraj točke od 82 do 86) je namreč razvidno, da je v skladu z upoštevnimi določbami Kadrovskih predpisov za obstoj izvenzakonske skupnosti potrebna le zveza med dvema osebama in nekatere formalnosti. Torej zadostuje, da so v obravnavanem primeru ti pogoji izpolnjeni, ne glede na to, ali so nujno določeni z nacionalno zakonodajo, ki se uporablja, ali pa jih ta prepušča presoji zadevnih oseb. V zvezi s tem je dejstvo, da nacionalna zakonodaja, ki se uporablja, dopušča, da isti pojem zajema različne pravne položaje glede na voljo strank, ki prosto določajo vsebino in obliko sporazuma o skupnem življenju, brezpredmetno, če dogovorjena skupnost izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Kadrovski predpisi. Poleg tega bi, kot zatrjuje A. P. Roodhuijzen (glej zgoraj točko 65), uvedba dodatnega pogoja, ki ga predlaga Komisija, povzročila diskriminacijo uradnikov zaradi abstraktne oblike njihove skupnosti, medtem ko nacionalna zakonodaja, ki se uporablja, to skupnost priznava in so izpolnjeni pogoji, določeni s Kadrovskimi predpisi. Taka rešitev bi kršila upoštevne določbe Kadrovskih predpisov in bi poleg tega temeljila na izkrivljenju nacionalne zakonodaje, ki se uporablja. V zvezi s tem je treba poudariti, da nizozemsko pravo priznava, da ima lahko „samenlevingsovereenkomst“ učinke, ki so podobni učinkom zakonske zveze. Tretjič, analizirati je treba podredno argumentacijo Komisije v zvezi z razlago prvega pogoja iz člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom (glej zgoraj točki 60 in 61), v skladu s katero zadevna institucija ni dolžna preverjati, ali ima obravnavana skupnost nekatere podobnosti z zakonsko zvezo in neko stalnost, če je bila sklenjena z osebo, ki z uradnikom ni v bližnjem sorodstvu, in če nobeden od partnerjev ni poročen ali ni v drugi izvenzakonski skupnosti ter so izpolnjeni pogoji glede formalnosti. V zvezi s tem je treba spomniti, da pojem „izvenzakonska skupnost“ iz Kadrovskih predpisov ima nekatere podobnosti s pojmom zakonske zveze. Vendar se poleg zahtev obličnosti edini vsebinski pogoj, ki je razviden iz upoštevnih določb Kadrovskih predpisov, nanaša na obstoj zveze med dvema osebama, kot je že bilo razsojeno (glej zgoraj točke od 82 do 86). Ker lahko nekatere vrste „izvenzakonskih skupnosti“, ki so priznane v državah članicah, kot je „samenlevingsovereenkomst“ na Nizozemskem, pokrivajo pravne položaje, ki ne ustrezajo vedno navedenim merilom, ki opredeljujejo pojem „izvenzakonska skupnost“ iz Kadrovskih predpisov, kot je že bilo ugotovljeno (glej zgoraj točke od 83 do 85 in 90), je v takem primeru institucija Skupnosti dolžna pod nadzorom sodišča Skupnosti preveriti, ali so izpolnjeni pogoji iz Kadrovskih predpisov. Sodišče za uslužbence je torej v točkah 35 in 52 izpodbijane sodbe utemeljeno menilo, da lahko priznanje „izvenzakonske skupnosti“ v smislu Kadrovskih predpisov izhaja le iz presoje zadevne države članice, v obravnavanem primeru iz potrdila nizozemskega veleposlaništva v Luksemburgu. Vendar čeprav Kadrovski predpisi za priznanje obstoja „izvenzakonske skupnosti“ zahtevajo dokaz o življenjski skupnosti, za katero je značilna precejšnja stabilnost, pa ne zahtevajo, da partnerja vežejo specifične medsebojne pravice in obveznosti. Podobnost z zakonsko zvezo, ki jo zahtevajo Kadrovski predpisi, je razvidna prav iz take življenjske skupnosti in zahteve po formalnosti (glej zgoraj točke od 82 do 86). Torej, če uradnik dokaže, da skupnost, ki jo je sklenil, izpolnjuje ta pogoja, zadevna institucija ni dolžna – v nasprotju s tem, kar je Sodišče za uslužbence razsodilo na koncu točke 39 izpodbijane sodbe – dodatno preverjati, ali medsebojne pravice in obveznosti, ki sta jih stranki dogovorili v sporazumu, urejajo njuno življenjsko skupnost strukturirano in podrobno. Glede na to, da Kadrovski predpisi tega ne omenjajo, bi izvrševanje takega nadzora povzročilo, da bi za priznanje „izvenzakonske skupnosti“ obveljali pogoji, ki jih Kadrovski predpisi ne določajo. V obravnavanem primeru je Sodišče za uslužbence ob upoštevanju dokumentov, ki jih je A. P. Roodhuijzen predložil administraciji, pravilno preverilo, ali sta bila s H. v življenjski skupnosti, za katero je značilna precejšnja stabilnost (točka 42 izpodbijane sodbe). Komisija sicer temu nikakor ni ugovarjala. Vendar pa je treba ugotoviti, da je Sodišče za uslužbence napačno uporabilo pravo s tem, da je na podlagi pregleda „samenlevingsovereenkomst“, sklenjenega med tožečo stranko na prvi stopnji in H., in določb nizozemske zakonodaje natančno preverilo, kakšne so bile medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s skupnim življenjem A. P. Roodhuijzna in njegove partnerke. Kadrovski predpisi namreč v nasprotju s pristopom iz točk od 43 do 46 izpodbijane sodbe ne nalagajo preverjanja, ali so učinki skupnosti, ki jo je sklenil zadevni uradnik, „v marsičem podobni“ učinkom, ki jih ima zakonska zveza ali „geregistreerd partnerschap“. Iz tega izhaja, da je v izpodbijani sodbi pravo uporabljeno nepravilno, saj je Sodišče za uslužbence opravilo zgoraj omenjeni pregled iz točk od 43 do 46 izpodbijane sodbe, s čimer je kršilo upoštevne določbe člena 72 Kadrovskih predpisov in člena 1(2)(c) Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Ker pa je Sodišče za uslužbence ne glede na nadzor dodatnih pogojev iz točk 98 in 99 zgoraj, ki niso določeni v Kadrovskih predpisih, pravilno ugotovilo, da so vsi pogoji iz Kadrovskih predpisov glede obstoja skupnega življenja in formalnosti izpolnjeni, izpodbijane sodbe ni mogoče razveljaviti zaradi zgoraj navedene napačne uporabe prava (glej v tem smislu sodbi z dne 19. aprila 2007 v zadevi Holcim (Nemčija) proti Komisiji, C-282/05 P, ZOdl., str. I-2941, točka 33, in z dne v zadevi Selex Sistemi Integrati proti Komisiji in Eurocontrol, C-113/07 P, ZOdl., str. I-2207, točka 81). Pritožbeni razlog, ki se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi pojma „izvenzakonska zveza“, je torej treba zavrniti. V teh okoliščinah ni treba obravnavati podrednega pritožbenega razloga, ki se nanaša na napačno razlago načela prepovedi diskriminacije v podrednem delu obrazložitve izpodbijane sodbe (glej zgoraj točko 24). Ta razlog je namreč brezpredmeten, saj izrek izpodbijane sodbe očitno temelji na napačni uporabi prava pri razlagi pojma „izvenzakonska skupnost“. Zato je treba ta pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen. Stroški V skladu s členom 148, prvi odstavek, Poslovnika, Sodišče prve stopnje – če je pritožba utemeljena in če samo odloči v sporu – odloči tudi o stroških. V skladu s členom 87(2), prvi pododstavek, Poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 144 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Komisija s svojimi predlogi ni uspela, zato v skladu s predlogi A. P. Roodhuijzna nosi lastne stroške in stroške, ki jih je ta priglasil v tem postopku. Iz teh razlogov je SODIŠČE PRVE STOPNJE (pritožbeni senat) razsodilo: 1. Pritožba se zavrne. 2. Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in stroške, ki jih je v tem postopku priglasil Anton Pieter Roodhuijzen. Jaeger Tiili Azizi Meij Vilaras Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 5. oktobra 2009. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: francoščina.

61994TJ0138

fi

Tuomion perustelut Kanteen perustana olevat tosiseikat A Alustavat huomautukset 1 Käsiteltävänä olevassa kanteessa vaaditaan kumottavaksi eurooppalaisten teräspalkintuottajien välisiä sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja koskeva, EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta 16 päivänä helmikuuta 1994 tehty komission päätös 94/215/EHTY (EYVL L 116, s. 1; jäljempänä riidanalainen päätös), jossa komissio on todennut 17 eurooppalaisen terästeollisuusyrityksen ja niiden yhden toimialajärjestön osallistuneen EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan 1 kohdan vastaisesti eräisiin sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin hintojen vahvistamiseksi, markkinoiden jakamiseksi ja teräspalkkien markkinoita yhteisön alueella koskevien luottamuksellisten tietojen vaihtamiseksi ja jolla komissio on määrännyt 14:lle tämän alan yritykselle sakkoja 1.7.1988-31.12.1990 tehdyistä kilpailusääntöjen rikkomisista. 2 Riidanalaisen päätöksen mukaan (13 perustelukappale) Cockerill-Sambre SA (jäljempänä Cockerill-Sambre) on Belgian tärkein teräksentuottaja. Riidanalaisessa päätöksessä tarkoitettuna aikana SA Steelinter (jäljempänä Steelinter) oli Cockerill-Sambren tärkein jälleenmyyjä ja sen koko osakepääoma oli Cockerill-Sambren hallussa välittömästi tai välillisesti. Steelinter sulautui Cockerill-Sambreen 30.12.1989 (kannekirjelmän 6 kohta). Vuonna 1990 Cockerill-Sambre-konsernin liikevaihto oli 203 miljardia Belgian frangia (BEF). Vuonna 1989 eli viimeisenä vuonna, jona Cockerill-Sambre tuotti teräspalkkeja, niiden osuus sen liikevaihdosta yhteisön alueella oli 5,74 miljardia BEF eli 132 miljoonaa ecua. [- -] D Riidanalainen päätös 3 Riidanalainen päätös, joka saapui kantajalle Van Miertin 28.2.1994 päivätyn saatekirjeen (jäljempänä päätöksen saatekirje) mukana, sisältää seuraavan päätösosan: "1 artikla Seuraavat yritykset ovat tässä päätöksessä selostetuin tavoin osallistuneet kukin oman nimensä yhteydessä mainittuihin kilpailuvastaisiin menettelytapoihin, jotka ovat estäneet, rajoittaneet ja vääristäneet tavanomaista kilpailutilannetta yhteismarkkinoilla. Sakkojen määräämisen yhteydessä kilpailusääntöjen rikkomisen kestoaika on ilmaistu kuukausina, paitsi hintalisien yhtenäistämisen osalta, johon rikkomiseen osallistuminen on osoitettu X-merkillä. [- -] Cockerill-Sambre a) Luottamuksellisten tietojen vaihto teräspalkkikomitean välityksellä (18) b) Hintojen vahvistaminen teräspalkkikomiteassa (18) c) Tanskan markkinahintojen vahvistaminen (12) d) Markkinoiden jakaminen, Traverso-järjestelmä (3) e) Markkinoiden jakaminen, Ranska (3) f) Markkinoiden jakaminen, Italia (3) g) Lisähintojen yhtenäistäminen (x) h) Ranskan markkinahintojen vahvistaminen i) Italian markkinahintojen vahvistaminen [- -] 4 artikla Edellä 1 artiklassa selostetuista 30.6.1988 jälkeen tehdyistä (Aristrainin ja Ensidesan osalta 31.12.1989(2) jälkeen tehdyistä) kilpailusääntöjen rikkomisista määrätään seuraavat sakot: [- -] Cockerill-Sambre SA 4 000 000 ecua [- -] 6 artikla Tämä päätös on osoitettu seuraaville: [- -] - Cockerill-Sambre SA [- -]" Toissijainen vaatimus riidanalaisen päätöksen 4 artiklan kumoamisesta tai ainakin sakon määrän alentamisesta [- -] Kilpailusääntöjen rikkomisten vakavuuden arviointi [- -] 4 Kantajan esittämästä perustelusta, jonka mukaan se on kilpaillut markkinoilla tai käyttäytynyt jopa aggressiivisesti, on syytä huomauttaa, että se seikka, että yritys, jonka on näytetty osallistuneen kilpailijoidensa kanssa hintoja koskeneeseen yhteistoimintaan, ei ole markkinoilla toiminut siten kuin kilpailijoiden kanssa on sovittu, ei välttämättä ole sellainen seikka, joka olisi sakkojen suuruutta määrättäessä otettava huomioon lieventävänä asianhaarana (ks. em. asia Petrofina v. komissio, tuomion 173 kohta ja asia T-308/94, Cascades v. komissio, tuomio 14.5.1998, Kok. 1998, s. II-925, 230 kohta). Yritys, joka kilpailijoidensa kanssa harjoittamastaan yhteistoiminnasta huolimatta noudattaa jokseenkin itsenäistä politiikkaa markkinoilla, voi yksinkertaisesti yrittää käyttää kartellia hyväkseen. Kantajan esittämien seikkojen perusteella ei tässä tapauksessa voida katsoa, että sen todellinen markkinakäyttäytyminen olisi ollut omiaan kumoamaan todettujen kilpailusääntöjen rikkomisten kilpailunvastaisia vaikutuksia. [- -] Kantajan väitetty yhteistyö komission kanssa hallinnollisen menettelyn aikana 5 Väitteestä, jonka mukaan kantaja on komission suorittaman tutkinnan aikana osoittanut "täydellistä ja erityistä yhteistyöhalua", on ensimmäiseksi huomautettava, että sekä kantaja että Steelinter ovat 7.11.1991 päivätyssä vastauksessaan niille perustamissopimuksen 47 artiklan mukaisesti osoitettuun tietojensaantipyyntöön väittäneet, ettei niillä ole hallussaan ainoatakaan komission pyynnössä tarkoitettua teräspalkkikomitean ja Eurofer/Scandinavie-ryhmän kokousten osanottajaluetteloa eikä ainoatakaan muistiota, pöytäkirjaa tai raporttia eräistä kysymyksessä olevista kokouksista, vaikka oikeudenkäyntiaineisto vahvistaa, että ne saivat sellaisia asiakirjoja säännöllisesti. 6 On syytä huomauttaa myös, ettei kantaja ole myöntänyt oikeaksi ainoatakaan itseään vastaan esitettyä väitettä, lukuun ottamatta sen osallistumista eräisiin kysymyksessä olevista kokouksista. 7 Komissio on aiheellisesti katsonut, että kantaja ei ole tällä tavalla vastatessaan toiminut siten, että sakon alentaminen olisi ollut perusteltua hallinnollisessa menettelyssä harjoitetun yhteistyön vuoksi. Alennuksen myöntäminen tästä syystä on perusteltua vain, jos komissio on yrityksen käyttäytymisen vuoksi voinut todeta kilpailusääntöjen rikkomisen helpommin ja mahdollisesti saada sen loppumaan (ks. em. asia Cascades v. komissio, tuomion 255 kohta ja sitä seuraavat kohdat). [- -] Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen täyden harkintavaltansa nojalla tekemä ratkaisu 8 On syytä muistuttaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo kumonnut riidanalaisen päätöksen 1 artiklan siltä osin kuin siinä on todettu kantajan osallistuneen Italian markkinoiden jakamisesta tehtyyn sopimukseen (ks. edellä 364 kohta). Komission tästä kilpailusääntöjen rikkomisesta määräämä sakko on arvioitu 59 400 ecuksi. 9 Edellä 402 ja 411 kohdassa(3) esitetyistä syistä on lisäksi poistettava Tanskan markkinoiden hintojen vahvistamista koskevasta kilpailusääntöjen rikkomisesta määrätyn sakon laskemisperusteista 1.7.1988 ja 31.12.1988 välinen aika, minkä vuoksi sakkoa on kantajan osalta alennettava komission käyttämän laskentatavan mukaisesti 13 200 eculla. 10 Edellä 561 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa(4) esitetyistä syistä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo lopuksi, että hintojen vahvistamista koskevista sopimuksista ja yhdenmukaistetuista menettelytavoista määrätyn sakon kokonaismäärää on alennettava 15 prosentilla, koska komissio on jossain määrin yliarvioinut todettujen kilpailusääntöjen rikkomisten kilpailunvastaisia vaikutuksia. Ottaen huomioon jo mainitut vähennykset Tanskan markkinoita koskevien hintasopimusten osalta tämän vähennyksen määrä on komission käyttämän laskentatavan mukaan 338 600 ecua. 11 Komission laskentatapaa noudattaen kantajalle määrättyä sakkoa olisi siten alennettava 411 200 eculla. 12 Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvistaa sakon määrän täyttä harkintavaltaansa käyttäen, kyseessä ei ole täsmällinen aritmeettinen laskutoimitus. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei myöskään ole sidottu komission laskutoimituksiin, vaan sen on suoritettava oma arviointinsa ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat. 13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että komission sakkojen tason vahvistamisessa noudattamat yleiset lähtökohdat (edellä 522 kohta ja sitä seuraavat kohdat)(5) ovat asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella asianmukaiset. Perustamissopimuksen 65 artiklan 1 kohdassa nimenomaisesti kiellettyä hintojen vahvistamista ja markkinoiden jakamista on nimittäin pidettävä erityisen vakavina kilpailusääntöjen rikkomisina, koska ne vaikuttavat suoraan kyseisillä markkinoilla vallitsevan kilpailun olennaisiin parametreihin. Myös luottamuksellisten tietojen vaihtojärjestelmillä, joihin kantajan on katsottu osallistuneen, on ollut markkinoiden jakamiseen vakiintuneen kaupankäynnin mukaisesti rinnastettava tarkoitus. Kaikki nämä sakkoa vahvistettaessa huomioon otetut rikkomiset on tehty kriisimääräysten voimassaolon päätyttyä ja yritysten saatua aikaisemmin asianmukaiset varoitukset. Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, kysymyksessä olevien sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen yleinen tarkoitus on ollut estää tai vääristää nimenomaan paluuta tavanomaiseen kilpailuun, joka oli olennaista kriisimääräysten voimassaolon päättymiselle. Yritykset ovat lisäksi olleet tietoisia menettelynsä laittomuudesta ja tietoisesti salanneet sen komissiolta. 14 Ottaen huomioon kaikki edellä esitetyt seikat ja sen, että tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä 17 päivänä kesäkuuta 1997 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1103/97 (EYVL L 162, s. 1) on tullut voimaan 1.1.1999, sakon määrä on vahvistettava 3 580 000 euroksi. Päätökset oikeudenkäyntikuluista [- -] Päätöksen päätösosa Näillä perusteilla YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (laajennettu toinen jaosto) on antanut seuraavan tuomiolauselman: 1) Eurooppalaisten teräspalkintuottajien välisiä sopimuksia ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja koskevan, EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta 16 päivänä helmikuuta 1994 tehdyn komission päätöksen 94/215/EHTY 1 artikla kumotaan siltä osin kuin siinä on katsottu kantajan osallistuneen toisaalta kolmen kuukauden ajan Italian markkinoiden jakamisesta tehtyyn sopimukseen, toisaalta Tanskan markkinahintojen vahvistamiseen 1.7.1988 ja 3.11.1988 väliseksi ajaksi. 2) Päätöksen 94/215/EHTY 4 artiklassa kantajalle määrätyn sakon määrä vahvistetaan 3 580 000 euroksi. 3) Kanne hylätään muilta osin. 4) Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan neljä viidesosaa vastaajan oikeudenkäyntikuluista. Vastaaja vastaa yhdestä viidesosasta omia oikeudenkäyntikulujaan. (1) - Tämän tuomion perusteluista on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pitää aiheellisena. Sitä seikkaa lukuun ottamatta, että kilpailusääntöjen rikkomiset, joihin kantajan on tässä asiassa katsottu osallistuneen, ovat päättyneet 31.12.1989, muut kohdat ovat suureksi osaksi täysin tai lähes täysin samanlaisia kuin asiassa T-141/94, Thyssen v. komissio, 11.3.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. II-347) kohdat, paitsi muun muassa mainitun tuomion 74-120, 413-422, 566-574 ja 614-625 kohta, joita vastaavia kohtia tähän tuomioon ei sisälly. Myöskään eräillä kansallisilla markkinoilla tehdyt perustamissopimuksen 65 artiklan 1 kohdan rikkomiset, joihin kantajan on katsottu osallistuneen, eivät ole samoja, joihin asian Thyssen v. komissio kantajan on katsottu osallistuneen. Nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisen päätöksen 1 artiklan osittainen kumoaminen perustuu pääasiallisesti siihen, ettei kantajan ole todistettu osallistuneen tämän tuomion tuomiolauselman 1 kohdassa tarkoitettuihin kilpailusääntöjen rikkomisiin. (2) - Riidanalaisen päätöksen ranskan- ja espanjankielisissä versioissa on tämä päivämäärä. Saksan- ja englanninkielisissä versioissa on päivämäärä 31.12.1988. (3) - Ks. asia Thyssen v. komissio, tuomion 451 kohta. (4) - Ks. asia Thyssen v. komissio, tuomion 640 kohta ja sitä seuraavat kohdat. (5) - Ks. asia Thyssen v. komissio, tuomion 577 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

62006CJ0072

hu

Tagállami kötelezettségszegés – A menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27‑i 2003/9/EK tanácsi irányelvnek (HL L 31., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 101. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli meghozatalának elmulasztása. Rendelkező rész A Bíróság megállapítja, hogy a Görög Köztársaság – mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27‑i 2003/9/EK tanácsi irányelvnek – nem teljesítette a szóban forgó irányelv 26. cikkéből eredő kötelezettségeit. A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

62019CJ0242

sv

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 17.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ( EUT L 347, 2006, s. 1 ), i dess lydelse enligt rådets direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008 ( EUT L 44, 2008, s. 11 ) (nedan kallat mervärdesskattedirektivet), samt av artiklarna 2.1 och 3 i rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat ( EUT L 44, 2008, s. 23 ). Begäran har framställts i ett mål mellan CHEP Equipment Pooling NV (nedan kallat CHEP), ett bolag etablerat i Belgien, och, dels, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul soluționare contestații (Nationella skattemyndigheten – generaldirektoratet för offentliga finanser i Bukarest – omprövningsenheten, Rumänien), dels, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți (Nationella skattemyndigheten – generaldirektoratet för offentliga finanser i Bukarest – skattemyndigheten för skattebetalare utan hemvist, Rumänien) (nedan tillsammans kallade de rumänska skattemyndigheterna), angående dessa myndigheters vägran att bevilja detta bolag återbetalning av mervärdesskatt som betalats i Rumänien. Tillämpliga bestämmelser Unionsrätt Mervärdesskattedirektivet I artikel 17 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs följande: ”1.   Med leverans av varor mot ersättning skall likställas en beskattningsbar persons överföring av varor från sin rörelse till en annan medlemsstat. Med överföring av varor till en annan medlemsstat avses varje försändelse eller transport av materiell lös egendom som utförs av en beskattningsbar person eller för hans räkning inom ramen för den beskattningsbara personens rörelse, till en bestämmelseort utanför den medlemsstats territorium där tillgångarna befinner sig men inom [Europeiska unionen]. 2.   En försändelse eller transport av en vara som avser någon av följande transaktioner skall inte anses som överföring till en annan medlemsstat: … g) Tillfälligt bruk av varan inom den medlemsstats territorium där försändelsen eller transporten avslutas, för tillhandahållande av tjänster som görs av den beskattningsbara person som är etablerad i den medlemsstat varifrån försändelsen eller transporten av varan avgick. … 3.   När något av villkoren för att punkt 2 skall vara tillämplig inte längre uppfylls, skall varan anses ha överförts till en annan medlemsstat. Överföringen skall i detta fall anses äga rum vid den tidpunkt då villkoret inte längre uppfylls.” Artikel 21 i detta direktiv har följande lydelse: ”En beskattningsbar persons användning, inom ramen för sin rörelse, av varor som av honom eller för hans räkning försänts eller transporterats från en annan medlemsstat inom vilken varorna producerats, utvunnits, bearbetats, inköpts eller förvärvats i den mening som avses i artikel 2.1 b, eller importerats av den beskattningsbara personen inom ramen för hans rörelse till denna andra medlemsstat, skall likställas med ett gemenskapsinternt förvärv av varor mot ersättning.” Artikel 44 i direktivet har följande lydelse: ”Platsen för tillhandahållande av tjänster till en beskattningsbar person, som agerar i denna egenskap, ska vara den plats där denna person har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet. Om dessa tjänster tillhandahålls den beskattningsbara personens fasta etableringsställe som är beläget på en annan plats än där han har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet ska dock platsen för tillhandahållande av dessa tjänster vara den plats där det fasta etableringsstället är beläget. I avsaknad av ett sådant säte eller ett sådant fast etableringsställe, ska platsen för tillhandahållande av tjänster vara den plats där den beskattningsbara person som tillhandahålls sådana tjänster är bosatt eller stadigvarande vistas.” I artikel 170 i direktivet anges följande: ”De beskattningsbara personer som i enlighet med … artikel 2.1 och artikel 3 i direktiv [2008/9] och artikel 171 i detta direktiv inte är etablerade i den medlemsstat där de köper varor eller tjänster eller importerar varor som belastats med mervärdesskatt har rätt till återbetalning av den erlagda mervärdesskatten i den mån varorna och tjänsterna används för a) de transaktioner som avses i artikel 169, b) transaktioner för vilka mervärdesskatten endast skall betalas av förvärvaren i enlighet med artiklarna 194–197 och 199.” Av artikel 171.1 i mervärdesskattedirektivet framgår följande: ”Återbetalning av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den medlemsstat där de köper varor och tjänster som belastats med mervärdesskatt eller importerar varor som är belagda med mervärdesskatt, men som är etablerade i en annan medlemsstat, ska ske i enlighet med genomförandereglerna i direktiv [2008/9].” I artikel 171a i mervärdesskattedirektivet föreskrivs följande: ”Medlemsstaterna får i stället för att bevilja återbetalning av mervärdesskatt enligt [direktiv 2008/9] avseende leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster till en beskattningsbar person, för vilka denna person är skyldig att betala skatt enligt artiklarna 194–197 eller artikel 199, medge avdrag för denna skatt enligt förfarandet i artikel 168. … I detta syfte får medlemsstaterna helt undanta den beskattningsbara person som är skyldig att betala denna skatt från återbetalningsförfarandet enligt [direktiv 2008/9].” I artikel 196 i mervärdesskattedirektivet föreskrivs följande: ”Mervärdesskatt ska betalas av beskattningsbara personer eller icke beskattningsbara juridiska personer registrerade till mervärdesskatt som köper sådana tjänster som avses i artikel 44, om tjänsterna tillhandahålls av en beskattningsbar person som inte är etablerad i medlemsstaten.” Av artikel 214.1 a och b i direktivet framgår följande: ”Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att med hjälp av ett individuellt registreringsnummer identifiera följande personer: a) Varje beskattningsbar person, med undantag av dem som avses i artikel 9.2, som inom medlemsstaternas respektive territorium utför sådana andra leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som medför rätt till avdrag, än leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster för vilka mervärdesskatt skall betalas uteslutande av köparen eller mottagaren i enlighet med artiklarna 194–197 och artikel 199. b) Varje beskattningsbar person eller icke beskattningsbar juridisk person som gör gemenskapsinterna förvärv av varor vilka är föremål för mervärdesskatt i enlighet med artikel 2.1 b, eller som har utnyttjat möjligheten i artikel 3.3 att välja att låta sina gemenskapsinterna förvärv bli föremål för mervärdesskatt.” Direktiv 2008/9 I artikel 1 i direktiv 2008/9 anges att i detta direktiv ”fastställs närmare regler för återbetalning av mervärdesskatt enligt artikel 170 i [mervärdesskattedirektivet] till beskattningsbara personer som uppfyller villkoren i artikel 3 utan att vara etablerade i den återbetalande medlemsstaten.” Artikel 2.1 och 2.2 i direktiv 2008/9 innehåller följande definitioner i detta direktiv: 1) beskattningsbar person som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten : en beskattningsbar person i den mening som avses i artikel 9.1 i [mervärdesskattedirektivet] som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten men som är etablerad inom en annan medlemsstats territorium. 2) återbetalande medlemsstat : den medlemsstat i vilken mervärdesskatten har debiterats den beskattningsbara personen som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten för varor som har levererats eller tjänster som har tillhandahållits till honom av en annan beskattningsbar person i denna medlemsstat eller för import av varor till denna medlemsstat.” Av artikel 3 i direktiv 2008/9 framgår följande: ”Detta direktiv ska tillämpas på varje beskattningsbar person som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten som uppfyller följande villkor: a) Under återbetalningsperioden har personen, inom den återbetalande medlemsstatens territorium, varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe från vilket affärstransaktioner genomförts, eller i avsaknad av ett sådant säte eller fast etableringsställe, inte heller varit bosatt eller stadigvarande vistats där. b) Under återbetalningsperioden har personen inte levererat några varor eller tillhandahållit några tjänster som anses ha levererats eller tillhandahållits i den återbetalande medlemsstaten, med undantag för följande transaktioner: i) Tillhandahållande av transporttjänster och stödtjänster till dessa, vilka är undantagna från skatteplikt i enlighet med artiklarna 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 eller 160 i [mervärdesskattedirektivet]. ii) Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster till en person som är skyldig att betala mervärdesskatt i enlighet med artiklarna 194–197 och artikel 199 i [mervärdesskattedirektivet].” Artikel 5 i direktiv 2008/9 har följande lydelse: ”Varje medlemsstat ska till en beskattningsbar person som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten återbetala mervärdesskatt som debiterats för varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits till honom av andra beskattningsbara personer i denna medlemsstat eller för import av varor till denna medlemsstat, i den mån varorna och tjänsterna används för följande transaktioner: a) Transaktioner som avses i artikel 169 a och b i [mervärdesskattedirektivet]. b) Transaktioner till en person som i enlighet med artiklarna 194–197 och 199 i [mervärdesskattedirektivet], så som dessa tillämpas i den återbetalande medlemsstaten, är skyldig att betala mervärdesskatt. Utan att det påverkar artikel 6 ska vid tillämpningen av detta direktiv rätten till en återbetalning av ingående skatt fastställas i enlighet med [mervärdesskattedirektivet], så som detta tillämpas i den återbetalande medlemsstaten.” Rumänsk rätt I artikel 128 i Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (lag nr 571/2003 om skatter), i den lydelse som är tillämplig på omständigheterna i det nationella målet (nedan kallad skattelagen), föreskrivs följande: ”1.   Med leverans av varor avses överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar. … 9.   Med gemenskapsintern leverans av varor avses leverans av varor i enlighet med punkt 1 som försänds eller transporteras från en medlemsstat till en annan medlemsstat av leverantören eller mottagaren eller för leverantörens eller mottagarens räkning. 10.   Med gemenskapsintern leverans mot ersättning ska likställas en beskattningsbar persons överföring av varor från sin rörelse i Rumänien till en annan medlemsstat, med undantag för de fall då det inte skett någon överföring enligt punkt 12. 11.   Med överföring i enlighet med punkt 10 avses varje försändelse eller transport av materiell lös egendom som utförs av en beskattningsbar person eller för denna persons räkning från Rumänien till en annan medlemsstat inom ramen för den beskattningsbara personens rörelse. 12.   I detta avsnitt ska en försändelse eller transport av en vara som utförs av en beskattningsbar person eller för denna persons räkning från Rumänien till en annan medlemsstat inte anses som en överföring, när den avser någon av följande transaktioner: … g) Tillfälligt bruk av varan inom den medlemsstats territorium där försändelsen eller transporten avslutas, för tillhandahållande av tjänster i destinationsmedlemsstaten som görs av den beskattningsbara person som är etablerad i Rumänien. … 13.   När något av villkoren i punkt 12 inte längre är uppfyllt, ska försändelsen eller transporten av varorna i fråga betraktas som en transport från Rumänien till en annan medlemsstat. Överföringen ska i detta fall anses äga rum vid den tidpunkt då villkoret inte längre uppfylls.” Artikel 130 bis 2 a i skattelagen har följande lydelse: ”Följande ska likställas med ett gemenskapsinternt förvärv mot ersättning: a) När en beskattningsbar person för sin rörelse i Rumänien använder en vara som har transporterats eller försänts av samma beskattningsbara person eller av en annan person för den förstnämnda personens räkning från den medlemsstat där varan har producerats, utvunnits, inköpts, förvärvats eller importerats av samma person inom ramen för den egna rörelsen, när transporten eller försändelsen av denna vara, om den sker från Rumänien till en annan medlemsstat, anses som en överföring av varor till en annan medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i artikel 128.10 och 128.11; …” I artikel 147 ter 1 a i skattelagen föreskrivs följande: ”I enlighet med de villkor som fastställs i förordning: a) En beskattningsbar person som inte är etablerad i Rumänien men är etablerad i en annan medlemsstat, som inte har registrerat sig och inte är skyldig att registrera sig till mervärdesskatt i Rumänien, kan ansöka om återbetalning av betald mervärdesskatt avseende import och förvärv av varor eller tjänster i Rumänien, …” I punkt 49.1 i Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (tillämpningsföreskrifter för skattelagen) föreskrivs följande: ”Enligt artikel 147 ter 1 a i skattelagen kan alla beskattningsbara personer som inte är etablerade i Rumänien, men som är etablerade i en annan medlemsstat, ansöka om återbetalning av betald mervärdesskatt avseende import och förvärv av varor eller tjänster i Rumänien. Rumänien ska återbetala mervärdesskatten om den beskattningsbara personen uppfyller följande villkor: a) Under återbetalningsperioden har den beskattningsbara personen, i Rumänien, varken haft sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe från vilket affärstransaktioner genomförts, eller, i avsaknad av ett sådant säte eller fast etableringsställe, inte heller varit bosatt eller stadigvarande vistats där. b) Under återbetalningsperioden har den beskattningsbara personen varken varit registrerad till mervärdesskatt eller varit skyldig att registrera sig till mervärdesskatt i Rumänien i enlighet med artikel 153 i skattelagen. c) Under återbetalningsperioden har den beskattningsbara personen inte levererat några varor eller tillhandahållit några tjänster som anses ha levererats eller tillhandahållits i Rumänien, med undantag för följande transaktioner: 1. Tillhandahållande av transporttjänster och transaktioner som har samband med dessa som är undantagna från skatteplikt i enlighet med artikel 143.1 c–m, artikel 144.1 c och artikel 144 bis i skattelagen. 2. Leverans av varor och tillhandahållande av tjänster till en person som är skyldig att betala mervärdesskatt i enlighet med artikel 150.2–6 i skattelagen.” Artikel 153.5 a i skattelagen har följande lydelse: ”En beskattningsbar person som varken är etablerad eller registrerad till mervärdesskatt i Rumänien ska ansöka om registrering till mervärdesskatt innan denne utför följande transaktioner: a) ett gemenskapsinternt förvärv av varor för vilket mervärdesskatt ska betalas i enlighet med artikel 151, …” Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna CHEP är ett bolag etablerat i Belgien som bedriver verksamhet i form av uthyrning av lastpallar i Europa. För detta ändamål köper CHEP lastpallar i olika medlemsstater som det sedan hyr ut till andra bolag inom CHEP-koncernen som är etablerade i varje medlemsstat, vilka i sin tur hyr ut dessa till kunder i respektive medlemsstat. Mellan den 1 oktober och den 31 december 2014 förvärvade CHEP lastpallar från en rumänsk leverantör. Det försäljningspris som den sistnämnde fakturerade inkluderade mervärdesskatt. De aktuella lastpallarna transporterades från leverantörens lokaler i Rumänien till en annan bestämmelseort som även den var belägen i Rumänien. CHEP hyrde därefter ut dessa lastpallar till CHEP Pooling Services Romania SRL (nedan kallat CHEP Rumänien), ett bolag etablerat i Rumänien, samt de lastpallar som CHEP hade förvärvat i andra medlemsstater i unionen och som CHEP hade transporterat för att hyra ut i Rumänien. CHEP Rumänien hyrde i sin tur ut dessa olika lastpallar till rumänska kunder som kunde försända dem till Rumänien, andra medlemsstater eller tredjeländer. De lastpallar som användes för transporten av de varor som deklarerats för export återsändes därefter till Rumänien, till CHEP Rumänien, som deklarerade dessa för import och vidarefakturerade deras värde samt därtill hörande mervärdesskatt till CHEP. I juni 2015 ansökte CHEP hos de rumänska skattemyndigheterna om återbetalning av den mervärdesskatt som fakturerats av den rumänska leverantören av lastpallar samt av den mervärdesskatt som CHEP Rumänien hade vidarefakturerat. Genom beslut av den 14 april 2016 avslog skattemyndigheten i Bukarest för skattebetalare utan hemvist denna ansökan om återbetalning. Efter det att CHEP begärt omprövning fastställde omprövningsenheten i Bukarest genom beslut av den 11 oktober 2016 avslagsbeslutet. Båda besluten grundades på att CHEP var skyldigt att registrera sig till mervärdesskatt i Rumänien enligt artikel 153.5 i skattelagen. De rumänska skattemyndigheterna konstaterade nämligen att CHEP inte endast hyrde ut de lastpallar som förvärvats i Rumänien till CHEP Rumänien, utan även de lastpallar som bolaget hade förvärvat i andra medlemsstater och transporterat till Rumänien för att hyra ut. De lastpallar som förvärvats i andra medlemsstater har således varit föremål för en överföring som ska likställas med ett gemenskapsinternt förvärv i Rumänien, varför CHEP borde ha registrerat sig till mervärdesskatt i Rumänien. Den 3 april 2017 väckte CHEP talan vid Tribunalul Bucuretetti (Förstainstansdomstolen i Bukarest, Rumänien) om ogiltigförklaring av besluten av den 14 april och den 11 oktober 2016 samt om återbetalning av den mervärdesskatt som var föremål för CHEP:s ansökan om återbetalning. Vid nämnda domstol gjorde CHEP, för det första, gällande att bolaget i enlighet med direktiv 2008/9, i egenskap av bolag etablerat i Belgien, har rätt till återbetalning av mervärdesskatt oberoende av en eventuell skyldighet att registrera sig till mervärdesskatt i Rumänien, för det andra, att bolaget inte var skyldigt att registrera sig till mervärdesskatt i Rumänien eftersom överföringen av lastpallar inte kunde likställas med gemenskapsinterna förvärv och, för det tredje, att bolaget uppfyllde de lagstadgade villkoren för återbetalning av mervärdesskatt. CHEP har vidare anfört att direktiv 2008/9 har införlivats i rumänsk rätt på ett felaktigt sätt, eftersom det där uppställs ett villkor för återbetalning av mervärdesskatt som inte föreskrivs i direktivet, nämligen att det inte ska finnas någon registrering till mervärdesskatt i Rumänien. Skattemyndigheterna har däremot hävdat att i avsaknad av bevis för att de aktuella lastpallarna, som förvärvats i andra medlemsstater än Rumänien, har återsänts till den medlemsstat från vilken de har försänts eller transporterats till Rumänien, kan CHEP inte med framgång göra gällande att försändelsen av de lastpallar som förvärvats i andra medlemsstater till Rumänien inte ska anses utgöra en överföring i enlighet med artikel 128.12 g och h i skattelagen. Mot bakgrund av dessa argument anser den hänskjutande domstolen att det är nödvändigt att få klarhet avseende de fall där det inte skett någon överföring i den mening som avses i artikel 17.2 i mervärdesskattedirektivet och avseende skyldigheten att registrera ett bolag utan hemvist i landet till mervärdesskatt, när bolaget, utan att i Rumänien förfoga över de tekniska och mänskliga resurser som krävs för att genomföra beskattningsbara transaktioner, endast tillhandahåller tjänster vars plats för tillhandahållande i mervärdesskattehänseende är belägen i Rumänien. Den hänskjutande domstolen vill även få klarhet i huruvida rätten till återbetalning av mervärdesskatt får villkoras av att den beskattningsbara personen varken är registrerad till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten eller är skyldig att registrera sig till mervärdesskatt. I sistnämnda avseende har den hänskjutande domstolen påpekat att bestämmelserna i rumänsk rätt förefaller strida mot direktiv 2008/9, enligt vilket rätten till återbetalning inte är underställd ett sådant villkor. Mot denna bakgrund beslutade Tribunalul București (Förstainstansdomstolen i Bukarest, Rumänien) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen. ”1) Innebär en transport av lastpallar från en medlemsstat till en annan medlemsstat i syfte att de ska hyras ut i den sistnämnda medlemsstaten till en beskattningsbar person som är etablerad och registrerad till mervärdesskatt i Rumänien att det inte har skett någon överföring i enlighet med artikel 17.2 i mervärdesskattedirektivet? 2) Oberoende av svaret på den första frågan: Ska med beskattningsbar person enligt artikel 2.1 i direktiv [2008/9] avses en beskattningsbar person i den mening som avses i artikel 9.1 i mervärdesskattedirektivet som är etablerad inom en annan medlemsstats territorium än den återbetalande medlemsstatens territorium, även om denna person är registrerad till mervärdesskatt eller är skyldig att vara registrerad till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten? 3) Utgör villkoret att inte vara registrerad till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten mot bakgrund av bestämmelserna i direktiv [2008/9] ett ytterligare villkor utöver de som föreskrivs i artikel 3 i direktiv [2008/9] för att en beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat än den återbetalande medlemsstaten ska ha rätt till återbetalning i ett fall som det aktuella? 4) Ska artikel 3 i direktiv [2008/9] tolkas så, att den utgör hinder för en nationell myndighetspraxis enligt vilken återbetalning av mervärdesskatt nekas på grund av att ett villkor som enbart föreskrivs i den nationella lagstiftningen inte är uppfyllt?” Prövning av tolkningsfrågorna Den första frågan Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 17.2 g i mervärdesskattedirektivet ska tolkas så, att en beskattningsbar persons överföring av varor från en medlemsstat till den återbetalande medlemsstaten, i syfte att denne ska tillhandahålla tjänster i form av uthyrning av dessa varor i sistnämnda medlemsstat, inte ska likställas med en gemenskapsintern leverans. Inledningsvis erinrar EU-domstolen i detta avseende om att vid tolkningen av en unionsbestämmelse ska enligt fast rättspraxis inte bara lydelsen beaktas, utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som bestämmelsen ingår i (dom av den 19 april 2018, Firma Hans Bühler, C‑580/16 , EU:C:2018:261 , punkt och där angiven rättspraxis). I artikel 17.1 i mervärdesskattedirektivet likställs vissa överföringar av varor, det vill säga överföringar av varor till en annan medlemsstat, med gemenskapsinterna leveranser. I artikel 17.2 i direktivet anges ett antal fall som inte omfattas av begreppet överföring till en annan medlemsstat enligt artikel 17.1 i direktivet. Eftersom undantagen är uttömmande uppräknade i artikel 17.2 i mervärdesskattedirektivet ska dessa tolkas restriktivt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2014, Dresser-Rand, C‑606/12 och C‑607/12 , EU:C:2014:125 , punkt ). Vidare ska denna bestämmelse tolkas med beaktande av syftet med de övergångsbestämmelser om mervärdesskatt som är tillämpliga på handel inom gemenskapen och som införts genom mervärdesskattedirektivet, vilket är att flytta över skatteintäkten till den medlemsstat där de levererade varorna slutkonsumeras (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2014, Dresser-Rand, C‑606/12 och C‑607/12 , EU:C:2014:125 , punkt ). Det är mot bakgrund av dessa påpekanden som EU-domstolen ska tolka artikel 17.2 g i mervärdesskattedirektivet, vilken särskilt är föremål för den hänskjutande domstolens frågor. Av denna bestämmelse framgår att en försändelse eller transport av en vara som avser tillfälligt bruk av varan inom den medlemsstats territorium där försändelsen eller transporten avslutas, för tillhandahållande av tjänster som utförs av den beskattningsbara person som är etablerad i den medlemsstat från vilken försändelsen eller transporten av varorna avgick, inte ska anses som överföring till en annan medlemsstat. Det framgår av själva ordalydelsen i denna bestämmelse att det uttryckligen förutsätts att flera kumulativa villkor är uppfyllda för att den ska vara tillämplig, nämligen dels att bruket i destinationsmedlemsstaten av de varor som den berörda beskattningsbara personen har försänt eller transporterat för att tillhandahålla tjänster ska vara tillfälligt, dels att varan ska ha försänts eller transporterats från den medlemsstat där den beskattningsbara personen är etablerad. För det första framgår det således av nämnda bestämmelse att det, i enlighet med syftet med de övergångsbestämmelser om mervärdesskatt som är tillämpliga på handel inom gemenskapen, endast är överföring av en vara till en annan medlemsstat som utförs utan syfte att slutkonsumera varan, men i syfte att tillfälligt bruka varan i denna medlemsstat, som inte ska likställas med en gemenskapsintern leverans om övriga villkor är uppfyllda (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2014, Dresser-Rand, C‑606/12 och C‑607/12 , EU:C:2014:125 , punkt ). Det skulle däremot strida mot såväl ordalydelsen i artikel 17.2 g i mervärdesskattedirektivet som mot kravet på en restriktiv tolkning och syftet med de övergångsbestämmelser om mervärdesskatt som är tillämpliga på handel inom gemenskapen att utsträcka tillämpningen av denna bestämmelse till situationer där bruket sker på obestämd tid eller under en längre tid eller där bruket leder till att varan i fråga förstörs. För det andra framgår det av själva ordalydelsen i artikel 17.2 g i mervärdesskattedirektivet, enligt vilken den aktuella varan ska ha försänts eller transporterats från den medlemsstat där den berörda beskattningsbara personen är etablerad, att denna bestämmelse inte är tillämplig på situationer där den beskattningsbara personen har försänt eller transporterat varorna i fråga från andra medlemsstater än den där den beskattningsbara personen är etablerad. I förevarande fall framgår det av handlingarna i målet vid domstolen att CHEP, som är etablerat i Belgien, har försänt eller transporterat lastpallar till Rumänien och brukat av dessa i samband med tjänster som bolaget har tillhandahållit CHEP Rumänien. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att, för det första, på grundval av en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det nationella målet, avgöra huruvida bruket av dessa lastpallar i samband med CHEP:s tillhandahållande av tjänster är av tillfällig karaktär. Den hänskjutande domstolen kan därvid bland annat beakta villkoren i hyresavtalen som ingåtts mellan CHEP och CHEP Rumänien och de aktuella varornas egenskaper. Eftersom det framgår av handlingarna i målet att CHEP har förvärvat lastpallar i olika medlemsstater i unionen, ankommer det, för det andra, på den hänskjutande domstolen att försäkra sig om att de aktuella lastpallarna har försänts eller transporterats till Rumänien från Belgien, som är den medlemsstat där CHEP är etablerat. Om den hänskjutande domstolen anser att dessa två villkor är uppfyllda i det nationella målet, ska den slå fast att de aktuella överföringarna av lastpallar, i enlighet med artikel 17.2 g i mervärdesskattedirektivet, inte ska likställas med gemenskapsinterna leveranser. Om något av dessa villkor däremot inte är uppfyllt för samtliga eller en del av de aktuella överföringarna av lastpallar, ska dessa, enligt artikel 17.1 i mervärdesskattedirektivet och under förutsättning att de inte omfattas av något av de övriga undantagsfall som anges i punkt 2 i denna bestämmelse, likställas med gemenskapsinterna leveranser. Mot bakgrund av det ovan anförda ska den första frågan besvaras enligt följande: Artikel 17.2 g i mervärdesskattedirektivet ska tolkas så, att en beskattningsbar persons överföring av varor från en medlemsstat till den återbetalande medlemsstaten, i syfte att denne ska tillhandahålla tjänster i form av uthyrning av dessa varor i sistnämnda medlemsstat, inte ska likställas med en gemenskapsintern leverans, när bruket av varorna för ett sådant tillhandahållande är tillfälligt och varorna har försänts eller transporterats från den medlemsstat där nämnda beskattningsbara person är etablerad. Den andra, den tredje och den fjärde frågan Den hänskjutande domstolen har ställt den andra, den tredje och den fjärde frågan, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida bestämmelserna i direktiv 2008/9 ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstat att neka en beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat rätt till återbetalning av mervärdesskatt av det enda skälet att den beskattningsbara personen är eller borde ha varit registrerad till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten. Direktiv 2008/9 syftar enligt dess artikel 1 till att fastställa närmare regler för återbetalning av mervärdesskatt enligt artikel 170 i mervärdesskattedirektivet till beskattningsbara personer som uppfyller villkoren i artikel 3 i direktiv 2008/9 utan att vara etablerade i den återbetalande medlemsstaten. Direktiv 2008/9 syftar emellertid inte till att fastställa villkoren för att utöva rätten till återbetalning eller omfattningen av denna rätt. I artikel 5 andra stycket i detta direktiv föreskrivs nämligen att utan att det påverkar artikel 6 ska vid tillämpningen av detta direktiv rätten till en återbetalning av ingående skatt fastställas i enlighet med mervärdesskattedirektivet, så som detta tillämpas i den återbetalande medlemsstaten (dom den 21 mars 2018, Volkswagen, C‑533/16 , EU:C:2018:204 , punkt ). Rätten för en beskattningsbar person, som är etablerad i en medlemsstat, att enligt direktiv 2008/9 få den mervärdesskatt som denne erlagt i en annan medlemsstat återbetald motsvaras av den beskattningsbara personens rätt enligt mervärdesskattedirektivet att dra av ingående mervärdesskatt i sin egen medlemsstat (dom av den 21 mars 2018, Volkswagen, C‑533/16 , EU:C:2018:204 , punkt ; se, bland annat, för ett liknande resonemang, dom av den 28 juni 2007, Planzer Luxembourg, C‑73/06 , EU:C:2007:397 , punkt ). Domstolen har vidare konstaterat att precis som rätten till avdrag, är rätten till återbetalning en grundläggande princip i det gemensamma system för mervärdesskatt som har inrättats genom unionens lagstiftning och som syftar till att näringsidkaren inte till någon del ska belastas med den mervärdesskatt vederbörande ska betala eller har betalat inom ramen för sin ekonomiska verksamhet. Det gemensamma systemet för mervärdesskatt garanterar följaktligen en fullständig neutralitet beträffande skattebördan för all ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat, under förutsättning att verksamheten, i princip, är mervärdesskattepliktig i sig (dom av den 2 maj 2019, Sea Chefs Cruise Services, C‑133/18 , EU:C:2019:354 , punkt ). Sättet att återfå mervärdesskatten på, antingen genom avdrag eller genom återbetalning, beror på var den beskattningsbara personen är etablerad (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 juli 2009, kommissionen/Italien, C‑244/08 , ej publicerad, EU:C:2009:478 , punkterna och ). I artikel 170 i mervärdesskattedirektivet ges således, under de villkor som där fastställs, ”[d]e beskattningsbars personer som i enlighet med … artikel 2.1 och artikel 3 i direktiv [2008/9], inte är etablerade i den medlemsstat där de köper varor eller tjänster eller importerar varor som belastats med mervärdesskatt”, rätt till återbetalning av mervärdesskatt. Enligt artikel 3 i direktiv 2008/9 har en beskattningsbar person som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten, i den mening som avses i artikel 2.1 i samma direktiv, rätt till återbetalning av den mervärdesskatt som betalats om två villkor är uppfyllda. För det första får den beskattningsbara personen, enligt artikel 3 a i nämnda direktiv, under återbetalningsperioden varken ha haft sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe, och inte heller ha varit bosatt eller stadigvarande vistats, i den återbetalande medlemsstaten. För det andra får den beskattningsbara personen, enligt artikel 3 b i samma direktiv, under återbetalningsperioden inte ha levererat några varor eller tillhandahållit några tjänster som anses ha levererats eller tillhandahållits i den medlemsstaten, med undantag för vissa transaktioner som anges i leden i och ii i denna bestämmelse. Dessa villkor är kumulativa (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, E.ON Global Commodities, C‑323/12 , EU:C:2014:53 , punkt , och dom av den 21 september 2017, SMS group, C‑441/16 , EU:C:2017:712 , punkt ). Däremot innebär varken artikel 170 i mervärdesskattedirektivet, artikel 3 i direktiv 2008/9 eller någon annan bestämmelse i dessa direktiv att rätten för en beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat att erhålla återbetalning av mervärdesskatt är förenad med ett formellt villkor om att det inte finns en registrering till mervärdesskatt eller en skyldighet att vara registrerad till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten. Av detta följer att en medlemsstat inte med stöd av nationell rätt kan neka en beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat rätt till återbetalning av mervärdesskatt av det enda skälet att den beskattningsbara personen är eller borde vara registrerad till mervärdesskatt i den förstnämnda medlemsstaten, när den beskattningsbara personen uppfyller de kumulativa villkoren i artikel 3 i direktiv 2008/9. Denna tolkning stöds av syftet med direktiv 2008/9, vilket är att göra det möjligt för den beskattningsbara personen som är etablerad i en annan medlemsstat att få ingående mervärdesskatt återbetald, när personen inte kan dra av ingående mervärdesskatt mot utgående mervärdesskatt på grund av att det inte faktiskt har utförts några beskattningsbara transaktioner i den återbetalande medlemsstaten (dom av den 25 oktober 2012, Daimler och Widex, C‑318/11 och C‑319/11 , EU:C:2012:666 , punkt ). Det är nämligen fel att i den nationella rättsordningen anse att den omständigheten att en beskattningsbar person är registrerad till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten visar att denna beskattningsbara person därmed faktiskt har genomfört sådana transaktioner i denna medlemsstat (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2014, E.ON Global Commodities, C‑323/12 , EU:C:2014:53 , punkt ). Detta gäller i än högre grad eftersom den registrering till mervärdesskatt som föreskrivs i artikel 214 i mervärdesskattedirektivet endast utgör ett formellt krav som fyller en kontrollfunktion. Det framgår av domstolens fasta praxis att formella krav inte kan påverka bland annat avdragsrätten i den mån som de materiella villkoren som gäller härför är uppfyllda (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 oktober 2010, Nidera Handelscompagnie, C‑385/09 , EU:C:2010:627 , punkt , och dom av den 14 mars 2013, Ablessio, C‑527/11 , EU:C:2013:168 , punkt ). Av detta följer även, mot bakgrund av punkt 52 i förevarande dom, att en beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat inte kan hindras från att, i den mån de materiella villkoren för rätt till återbetalning är uppfyllda, utöva denna rätt med motiveringen att denne är eller borde vara registrerad till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten. I motsats till den rumänska regeringens ståndpunkt kan en medlemsstat följaktligen inte utesluta en beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat från rätten till återbetalning av mervärdesskatt av det enda skälet att den beskattningsbara personen är eller borde vara registrerad till mervärdesskatt i den förstnämnda medlemsstaten. För övrigt ska det även tilläggas att det endast är genom artikel 171a i mervärdesskattedirektivet som medlemsstater tillåts att, för de specifika transaktioner som där anges, bevilja en beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat rätt till avdrag, varvid denne utesluts från förfarandet för återbetalning enligt direktiv 2008/9. Utöver den omständigheten att den rumänska regeringen inte på något sätt har använt sig av möjligheten att införliva denna valmöjlighet i den rumänska rättsordningen, kan denna bestämmelse emellertid inte under några omständigheter innebära att det ska göras en åtskillnad mellan huruvida det finns en registrering till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten eller inte. I förevarande fall framgår det, för det första, av handlingarna i målet att CHEP, i egenskap av beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat, inte uppfyller något av kriterierna för anknytning till det rumänska territoriet som anges i artikel 3 a i direktiv 2008/9. När det handlar om villkoret som anges i artikel 3 b i detta direktiv, framgår det, för det andra, av handlingarna i målet att även om CHEP, genom att hyra ut lastpallarna i fråga till CHEP Rumänien, tillhandahöll tjänster där platsen för tillhandahållandet anses vara belägen i Rumänien enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet, är det CHEP Rumänien som, enligt artikel 196 i mervärdesskattedirektivet, är betalningsskyldig för mervärdesskatt genom tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet. Under dessa omständigheter, och med förbehåll för den hänskjutande domstolens prövning, framgår det att ett sådant bolag som CHEP uppfyller de kumulativa villkoren i artikel 3 i direktiv 2008/9 och följaktligen har rätt till återbetalning av mervärdesskatt. Mot bakgrund av det ovan anförda ska den andra, den tredje och den fjärde frågan besvaras enligt följande: Bestämmelserna i direktiv 2008/9 ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstat att neka en beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat rätt till återbetalning av mervärdesskatt av det enda skälet att den beskattningsbara personen är eller borde ha varit registrerad till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (nionde avdelningen) följande: 1) Artikel 17.2 g i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008, ska tolkas så, att en beskattningsbar persons överföring av varor från en medlemsstat till den återbetalande medlemsstaten, i syfte att denne ska tillhandahålla tjänster i form av uthyrning av dessa varor i sistnämnda medlemsstat, inte ska likställas med en gemenskapsintern leverans, när bruket av varorna för ett sådant tillhandahållande är tillfälligt och varorna har försänts eller transporterats från den medlemsstat där nämnda beskattningsbara person är etablerad. 2) Bestämmelserna i rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat ska tolkas så, att de utgör hinder för en medlemsstat att neka en beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat rätt till återbetalning av mervärdesskatt av det enda skälet att den beskattningsbara personen är eller borde ha varit registrerad till mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: rumänska.

62017CJ0029

hr

Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 3. točke 1. kao i članaka 5. i 6. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu ( SL 2001., L 311, str. 67 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 56., str. 27.), kako je izmijenjena Direktivom 2012/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. ( SL 2012., L 299, str. 1 .; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 60., str. 204.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2001/83), članaka 3., 25. i 26. kao i Priloga Uredbi (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove ( SL 2004., L 136, str. 1 .; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 31., str. 18.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1027/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. ( SL 2012., L 316, str. 38 .; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 24., str. 271.) (u daljnjem tekstu: Uredba br. 726/2004), kao i članka 1. stavka 3. Direktive 89/105/EEZ Vijeća od 21. prosinca 1988. o transparentnosti mjera kojima se uređuje određivanje cijena lijekova za humanu uporabu i njihovo uključivanje u nacionalne sustave zdravstvenog osiguranja ( SL 1989., L 40, str. 8 .; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 7., str. 3.). Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Novartis Farma SpA, s jedne strane, i Agenzia Italiana del Farmaco (Talijanska agencija za lijekove; u daljnjem tekstu: AIFA), Roche Italia SpA i Consiglio Superiore di Sanità (Vrhovno vijeće za zdravstvo, Italija; u daljnjem tekstu: CSS), s druge strane, u vezi s uvrštavanjem jednog lijeka koji se koristi izvan odobrenja za stavljanje u promet (u daljnjem tekstu: OSP), za liječenje očnih bolesti, na popis lijekova čije troškove pokriva Servizio Sanitario Nazionale (Nacionalni zdravstveni sustav, Italija; u daljnjem tekstu: SSN). Pravni okvir Pravo Unije Direktiva 2001/83 U uvodnim izjavama 2. i 35. Direktive 2001/83 određuje se: „(2) Osnovni cilj svih pravila koja uređuju proizvodnju, promet i primjenu lijekova mora biti zaštita zdravlja ljudi. […] (35) Nužno je provoditi nadzor cjelokupnog lanca prometa lijekova, od proizvodnje ili uvoza u Zajednicu pa do izdavanja lijekova stanovništvu, na način kojim se jamči da se lijekovi čuvaju, prevoze i da se njima rukuje u odgovarajućim uvjetima. […]” Članak 2. stavak 1. Direktive 2001/83 propisuje: „Ova Direktiva primjenjuje se na lijekove za humanu uporabu namijenjene za stavljanje u promet u državama članicama i koji su proizvedeni industrijski ili postupkom proizvodnje koji uključuje industrijski proces.” U skladu s člankom 3. točkama 1. i 2. te direktive: „Ova se Direktiva ne primjenjuje na: 1. Lijek izrađen u ljekarni prema liječničkom receptu za određenog pacijenta (magistralni pripravak). 2. Lijek izrađen u ljekarni prema farmakopejskoj recepturi namijenjen neposrednom izdavanju pacijentima određene ljekarne (galenski pripravak).” Članak 4. stavak 3. navedene direktive određuje: „Odredbe ove Direktive ne utječu na ovlasti tijela država članica u određivanju cijena lijekova ili njihovom uključenju u programe zdravstvenog osiguranja, na temelju zdravstvenih, gospodarskih i socijalnih uvjeta.” Članak 5. stavak 1. Direktive 2001/83 propisuje: „Država članica može u skladu s važećim propisima, a da bi udovoljila posebnim potrebama, isključiti iz primjene odredbe ove Direktive za lijekove pripravljene u dobroj vjeri izdane na temelju [nepoticane] narudžbe, narudžbe prema specificiranim podacima ovlaštenog zdravstvenog radnika, na njegovu vlastitu odgovornost i za primjenu za određenog pacijenata.” Sukladno članku 6. stavku 1. te direktive: „Nijedan lijek ne može se staviti na tržište države članice ako nema izdano [OSP] od strane nadležnog tijela te države članice u skladu s ovom Direktivom ili odobrenje izdano u skladu s Uredbom (EZ) br. 726/2004, tumačenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1901/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o medicinskim proizvodima za korištenje u pedijatriji [( SL 2006., L 378, str. 1 .; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 64., str. 111.)] i Uredbom (EZ) br. 1394/2007 [Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o lijekovima za naprednu terapiju i o izmjeni Direktive 2001/83/EZ i Uredbe (EZ) br. 726/2004 ( SL 2007., L 324, str. 121 .; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 64., str. 140.)]. Kad lijek dobije prv[i OSP] u skladu s prvom točkom [prvim podstavkom], sve dodatne jačine, farmaceutski oblici, putovi primjene, vrste i veličine pakiranja lijeka, kao i sve izmjene i proširenja odobrenja, također moraju biti odobren[i] u skladu s prvom točkom [prvim podstavkom] ili moraju biti uključen[i] u prvi [OSP]. Svi ti [OSP] smatraju se dijelom istog globalnog odobrenja […]” Članak 23. stavak 2. navedene direktive određuje: „Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet će odmah dostaviti nacionalnom nadležnom tijelu bilo koje nove informacije koje bi mogle dovesti do izmjena podataka ili dokumentacije iz članka 8. stavka 3., članaka 10., 10.a, 10.b, i 11., ili članka 32. stavka 5., ili Priloga I. Posebno, nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet će odmah obavijestiti nacionalno nadležno tijelo o svim mjerama zabrane i ograničenja koje su uvela nadležna tijela u bilo kojoj državi u kojoj je lijek stavljen u promet i o svim drugim novim informacijama koje mogu utjecati na ocjenu odnosa rizika i koristi dotičnog lijeka. Te informacije uključuju i pozitivne i negativne rezultate kliničkih ispitivanja ili drugih studija za sve indikacije i grupe pacijenata, bez obzira na to jesu li uključene u [OSP], kao i podatke o uporabi lijeka kad je takva uporaba izvan okvira uvjeta [OSP‑a].” Članak 40. stavci 1. i 2. Direktive 2001/83 glasi kako slijedi: „1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da proizvodnja lijekova na njihovom državnom području podliježe posjedovanju dozvole. Takva proizvodna dozvola se propisuje i za lijekove namijenjene izvozu. 2.   Dozvola navedena u stavku 1. propisuje se i za cjeloviti postupak i za pojedine dijelove proizvodnje lijeka, te različite postupke dijeljenja, pakiranja ili prezentacije. Međutim, takva se dozvola ne propisuje za pripremu, dijeljenje, promjene pakiranja ili prezentaciju ako takve postupke provode, isključivo za promet na malo, ljekarnici u ljekarnama ili osobe koje su ovlaštene u državama članicama provoditi takve postupke.” Člankom 101. stavkom 1. te direktive propisano je: „Države članice će voditi farmakovigilancijski sustav za obavljanje svojih farmakovigilancijskih dužnosti i sudjelovanje u farmakovigilancijskim aktivnostima Unije. Farmakovigilancijski sustav će se koristiti za sakupljanje informacija o rizicima lijekova u pogledu pacijenta ili javnog zdravlja. Te informacije se posebno odnose na nuspojave kod ljudi koje proizlaze iz uporabe lijeka u okviru [OSP‑a] kao i iz uporabe izvan okvira uvjeta [OSP‑a], te na nuspojave povezane s profesionalnom izloženošću.” Direktiva 89/105 Člankom 1. stavkom 3. Direktive 89/105 predviđeno je: „Ova Direktiva ne sadrži odredbe kojima se dozvoljava promet patentiranim lijekovima za koje nije izdano odobrenje predviđeno u članku [6.] Direktive [2001/83].” Uredba br. 726/2004; Članak 1. stavak 2. Uredbe br. 726/2004 glasi: „Odredbe ove Uredbe ne utječu na ovlasti nadležnih tijela država članica u pogledu određivanja cijena lijekova ili njihovo uključivanje u okvir nacionalnog zdravstvenog sustava ili programa socijalnog osiguranja na temelju zdravstvenih, gospodarskih i socijalnih uvjeta. Države članice su posebno slobodne odabrati, među pojedinostima iz odobrenja za stavljanje lijeka u promet, one terapijske indikacije i veličine pakiranja koje će pokrivati njihova tijela socijalnog osiguranja.” Članak 3. stavak 1. te uredbe propisuje: „Lijekovi iz Priloga se ne smiju stavljati u promet u Zajednici osim ako je Zajednica izdala odobrenje za stavljanje u promet u skladu s odredbama ove Uredbe.” Članak 4. navedene uredbe određuje da se zahtjevi za izdavanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet podnose Europskoj agenciji za lijekove (u daljnjem tekstu: EMA). Uvjeti za podnošenje i ispitivanje tih zahtjeva predmet su članaka 5. do 15. te uredbe. Članci 25., 25.a i 26. Uredbe br. 726/2004 glase: „Članak 25. Agencija u suradnji s državama članicama razvija standardizirane obrasce dostupne na internetskim stranicama pomoću kojih zdravstveni djelatnici i pacijenti izvješćuju o sumnjama na nuspojave sukladno odredbama iz članka 107.a Direktive 2001/83/EZ. Članak 25.a Agencija u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima i Komisijom osniva i održava registar periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti (dalje u tekstu „registar”) i odgovarajućih izvješća o procjeni tako da su u potpunosti i stalno dostupni Komisiji, nacionalnim nadležnim tijelima, Odboru za procjenu rizika u području farmakovigilancije, Odboru za lijekove za primjenu kod ljudi i skupini za koordinaciju iz članka 27. Direktive 2001/83/EZ (dalje u tekstu „skupina za koordinaciju”). Agencija, u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima i Komisijom, nakon savjetovanja s Odborom za procjenu rizika u području farmakovigilancije utvrđuje funkcionalne specifikacije registra. Upravni odbor Agencije, na temelju neovisnog revizorskog izvješća i uzimajući u obzir preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije, potvrđuje i objavljuje kada registar postigne potpunu funkcionalnost te ispuni funkcionalne specifikacije utvrđene sukladno drugom podstavku. Sve bitne izmjene registra i funkcionalnih specifikacija uvijek uzimaju u obzir preporuke Odbora za procjenu rizika u području farmakovigilancije. Članak 26. 1.   Agencija, u suradnji s državama članicama i Komisijom, izrađuje Europski internetski portal za lijekove za distribuciju informacija o lijekovima odobrenima u Uniji. Pomoću navedenog internetskog portala Agencija objavljuje najmanje sljedeće: (a) imena članova Odbora iz točke (a) i (aa) članka 56. stavka 1. ove Uredbe i članova skupine za koordinaciju te njihove profesionalne kvalifikacije i izjave iz članka 63. stavka 2. ove Uredbe; (b) dnevni red i zapisnik svakog sastanka Odbora iz točaka (a) i (aa) članka 56. stavka 1. ove Uredbe i skupine za koordinaciju u vezi s aktivnostima farmakovigilancije; (c) sažetak planova upravljanja rizikom za lijekove odobrene sukladno ovoj Uredbi; (d) popis lijekova iz članka 23. ove Uredbe; (e) popis mjesta u Uniji gdje se čuva glavna dokumentacija sustava farmakovigilancije te kontaktne informacije za upite o farmakovigilanciji za sve lijekove odobrene u Uniji; (f) informacije o načinu izvješćivanja nacionalnim nadležnim tijelima o sumnjama na nuspojave lijekova […]; (g) referentne datume Unije za dostavljanje periodičkih ažuriranih izvješća o neškodljivosti sukladno članku 107.c Direktive 2001/83/EZ; (h) protokole i javne sažetke rezultata ispitivanja neškodljivosti nakon odobrenja […]; (i) početak postupka iz članaka od 107.i do 107.k Direktive 2001/83/EZ […]; (j) zaključke procjena, preporuka, mišljenja, odobrenja i odluka Odbora iz točaka (a) i (aa) članka 56. stavka 1. ove Uredbe […]. 2.   Prije pokretanja ovog internetskog portala te tijekom kasnijih revizija, Agencija se savjetuje s relevantnim dionicima, uključujući pacijente i udruženja potrošača, zdravstvene radnike i predstavnike industrije.” Talijansko pravo Iz podataka koje je dostavio sud koji je uputio zahtjev proizlazi da članak 1. decreto‑legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante „Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996”, convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648 (Zakonodavna uredba br. 536 od 21. listopada 1996., o nadzoru nad farmaceutskim troškovima i redefiniranju maksimalne razine troškova za 1996. godinu, koja je pretvorena u zakon Zakonom br. 648 od 23. prosinca 1996.) (GURI br. 11 od 15. siječnja 1997.), kako je izmijenjena decreto‑legge del 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge del 16 maggio 2014, n. 79 (Zakonodavna uredba br. 36. od 20. ožujka 2014., pretvorena u zakon Zakonom br. 79 od 16. svibnja 2014.) (GURI br. 115, od 20. svibnja 2014.) (u daljnjem tekstu: Zakonodavna uredba br. 536/96), određuje: „4.   Kada ne postoji valjana zamjenska terapija, [SSN] može od 1. siječnja 1997. propisivati i u cijelosti pokrivati troškove za napredne lijekove čije je stavljanje u promet odobreno u drugim državama članicama, ali ne na nacionalnom državnom području, lijekove koji još nisu odobreni, ali su podvrgnuti kliničkim ispitivanjima i lijekove namijenjene uporabi za terapijsku indikaciju različitu od odobrene indikacije, a koji se nalaze na listi koju Commissione unica del farmaco [(Jedinstveni odbor za lijekove)] sastavlja i periodički ažurira u skladu s postupcima i kriterijima koje je taj odbor donio. Trošak koji proizlazi iz ovog članka, a koji se procjenjuje na 30 milijardi lira godišnje, preuzima SSN u okviru najvišeg ograničenja troškova predviđenih za farmaceutsku pomoć. (4.a)   Ako u okviru lijekova odobrenih nakon procjene od strane [AIFA‑e] postoji zamjenska terapija, lijekovi koji se mogu koristiti za terapijsku indikaciju različitu od one koja je odobrena, uvrštavaju se na listu iz stavka 4. […] i njihove troškove pokriva [SSN], pod uvjetom da je ta indikacija poznata i u skladu s istraživanjima provedenim u okviru nacionalne i međunarodne medicinsko‑znanstvene zajednice te prema parametrima ekonomičnosti i primjerenosti. U tom slučaju AIFA uspostavlja prikladne nadzorne instrumente kako bi zajamčila sigurnost pacijenata i pravovremeno donijela nužne odluke.” Glavni postupak i prethodna pitanja Lucentis i Avastin su biotehnološki lijekovi koji podliježu centraliziranom postupku izdavanja OSP‑a predviđenom Uredbom br. 726/2004. OSP za Avastin, koji je dodijeljen tijekom 2005., odnosi se isključivo na onkološke indikacije. Nositelj tog OSP‑a je društvo iz farmaceutske grupe Roche. OSP za Lucentis izdan je tijekom 2007. On se odnosi na liječenje očnih bolesti, a osobito senilne makularne degeneracije. Nositelj tog OSP‑a je društvo iz farmaceutske grupe Novartis, kojoj pripada i društvo Novartis Farma. Iz objašnjenja suda koji je uputio zahtjev proizlazi da se ti lijekovi razlikuju sa strukturnog gledišta, farmakološkog gledišta, kao i svojim pakiranjem i jediničnom cijenom. Ti lijekovi – iako se zasnivaju na istoj tehnologiji – sadržavaju drugačije djelatne tvari, koje se zovu „ranibizumab” kod Lucentisa i „bevacizumab” kod Avastina. Potonji se stavlja na tržište u bočicama od 4 mililitra (ml). Lucentis se prodaje kao otopina za ubrizgavanje (2,3 miligrama (mg) za 0,23 ml otopine), za korištenje ubrizgavanjem izravnim ubodom u oko (u daljnjem tekstu: intravitrealna uporaba), za jednokratnu uporabu u dozi od 0,5 mg mjesečno. Avastin se često propisuje za liječenje oftalmoloških bolesti koje nisu one koje su navedene u njegovu OSP‑u. Kako bi se mogao koristiti na taj način, Avastin se mora izvući iz svoje izvorne bočice i razdijeliti u jednokratne šprice sadržine 0,1 ml za intravitrealnu injekciju. Tako prepakirani Avastin za oftalmološku uporabu košta SSN 82 eura po dozi, dok Lucentis košta 902 eura. Odlukom br. 24823 od 27. veljače 2014., Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja i tržišnih pravila. Italija), sankcioniralo je društva Roche i Novartis za povredu pravila o tržišnom natjecanju. U okviru tužbe protiv te odluke, Consiglio di Stato (Državno vijeće, Italija) uputilo je Sudu prethodna pitanja, na koja je Sud odgovorio u svojoj presudi od 23. siječnja 2018., F. Hoffmann‑La Roche i dr. ( C‑179/16 , EU:C:2018:25 ). Dana 15. travnja 2014. CSS je donio mišljenje o korištenju Avastina u oftalmologiji, u kojem se spominje, među ostalim, da je pripravak tog lijeka za intravitrealnu uporabu „sterilni galensko magistralni pripravak”. U skladu s tim mišljenjem CSS‑a, AIFA je svojom Odlukom br. 622 od 24. lipnja 2014. (u daljnjem tekstu: Odluka br. 622/2014), uvrstila korištenje Avastina za liječenje senilne makularne degeneracije na popis lijekova čiji se troškovi pokrivaju u skladu s člankom 1. stavkom 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96. Članak 2. Odluke br. 622/2014 glasi kako slijedi: „1.   Lijek bevacizumab‑Avastin izdaje se pod sljedećim uvjetima koji su namijenjeni zaštiti pacijenta prilikom uporabe tog lijeka za indikaciju koja se ne nalazi u registraciji: (a) kako bi se zajamčila sterilnost, pakiranje lijeka bevacizumab u jednokratne doze radi intravitrealne uporabe trebaju obavljati isključivo bolničke ljekarne koje ispunjavaju potrebne zahtjeve u skladu s pravilima kojima se jamči pravilna priprema; (b) bevacizumab za intravitrealnu uporabu mogu primjenjivati isključivo visoko specijalizirane oftalmološke službe unutar javnih bolnica određenih po regijama; (c) lijek se može primijeniti samo nakon što je pacijent potpisao izjavu o pristanku po prethodnom saznanju za znanstvene razloge koji su popraćeni prikladnim informacijama u vezi s postojanjem odobrenih zamjenskih terapija, no čiji trošak za SSN jest veći; (d) uspostavlja se registar nadzora kojemu se prilaže obrazac izjave o nuspojavama.” U skladu s člankom 3. Odluke br. 622/2014: „Korisničke službe propisuju lijek na teret SSN‑a za svakog pacijenta tako da ispune obrazac o elektronskom receptu, u skladu s uputama koje se nalaze na internetskoj stranici https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/, koje su sastavni dio ove odluke.” Članak 4. Odluke br. 622/2014 koji se odnosi na „Ponovnu procjenu uvjeta” glasi kako slijedi: „AIFA pridržava pravo dati drugu ocjenu i donijeti prikladniju odluku kako bi se zajamčila sigurnost pacijenata u skladu s člankom 1. stavkom 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96, nakon analize podataka prikupljenih nadzorom ili na temelju bilo kojeg drugog raspoloživog znanstvenog dokaza.” Odluka AIFA‑e br. 79 od 30. siječnja 2015. povezana je s Odlukom br. 622/2014, te se ograničava na izmjenu određenih naznaka u pogledu osoba zaduženih za davanje Avastina za oftalmološku uporabu. Novartis Farma je Tribunaleu amministrativo regionale per il Lazio (Regionalni upravni sud za Lacij, Italija) podnijela tužbu protiv mišljenja CSS‑a od 15. travnja 2014., kao i protiv Odluka AIFA‑e br. 622/2014. i br. 79 od 30. siječnja 2015. Nakon odluke o odbijanju te tužbe, Novartis Farma podnijela je žalbu pri Consiglio di Stato (Državnom vijeću). U okviru tog postupka, ona tvrdi da prihvaćanje od strane SSN‑a pokrivanja troškova oftalmološke uporabe Avastina predviđeno u članku 1. stavku 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96 nije spojivo s farmaceutskim propisima Unije. Tako Novartis Farma ističe da se člankom 1. stavkom 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96 uvodi mogućnost korištenja lijeka izvan uvjeta predviđenih njegovim OSP‑om, čak i kada postoji zamjenska terapija, i to zbog isključivo financijskih razloga, pri čemu masovnom korištenju jeftinijeg lijeka nije prethodila analiza neučinkovitosti dostupnih lijekova. Ta odredba povređuje imperativni karakter OSP‑a koji proizlazi iz članka 6. stavka 1. Direktive 2001/83, te nije spojiva s Direktivom 89/105. Novartis Farma navodi i da članak 1. stavak 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96, time što AIFA‑i dodjeljuje nadležnost da „uspostavlja prikladne nadzorne instrumente kako bi zajamčila sigurnost pacijenata i pravovremeno donijela nužne odluke”, ,može to nacionalno tijelo navesti na miješanje u područja aktivnosti koja su Uredbom br. 726/2004 pridržana EMA‑i. Novartis Farma tvrdi da prepakiravanje Avastina nije u skladu s uvjetima koji se zahtijevaju farmaceutskim propisima Unije kako bi se moglo koristiti izuzeće dodijeljeno lijekovima izrađenim u ljekarni člankom 3. točkom 1. Direktive 2001/83. AIFA tvrdi da Direktiva 2001/83 nije namijenjena uređivanju situacije kao što je ona iz glavnog postupka. Naime, članak 1. stavak 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96 ne odnosi se na OSP nekog lijeka, već na uvjete pokrivanja troškova za isti. Situacija o kojoj je u glavnom postupku riječ ne potpada pod Direktivu 2001/83, u skladu s njezinim člankom 5. Prema mišljenju AIFA‑e, Direktiva 2001/83 nije primjenjiva na pripravak Avastina za korištenje u liječenju očnih bolesti, u skladu s člankom 2. stavkom 1. i člankom 3. točkom 1. Direktive 2001/83. Osim toga, Sud je u presudi od 11. travnja 2013., Novartis Pharma ( C‑535/11 , EU:C:2013:226 ), već presudio da prepakiravanje Avastina radi njegove intravitrealne uporabe ne zahtijeva ishođenje proizvodne dozvole iz članka 40. stavka 2. Direktive 2001/83. Usto, AIFA ističe da se člankom 1. stavkom 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96 ne ugrožavaju ovlasti dodijeljene EMA‑i Uredbom br. 726/2004. Sud koji je uputio zahtjev navodi sumnje koje pobuđuje presuda od 16. srpnja 2015., Abcur ( C‑544/13 i C‑545/13 , EU:C:2015:481 ) oko tumačenja članka 3. točke 1. Direktive 2001/83. U tim je okolnostima Consiglio di Stato (Državno vijeće) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja: „1. Protivi li se odredbama Direktive [2001/83], i to konkretno člancima 5. i 6. u vezi s uvodnom izjavom 2. [te] direktive, primjena nacionalnog zakona kojim se kroz uključivanje na listu lijekova čije troškove pokriva [SSN], radi postizanja cilja ograničavanja troškova potiče korištenje lijeka izvan terapijske indikacije odobrene za sve pacijente, neovisno o bilo kakvom uzimanju u obzir terapijskih zahtjeva pojedinog pacijenta i neovisno o postojanju i dostupnosti na tržištu lijekova odobrenih za specifičnu terapijsku indikaciju? 2. Može li se članak 3. točka 1. Direktive [2001/83] primjenjivati u slučaju kad se priprema farmaceutskog proizvoda, unatoč tomu što se vrši u ljekarni na temelju liječničkog recepta namijenjenog određenom pacijentu, obavlja serijski, na jednak način i repetitivno, ne uzimajući u obzir specifične zahtjeve pojedinog pacijenta, pri čemu se proizvod izdaje bolničkoj ustanovi a ne pacijentu (s obzirom na to da je lijek klasificiran u razred H‑OSP (lijekovi koji se koriste isključivo u bolničkom okruženju)) te se koristi u ustanovi različitoj od one u kojoj je izvršena priprema? 3. Protivi li se odredbama Uredbe (EZ) [br. 726/2004], i to konkretno člancima 3., 25. i 26. te Prilogu, koji [EMA‑i] povjeravaju isključivu nadležnost za ocjenjivanje profila kakvoće, neškodljivosti i djelotvornosti lijekova čija je terapijska indikacija liječenje onkoloških oboljenja, bilo u okviru postupka izdavanja [OSP‑a] (Obvezni centralizirani postupak) ili u cilju nadziranja koordinirane farmakovigilancije nakon stavljanja lijeka na tržište, primjena nacionalnog zakona koji rezervira za nacionalno regulatorno tijelo (AIFA) nadležnost za provođenje utvrđivanja u pogledu profila neškodljivosti lijekova, vezano uz njihovu uporabu izvan OSP‑a, a to odobrenje ulazi u isključivu nadležnost [Komisije] koja uzima u obzir znanstveno‑tehničku evaluaciju EMA‑e? 4. Protivi li se odredbama Direktive [89/105], i to konkretno članku 1. stavku 3., primjena nacionalnog propisa koji državi članici daje pravo da u okviru vlastitih odluka glede mogućnosti pokrivanja zdravstvenih troškova osiguranika, predvidi mogućnost pokrivanja troškova lijeka koji se koristi izvan terapijskih indikacija navedenih u [OSP‑u] koji izdaje [Komisija] ili specijalizirana europska agencija po provođenju centraliziranog postupka evaluacije, a da pritom nisu ispunjeni uvjeti iz članaka 3. i 5. Direktive [2001/83]?” Dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku Talijanska vlada navodi da prethodna pitanja ne potpadaju pod područje primjene prava Unije te da nisu nužna za rješavanje glavnog postupka. S obzirom na to da korištenje lijeka izvan OSP‑a nije uređeno pravom Unije, pitanja upućena Sudu očito su nedopuštena. Irska smatra da su upućena pitanja nedopuštena zbog njihova hipotetskog karaktera. Objašnjenja suda koji je uputio zahtjev u vezi činjenica iz predmeta i relevantnosti upućenih pitanja za rješavanje glavnog postupka, nisu zadovoljavajuća. Regione Emilia‑Romagna (regija Emilia Romagna, Italija) kao i Società Oftalmologica Italiana (SOI) – Associazione Medici Oculisti Italiani (AMOI), navode da je prvo prethodno pitanje nedopušteno, jer nije relevantno za rješavanje glavnog postupka. Regija Emilia Romagna iz istog razloga smatra da je i drugo prethodno pitanje nedopušteno. U tom smislu valja podsjetiti da je, u okviru suradnje između Suda i nacionalnih sudova koja je uspostavljena člankom 267. UFEU‑a, isključivo na nacionalnom sudu pred kojim se vodi postupak i koji mora preuzeti odgovornost za sudsku odluku koja će biti donesena da, uvažavajući posebnosti predmeta, ocijeni nužnost prethodne odluke za donošenje svoje presude i relevantnost pitanja koja postavlja Sudu. Posljedično, ako se postavljena pitanja odnose na tumačenje prava Unije, Sud u načelu mora donijeti odluku (presuda od 6. rujna 2016., Petruhhin, C‑182/15 , EU:C:2016:630 , t. 19. i navedena sudska praksa). Iz toga slijedi da pitanja o tumačenju prava Unije koja uputi nacionalni sud unutar pravnog i činjeničnog okvira koji utvrđuje pod vlastitom odgovornošću i čiju točnost Sud nije dužan provjeravati uživaju presumpciju relevantnosti. Sud može odbiti odlučiti o pitanju koje je uputio nacionalni sud samo kad je očito da traženo tumačenje prava Unije nema nikakav odnos sa stvarnošću ili predmetom glavnog postupka, kada je problem hipotetske naravi ili kad Sud ne raspolaže činjeničnim i pravnim elementima koji su potrebni kako bi na koristan način odgovorio na pitanja koja su mu postavljena (presuda od 26. srpnja 2017., Persidera, C‑112/16 , EU:C:2017:597 , t. 24. i navedena sudska praksa). Međutim, pitanja upućena u ovom predmetu – koja se odnose na tumačenje Direktive 89/105, kao i Direktive 2001/83 i Uredbe br. 726/2004 –nalaze se u okviru postupka koji se odnosi na sukladnost nacionalnih mjera kojima se dopušta korištenje Avastina za indikacije koje nisu obuhvaćene njegovim OSP‑om s odredbama prava Unije. Ona se zbog toga nalaze u izravnom odnosu s predmetom glavnog postupka i nisu hipotetska. Iz prethodno navedenog proizlazi da su prethodna pitanja dopuštena. O prethodnim pitanjima Uvodna očitovanja Svojim pitanjima sud koji je uputio zahtjev u osnovi želi utvrditi ugrožavaju li nacionalne mjere o kojima je riječ u glavnom postupku, kojima se utvrđuju uvjeti pod kojima nacionalni sustav zdravstvenog osiguranja – zbog ekonomskih razloga – osigurava pokrivanje troškova Avastina prepakiranog radi administriranja pacijentima za liječenje oftalmoloških indikacija koje nisu obuhvaćene njegovim OSP‑om, korisni učinak Direktive 89/105 i Direktive 2001/83, kao i nadležnosti koje su dodijeljene Uniji po osnovi centraliziranog postupka uspostavljenog Uredbom br. 726/2004. Valja podsjetiti da, sukladno članku 168. stavku 7. UFEU‑a, pravo Unije ne zadire u nadležnost država članica da urede svoje sustave socijalne sigurnosti i da donesu, osobito, odredbe namijenjene uređivanju potrošnje farmaceutskih proizvoda u interesu financijske ravnoteže svojih sustava zdravstvenog osiguranja, (presuda od 22. travnja 2010., Association of the British Pharmaceutical Industry, C‑62/09 , EU:C:2010:219 , t. 36. ). Organizacija i upravljanje zdravstvenim uslugama isto kao i raspodjela dodijeljenih im sredstava spada u područje nadležnosti država članica. Zbog toga članak 4. stavak 3. Direktive 2001/83 i članak 1. stavak 2. Uredbe br. 726/2004 ističu da njihove odredbe ne utječu na ovlasti država članica u određivanju cijena lijekova ili njihovu uključenju u programe zdravstvenog osiguranja, na temelju zdravstvenih, gospodarskih i socijalnih uvjeta. Međutim, iako pravo Unije, a osobito Direktiva 89/105, ne zadire u nadležnost država članica u tom području, činjenica je da prilikom izvršavanja te nadležnosti države članice moraju poštovati pravo Unije (presuda od 2. travnja 2009., A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite i dr., C‑352/07 do C‑356/07, C‑365/07 do C‑367/07 i C‑400/07 , EU:C:2009:217 , t. 19. i 20). Osim toga, propisi Unije u području farmaceutskih proizvoda ne zabranjuju ni propisivanje lijeka izvan OSP‑a ni njegovo prepakiranje radi takve upotrebe, nego ih podređuju poštovanju uvjeta utvrđenih tim propisima (presuda od 23. siječnja 2018., F. Hoffmann‑La Roche i dr., C‑179/16 , EU:C:2018:25 , t. 59. ). Imajući sve navedeno u vidu, kako bi se utvrdilo protive li se uvjeti utvrđeni navedenim propisima nacionalnim mjerama kao što su one iz glavnog postupka, valja, kao prvo, ispitati drugo prethodno pitanje koje se odnosi na određivanje područja primjene Direktive 2001/83, a zatim, redom, prvo, četvrto i treće prethodno pitanje. Drugo pitanje Svojim drugim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 3. točku 1. Direktive 2001/83 tumačiti na način da Avastin, nakon što je prepakiran pod uvjetima predviđenim nacionalnim mjerama o kojima je riječ u glavnom postupku, potpada pod područje primjene te direktive. U glavnom postupku primjena Direktive 2001/83 na Avastin nije dovedena u pitanje. Suprotno tomu, sud koji je uputio zahtjev pita se o tome mogu li promjene tog lijeka tijekom prepakiravanja s ciljem korištenja za liječenje očnih bolesti koje nisu obuhvaćene njegovim OSP‑om, u uvjetima koji su sukladni nacionalnim mjerama čija se zakonitost osporava, potpadati pod članak 3. točku 1. te direktive, i, posljedično, mogu li tako izmijenjeni Avastin izuzeti iz područja primjene te direktive. Kako bi se odgovorilo na to pitanje, valja podsjetiti da je u skladu s člankom 2. stavkom 1. Direktive 2001/83, njezino područje primjene utvrđeno pozitivno, na način da se ona primjenjuje na lijekove za humanu uporabu namijenjene za stavljanje u promet u državama članicama i koji su proizvedeni industrijski ili postupkom proizvodnje koji uključuje industrijski proces. Članak 3. točke 1. i 2. navedene direktive predviđaju određena odstupanja od njezine primjene za lijekove izrađene u ljekarni bilo prema liječničkom receptu za određenog pacijenta, bilo u skladu s farmakopejskom recepturom namijenjene neposrednom izdavanju pacijentima određene ljekarne. Iz toga slijedi da, kako bi se na njega primjenjivala Direktiva 2001/83, predmetni lijek, s jedne strane, mora ispunjavati uvjete utvrđene člankom 2. stavkom 1. te direktive i, s druge strane, na njega se ne smije odnositi jedno od odstupanja izričito propisanih člankom 3. navedene direktive (presuda od 16. srpnja 2015., Abcur, C‑544/13 i C‑545/13 , EU:C:2015:481 , t. 38. i 39. ). Dakle industrijski karakter načina proizvodnje određenog lijeka određuje potpada li on pod područje primjene Direktive 2001/83, s obzirom na to da se zakonodavac Unije potrudio precizirati da su lijekovi izrađeni u ljekarni u skladu s uvjetima navedenima u članku 3. te direktive posebno isključeni iz njezina područja primjene. Mora se utvrditi da se isključenje iz područja primjene Direktive 2001/83 koje je predviđeno njezinim člankom 3. odnosi samo na lijekove „izrađene” u ljekarni, odnosno na magistralne i galenske pripravke. Međutim, lijek Avastin ne potpada pod nijednu od navedenih kategorija; on nije izrađen u ljekarnama ili bolničkim ljekarnama, već je izrađen industrijski u laboratorijima društva Roche, koje je nositelj njegova OSP‑a. Usto, iz spisa podnesenog Sudu proizlazi da radnje prepakiravanja Avastina provedene u skladu s nacionalnim mjerama o kojima je u glavnom postupku riječ, značajno ne mijenjaju sastav, oblik ili druge bitne elemente tog lijeka. Te se radnje prepakiravanja ne mogu izjednačiti s „izradom” novog lijeka na temelju Avastina posredstvom magistralnih i galenskih pripravaka. Posljedično, one ne mogu biti obuhvaćene člankom 3. Direktive 2001/83. Valja dodati da bi tumačenje članka 3. Direktive 2001/83 koje bi dovelo do isključivanja Avastina na kojem su primijenjene radnje prepakiravanja koje su predmet nacionalnih mjera o kojima je riječ u glavnom postupku iz područja primjene svih odredbi navedene direktive, uzrokovalo ukidanje nadzora koji se tom direktivom ustanovljava nad cjelokupnim lancem prometa lijeka. U tom pogledu važno je podsjetiti da se, u skladu s osnovnim ciljevima Direktive 2001/83, a osobito onim koji se odnosi na zaštitu zdravlja ljudi, njezinom uvodnom izjavom 35. ističe da se navedenom direktivom „provodi nadzor cjelokupnog lanca prometa lijekova, od proizvodnje ili uvoza u [Uniju] pa do izdavanja lijekova stanovništvu, na način kojim se jamči da se lijekovi čuvaju, prevoze i da se njima rukuje u odgovarajućim uvjetima”. Kako je istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 63. svojeg mišljenja, bilo bi očito protivno tom cilju ako bi radnja prepakiravanja učinjena nakon stavljanja lijeka na tržište mogla za učinak imati njegovo izuzimanje iz područja primjene Direktive 2001/83, pod koje je do tada pripadao. Primjena članka 3. Direktive 2001/83 u situaciji kao što je ona iz glavnog postupka bi za učinak imala lišavanje prometa bilo kakvog korisnog učinka većeg broja odredbi te direktive namijenjenih osiguravanju nadzora nad lijekovima tijekom cjelokupnog lanca. Tako njezin članak 6. stavak 1. drugi podstavak izrijekom predviđa da „kad lijek dobije prvo [OSP] […] sve dodatne jačine, farmaceutski oblici, putovi primjene, vrste i veličine pakiranja lijeka, kao i sve izmjene i proširenja odobrenja, također moraju biti odobrena […] ili moraju biti uključena u prvo odobrenje za stavljanje lijeka u promet. Sva ta [OSP] smatraju se dijelom istog globalnog odobrenja za stavljanje lijeka u promet […]” Isto tako, članak 40. stavak 2. drugi podstavak Direktive 2001/83 predviđa da proizvodna dozvola, koja je potrebna i za cjeloviti postupak i za pojedine dijelove proizvodnje lijeka, te različite postupke dijeljenja, pakiranja ili prezentacije lijeka, nije potrebna ako „takve postupke provode, isključivo za promet na malo, ljekarnici u ljekarnama ili osobe koje su ovlaštene u državama članicama provoditi takve postupke.” Ova odredba o odstupanju bi stoga bila suvišna ako bi članak 3. Direktive 2001/83 iz njezina područja primjene, i stoga iz obveze ishođenja OSP‑a i proizvodne dozvole, trebao izuzeti lijek koji je, nakon što je stavljen na tržište i proizveden sukladno zahtjevima te direktive, bio prepakiran u uvjetima koji odgovaraju kriterijima iz članka 40. stavka 2. drugog podstavka iste direktive. Kada je riječ o farmakovigilancijskom sustavu, valja istaknuti i da, sukladno članku 101. stavku 1. drugom podstavku Direktive 2001/83, „[taj sustav] će se koristiti za sakupljanje informacija o rizicima lijekova u pogledu pacijenta ili javnog zdravlja. Te informacije posebno se odnose na nuspojave kod ljudi koje proizlaze iz uporabe lijeka u okviru [OSP‑a] kao i iz uporabe izvan okvira uvjeta [OSP‑a], te na nuspojave povezane s profesionalnom izloženošću.” Ta bi odredba bila lišena korisnog učinka ako bi se članak 3. Direktive 2001/83 mogao primijeniti na radnju prepakiravanja namijenjenu omogućavanju uporabe Avastina izvan OSP‑a, u uvjetima predviđenima nacionalnim mjerama o kojima je riječ u glavnom postupku, što bi dovelo do izuzimanja te uporabe iz područja primjene navedene direktive, uključujući i područja primjene njezinih odredaba u području farmakovigilancije. Stoga na drugo pitanje valja odgovoriti da članak 3. točku 1. Direktive 2001/83 treba tumačiti na način da Avastin, nakon što je prepakiran pod uvjetima predviđenim nacionalnim mjerama o kojima je riječ u glavnom postupku, potpada pod područje primjene te direktive. Prvo pitanje Svojim prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 6. Direktive 2001/83 tumačiti na način da mu se protive nacionalne mjere kao što su one iz glavnog postupka, koje određuju uvjete pod kojima se Avastin može prepakirati radi uporabe za liječenje oftalmoloških indikacija koje nisu obuhvaćene njegovim OSP‑om, i, ako je odgovor pozitivan, treba li članak 5. navedene direktive tumačiti na način da omogućuje da se, na ime odstupanja, opravdaju takve mjere. Kako je napomenuto u točki 51. ove presude, propisi Unije u području farmaceutskih proizvoda ne zabranjuju ni propisivanje lijeka izvan OSP‑a ni njegovo prepakiranje radi takve upotrebe, nego ih podređuju poštovanju uvjeta utvrđenih tom uredbom. Među tim je uvjetima i obveza posjedovanja OSP‑a, kao i proizvodne dozvole, koje su predmeti članaka 6. i 40. Direktive 2001/83. Kako bi se sudu koji je uputio zahtjev dao koristan odgovor koji mu omogućuje da donese odluku u predmetu koji se pred njim vodi, Sud smatra da je potrebno dati također i tumačenje članka 40. navedene direktive, iako se taj članak izrijekom ne navodi u prethodnim pitanjima koja su mu upućena (presuda od 11. travnja 2013., Berger, C‑636/11 , EU:C:2013:227 , t. 31. ). Kada je riječ o stavljanju lijeka na tržište, članak 6. stavak 1. podstavak 1. Direktive 2001/83 predviđa da se nijedan lijek ne može staviti na tržište države članice ako nema izdano odobrenje za stavljanje u promet od strane nadležnog tijela te države članice u skladu s tom direktivom ili odobrenje izdano u skladu s centraliziranim postupkom predviđenim Uredbom br. 726/2004 za lijekove navedene u njezinu prilogu (presude od 23. siječnja 2018., F. Hoffmann‑La Roche i dr., C‑179/16 , EU:C:2018:25 , t. 53. , kao i od 29. ožujka 2012., Komisija/Poljska, C‑185/10 , EU:C:2012:181 , t. 26. ). U skladu s drugim podstavkom navedene odredbe, to se načelo obveznosti OSP‑a primjenjuje i kad lijek dobije prvi OSP u skladu s prvim podstavkom, s obzirom na to da, u tom slučaju, sve dodatne jačine, farmaceutski oblici, putovi primjene, vrste i veličine pakiranja lijeka, kao i sve izmjene i proširenja odobrenja, također moraju biti odobreni u skladu s prvim podstavkom ili moraju biti uključeni u prvi OSP. U skladu s tim načelom, Sud je presudio da je – kada je lijek bio predmet dvaju različitih centraliziranih OSP‑a za kutiju od pet jedinica i kutiju od deset jedinica – farmaceutskim propisima Unije protivno stavljanje na tržište lijeka u pakiranju od deset kutija od po pet jedinica, sastavljenih i ponovno označenih bez posjedovanja novog OSP‑a posebno za to, zbog toga što specifične i detaljne odredbe koje se odnose na pakiranje lijekova koji su predmet centraliziranog OSP‑a služe za izbjegavanje dovođenja potrošača u zabludu i na taj način štite javno zdravlje (presuda od 19. rujna 2002., Aventis, C‑433/00 , EU:C:2002:510 , t. 25. ). U situaciji analognoj onoj iz glavnog postupka, Sud je presudio da za prepakiravanje Avastina radi uporabe izvan OSP‑a za liječenje očnih bolesti nije potreban novi OSP, ako ta radnja ne dovodi do izmjene lijeka i ako se provodi isključivo na temelju individualnih liječničkih recepata u kojima se takva radnja propisuje (presuda od 11. travnja 2013., Novartis Pharma, C‑535/11 , EU:C:2013:226 , t. 42. ). To se rješenje temelji na činjenici što – suprotno situaciji iz predmeta u kojem je donesena presuda od 19. rujna 2002., Aventis ( C 433/00 , EU:C:2002:510 ) – do prepakiravanja Avastina dolazi nakon njegova stavljanja na tržište, nakon što je liječnik pacijentu propisao njegovu uporabu pod takvim uvjetima, posredstvom individualnog recepta. Sud je tako istaknuo da radnje vađenja ljekovitih tekućina iz originalnih bočica, i njihovo pretakanje, bez izmjene, u šprice spremne za uporabu, u stvarnosti predstavljaju akte koje bi bez sudjelovanja trećeg društva mogli ili koje su mogli provesti sami liječnici koji su ih propisali, pa čak i same ljekarne u svojim prostorijama ili pak u bolničkim ustanovama (presuda od 11. travnja 2013., Novartis Pharma, C‑535/11 , EU:C:2013:226 , t. 42. i 43. ). Uz pridržaj činjenične provjere koju je dužan provesti sud koji je uputio zahtjev, prepakiravanje Avastina pod uvjetima predviđenim nacionalnim mjerama o kojima je riječ u glavnom postupku, stoga ne zahtijeva ishođenje OSP‑a, ako tu radnju propisuje liječnik posredstvom individualnog recepta, a provode ljekarnici s ciljem davanja tog lijeka u bolnici. Kada je riječ o proizvodnji lijeka, iako je ona na temelju članka 40. stavka 1. Direktive 2001/83 općenito podvrgnuta obvezi ishođenja dozvole, stavak 2. podstavak 2. navedenog članka 40. predviđa da se proizvodna dozvola ne propisuje za pripremu, dijeljenje, promjene pakiranja ili prezentaciju lijeka ako takve postupke provode, isključivo za promet na malo, ljekarnici u ljekarnama ili osobe koje su ovlaštene u državama članicama provoditi takve postupke. Iz toga slijedi da, ako se navedene radnje proizvodnje ne provode u tu svrhu, ljekarnici nisu oslobođeni obveze posjedovanja proizvodne dozvole (presude od 28. lipnja 2012., Caronna, C‑7/11 , EU:C:2012:396 , t. 35. kao i od 11. travnja 2013., Novartis Pharma, C‑535/11 , EU:C:2013:226 , t. 51. i 52. ). Kako je istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 79. svojeg mišljenja, čak i da se pred sudom koji je uputio zahtjev utvrdi da ljekarne ovlaštene za prepakiravanje Avastina na temelju nacionalnih mjera iz glavnog postupka nemaju dozvolu koja se traži na temelju članka 40. stavka 1. Direktive 2001/83, one bi ipak mogle biti obuhvaćene odstupanjem predviđenim u članku 40. stavku 2. drugom podstavku te direktive. Pod uvjetom činjeničnih provjera, koje je dužan provesti sud koji je uputio zahtjev, valja smatrati da – ako se utvrdi da je Avastin, u skladu s nacionalnim mjerama iz glavnog postupka, prepakiran na temelju individualnih liječničkih recepata u svrhu uporabe izvan OSP‑a za liječenje očnih bolesti, od strane ljekarne koja je za to uredno ovlaštena, a radi njegova davanja u bolnici – takva radnja potpada pod odstupanje predviđeno potonjom odredbom, te za nju nije potrebna proizvodna dozvola. Iz navedenog slijedi da budući da radnje prepakiranja Avastina koje su predmet odluka AIFA‑e o kojima je riječ u glavnom postupku, ne zahtijevaju OSP na temelju članka 6. Direktive 2001/83, ni proizvodnu dozvolu, u smislu članka 40. navedene direktive, na prvo pitanje nije potrebno odgovoriti, s obzirom na to da se ono odnosi na tumačenje članka 5. navedene direktive. Imajući sva prethodna razmatranja u vidu, na prvo pitanje valja odgovoriti da članak 6. Direktive 2001/83 treba tumačiti na način da mu se ne protive nacionalne mjere kao što su one iz glavnog postupka, koje određuju uvjete pod kojima se Avastin može prepakirati radi uporabe za liječenje oftalmoloških indikacija koje nisu obuhvaćene njegovim OSP‑om. Četvrto pitanje Svojim četvrtim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 1. stavak 3. Direktive 89/105 – prema kojem ona ne sadržava odredbe kojima se dozvoljava promet patentiranim lijekovima za koje nije izdano odobrenje predviđeno u članku 6. Direktive 2001/83 – tumačiti na način da su mu protivne nacionalne mjere poput onih iz glavnog postupka. Uzimajući u obzir odgovor na prvo pitanje, nije potrebno odgovoriti na ovo pitanje. Treće pitanje Svojim trećim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članke 3., 25. i 26. Uredbe br. 726/2004 tumačiti na način da im je protivna nacionalna mjera kao što je ona koja proizlazi iz članka 1. stavka 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96, kojom se ovlašćuje AIFA da provodi nadzor nad lijekovima kao što je Avastin, čije troškove uporabe izvan OSP‑a pokriva SSN, i da donese, u slučaju potrebe, mjere nužne za zaštitu sigurnosti pacijenata, zato što se njome ugrožava isključiva nadležnost EMA‑e u pogledu lijekova podvrgnutih centraliziranom postupku. Istina je da Uredba br. 726/2004, a osobito njezini članci 5. do 9., dodjeljuju EMA‑i isključivu nadležnost za ispitivanje zahtjeva za OSP u okviru centraliziranog postupka. Međutim, kako proizlazi iz odgovora na prvo pitanje, prepakiravanje Avastina pod uvjetima utvrđenima nacionalnim mjerama o kojima je riječ u glavnom postupku ne zahtijeva ishođenje OSP‑a. Posljedično, te mjere – isto kao i članak 1. stavak 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96 – ne mogu ugroziti isključivu nadležnost dodijeljenu EMA‑i za ispitivanje zahtjeva za OSP u okviru centraliziranog postupka. Što se tiče farmakovigilancijskog sustava za lijekove koji se stavljaju na tržište u Uniji, važno je podsjetiti da se taj sustav – u skladu s člankom 23. stavkom 2. i člankom 101. stavkom 1. Direktive 2001/83 – proteže i na svaku uporabu lijekova na način koji nije sukladan njihovu OSP‑u. Kada je riječ o lijekovima podvrgnutim centraliziranom postupku, poglavlje 3. glave II. Uredbe br. 726/2004, a osobito njezini članci 25. i 26., uvode farmakovigilancijske mehanizme koji povezuju nadležna nacionalna tijela i EMA‑u, koja ih koordinira. Tim člancima stoga nije protivna nacionalna mjera kao što je članak 1. stavak 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96, koja predviđa da AIFA uspostavlja prikladne nadzorne instrumente kako bi zajamčila sigurnost pacijenata i pravovremeno donijela nužne odluke, ako njihovo uspostavljanje upotpunjuje, pa čak i pojačava, farmakovigilancijski sustav uveden Uredbom br. 726/2004. Imajući sva prethodna razmatranja u vidu, na treće pitanje valja odgovoriti da članke 3., 25. i 26. Uredbe br. 726/2004 treba tumačiti na način da im nije protivna nacionalna mjera kao što je ona koja proizlazi iz članka 1. stavka 4.a Zakonodavne uredbe br. 536/96, kojom se ovlašćuje AIFA da provodi nadzor nad lijekovima kao što je Avastin, čije troškove uporabe izvan OSP‑a plaća SSN, i da donese, u slučaju potrebe, mjere nužne za zaštitu sigurnosti pacijenata. Troškovi Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se. Slijedom navedenoga, Sud (prvo vijeće) odlučuje: 1. Članak 3. točku 1. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu, kako je izmijenjena Direktivom 2012/26/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012., treba tumačiti na način da Avastin, nakon što je prepakiran pod uvjetima predviđenim nacionalnim mjerama o kojima je riječ u glavnom postupku, potpada pod područje primjene Direktive 2001/83, kako je izmijenjena Direktivom 2012/26. 2. Članak 6. Direktive 2001/83, kako je izmijenjena Direktivom 2012/26, treba tumačiti na način da mu se ne protive nacionalne mjere kao što su one iz glavnog postupka, koje određuju uvjete pod kojima se Avastin može prepakirati radi uporabe za liječenje oftalmoloških indikacija koje nisu obuhvaćene njegovim odobrenjem za stavljanje u promet. 3. Članke 3., 25. i 26. Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1027/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012., treba tumačiti na način da im nije protivna nacionalna mjera kao što je ona koja proizlazi iz članka 1. stavka 4.a decreto‑legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante „Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996”, convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648 (Zakonodavna uredba br. 536 od 21. listopada 1996., o nadzoru nad farmaceutskim troškovima i redefiniranju maksimalne razine troškova za 1996. godinu, koja je pretvorena u zakon Zakonom br. 648 od 23. prosinca 1996.), kako je izmijenjena decreto‑legge del 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge del 16 maggio 2014, n. 79 (Zakonodavna uredba br. 36 od 20. ožujka 2014., pretvorena u zakon Zakonom br. 79 od 16. svibnja 2014.), kojom se ovlašćuje Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (Talijanska agencija za lijekove, AIFA) da provodi nadzor nad lijekovima kao što je Avastin, čije troškove uporabe izvan odobrenja za stavljanje u promet plaća Servizio Sanitario Nazionale (Nacionalni zdravstveni sustav), i da donese, u slučaju potrebe, mjere nužne za zaštitu sigurnosti pacijenata. Potpisi ( *1 ) Jezik postupka: talijanski

62019CJ0617

sk

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 písm. e) a prílohy I smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES ( Ú. v. EÚ L 275, 2003, s. 32 ; Mim. vyd. 15/007, s. 631), zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009 ( Ú. v. EÚ L 140, 2009, s. 63 ) (ďalej len „smernica 2003/87“). Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Granarolo SpA na jednej strane a Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministerstvo životného prostredia, ochrany krajiny a mora, Taliansko), Ministero dello Sviluppo economico (Ministerstvo pre hospodársky rozvoj, Taliansko) a Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (Vnútroštátny výbor pre správu smernice 2003/87/ES a pre podporu správy projektových činností vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu, Taliansku, ďalej len „výbor ETS“) na druhej strane vo veci zamietnutia žiadosti o aktualizáciu povolenia na emisie skleníkových plynov, ktorého držiteľkou bola Granarolo, pre jedno z jej zariadení, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov na úrovni Európskej únie (ďalej len „ETS“). Právny rámec Právo Únie Článok 2 smernice 2003/87, nazvaný „Rozsah pôsobnosti“, v odseku 1 stanovuje: „Táto smernica sa vzťahuje na emisie z činností uvedených v prílohe I a skleníkové plyny uvedené v prílohe II.“ Článok 3 tejto smernice, nazvaný „Definície“, stanovuje: „Na účely tejto smernice sa používajú tieto definície: … e) ‚zariadenie‘ znamená stacionárnu technologickú jednotku, kde sa uskutočňuje jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I a akákoľvek iná priamo súvisiaca činnosť, ktorá má technické spojenie s činnosťami vykonávanými v danej prevádzk[a]rni a ktorá by mohla mať vplyv na emisie a znečisťovanie; f) ‚prevádzkovateľ‘ znamená osobu, ktorá prevádzkuje alebo riadi zariadenie, alebo ktorej je delegovaná rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickým fungovaním zariadenia, v prípadoch, ak to ustanovujú vnútroštátne právne predpisy; …“ Článok 4 uvedenej smernice, nazvaný „Povolenia na emisie skleníkových plynov“, znie: „Členské štáty zabezpečia, aby od 1. januára 2005 žiadne zariadenia nevykonávali činnosti uvedené v prílohe I, ktoré majú za následok emisie skleníkových plynov špecifikované vo vzťahu k danej činnosti, pokiaľ ich prevádzkovateľ nie je držiteľom povolenia vydaného príslušným orgánom v súlade s článkami 5 a 6, alebo dané zariadenie nie je vylúčené zo systému [ETS] podľa článku 27. Toto sa uplatňuje aj na zariadenia, ktoré boli zahrnuté podľa článku 24.“ Článok 6 smernice 2003/87, nazvaný „Podmienky vydania a obsahu povolenia na emisie skleníkových plynov“, v odseku 1 stanovuje: „Príslušné orgány vydajú povolenie na emisie skleníkových plynov, ktoré udeľuje schválenie na vypúšťanie skleníkových plynov z celého zariadenia alebo jeho časti, ak je presvedčený, že prevádzkovateľ je schopný monitorovať emisie a podávať správy. Povolenie sa môže vzťahovať na jedno alebo viac zariadení v tej istej prevádzk[a]rni[,] [v tom istom areáli – neoficiálny preklad ] prevádzkovan[ých] tým istým prevádzkovateľom. Príslušný orgán preskúma aspoň každých päť rokov povolenie na emisie skleníkových plynov a v prípade potreby vykoná akékoľvek zmeny a doplnenia.“ Podľa článku 7 tejto smernice s názvom „Zmeny v súvislosti so zariadeniami“ platí, že: „Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o každej pripravovanej zmene charakteru fungovania zariadenia, o každom jeho rozšírení alebo významnom znížení jeho kapacity, ktoré si môže vyžadovať aktualizáciu povolenia na emisie skleníkových plynov. Príslušný orgán aktualizuje povolenie, ak je to vhodné. Ak dôjde k zmene identity prevádzkovateľa zariadenia, príslušný orgán aktualizuje povolenie tak, aby obsahovalo meno a adresu nového prevádzkovateľa.“ Príloha I uvedenej smernice, nazvaná „Kategórie činností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica“, v bodoch 2 a 3 stanovuje: „2. Prahové hodnoty uvedené nižšie odkazujú vo všeobecnosti na výrobné kapacity alebo výstupy. Ak sa niekoľko činností patriacich do rovnakej kategórie vykonáva v tom istom zariadení, kapacity týchto činností sa sčítavajú. 3. Keď sa počíta celkový menovitý tepelný príkon zariadenia, aby sa rozhodlo o jeho začlenení do [ETS], spočítajú sa dovedna menovité tepelné príkony všetkých technických jednotiek, ktoré sú jeho súčasťou a v ktorých sa palivá spaľujú v rámci zariadenia. …“ Táto príloha I obsahuje tabuľku, v ktorej sú vymenované kategórie činností, na ktoré sa uplatňuje smernica 2003/87. K týmto činnostiam patrí „spaľovanie palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW (okrem zariadení na spaľovanie nebezpečného alebo komunálneho odpadu)“. Talianske právo Článok 3 ods. 1 písm. t) a v) decreto legislativo n. 30 – Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (legislatívny dekrét č. 30, ktorým sa vykonáva smernica 2009/29/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov) z 13. marca 2013 (GURI č. 79 zo 4. apríla 2013, ďalej len „legislatívny dekrét č. 30/2013“) definuje pojmy „prevádzkovateľ“ a „zariadenie“ analogicky k smernici 2003/87. Článok 13 ods. 1 legislatívneho dekrétu č. 30/2013 stanovuje, že žiadne zariadenie nesmie vykonávať činnosti uvedené v prílohe I k tomuto dekrétu, ktoré majú za následok emisie skleníkových plynov, pokiaľ ich prevádzkovateľ nie je držiteľom povolenia vydaného výborom ETS. Článok 15 tohto legislatívneho dekrétu sa týka udelenia, podmienok a obsahu takéhoto povolenia na emisie. Článok 16 uvedeného legislatívneho dekrétu stanovuje, že prevádzkovateľ informuje výbor ETS o každej zmene identity prevádzkovateľa a charakteru fungovania zariadenia, alebo o každom jeho rozšírení alebo významnom znížení jeho kapacity. Článok 38 legislatívneho dekrétu č. 30/2013 upravuje režim „malých producentov emisií“ na účely monitorovania a kontroly emisií CO . Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky Granarolo je spoločnosť pôsobiaca v potravinárskom odvetví s čerstvým mliekom a v procese výroby a distribúcie mliečnych výrobkov. V Pasturago di Vernate (Taliansko) má výrobný závod, ktorý sa skladá z rôznych jednotiek a je vybavený tepelnou elektrárňou, ktorá vyrába teplo potrebné na jej spracovateľské činnosti. Pre túto tepelnú elektráreň bola Granarolo v súlade s požiadavkou vyplývajúcou z článku 4 smernice 2003/87 držiteľkou povolenia na emisie skleníkových plynov týkajúceho sa spaľovania palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Okrem toho podľa vnútroštátneho práva Granarolo podlieha, pokiaľ ide o toto zariadenie, režimu „malých producentov emisií“ na účely monitorovania a kontroly emisií CO . V roku 2013 Granarolo postavila v priemyselnom areáli svojho výrobného zariadenia kogeneračnú jednotku na výrobu elektrickej energie a tepla určených na potravinársku výrobu s celkovým menovitým tepelným príkonom menším ako 20 MW a od výboru ETS získala aktualizáciu svojho povolenia na emisie skleníkových plynov v zmysle článku 7 tejto smernice. V roku 2017 Granarolo previedla svoju kogeneračnú jednotku na spoločnosť E.ON Connecting Energies Italia Srl, podnik špecializovaný v odvetví energetiky (ďalej len „E.ON“), pričom s touto spoločnosťou uzavrela zmluvu o dodávke elektrickej energie a tepla. Podľa vnútroštátneho súdu táto zmluva okrem iného stanovovala povinnosť spoločnosti E.ON získať súhlas spoločnosti Granarolo na vykonanie stavebných prác na kogeneračnej jednotke, uhradenie sumy v prospech spoločnosti Granarolo v prípade nedodržania minimálnych množstiev energie, ktoré sa majú dodať, zníženie ceny dodávanej energie po desiatich rokoch a šiestich mesiacoch od nadobudnutia účinnosti zmluvy a právo na spätné odkúpenie kogeneračnej jednotky v prospech spoločnosti Granarolo. Po tomto prevode Granarolo podala výboru ETS žiadosť o aktualizáciu svojho povolenia na emisie skleníkových plynov, pričom sa domnievala, že emisie spojené s kogeneračnou jednotkou, ktorá už nebola prevádzkovaná spoločnosťou Granarolo ani pod jej vedením, mali byť odpočítané od hodnoty jej emisií CO . Keďže výbor ETS túto žiadosť zamietol rozhodnutím zo 6. júna 2018, Granarolo podala na vnútroštátny súd žalobu o neplatnosť tohto rozhodnutia. E.ON vstúpila do tohto konania ako vedľajší účastník konania na podporu spoločnosti Granarolo. Granarolo na podporu svojej žaloby uvádza, že výbor ETS tým, že odôvodnil svoje rozhodnutie o zamietnutí zachovaním formálneho prepojenia medzi kogeneračnou jednotkou a jej výrobným zariadením, porušil požiadavky vyplývajúce zo smernice 2003/87. Podľa spoločnosti Granarolo totiž nemožno výrobný závod a kogeneračnú jednotku považovať z dôvodu ich prepojenia na účely dodávky energie za jedno a to isté zariadenie, keď sú štrukturálne a funkčne samostatné. Granarolo okrem toho tvrdí, že podľa článku 3 písm. f) a článku 6 tejto smernice sa povolenie na emisie skleníkových plynov vydá prevádzkovateľovi, ktorý má právomoc riadenia zariadenia, a teda môže vykonávať kontrolu a dohľad nad emisiami. V prejednávanej veci výbor ETS dospel na základe nesprávneho výkladu zmluvy o dodávke energie, ktorú uzavreli Granarolo a E.ON, k záveru, že Granaralo si zachovala právomoc riadenia a kontroly emisií kogeneračnej jednotky. Podľa spoločnosti Granarolo táto zmluva v skutočnosti nemá vplyv na schopnosť spoločnosti E.ON samostatne vykonávať svoju činnosť výroby energie a dodávať elektrickú energiu do verejnej siete, takže aj keby Granarolo musela z kogeneračnej jednotky odoberať menej významné množstvo energie, táto okolnosť by nemala vplyv na množstvo emisií skleníkových plynov tejto jednotky. Rozhodnutie výboru ETS zo 6. júna 2018 okrem toho podáva nesprávny výklad agregačného pravidla o zdrojoch emisií stanoveného v prílohe I uvedenej smernice, keďže toto pravidlo platí len pre situácie, v ktorých viaceré technické jednotky tvoria to isté zariadenie, a nie pre situácie, v ktorých existuje viacero samostatných zariadení, ako je to v prejednávanej veci. Žalovaní vo veci samej pred vnútroštátnym súdom tvrdia, že prevod kogeneračnej jednotky na E.ON nemal vplyv na štruktúru zariadenia a že medzi touto kogeneračnou jednotkou a výrobným závodom Granarolo naďalej existuje funkčná väzba. Zdôrazňujú najmä, že v zmysle článku 3 písm. e) smernice 2003/87 existuje nespochybniteľná súvislosť medzi povolením na emisie skleníkových plynov a existenciou zariadenia. Definícia prevádzkovateľa logicky predpokladá definíciu zariadenia, čo by prípadný rozdiel medzi držiteľom povolenia a skutočným prevádzkovateľom vnútornej technickej jednotky výrobného závodu zbavilo akejkoľvek relevantnosti. Keďže kogeneračná jednotka, ako je to v prejednávanej veci, je technicky spojená s výrobným závodom a môže mať vplyv na celkové emisie, treba na ňu nahliadať tak, že je spolu s týmto závodom súčasťou jedného a toho istého zariadenia, takže by sa mala riadiť jedným a tým istým povolením, hoci sa kogeneračná jednotka nachádza mimo miesta výroby. Žalované vo veci samej okrem toho tvrdia, že vzhľadom na ustanovenia zmluvy o dodávke energie uzavretej medzi spoločnosťami Granarolo a E.ON si prvá menovaná spoločnosť zachovala rozhodujúcu hospodársku právomoc v súvislosti s technickým využívaním kogeneračnej jednotky a že v dôsledku toho zostáva prevádzkovateľom tejto jednotky v zmysle článku 3 písm. f) smernice 2003/87. Prijatie opačného stanoviska by okrem toho malo za následok porušenie agregačného pravidla uvedeného v prílohe I bodoch 2 a 3 tejto smernice, ktorého cieľom je práve zabrániť tomu, aby nadmerné rozdelenie zdrojov emisií mohlo viesť k vylúčeniu väčšiny malých alebo stredných zariadení z pôsobnosti ETS. Platí totiž, že keďže kogeneračná jednotka dotknutá vo veci samej má výkon nižší ako 20 MW, nepotrebuje povolenie na emisie skleníkových plynov a nepatrí do pôsobnosti právnej úpravy týkajúcej sa systému ETS. Naopak, z dôvodu prevodu tejto kogeneračnej jednotky sa pre výrobný závod spoločnosti Granarolo znižuje množstvo emisií, ktoré ročne produkuje a ktoré sú predmetom kompenzácie prostredníctvom emisných kvót. Zatiaľ čo ustanovenia zmluvy o dodávke energie stavajú Granarolo do pozície sily vo vzťahu k spoločnosti E.ON, akýkoľvek výklad v tom zmysle, že došlo k rozdeleniu pôvodného zariadenia na dve zariadenia, by viedol k obchádzaniu pravidiel v oblasti emisií CO . Za týchto podmienok Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Regionálny správny súd pre Lazio, Taliansko) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky: „1. Má sa článok 3 písm. e) smernice [2003/87] vykladať v tom zmysle, že pod pojem ‚zariadenie‘ patrí aj taký prípad, ako je prejednávaný prípad, v ktorom kogeneračná jednotka postavená navrhovateľkou v rámci jej priemyselného parku na účely zabezpečenia elektrickej energie pre svoj výrobný závod bola následne prevedená na základe zmluvy o prevode časti podniku na inú spoločnosť pôsobiacu v oblasti energetiky, ktorá na jednej strane stanovuje, že na nadobúdateľa zariadenia na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla sa prevedú certifikáty, osvedčenia o zhode, licencie, koncesie, autorizácie, povolenia potrebné na prevádzku samotného zariadenia a zároveň na výkon činností stanovuje zriadenie práva stavby v prospech nadobúdateľa v rámci priestoru závodu primeraného a funkčného na prevádzku a správu zariadenia a vecné bremeno pre zariadenie používané ako kogeneračná jednotka s príslušným výlučným okolitým priestorom, a na strane druhej stanovuje, že nadobúdateľ bude prevodcovi dodávať elektrickú energiu počas 12 rokov vyrobenú týmto zariadením v zmysle cien stanovených v zmluve? 2. Spadá pod pojem ‚technické spojenie‘ uvedené článku 3 písm. e) [smernice 2003/87] najmä také spojenie medzi kogeneračnou jednotkou a výrobným závodom, keď tento závod patrí inému subjektu, a hoci na účely dodávky elektrickej energie má privilegovaný vzťah s kogeneračnou jednotkou (prepojenie cez distribučnú sieť elektrickej energie, osobitná zmluva o dodávke s energetickou spoločnosťou, nadobúdateľom zariadenia, záväzok energetickej spoločnosti dodávať minimálne množstvo elektrickej energie do výrobného závodu s výhradou úhrady sumy rovnajúcej sa rozdielu medzi poplatkami za elektrinu na trhu a cenami stanovenými v zmluve, zľava z predajnej ceny elektrickej energie od desiateho roku a šiestich mesiacov trvania zmluvy, právo predávajúcej spoločnosti na spätné odkúpenie kogeneračnej jednotky v ktoromkoľvek okamihu, potreba povolenia zo strany predávajúcej spoločnosti na výkon prác na zariadení na kombinovanú výrobu) môže pokračovať vo výkone svojej činnosti aj v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie, poruchy alebo ukončenia činnosti kogeneračnej jednotky? 3. V prípade skutočného prevodu jednotky na výrobu energie jej výrobcom, vlastníkom priemyselného závodu v rámci rovnakého priemyselného parku na inú spoločnosť pôsobiacu v oblasti energetiky z dôvodu zvyšovania účinnosti, predstavuje možné vylúčenie príslušných emisií z povolenia [na emisie] vlastníka priemyselného závodu po uskutočnení prevodu a prípadné ‚vyňatie‘ emisií zo systému [ETS] z dôvodu, že zariadenie na výrobu energie, ktoré je samostatne posudzované, neprekročilo kvalifikačnú prahovú hodnotu ‚malých producentov emisií‘, porušenie agregačného pravidla o zdrojoch uvedeného v prílohe I k smernici [2003/87], alebo naopak predstavuje obyčajný a zákonný dôsledok organizácie hospodárskych subjektov, ktorý systém [ETS] nezakazuje?“ O prejudiciálnych otázkach Na úvod treba pripomenúť, že v rámci konania na základe spolupráce medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom zakotveného v článku 267 ZFEÚ prislúcha Súdnemu dvoru poskytnúť vnútroštátnemu súdu odpoveď potrebnú na rozhodnutie vo veci, ktorú prejednáva. Z tohto hľadiska Súdnemu dvoru prináleží v prípade potreby preformulovať otázky, ktoré sú mu položené (rozsudok z 26. októbra 2016, Yara Suomi a i., C‑506/14 , EU:C:2016:799 , bod , ako aj citovaná judikatúra). V tejto súvislosti okolnosť, že vnútroštátny súd po formálnej stránke predložil svoj návrh na začatie prejudiciálneho konania s odkazom na určité ustanovenia práva Únie, nebráni tomu, aby Súdny dvor poskytol tomuto súdu všetky prvky výkladu, ktoré môžu byť užitočné na rozhodnutie veci, ktorú prejednáva, či už na ne vnútroštátny súd v položených otázkach odkázal, alebo nie. V tejto súvislosti prináleží Súdnemu dvoru získať zo všetkých informácií, ktoré poskytol vnútroštátny súd, a najmä z odôvodnenia návrhu na začatie prejudiciálneho konania, prvky práva Únie, ktoré si vyžadujú výklad so zreteľom na predmet sporu (rozsudok z 27. júna 2018, Turbogás, C‑90/17 , EU:C:2018:498 , bod a citovaná judikatúra). V prejednávanej veci sa spor vo veci samej týka toho, že výbor ETS zamietol žiadosť spoločnosti Granarolo o aktualizáciu jej povolenia na emisie skleníkových plynov po prevode kogeneračnej jednotky, ktorú mala vo vlastníctve v tom istom priemyselnom areáli ako svoj závod na výrobu potravín, na E.ON, podnik, ktorý sa špecializuje na odvetvie energetiky, pričom tento prevod bol spojený s uzavretím zmluvy o dodávke energie s touto poslednou uvedenou spoločnosťou. Ako vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, zamietnutie žiadosti o aktualizáciu bolo odôvodnené skutočnosťou, že najmä vzhľadom na ustanovenia zmluvy o dodávke energie medzi spoločnosťami Granarolo a E.ON si výrobný závod zachoval funkčné prepojenie s kogeneračnou jednotkou, takže závod a jednotka predstavujú jedno a to isté zariadenie v zmysle článku 3 písm. e) smernice 2003/87, a že Granarolo zostala po prevode prevádzkovateľom kogeneračnej jednotky v zmysle článku 3 písm. f) tejto smernice. Okrem toho vyvstáva otázka, či by vyhovenie uvedenej žiadosti o aktualizáciu bolo v rozpore s agregačným pravidlom stanoveným v prílohe I bodoch 2 a 3 uvedenej smernice a malo by za následok umožnenie obchádzania pravidiel ETS. Vzhľadom na vyššie uvedené treba konštatovať, že vnútroštátny súd sa svojimi otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, v podstate pýta, či sa článok 3 písm. e) a f) smernice 2003/87 v spojení s prílohou I bodmi 2 a 3 tejto smernice má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby vlastník výrobného závodu vybaveného tepelnou elektrárňou, ktorej činnosť patrí do tejto prílohy I, mohol získať aktualizáciu svojho povolenia na emisie skleníkových plynov podľa článku 7 tejto smernice, ak na podnik, ktorý sa špecializuje v odvetví energetiky, previedol kogeneračnú jednotku nachádzajúcu sa v tom istom priemyselnom areáli ako tento závod a vykonávajúcu činnosť, ktorej kapacita je nižšia ako prahová hodnota stanovená v uvedenej prílohe I, pričom s týmto podnikom uzavrel zmluvu, ktorá stanovuje okrem iného, že energia vyrobená touto kogeneračnou jednotkou sa bude poskytovať tomuto závodu. V prejednávanej veci treba na účely tohto rozsudku poznamenať, že ako vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania, závod, o ktorý ide vo veci samej, je závodom na výrobu mliečnych výrobkov, ktorý je na účely výrobných postupov vybavený tepelnou elektrárňou s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW a na ktorý sa tak vzťahujú činnosti uvedené v prílohe I smernice 2003/87. Pokiaľ ide o kogeneračnú jednotku, jej celkový menovitý tepelný príkon je menší ako 20 MW, v dôsledku čoho sa na túto jednotku ako takú nevzťahujú činnosti uvedené v tejto prílohe. V prvom rade, pokiaľ ide o otázku vnútroštátneho súdu, či kogeneračná jednotka a výrobný závod, o ktoré ide vo veci samej, predstavujú z dôvodu vzťahu, ktorý má táto kogeneračná jednotka k tomuto výrobnému závodu, jedno a to isté zariadenie v zmysle článku 3 písm. e) tejto smernice, treba pripomenúť, že toto ustanovenie definuje pojem „zariadenie“ ako stacionárnu technickú jednotku, v ktorej sa uskutočňuje jedna alebo viacero činností uvedených v prílohe I uvedenej smernice a akákoľvek iná priamo súvisiaca činnosť, ktorá má technické spojenie s činnosťami vykonávanými v danej prevádzkarni a ktorá by mohla mať vplyv na emisie a znečisťovanie. Preto v súlade s kritériami uvedenými v uvedenom ustanovení platí jednak, že kogeneračná jednotka môže tvoriť jedno a to isté zariadenie len s tepelnou elektrárňou výrobného závodu, a jednak, že to tak môže byť len pod podmienkou, že činnosť spaľovania, ktorá sa vykonáva v rámci tejto kogeneračnej jednotky, priamo súvisí s činnosťou tejto tepelnej elektrárne vykonávanou v areáli výrobného závodu, že je s ňou technicky spojená a že môže mať vplyv na emisie a znečisťovanie. Na úvod treba konštatovať, že zo samotnej povahy týchto kritérií vyplýva, že tieto kritériá vyžadujú posúdenie vecnej povahy. Preto otázka, či sú za okolností, o aké ide vo veci samej, splnené uvedené kritériá, najmä kritérium týkajúce sa technickej súvislosti, ktorej sa týkajú otázky vnútroštátneho súdu, nemôže závisieť od zmluvných ustanovení, ktoré zaväzujú prevádzajúci a nadobúdajúci podnik. Okrem toho je nesporné, že kritérium týkajúce sa vplyvov na emisie a znečisťovanie je splnené, pokiaľ kogeneračná jednotka vypúšťa skleníkové plyny. Pokiaľ ide o ostatné kritériá stanovené v článku 3 písm. e) smernice 2003/87, Súdny dvor rozhodol, že činnosť priamo súvisí s činnosťou, na ktorú sa vzťahuje príloha I tejto smernice, ak je nevyhnutná na jej výkon a keď sa táto priama súvislosť navyše prejavuje existenciou technického spojenia za okolností, keď je dotknutá činnosť súčasťou celkového technického postupu činnosti patriacej do tejto prílohy I (pozri v tomto zmysle rozsudok z 9. júna 2016, Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid‑Nederland EPZ, C‑158/15 , EU:C:2016:422 , bod ). Z toho na jednej strane vyplýva, že v situácii, o akú ide vo veci samej, podmienka týkajúca sa existencie priamej súvislosti medzi dotknutými činnosťami vyžaduje, aby sa činnosť kogenerácie vykonávala na účely realizácie činnosti spaľovania palív, ktoré sa uskutočňujú v tepelnej elektrárni výrobného závodu. Táto podmienka teda nemôže byť splnená, ak, ako tvrdili najmä Granarolo a Európska komisia na pojednávaní pred Súdnym dvorom, bol výkon tejto činnosti kogenerácie určený výlučne na výrobu potravín vykonávanú v závode spoločnosti Granarolo, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. Na druhej strane podmienka týkajúca sa existencie technickej súvislosti zhmotňujúcej takúto priamu súvislosť vyžaduje, ako v podstate uviedol generálny advokát v bode 57 svojich návrhov, aby prepojenie medzi dotknutými činnosťami prispelo k celistvosti globálneho technického postupu činnosti, na ktorú sa vzťahuje príloha I smernice 2003/87. Takéto konštatovanie nemožno vyvodiť len zo samotnej existencie prepojenia medzi dotknutými činnosťami na účely dodávky energie, ako je bežné v prípade akejkoľvek priemyselnej činnosti. Hoci nie je vylúčené, že prepojenie tohto typu je možné považovať za technické spojenie v zmysle článku 3 písm. e) tejto smernice, je to tak len pod podmienkou, že sa vyznačuje špecifickou a výraznou formou zapojenia do technického procesu, ktorý je vlastný činnosti, na ktorú sa vzťahuje príloha I uvedenej smernice. V prejednávanej veci však zo spisu, ktorý má Súdny dvor k dispozícii, vyplýva, že výrobný závod spoločnosti Granarolo, a konkrétnejšie tepelná elektráreň, ktorá dodáva teplo potrebné na túto výrobu, by mohla pokračovať vo výkone svojej činnosti aj v prípade prerušenia dodávok elektrickej energie a tepla z kogeneračnej jednotky, alebo v prípade poruchy alebo ukončenia činnosti tejto jednotky, čo navyše potvrdzuje znenie druhej prejudiciálnej otázky. Vzhľadom na to, že prepojenie medzi kogeneračnou jednotkou a výrobným závodom neprispieva k celistvosti technického procesu činností vykonávaných v tepelnej elektrárni tohto závodu, a v dôsledku toho, s výhradou overenia vnútroštátnym súdom, nie sú splnené kritériá stanovené v článku 3 písm. e) smernice 2003/87, kogeneračnú jednotku a túto tepelnú elektráreň nemožno považovať za jedno a to isté zariadenie v zmysle tohto ustanovenia. Po druhé, pokiaľ ide o otázku, či Granarolo zostáva po prevode kogeneračnej jednotky na E.ON prevádzkovateľom tejto jednotky, treba pripomenúť, že na jednej strane článok 6 ods. 1 tejto smernice týkajúci sa podmienok vydávania povolení na emisie skleníkových plynov v prvom pododseku stanovuje, že príslušné orgány vydajú povolenie na emisie skleníkových plynov, ktoré udeľuje schválenie na vypúšťanie skleníkových plynov z celého zariadenia alebo jeho časti, ak je presvedčený, že prevádzkovateľ je schopný monitorovať emisie a podávať správy, a v druhom pododseku, že povolenie sa môže vzťahovať na jedno alebo viac zariadení v tom istom priemyselnom areáli prevádzkované tým istým prevádzkovateľom. Okrem toho podľa článku 7 uvedenej smernice tento orgán v prípade potreby aktualizuje povolenie s ohľadom na informácie, ktoré mu o zmenách týkajúcich sa dotknutého zariadenia poskytol prevádzkovateľ. Na druhej strane článok 3 písm. f) tej istej smernice definuje pojem „prevádzkovateľ“ ako osobu, ktorá prevádzkuje alebo riadi zariadenie, alebo ktorej je delegovaná rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickým fungovaním zariadenia, v prípadoch ak to ustanovujú vnútroštátne právne predpisy. Ako vyplýva z týchto ustanovení, za okolností, o aké ide vo veci samej, keď vlastník výrobného závodu previedol na podnik špecializovaný v odvetví energetiky kogeneračnú jednotku nachádzajúcu sa v tom istom priemyselnom areáli ako uvedený závod, treba preskúmať, či tento vlastníka prestal z dôvodu tohto prevodu mať kontrolu nad fungovaním tejto kogeneračnej jednotky, a teda aj nad emisiami skleníkových plynov, ktoré vyplývajú z jej činností. Ak je to tak, uvedeného vlastníka nemožno po uvedenom prevode považovať za prevádzkovateľa uvedenej kogeneračnej jednotky v zmysle článku 3 písm. f) smernice 2003/87. V tejto súvislosti, ako uviedol generálny advokát v bode 45 svojich návrhov, že zmluvné ustanovenia, ktoré zaväzujú prevádzajúceho a nadobúdateľa, treba zohľadniť najmä na účely identifikácie prevádzkovateľa takejto kogeneračnej jednotky. V prejednávanej veci vzhľadom na informácie poskytnuté vnútroštátnym súdom nemožno zo zmluvných ustanovení, ktoré zaväzujú E.ON a Granarolo, vyvodiť, že táto posledná uvedená spoločnosť si zachovala kontrolu nad fungovaním kogeneračnej jednotky, o ktorú ide vo veci samej, a teda nad emisiami skleníkových plynov z jej činností. Na jednej strane totiž, ako vyplýva zo znenia prvej prejudiciálnej otázky, Granarolo previedla vlastníctvo kogeneračnej jednotky na E.ON a na tento účel na poslednú uvedenú spoločnosť previedla najmä všetky dokumenty vyžadované na prevádzku tejto jednotky a výkon činnosti, ktorá v nej prebieha. Na druhej strane v rámci zmluvy o dodávke energie, ktorá viaže Granarolo a E.ON, môže táto posledná uvedená spoločnosť zvýšiť činnosť kogeneračnej jednotky a dodávať vyrobenú elektrickú energiu do verejnej siete. Pod podmienkou, že v prípade nedodržania dodávok minimálnych množstiev energie stanovených v zmluve, zaplatí sumy zodpovedajúce rozdielu medzi cenami zaobstarania si energie na trhu a cenami stanovenými v zmluve, má takisto možnosť znížiť množstvo vyrobenej energie. Takýto kompenzačný mechanizmus zmluvnej povahy však nemožno stotožňovať s delegovaním rozhodujúcej hospodárskej právomoci nad technickým fungovaním kogeneračnej jednotky v zmysle článku 3 písm. f) in fine smernice 2003/87 v prospech spoločnosti Granarolo. Okrem toho treba konštatovať, že ostatné zmluvné ustanovenia, na ktoré poukazuje vnútroštátny súd, najmä tie, ktoré sa týkajú predajnej ceny energie, práva spätnej kúpy spoločnosti Granarolo alebo potreby jej povolenia na to, aby mohli byť na kogeneračnej jednotke vykonané stavebné práce, tiež nepriznávajú spoločnosti Granarolo kontrolu nad fungovaním uvedenej jednotky, ako to vyžaduje článok 3 písm. f) smernice, a preto jej tieto ustanovenia samy osebe nepriznávajú schopnosť všeobecne rozhodovať o množstve emisií skleníkových plynov z činnosti tejto jednotky alebo ich monitorovať. Z úvah uvedených v bodoch 52 až 55 tohto rozsudku teda vyplýva, že s výhradou overenia vnútroštátnym súdom už Granarolo nie je v žiadnom prípade prevádzkovateľom kogeneračnej jednotky v zmysle článku 3 písm. f) smernice 2003/87, takže má právo získať aktualizáciu svojho povolenia na emisie skleníkových plynov v súlade s článkom 7 tejto smernice. Takáto aktualizácia tohto povolenia nemôže znamenať obchádzanie pravidiel ETS. Po prvé treba totiž konštatovať, že aktualizácia povolenia by nemala za následok porušenie agregačného pravidla, ako je uvedené v prílohe I bodoch 2 a 3 tejto smernice. Táto príloha I totiž, ako naznačuje jej názov, identifikuje kategórie činností, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica, ako je stanovené v jej článku 2 ods. 1 Konkrétne agregačné pravidlo spresňuje podmienky, za ktorých treba posúdiť, či činnosti vykonávané v zariadení, a najmä činnosť spaľovania palív, dosahujú prahové hodnoty uvedené v uvedenej prílohe I s cieľom rozhodnúť o zahrnutí tohto zariadenia do systému ETS. Ako však bolo konštatované v bode 48 tohto rozsudku, tepelná elektráreň a kogeneračná jednotka, o ktoré ide vo veci samej, sú dva odlišné objekty, ktoré nepredstavujú to isté zariadenie v zmysle článku 3 písm. e) smernice 2003/87. Okrem toho je nesporné, že na tepelnú elektráreň, ktorou je vybavený výrobný závod, sa aj po prevode kogeneračnej jednotky na E.ON naďalej vzťahoval systému ETS, keďže jej celkový menovitý tepelný príkon spaľovania presahuje prahovú hodnotu 20 MW uvedenú v prílohe I tejto smernice. Okrem toho treba poznamenať, že agregačné pravidlo sa týka spôsobov výpočtu kapacít činností, ktoré sa uskutočňujú v rámci zariadenia, a vzhľadom na podmienky pripomenuté v bode 49 tohto rozsudku nemá za cieľ identifikáciu prevádzkovateľa tohto zariadenia. Na rozdiel od toho, čo zrejme navrhujú žalovaní vo veci samej, teda v prejednávanej veci takéto pravidlo nemôže viesť ani k označeniu Granarolo za prevádzkovateľa kogeneračnej jednotky, o ktorú ide vo veci samej, keďže túto spoločnosť už nemožno považovať za subjekt, ktorý má kontrolu nad fungovaním tejto jednotky, a teda už nie je schopný zabezpečiť monitorovanie emisií skleníkových plynov spôsobených činnosťou uvedenej jednotky, ani zbaviť Granarolo práva uchádzať sa o aktualizáciu jej povolenia na emisie skleníkových plynov. Po druhé treba pripomenúť, že zásada zákazu podvodu a zneužívania práva predstavuje všeobecnú zásadu práva Únie, ktorú musia osoby podliehajúce súdnej právomoci dodržiavať. Uplatnenie právnej úpravy Únie totiž nemožno rozšíriť tak, aby zakrývalo transakcie, ktoré sú vykonávané s cieľom získať výhody stanovené právom Únie podvodom alebo jeho zneužitím (rozsudok z 28. októbra 2020, Kreis Heinsberg, C‑112/19 , EU:C:2020:864 , bod a citovaná judikatúra). Konkrétne zásada zákazu zneužitia práva má za cieľ zákaz vyslovene umelých konštrukcií zbavených hospodárskej reality a vytvorených iba s cieľom dosiahnuť neoprávnenú výhodu (pozri analogicky rozsudok z 18. júna 2020, KrakVet Marek Batko, C‑276/18 , EU:C:2020:485 , bod a citovanú judikatúru). Nič v spise, ktorý má Súdny dvor k dispozícii, však nenasvedčuje tomu, že by v prejednávanej veci došlo k takýmto zneužívajúcim alebo podvodným operáciám, najmä k existencii vyslovene umelej konštrukcie. Konkrétne žiadna skutočnosť v tomto spise nemôže spochybniť existenciu samostatnej hospodárskej činnosti vykonávanej podnikom, ktorý je nadobúdateľom kogeneračnej jednotky, o ktorú ide vo veci samej. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na položené otázky odpovedať tak, že článok 3 písm. e) a f) smernice 2003/87 v spojení s prílohou I bodmi 2 a 3 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby vlastník výrobného závodu, ktorý je vybavený tepelnou elektrárňou, na ktorej činnosť sa vzťahuje táto príloha I, mohol získať aktualizáciu svojho povolenia na emisie skleníkových plynov v zmysle článku 7 tejto smernice, ak na podnik, ktorý sa špecializuje na odvetvie energetiky, previedol kogeneračnú jednotku nachádzajúcu sa v tom istom priemyselnom areáli ako tento závod a vykonávajúcu činnosť, ktorej kapacita je nižšia ako prahová hodnota stanovená v uvedenej prílohe I, pričom s týmto podnikom uzavrel zmluvu, ktorá stanovuje okrem iného, že energia vyrobená touto kogeneračnou jednotkou sa bude dodávať tomuto závodu, a to v prípade, že táto tepelná elektráreň a kogeneračná jednotka nepredstavujú to isté zariadenie v zmysle článku 3 písm. e) uvedenej smernice a že vlastník výrobného závodu nie je už v žiadnom prípade prevádzkovateľom kogeneračnej jednotky v zmysle článku 3 písm. f) tej istej smernice. O trovách Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené. Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto: Článok 3 písm. e) a f) smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, v spojení s prílohou I bodmi 2 a 3 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby vlastník výrobného závodu, ktorý je vybavený tepelnou elektrárňou, na ktorej činnosť sa vzťahuje táto príloha I, mohol získať aktualizáciu svojho povolenia na emisie skleníkových plynov v zmysle článku 7 tejto smernice, ak na podnik, ktorý sa špecializuje na odvetvie energetiky, previedol kogeneračnú jednotku nachádzajúcu sa v tom istom priemyselnom areáli ako tento závod a vykonávajúcu činnosť, ktorej kapacita je nižšia ako prahová hodnota stanovená v uvedenej prílohe I, pričom s týmto podnikom uzavrel zmluvu, ktorá stanovuje okrem iného, že energia vyrobená touto kogeneračnou jednotkou sa bude dodávať tomuto závodu, a to v prípade, že táto tepelná elektráreň a kogeneračná jednotka nepredstavujú to isté zariadenie v zmysle článku 3 písm. e) uvedenej smernice a že vlastník výrobného závodu nie je už v žiadnom prípade prevádzkovateľom kogeneračnej jednotky v zmysle článku 3 písm. f) tej istej smernice. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: taliančina.

62015CJ0110

el

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας ( ΕΕ 2001, L 167, σ. 10 ). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο πλειόνων διαφορών μεταξύ, αφενός, εταιριών που παράγουν και εμπορεύονται, μεταξύ άλλων, προσωπικούς υπολογιστές, συσκευές εγγραφής, υποθέματα εγγραφής, κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές μηχανές και, αφετέρου, του Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (Yπουργείο Πολιτιστικών Αγαθών και Δραστηριοτήτων και Τουρισμού, Ιταλία, στο εξής: MIBAC), της Società italiana degli autori ed editori (Ιταλική εταιρία των δημιουργών και εκδοτών, στο εξής: SIAE), του Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (Ινστιτούτο για την προστασία των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών ερμηνευτών), τελούντος σε εκκαθάριση, της Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (Εθνική Ένωση των κινηματογραφικών βιομηχανιών, των βιομηχανιών οπτικοακουστικών μέσων και των πολυμέσων) και της Associazione produttori televisivi (Ένωση των τηλεοπτικών παραγωγών), όσον αφορά τη «δίκαιη αποζημίωση» που πρέπει να καταβάλλεται, μέσω της SIAE, στους δημιουργούς πνευματικών έργων για την ιδιωτική αναπαραγωγή, για προσωπική χρήση, των έργων αυτών. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Οι αιτιολογικές σκέψεις 31, 35 και 38 της οδηγίας 2001/29 έχουν ως εξής: «(31) Πρέπει να διατηρηθεί μια ισορροπία περί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων, καθώς και μεταξύ αυτών και των χρηστών προστατευομένων αντικειμένων. [...] [...] (35) Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρέσεων ή περιορισμών, οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη και επαρκή αποζημίωση για τη χρήση των προστατευόμενων έργων ή λοιπών προστατευομένων αντικειμένων τους. Κατά τον καθορισμό της μορφής, των λεπτομερειών καταβολής και του ενδεχόμενου ύψους αυτής της δίκαιης αποζημίωσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες κάθε περίπτωσης. Για την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, πολύτιμο κριτήριο αποτελεί η πιθανή ζημία των δικαιούχων από τη συγκεκριμένη πράξη. […] [...] (38) Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό από το δικαίωμα αναπαραγωγής, ενδεχομένως με εύλογη αποζημίωση, για ορισμένα είδη αναπαραγωγής ακουστικού, οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού για ιδιωτική χρήση. Η εξαίρεση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την καθιέρωση ή τη διατήρηση συστημάτων αμοιβής για την αποζημίωση των δικαιούχων. [...]» Το άρθρο 2 της οδηγίας 2001/29, το οποίο επιγράφεται «Δικαίωμα αναπαραγωγής», ορίζει τα εξής: «Τα κράτη μέλη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν, την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει: α) στους δημιουργούς, όσον αφορά τα έργα τους, β) στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους, γ) στους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους, δ) στους παραγωγούς της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινιών σε φορέα, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους, ε) στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους, που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης.» Το άρθρο 5 της οδηγίας αυτής, το οποίο επιγράφεται «Εξαιρέσεις και περιορισμοί», προβλέπει στην παράγραφο 2, στοιχείο βʹ, τα εξής: «Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς από το δικαίωμα αναπαραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 2 στις ακόλουθες περιπτώσεις: [...] β) αναπαραγωγές σε οποιοδήποτε μέσο που πραγματοποιούνται από φυσικό πρόσωπο για ιδιωτική χρήση και για μη άμεσους ή έμμεσους εμπορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση που συνεκτιμά την εφαρμογή ή όχι των τεχνολογικών μέτρων του άρθρου 6 στο συγκεκριμένο έργο ή άλλο υλικό, [...]». Το ιταλικό δίκαιο Η οδηγία 2001/29 μεταφέρθηκε στην ιταλική έννομη τάξη με το decreto legislativo n. 68 – Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 68, περί της εφαρμογής της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας), της 9ης Απριλίου 2003 (τακτικό συμπλήρωμα στην GURI αριθ. 87, της 14ης Απριλίου 2003), που τροποποίησε τον legge n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (νόμος αριθ. 633 περί της προστασίας του δικαιώματος δημιουργού και των λοιπών σχετικών με την άσκησή του δικαιωμάτων), της 22ας Απριλίου 1941 (στο εξής: LDA), προσθέτοντας στον νόμο αυτό τα άρθρα 71sexies, 71septies και 71octies, που αφορούν την «ιδιωτική αναπαραγωγή για προσωπική χρήση». Το άρθρο 71sexies, παράγραφος1, του LDA ορίζει τα εξής: «Επιτρέπεται η ιδιωτική αντιγραφή φωνογραφημάτων και βιντεογραφημάτων επί οποιουδήποτε υποθέματος, η οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για αποκλειστικά προσωπική χρήση, χωρίς σκοπό κέρδους και χωρίς άμεσους ή έμμεσους εμπορικούς σκοπούς, τηρουμένων των τεχνικών μέτρων που αναφέρει το άρθρο 102 quater». Το άρθρο 71septies του LDA προβλέπει τα εξής: «1.   Οι δημιουργοί και οι παραγωγοί φωνογραφημάτων καθώς και οι αρχικοί παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων, οι ερμηνευτές και εκτελεστές καλλιτέχνες και οι παραγωγοί βιντεογραφημάτων, καθώς και οι νόμιμοι διάδοχοι αυτών, δικαιούνται αποζημιώσεως για την κατά το άρθρο 71sexies ιδιωτική αντιγραφή φωνογραφημάτων και βιντεογραφημάτων. Η εν λόγω αποζημίωση συνίσταται, για τις συσκευές που προορίζονται αποκλειστικά για την αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή φωνογραφημάτων ή βιντεογραφημάτων, σε ποσοστό του τιμήματος που καταβάλλει ο τελικός αγοραστής στον μεταπωλητή, το οποίο για τις συσκευές πολλαπλών λειτουργιών υπολογίζεται επί της τιμής συσκευής έχουσας ισοδύναμα χαρακτηριστικά με εκείνα του εσωτερικού εξαρτήματος που προορίζεται για την εγγραφή ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, σε πάγιο ποσό ανά συσκευή. Για τα υποθέματα ακουστικής και οπτικής εγγραφής, όπως αναλογικά υποθέματα, ψηφιακά υποθέματα, σταθερές ή φορητές μνήμες που προορίζονται για την εγγραφή φωνογραφημάτων ή βιντεογραφημάτων, η αποζημίωση συνίσταται σε ποσό ανάλογο με τη χωρητικότητα εγγραφής των εν λόγω υποθεμάτων. Για τα συστήματα βιντεοσκοπήσεως εξ αποστάσεως, η αποζημίωση που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο οφείλεται από τον πάροχο της υπηρεσίας και είναι ανάλογη με την αμοιβή που ελήφθη για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 2.   Η αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καθορίζεται, σύμφωνα με την νομοθεσία [της Ένωσης] και εν πάση περιπτώσει λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, με απόφαση του [MΙBAC], η οποία πρέπει να εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 αφού ληφθεί η γνώμη της αναφερόμενης στο άρθρο 190 επιτροπής και των πιο αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών ενώσεων των κατασκευαστών των συσκευών και των υποθεμάτων που αναφέρει η παράγραφος 1. Για τον καθορισμό της αποζημιώσεως λαμβάνονται υπόψη η ύπαρξη ή μη ύπαρξη των τεχνικών μέτρων που αναφέρει το άρθρο 102quater καθώς και οι διαφορετικές συνέπειες της ψηφιακής αντιγραφής σε σχέση με την αναλογική αντιγραφή. Η απόφαση επικαιροποιείται ανά τριετία. 3.   Η αποζημίωση οφείλεται από το πρόσωπο που κατασκευάζει ή εισάγει στην ημεδαπή, με σκοπό το κέρδος, τις συσκευές και τα υποθέματα που αναφέρει η παράγραφος 1. Τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν στη [SIAE], κάθε τρεις μήνες, δήλωση αναφέρουσα τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις και τις οφειλόμενες αποζημιώσεις, οι οποίες πρέπει να καταβάλλονται ταυτοχρόνως. Σε περίπτωση μη καταβολής της αποζημιώσεως, ο διανομέας των συσκευών ή των υποθεμάτων εγγραφής ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή. [...]» Το άρθρο 71octies του LDA προβλέπει τα εξής: «1.   Η αποζημίωση του άρθρου 71septies για συσκευές και υποθέματα που προορίζονται για εγγραφή φωνογραφημάτων καταβάλλεται στη [SIAE], η οποία διασφαλίζει, αφαιρουμένων των εξόδων της, την καταβολή της σε ίσα μερίδια μεταξύ, αφενός, των δημιουργών και των νομίμων διαδόχων τους και, αφετέρου, των κατασκευαστών των φωνογραφημάτων, επίσης μέσω των πλέον αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών ενώσεων του τομέα. 2.   Οι κατασκευαστές των φωνογραφημάτων οφείλουν να καταβάλουν αμελλητί, και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας έξι μηνών, το 50 % της αποζημιώσεως που έχουν λάβει δυνάμει της παραγράφου 1 στους οικείους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές. 3.   Η αποζημίωση του άρθρου 71septies για τις συσκευές και τα υποθέματα που προορίζονται για εγγραφή βιντεογραφημάτων καταβάλλεται στη [SIAE], η οποία διασφαλίζει, αφαιρουμένων των εξόδων της, την καταβολή, μέσω των πλέον αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών ενώσεων του τομέα, μεριδίου ύψους 30 % της αποζημιώσεως στους δημιουργούς και του υπόλοιπου 70 % ισόποσα στους αρχικούς παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων, στους παραγωγούς βιντεογραφημάτων και στους καλλιτέχνες ερμηνευτές και εκτελεστές. Το 50 % της αποζημιώσεως που καταβάλλεται στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές χρηματοδοτεί δραστηριότητες και σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 2, του νόμου 93 της 5ης Φεβρουαρίου 1992.» Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 71septies, παράγραφος 2, του LDA, το MIBAC εξέδωσε, στις 30 Δεκεμβρίου 2009, την decreto relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi (απόφαση περί του καθορισμού της αποζημιώσεως για την ιδιωτική αναπαραγωγή φωνογραφημάτων και βιντεογραφημάτων, στο εξής: απόφαση της 30ής Δεκεμβρίου 2009) που αποτελείται από ένα μοναδικό άρθρο, σύμφωνα με το οποίο «το τεχνικό παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα [της εν λόγω] αποφάσεως, ορίζει το ύψος της αποζημιώσεως για την ιδιωτική αναπαραγωγή φωνογραφημάτων και βιντεογραφημάτων, δυνάμει του άρθρου 71septies του [LDA]». Το άρθρο 2 του τεχνικού παραρτήματος της αποφάσεως της 30ής Δεκεμβρίου 2009 (στο εξής: τεχνικό παράρτημα) ορίζει τα ποσά της αποζημιώσεως για ιδιωτική αντιγραφή, παραθέτοντας κατάλογο 26 κατηγοριών προϊόντων και αναφέροντας για κάθε μια από αυτές το ποσό της εν λόγω αποζημιώσεως. Το άρθρο 4 του τεχνικού παραρτήματος προβλέπει τα εξής: «1.   Η [SIAE] προωθεί πρωτόκολλα για μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή των παρουσών διατάξεων, καθώς και για την εφαρμογή αντικειμενικών ή υποκειμενικών εξαιρέσεων, όπως, ενδεικτικά, στις περιπτώσεις επαγγελματικής χρήσεως συσκευών ή υποθεμάτων ή για ορισμένες συσκευές για βιντεοπαιχνίδια. Τα εν λόγω πρωτόκολλα εφαρμογής εκδίδονται σε συμφωνία με τους υπόχρεους για την καταβολή του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής ή με τις επαγγελματικές ενώσεις τους. 2.   Οι συναφθείσες πριν την έκδοση των παρουσών διατάξεων συμφωνίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 πρωτοκόλλων.» Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα Οι προσφεύγουσες της κύριας δίκης παράγουν και εμπορεύονται, μεταξύ άλλων, προσωπικούς υπολογιστές, συσκευές εγγραφής, υποθέματα εγγραφής, κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές μηχανές. Οι εν λόγω προσφεύγουσες προσέφυγαν ενώπιον του Tribunale amministrativo regionale del Lazio (περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο του Lazio, Ιταλία), ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως της 30ής Δεκεμβρίου 2009. Προς στήριξη των προσφυγών αυτών, υποστήριξαν ότι η επίμαχη εθνική ρύθμιση αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης, ιδίως λόγω της υπαγωγής στο τέλος ιδιωτικής αντιγραφής προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς προδήλως ξένους προς εκείνους της ιδιωτικής αντιγραφής, όπως νομικών και φυσικών προσώπων που ενεργούν για επαγγελματικούς σκοπούς. Υπογράμμισαν επίσης ότι η ανάθεση εξουσιών από το MIBAC στη SIAE, η οποία είναι ο επιφορτισμένος με τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων δημιουργού οργανισμός στην Ιταλία, εισάγει διακρίσεις, δεδομένου ότι η εθνική ρύθμιση παρέχει στη SIAE την εξουσία καθορισμού των προσώπων που πρέπει να απαλλαγούν της καταβολής του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής καθώς και των προσώπων που μπορούν να επωφεληθούν της διαδικασίας επιστροφής του εν λόγω τέλους, όταν αυτό έχει καταβληθεί. Το Tribunale amministrativo regionale del Lazio (περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο του Lazio) απέρριψε τις προσφυγές αυτές. Οι προσφεύγουσες της κύριας δίκης άσκησαν έφεση κατά της αποφάσεως περί απορρίψεως των εν λόγω προσφυγών ενώπιον του Consiglio di Stato (Συμβούλιο της Επικρατείας, Ιταλία), το οποίο, έχοντας αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία που πρέπει να δοθεί, στο πλαίσιο αυτό, στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29, αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) Αντιτίθεται το δίκαιο της Ένωσης –και συγκεκριμένα η αιτιολογική σκέψη 31 και το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29– σε εθνική διάταξη (ειδικότερα, στο άρθρο 71sexies του LDA, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του τεχνικού παραρτήματος) η οποία ορίζει ότι, στην περίπτωση των υποθεμάτων και των συσκευών που αγοράζονται για σκοπούς προδήλως ξένους προς εκείνους της ιδιωτικής αντιγραφής –δηλαδή για αποκλειστικά επαγγελματική χρήση– ο καθορισμός των κριτηρίων της εκ των προτέρων απαλλαγής από το τέλος ιδιωτικής αντιγραφής επαφίεται στη σύναψη συμφωνιών –ή στην “ελεύθερη διαπραγμάτευση”– ιδιωτικού δικαίου, και ειδικότερα στα κατά το εν λόγω άρθρο 4 “πρωτόκολλα εφαρμογής”, χωρίς να προβλέπει γενικούς κανόνες ούτε οποιαδήποτε εγγύηση ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ της SIAE και των υπόχρεων για την καταβολή της αποζημιώσεως ή των επαγγελματικών ενώσεών τους; 2) Αντιτίθεται το δίκαιο της Ένωσης –και συγκεκριμένα η αιτιολογική σκέψη 31 και το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29– σε εθνική διάταξη (ειδικότερα, στο άρθρο 71sexies του ιταλικού νόμου περί του δικαιώματος δημιουργού, σε συνδυασμό με την απόφαση της 30ής Δεκεμβρίου 2009 και με τις οδηγίες της SIAE όσον αφορά τις επιστροφές), η οποία ορίζει ότι στην περίπτωση των υποθεμάτων και των συσκευών που αγοράζονται για σκοπούς προδήλως ξένους προς εκείνους της ιδιωτικής αντιγραφής –δηλαδή για αποκλειστικά επαγγελματική χρήση– επιστροφή μπορεί να ζητήσει μόνον ο τελικός χρήστης και όχι ο κατασκευαστής των υποθεμάτων και των συσκευών;» Επί των προδικαστικών ερωτημάτων Επί του παραδεκτού Η SIAE εκτιμά ότι το πρώτο ερώτημα είναι απαράδεκτο, καθόσον το ζήτημα αυτό θα έπρεπε να λυθεί μέσω σύμφωνης προς το δίκαιο της Ένωσης ερμηνείας του εθνικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία οι συσκευές και τα υποθέματα εγγραφής που αποκτώνται από μη φυσικά πρόσωπα για αποκλειστικώς επαγγελματικούς σκοπούς δεν υπόκεινται στην επιβολή τέλους ιδιωτικής αντιγραφής. Συναφώς, πρέπει να υπομνησθεί ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του τελευταίου και των εθνικών δικαστηρίων την οποία έχει θεσμοθετήσει το άρθρο 267 ΣΛΕΕ, εναπόκειται αποκλειστικά στο εθνικό δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η διαφορά και το οποίο φέρει την ευθύνη της δικαστικής αποφάσεως που θα εκδοθεί να εκτιμήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε υποθέσεως, τόσο την αναγκαιότητα μιας προδικαστικής αποφάσεως για να είναι σε θέση να εκδώσει την απόφασή του όσο και το λυσιτελές των ερωτημάτων που υποβάλλει στο Δικαστήριο. Συνεπώς, εφόσον τα υποβληθέντα ερωτήματα αφορούν την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης, το Δικαστήριο οφείλει, καταρχήν, να αποφανθεί (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 21ης Οκτωβρίου 2010, Padawan, C‑467/08 , EU:C:2010:620 , σκέψη , και της 12ης Νοεμβρίου 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13 , EU:C:2015:750 , σκέψη ). Το Δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί να αποφανθεί επί προδικαστικού ερωτήματος που έχει υποβάλει εθνικό δικαστήριο μόνον όταν προκύπτει προδήλως ότι η ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης την οποία ζητεί το εθνικό δικαστήριο δεν έχει καμία σχέση με το υποστατό ή το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης, όταν το πρόβλημα είναι υποθετικής φύσεως ή επίσης όταν το Δικαστήριο δεν διαθέτει τα πραγματικά και νομικά στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου να δώσει χρήσιμη απάντηση στα ερωτήματα που του έχουν υποβληθεί (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 16ης Ιουνίου 2015, Gauweiler κ.λπ., C‑62/14 , EU:C:2015:400 , σκέψη , και της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, Taricco κ.λπ., C‑105/14 , EU:C:2015:555 , σκέψη ). Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει εν προκειμένω, στο μέτρο που το πρώτο ερώτημα που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο, το οποίο αφορά την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης, δεν είναι υποθετικό και έχει σχέση με το υποστατό της διαφοράς της κύριας δίκης, καθόσον το ερώτημα αυτό αφορά την ερμηνεία διατάξεων του δικαίου της Ένωσης που κατά το αιτούν δικαστήριο είναι καθοριστικές για την απόφαση που θα εκδώσει στην υπόθεση της κύριας δίκης, ειδικότερα όσον αφορά τις λεπτομέρειες της απαλλαγής από την επιβολή τέλους ιδιωτικής αντιγραφής όταν τα υποθέματα και οι συσκευές αγοράζονται για σκοπούς προδήλως ξένους προς εκείνους της ιδιωτικής αντιγραφής. Η SIAE υποστηρίζει επίσης ότι το δεύτερο ερώτημα είναι απαράδεκτο, καθόσον είναι πανομοιότυπο με ερωτήματα επί των οποίων έχει ήδη αποφανθεί το Δικαστήριο. Αυτή η ένσταση απαραδέκτου πρέπει να απορριφθεί. Συγκεκριμένα, ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι το υποβληθέν ερώτημα συμπίπτει επί της ουσίας με ερώτημα που αποτέλεσε ήδη αντικείμενο προδικαστικής αποφάσεως σε ανάλογη υπόθεση, το στοιχείο αυτό ουδόλως απαγορεύει σε ένα εθνικό δικαστήριο να υποβάλει στο Δικαστήριο προδικαστικό ερώτημα και δεν καθιστά απαράδεκτο το υποβληθέν με τον τρόπο αυτό ερώτημα (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 6ης Οκτωβρίου 1982, Cilfit κ.λπ., 283/81 , EU:C:1982:335 , σκέψεις και · της 2ας Απριλίου 2009, Pedro IV Servicios, C‑260/07 , EU:C:2009:215 , σκέψη , καθώς και της 26ης Νοεμβρίου 2014, Mascolo κ.λπ., C‑22/13, C‑61/13 έως C‑63/13 και C‑418/13 , EU:C:2014:2401 , σκέψη ). Επομένως, τα υποβληθέντα ερωτήματα είναι παραδεκτά. Επί της ουσίας Με τα ερωτήματά του, τα οποία πρέπει να συνεξεταστούν, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί κατά πόσον το δίκαιο της Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στη διαφορά της κύριας δίκης, η οποία, αφενός, εξαρτά την απαλλαγή από την καταβολή του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής όσον αφορά τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς συσκευών και υποθεμάτων που προορίζονται για χρήση προδήλως ξένη προς την ιδιωτική αντιγραφή από τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ ενός φορέα, ο οποίος διαθέτει εκ του νόμου μονοπώλιο εκπροσωπήσεως των συμφερόντων των δημιουργών των έργων, και των υποχρέων για την καταβολή της αποζημιώσεως ή των επαγγελματικών ενώσεών τους και, αφετέρου, προβλέπει ότι την επιστροφή του εν λόγω τέλους, όταν αυτό έχει αχρεωστήτως καταβληθεί, μπορεί να ζητήσει μόνον ο τελικός χρήστης των εν λόγω συσκευών και υποθεμάτων. Πρέπει να υπομνησθεί, πρώτον, ότι, δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν εξαίρεση από το αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 2 της οδηγίας αυτής ή περιορισμό του εν λόγω δικαιώματος, στην περίπτωση αναπαραγωγών επί οποιουδήποτε υποθέματος στις οποίες προβαίνει φυσικό πρόσωπο για ιδιωτική χρήση και σκοπούς οι οποίοι δεν είναι αμέσως ή εμμέσως εμπορικοί, υπό τον όρον ότι οι φορείς του αποκλειστικού δικαιώματος αυτού λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση στην οποία συνεκτιμώνται τα τεχνολογικά μέτρα του άρθρου 6 της εν λόγω οδηγίας. Όπως προκύπτει από τις αιτιολογικές σκέψεις 35 και 38 της οδηγίας 2001/29, το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της εν λόγω οδηγίας εκφράζει τη βούληση του νομοθέτη της Ένωσης να θεσπίσει ειδικό σύστημα αποζημιώσεως του οποίου η εφαρμογή ενεργοποιείται από την ύπαρξη ζημίας εις βάρος των δικαιούχων, η οποία ζημία δημιουργεί, καταρχήν, υποχρέωση «αποζημιώσεώς» τους (απόφαση της 9ης Ιουνίου 2016, EGEDA κ.λπ., C‑470/14 , EU:C:2016:418 , σκέψη καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Στο μέτρο που οι διατάξεις της οδηγίας 2001/29 δεν ρυθμίζουν ρητώς τα διάφορα στοιχεία του συστήματος της δίκαιης αποζημιώσεως, τα κράτη μέλη έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια να καθορίσουν ποιος οφείλει να καταβάλει την αποζημίωση αυτή. Το αυτό ισχύει όσον αφορά τον καθορισμό της μορφής, των λεπτομερειών καταβολής και του ενδεχόμενου ύψους της αποζημιώσεως αυτής (βλ., συναφώς, απόφαση της 11ης Ιουλίου 2013, Amazon.com International Sales κ.λπ., C‑521/11 , EU:C:2013:515 , σκέψη καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Όπως προκύπτει από τη νομολογία του Δικαστηρίου, προκειμένου να είναι σύμφωνη προς το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29, η δίκαιη αποζημίωση, και, επομένως, και το σύστημα στο οποίο αυτή βασίζεται, πρέπει να συνδέονται με τη ζημία που προκαλείται στους δικαιούχους λόγω της δημιουργίας ιδιωτικών αντιγράφων (βλ., συναφώς, απόφαση της 5ης Μαρτίου 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12 , EU:C:2015:144 , σκέψη καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Κατά συνέπεια, ένα σύστημα χρηματοδοτήσεως της δίκαιης αποζημιώσεως είναι συμβατό με τις επιταγές της μνημονευόμενης στην αιτιολογική σκέψη 31 της οδηγίας 2001/29 «δέουσας ισορροπίας» μεταξύ, αφενός, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των δημιουργών, που είναι δικαιούχοι της δίκαιης αποζημιώσεως, και, αφετέρου, των δικαιωμάτων των χρηστών προστατευομένων αντικειμένων μόνον αν οι επίμαχες συσκευές και τα υποθέματα αναπαραγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιδιωτική αντιγραφή και, ως εκ τούτου, να προξενήσουν ζημία στον δημιουργό του προστατευόμενου έργου. Υφίσταται επομένως, δεδομένων των απαιτήσεων αυτών, αναγκαίος σύνδεσμος μεταξύ της επιβολής του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής στις εν λόγω συσκευές και στα υποθέματα ψηφιακής αναπαραγωγής και της χρήσεως τούτων για ιδιωτική αναπαραγωγή (βλ., συναφώς, απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2010, Padawan, C‑467/08 , EU:C:2010:620 , σκέψη ). Δεύτερον, πρέπει να υπομνησθεί ότι το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι, εφόσον η ζημία στον φορέα του αποκλειστικού δικαιώματος αναπαραγωγής προξενείται από το πρόσωπο εκείνο το οποίο προβαίνει, για ιδιωτική του χρήση, στην αναπαραγωγή προστατευόμενου έργου χωρίς να ζητήσει προηγουμένως την άδεια του εν λόγω δικαιούχου, το ως άνω πρόσωπο υποχρεούται καταρχήν να ανορθώσει τη ζημία που προξενεί η ως άνω αναπαραγωγή, χρηματοδοτώντας την αποζημίωση που θα καταβληθεί στον ως άνω δικαιούχο (αποφάσεις της 21ης Οκτωβρίου 2010, Padawan, C‑467/08 , EU:C:2010:620 , σκέψη · της 16ης Ιουνίου 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09 , EU:C:2011:397 , σκέψη , και της 11ης Ιουλίου 2013, Amazon.com International Sales κ.λπ., C-521/11 , EU:C:2013:515 , σκέψη ). Το Δικαστήριο έχει, ωστόσο, δεχθεί ότι, λαμβανομένων υπόψη των πρακτικών δυσχερειών προκειμένου να εντοπισθούν οι ιδιώτες χρήστες και να υποχρεωθούν να αποζημιώσουν τους φορείς του αποκλειστικού δικαιώματος αναπαραγωγής για τη ζημία που τους προκαλούν, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν, για τη χρηματοδότηση της δίκαιης αποζημιώσεως, «τέλος ιδιωτικής αντιγραφής», το οποίο δεν βαρύνει τους εν λόγω ιδιώτες, αλλά εκείνους οι οποίοι διαθέτουν εξοπλισμό, συσκευές και υποθέματα αναπαραγωγής και οι οποίοι, ως εκ τούτου, θέτουν από νομικής ή πραγματικής απόψεως τον εξοπλισμό αυτόν στη διάθεση ιδιωτών. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου συστήματος, εκείνοι που υποχρεούνται να καταβάλουν το τέλος ιδιωτικής αντιγραφής είναι τα πρόσωπα που διαθέτουν τον εξοπλισμό αυτόν (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 21ης Οκτωβρίου 2010, Padawan, C‑467/08 , EU:C:2010:620 , σκέψη · της 16ης Ιουνίου 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09 , EU:C:2011:397 , σκέψη , καθώς και της 11ης Ιουλίου 2013, Amazon.com International Sales κ.λπ., C-521/11 , EU:C:2013:515 , σκέψη ). Επομένως, τα κράτη μέλη μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να εφαρμόσουν αδιακρίτως το τέλος ιδιωτικής αντιγραφής στα υποθέματα εγγραφής που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως στην οποία η τελική χρήση των υποθεμάτων αυτών δεν εμπίπτει στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29 (βλ. απόφαση της 5ης Μαρτίου 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12 , EU:C:2015:144 , σκέψη ). Συναφώς, το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι, εφόσον το εν λόγω σύστημα παρέχει στους οφειλέτες τη δυνατότητα να μετακυλίσουν το ποσό του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής στην τιμή διαθέσεως του εν λόγω εξοπλισμού, των συσκευών και υποθεμάτων αναπαραγωγής στους ιδιώτες ή στην τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας αναπαραγωγής, το τέλος αυτό τελικά επιβαρύνει τον ιδιώτη χρήστη ο οποίος καταβάλλει την τιμή αυτή, και τούτο σύμφωνα με την επιδιωκόμενη «δέουσα ισορροπία», που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 31 της οδηγίας 2001/29, μεταξύ των συμφερόντων των φορέων του αποκλειστικού δικαιώματος αναπαραγωγής και των συμφερόντων των χρηστών των προστατευόμενων αντικειμένων (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 16ης Ιουνίου 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09 , EU:C:2011:397 , σκέψη , καθώς και της 11ης Ιουλίου 2013, Amazon.com International Sales κ.λπ., C‑521/11 , EU:C:2013:515 , σκέψη ). Πάντως, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι σύστημα που αποσκοπεί στην εφαρμογή ενός τέτοιου τέλους συνάδει με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29 μόνον εάν η θέσπισή του δικαιολογείται από πρακτικές δυσχέρειες και εάν οι οφειλέτες έχουν δικαίωμα επιστροφής του τέλους αυτού όταν τούτο δεν οφείλεται (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 11ης Ιουλίου 2013, Amazon.com International Sales κ.λπ., C‑521/11 , EU:C:2013:515 , σκέψη , καθώς και της 5ης Μαρτίου 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12 , EU:C:2015:144 , σκέψη ). Συναφώς, ένα σύστημα τελών ιδιωτικής αντιγραφής μπορεί να δικαιολογείται, μεταξύ άλλων, από την ανάγκη να αντιμετωπισθούν η αδυναμία εντοπισμού των τελικών χρηστών ή οι πρακτικές δυσχέρειες που έχει ο εντοπισμός αυτός ή άλλες παρόμοιες δυσχέρειες (απόφαση της 5ης Μαρτίου 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12 , EU:C:2015:144 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Ωστόσο, από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι, εν πάση περιπτώσει, το εν λόγω τέλος δεν πρέπει να επιβάλλεται στην πώληση εξοπλισμού, συσκευών και υποθεμάτων αναπαραγωγής σε μη φυσικά πρόσωπα, για σκοπούς προδήλως ξένους προς την ιδιωτική αντιγραφή (απόφαση της 5ης Μαρτίου 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12 , EU:C:2015:144 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Εξάλλου, ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να προβλέπει αποτελεσματικό δικαίωμα επιστροφής του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής, το οποίο να μην καθιστά υπερβολικώς δυσχερή την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Συναφώς, το περιεχόμενο, η αποτελεσματικότητα, η διαθεσιμότητα, ο βαθμός στον οποίο είναι γνωστό και η απλότητα ασκήσεως του δικαιώματος επιστροφής πρέπει να καθιστούν δυνατή την άμβλυνση των ενδεχόμενων ανισορροπιών που δημιουργεί το σύστημα τέλους ιδιωτικής αντιγραφής προς αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών πρακτικών δυσχερειών (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 11ης Ιουλίου 2013, Amazon.com International Sales κ.λπ., C-521/11 , EU:C:2013:515 , σκέψη , και της 5ης Μαρτίου 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12 , EU:C:2015:144 , σκέψη ). Τα ερωτήματα που υπέβαλε το αιτούν δικαστήριο πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα αυτών ακριβώς των σκέψεων. Πρώτον, πρέπει να επισημανθεί ότι το επίμαχο στη διαφορά της κύριας δίκης σύστημα δίκαιης αποζημιώσεως προβλέπει, όπως προκύπτει από το άρθρο 71septies, παράγραφος 1, του LDA, ότι το τέλος ιδιωτικής αντιγραφής συνίσταται σε ποσοστό του τιμήματος που καταβάλλει ο τελικός χρήστης στον μεταπωλητή για τις συσκευές και τα υποθέματα, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με τη χωρητικότητα εγγραφής τους. Κατά το άρθρο 71septies, παράγραφος 3, του LDA, το εν λόγω τέλος οφείλεται από το πρόσωπο που κατασκευάζει ή εισάγει στην ιταλική επικράτεια, με σκοπό το κέρδος, τέτοιες συσκευές και υποθέματα. Συναφώς, δεν αμφισβητείται ότι η επίμαχη στη διαφορά της κύριας δίκης ρύθμιση δεν προβλέπει διάταξη γενικής εφαρμογής απαλλάσσουσα της καταβολής του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς που αποδεικνύουν ότι οι συσκευές και τα υποθέματα αποκτήθηκαν από μη φυσικά πρόσωπα για σκοπούς προδήλως ξένους προς την ιδιωτική αντιγραφή. Από τη μνημονευόμενη στη σκέψη 36 της παρούσας αποφάσεως νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει όμως ότι το εν λόγω τέλος δεν πρέπει να επιβάλλεται στην πώληση τέτοιων εξοπλισμών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σκέψη 29 της παρούσας αποφάσεως, σύστημα χρηματοδοτήσεως της δίκαιης αποζημιώσεως είναι συμβατό με τις επιταγές της αναφερόμενης στην αιτιολογική σκέψη 31 της οδηγίας 2001/29 «δέουσας ισορροπίας» μόνον αν οι επίμαχες συσκευές και τα υποθέματα αναπαραγωγής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιδιωτική αντιγραφή. Βεβαίως, όπως υπογραμμίζει η Ιταλική Κυβέρνηση, το τεχνικό παράρτημα προβλέπει, στο άρθρο 4, ότι η SIAE πρέπει να «προωθεί» πρωτόκολλα, μεταξύ άλλων, «για την εφαρμογή αντικειμενικών ή υποκειμενικών εξαιρέσεων, όπως, ενδεικτικά, στις περιπτώσεις επαγγελματικής χρήσεως συσκευών ή υποθεμάτων ή για ορισμένες συσκευές για βιντεοπαιχνίδια», τα δε εν λόγω πρωτόκολλα εφαρμογής πρέπει να εκδίδονται σε συμφωνία με τους υπόχρεους για την καταβολή του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής ή με τις επαγγελματικές ενώσεις τους. Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει υπενθυμίσει ότι οι εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 5 της οδηγίας 2001/29 πρέπει να εφαρμόζονται τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, η οποία συνιστά γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτάσσει, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, να μην αντιμετωπίζονται παρόμοιες καταστάσεις κατά τρόπο διαφορετικό ούτε διαφορετικές καταστάσεις καθ’ όμοιο τρόπο, εκτός αν η αντιμετώπιση αυτή δικαιολογείται αντικειμενικώς (απόφαση της 5ης Μαρτίου 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12 , EU:C:2015:144 , σκέψεις και καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να προβλέπουν όρους για τη δίκαιη αποζημίωση που εισάγουν αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επιχειρηματιών οι οποίοι διαθέτουν στο εμπόριο συγκρίσιμα προϊόντα εμπίπτοντα στην εξαίρεση της ιδιωτικής αντιγραφής ή μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών χρηστών προστατευόμενων προϊόντων (απόφαση της 5ης Μαρτίου 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12 , EU:C:2015:144 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Εν προκειμένω, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η επίμαχη στη διαφορά της κύριας δίκης ρύθμιση δεν καθιστά δυνατή τη διασφάλιση σε κάθε περίπτωση της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ υποκείμενων στο τέλος ιδιωτικής αντιγραφής κατασκευαστών και εισαγωγέων, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις. Πράγματι, καταρχάς, η εν λόγω ρύθμιση, η οποία, όπως επισημάνθηκε στη σκέψη 40 της παρούσας αποφάσεως, δεν προβλέπει διάταξη γενικής εφαρμογής απαλλάσσουσα της καταβολής του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς που αποδεικνύουν ότι οι συσκευές και τα υποθέματα αποκτήθηκαν από μη φυσικά πρόσωπα για σκοπούς προδήλως ξένους προς την ιδιωτική αντιγραφή, περιορίζεται στην επιβολή στη SIAE υποχρεώσεως ως προς το μέσο, δεδομένου ότι η τελευταία υποχρεούται απλώς να «προωθήσει» τη σύναψη πρωτοκόλλων συμφωνίας με τους υποχρέους καταβολής του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν κατασκευαστές και εισαγωγείς που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο, αναλόγως αν έχουν συνάψει πρωτόκολλο συμφωνίας με τη SIAE ή όχι. Περαιτέρω, η εν λόγω ρύθμιση, ιδίως το άρθρο 4 του τεχνικού παραρτήματος, δεν προβλέπει αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υπόχρεοι καταβολής της δίκαιης αποζημιώσεως ή οι επαγγελματικές ενώσεις τους για τη σύναψη τέτοιων πρωτοκόλλων συμφωνίας, δεδομένου ότι η εν λόγω διάταξη περιορίζεται στην αναφορά, ενδεικτικώς, της απαλλαγής «στις περιπτώσεις επαγγελματικής χρήσεως συσκευών ή υποθεμάτων ή για ορισμένες συσκευές για βιντεοπαιχνίδια», ενώ οι εφαρμοζόμενες απαλλαγές μπορούν εξάλλου, σύμφωνα με το ίδιο το γράμμα του εν λόγω άρθρου, να έχουν αντικειμενικό ή υποκειμενικό χαρακτήρα. Τέλος, εφόσον η σύναψη τέτοιων πρωτοκόλλων επαφίεται στην ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ, αφενός, της SIAE και, αφετέρου, των υποχρέων σε καταβολή της δίκαιης αποζημιώσεως ή των επαγγελματικών τους ενώσεων, πρέπει να γίνει δεκτό, ακόμη και αν υποτεθεί ότι τέτοια πρωτόκολλα συνάπτονται με το σύνολο των προσώπων που μπορούν να αξιώσουν απαλλαγή από την επιβολή του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής, ότι δεν υφίσταται εγγύηση ότι οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο, δεδομένου ότι οι όροι των συμφωνιών αυτών είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεως ιδιωτικού δικαίου. Εξάλλου, λόγω των στοιχείων που τονίζονται στις σκέψεις 47 έως 49 της παρούσας αποφάσεως, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η επίμαχη στη διαφορά της κύριας δίκης εθνική ρύθμιση είναι ικανή να διασφαλίσει την τήρηση, κατά τρόπο αποτελεσματικό και τηρουμένης, μεταξύ άλλων, της αρχής της ασφάλειας δικαίου, της επιταγής που υπομνήσθηκε στη σκέψη 44 της παρούσας αποφάσεως. Δεύτερον, όπως προκύπτει από τη διατύπωση του δευτέρου προδικαστικού ερωτήματος και από τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο Δικαστήριο, η διαδικασία αποζημιώσεως, την οποία διαμόρφωσε η SIAE και η οποία περιλαμβάνεται σε «οδηγίες» της τελευταίας, διαθέσιμες στον ιστότοπό της, προβλέπει ότι την επιστροφή μπορεί να ζητήσει μόνον ο τελικός χρήστης, ο οποίος δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Αντιθέτως, δεν μπορεί να ζητήσει την επιστροφή ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας των υποθεμάτων και συσκευών. Συναφώς, αρκεί, όπως επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας στα σημεία 58 και 59 των προτάσεών του, η διαπίστωση ότι το Δικαστήριο έκρινε, βεβαίως, με την απόφαση της 5ης Μαρτίου 2015, Copydan Båndkopi ( C‑463/12 , EU:C:2015:144 , σκέψη ), ότι το δίκαιο της Ένωσης δεν απαγορεύει ένα σύστημα δίκαιης αποζημιώσεως που προβλέπει δικαίωμα επιστροφής του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής μόνον υπέρ του τελικού χρήστη των συσκευών ή υποθεμάτων που υπόκεινται στο τέλος, διευκρίνισε όμως ότι ένα τέτοιο σύστημα είναι συμβατό με το δίκαιο της Ένωσης μόνον υπό τον όρο ότι οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους απαλλάσσονται, τηρουμένου του δικαίου της Ένωσης, από την καταβολή του εάν αποδεικνύουν ότι προμήθευσαν τις επίμαχες συσκευές και υποθέματα σε μη φυσικά πρόσωπα για σκοπούς προδήλως ξένους προς την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα προεκτεθέντα στις σκέψεις 39 έως 49 της παρούσας αποφάσεως, αυτό δεν συμβαίνει εν προκειμένω. Εξάλλου, πρέπει να υπομνησθεί ότι, όπως προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 31 της οδηγίας 2001/29, πρέπει να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ των δικαιούχων και των χρηστών προστατευομένων αντικειμένων. Συνεπώς, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ένα σύστημα δίκαιης αποζημιώσεως πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμούς, ιδίως επιστροφής ποσών, για τη διόρθωση κάθε περιπτώσεως «υπερβάλλουσας αποζημιώσεως» σε βάρος κάποιας κατηγορίας χρηστών, η οποία δεν θα ήταν συμβατή με την επιταγή που μνημονεύεται στην εν λόγω αιτιολογική σκέψη (βλ., κατ’ αναλογίαν, απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13 , EU:C:2015:750 , σκέψεις και ). Εν προκειμένω, δεδομένου ότι το επίμαχο στη διαφορά της κύριας δίκης σύστημα δίκαιης αποζημιώσεως δεν προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για την απαλλαγή από την καταβολή του τέλους των κατασκευαστών και των εισαγωγέων που αποδεικνύουν ότι οι συσκευές και τα υποθέματα αποκτήθηκαν για σκοπούς προδήλως ξένους προς την ιδιωτική αντιγραφή, το εν λόγω σύστημα θα έπρεπε, σε κάθε περίπτωση, όπως επισημάνθηκε στη σκέψη 37 της παρούσας αποφάσεως, να προβλέπει δικαίωμα επιστροφής του τέλους, το οποίο να είναι αποτελεσματικό και να μην καθιστά υπερβολικώς δυσχερή την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους. Ωστόσο, το δικαίωμα επιστροφής που προβλέπεται από το επίμαχο στη διαφορά της κύριας δίκης σύστημα δίκαιης αποζημιώσεως δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικό, καθόσον είναι βέβαιο ότι το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα, ακόμη και όταν αποκτούν τις συσκευές και τα υποθέματα για σκοπούς προδήλως ξένους προς την ιδιωτική αντιγραφή. Λαμβανομένων υπόψη όλων όσων προαναφέρθηκαν, στα υποβληθέντα ερωτήματα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το δίκαιο της Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29 έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στη διαφορά της κύριας δίκης, η οποία, αφενός, εξαρτά την απαλλαγή από την καταβολή του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής όσον αφορά τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς συσκευών και υποθεμάτων που προορίζονται για χρήση προδήλως ξένη προς την ιδιωτική αντιγραφή από τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ ενός φορέα, ο οποίος διαθέτει εκ του νόμου μονοπώλιο εκπροσωπήσεως των συμφερόντων των δημιουργών των έργων, και των υποχρέων για την καταβολή της αποζημιώσεως ή των επαγγελματικών ενώσεών τους και, αφετέρου, προβλέπει ότι την επιστροφή του εν λόγω τέλους, όταν αυτό έχει αχρεωστήτως καταβληθεί, μπορεί να ζητήσει μόνον ο τελικός χρήστης των εν λόγω συσκευών και υποθεμάτων. Επί του αιτήματος περιορισμού των διαχρονικών αποτελεσμάτων της παρούσας αποφάσεως Με τις γραπτές παρατηρήσεις της, η SIAE ζήτησε από το Δικαστήριο να περιορίσει χρονικώς τα αποτελέσματα της παρούσας αποφάσεως σε περίπτωση που θα αποφανθεί ότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29 αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση όπως η επίμαχη στη διαφορά της κύριας δίκης. Προς στήριξη του αιτήματός της, η SIAE εφιστά την προσοχή του Δικαστηρίου, πρώτον, στις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις που θα είχε για τη SIAE μια απόφαση προβαίνουσα σε μια τέτοια διαπίστωση, καθόσον, εξαιρέσει του ποσοστού που κρατά η SIAE για την κάλυψη των εξόδων που απορρέουν από την εισπρακτική της δραστηριότητα, οι αποζημιώσεις έχουν ήδη κατανεμηθεί υπέρ των δικαιούχων. Δεύτερον, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η SIAE ενήργησε καλοπίστως και με πλήρη πεποίθηση ότι η επίμαχη στη διαφορά της κύριας δίκης ρύθμιση ήταν απολύτως συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης, πεποίθηση η οποία ενισχύθηκε από το γεγονός ότι, παρά την εφαρμογή της εν λόγω ρυθμίσεως για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Επιτροπή, η οποία είχε πλήρη γνώση του γεγονότος αυτού, ουδέποτε προέβαλε αντιρρήσεις ως προς τη συμφωνία της εν λόγω ρυθμίσεως με το δίκαιο της Ένωσης. Συναφώς πρέπει να υπομνησθεί ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η ερμηνεία που δίνει το Δικαστήριο σε κανόνα του δικαίου της Ένωσης, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας που του παρέχει το άρθρο 267 ΣΛΕΕ, διαφωτίζει και διευκρινίζει τη σημασία και το περιεχόμενο του κανόνα αυτού, όπως πρέπει ή θα έπρεπε να νοείται και να εφαρμόζεται από τον χρόνο της θέσεώς του σε ισχύ. Συνεπώς, ο κανόνας που έχει ερμηνευθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί και πρέπει να εφαρμόζεται από τα δικαστήρια ακόμη και επί εννόμων σχέσεων που γεννήθηκαν και συστάθηκαν πριν από την έκδοση της αποφάσεως επί της αιτήσεως ερμηνείας, εφόσον συντρέχουν κατά τα λοιπά οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν να αχθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων σχετική με την εφαρμογή του εν λόγω κανόνα διαφορά (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 17ης Φεβρουαρίου 2005, Linneweber και Ακριτίδης, C-453/02 και C-462/02 , EU:C:2005:92 , σκέψη · της 6ης Μαρτίου 2007, Meilicke κ.λπ., C-292/04 , EU:C:2007:132 , σκέψη , καθώς και της 27ης Φεβρουαρίου 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12 , EU:C:2014:108 , σκέψη ). Μόνον εντελώς κατ’ εξαίρεση μπορεί το Δικαστήριο, κατ’ εφαρμογήν της συμφυούς με την έννομη τάξη της Ένωσης γενικής αρχής της ασφάλειας δικαίου, να αποφασίσει τον περιορισμό της δυνατότητας την οποία έχει κάθε ενδιαφερόμενος να επικαλεσθεί διάταξη την οποία έχει ερμηνεύσει το Δικαστήριο, προκειμένου να αμφισβητήσει έννομες σχέσεις που έχουν καλοπίστως συναφθεί. Για να μπορεί να αποφασιστεί ένας τέτοιος περιορισμός, είναι αναγκαίο να πληρούνται δύο ουσιώδη κριτήρια, δηλαδή να υπάρχει καλή πίστη των ενδιαφερομένων κύκλων και κίνδυνος σοβαρών διαταραχών (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 10ης Ιανουαρίου 2006, Skov και Bilka, C-402/03 , EU:C:2006:6 , σκέψη · της 3ης Ιουνίου 2010, Kalinchev, C‑2/09 , EU:C:2010:312 , σκέψη , καθώς και της 27ης Φεβρουαρίου 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12 , EU:C:2014:108 , σκέψη ). Ειδικότερα, το Δικαστήριο κατέφυγε στη λύση αυτή μόνον υπό πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις, όταν, ιδίως, υπήρχε κίνδυνος σοβαρών οικονομικών συνεπειών οφειλομένων, ιδίως, στον μεγάλο αριθμό των εννόμων σχέσεων που είχαν συσταθεί καλόπιστα βάσει ρυθμίσεως η οποία εθεωρείτο νομίμως ισχύουσα και εφόσον προέκυπτε ότι οι ιδιώτες και οι εθνικές αρχές είχαν παρακινηθεί σε συμπεριφορά αντιβαίνουσα στο δίκαιο της Ένωσης λόγω αντικειμενικής και σοβαρής αβεβαιότητας ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, αβεβαιότητας στη δημιουργία της οποίας είχε ενδεχομένως συμβάλει η ίδια η συμπεριφορά άλλων κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απόφαση της 27ης Φεβρουαρίου 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12 , EU:C:2014:108 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Εν προκειμένω, όσον αφορά το πρώτο κριτήριο, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, με την απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2010, Padawan ( C‑467/08 , EU:C:2010:620 , σκέψη ), το Δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί σχετικά με το κατά πόσον συνάδει προς το δίκαιο της Ένωσης ένα σύστημα που προβλέπει την άνευ διακρίσεως επιβολή του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής σε όλους τους τύπους συσκευών και υποθεμάτων ψηφιακής αναπαραγωγής, ακόμη και στην περίπτωση που αποκτώνται από μη φυσικά πρόσωπα, για σκοπούς προδήλως ξένους προς την ιδιωτική αντιγραφή. Υπό τις συνθήκες αυτές, η SIAE ουδόλως μπορεί να ισχυριστεί ότι σχημάτισε την πεποίθηση ότι η επίμαχη στη διαφορά της κύριας δίκης ρύθμιση ήταν σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης, λόγω της μη προβολής εκ μέρους της Επιτροπής αντιρρήσεων ως προς το συμβατό της εν λόγω νομοθεσίας με το δίκαιο της Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η SIAE δεν απέδειξε την ύπαρξη σοβαρών διαταραχών, δεδομένου ότι περιορίστηκε να αναφέρει ότι οι αποζημιώσεις έχουν ήδη στο σύνολό τους κατανεμηθεί στους δικαιούχους και ότι «δεν θα ήταν, κατά πάσα πιθανότητα, σε θέση να ανακτήσει αυτά τα ποσά». Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να περιορισθούν τα διαχρονικά αποτελέσματα της παρούσας αποφάσεως. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφαίνεται: Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στη διαφορά της κύριας δίκης, η οποία, αφενός, εξαρτά την απαλλαγή από την καταβολή του τέλους ιδιωτικής αντιγραφής όσον αφορά τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς συσκευών και υποθεμάτων που προορίζονται για χρήση προδήλως ξένη προς την ιδιωτική αντιγραφή από τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ ενός φορέα, ο οποίος διαθέτει εκ του νόμου μονοπώλιο εκπροσωπήσεως των συμφερόντων των δημιουργών των έργων, και των υποχρέων για την καταβολή της αποζημιώσεως ή των επαγγελματικών ενώσεών τους και, αφετέρου, προβλέπει ότι την επιστροφή του εν λόγω τέλους, όταν αυτό έχει αχρεωστήτως καταβληθεί, μπορεί να ζητήσει μόνον ο τελικός χρήστης των εν λόγω συσκευών και υποθεμάτων. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική.

62018CJ0278

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 13B(b) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23, v nadaljevanju: Šesta direktiva). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Manuelom Jorgejem Sequeiro Mesquito in Fazenda Pública (ministrstvo za finance, Portugalska) glede opominov za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) za leto 2002, ki so se nanašali na pogodbo o odstopu obdelovanja kmetijskih zemljišč, ki jih sestavljajo vinogradi, sklenjeno z družbo Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Vale da Corça Lda. Pravni okvir Pravo Unije Člen 2 Šeste direktive, ki je spadal v njen naslov II, „Področje uporabe“, je določal: „Predmet [DDV] je naslednje: 1.   dobava blaga ali storitev, ki jo davčni zavezanec, ki deluje kot tak, opravi na ozemlju države za plačilo; […]“ Člen 5(8) Šeste direktive je določal: „Države članice lahko v primeru prenosa celotnih sredstev podjetja ali dela sredstev podjetja za plačilo ali brez plačila ali kot vložek v podjetje štejejo, da ni bila opravljena nobena dobava blaga in se tako prejemnik obravnava kot naslednik prenosnika. Po potrebi lahko države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev izkrivljanja konkurence v primerih, kadar prejemnik ni v celoti zavezan davku.“ Člen 13 Šeste direktive, naslovljen „Oprostitve na ozemlju države“, je v točki B, naslovljeni „Druge oprostitve“, določal: „Brez poseganja v druge določbe Skupnosti države članice pod pogoji, ki jih določijo zaradi zagotavljanja pravilne in enostavne uporabe oprostitev in preprečevanja vsakršnih možnih utaj, izogibanj ali zlorab, oprostijo: […] (b) lizing ali dajanje v najem nepremičnin, razen: 1. nastanitve, kot je opredeljena v zakonodaji držav članic, v hotelskem sektorju ali v sektorjih s podobnimi funkcijami, vključno z nastanitvijo v počitniških taborih ali na prostorih, urejenih za taborjenje; 2. dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil; 3. dajanja v najem stalno instalirane opreme in strojev; 4. najema sefov. Države članice lahko uporabijo nadaljnje izključitve iz obsega te oprostitve; […]“ Šesta direktiva je bila 1. januarja 2007 razveljavljena in nadomeščena z Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost ( UL 2006, L 347, str. 1 ). Vsebina člena 13B(b) Šeste direktive je bila skoraj brez sprememb prevzeta v člen 135(1)(l) in (2) Direktive 2006/112. Portugalsko pravo Člen 9 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zakonik o davku na dodano vrednost, v nadaljevanju: CIVA) je v različici, ki se je uporabljala v času dejanskega stanja zadeve v glavni stvari, določal: „Davek se ne plača od: […] 30. dajanja nepremičnin v najem. Ta oprostitev ne zajema: (a) storitev nastanitve v hotelskem sektorju ali v sektorjih s podobnimi funkcijami, vključno s kampi; (b) dajanja površin za zbiranje in skupinsko parkiranje vozil v najem; (c) dajanja stalno instalirane opreme in strojev v najem ter katerega koli drugega dajanja nepremičnin v najem, iz katerega izhaja odplačen prenos uporabe trgovskih ali industrijskih prostorov; (d) dajanja sefov v najem; (e) dajanja razstavnih ali oglaševalskih prostorov v najem. […]“ Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje Tožeča stranka v postopku v glavni stvari je upravitelj zapuščine po smrti Adelina Gonçalvesa Mesquite. Ta je z družbo Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Vale da Corça, ki izvaja dejavnost v sektorju vinogradništva, sklenil pogodbo. Z njo je A. Gonçalves Mesquita za nadomestilo v obliki predplačil prepustil obdelovanje kmetijskih zemljišč, katerih lastnik je bil in ki so jih sestavljali vinogradi. Navedena pogodba je bila sklenjena za eno leto z možnostjo avtomatičnega podaljšanja vsakič za eno leto, dokler ena od strank ne odstopi od nje. Iz zapisnika o davčnem inšpekcijskem nadzoru za leto 2002 je razvidno, da se od navedene transakcije odstopa plača DDV. Skupni znesek opominov za plačilo davka, ki so bili v zvezi s tem posredovani, je bil določen na 107.527,10 EUR in povečan za kompenzacijske obresti. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari je pri Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela (sodišče za upravne in davčne spore v Mirandeli, Portugalska) vložila tožbo zoper te opomine za plačilo davka in se pri tem sklicevala na oprostitev plačila DDV iz člena 9(30) CIVA. Ker je bila ta tožba zavrnjena, je tožeča stranka iz postopka v glavni stvari vložila pritožbo pri Tribunal Central Administrativo Norte (višje upravno sodišče za sever, Portugalska), ki je izdalo sklep o nepristojnosti in spis posredovalo Supremo Tribunal Administrativo (vrhovno upravno sodišče, Portugalska). To sodišče navaja, da je iz sodne prakse Sodišča, zlasti iz sodbe z dne 4. oktobra 2001, Goed Wonen ( C‑326/99 , EU:C:2001:506 ), razvidno, da na eni strani oprostitev plačila DDV, kar zadeva lizing in dajanje v najem nepremičnin, ki je določena v členu 13B(b) Šeste direktive, ki ustreza členu 135(1)(l) Direktive 2006/112, zajema transakcije, s katerimi da lastnik nepremičnine najemniku za dogovorjeno obdobje in za plačilo pravico, da ima to nepremičnino v posesti, kot da bi bil lastnik, in da vse druge osebe izključi od uživanja te pravice. Na drugi strani, ker je najem nepremičnin običajno precej pasivna dejavnost, bi bile transakcije, ki bi pomenile njihovo aktivnejšo uporabo, izključene iz uporabe te oprostitve. Predložitveno sodišče ob upoštevanju te sodne prakse dvomi glede tega, ali pogodba o odstopu obdelovanja vinogradov za obdobje enega leta z vsakokratnim avtomatičnim podaljšanjem pomeni lizing ali dajanje v najem nepremičnin v smislu navedenih določb. V teh okoliščinah je Supremo Tribunal Administrativo (vrhovno upravno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje: „Ali je treba člen 135(1)(l) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 v zvezi z oprostitvijo dajanja nepremičnin v najem razlagati tako, da taka oprostitev velja za pogodbo o odstopu obdelovanja kmetijskih zemljišč, ki jih sestavljajo vinogradi, sklenjeno z družbo, ki izvaja kmetijsko dejavnost, pri čemer se pogodba sklene za eno leto z možnostjo avtomatičnega podaljšanja vsakič za eno leto in se v skladu z njo na koncu vsakega leta plača ustrezna najemnina?“ Vprašanje za predhodno odločanje Najprej je treba poudariti, da člen 135(1)(l) Direktive 2006/112, katerega razlaga je predmet zastavljenega vprašanja, ob nastanku dejstev spora o glavni stvari še ni bil v veljavi. V teh okoliščinah in zato, da se predložitvenemu sodišču da koristen odgovor, je treba to vprašanje preučiti ob upoštevanju ustrezne določbe Šeste direktive. Treba je torej šteti, da predložitveno sodišče z vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 13B(b) Šeste direktive razlagati tako, da oprostitev plačila DDV za lizing in dajanje v najem nepremičnin, ki je določena v tem členu, velja za pogodbo o odstopu obdelovanja kmetijskih zemljišč, ki jih sestavljajo vinogradi, družbi, ki se ukvarja z dejavnostjo v sektorju vinogradništva, pri čemer se ta pogodba sklene za eno leto z vsakokratnim avtomatičnim podaljšanjem in se v skladu z njo na koncu vsakega leta plača ustrezna najemnina. V skladu z ustaljeno sodno prakso so oprostitve iz člena 13 Šeste direktive avtonomni pojmi prava Unije (sodbi z dne 4. oktobra 2001, Goed Wonen, C‑326/99 , EU:C:2001:506 , točka , in z dne 15. novembra 2012, Leichenich, C‑532/11 , EU:C:2012:720 , točka ). Poleg tega, čeprav so navedene oprostitve odstopanja od splošnega načela, določenega v členu 2 Šeste direktive, v skladu s katerim se DDV plača za vsako storitev, ki jo davčni zavezanec opravi za plačilo, in jih je zato treba razlagati ozko, je pojem lizinga in dajanja v najem nepremičnin iz člena 13B(b) te direktive širši od pojma, ki je opredeljen v različnih nacionalnih pravih (sodba z dne 4. oktobra 2001, Goed Wonen, C‑326/99 , EU:C:2001:506 , točki in ter navedena sodna praksa). Sodišče je v več sodbah opredelilo dajanje nepremičnin v najem v smislu te določbe kot pravico, ki jo lastnik nepremičnine za dogovorjeni čas da najemniku v zameno za plačilo, da ima nepremičnino v posesti kot lastnik in da vse druge osebe izključi od uživanja te pravice (glej v tem smislu sodbi z dne 4. oktobra 2001, Goed Wonen, C‑326/99 , EU:C:2001:506 , točka , in z dne 6. decembra 2007, Walderdorff, C‑451/06 , EU:C:2007:761 , točka in navedena sodna praksa). Sodišče je tudi pojasnilo, da je razlog za oprostitev iz člena 13B(b) Šeste direktive to, da je dajanje nepremičnin v najem, ki je sicer gospodarska dejavnost, običajno precej pasivna dejavnost, pri kateri ne nastane pomembna dodana vrednost. Tako je treba tako dejavnost razlikovati od drugih dejavnosti, ki so bodisi industrijske in komercialne, kot so tiste, za katere veljajo izključitve, določene v točkah od 1 do 4 te določbe, bodisi je njihov predmet bolj opravljanje storitve kot preprosto dajanje stvari na voljo, kot je pravica do uporabe igrišča za golf, pravica do uporabe mostu za plačilo mostnine ali tudi pravica namestitve avtomatov za cigarete v poslovnih prostorih (glej v tem smislu sodbi z dne 4. oktobra 2001, Goed Wonen, C‑326/99 , EU:C:2001:506 , točki in , in z dne 18. novembra 2004, Temco Europe, C‑284/03 , EU:C:2004:730 , točka ). Iz tega sledi, da se pasivnost lizinga ali dajanja v najem nepremičnin, s katero je utemeljena oprostitev plačila DDV od teh transakcij na podlagi člena 13B(b) Šeste direktive, nanaša na naravo same transakcije, ne pa na to, kako najemnik uporablja zadevno stvar. Tako je, kot je Sodišče že razsodilo, iz te oprostitve izključena dejavnost, ki ne zajema le pasivnega dajanja nepremičnine na razpolago, ampak tudi nekaj poslovnih dejavnosti, kot so nadzor, upravljanje in stalno vzdrževanje s strani lastnika ter dajanje drugih naprav na voljo, tako da če ni povsem posebnih okoliščin, najem te nepremičnine ne more biti glavna storitev (glej v tem smislu sodbo z dne 18. januarja 2001, Stockholm Lindöpark, C‑150/99 , EU:C:2001:34 , točka ). Dejstvo, da najemnik nepremičnine to nepremičnino izkorišča tako, da jo uporablja v poslovne namene v skladu z določbami najemne pogodbe, še ne zadostuje, da je imetnik te nepremičnine izključen iz te oprostitve plačila DDV, ki je določena v členu 13(B)(b) Šeste direktive (glej v tem smislu sodbo z dne 15. novembra 2012, Leichenich, C‑532/11 , EU:C:2012:720 , točka ). Glede spora o glavni stvari je treba ugotoviti, da se zdi, da ni sporno, da so kmetijska zemljišča, ki jih sestavljajo vinogradi, katerih obdelovanje je predmet pogodbe o odstopu iz postopka v glavni stvari, nepremičnine v smislu člena 13B(b) Šeste direktive. V zvezi s tem je treba spomniti, kar zadeva zlasti vinograde, nasajene na teh zemljiščih, da navedeni pojem „nepremičnina“ ne pomeni, da morajo biti zadevni predmeti neločljiv del zemljišča. Dovolj je, da niso premični ali lahko premakljivi (glej v tem smislu sodbi z dne 16. januarja 2003, Maierhofer, C‑315/00 , EU:C:2003:23 , točki in , in z dne 15. novembra 2012, Leichenich, C‑532/11 , EU:C:2012:720 , točka ). Zdi se, da tako velja za navedene vinograde, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče. Treba je tudi ugotoviti, da pogodba o odstopu obdelovanja, kot je ta iz postopka v glavni stvari, pomeni lizing ali dajanje v najem nepremičnin v smislu navedene določbe, kakor je bila razložena v točkah od 18 do 20 te sodbe. Po eni strani gre namreč za to, da lastnik zadevna kmetijska zemljišča za plačilo najemnine odstopi prevzemniku za dogovorjeno obdobje enega leta z vsakokratnim avtomatičnim podaljšanjem. Po drugi strani ni iz ničesar v predložitveni odločbi razvidno, da bi lastnik za prevzemnika poleg tega dajanja v najem opravil druge storitve, ki bi bile komercialne. Kar podrobneje zadeva vprašanja predložitvenega sodišča glede trajanja pogodbe o odstopu iz postopka v glavni stvari in glede pogojev njenega podaljšanja, je treba spomniti, da trajanje najema samo po sebi ni odločilen element, zaradi katerega bi se lahko štelo, da gre pri pogodbi za najem nepremičnine v smislu člena 13(B)(b) Šeste direktive, razen če je trajanje kratko (glej v tem smislu sodbo z dne 18. novembra 2004, Temco Europe, C‑284/03 , EU:C:2004:730 , točka in navedena sodna praksa). Navedeno trajanje in navedeni pogoji podaljšanja pa se nikakor ne morejo šteti za nezdružljive z lizingom ali dajanjem v najem v smislu te določbe. Na ugotovitve v točki 24 te sodbe ne vplivajo trditve, ki jih je navedla portugalska vlada v pisnem stališču. Na prvem mestu dejstvo, da prevzemnik nepremičnin iz postopka v glavni stvari nima enakih pravic kot lastnik, zlasti ker trt ne sme zamenjati z drugo kulturo, ampak mora dogovorjeno uporabo izvajati v skladu z določili pogodbe o odstopu, ne preprečuje, da bi ta pogodba spadala na področje uporabe oproščenih transakcij iz člena 13(B)(b) Šeste direktive. Kot namreč izhaja iz sodne prakse, navedene v točki 18 te sodbe, ima najemnik ali prevzemnik na podlagi teh transakcij pravico imeti zadevno nepremičnino v posesti kot lastnik in pri tem med drugim vse druge osebe izključiti od uživanja te pravice. S temi transakcijami pa se na najemnika ne prenesejo vse pravice lastnika te nepremičnine. Na drugem mestu ni mogoče sprejeti trditve, da je obseg predmeta odstopne pogodbe iz postopka v glavni stvari širši, kot so navedene transakcije, ker naj bi pomenil prenos vseh stvari in pravic zadevnega kmetijskega gospodarstva, ki ima značilnosti podjetja. V zvezi s tem portugalska vlada potrjuje, da je bila posledica te pogodbe tudi prenos sredstev in nematerialnih pravic, kot so zakonita dovoljenja za nasaditev trt, namenjenih za proizvodnjo vina, zmožnost navedenega kmetijskega gospodarstva, da ustvari dobiček, ter ime in znak podjetja. V zvezi s tem je treba na eni strani spomniti, da ker so nepremičnine, ki so odstopljene z navedeno pogodbo, le predmet najema, ne pa prenosa lastninskih pravic, tak odstop ne pomeni prenosa vseh sredstev v smislu člena 5(8) Šeste direktive (glej v tem smislu sodbo z dne 19. decembra 2018, Mailat, C‑17/18 , EU:C:2018:1038 , točki in ). Po drugi strani je Sodišče razsodilo, da gre za enotno storitev, kadar sta dva ali je več elementov ali dejanj, ki jih davčni zavezanec opravi, tako tesno povezanih, da objektivno sestavljajo eno samo nedeljivo gospodarsko storitev, katere razdelitev bi bila umetna (sodba z dne 19. decembra 2018, Mailat, C‑17/18 , EU:C:2018:1038 , točka in navedena sodna praksa). Kakor trdi portugalska vlada, v delu, v katerem se pogodba o odstopu iz postopka v glavni stvari ni nanašala le na zadevne nepremičnine, ampak je povzročila tudi prenos nekaterih sredstev in nematerialnih pravic, zadnjenavedenih ni mogoče ločiti od odstopa navedenih nepremičnin, ampak so sestavni del tega odstopa, tako da je navedena pogodba o odstopu enotna storitev, pri kateri je glavna storitev dajanje nepremičnin na razpolago. V teh okoliščinah je ta pogodba transakcija, ki spada na področje uporabe člena 13(B)(b) Šeste direktive (glej po analogiji sodbo z dne 19. decembra 2018, Mailat, C‑17/18 , EU:C:2018:1038 , točke od 39 do 41). Poleg tega, čeprav v zastavljenem vprašanju niso posebej omenjene izključitve oprostitve plačila DDV, določene v členu 13B(b) Šeste direktive, ki so naštete v tej določbi in ki poleg tega ustrezajo izključitvam iz člena 135(2) Direktive 2006/112, je treba, da bi se predložitvenemu sodišču dal koristen odgovor, ugotoviti, da se zdi, da transakcija iz postopka v glavni stvari ne spada pod eno od teh izključitev. Natančneje, izključitev, ki je dajanje v najem stalno instalirane opreme in strojev, ki je določena v členu 13B(b), prvi pododstavek, točka 3, Šeste direktive ter na katero se sklicujeta predložitveno sodišče v obrazložitvi predloga za sprejetje predhodne odločbe in avstrijska vlada v pisnem stališču, se glede na dejansko stanje spora o glavni stvari ne more uporabiti. Po eni strani vinskih trt namreč ni mogoče opredeliti kot opremo ali stroje. Po drugi strani pa iz spisa, s katerim razpolaga Sodišče, ni razvidno, da so kmetijska zemljišča, katerih obdelovanje je predmet pogodbe o odstopu iz postopka v glavni stvari, opremljena z opremo, stroji ali drugimi poslovnimi oziroma industrijskimi predmeti. Predložitveno sodišče v zvezi s tem pojasnjuje, da ni dokazano, da družba, ki je prevzemnik, poleg dejavnosti v sektorju vinogradništva izvaja dejavnost v sektorju proizvodnje vina. Poleg tega, čeprav se portugalska vlada sklicuje na člen 13B(b), drugi pododstavek, Šeste direktive, v skladu s katerim imajo države članice možnost, da določijo nadaljnje izključitve iz obsega oprostitve, določene v navedenem členu 13B(b), pa ta vlada ne navaja nobene določbe portugalskega prava, s katero bi bila določena taka izključitev, ki bi se lahko uporabila za transakcijo iz postopka v glavni stvari. Glede na navedene preudarke je treba na zastavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 13B(b) Šeste direktive razlagati tako, da oprostitev plačila DDV za lizing in dajanje v najem nepremičnin, ki je določena v tem členu, velja za pogodbo o odstopu obdelovanja kmetijskih zemljišč, ki jih sestavljajo vinogradi, družbi, ki se ukvarja z dejavnostjo v sektorju vinogradništva, pri čemer se ta pogodba sklene za eno leto z vsakokratnim avtomatičnim podaljšanjem in se v skladu z njo na koncu vsakega leta plača ustrezna najemnina. Stroški Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (osmi senat) razsodilo: Člen 13B(b) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero je treba razlagati tako, da oprostitev plačila davka na dodano vrednost za lizing in dajanje v najem nepremičnin, ki je določena v tem členu, velja za pogodbo o odstopu obdelovanja kmetijskih zemljišč, ki jih sestavljajo vinogradi, družbi, ki se ukvarja z dejavnostjo v sektorju vinogradništva, pri čemer se ta pogodba sklene za eno leto z vsakokratnim avtomatičnim podaljšanjem in se v skladu z njo na koncu vsakega leta plača ustrezna najemnina. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: portugalščina.

62004CJ0407

de

1       Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Dalmine SpA (im Folgenden: Dalmine oder Rechtsmittelführerin) die Aufhebung des Urteils des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 8. Juli 2004, Dalmine/Kommission (T‑50/00, Slg. 2004, II‑2395, im Folgenden: angefochtenes Urteil), soweit darin ihre Klage gegen die Entscheidung 2003/382/EG der Kommission vom 8. Dezember 1999 in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag (Sache IV/E‑1/35.860‑B – Nahtlose Stahlrohre) (ABl. 2003, L 140, S. 1, im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen wurde. I – Die streitige Entscheidung A – Das Kartell 2       Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften richtete die streitige Entscheidung an acht Unternehmen, die nahtlose Stahlrohre herstellen. Darunter sind vier europäische Unternehmen (im Folgenden: Gemeinschaftshersteller): die Mannesmannröhren-Werke AG (im Folgenden: Mannesmann), die Vallourec SA (im Folgenden: Vallourec), die Corus UK Ltd (vormals British Steel Ltd, im Folgenden: Corus) und Dalmine. Die übrigen vier Adressaten der Entscheidung sind japanische Unternehmen (im Folgenden: japanische Hersteller): die NKK Corp., die Nippon Steel Corp., die Kawasaki Steel Corp. und die Sumitomo Metal Industries Ltd (im Folgenden: Sumitomo). 3       Nahtlose Stahlrohre werden in der Öl- und Gasindustrie verwendet und umfassen zwei große Produktgruppen. 4       Die erste Produktgruppe ist die der Ölfeldrohre, die gemeinhin als „Oil Country Tubular Goods“ oder „OCTG“ bezeichnet werden. Diese Rohre werden entweder ohne Gewinde (sogenannte Glattendrohre) oder als Gewinderohre verkauft. Das Gewindeschneiden dient dazu, die OCTG-Rohre miteinander zu verbinden. Das Gewinde kann entweder in einer vom American Petroleum Institute (API) normierten Standardausführung geschnitten werden, wobei die nach dieser Methode hergestellten Gewinderohre als „OCTG-Standardrohre“ bezeichnet werden, oder in Spezialausführungen nach in der Regel patentgeschützten Techniken. Im letztgenannten Fall spricht man von „erstklassigen“ oder „Premiumgewinden“ oder gegebenenfalls von „Premiumverbindungen“; Gewinderohre in einer solchen Ausführung werden als „OCTG-Premiumrohre“ bezeichnet. 5       Die zweite Produktgruppe besteht aus Leitungsrohren für Öl und Gas („line pipe“), bei denen zwischen Rohren in einer Standardausführung und den für bestimmte Projekte maßgefertigten Rohren (im Folgenden: projektbezogene Leitungsrohre) unterschieden wird. 6       Im November 1994 beschloss die Kommission, eine Untersuchung durchzuführen, um festzustellen, ob es bei diesen Produkten wettbewerbswidrige Praktiken gab. Im Dezember 1994 führte sie bei mehreren Unternehmen Nachprüfungen durch. Zwischen September 1996 und Dezember 1997 nahm sie bei Vallourec, Dalmine und Mannesmann zusätzliche Nachprüfungen vor. Anlässlich einer Nachprüfung bei Vallourec am 17. September 1996 gab Herr Verluca, der Vorstandsvorsitzende von Vallourec Oil & Gas, einige Erklärungen ab (im Folgenden: Erklärungen von Herrn Verluca). Während einer Nachprüfung bei Mannesmann im April 1997 gab Herr Becher, der Leiter dieses Unternehmens, ebenfalls Erklärungen ab (im Folgenden: Erklärungen von Herrn Becher). 7       Die Kommission richtete auch an bestimmte Unternehmen Auskunftsverlangen nach Art. 11 der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962, Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln [81] und [82] des Vertrages (ABl. 1962, Nr. 13, S. 204). Da Dalmine einige der verlangten Auskünfte verweigerte, richtete die Kommission an sie die Entscheidung C(97) 3036 vom 6. Oktober 1997 in einem Verfahren nach Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung Nr. 17 (im Folgenden: Entscheidung vom 6. Oktober 1997). Dalmine erhob Klage auf Nichtigerklärung dieser Entscheidung, die mit Beschluss des Gerichts vom 24. Juni 1998, Dalmine/Kommission (T‑596/97, Slg. 1998, II‑2383), für offensichtlich unzulässig erklärt wurde. 8       Unter Heranziehung der Erklärungen von Herrn Verluca und Herrn Becher sowie weiterer Beweismittel stellte die Kommission in der streitigen Entscheidung fest, dass deren acht Adressaten eine Übereinkunft getroffen hätten, die u. a. den gegenseitigen Schutz ihrer Heimatmärkte zum Gegenstand gehabt habe. Nach dieser Übereinkunft habe jedes Unternehmen davon Abstand genommen, OCTG-Standardrohre und projektbezogene Leitungsrohre auf dem Heimatmarkt eines anderen Kartellunternehmens zu verkaufen. 9       Die Übereinkunft sei von den Gemeinschaftsherstellern und den japanischen Herstellern im Rahmen von Sitzungen des sogenannten „Europäisch-Japanischen Clubs“ geschlossen worden. 10     Der Grundsatz des Schutzes der Heimatmärkte sei mit dem Begriff „Grundregeln“ („fundamentals“) bezeichnet worden. Da die Grundregeln tatsächlich respektiert worden seien, habe die fragliche Übereinkunft wettbewerbswidrige Auswirkungen auf den Gemeinsamen Markt gehabt. 11     Die Übereinkunft habe auf insgesamt drei Säulen geruht, erstens auf den oben erwähnten Grundregeln des Heimatmarktschutzes, die den in Art. 1 der streitigen Entscheidung genannten Verstoß bildeten, zweitens auf Preisabstimmungen für Ausschreibungen und der Festlegung von Mindestpreisen auf den „Sondermärkten“ („special markets“) und drittens auf einer Aufteilung der übrigen Weltmärkte, ausgenommen Kanada und die Vereinigten Staaten von Amerika, mittels Verteilerschlüsseln („sharing keys“). 12     Die Existenz der Grundregeln leitete die Kommission aus einem Bündel schriftlicher Indizien, die in den Randnrn. 62 bis 67 der streitigen Entscheidung aufgeführt sind, sowie aus der Tabelle in Randnr. 68 der Entscheidung ab. Dieser Tabelle sei zu entnehmen, dass der Anteil des einheimischen Herstellers am Absatz aller Adressaten der streitigen Entscheidung in Japan und auf den Heimatmärkten der vier Gemeinschaftshersteller sehr hoch sei. Hieraus sei zu schließen, dass die Heimatmärkte von den Kartellunternehmen insgesamt durchaus respektiert worden seien. 13     Die Mitglieder des Europäisch-Japanischen Clubs hätten sich am 5. November 1993 in Tokio getroffen, um zu versuchen, zu einer neuen Marktaufteilungsvereinbarung mit den lateinamerikanischen Herstellern zu kommen. Der Inhalt der dabei getroffenen Übereinkunft lasse sich einem Dokument entnehmen, das der Kommission am 12. November 1997 von einem am Verfahren nicht beteiligten Informanten übergeben worden sei und das u. a. einen „Verteilerschlüssel“ enthalte (im Folgenden: Verteilerschlüssel-Papier). B – Die Dauer des Kartells 14     Der Europäisch-Japanische Club soll sich von 1977 bis 1994 etwa zweimal im Jahr getroffen haben. 15     Die Kommission ging allerdings davon aus, dass zur Festsetzung der Geldbußen das Jahr 1990 als Beginn des Kartells anzusetzen sei, weil zwischen 1977 und 1990 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Japan Abkommen über eine Selbstbeschränkung der Ausfuhren bestanden. Nach Auffassung der Kommission endete die Zuwiderhandlung im Jahr 1995. C – Die Geldbußen 16     Bei der Bemessung der Geldbußen stufte die Kommission die Zuwiderhandlung als äußerst schwer ein, weil die Übereinkunft dem Schutz der Heimatmärkte gedient und damit das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigt habe. Sie wies jedoch darauf hin, dass der Absatz nahtloser Stahlrohre durch die Adressaten der streitigen Entscheidung in den vier betroffenen Mitgliedstaaten nur etwa 73 Millionen Euro pro Jahr betragen habe. 17     Angesichts dessen setzte sie den Bußgeldbetrag anhand der Schwere des Verstoßes für jedes der acht Unternehmen auf 10 Millionen Euro fest. Da es sich durchweg um Großunternehmen handelt, hielt sie dabei eine Abstufung der Beträge nicht für erforderlich. 18     Ausgehend von der Annahme eines Verstoßes von mittlerer Dauer ermittelte die Kommission den Grundbetrag der gegen jedes beteiligte Unternehmen zu verhängenden Geldbuße, indem sie den anhand der Schwere festgesetzten Betrag für jedes Jahr der Teilnahme an der Zuwiderhandlung um 10 % erhöhte. Da sich der Stahlrohrsektor in einer langjährigen Krisensituation befand, die sich ab 1991 noch verschlechterte, minderte die Kommission die genannten Grundbeträge jedoch wegen mildernder Umstände um 10 %. 19     Schließlich setzte die Kommission nach Abschnitt D Nr. 2 ihrer Mitteilung über die Nichtfestsetzung oder die niedrigere Festsetzung von Geldbußen in Kartellsachen (ABl. 1996, C 207, S. 4, im Folgenden: Mitteilung über Zusammenarbeit) die Geldbuße für Vallourec um 40 % und die Geldbuße für Dalmine um 20 % herab, weil diese beiden Unternehmen im Verwaltungsverfahren mit ihr kooperiert hätten. 20     In Art. 2 der streitigen Entscheidung vertrat die Kommission die Ansicht, dass der Abschluss von Verträgen zwischen den Gemeinschaftsherstellern über den Verkauf von Glattendrohren auf dem Markt des Vereinigten Königreichs eine Zuwiderhandlung darstelle. Sie verhängte wegen dieser Zuwiderhandlung jedoch keine zusätzliche Geldbuße, weil es sich bei den genannten Verträgen nur um ein Mittel zur Durchführung des im Rahmen des Europäisch-Japanischen Clubs aufgestellten Prinzips des Schutzes der Heimatmärkte gehandelt habe. D – Der verfügende Teil der streitigen Entscheidung 21     Nach Art. 1 Abs. 1 der streitigen Entscheidung haben die acht Unternehmen, an die sie gerichtet ist, „gegen die Bestimmungen des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag aufgrund der Beteiligung an einer Übereinkunft, die unter anderem den Schutz der Heimatmärkte für nahtlose [OCTG-Standardrohre] und [projektbezogene Leitungsrohre] vorsah, … verstoßen“. 22     Nach Art. 1 Abs. 2 der Entscheidung erstreckte sich die Zuwiderhandlung im Fall von Mannesmann, Vallourec, Dalmine, Sumitomo, der Nippon Steel Corp., der Kawasaki Steel Corp. und der NKK Corp. auf den Zeitraum von 1990 bis 1995 und im Fall von Corus auf den Zeitraum von 1990 bis Februar 1994. 23     Die weiteren einschlägigen Bestimmungen des verfügenden Teils der streitigen Entscheidung lauten: „ Artikel 2 (1)      [Mannesmann], Vallourec …, [Corus] und Dalmine … haben gegen Artikel 81 Absatz 1 EG Vertrag verstoßen, indem sie im Rahmen der in Artikel 1 erwähnten Zuwiderhandlung Verträge abgeschlossen haben, die zu einer Aufteilung der Glattendrohrlieferungen an [Corus] (ab 1994 Vallourec …) geführt haben. (2)      Im Falle von [Corus] dauerte die Zuwiderhandlung vom 24. Juli 1991 bis Februar 1994, im Falle von Vallourec … vom 24. Juli 1991 bis 30. März 1999, im Falle von Dalmine … vom 4. Dezember 1991 bis 30. März 1999 und im Falle [von Mannesmann] vom 9. August 1993 bis 24. April 1997. … Artikel 4 Gegen die in Artikel 1 genannten Unternehmen werden wegen der dort bezeichneten Zuwiderhandlung folgende Geldbußen verhängt: 1.      [Mannesmann] 13 500 000 EUR 2.      Vallourec … 8 100 000 EUR 3.      [Corus] 12 600 000 EUR 4.      Dalmine … 10 800 000 EUR 5.      Sumitomo … 13 500 000 EUR 6.      Nippon Steel … 13 500 000 EUR 7.      Kawasaki Steel … 13 500 000 EUR 8.      NKK … 13 500 000 EUR“. II – Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil 24     Sieben der acht in der streitigen Entscheidung mit Geldbußen belegten Unternehmen, darunter auch die Rechtsmittelführerin, reichten bei der Kanzlei des Gerichts Klageschriften ein und beantragten, die Entscheidung ganz oder teilweise für nichtig zu erklären, hilfsweise, die gegen sie verhängte Geldbuße aufzuheben oder herabzusetzen. 25     Im angefochtenen Urteil hat das Gericht –       Art. 1 Abs. 2 der streitigen Entscheidung für nichtig erklärt, soweit dort festgestellt wird, dass die der Rechtsmittelführerin in diesem Artikel zur Last gelegte Zuwiderhandlung vor dem 1. Januar 1991 vorlag; –       die gegen die Rechtsmittelführerin verhängte Geldbuße auf 10 080 000 Euro festgesetzt; –       die Klage im Übrigen abgewiesen; –       jede Partei zur Tragung ihrer eigenen Kosten verurteilt. III – Verfahren vor dem Gerichtshof 26     Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die Rechtsmittelführerin, –       das angefochtene Urteil aufzuheben; –       die streitige Entscheidung für nichtig zu erklären; –       hilfsweise, die in Art. 4 der streitigen Entscheidung verhängte Geldbuße aufzuheben oder herabzusetzen; –       weiter hilfsweise, den Rechtsstreit zur erneuten Entscheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichtshofs an das Gericht zurückzuverweisen; –       der Kommission die vor dem Gericht und dem Gerichtshof entstandenen Kosten aufzuerlegen. 27     Die Kommission beantragt, das Rechtsmittel als teilweise unzulässig und jedenfalls als unbegründet zurückzuweisen und der Rechtsmittelführerin die Kosten aufzuerlegen. IV – Zum Rechtsmittel 28     Die Rechtsmittelführerin stützt ihren Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Urteils und Nichtigerklärung der streitigen Entscheidung im Wesentlichen auf acht Rechtsmittelgründe; drei davon betreffen Verfahrensfehler, zwei weitere Fehler bei der Feststellung der in Art. 1 der streitigen Entscheidung genannten Zuwiderhandlung, und die drei übrigen beziehen sich auf Fehler bei der Feststellung der in Art. 2 der Entscheidung genannten Zuwiderhandlung. 29     Außerdem rügt die Rechtsmittelführerin mit zwei Rechtsmittelgründen die Höhe der Geldbuße. A – Erster Rechtsmittelgrund: Rechtswidrigkeit der von der Kommission während der Untersuchung gestellten Fragen 1.     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 30     Die Rechtsmittelführerin trägt vor, das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen und die Verteidigungsrechte verletzt, indem es die von der Kommission während der Untersuchung gestellten Fragen als legitim angesehen habe. Dadurch sei das Recht verletzt worden, sich nicht selbst zu belasten. 31     Die Rechtsmittelführerin konzentriert sich bei diesem Rechtsmittelgrund auf Frage 1 Buchst. d in Anlage 1 zur Entscheidung vom 6. Oktober 1997; dort heißt es: „Für die Zusammenkünfte, über die Sie keine einschlägigen Unterlagen finden können, bitten wir Sie um Schilderung der besprochenen Themen, der angenommenen Entscheidungen, der Art von Unterlagen, die Sie vor und nach der Zusammenkunft erhalten haben, der für die einzelnen geografischen Zonen erörterten und/oder festgelegten Quoten (‚sharing keys‘) und ihrer Geltungsdauer und der für die einzelnen geografischen Zonen erörterten und/oder festgelegten Preise und ihrer Geltungsdauer unter Angabe ihres Typs (‚Target Price‘ – ‚TP‘, ‚Winning Price‘ – ‚WP‘, ‚Proposal Price‘ – ‚PP‘, ‚Rock Bottom Price‘ – ‚RBP‘).“ 32     Die Kommission weist darauf hin, dass das Recht, sich nicht selbst zu belasten, nur für Auskunftsverlangen gelte, zu deren Beantwortung der Adressat unter Androhung von Zwangsgeld gezwungen werde. Frage 1 Buchst. d gehöre aber nicht zu den Fragen, deren Beantwortung in der Entscheidung vom 6. Oktober 1997 unter Androhung von Zwangsgeld verlangt worden sei. 2.     Würdigung durch den Gerichtshof 33     Um festzustellen, ob das Gericht die gerügten Rechtsfehler begangen hat, ist die Rechtsprechung zum Umfang der Befugnisse der Kommission in Voruntersuchungs- und Verwaltungsverfahren im Hinblick auf die Verteidigungsrechte heranzuziehen. 34     Nach dieser Rechtsprechung ist die Kommission berechtigt, ein Unternehmen gegebenenfalls durch Entscheidung zu verpflichten, ihr alle erforderlichen Auskünfte über ihm eventuell bekannte Tatsachen zu erteilen, doch darf sie dem Unternehmen nicht die Verpflichtung auferlegen, Antworten zu geben, durch die es die Zuwiderhandlung eingestehen müsste, für die die Kommission den Beweis zu erbringen hat (Urteile vom 18. Oktober 1989, Orkem/Kommission, 374/87, Slg. 1989, 3283, Randnrn. 34 und 35, vom 7. Januar 2004, Aalborg Portland u. a./Kommission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P und C‑219/00 P, Slg. 2004, I‑123, Randnrn. 61 und 65, und vom 14. Juli 2005, ThyssenKrupp/Kommission, C‑65/02 P und C‑73/02 P, Slg. 2005, I‑6773, Randnr. 49). 35     Im vorliegenden Fall geht aber, wie der Generalanwalt in Nr. 29 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, aus dem verfügenden Teil der Entscheidung vom 6. Oktober 1997 hervor, dass die Rechtsmittelführerin nicht verpflichtet war, die in Randnr. 31 des vorliegenden Urteils wiedergegebene Frage 1 Buchst. d zu beantworten. Unter diesen Umständen kann sich die Rechtsmittelführerin, wie das Gericht in den Randnrn. 45 und 46 des angefochtenen Urteils festgestellt hat, nicht mit Erfolg auf ihr Recht berufen, von der Kommission nicht gezwungen zu werden, ihre Beteiligung an einer Zuwiderhandlung zuzugeben. 36     Der erste Rechtsmittelgrund ist somit zurückzuweisen. B – Zweiter Rechtsmittelgrund: Unzulässigkeit bestimmter Beweismittel 1.     Das Verteilerschlüssel-Papier a)     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 37     Die Rechtsmittelführerin trägt vor, das Gericht habe die Heranziehung des Verteilerschlüssel-Papiers als belastendes Beweismittel zu Unrecht für zulässig gehalten und dadurch das Gemeinschaftsrecht, insbesondere die Verteidigungsrechte, verletzt. Da dieses Papier der Kommission von einem unbekannten Dritten übergeben worden sei, habe seine Echtheit nicht überprüft werden können. Im Übrigen kenne auch die Kommission die Identität seines Urhebers nicht. 38     Die Zulassung eines anonymen Schriftstücks als Beweismittel setze voraus, dass seine Relevanz und Verlässlichkeit dem betreffenden Beschuldigten nachgewiesen würden. Anonyme Schriftstücke könnten gegebenenfalls die Einleitung einer Untersuchung rechtfertigen, aber nicht die Grundlage der Beschuldigung darstellen. 39     Das angefochtene Urteil sei insofern widersprüchlich, als das Gericht einerseits ausführe, dass das Vorbringen der Rechtsmittelführerin für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit des fraglichen Dokuments erheblich sein könnte, aber nicht zur inhaltlichen Prüfung der Glaubhaftigkeit übergehe. 40     Schließlich hätte das Gericht klären müssen, ob die Kommission tatsächlich zwingende Gründe gehabt habe, die Identität ihres Informanten nicht preiszugeben. 41     Die Kommission weist zunächst darauf hin, dass der Grundsatz der freien Beweiswürdigung gelte. Die Zulässigkeit der Heranziehung eines Schriftstücks könne nicht in Frage gestellt werden, sondern nur dessen Glaubhaftigkeit. Die Rechtsmittelführerin habe aber vor dem Gericht die Glaubhaftigkeit des Verteilerschlüssel-Papiers nicht speziell bestritten. Sie habe sich auf die Behauptung beschränkt, dass dieses Schriftstück nicht hätte herangezogen werden dürfen, und sogar eingeräumt, dass es in bestimmten Teilen durch andere Beweismittel bestätigt werde. 42     Sodann führt sie aus, wenn jemand von ihr verlange, seine Identität nicht preiszugeben, sei sie insoweit zur Geheimhaltung verpflichtet. 43     Schließlich macht sie geltend, selbst wenn das Verteilerschlüssel-Papier nicht hätte herangezogen werden dürfen, könnte die Gültigkeit der streitigen Entscheidung nicht mit dieser Begründung in Frage gestellt werden, da es nach der allgemeinen Systematik der Entscheidung von geringer Bedeutung sei. b)     Würdigung durch den Gerichtshof 44     Die Wahrung der Verteidigungsrechte erfordert es, dem betroffenen Unternehmen im Verwaltungsverfahren Gelegenheit zu geben, zum Vorliegen und zur Erheblichkeit der von der Kommission angeführten Tatsachen und Umstände sowie zu den von ihr zur Stützung ihrer Behauptung, dass eine Zuwiderhandlung vorliege, herangezogenen Schriftstücken sachgerecht Stellung zu nehmen (Urteile vom 7. Juni 1983, Musique Diffusion française u. a./Kommission, 100/80 bis 103/80, Slg. 1983, 1825, Randnr. 10, und vom 6. April 1995, BPB Industries und British Gypsum/Kommission, C‑310/93 P, Slg. 1995, I‑865, Randnr. 21, sowie Urteil Aalborg Portland u. a./Kommission, Randnr. 66). 45     Zunächst ist festzustellen, dass die Rechtsmittelführerin in der Lage war, zum Verteilerschlüssel-Papier Stellung zu nehmen und sich zu dessen Beweiswert im Hinblick auf seine anonyme Herkunft zu äußern. 46     Soweit die Rechtsmittelführerin im Wesentlichen geltend macht, dass die Verteidigungsrechte wegen der unbekannten Herkunft dieses Schriftstücks und des Fehlens eines Nachweises der Kommission für seine Verlässlichkeit nicht gewahrt worden seien, ist festzustellen, dass eine solche Auslegung der Verteidigungsrechte die Erbringung des Beweises für das Vorliegen einer Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft beeinträchtigen könnte. 47     Die Beweisführung in Wettbewerbssachen der Gemeinschaft ist nämlich dadurch gekennzeichnet, dass die geprüften Unterlagen oft Geschäftsgeheimnisse oder andere Informationen enthalten, die nicht oder nur mit großen Einschränkungen veröffentlicht werden dürfen. 48     Unter diesen Umständen können die Verteidigungsrechte nicht in der Weise beeinträchtigt werden, dass Schriftstücke, die belastende Beweise enthalten, automatisch als Beweismittel auszuschließen sind, wenn bestimmte Informationen vertraulich bleiben müssen. Diese Vertraulichkeit kann sich auch auf die Identität der Verfasser der Schriftstücke sowie der Personen erstrecken, die sie der Kommission übermittelt haben. 49     Das Gericht hat daher zutreffend wie folgt entschieden: „72      Im Gemeinschaftsrecht gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, und das alleinige Kriterium für die Beurteilung von Beweismitteln ist ihre Glaubhaftigkeit … 73      Wenn das Vorbringen von Dalmine somit auch für die Prüfung zu berücksichtigen ist, ob das Verteilerschlüssel-Papier glaubhaft ist, ist das Papier doch kein unzulässiges Beweismittel, das aus der Akte zu entfernen wäre.“ 50     Überdies hat das Gericht in Randnr. 73 des angefochtenen Urteils deutlich gemacht, dass es erforderlich sein könnte, bei der Prüfung der Glaubhaftigkeit des Verteilerschlüssel-Papiers dessen unbekannte Herkunft zu berücksichtigen. 51     Somit wurde bei der Beurteilung der Zulässigkeit und des Nutzens dieses Schriftstücks als Beweismittel kein Rechtsfehler begangen. 52     Schließlich kann die Rechtsmittelführerin dem Gericht nicht vorwerfen, seine Prüfung der Glaubhaftigkeit des fraglichen Schriftstücks nicht näher ausgeführt und nicht geklärt zu haben, ob die Kommission zwingende Gründe gehabt habe, die Identität ihres Informanten nicht preiszugeben. Da das Vorbringen der Rechtsmittelführerin die Unzulässigkeit des fraglichen Schriftstücks als Beweismittel betraf, durfte sich das Gericht auf die Beantwortung dieser Argumentation beschränken. 53     Nach alledem ist der erste Teil des zweiten Klagegrundes zurückzuweisen. 2.     Die Protokolle über die Vernehmungen früherer leitender Angestellter der Rechtsmittelführerin a)     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 54     Die Rechtsmittelführerin macht geltend, das Gericht habe dadurch, dass es die Heranziehung der Protokolle über die im Rahmen von Ermittlungen des Staatsanwalts von Bergamo (Italien) durchgeführten Vernehmungen bestimmter früherer leitender Angestellter für zulässig erklärt habe, die Verteidigungsrechte sowie das vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) anerkannte Recht auf ein faires Verfahren verletzt. 55     Zum einen hätte die Kommission sie früher, jedenfalls aber vor Übersendung der Mitteilung der Beschwerdepunkte davon unterrichten müssen, dass sich diese Protokolle in ihrem Besitz befänden. 56     Zum anderen hätte die Kommission diese Schriftstücke nur bei der Entscheidung über die Einleitung eines Verfahrens heranziehen dürfen. Sie hätten vorläufigen Charakter im Rahmen eines Strafverfahrens, und ihre Glaubhaftigkeit sei noch nicht festgestellt worden. 57     Die Kommission führt aus, da sie nach Art. 11 Abs. 1 der Verordnung Nr. 17 „von den Regierungen und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten … alle erforderlichen Auskünfte einholen“ könne, müsse sie diese Auskünfte logischerweise auch verwerten dürfen. Das Gericht habe zutreffend entschieden, dass weder es selbst noch die Kommission befugt sei, sich zur rechtmäßigen Herkunft der Auskünfte im Licht der Vorschriften des nationalen Rechts über Ermittlungen der italienischen Behörden zu äußern. b)     Würdigung durch den Gerichtshof 58     Zu der Frage, ob die Kommission der Rechtsmittelführerin früher oder schon vor Übersendung der Mitteilung der Beschwerdepunkte hätte mitteilen müssen, dass sie über die fraglichen Protokolle verfügte, ist darauf hinzuweisen, dass die Verteidigungsrechte und das Recht auf ein faires Verfahren, auf die sich die Rechtsmittelführerin im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittelgrundes berufen hat, gerade durch die Übersendung der Mitteilung der Beschwerdepunkte und die Akteneinsicht gewährleistet werden, die es dem Adressaten dieser Mitteilung ermöglicht, von den Beweismitteln Kenntnis zu erlangen, die sich in den Akten der Kommission befinden. 59     Durch die Mitteilung der Beschwerdepunkte wird das betroffene Unternehmen nämlich über alle wesentlichen Gesichtspunkte informiert, auf die sich die Kommission in diesem Verfahrensstadium stützt (Urteil vom 15. Oktober 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij u. a./Kommission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P bis C‑252/99 P und C‑254/99 P, Slg. 2002, I‑8375, Randnrn. 315 und 316, sowie Urteil Aalborg Portland u. a./Kommission, Randnrn. 66 und 67). Folglich kann das betroffene Unternehmen die Verteidigungsrechte erst nach Übersendung dieser Mitteilung umfassend geltend machen (Urteil vom 21. September 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Kommission, C‑105/04 P, Slg. 2006, I‑0000, Randnrn. 47 und 50). 60     Wie das Gericht in Randnr. 83 des angefochtenen Urteils zutreffend festgestellt hat, würde durch die von der Rechtsmittelführerin befürwortete Erstreckung der oben genannten Rechte auf den Zeitraum vor Übersendung der Mitteilung der Beschwerdepunkte die Effizienz der von der Kommission geführten Untersuchung beeinträchtigt, da das Unternehmen schon in der ersten Ermittlungsphase der Kommission erfahren würde, welche Informationen der Kommission bekannt sind und welche damit noch vor ihr verborgen werden können. 61     Es gibt im Übrigen keinen Anhaltspunkt dafür, dass sich die Tatsache, dass die Kommission die Rechtsmittelführerin in der Ermittlungsphase nicht über die in ihrem Besitz befindlichen Protokolle unterrichtete, auf die späteren Verteidigungsmöglichkeiten der Rechtsmittelführerin in dem durch die Übersendung der Mitteilung der Beschwerdepunkte eingeleiteten Abschnitt des Verwaltungsverfahrens ausgewirkt hätte (vgl. entsprechend das Urteil Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Kommission, Randnrn. 48 bis 50 und 56). 62     Sodann ist zur Zulässigkeit der genannten Protokolle als Beweismittel den Ausführungen des Gerichts in Randnr. 86 des angefochtenen Urteils zuzustimmen, wonach die Frage, ob die Weitergabe nach nationalem Strafrecht erlangter Erkenntnisse durch einen nationalen Staatsanwalt oder nationale Wettbewerbsbehörden an die Kommission rechtmäßig ist, dem nationalen Recht unterliegt. Wie das Gericht in dieser Randnummer weiter ausgeführt hat, ist es nicht Sache des Gemeinschaftsrichters, eine Maßnahme einer nationalen Behörde anhand des nationalen Rechts auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu prüfen (Urteil des Gerichtshofs vom 3. Dezember 1992, Oleificio Borelli/Kommission, C‑97/91, Slg. 1992, I‑6313, Randnr. 9). 63     Zur Heranziehung dieser Informationen durch die Kommission hat das Gericht in Randnr. 90 des angefochtenen Urteils zutreffend festgestellt, dass das Vorbringen der Rechtsmittelführerin „lediglich die Glaubhaftigkeit und damit den Beweiswert der Zeugnisse ihrer leitenden Mitarbeiter, nicht aber deren Zulässigkeit als Beweismittel im … Verfahren“ berührte. Wie im Rahmen der Würdigung des ersten Teils des vorliegenden Rechtsmittelgrundes ausgeführt, gilt im Gemeinschaftsrecht der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, und das alleinige Kriterium für die Beurteilung von Beweismitteln ist ihre Glaubhaftigkeit. Da die Übermittlung der fraglichen Protokolle nicht von einem italienischen Gericht für rechtswidrig erklärt wurde, ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei ihnen um unzulässige Beweise handelte, die aus den Akten entfernt werden mussten. 64     Somit ist der zweite Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ebenfalls zurückzuweisen. 65     Der zweite Rechtsmittelgrund greift folglich insgesamt nicht durch. C – Dritter Rechtsmittelgrund: Aufnahme von Gründen in die streitige Entscheidung, die mit den der Rechtsmittelführerin mitgeteilten Beschwerdepunkten in keinem Zusammenhang stehen 1.     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 66     Die Rechtsmittelführerin weist darauf hin, dass sie der Kommission vorgeworfen habe, in der streitigen Entscheidung auf Umstände Bezug genommen zu haben, die mit den Zuwiderhandlungen nichts zu tun hätten, ihr aber wegen der möglichen Verwendung der auf diese Weise veröffentlichten Informationen durch Dritte schaden könnten. Sie nennt insbesondere die Feststellungen der Kommission zu Kartellen auf den Märkten außerhalb der Gemeinschaft und zur Preisabstimmung. 67     Bei der Zurückweisung ihrer dahin gehenden Argumentation habe das Gericht Art. 21 der Verordnung Nr. 17 außer Acht gelassen, wonach die Kommission den berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen müsse. 68     Die Kommission trägt vor, das Gericht habe zutreffend entschieden, dass der Adressat einer Entscheidung im Rahmen einer Nichtigkeitsklage keine einzelnen Gründe dieser Entscheidung anfechten könne, es sei denn, sie erzeugten zwingende Rechtsfolgen, die seine Interessen beeinträchtigen könnten. Im vorliegenden Fall habe die Rechtsmittelführerin nicht dargetan, inwiefern die gerügten Begründungsteile solche Rechtsfolgen hervorbrächten. 2.     Würdigung durch den Gerichtshof 69     Den Antrag der Rechtsmittelführerin, die über die Sache hinaus gehende Begründung der streitigen Entscheidung für nichtig zu erklären, hat das Gericht in Randnr. 134 des angefochtenen Urteils zutreffend wie folgt beschieden: „Insoweit genügt der Hinweis, dass es keine rechtliche Regel gibt, wonach der Adressat einer Entscheidung im Rahmen einer Nichtigkeitsklage nach Artikel 230 EG einzelne Gründe der Entscheidung anfechten könnte, es sei denn, diese erzeugten zwingende Rechtsfolgen, die seine Interessen beeinträchtigen können (in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 22. März 2000 in den Rechtssachen T‑125/97 und T‑127/97, Coca-Cola/Kommission, Slg. 2000, II‑1733, Randnrn. 77 und 80 bis 85). Grundsätzlich ist die Begründung einer Entscheidung nicht geeignet, solche Rechtsfolgen zu erzeugen. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin nicht dargetan, dass die gerügten Begründungsteile Rechtsfolgen hervorbrächten, die ihre Rechtslage ändern könnten.“ 70     Das Gericht hat somit zwar nicht geprüft, ob die Kommission berechtigt war, in der streitigen Entscheidung Informationen über Kartelle auf den Märkten außerhalb der Gemeinschaft und über die Preisabstimmung zu veröffentlichen, doch selbst wenn die Kommission durch die Offenlegung dieser Informationen ihre Pflicht zur Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Rechtsmittelführerin verletzt haben sollte, hätte eine solche Unregelmäßigkeit nur dann zur Nichtigerklärung der streitigen Entscheidung führen können, wenn erwiesen wäre, dass ohne diese Unregelmäßigkeit die Entscheidung inhaltlich anders ausgefallen wäre (Urteile des Gerichtshofs vom 16. Dezember 1975, Suiker Unie u. a./Kommission, 40/73 bis 48/73, 50/73, 54/73 bis 56/73, 111/73, 113/73 und 114/73, Slg. 1975, 1663, Randnr. 91, und vom 18. September 2003, Volkswagen/Kommission, C‑338/00 P, Slg. 2003, I‑9189, Randnrn. 163 und 164). Da die Feststellungen in der streitigen Entscheidung zu Kartellen auf den Märkten außerhalb der Gemeinschaft und zur Preisabstimmung von der Rechtsmittelführerin als über die Sache hinaus gehende Gründe eingestuft wurden, kann sie aber keinesfalls geltend machen, dass die streitige Entscheidung ohne diese Feststellungen inhaltlich wesentlich anders ausgefallen wäre. 71     Der dritte Rechtsmittelgrund ist daher ebenfalls zurückzuweisen. D – Vierter Rechtsmittelgrund: Verfälschung des Sachverhalts und unzureichende Begründung in Bezug auf die in Art. 1 der streitigen Entscheidung genannte Zuwiderhandlung 1.     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 72     Die Rechtsmittelführerin wirft dem Gericht eine Verfälschung des Sachverhalts und eine unzureichende Begründung in Bezug auf die Bestimmung des Gegenstands der in Art. 1 der streitigen Entscheidung genannten Zuwiderhandlung, die Feststellung ihrer Wirkungen und die Gleichstellung einer etwaigen nicht durchgeführten oder ohne spürbare nachteilige Auswirkung auf den Wettbewerb gebliebenen Zuwiderhandlung mit einer in vollem Umfang umgesetzten Zuwiderhandlung vor. 73     Sie habe vor dem Gericht geltend gemacht, dass sich das fragliche Kartell nicht auf eine Aufteilung der nationalen Märkte erstreckt habe. Das Gericht habe fälschlich angenommen, dass sie nur das Fehlen einer spürbaren Auswirkung auf den Wettbewerb geltend machen wolle. Das Urteil sei somit unzureichend begründet. 74     Das Gericht habe außerdem den Sachverhalt verfälscht, denn es habe die von der Kommission in Bezug auf den Gegenstand des Kartells vorgetragenen Gesichtspunkte nicht geprüft, namentlich im Licht ihrer Klagegründe. Insbesondere habe es die von Vallourec, Mannesmann, ihr selbst und Corus während der Ermittlungen abgegebenen Erklärungen sowie die Tabelle der Lieferungen der Mitglieder des Europäisch-Japanischen Clubs in Randnr. 68 der streitigen Entscheidung verfälscht. 75     Die Kommission trägt vor, das Vorbringen der Rechtsmittelführerin vor dem Gericht betreffe nicht die Frage, ob sie das Vorliegen einer Übereinkunft mit wettbewerbsbeschränkendem Zweck dargetan habe, sondern die Frage, ob sie die Umsetzung dieser Übereinkunft und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb und den Markt dargetan habe. 76     Im Übrigen habe die Rechtsmittelführerin vor dem Gericht lediglich die Beweiskraft des Verteilerschlüssel-Papiers und der Erklärungen von Herrn Biasizzo, eines früheren leitenden Angestellten, in Frage gestellt, nicht aber die Beweiskraft der anderen von ihr herangezogenen Beweise. Die Rechtsmittelführerin könne daher nicht geltend machen, dass das Gericht diese Beweise verfälscht habe, denn es sei nicht aufgefordert worden, sich zu ihnen zu äußern. Die auf die angebliche Verfälschung des Sachverhalts gestützten Rügen müssten daher für unzulässig erklärt werden. 2.     Würdigung durch den Gerichtshof 77     Die Rechtsmittelführerin kann nicht geltend machen, dass das Gericht nicht auf ihre Argumentation eingegangen sei, wonach sich die Übereinkunft nicht auf die Aufteilung nationaler Märkte erstreckt habe. 78     Hierzu ist zunächst festzustellen, dass das Gericht in Randnr. 136 des angefochtenen Urteils ausgeführt hat, der Rechtsmittelführerin zufolge habe sich die Übereinkunft zwischen den Adressaten der streitigen Entscheidung „nicht auf die Heimatmärkte in der Gemeinschaft bezogen“. In den folgenden Randnummern seines Urteils hat es sich mehrfach näher zu dieser Argumentation der Rechtsmittelführerin geäußert. So hat es in den Randnrn. 138 und 139 die Schlussfolgerung der Kommission aufgegriffen, dass „die nationalen Stahlrohrhersteller auf ihrem jeweiligen Heimatmarkt eine beherrschende Stellung innegehabt hätten“, und dazu erklärt: „Dabei wäre die Kommission [nach Ansicht von Dalmine] zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen, wenn sie sich auf die Prüfung der Lage auf dem relevanten Produktmarkt beschränkt hätte.“ 79     Sodann hat das Gericht klar angegeben, dass die Übereinkunft nach seiner Einschätzung zur Aufteilung der nationalen Märkte der Gemeinschaftshersteller diente. So hat es in Randnr. 152 des angefochtenen Urteils darauf hingewiesen, dass „sich die Kommission in der [streitigen] Entscheidung hinsichtlich des Zwecks der geahndeten Übereinkunft auf ein Bündel von Beweisen gestützt hat, deren Stichhaltigkeit Dalmine nicht bestreitet, so besonders auf die zwar knappen, aber expliziten Angaben von Herrn Verluca“. Speziell zur Aussage von Herrn Biasizzo, deren Beweiswert die Rechtsmittelführerin bestreitet (vgl. Randnr. 76 des vorliegenden Urteils), hat das Gericht – nachdem es in Randnr. 153 des angefochtenen Urteils ein anderes Beweismittel angeführt hatte, und zwar die Aussage von Herrn Jachia, wonach eine Vereinbarung „über die Respektierung der den verschiedenen Akteuren gehörenden Zonen“ bestand – in Randnr. 155 des Urteils festgestellt, dass die Aussage von Herrn Biasizzo „die Erklärungen von Herrn Verluca über das Vorliegen einer Absprache zur Aufteilung der Heimatmärkte erhärtet (vgl. dazu Urteil [des Gerichts vom 8. Juli 2004,] JFE Engineering u. a./Kommission, [T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 und T‑78/00, Slg. 2004, II‑2501,] Randnrn. 309 ff.)“. 80     In seinen vom Gericht im Urteil JFE Engineering u. a./Kommission analysierten Erklärungen vom 17. September 1996 bestätigte Herr Verluca, dass die Heimatmärkte der Teilnehmer an der Übereinkunft in Bezug auf die OCTG-Standardrohre und die projektbezogenen Leitungsrohre „Schutz genossen“ (mit Ausnahme des Off-Shore-Markts des Vereinigten Königreichs, der „als teilgeschützt[es Gebiet galt]“). Bei einer Befragung am 18. Dezember 1997 im Rahmen einer erneuten Nachprüfung gab Herr Verluca an: „Als Heimatmärkte wurden der französische, der deutsche und der italienische Markt angesehen. [Das Vereinigte Königreich] hatte einen Sonderstatus (vgl. meine Erklärung vom 17.09.96).“ 81     Aus dem Vorstehenden folgt, dass das angefochtene Urteil nicht – wie von der Rechtsmittelführerin behauptet – unzureichend begründet ist. 82     Angesichts der oben genannten Beweismittel, auf die das Gericht seine Feststellung gestützt hat, dass das Kartell auf eine Aufteilung nationaler Märkte abgezielt habe, kann auch dem Argument der Rechtsmittelführerin, der Sachverhalt sei verfälscht worden, nicht gefolgt werden. Die Rechtsmittelführerin hat insbesondere nicht erläutert, inwiefern das Gericht die Erklärungen von Herrn Verluca und Herrn Jachia, die ausdrücklich bestätigten, dass die Übereinkunft auf eine Aufteilung mehrerer nationaler Märkte in der Gemeinschaft abgezielt habe, falsch gewürdigt haben soll. 83     Schließlich greift auch das Argument der Rechtsmittelführerin nicht durch, Art. 81 EG könne nicht dahin ausgelegt werden, dass eine nicht durchgeführte oder ohne spürbare nachteilige Auswirkung auf den Wettbewerb gebliebene Zuwiderhandlung einer in vollem Umfang umgesetzten Zuwiderhandlung gleichgestellt werden dürfe. 84     Nach ständiger Rechtsprechung brauchen bei der Anwendung von Art. 81 Abs. 1 EG die konkreten Auswirkungen einer Vereinbarung nicht berücksichtigt zu werden, wenn sich ergibt, dass sie eine Einschränkung, Verhinderung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezweckt (Urteil vom 8. Juli 1999, Kommission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Slg. 1999, I‑4125, Randnrn. 122 und 123, sowie Urteil Limburgse Vinyl Maatschappij u. a./Kommission, Randnr. 491). Speziell in Bezug auf wettbewerbswidrige Vereinbarungen, die wie im vorliegenden Fall bei Treffen konkurrierender Unternehmen zustande kommen, hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass eine Zuwiderhandlung gegen Art. 81 Abs. 1 EG vorliegt, wenn diese Treffen die Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken und damit der künstlichen Regulierung des Marktes dienen (Urteil Limburgse Vinyl Maatschappij u. a./Kommission, Randnrn. 508 und 509). Aus den vom Generalanwalt in den Nrn. 134 bis 137 seiner Schlussanträge genannten Gründen wäre es unangebracht, diese Rechtsprechung in dem von der Rechtsmittelführerin vorgeschlagenen Sinn zu nuancieren. 85     Nach alledem ist der vierte Rechtsmittelgrund zurückzuweisen. E – Fünfter Rechtsmittelgrund: Rechtsfehler, Verfälschung von Beweismitteln und unzureichende Begründung in Bezug auf die Auswirkungen der Zuwiderhandlung auf den Handelsverkehr zwischen Mitgliedstaaten 1.     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 86     Nach Ansicht der Rechtsmittelführerin ist das Vorliegen einer nachteiligen Auswirkung des in Art. 1 der streitigen Entscheidung geahndeten Kartells auf den innergemeinschaftlichen Handel nicht dargetan worden. Die Kommission habe nicht nachweisen und das Gericht nicht prüfen können, dass mit dem Kartell die Aufteilung der nationalen Märkte bezweckt worden sei, und selbst wenn dargetan worden wäre, dass es dem Kartell um eine solche Aufteilung gegangen sei, sei das Maß der gegenseitigen Durchdringung der Märkte so hoch, dass sie nicht abgeschottet werden könnten. Die abweichende Beurteilung des Gerichts sei unzureichend begründet und enthalte im Übrigen keine Würdigung der Lage auf dem Gemeinschaftsmarkt. 87     Die Kommission trägt vor, das Gericht habe sich zu Recht auf die Rechtsprechung gestützt, wonach eine tatsächliche Schädigung des innergemeinschaftlichen Handels für die Anwendung von Art. 81 EG nicht bewiesen zu werden brauche, sondern der Nachweis ausreiche, dass eine Übereinkunft potenziell eine derartige Wirkung entfalten könne. 2.     Würdigung durch den Gerichtshof 88     Das Vorbringen der Rechtsmittelführerin entspricht weitgehend dem im Rahmen des vierten Rechtsmittelgrundes zurückgewiesenen Vorwurf, das Gericht habe nicht geprüft, ob sich die Übereinkunft auf die Aufteilung nationaler Märkte erstreckt habe, und habe eine nicht durchgeführte oder ohne spürbare nachteilige Auswirkung auf den Wettbewerb gebliebene Zuwiderhandlung einer in vollem Umfang umgesetzten Zuwiderhandlung gleichgestellt. 89     Jedenfalls müssen nach gefestigter Rechtsprechung Auslegung und Anwendung des Tatbestandsmerkmals der Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten in den Art. 81 und 82 EG vom Zweck dieses Merkmals ausgehen, auf dem Gebiet der Wettbewerbsregeln den Geltungsbereich des Gemeinschaftsrechts von dem des Rechts der Mitgliedstaaten abzugrenzen. In den Geltungsbereich des Gemeinschaftsrechts fallen dabei alle Kartelle und alle Verhaltensweisen, die geeignet sind, die Freiheit des Handels zwischen Mitgliedstaaten in einer Weise zu gefährden, die für die Verwirklichung der Ziele eines einheitlichen Marktes zwischen den Mitgliedstaaten nachteilig sein kann, indem insbesondere die nationalen Märkte abgeschottet werden oder die Wettbewerbsstruktur im Gemeinsamen Markt verändert wird (Urteile vom 31. Mai 1979, Hugin/Kommission, 22/78, Slg. 1979, 1869, Randnr. 17, und vom 25. Oktober 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99, Slg. 2001, I‑8089, Randnr. 47). 90     Ein Beschluss, eine Vereinbarung oder eine Verhaltensweise kann den Handel zwischen Mitgliedstaaten nur dann beeinträchtigen, wenn sich anhand einer Gesamtheit tatsächlicher und rechtlicher Umstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit voraussehen lässt, dass sie unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell die Handelsströme zwischen Mitgliedstaaten in einer Weise beeinflussen können, die für die Verwirklichung der Ziele eines einheitlichen zwischenstaatlichen Marktes nachteilig sein kann. Außerdem darf diese Beeinträchtigung nicht nur geringfügig sein (Urteile vom 28. April 1998, Javico, C‑306/96, Slg. 1998, I‑1983, Randnr. 16, und vom 21. Januar 1999, Bagnasco u. a., C‑215/96 und C‑216/96, Slg. 1999, I‑135, Randnr. 47, sowie Urteil Ambulanz Glöckner, Randnr. 48). 91     Im Anschluss an die Feststellung, dass die Übereinkunft die Aufteilung nationaler Märkte in der Gemeinschaft bezweckte, ist das Gericht daher in Randnr. 157 des angefochtenen Urteils zutreffend zu dem Ergebnis gekommen, dass die Übereinkunft potenziell eine Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten bewirkte. Der Gerichtshof hat im Übrigen bereits entschieden, dass eine Aufteilung nationaler Märkte in der Gemeinschaft den Handelsverkehr zwischen Mitgliedstaaten erheblich beeinträchtigen kann (vgl. Urteil Ambulanz Glöckner, Randnrn. 48 und 49). 92     Auch der fünfte Rechtsmittelgrund ist daher zurückzuweisen. F – Sechster Rechtsmittelgrund: Ermessensmissbrauch, Rechtsfehler und Verfälschung des Sachverhalts in Bezug auf die in Art. 2 der streitigen Entscheidung genannte Zuwiderhandlung 1.     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 93     Die Rechtsmittelführerin wirft dem Gericht vor, die unzulässige Handlung, um die es in Art. 2 der streitigen Entscheidung gehe, nicht ordnungsgemäß beschrieben zu haben. Es habe die Entscheidung umgedeutet, indem es versucht habe, ihr mittels eines Gesichtspunkts von geringer Bedeutung, und zwar der angeblichen Rechtswidrigkeit der Lieferverträge von Corus mit Dalmine, Vallourec und Mannesmann, rechtliche Legitimität zu verschaffen. 94     Das Gericht habe u. a. versucht, die in Art. 2 der streitigen Entscheidung erwähnte unzulässige Handlung als eigenständige Verletzung von Art. 81 EG darzustellen, obwohl sie nur zur Umsetzung der Grundregeln gedient habe. Eine solche Auslegung des Wortlauts der streitigen Entscheidung stelle einen Ermessensmissbrauch oder eine Ermessensüberschreitung sowie eine Verfälschung dieser Entscheidung dar. Sie beruhe überdies auf einer unzutreffenden Darstellung des relevanten Produktmarkts. 95     Im Übrigen habe das Gericht ausdrücklich erklärt, dass die Behauptung der Kommission in Randnr. 164 der streitigen Entscheidung falsch sei. Statt die streitige Entscheidung in diesem Punkt für nichtig zu erklären, habe das Gericht sie aber umformuliert; auch dies stelle einen Ermessensmissbrauch dar. 96     Schließlich seien durch die vom Gericht vorgenommene Auslegung des Verhältnisses zwischen den Art. 1 und 2 der streitigen Entscheidung die japanischen Hersteller begünstigt worden, denn sie seien, da ihnen die in Art. 2 genannte angebliche gesonderte Rechtsverletzung nicht zur Last gelegt worden sei, in den Genuss einer Herabsetzung der Geldbuße gekommen. 97     Die Kommission macht geltend, die Lieferverträge von Corus mit Dalmine, Vallourec und Mannesmann würden in der streitigen Entscheidung als gesonderte Verletzung von Art. 81 EG angesehen und seien deshalb Gegenstand eines eigenen Artikels im verfügenden Teil dieser Entscheidung. Außerdem gehe aus Art. 3 der Entscheidung, wonach deren Adressaten die „genannten Zuwiderhandlungen“ unterlassen müssten, klar hervor, dass es um gesonderte Zuwiderhandlungen gehe. 98     Das Gericht habe folglich weder sein Ermessen überschritten noch die streitige Entscheidung verfälscht. Es habe auch nicht die Definition des relevanten Produktmarkts umformuliert. Und selbst eine etwaige Nichtigerklärung von Randnr. 164 der streitigen Entscheidung durch das Gericht hätte keine Folgen für die Gültigkeit von Art. 2 der Entscheidung gehabt. 2.     Würdigung durch den Gerichtshof 99     Soweit die Rechtsmittelführerin dem Gericht einen Ermessensmissbrauch vorwirft, ist daran zu erinnern, dass ein solches Verhalten dann vorliegt, wenn ein Gemeinschaftsorgan seine Befugnisse ausschließlich oder zumindest hauptsächlich zu anderen als den angegebenen Zwecken oder mit dem Ziel ausübt, ein Verfahren zu umgehen, das der Vertrag speziell vorsieht, um die konkrete Sachlage zu bewältigen (Urteile vom 14. Mai 1998, Windpark Groothusen/Kommission, C‑48/96 P, Slg. 1998, I‑2873, Randnr. 52, und vom 10. März 2005, Spanien/Rat, C‑342/03, Slg. 2005, I‑1975, Randnr. 64). 100   Die Rechtsmittelführerin hat aber nichts vorgetragen, das die Behauptung stützen könnte, das Gericht habe seine Befugnisse mit einem anderen als dem in Art. 220 EG genannten Ziel ausgeübt, die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung des Vertrags zu sichern. 101   Überdies beruht der vorliegende Rechtsmittelgrund auf der Prämisse, dass das Gericht die streitige Entscheidung verfälscht habe, indem es die in Art. 2 genannte Zuwiderhandlung als eigenständige Zuwiderhandlung und nicht als bloße Umsetzung der in Art. 1 genannten Zuwiderhandlung eingestuft habe. 102   Das Gericht hat jedoch keine solche Verfälschung der streitigen Entscheidung vorgenommen. Wie die Kommission ausgeführt hat, ist schon die Tatsache, dass die im Abschluss der fraglichen Lieferverträge bestehende Zuwiderhandlung Gegenstand eines speziellen Artikels im verfügenden Teil der streitigen Entscheidung ist, ein Beleg dafür, dass diese Zuwiderhandlung dort als gesonderte Verletzung von Art. 81 EG eingestuft wurde. Außerdem wird in Art. 3 der streitigen Entscheidung den in den Art. 1 und 2 bezeichneten Unternehmen aufgegeben, die „dort genannten Zuwiderhandlungen“ zu unterlassen; diese Formulierung macht deutlich, dass es um gesonderte Zuwiderhandlungen geht. 103   Schließlich hätte das Gericht entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin aus seinen Feststellungen zu Randnr. 164 der streitigen Entscheidung keine anderen Konsequenzen ziehen müssen. 104   Zu dieser Randnummer hat das Gericht in den Randnrn. 244 und 245 des angefochtenen Urteils ausgeführt: „244      Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass die in Randnummer 164 der [streitigen] Entscheidung enthaltene Feststellung, wonach die die Zuwiderhandlung nach Artikel 2 bildenden Lieferverträge nur ein Mittel zur Durchführung der Zuwiderhandlung nach Artikel 1 waren, zu weitgehend ist, weil die Durchführung nur ein Ziel der zweiten Zuwiderhandlung unter mehreren zusammenhängenden, aber gesonderten wettbewerbswidrigen Zielen war. So hat das Gericht in seinem Urteil JFE Engineering u. a./Kommission (… Randnrn. 569 ff.) festgestellt, dass die Kommission den Grundsatz der Gleichbehandlung verkannte, indem sie die Zuwiderhandlung nach Artikel 2 der Entscheidung nicht für die Festsetzung der gegen die europäischen Hersteller verhängten Geldbußen berücksichtigte, obgleich Zweck und Wirkung dieser Zuwiderhandlung über einen Beitrag zur Verfestigung der Europäisch-Japanischen Absprache hinausgingen (vgl. insbesondere Randnr. 571 des Urteils). 245      Wenn diese Ungleichbehandlung letztlich auch eine Herabsetzung der gegen die japanischen Klägerinnen verhängten Geldbußen rechtfertigt, kann der ihr zugrunde liegende Beurteilungsfehler im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht zur Nichtigerklärung von Artikel 2 der [streitigen] Entscheidung oder ihres Artikels 1 führen.“ 105   Wie der Generalanwalt in den Nrn. 213 bis 216 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, bedeutete die Feststellung des Gerichts in Randnr. 244 des angefochtenen Urteils nur, dass die Kommission fälschlich der Ansicht war, wegen der in Art. 2 der streitigen Entscheidung genannten Zuwiderhandlung sei keine zusätzliche Geldbuße zu verhängen, weil es sich bei den betreffenden Verträgen nur um ein Mittel zur Durchführung des im Rahmen des Europäisch-Japanischen Clubs aufgestellten Prinzips des Schutzes der Heimatmärkte gehandelt habe (vgl. Randnr. 20 des vorliegenden Urteils). Diese Einschätzung des Gerichts hatte somit keine Auswirkung auf die eigentliche Feststellung der genannten Zuwiderhandlung in Art. 2 der streitigen Entscheidung und rechtfertigt in keiner Weise die Nichtigerklärung dieses Artikels. 106   Im Hinblick auf alle vorstehenden Erwägungen ist der sechste Rechtsmittelgrund zu verwerfen. G – Siebter Rechtsmittelgrund: Ermessensmissbrauch, Rechtsfehler und Verfälschung des Sachverhalts in Bezug auf die Auswirkungen der in Art. 2 der streitigen Entscheidung genannten Zuwiderhandlung 1.     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 107   Nach Ansicht der Rechtsmittelführerin hat das Gericht den Sachverhalt verfälscht, als es die Auffassung vertrat, dass der Liefervertrag zwischen ihr und Corus den Wettbewerb auf dem Markt für Glattendrohre und Gewinderohre im Vereinigten Königreich beschränkt habe. Das Gericht habe fälschlich angenommen, dass sie sich nach dem Abschluss dieses Vertrags praktisch vom Markt für Glattendrohre und Gewinderohre im Vereinigten Königreich abgeschnitten habe. Sie habe ohnedies keinen Zugang zum Markt für OCTG-Premiumrohre im Vereinigten Königreich gehabt, da ihr die erforderliche Lizenz gefehlt habe. 108   Ihr mit Corus geschlossener Liefervertrag habe Glattendrohre betroffen, ein dem relevanten Markt fremdes Produkt. Folglich könne er nicht als eine Durchführungsmodalität der angeblichen Übereinkunft zur Aufteilung der nationalen Märkte angesehen werden, um die es in Art. 1 der streitigen Entscheidung gehe. Der Vertrag beruhe vielmehr auf einer statthaften kaufmännischen Logik. 109   Die Kommission trägt vor, das Gericht habe zu Recht angenommen, dass sich die Rechtsmittelführerin eine Lizenz für die Vermarktung von OCTG-Premiumrohren auf dem Markt des Vereinigten Königreichs hätte verschaffen können, wenn sie daran interessiert gewesen wäre, dass aber der Abschluss des fraglichen Liefervertrags ein solches Interesse ausgeschlossen und die Rechtsmittelführerin damit als potenziellen Konkurrenten ausgeschaltet habe. 110   Ohne den genannten Liefervertrag hätte die Rechtsmittelführerin auch ein Interesse daran haben können, eine größere Menge von OCTG-Standardrohren auf diesem Markt abzusetzen. Sie habe im Vereinigten Königreich bereits OCTG-Standardrohre verkauft, für die sie keiner Lizenz bedurft habe, so dass ihr Argument, über keinen Zugang zum Markt des Vereinigten Königreichs verfügt zu haben, der Grundlage entbehre. 2.     Würdigung durch den Gerichtshof 111   In Randnr. 179 des angefochtenen Urteils hat das Gericht zu den in Art. 2 der streitigen Entscheidung genannten Lieferverträgen folgende, von der Rechtsmittelführerin für sich genommen nicht beanstandete Auffassung vertreten: „… Zusammen teilten diese Verträge zumindest ab dem 9. August 1993 den Bedarf von Corus an Glattendrohren unter den drei anderen europäischen Herstellern auf (40 % für Vallourec, 30 % für Dalmine und 30 % für Mannesmann). Außerdem ist in jedem der drei Verträge vorgesehen, dass der von Corus für die Glattendrohre zu zahlende Preis nach einer mathematischen Formel berechnet wird, die auf den Preis abstellt, den Corus für ihre mit Gewinden versehenen Rohre erzielt.“ 112   Im Hinblick auf diese Klauseln der Lieferverträge kann der Argumentation der Rechtsmittelführerin, mit der sie im Wesentlichen das Fehlen jedes Zusammenhangs zwischen Glattendrohren und Gewinderohren in Bezug auf die Auswirkungen dieser Verträge auf den Wettbewerb darzutun versucht, nicht gefolgt werden. Das Gericht hat insoweit keineswegs den Sachverhalt verfälscht, sondern in Randnr. 181 des angefochtenen Urteils in überzeugender Weise die wettbewerbswidrigen Auswirkungen der Lieferverträge nicht nur auf den Markt für Glattendrohre, sondern auch auf den Markt für Gewinderohre geschildert: „Mit jedem der Lieferverträge band Corus ihre drei in der Gemeinschaft ansässigen Konkurrenten in der Weise, dass für den Preis der Aufgabe ihrer Einkaufsfreiheit jeder wirksame Wettbewerb und auch die Perspektive eines Wettbewerbs durch diese Konkurrenten verschwand. Denn für diese drei Wettbewerber minderten sich die Verkäufe von Glattendrohren, wenn die Gewinderohrverkäufe durch Corus schrumpften. Auch die Gewinnspanne der Glattendrohrverkäufe, zu denen sich diese drei Lieferanten verpflichtet hatten, minderte sich, soweit die von Corus für ihre Gewinderohre erzielten Preise sanken, und konnte sogar in Verlust umschlagen. Unter diesen Umständen erschien es praktisch unvorstellbar, dass es diese drei Hersteller anstreben könnten, Corus auf dem britischen Markt für Gewinderohre einen wirksamen Wettbewerb, besonders hinsichtlich der Preise, zu liefern …“ 113   Soweit die Rechtsmittelführerin den Abschluss ihres Liefervertrags mit Corus als folgerichtige und rechtmäßige wirtschaftliche Tätigkeit darstellt, genügt die Feststellung, dass das Gericht dieses Argument gebührend widerlegt hat, und zwar in der oben wiedergegebenen Randnr. 181 des angefochtenen Urteils sowie in dessen Randnr. 185, in der es heißt, „dass die drei außerbritischen europäischen Hersteller, hätten die Lieferverträge nicht existiert, normalerweise, lässt man die Grundregeln außer Betracht, ein tatsächliches oder zumindest potenzielles geschäftliches Interesse daran gehabt hätten, Corus auf dem britischen Markt für Gewinderohre einen echten Wettbewerb zu liefern und untereinander bei der Belieferung von Corus mit Glattendrohren zu konkurrieren“. 114   Schließlich braucht zu dem Argument der Rechtsmittelführerin, sie habe schon deshalb keinen Zugang zum Markt des Vereinigten Königreichs gehabt, weil ihr dort eine Lizenz für den Verkauf von OCTG-Premiumrohren gefehlt habe, nur auf die völlig zutreffende Analyse verwiesen zu werden, die das Gericht in Randnr. 186 des angefochtenen Urteils vorgenommen hat: „Was die angeblichen praktischen Hindernisse angeht, die es der Klägerin nach ihrem Vortrag unmöglich gemacht haben sollen, OCTG-Premiumrohre und ‑standardrohre unmittelbar auf dem britischen Markt abzusetzen, so ist nicht hinreichend nachgewiesen, dass Dalmine diese Erzeugnisse ohne ihren Liefervertrag mit Corus und später Vallourec tatsächlich niemals auf dem britischen Markt hätte verkaufen können. Es lässt sich vielmehr nicht ausschließen, dass sich Dalmine im Fall einer positiven Entwicklung auf dem britischen Markt für OCTG-Rohre eine Lizenz hätte verschaffen können, die ihr die Vermarktung von Premiumgewinderohren auf dem britischen Markt erlaubt hätte, oder ihre Produktion von OCTG-Standardrohren für den Verkauf auf dem britischen Markt hätte steigern können. Damit akzeptierte sie aber mit der Unterzeichnung des Liefervertrags tatsächlich … Einschränkungen in ihrer Geschäftspolitik …“ 115   Nach alledem geht der siebte Rechtsmittelgrund fehl. H – Achter Rechtsmittelgrund: Rechtsfehler und Verfälschung des Sachverhalts in Bezug auf den wirtschaftlichen Kontext des Liefervertrags zwischen der Rechtsmittelführerin und Corus 1.     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 116   Die Rechtsmittelführerin wendet sich gegen die Einschätzung des Gerichts, dass die Klauseln des mit Corus geschlossenen Liefervertrags ihrem Wesen nach unzulässig seien. 117   Insoweit erläutert sie u. a. die wirtschaftliche Logik des fraglichen Vertrags, weist auf die Bedeutung der Verhandlungsmacht von Corus gegenüber den potenziellen Lieferanten hin und wiederholt, dass sie auf dem Markt des Vereinigten Königreichs nur ganz geringe Mengen von OCTG-Standardrohren und überhaupt keine OCTG-Premiumrohre verkauft habe. 118   Die Kommission trägt vor, dieser Rechtsmittelgrund bestehe in der Wiederholung der Argumente, mit denen vor dem Gericht die wettbewerbswidrige Natur bestimmter Klauseln des Liefervertrags zwischen der Rechtsmittelführerin und Corus bestritten worden sei, und sei daher unzulässig. 119   Die Argumentation der Rechtsmittelführerin entbehre jedenfalls jeder Grundlage. Insbesondere könnten die wirtschaftlichen Interessen und die Verhandlungsmacht einer der Parteien keinen Einfluss auf die Rechtswidrigkeit eines gegen Art. 81 EG verstoßenden Vertrags haben. 2.     Würdigung durch den Gerichtshof 120   Wie aus den Randnrn. 111 bis 113 des vorliegenden Urteils hervorgeht, hat das Gericht mit hinreichender Begründung, zu Recht und ohne Verfälschung des Sachverhalts festgestellt, dass die in Art. 2 der streitigen Entscheidung genannten Lieferverträge den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen konnten und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bewirkten. Daher kann sich die Rechtsmittelführerin nicht gegen die Beurteilung des Gerichts wenden, dass die Klauseln der genannten Verträge ihrem Wesen nach unzulässig seien. 121   Soweit die Rechtsmittelführerin bestimmte wirtschaftliche Interessen sowie die Verhandlungsmacht einer der Vertragsparteien anführt, ist den Ausführungen des Generalanwalts in den Nrn. 229 und 230 seiner Schlussanträge zuzustimmen, dass diese Rügen vor dem Gericht nicht ausdrücklich erhoben wurden und deshalb im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels für unzulässig zu erklären sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 1. Juni 1994, Kommission/Brazzelli Lualdi u. a., C‑136/92 P, Slg. 1994, I‑1981, Randnr. 59, und vom 8. Juli 1999, Hercules Chemicals/Kommission, C‑51/92 P, Slg. 1999, I‑4235, Randnr. 58). Im Übrigen können die Rügen jedenfalls keinen Erfolg haben. Die Beurteilung der Vereinbarkeit eines Verhaltens mit Art. 81 Abs. 1 EG ist zwar in seinem wirtschaftlichen Kontext vorzunehmen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. April 2006, General Motors/Kommission, C‑551/03 P, Slg. 2006, I‑3173, Randnr. 66, und vom 13. Juli 2006, Kommission/Volkswagen, C‑74/04 P, Slg. 2006, I‑0000, Randnr. 45). Die Behauptungen der Rechtsmittelführerin, ihre Begründetheit unterstellt, sind jedoch kein Beweis dafür, dass durch den wirtschaftlichen Kontext jede Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs ausgeschlossen war (vgl. analog dazu Urteil vom 8. Juli 1999, Montecatini/Kommission, C‑235/92 P, Slg. 1999, I‑4539, Randnr. 127). 122   Daher greift auch der achte Rechtsmittelgrund nicht durch. I – Neunter Rechtsmittelgrund: Rechtsfehler und unzureichende Begründung der Schwere der Zuwiderhandlung 1.     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 123   Die Rechtsmittelführerin macht geltend, die Schwere der gerügten Zuwiderhandlung müsse anhand der Größe des relevanten Marktes beurteilt werden, da dies der einzige streng objektive Parameter sei. Eine dieses objektive Kriterium außer Acht lassende Beurteilung der Schwere der Zuwiderhandlung wäre unlogisch und würde auf Gesichtspunkten beruhen, die in der Rechtsprechung, der Verordnung Nr. 17 und den Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen, die gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 und gemäß Artikel 65 Absatz 5 EGKS-Vertrag festgesetzt werden (ABl. 1998, C 9, S. 3, im Folgenden: Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen), nicht vorkämen. Das Gericht habe folglich zu Unrecht festgestellt, dass die Größe des betreffenden Marktes nur ein relevanter Gesichtspunkt unter anderen bei der Festsetzung der Geldbußen sei. 124   Die Rechtsmittelführerin trägt sodann Argumente vor, die belegen sollen, dass die in den Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen aufgestellten Kriterien – Art des Verstoßes, konkrete Auswirkungen auf den Markt und Umfang des betreffenden räumlichen Marktes – entgegen den Ausführungen des Gerichts von der Kommission nicht beachtet worden seien. Sie zieht daraus den Schluss, dass die angebliche Zuwiderhandlung nicht als „äußerst schwer“ eingestuft werden könne. Das Gericht habe diese Einstufung im Übrigen nicht ordnungsgemäß begründet. Es habe sich darauf beschränkt, die Beurteilungen der Kommission zur Kenntnis zu nehmen, ohne sich zu ihrer Relevanz und Begründetheit zu äußern. 125   Schließlich habe das Gericht die individuelle Größe der Adressaten der streitigen Entscheidung nicht berücksichtigt. Es verstoße gegen alle Rechts- und Billigkeitserwägungen, ihr eine ebenso hohe Sanktion wie z. B. Nippon Steel aufzuerlegen, die einen erheblich höheren Jahresumsatz habe. Die Unverhältnismäßigkeit der gegen sie verhängten Geldbuße zeige sich auch darin, dass der Grundbetrag der Geldbuße 16 % des weltweiten Absatzes der betreffenden Produkte im Jahr 1998, 38 % des Absatzes auf dem Gemeinschaftsmarkt und 95 % des Absatzes in Deutschland, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich im Zeitraum der Zuwiderhandlung entspreche. 126   Die Kommission weist zunächst darauf hin, dass nach den Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen die Größe des betreffenden Marktes nur einer der bei der Beurteilung der Schwere der Zuwiderhandlung zu berücksichtigenden Gesichtspunkte sei. 127   Ferner macht sie geltend, die in den Leitlinien aufgestellten Kriterien seien korrekt angewandt worden. Insbesondere könne ein Kartell wegen der Art des Verstoßes oder weil es einen erheblichen Teil des Gemeinsamen Marktes betreffe, auch dann als „besonders schwerer Verstoß“ eingestuft werden, wenn es ein Produkt betreffe, mit dem auf dem fraglichen Markt keine besonders hohen Umsätze erzielt würden. 128   Schließlich gehe aus den Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen hervor, dass die Differenzierung der Geldbußen anhand des Umsatzes der beteiligten Unternehmen keine Verpflichtung, sondern eine Möglichkeit darstelle. 2.     Würdigung durch den Gerichtshof 129   Nach ständiger Rechtsprechung ist die Schwere der Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft anhand einer Vielzahl von Gesichtspunkten zu ermitteln, zu denen die besonderen Umstände der Rechtssache, ihr Kontext und die Abschreckungswirkung der Geldbußen gehören, ohne dass es eine zwingende oder abschließende Liste von Kriterien gäbe, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssten (Urteil Limburgse Vinyl Maatschappij u. a./Kommission, Randnr. 465, und Urteil vom 28. Juni 2005, Dansk Rørindustri u. a./Kommission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P bis C‑208/02 P und C‑213/02 P, Slg. 2005, I‑5425, Randnr. 241). 130   Zu den Faktoren, die bei der Beurteilung der Schwere der Zuwiderhandlungen berücksichtigt werden können, gehören das Verhalten jedes einzelnen Unternehmens, die Rolle, die es bei der Errichtung des Kartells gespielt hat, der Gewinn, den die Unternehmen aus ihm ziehen konnten, ihre Größe und der Wert der betroffenen Waren sowie die Gefahr, die derartige Zuwiderhandlungen für die Ziele der Gemeinschaft bedeuten (vgl. in diesem Sinne Urteile Musique Diffusion française u. a./Kommission, Randnr. 129, und Dansk Rørindustri u. a./Kommission, Randnr. 242). 131   In Nr. 1 Teil A der Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen heißt es: „Bei der Ermittlung der Schwere eines Verstoßes sind seine Art und die konkreten Auswirkungen auf den Markt, sofern diese messbar sind, sowie der Umfang des betreffenden räumlichen Marktes zu berücksichtigen.“ 132   Entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin hat das Gericht daher in Randnr. 259 des angefochtenen Urteils zutreffend ausgeführt, dass die Größe des betroffenen Marktes bei der Beurteilung der Schwere der Zuwiderhandlung und der Festsetzung der Geldbuße nur einen relevanten Gesichtspunkt unter anderen bildete. 133   Zum Vorbringen der Rechtsmittelführerin, das Gericht habe fälschlich und ohne hinreichende Begründung die Anwendung der Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen durch die Kommission und die Einstufung der Zuwiderhandlung als „äußerst schwer“ bestätigt, ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission über ein weites Ermessen verfügt und dass die in den Leitlinien beschriebene Berechnungsmethode der Geldbußen verschiedene Spielräume enthält (Urteil vom 29. Juni 2006, SGL Carbon/Kommission, C‑308/04 P, Slg. 2006, I‑0000, Randnrn. 46 und 47). 134   Der Gerichtshof hat gleichwohl zu prüfen, ob das Gericht die Ermessensausübung durch die Kommission ordnungsgemäß gewürdigt hat (Urteil SGL Carbon/Kommission, Randnr. 48). 135   Hierzu ist zunächst festzustellen, dass das Gericht in den Randnrn. 263 bis 265 des angefochtenen Urteils die Anwendung der in den Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen aufgestellten Kriterien durch die Kommission korrekt zusammengefasst hat: „263      [D]ie Kommission [stützte sich] in Randnummer 161 der [streitigen] Entscheidung für die Einstufung der in Artikel 1 der [streitigen] Entscheidung festgestellten Zuwiderhandlung als ‚äußerst schwer‘ im Wesentlichen auf die Art des rechtswidrigen Verhaltens aller betroffenen Unternehmen. Zur Begründung verwies sie darauf, dass die Vereinbarung über den Schutz von Heimatmärkten ihrer Art nach in erheblichem Maße wettbewerbswidrig sei und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigt habe und dass es sich um ein geheimes und institutionalisiertes System zur Beschränkung des Wettbewerbs gehandelt habe. In Randnummer 161 erwähnte die Kommission weiter, dass ‚der überwiegende Teil des Verbrauchs an nahtlosen OCTG[-Rohren] und [Leitungsrohren] in der Gemeinschaft auf die vier von der Übereinkunft betroffenen Mitgliedstaaten [entfalle], die somit einen räumlich ausgedehnten Markt [darstellten]‘. 264      In Randnummer 160 der angefochtenen Entscheidung stellte die Kommission hingegen fest, dass ‚[d]ie konkreten Auswirkungen des Verstoßes auf den Markt … begrenzt‘ seien, weil die beiden von dem Verstoß betroffenen Produktarten, nämlich OCTG-Standardrohre und projektbezogene Leitungsrohre, nur 19 % des gesamten Gemeinschaftsverbrauchs an nahtlosen OCTG-Rohren und Leitungsrohren ausmachten und weil wegen des technischen Fortschritts ein Teil der Nachfrage nach nahtlosen Rohren inzwischen durch geschweißte Rohre gedeckt werden könne. 265      So berücksichtigte die Kommission dann in Randnummer 162 der [streitigen] Entscheidung, nachdem sie die Zuwiderhandlung in Randnummer 161 auf der Grundlage der dort genannten Faktoren als ‚äußerst schwer‘ eingestuft hatte, den relativ begrenzten Umfang der Verkäufe der fraglichen Produkte durch die Adressaten der [streitigen] Entscheidung in den vier betroffenen Mitgliedstaaten (73 Millionen Euro jährlich). Diese Bezugnahme auf die Größe des Marktes entspricht der in Randnummer 160 der [streitigen] Entscheidung enthaltenen Beurteilung, dass die Zuwiderhandlung nur begrenzte Auswirkungen auf den Markt gehabt habe. Demgemäß setzte die Kommission den Betrag wegen der Schwere der Zuwiderhandlung auf 10 Millionen Euro fest. Nach den Leitlinien ist indessen für eine Zuwiderhandlung, die zur Kategorie der besonders schweren Verstöße gehört, grundsätzlich eine Geldbuße von ‚oberhalb von 20 Mio. [Euro]‘ zu verhängen.“ 136   Aus der von der Kommission vorgenommenen und oben zusammengefassten Analyse geht hervor, dass die drei in Nr. 1 Teil A der Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen aufgeführten Kriterien bei der Ermittlung der Schwere der Zuwiderhandlung berücksichtigt wurden. Das Gericht hat daher in Randnr. 260 des angefochtenen Urteils zutreffend ausgeführt, „dass die Kommission die Leitlinien zwar in der [streitigen] Entscheidung nicht ausdrücklich angeführt, die gegen die Adressaten der Entscheidung verhängten Geldbußen aber gleichwohl nach der Berechnungsweise bemessen hat, die sie sich selbst in den Leitlinien vorgeschrieben hat“. 137   In den Randnrn. 266 bis 271 des angefochtenen Urteils hat das Gericht geprüft, „ob [die in den Randnrn. 263 bis 265 beschriebene] Vorgehensweise der Kommission im Licht der dagegen von Dalmine erhobenen Einwände rechtswidrig ist“, und dazu ausgeführt: „267      Zum Vorbringen von Dalmine zu den relevanten Märkten ist festzustellen, dass die betroffenen räumlichen Märkte in den Randnummern 35 und 36 der [streitigen] Entscheidung so definiert werden, wie sie normalerweise hätten bestehen müssen, wenn es keine rechtswidrigen Vereinbarungen gegeben hätte, die ihre künstliche Aufspaltung bezweckten oder bewirkten. Weiterhin ist der [streitigen] Entscheidung insgesamt, besonders ihren Randnummern 53 bis 77, zu entnehmen, dass sich das Verhalten der japanischen und europäischen Hersteller auf jedem einzelnen Markt eines Staates oder, in manchen Fällen, einer Weltgegend nach besonderen Regeln bestimmte, die von Markt zu Markt unterschiedlich waren und das Resultat der geschäftlichen Verhandlungen im Europäisch-Japanischen Club bildeten. 268      Der Hinweis von Dalmine, dass der Verkauf von OCTG-Standardrohren und projektbezogenen Leitungsrohren durch die acht Adressaten der [streitigen] Entscheidung nur geringe Prozentanteile am Weltmarkt und am europäischen Markt für diese Produkte gebildet [habe], liegt neben der Sache. Denn die Einstufung der Zuwiderhandlung im Sinne von Artikel 1 der Entscheidung als ‚äußerst schwer‘ beruht darauf, dass es die Zuwiderhandlung zum Zweck und, zumindest in gewissem Umfang, auch zur Wirkung hatte, alle Adressaten der Entscheidung jeweils von den Heimatmärkten der anderen Unternehmen, darunter den Märkten der vier größten Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, fernzuhalten. 269      Die Argumente, dass Dalmine OCTG-Standardrohre nur in begrenztem Umfang verkauft habe und dass auf ihrem eigenen Heimatmarkt geschweißte Rohre als Konkurrenz zu projektbezogenen Leitungsrohren erhebliche Bedeutung hätten, können nicht durchgreifen, da sich Dalmines Beteiligung an der Zuwiderhandlung der Marktaufteilung aus der von ihr eingegangenen Verpflichtung ergibt, die von der [streitigen] Entscheidung erfassten Erzeugnisse nicht auf den übrigen Märkten zu verkaufen. Selbst wenn dieser von ihr geltend gemachte Sachverhalt rechtlich hinreichend bewiesen wäre, könnte dies nicht die Bewertung entkräften, die die Kommission hinsichtlich der Schwere der Zuwiderhandlung Dalmines vornahm. 270      Im Übrigen wurde der von Dalmine angeführte Umstand, dass die Zuwiderhandlung nach Artikel 1 der [streitigen] Entscheidung nur zwei spezielle Produkte, nämlich OCTG-Standardrohre und projektbezogene Leitungsrohre, nicht aber alle OCTG-Rohre und Leitungsrohre betraf, von der Kommission in Randnummer 160 der [streitigen] Entscheidung ausdrücklich als ein Faktor erwähnt, der die konkreten Auswirkungen der Zuwiderhandlung auf dem Markt begrenzte (vgl. oben, Randnr. 264). Im gleichen Sinne erwähnt die Kommission in derselben Randnummer die steigende Konkurrenz durch geschweißte Rohre (vgl. oben, Randnr. 264). Bei ihrer in der Entscheidung enthaltenen Bewertung, wie schwer die Zuwiderhandlung wog, berücksichtigte die Kommission diese Gesichtspunkte somit bereits. 271      Demnach ist festzustellen, dass die oben in Randnummer 265 erwähnte Herabsetzung des üblichen Mindestbetrags der für einen ‚besonders schweren‘ Verstoß verbürgten Geldbuße um 50 % diese begrenzte Auswirkung des Verstoßes auf den Markt angemessen berücksichtigt.“ 138   Mit diesen Erwägungen hat sich das Gericht in vernünftiger und schlüssiger Weise zu den wesentlichen Faktoren geäußert, die bei der Beurteilung der Schwere der Zuwiderhandlung herangezogen wurden, und es ist in rechtlich hinreichender Weise auf die von der Rechtsmittelführerin vorgebrachten Argumente eingegangen. Entgegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin hat sich das Gericht nicht darauf beschränkt, die Beurteilungen der Kommission zur Kenntnis zu nehmen, sondern es hat eingehend die von der Rechtsmittelführerin aufgeworfene Frage geprüft, ob die Kommission bei der Beurteilung der Schwere der Zuwiderhandlung deren Auswirkungen auf den relevanten Markt korrekt eingeschätzt hat. Außerdem hat es mit seiner Erwägung, dass die in Art. 1 der streitigen Entscheidung genannte Zuwiderhandlung jedenfalls „äußerst schwer“ gewesen sei, weil sie den Zweck und, zumindest in gewissem Umfang, auch die Wirkung gehabt habe, alle acht Adressaten der streitigen Entscheidung von den Heimatmärkten der anderen Unternehmen fernzuhalten, zutreffend die erhebliche Schwere von Zuwiderhandlungen hervorgehoben, die in der Aufteilung der nationalen Märkte innerhalb der Gemeinschaft bestehen. 139   Darüber hinaus war, wie das Gericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, die begrenzte Auswirkung der Zuwiderhandlung auf den Markt im vorliegenden Fall bereits angemessen berücksichtigt worden, da die Kommission die Geldbuße anhand der Schwere der Zuwiderhandlung nur auf 10 Millionen Euro festgesetzt hatte. 140   Mit ihrer letzten im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittelgrundes erhobenen Rüge wirft die Rechtsmittelführerin dem Gericht vor, die individuelle Größe der Adressaten der streitigen Entscheidung nicht berücksichtigt zu haben. 141   Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, ist die Kommission aber bei der Ermittlung der Höhe der Geldbußen anhand von Schwere und Dauer der fraglichen Zuwiderhandlung nicht verpflichtet, die Geldbuße ausgehend von Beträgen zu berechnen, die auf dem Umsatz der betreffenden Unternehmen beruhen. Die Kommission kann zwar den Umsatz des betreffenden Unternehmens berücksichtigen, doch darf ihm im Verhältnis zu anderen Beurteilungskriterien keine übermäßige Bedeutung zugemessen werden (Urteil Dansk Rørindustri u. a./Kommission, Randnrn. 255 und 257). 142   Nr. 1 Teil A Abs. 6 der Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen entspricht dieser Rechtsprechung. Dort heißt es: „[I]n bestimmten Fällen [sollten] die … festgesetzten Beträge gewichtet werden, um das jeweilige Gewicht und damit die tatsächliche Auswirkung des Verstoßes jedes einzelnen Unternehmens auf den Wettbewerb zu berücksichtigen, vor allem, wenn an einem Verstoß derselben Art Unternehmen von sehr unterschiedlicher Größe beteiligt waren.“ 143   Das Gericht hat in Randnr. 282 des angefochtenen Urteils zu Recht darauf hingewiesen, dass den Ausdrücken „in bestimmten Fällen“ und „vor allem“ im genannten Absatz der Leitlinien für die Festsetzung von Geldbußen zu entnehmen ist, dass eine Gewichtung nach der individuellen Unternehmensgröße kein durchgehend zu vollziehender Berechnungsschritt ist, zu dem sich die Kommission verpflichtet hat, sondern eine Anpassungsmöglichkeit, die sie sich in Sachen, die dies erfordern, insbesondere nach Maßgabe der Umstände des Einzelfalls vorbehält. Dieses Ermessen kommt im Übrigen auch in dem in diesem Absatz verwendeten Wort „sollten“ zum Ausdruck. 144   Das Gericht hat aus diesen Erwägungen in Randnr. 283 des angefochtenen Urteils zutreffend geschlossen, dass „der Kommission hinsichtlich der Frage, ob eine solche Gewichtung der Geldbußen nach der Größe des einzelnen Unternehmens angezeigt ist, ein gewisses Ermessen verbleibt. So braucht die Kommission, wenn gegen mehrere an derselben Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen Geldbußen festgesetzt werden, nicht dafür zu sorgen, dass in den von ihr errechneten Endbeträgen der Geldbußen der betreffenden Unternehmen eine Differenzierung nach ihrem Gesamtumsatz zum Ausdruck kommt …“ 145   Diese Schlussfolgerung war umso angebrachter, als alle Adressaten der streitigen Entscheidung Großunternehmen waren, was die Kommission veranlasste, von einer Differenzierung bei den Bußgeldbeträgen abzusehen (vgl. Randnr. 165 der streitigen Entscheidung). Hierzu hat das Gericht folgende stichhaltige Feststellungen getroffen: „284      … Dalmine beanstandet diese Beurteilung mit Hinweis darauf, dass sie mit einem Jahresumsatz von 667 Millionen Euro im Jahr 1998 eines der kleinsten Unternehmen sei, an die die [streitige] Entscheidung gerichtet sei. Tatsächlich ist festzustellen, dass hinsichtlich des Gesamtumsatzes aller Erzeugnisse zwischen Dalmine und dem größten betroffenen Unternehmen, nämlich Nippon [Steel] mit einem Umsatz von 13 489 Millionen Euro im Jahr 1998, ein beträchtlicher Abstand besteht. 285      Allerdings hat die Kommission – unwidersprochen seitens Dalmine – in ihrer Klagebeantwortung hervorgehoben, dass Dalmine weder ein kleines noch ein mittleres Unternehmen sei. Es ist zutreffend, dass solche Unternehmen nach der zum Zeitpunkt des Erlasses der [streitigen] Entscheidung geltenden Empfehlung 96/280/EG der Kommission vom 3. April 1996 betreffend die Definition der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 107, S. 4) nur weniger als 250 Personen beschäftigen oder nur einen Jahresumsatz von höchstens 40 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 27 Millionen Euro haben dürfen. In der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124, S. 36) wurden die beiden letztgenannten Schwellen auf 50 Millionen und 43 Millionen Euro angehoben. 286      Auch wenn dem Gericht keine Zahlen über die Beschäftigten und die Bilanz von Dalmine vorliegen, ist doch festzustellen, dass ihr Umsatz im Jahr 1998 mehr als zehnmal höher war als die Obergrenze, die die Kommission in ihren verschiedenen Empfehlungen als ein Kriterium festgelegt hat. Nach den dem Gericht vorliegenden Informationen ist somit die von der Kommission in Randnummer 165 der [streitigen] Entscheidung getroffene Feststellung, dass Dalmine ein Großunternehmen ist, nicht fehlerhaft.“ 146   Soweit sich die Rechtsmittelführerin zum Nachweis der Unverhältnismäßigkeit der Geldbuße auch darauf beruft, dass ihr Grundbetrag 16 % ihres weltweiten Absatzes der betreffenden Produkte im Jahr 1998, 38 % des Absatzes auf dem Gemeinschaftsmarkt und 95 % des Absatzes in Deutschland, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich im Zeitraum der Zuwiderhandlung entspreche, ist darauf hinzuweisen, dass sich die in Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 17 genannte Obergrenze von 10 % auf den weltweiten Umsatz des betreffenden Unternehmens bezieht und dass sie nur für den Endbetrag der Geldbuße gilt (Urteile Dansk Rørindustri u. a./Kommission, Randnr. 278, und SGL Carbon/Kommission, Randnr. 82). Da die Rechtsmittelführerin die Feststellung in Randnr. 287 des angefochtenen Urteils, dass die ihr in der streitigen Entscheidung auferlegte Geldbuße von 10,8 Millionen Euro nur rund 1,62 % ihres weltweiten Umsatzes von 667 Millionen Euro im Jahr 1998 betragen habe, nicht in Abrede gestellt hat, kann sie kein offenkundiges Missverhältnis zwischen dieser Geldbuße und der Größe ihres Unternehmens geltend machen. 147   Da keine der von der Rechtsmittelführerin erhobenen Rügen durchgreift, ist der neunte Rechtsmittelgrund zurückzuweisen. J – Zehnter Rechtsmittelgrund: Rechtsfehler und unzureichende Begründung hinsichtlich der Dauer der Zuwiderhandlung und der mildernden Umstände 1.     Vorbringen der Verfahrensbeteiligten 148   Die Rechtsmittelführerin macht geltend, bestimmte mildernde Umstände wie ihre unbedeutende und passive Rolle bei der Verwirklichung der in Art. 1 der streitigen Entscheidung genannten Zuwiderhandlung und die Tatsache, dass die Zuwiderhandlung schon nach dem ersten Eingreifen der Kommission beendet worden sei, hätten berücksichtigt werden müssen. Selbst wenn diese Umstände nicht automatisch zu berücksichtigen seien, hätte die Kommission die Gründe angeben müssen, aus denen sie die Geldbuße nicht auf dieser Grundlage herabgesetzt habe. Das Gericht hätte diese unzureichende Begründung feststellen und ahnden müssen. 149   Aus dem zweiten der geltend gemachten mildernden Umstände ergebe sich im Übrigen, dass sie nur eine Zuwiderhandlung von geringer Dauer begangen habe und dass das angefochtene Urteil insoweit Widersprüche enthalte. 150   Schließlich sei gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen worden, da ihre Zusammenarbeit im Verwaltungsverfahren nicht in gleicher Weise wie die von Vallourec gewürdigt worden sei. 151   Die Kommission führt aus, das Gericht verfüge bei Geldbußen über eine Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung und habe von dieser Befugnis im vorliegenden Fall ordnungsgemäß Gebrauch gemacht, indem es im angefochtenen Urteil die Gründe dargelegt habe, aus denen die von der Rechtsmittelführerin geltend gemachten mildernden Umstände nicht durchgriffen. In den betreffenden Randnummern seines Urteils habe das Gericht insbesondere zutreffend festgestellt, dass die Rechtsmittelführerin die Zuwiderhandlung nicht nach dem Eingreifen der Kommission beendet habe und dass sie und Vallourec nicht in gleichem Maß kooperiert hätten. 2.     Würdigung durch den Gerichtshof 152   Zunächst ist zur angeblichen Ungleichbehandlung der Rechtsmittelführerin und von Vallourec bei der Festsetzung der Geldbuße darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsmittels die Beurteilung des Gerichts, das in Ausübung seiner Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung über die Höhe der gegen Unternehmen wegen Verletzung des Wettbewerbsrechts verhängten Geldbußen entscheidet, zwar nicht aus Gründen der Billigkeit durch seine eigene Beurteilung ersetzen darf, doch darf die Ausübung einer solchen Befugnis nicht dazu führen, dass Unternehmen, die an einer gegen Art. 81 Abs. 1 EG verstoßenden Vereinbarung oder abgestimmten Verhaltensweise beteiligt waren, bei der Ermittlung der Höhe ihrer Geldbußen ungleich behandelt werden (Urteil vom 16. November 2000, Sarrió/Kommission, C‑291/98 P, Slg. 2000, I‑9991, Randnrn. 96 und 97, und Urteil Limburgse Vinyl Maatschappij u. a./Kommission, Randnr. 617). 153   Das Rechtsmittel muss allerdings die rechtlichen Argumente genau bezeichnen, die den Rechtsmittelgrund des Verstoßes gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung speziell stützen; andernfalls ist dieser Rechtsmittelgrund unzulässig (Urteil Limburgse Vinyl Maatschappij u. a./Kommission, Randnr. 618). 154   Im vorliegenden Fall hat die Kommission, wie in Randnr. 19 des vorliegenden Urteils ausgeführt, die Geldbuße von Vallourec um 40 % und die Geldbuße der Rechtsmittelführerin um 20 % herabgesetzt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass diese beiden Unternehmen im Verwaltungsverfahren mit ihr kooperiert hatten. 155   Soweit sich die Rechtsmittelführerin gegen die Ausführungen des Gerichts in Randnr. 344 des angefochtenen Urteils wendet, wonach „die von Dalmine gegebenen Antworten auf die Fragen für die Kommission [zwar] von gewissem Nutzen waren, … doch [sich] darauf [beschränkten], Informationen zu bestätigen, und zwar weniger genau und explizit als die, die bereits von Vallourec in den Erklärungen von Herrn Verluca geliefert worden waren“, betrifft ihre Argumentation den Sachverhalt und ist daher als unzulässig zurückzuweisen. Es ist daher nicht Sache des Gerichtshofs, im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels die Feststellung des Gerichts in Randnr. 345 des angefochtenen Urteils zu überprüfen, dass „die Informationen, die Dalmine der Kommission vor der Übersendung der Mitteilung der Beschwerdepunkte mitteilte, nicht mit den von Vallourec offenbarten Informationen vergleichbar [sind] und … keine Herabsetzung der gegen die Klägerin verhängten Geldbuße über die 20 % hinaus [rechtfertigen], die ihr für die Einräumung des Sachverhalts erlassen wurden. Wenn dieses Eingeständnis des Sachverhalts der Kommission auch ihre Arbeit möglicherweise erheblich erleichterte, gilt Gleiches nicht für die Informationen, die ihr Dalmine vor der Übersendung der Mitteilung der Beschwerdepunkte mitteilte.“ 156   In Bezug auf das Vorbringen der Rechtsmittelführerin zu ihrer unbedeutenden und passiven Rolle bei der Verwirklichung der in Art. 1 der streitigen Entscheidung genannten Zuwiderhandlung hat das Gericht in Randnr. 327 des angefochtenen Urteils auf die in dessen Randnrn. 280 bis 297 vorgenommene Analyse verwiesen; darin heißt es: „288      [Es] ist … daran zu erinnern, dass das Vorbringen von Dalmine zur geringen Bedeutung der OCTG-Standardrohre und zur beträchtlichen Konkurrenz zwischen geschweißten Rohren und projektbezogenen Leitungsrohren auf ihren Heimatmarkt unbeachtlich ist, weil sich ihre Beteiligung an der Zuwiderhandlung der Marktaufteilungsabsprache aus der von ihr eingegangenen Verpflichtung ergibt, diese Produkte nicht auf den anderen Märkten zu verkaufen … Selbst wenn dieser Sachverhalt rechtlich hinreichend nachgewiesen wäre, könnte er somit nicht die Bewertung entkräften, die die Kommission in der angefochtenen Entscheidung hinsichtlich der Schwere der von Dalmine begangenen Zuwiderhandlung vornahm. … 290      Da Dalmine das einzige italienische Mitglied des Europäisch-Japanischen Clubs ist, ist weiterhin festzustellen, dass ihre Beteiligung an der Absprache genügte, um deren räumlichen Anwendungsbereich auf das Gebiet eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft auszudehnen. Damit hatte die Beteiligung von Dalmine an der Zuwiderhandlung eine nicht zu vernachlässigende Auswirkung auf den Markt der Gemeinschaft. Für die Beurteilung der konkreten Auswirkungen, die die Beteiligung von Dalmine an der Zuwiderhandlung nach Artikel 1 der [streitigen] Entscheidung auf den darin genannten Produktmärkten hatte, ist dieser Umstand erheblich relevanter als ein einfacher Vergleich der Gesamtumsätze der in Frage stehenden Unternehmen. … 294      Auch soweit Dalmine argumentiert, dass sie in der Absprache nur eine passive Rolle gespielt habe und ihr damit nach Abschnitt 3 der Leitlinien [für die Festsetzung von Geldbußen] ein mildernder Umstand zugute komme, ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin ihre Beteiligung an dem Treffen des Europäisch-Japanischen Clubs nicht in Abrede stellt. … 295      Dalmine macht nicht einmal geltend, dass sie nur sporadischer an diesen Treffen teilgenommen habe als andere Clubmitglieder, was nach der Rechtsprechung möglicherweise eine Herabsetzung der Geldbuße hätte rechtfertigen können … Sie macht auch keinen spezifischen Umstand oder kein Beweismittel geltend, wonach ihr Verhalten bei diesen Sitzungen rein passiv oder zustimmend gewesen wäre. Vielmehr wurde, wie oben in Randnummer 290 festgestellt, der italienische Markt in ihrer Anwesenheit im Rahmen des Europäisch-Japanischen Clubs in die Marktaufteilungsabsprache einbezogen. …“ 157   Diese Analyse weist keinen Rechtsfehler auf; das Gericht hat zutreffend angenommen, dass die Rolle der Rechtsmittelführerin bei der Verwirklichung der in Art. 1 der streitigen Entscheidung genannten Zuwiderhandlung weder unbedeutend noch ausschließlich passiv oder zustimmend war, so dass insoweit kein mildernder Umstand zu berücksichtigen war. 158   Schließlich hat das Gericht zur behaupteten Beendigung der Zuwiderhandlung nach dem ersten Eingreifen der Kommission in den Randnrn. 328 und 329 des angefochtenen Urteils zutreffend ausgeführt, dass „die im Abschnitt 3 der Leitlinien [für die Festsetzung von Geldbußen] erwähnte ‚Beendigung der Verstöße nach dem ersten Eingreifen der Kommission‘ logischerweise nur dann einen mildernden Umstand bilden [kann], wenn es Gründe für die Annahme gibt, dass die fraglichen Unternehmen durch dieses Eingreifen zur Beendigung ihres wettbewerbswidrigen Verhaltens veranlasst wurden“, und dass „eine Herabsetzung der Geldbuße … wegen Beendigung der Verstöße nach den ersten Untersuchungshandlungen nicht in Betracht kommt, wenn die Zuwiderhandlung bereits vor dem ersten Eingreifen der Kommission beendet worden war oder wenn die Unternehmen schon vor diesem Zeitpunkt die klare Entscheidung getroffen hatten, sie zu beenden“. 159   Wie oben in Randnr. 6 dargelegt, beschloss die Kommission im vorliegenden Fall im November 1994, eine Untersuchung einzuleiten, und nahm die ersten Nachprüfungen im Dezember 1994 vor. 160   In den Randnrn. 331 und 332 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass die in Art. 1 der streitigen Entscheidung genannte Zuwiderhandlung, wegen der die Rechtsmittelführerin mit einer Geldbuße belegt wurde, beendet war oder zumindest gerade zu Ende ging, als die Kommission die Nachprüfungen vom 1. und 2. Dezember 1994 vornahm. Es hat daraus zutreffend geschlossen, dass ihre Beendigung keinen mildernden Umstand bei der Festsetzung der Geldbuße darstellen kann. 161   Aus alledem folgt, dass der zehnte Rechtsmittelgrund zu verwerfen ist. 162   Da keiner der Rechtsmittelgründe durchgreift, ist das Rechtsmittel zurückzuweisen. V – Kosten 163   Nach Art. 122 Abs. 1 der Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel zurückgewiesen wird. Nach Art. 69 § 2 der Verfahrensordnung, der gemäß ihrem Art. 118 auf das Rechtsmittelverfahren entsprechende Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kommission die Verurteilung der Rechtsmittelführerin beantragt hat und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, hat sie die Kosten zu tragen. Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 2. Die Dalmine SpA trägt die Kosten. Unterschriften * Verfahrenssprache: Italienisch.

62007CJ0136

sk

Svojou žalobou Komisia Európskych spoločenstiev navrhuje, aby Súdny dvor určil, že neprijatím zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov ( Ú. v. ES L 19, 1989, s. 16 ; Mim. vyd. 05/001, s. 337) a smernicou Rady 92/51/EHS z o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa smernica 89/48/EHS ( Ú. v. ES L 209, s. 25 ; Mim. vyd. 05/002, s. 47), v súvislosti s povolaním riadiaceho letovej prevádzky, si Španielske kráľovstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených smerníc. Právny rámec Právna úprava Spoločenstva Smernica 89/48 Článok 1 smernice 89/48 stanovuje: „Pre účely tejto smernice budú platiť nasledovné definície: a) diplom: akýkoľvek diplom, osvedčenie alebo iný doklad o formálnej kvalifikácii, alebo akýkoľvek súbor takých diplomov, osvedčení alebo iných dokladov: — ktorý bol udelený príslušným orgánom niektorého členského štátu a označený v súlade s jeho vlastnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami, — ktorý preukazuje, že držiteľ úspešne skončil postredoškolské štúdium aspoň trojročného trvania, alebo štúdium rovnakej dĺžky popri zamestnaní, na univerzite alebo inštitúcii vyššieho vzdelávania alebo inej inštitúcii podobnej úrovne a tam…, kde je to vhodné, že úspešne ukončil odbornú prípravu požadovanú okrem postredoškolského štúdia, a — ktorý preukazuje, že držiteľ má odbornú kvalifikáciu požadovanú na začatie alebo vykonávanie regulovaného povolania v tom členskom štáte, za predpokladu, že vzdelanie a príprava potvrdené diplomom, osvedčením alebo iným dokladom formálnej kvalifikácie boli absolvované hlavne v rámci spoločenstva, alebo jeho držiteľ má trojročnú odbornú prax potvrdenú členským štátom, ktorý uznal diplom, osvedčenie alebo iný doklad o formálnej kvalifikácii z tretej krajiny. … c) regulované povolanie: regulovaná odborná činnosť alebo rozsah činností, ktoré predstavujú toto povolanie v niektorom členskom štáte; d) regulovaná odborná činnosť: odborná činnosť, pokiaľ začatie alebo vykonávanie takejto činnosti alebo jednej z jej spôsobov vykonávania v členskom štáte predpokladá priamo či nepriamo v zmysle zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení vlastnenie diplomu. … …“ Článok 2 tej istej smernice stanovuje: „Táto smernica sa bude vzťahovať na ktoréhokoľvek štátneho príslušníka členského štátu, ktorý si želá vykonávať regulované povolanie v hostiteľskom členskom štáte v samostatnom zárobkovom postavení alebo ako zamestnanec. Táto smernica sa nebude vzťahovať na povolania, ktoré sú predmetom samostatnej smernice stanovujúcej opatrenia na vzájomné uznávanie diplomov členskými štátmi.“ Článok 3 písm. a) uvedenej smernice stanovuje: „Ak je v hostiteľskom členskom štáte začatie výkonu alebo vykonávanie regulovaného povolania podmienené vlastníctvom diplomu, príslušný orgán nemôže z dôvodov neprimeranej kvalifikácie odmietnuť schváliť štátnemu príslušníkovi členského štátu začať alebo vykonávať toto povolanie za rovnakých podmienok, aké stanovuje vlastným štátnym príslušníkom: a) ak je uchádzač držiteľom diplomu, ktorý bol udelený v členskom štáte a ktorý sa vyžaduje v ďalšom členskom štáte pre začatie vykonávania alebo vykonávanie príslušného povolania na jeho území…“ Podľa znenia článku 4 ods. 1 smernice 89/48: „Bez vplyvu na článok 3 hosťujúci [hostiteľský — neoficiálny preklad ] členský štát môže od uchádzača takisto požadovať: … b) ukončiť adaptačné obdobie nepresahujúce tri roky alebo podrobiť sa skúške spôsobilosti: — tam, kde sa obsah vzdelania a prípravy, ktoré nadobudol podľa znenia článku 3 písm. a) a b), podstatne odlišuje od toho, ktorý sa vyžaduje pre získanie diplomu v hostiteľskom členskom štáte… …“ Smernica 92/51 Pojem „diplom“ je v článku 1 písm. a) smernice 92/51 definovaný takto: „… akýkoľvek doklad o vzdelaní a odbornej príprave alebo akýkoľvek súbor takýchto dokladov: — ktorý bol udelený príslušným orgánom v členskom štáte v súlade s ustanoveniami zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení tohto štátu, — ktorý dokazuje, že jeho držiteľ úspešne ukončil: i) iný postredoškolský kurz než ten, ktorý je uvedený v druhej zarážke článku 1 písm. a) smernice 89/48/EHS, trvajúci aspoň jeden rok alebo v zodpovedajúcej dĺžke popri zamestnaní, pričom jednou z podmienok prijatia je spravidla úspešné ukončenie stredoškolského štúdia požadovaného na prijatie na univerzitu alebo vyššie vzdelávanie, ako aj odborná príprava, ktorá sa môže požadovať okrem tohto postredoškolského štúdia; ii) jeden zo študijných odborov a odbornú prípravu uvedené v prílohe C, a ktorý — potvrdzuje, že jeho absolvent má odbornú kvalifikáciu požadovanú na začatie alebo vykonávanie regulovaného povolania v danom členskom štáte, za predpokladu, že vzdelávanie a odborná príprava doložené týmto dokladom boli získané najmä v spoločenstve alebo mimo spoločenstva vo vzdelávacích ustanovizniach poskytujúcich vzdelávanie a odbornú prípravu v súlade s ustanoveniami zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení členského štátu alebo ak má jeho držiteľ trojročnú odbornú prax potvrdenú členským štátom, ktorý uznal doklad z tretej krajiny o vzdelaní a odbornej príprave. …“ Článok 1 písm. e) a f) smernice 92/51 obsahuje tieto definície: „e) ‚ regulované povolanie ‘: regulovaná odborná činnosť alebo rozsah činností, ktoré tvoria toto povolanie v členskom štáte; f) ‚ regulovaná odborná činnosť ‘: odborná činnosť, ktorej začatie alebo vykonávanie, alebo jeden zo spôsobov jej vykonávania v členskom štáte sú priamo alebo nepriamo podmienené v súlade s ustanoveniami zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vlastníctvom dokladu o vzdelaní a odbornej príprave alebo potvrdením o odbornej spôsobilosti. …“ Článok 2 druhý odsek smernice 92/51 stanovuje, že táto smernica sa nevzťahuje na žiadne z povolaní, ktoré sú predmetom osobitnej smernice, upravujúcej postup vzájomného uznávania diplomov členských štátov. Podľa znenia článku 3 uvedenej smernice: „Bez toho, aby bola dotknutá smernica 89/48/EHS tam, kde je v hostiteľskom členskom štáte vykonávanie regulovaného povolania podmienené vlastníctvom diplomu, ako je to uvedené v tejto smernici alebo v smernici 89/48/EHS, nesmie príslušný orgán na základe nedostatočných kvalifikácií odmietnuť povolenie štátnemu príslušníkovi členského štátu na výkon tohto povolania za rovnakých podmienok, ktoré platia pre vlastných štátnych príslušníkov: a) ak je žiadateľ držiteľom diplomu, ako je to definované v tejto smernici alebo v smernici 89/48/EHS, vyžadovaného v inom členskom štáte na vykonávanie daného povolania na jeho území, pričom bol tento diplom udelený v členskom štáte; …“ Článok 4 ods. 1 smernice 92/51 je formulovaný takto: „Bez ohľadu na článok 3 môže hostiteľský členský štát od žiadateľa požadovať tiež: … b) aby absolvoval adaptačné obdobie nepresahujúce tri roky alebo vykonal skúšku spôsobilosti tam, kde: — sa teoretické a/alebo praktické učivo zahrnuté vo vzdelávaní a odbornej príprave, ktoré získal tak, ako je stanovené v písmenách a) alebo b) prvého pododseku článku 3, výrazne líšia od tých, ktoré sú zahrnuté v diplome, ako je definované v tejto smernici alebo v smernici 89/48/EHS, a vyžadujú sa v hostiteľskom členskom štáte, …“ Smernica 2006/23/ES Dňa 17. mája 2006 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/23/ES z o preukaze spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky ( Ú. v. EÚ L 114, s. 22 ), ktorej cieľom je zvýšiť úroveň bezpečnosti a zlepšiť fungovanie systému riadenia letovej prevádzky Spoločenstva prostredníctvom udeľovania preukazu spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky. Vnútroštátna právna úprava Smernice 89/48 a 92/51 boli do právneho poriadku Španielska prebraté v uvedenom poradí kráľovským dekrétom 1665/1991 z 25. októbra 1991 (BOE č. 280 z , s. 37916) a kráľovským dekrétom 1396/1995 zo (BOE č. 197 z , s. 25657). Povolanie riadiaceho letovej prevádzky sa v Španielsku neuvádza medzi regulovanými povolaniami, tak ako sú tieto povolania vymenované v prílohách predmetných kráľovských dekrétov. Výkon tohto povolania je v Španielsku osobitne upravený kráľovským dekrétom 3/1998 z 9. januára 1998 o oprávnení na výkon civilného povolania a preukaze riadiaceho letovej prevádzky (BOE č. 17 z , s. 1968). Podľa znenia článku 1 kráľovského dekrétu 3/1998: „Pre profesionálny výkon povolania riadiaceho letovej prevádzky v civilnej oblasti je potrebné disponovať dokladom o vzdelaní v civilnom letectve pre riadiaceho letovej prevádzky, ako aj preukazom a zodpovedajúcou kvalifikáciou, v súlade s podmienkami uvedenými týmto kráľovským dekrétom.“ Článok 2 predmetného kráľovského dekrétu stanovuje: „Na účel tohto kráľovského dekrétu sa pod dokladom o vzdelaní v civilnom letectve pre riadiaceho letovej prevádzky rozumie: doklad vydaný hlavnou správou civilného letectva, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval základné vzdelanie riadiaceho letovej prevádzky. Preukaz: doklad vystavený hlavnou správou civilného letectva, ktorý potvrdzuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní v civilnom letectve pre riadiaceho letovej prevádzky môže vykonávať v ňom obsiahnuté činnosti, pre ktoré je kvalifikovaný. Kvalifikácia držiteľa, ako aj prípadné obmedzenia a osvedčenie o fyzickej a psychickej spôsobilosti, potrebné pre tento výkon, sú uvedené v pripojenom dokumente. Kvalifikácia: doklad vystavený hlavnou správou civilného letectva, ku ktorému je pripojený preukaz, v ktorom sú špecifikované okolnosti, podmienky a prípadne obmedzenia týkajúce sa výkonu niektorých činností riadiacich letovej prevádzky.“ Článok 3 kráľovského dekrétu stanovuje podmienky získania oprávnenia riadiaceho letovej prevádzky takto: „1.   Získanie dokladu o vzdelaní v civilnom letectve pre riadiaceho letovej prevádzky je podmienené absolvovaním základného vzdelania riadiaceho letovej prevádzky, ktoré je vedené v súlade s oficiálnymi programami, ktoré zahŕňajú teoretické a praktické vedomosti o práve v oblasti letectva, o zariadeniach vzdušnej kontroly, všeobecné vedomosti o letectve, ľudských faktoroch, o meteorológii, navigácii a operačných postupoch. 2.   Pre absolvovanie základného vzdelávania kandidáti musia spĺňať tieto podmienky: a) Úroveň požadovaného štúdia: byť držiteľom oficiálneho univerzitného diplomu prvého alebo druhého cyklu, alebo dovŕšiť úplný prvý cyklus vyššieho univerzitného štúdia. b) Rozprávať a písať plynulo španielsky a anglicky bez toho, aby slovné vyjadrovanie spôsobovalo ťažkosti, ktoré by mohli narúšať rádiotelefonickú komunikáciu. c) Získať osvedčenie o príslušnej psychotechnickej, fyzickej a psychickej spôsobilosti.“ Článok 4 kráľovského dekrétu 3/1998, ktorý určuje podmienky získania preukazu riadiaceho letovej prevádzky, je formulovaný takto: „Preukaz riadiaceho letovej prevádzky sa vydáva kandidátom, ktorí spĺňajú tieto podmienky: a) majú dovŕšených 21 rokov; b) disponujú dokladom o vzdelaní v civilnom letectve pre riadiaceho letovej prevádzky; c) ukončili teoretické a praktické vzdelávanie vyžadované pre získanie jednej z kvalifikácií uvedených v článku 7 tohto kráľovského dekrétu; d) ukončili uspokojivo a pod dohľadom kvalifikovaného riadiaceho, určeného na tento účel, trojmesačnú stáž spočívajúcu v skutočnom riadení letovej prevádzky. Podmienka vyžadovaná v písmene c) tohto článku môže byť splnená v priebehu obdobia opísaného v tomto bode; e) disponujú platným osvedčením o fyzickej a psychickej spôsobilosti, ktoré má byť periodicky obnovované.“ Článok 7 predmetného kráľovského dekrétu, ktorý vymenúva kvalifikácie, na ktoré odkazuje článok 4 písm. c) toho istého dekrétu, uvádza: „Sú stanovené tieto kvalifikácie: a) riadenie letiska; b) riadenie priblíženia; c) riadenie priblíženia podľa radaru; d) regionálne riadenie; e) regionálne radarové riadenie.“ Článok 6 toho istého kráľovského dekrétu stanovuje: „Držiteľ preukazu riadiaceho letovej prevádzky má právo vykonávať v rámci povolania všetky činnosti spojené s riadením letovej prevádzky, pre ktoré má kvalifikáciu. Udelené oprávnenia však môžu byť predmetom obmedzenia zo strany hlavnej správy civilného letectva z dôvodov spojených s fyzickou a psychickou spôsobilosťou, alebo technickými a operačnými okolnosťami, ktoré ovplyvňujú leteckú bezpečnosť.“ Konanie pred podaním žaloby Komisia zaslala 8. novembra 2000 Španielskemu kráľovstvu výzvu, v ktorej uvádzala, že podmienky pre prístup k povolaniu a pre vykonávanie povolania riadiaceho letovej prevádzky, ktoré sú stanovené kráľovským dekrétom 3/1998, sú nezlučiteľné so smernicami 89/48 a 92/51. Keďže Komisia nebola s odpoveďou Španielskeho kráľovstva z 8. februára 2001 spokojná, vydala odôvodnené stanovisko, ktorým vyzvala tento členský štát na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s uvedenými smernicami. Zastávajúc názor, že Španielske kráľovstvo neprijalo opatrenia na dosiahnutie súladu s povinnosťami vyplývajúcimi z predmetných smerníc, Komisia 11. februára 2003 podala prvú žalobu o nesplnenie povinnosti. Rozsudkom zo 14. októbra 2004, Komisia/Španielsko (C-55/03), Súdny dvor zamietol túto žalobu ako neprípustnú z dôvodu, že formulácia žalobných dôvodov a vymedzenie predmetu sporu, tak ako boli uvádzané Komisiou v jej žalobe, neboli dostatočne presné a koherentné, z dôvodu čoho Súdny dvor nemohol riadne rozhodnúť o žalobe. V nadväznosti na korešpondenciu medzi Komisiou a Španielskym kráľovstvom po vyhlásení vyššie citovaného rozsudku Komisia/Španielsko, medzi ktorou figuruje najmä dodatočná výzva z 21. marca 2005, odpoveď Španielskeho kráľovstva z , druhá dodatočná výzva z a odpoveď Španielskeho kráľovstva z , Komisia vydala dodatočné odôvodnené stanovisko, ktorým vyzvala tento členský štát na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicami 89/48 a 92/51 v lehote dvoch mesiacov od prijatia tohto stanoviska. Vzhľadom na to, že Komisia nebola s odpoveďou Španielskeho kráľovstva na predmetné dodatočné odôvodnené stanovisko spokojná, podala túto žalobu. O žalobe Tvrdenia účastníkov konania Komisia sa dovoláva porušenia smernice 89/48, ako aj smernice 92/51, keďže diplom získaný v členskom štáte, ktorého uznanie sa v Španielsku požaduje, môže patriť do pôsobnosti jednej alebo druhej z týchto smerníc. Komisia konštatuje, že povolanie riadiaceho letovej prevádzky sa v Španielsku neuvádza v zozname regulovaných povolaní, ktorý sa nachádza v prílohách kráľovských dekrétov 1665/1991 a 1396/1995. Pritom je zrejmé, že toto povolanie je „regulovaným povolaním“ v zmysle smerníc 89/48 a 92/51, keďže súbor dokladov vyžadovaných pre výkon tohto povolania v Španielsku predstavuje „diplom“ v zmysle každej z týchto smerníc. Komisia sa preto domnieva, že na toto povolanie sa mylne nevzťahuje mechanizmus uznávania diplomov a odborného vzdelania získaného v iných členských štátoch, ktorý je uvedený v predmetných kráľovských dekrétoch. Podľa Komisie skutočnosť, že smernica 2006/23 môže byť považovaná za „osobitnú smernicu“ v zmysle článku 2 smerníc 89/48 a 92/51, je na účely tejto žaloby o nesplnenie povinnosti irelevantná. Keďže lehota na prebratie smernice 2006/23 bola stanovená na 17. máj 2008, v zmysle jej článku 20 prvého odseku, členské štáty sú pred týmto dátumom povinné uznávať diplomy vydané v iných členských štátoch v súlade s ustanoveniami smerníc 89/48 a 92/51. Španielske kráľovstvo na to uvádza, že uvedené smernice nie sú na povolanie riadiaceho letovej prevádzky uplatniteľné, keďže v Španielsku neexistuje „diplom“ v zmysle predmetných smerníc, ktorý sám osebe oprávňuje na výkon tohto povolania. Vykonávať toto povolanie oprávňuje iba súbor všetkých definovaných dokladov. Pokiaľ ide o smernicu 2006/23, Španielske kráľovstvo uvádza, že prijatie tejto osobitnej smernice ukazuje, že dovtedy právo Spoločenstva neponúkalo adekvátne nástroje na zabezpečenie voľného pohybu riadiacich letovej prevádzky a neukladalo členským štátom uznávanie odbornej kvalifikácie v tejto oblasti. Preto podmienky vyžadované členskými štátmi na vykonávanie činnosti riadiaceho letovej prevádzky nemohli byť členskými štátmi uznané podľa smerníc 89/48 a 92/51. Okrem toho uvedený členský štát uvádza, že skutočné vykonávanie činnosti riadiaceho letovej prevádzky v Španielsku podlieha, okrem iných podmienok, získaniu kvalifikácie lokálnej povahy, spojenej s konkrétnym obvodom, kde táto činnosť bude vykonávaná (riadenie letiska, regionálne riadenie a pod.). Takýmto spôsobom dokonca osoby, ktoré v Španielsku získali odborné vzdelanie zodpovedajúce činnosti riadiaceho letovej prevádzky, nemôžu túto činnosť vykonávať v ktoromkoľvek obvode štátneho územia, ale potrebujú získať takúto lokálnu kvalifikáciu. Z dôvodu existencie tejto osobitnej kvalifikácie je a fortiori nemožné, aby osoba, ktorá získala vzdelanie v inom členskom štáte, mohla byť oprávnená vykonávať túto činnosť v Španielsku. Pokiaľ ide o tento posledný argument, Komisia poznamenáva, že „lokálna“ alebo „osobitná“ povaha určitých kvalifikácií neznamená, že predmetné povolanie musí byť považované za neregulované, a preto vylúčené z pôsobnosti smerníc 89/48 a 92/51. Podľa Komisie hostiteľský členský štát môže v súlade s ustanoveniami predmetných smerníc pred udelením takejto kvalifikácie držiteľovi diplomu vydaného iným členským štátom požadovať ukončiť adaptačné obdobie alebo podrobiť sa skúške spôsobilosti. Posúdenie Súdnym dvorom Pokiaľ ide o tvrdenie uvádzané Španielskym kráľovstvom, podľa ktorého povolanie riadiaceho letovej prevádzky nepatrí do pôsobnosti smerníc 89/48 a 92/51, keďže nejde o „regulované povolanie“ vzhľadom na absenciu „diplomu“ v zmysle týchto smerníc, ktorý by oprávňoval na výkon tejto činnosti, je potrebné konštatovať, že pojem regulované povolanie v zmysle uvedených smerníc patrí do práva Spoločenstva a že z definícií uvedených v článku 1 písm. c) a d) smernice 89/48 a článku 1 písm. e) a f) smernice 92/51 vyplýva, že povolanie sa má považovať za regulované, ak prístup k predmetnej odbornej činnosti alebo jej výkon sú upravené zákonmi, inými právnymi predpismi, alebo správnymi opatreniami zavádzajúcimi systém, ktorého účinkom je výslovne vyhradiť túto odbornú činnosť pre osoby spĺňajúce určité podmienky a zakázať prístup k nej osobám, ktoré ich nespĺňajú (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. novembra 2003, Morgenbesser, C-313/01, Zb. s. I-13467 , bod 49). V prejednávanej veci zo spisu predloženého Súdnemu dvoru vyplýva, že výkon povolania riadiaceho letovej prevádzky je v Španielsku osobitne upravený kráľovským dekrétom 3/1998 a že je vyhradený osobám, ktoré disponujú určitými dokladmi vydanými hlavnou správou civilného letectva. Predmetný kráľovský dekrét pre výkon takého povolania vyžaduje najmä disponovanie dokladom o vzdelaní v civilnom letectve pre riadiaceho letovej prevádzky, ktorý preukazuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval základné vzdelanie a že okrem iných podmienok je držiteľom oficiálneho univerzitného diplomu prvého alebo druhého cyklu, alebo že dovŕšil úplný prvý cyklus vyššieho univerzitného štúdia v Španielsku. Okrem toho prístup k povolaniu riadiaceho letovej prevádzky si v Španielsku podľa kráľovského dekrétu 3/1998 vyžaduje získanie preukazu riadiaceho letovej prevádzky preukazujúceho, že držiteľ dokladu o vzdelaní v civilnom letectve pre riadiaceho letovej prevádzky môže vykonávať v ňom obsiahnuté činnosti, pre ktoré je kvalifikovaný. Získanie tohto preukazu je okrem iného podmienené absolvovaním trojmesačnej stáže spočívajúcej v skutočnom riadení letovej prevádzky. Nakoniec predmetný kráľovský dekrét stanovuje, že je potrebné získať „kvalifikáciu“ oprávňujúcu na výkon špecifikovaných činností. Ide o dokument pripojený k preukazu, ktorý upresňuje okolnosti, podmienky a prípadne obmedzenia týkajúce sa výkonu určitých činností riadiacich letovej prevádzky. Uvedené kvalifikácie sa môžu týkať najmä riadenia letiska, riadenia priblíženia, riadenia priblíženia podľa radaru, regionálneho riadenia, ako aj regionálneho radarového riadenia a získavajú sa po absolvovaní teoretického a praktického vzdelávania. Z toho vyplýva, že vykonávanie činnosti riadiaceho letovej prevádzky je v Španielsku skutočne upravené zákonnými ustanoveniami zavádzajúcimi systém, ktorého účinkom je výslovne vyhradiť túto odbornú činnosť pre osoby spĺňajúce určité podmienky a zakázať prístup k nej osobám, ktoré ich nespĺňajú. V dôsledku toho sa má povolanie riadiaceho letovej prevádzky v Španielsku kvalifikovať ako regulované povolanie v zmysle smerníc 89/48 a 92/51, a teda patrí do ich pôsobnosti. Tento záver nemôže byť spochybnený skutočnosťou, že v Španielsku neexistuje vzdelanie potvrdené jediným diplomom, ktorý by udeľoval prístup k vykonávaniu predmetného povolania. Z článkov 1 písm. a) smerníc 89/48 a 92/51 vyplýva, že pojem diplom zahŕňa „akýkoľvek súbor“ diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o vzdelaní. Okrem toho skutočnosť, že „diplom“ nemá podobu jediného dokumentu, ale pozostáva zo súboru dokladov, osvedčení alebo iných dokumentov, je irelevantná, keďže základný účel predmetného diplomu bez ohľadu na formu, ktorú má, je konštatovať, že dotknutá osoba úspešne absolvovala definovaný cyklus štúdia, ktorý so sebou prináša odbornú kvalifikáciu požadovanú v predmetnom členskom štáte pre prístup k regulovanému povolaniu alebo pre jeho výkon (pozri v tomto zmysle, pokiaľ ide o kvalifikáciu osvedčenia o úspešnej záverečnej skúške štúdia ako „diplomu“ v zmysle smernice 89/48, rozsudok z 9. septembra 2003, Burbaud, C-285/01, Zb. s. I-8219 , bod 52). Keďže v Španielsku je prístup k povolaniu riadiaceho letovej prevádzky podmienený držbou „diplomu“ v zmysle smernice 89/48, vyplýva z toho, že podľa článku 3 uvedenej smernice príslušný orgán tohto členského štátu nesmie na základe nedostatočných kvalifikácií odmietnuť štátnemu príslušníkovi iného členského štátu prístup k tomuto povolaniu, alebo jeho vykonávanie za rovnakých podmienok, ktoré platia pre vlastných štátnych príslušníkov, ak sú splnené podmienky vymenované v tom istom článku 3. Keďže jednou z podmienok je držba diplomu, tak ako je definovaný smernicou 89/48, dotknuté osoby musia mať úspešne absolvované minimálne trojročné postredoškolské štúdium. Okrem toho, keďže v Španielsku je prístup k povolaniu riadiaceho letovej prevádzky podmienený držbou diplomu definovaného smernicou 89/48, vyplýva z toho, že podľa článku 3 smernice 92/51 príslušný orgán tohto členského štátu nesmie na základe nedostatočných kvalifikácií odmietnuť štátnemu príslušníkovi iného členského štátu prístup k tomuto povolaniu, alebo jeho vykonávanie za rovnakých podmienok, ktoré platia pre vlastných štátnych príslušníkov, ak sú splnené podmienky vymenované v tomto článku. Jednou z podmienok je držba diplomu v zmysle smernice 92/51. Definícia diplomu uvedená v tejto smernici je širšia než definícia v smernici 89/48 a najmä si nevyžaduje, aby dotknuté osoby úspešne absolvovali minimálne trojročné postredoškolské štúdium. Členským štátom teda prislúcha zaviesť uznávanie diplomov, ktoré patria buď pod definíciu uvedenú v smernici 89/48, alebo pod definíciu uvedenú v smernici 92/51. Španielska právna úprava ale takéto uznanie neobsahuje. Pokiaľ ide o tvrdenie Španielskeho kráľovstva smerujúce k vyvráteniu takejto povinnosti uznávania podľa uvedených smerníc, vzhľadom na prijatie osobitnej smernice v uvedenej oblasti, a to smernice 2006/23, toto tvrdenie nemôže uspieť. Smernica 2006/23 prijatá na základe článku 80 ods. 2 ES, ktorý je súčasťou hlavy V tretej časti Zmluvy ES, týkajúcej sa spoločnej politiky dopravy, zapadá, ako to uvádza jej odôvodnenie č. 1, do rámca na „vykonávanie právnych predpisov o jednotnom európskom vzdušnom priestore“. S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti, táto smernica, ako vyplýva z jej odôvodnenia č. 8, má „harmonizovať požiadavky týkajúce sa kvalifikácie, odbornej spôsobilosti a prístupu k povolaniu riadiaceho letovej prevádzky“. Článok 1 tej istej smernice uvádza, že „cieľom tejto smernice je zvýšiť úroveň bezpečnosti a zlepšiť fungovanie systému riadenia letovej prevádzky Spoločenstva prostredníctvom udeľovania preukazu spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky“. Podľa článku 4 predmetnej smernice môžu služby riadenia letovej prevádzky poskytovať len riadiaci, ktorým bol udelený preukaz spôsobilosti v súlade s touto smernicou. Podmienky získania takéhoto preukazu sú definované v článku 5 smernice 2006/23, zatiaľ čo článok 15 uvedenej smernice upravuje vzájomné uznávanie preukazov riadiaceho letovej prevádzky. Preto je potrebné konštatovať, že základným cieľom smernice 2006/23 je stanoviť predpisy Spoločenstva týkajúce sa získania a disponovania preukazom riadiaceho letovej prevádzky, čo umožňuje považovať túto smernicu za „osobitnú smernicu“ v zmysle článkov 2 smerníc 89/48 a 92/51. Keďže lehota na prebratie smernice 2006/23 bola podľa prvého odseku jej článku 20 stanovená na 17. mája 2008, uznávanie diplomov a odborného vzdelania získaných v inom členskom štáte a dávajúcich prístup k povolaniu riadiaceho letovej prevádzky malo byť členským štátom vykonávané pred týmto dátumom v zásade za podmienok stanovených smernicami 89/48 a 92/51. Preto musí byť tvrdenie uvádzané Španielskym kráľovstvom na základe smernice 2006/23 zamietnuté. Nakoniec je potrebné skúmať tvrdenie uvádzané uvedeným členským štátom, týkajúce sa „kvalifikácie“, ktorá je podľa článku 2 kráľovského dekrétu 3/1998 dokladom vystaveným hlavnou správou civilného letectva v spojení s preukazom upresňujúcim okolnosti, podmienky, ako aj prípadne obmedzenia týkajúce sa výkonu niektorých činností riadiacich letovej prevádzky a týkajúcim sa teda určitých osobitných oblastí, ako je riadenie letiska, riadenie priblíženia, riadenie priblíženia podľa radaru, regionálne riadenie a regionálne radarové riadenie. Keďže takáto kvalifikácia je buď špecifickej, alebo lokálnej povahy, bráni vraj vo svojej podstate uznaniu kvalifikácie získanej v inom členskom štáte Španielskom. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že smernice 89/48 a 92/51 nezavádzajú systém automatického uznávania. Hoci priznávajú právo na prístup k regulovaným povolaniam, tieto smernice podľa ich článkov 4 ods. 1 písm. b) umožňujú hostiteľskému členskému štátu požadovať od uchádzača, ktorý je štátnym príslušníkom iného členského štátu, ukončiť adaptačné obdobie alebo podrobiť sa skúške spôsobilosti, najmä ak sa obsah vzdelania a prípravy, ktoré nadobudol, podstatne odlišuje od toho, ktorý sa vyžaduje na získanie diplomu v hostiteľskom členskom štáte, alebo ak regulované povolanie v hostiteľskom členskom štáte obsahuje jednu alebo viac regulovaných odborných činností, ktoré nie sú súčasťou regulovaného povolania v členskom štáte, z ktorého uchádzač pochádza alebo prichádza, a ak je odlišnosť medzi odbornými činnosťami v oboch členských štátoch charakterizovaná odlišným špecifickým vzdelaním (pozri, pokiaľ ide o smernicu 89/48, rozsudok z 8. mája 2008, Komisia/Španielsko, C-39/07, Zb. s. I-3435 , bod 39). Zo systému vzájomného uznávania diplomov a odborného vzdelania ustanoveného smernicami 89/48 a 92/51 nevyplýva, že diplomy vydané inými členskými štátmi potvrdzujú podobné alebo porovnateľné vzdelanie so vzdelaním požadovaným v hostiteľskom členskom štáte. Podľa systému zriadeného týmito smernicami sa totiž diplom neuzná s ohľadom na vlastnú podstatu vzdelania, ktoré potvrdzuje, ale preto, že umožňuje v členskom štáte, kde bol vydaný alebo uznaný, prístup k regulovanému povolaniu. Rozdiely v trvaní alebo v obsahu vzdelania získaného v členskom štáte pôvodu a vzdelania poskytovaného v hostiteľskom členskom štáte nestačia na odôvodnenie odmietnutia uznania dotknutej odbornej kvalifikácie. Nanajvýš, ak sú tieto rozdiely podstatné, môžu byť dôvodom na to, aby hostiteľský členský štát požadoval od žiadateľa splnenie jedného alebo viacerých kompenzačných opatrení upravených v článku 4 týchto smerníc (pozri v tomto zmysle, pokiaľ ide o smernicu 89/48, rozsudok z 19. januára 2006, Colegio, C-330/03, Zb. s. I-801 , bod 19). Z toho vyplýva, že špecifická alebo lokálna povaha určitých kvalifikácií, ktoré sú vyžadované podľa článku 2 kráľovského dekrétu 3/1998 od osoby, ktorá chce v Španielsku vykonávať povolanie riadiaceho letovej prevádzky, nebráni tomu, aby boli porovnané na jednej strane schopnosti potvrdené diplomami alebo odborným vzdelaním, získané v inom členskom štáte než Španielske kráľovstvo s cieľom vykonávať to isté povolanie, a na druhej strane znalosti a kvalifikácie vyžadované na výkon tohto povolania v uvedenom členskom štáte. V dôsledku toho musí byť tvrdenie Španielskeho kráľovstva zamietnuté. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné konštatovať, že Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu so smernicami 89/48 a 92/51 v súvislosti s povolaním riadiaceho letovej prevádzky, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených smerníc. O trovách Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže Komisia navrhla zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania a Španielske kráľovstvo nemalo úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania. Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol a vyhlásil: 1. Španielske kráľovstvo si tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov a smernicou Rady 92/51/EHS z o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa smernica 89/48/EHS, v súvislosti s povolaním riadiaceho letovej prevádzky, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených smerníc. 2. Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: španielčina.

62007CJ0372

es

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 22, punto 2, del Reglamento (CE) n o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( DO 2001, L 12, p. 1 ). Dicha demanda se presentó en el marco de dos litigios entre los Sres. R. Howard y B. Davidson (en lo sucesivo, «médicos») y las sociedades Medical Defence Union Ltd y MDU Services Ltd (en lo sucesivo, conjuntamente, «MDU»), sus asociaciones profesionales, en relación con un recurso por el que se solicita la indemnización o la contribución a la indemnización respecto de cualquier cantidad a la que cada uno de ellos puede ser condenado a pagar, a título de indemnización, al servicio de salud para el que trabajaban, en el marco de una acción indemnizatoria por negligencia profesional interpuesta por las Sras. N. Hassett y C. Doherty contra dichos servicios de salud. Marco jurídico El undécimo considerando del Reglamento n o 44/2001 tiene el siguiente tenor: «Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. […]» El artículo 2, apartado 1, del citado Reglamento prevé: «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.» El artículo 5 del mismo Reglamento dispone: «Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: 1) a) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda; […] 3) En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso. […]» Según el artículo 6 del Reglamento n o 44/2001: «[Las personas domiciliadas en un Estado miembro] también podrán ser demandadas: […] 2) si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estuviere conociendo de la demanda principal, salvo que ésta se hubiere formulado con el único objeto de provocar la intervención de un tribunal distinto del correspondiente al demandado; […].» A tenor del artículo 22 del citado Reglamento: «Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio: […] 2) en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, los tribunales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica estuviere domiciliada […], […].» Litigio principal y cuestión prejudicial De la resolución de remisión se desprende que los litigios principales tienen su origen en dos acciones indemnizatorias, presentadas por las Sras. Hasset y Doherty ante los tribunales irlandeses, contra dos servicios de salud irlandeses como consecuencia de un perjuicio grave supuestamente causado por la negligencia profesional de médicos que trabajaban en dichos servicios. Ambas acciones fueron objeto de una transacción que dio lugar al pago de una indemnización a cada demandante. En el marco de esas acciones, los servicios de salud en cuestión llevaron a juicio a los médicos, para reclamarles el pago de una contribución o de una indemnización relativa a tales acciones indemnizatorias. En el momento en que se produjeron los hechos controvertidos, los médicos eran miembros de la MDU. La MDU es una asociación profesional constituida como una sociedad de responsabilidad limitada según el Derecho inglés, que tiene su domicilio social en el Reino Unido, y cuya función consiste, en particular, en facilitar una indemnización a sus miembros en el marco de asuntos que versan sobre negligencias profesionales cometidas por éstos. Como consecuencia de ello, los médicos solicitaron a la MDU una indemnización o contribución por todas las cantidades a las que cada uno de ellos pueda ser condenado a pagar a los servicios de salud afectados. Sobre la base de los artículos 47 y 48 de los estatutos de la MDU, que establecen que la decisión relativa a una solicitud de indemnización se enmarca en la facultad discrecional absoluta del consejo de administración, éste decidió desestimar sus solicitudes de indemnización. Al considerar que estas decisiones denegatorias violaban sus derechos estatutarios, los médicos, tras recibir la autorización en virtud de resoluciones de la High Court de 22 de junio de 2005 para que se practicaran las notificaciones de intervención forzosa a MDU, emplazaron a juicio a ésta. La MDU propuso una excepción formal destinada a obtener la anulación de dichas notificaciones. Invocó que las acciones interpuestas en su contra tenían por objeto, en esencia, la validez de las decisiones adoptadas por su consejo de administración y, por lo tanto, que dichas acciones se hallaban comprendidas en el ámbito del artículo 22, punto 2, del Reglamento n o 44/2001, de modo que sólo los juzgados y tribunales británicos eran competentes, y no los órganos jurisdiccionales irlandeses. En cambio, los médicos alegaron que, dada la naturaleza de sus pretensiones, los juzgados y tribunales irlandeses eran competentes en virtud de los artículos 5, puntos 1 y 3, y 6, punto 2, del Reglamento n o 44/2001. En particular, los médicos sostuvieron que, por una parte, la MDU incumplió sus obligaciones contractuales al no haber examinado debidamente las solicitudes de indemnización que se le formularon; por otra parte, habida cuenta de que la MDU ya había prestado asistencia a los médicos en su defensa en el marco de la acción por negligencia profesional, no podía denegarles una indemnización en un momento procesal tan avanzado. La excepción formal propuesta por MDU fue desestimada por considerar que las pretensiones de los médicos no estaban comprendidas en el artículo 22, punto 2, del citado Reglamento. La MDU recurrió ante la Supreme Court que suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «En el caso de médicos que constituyen una organización de defensa mutua que reviste la forma de una sociedad, constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro, con la finalidad de prestar asistencia e indemnizaciones a sus miembros en activo en ese y en otro Estado miembro en relación con su actividad profesional, siendo así que la prestación de tales asistencia e indemnizaciones depende de la decisión que adopte el consejo de administración de esa sociedad, según lo dispuesto en sus estatutos sociales, de forma enteramente discrecional, ¿los procesos en los que un médico que ejerce en el otro Estado miembro impugna una decisión por la que se le deniega asistencia o indemnización con arreglo a tal disposición al considerar que tal decisión implica el incumplimiento por la sociedad de derechos contractuales o de otros derechos legales del médico afectado, deben considerarse procesos que tienen por objeto la validez de una decisión de un órgano de esa sociedad a los efectos del artículo 22, punto 2, del [Reglamento (CE) n o 44/2001], de manera que son exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que la sociedad esté domiciliada?» Sobre la cuestión prejudicial Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia, si el artículo 22, punto 2, del Reglamento n o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una acción, como la controvertida en el asunto principal, en el marco de la cual una parte alega que una decisión adoptada por un órgano de una sociedad ha violado los derechos que esa parte pretende hacer valer con arreglo a los estatutos de dicha sociedad, tiene por objeto la validez de las decisiones de los órganos de una sociedad, en el sentido de esa disposición. Para responder a esta pregunta, es preciso recordar que, por una parte, las disposiciones del Reglamento n o 44/2001 deben interpretarse de manera autónoma, refiriéndose a su sistemática y a sus objetivos (véase, en particular, la sentencia de 13 de julio de 2006, Reisch Montage, C-103/05, Rec. p. I-6827 , apartado 29). Por otra parte, como resulta del undécimo considerando del Reglamento n o 44/2001, el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio justifique otro criterio de vinculación. Por lo tanto, tales casos deben ser objeto de una interpretación estricta. El Tribunal de Justicia adoptó precisamente dicha interpretación en relación con las disposiciones del artículo 16 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( DO 1972, L 299, p. 32 ; EE 01/01, p. 186; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), disposiciones que son idénticas en esencia a las del artículo 22 del Reglamento n o 44/2001. En efecto, el Tribunal de Justicia declaró al respecto que, como excepción a las reglas generales de competencia, las citadas disposiciones del Convenio de Bruselas no deben interpretarse en un sentido más amplio de lo que requiere su finalidad, habida cuenta de que tienen como efecto privar a las partes de la posibilidad de designar un fuero que de otro modo sería el suyo propio y, en algunos casos, someterlas a un órgano jurisdiccional que no es el del domicilio de ninguna de ellas (véanse las sentencias de , 73/77, Sanders, Rec. p. 2383 , apartados 17 y 18; de , Dansommer, C-8/98, Rec. p. I-393 , apartado 21, y de , ČEZ, C-343/04, Rec. p. I-4557 , apartado 26). Pues bien, como por otra parte confirma el informe del Sr. Jenard relativo al Convenio de Bruselas ( DO 1979, C 59, p. 1 ), el objetivo esencial que esa excepción persigue, al establecer la competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en el que tenga su domicilio una sociedad, consiste en centralizar la competencia para evitar decisiones contradictoras en lo que se refiere a la existencia de las sociedades y la validez de las deliberaciones de sus órganos. Como resulta asimismo de dicho informe, los tribunales del Estado miembro en el que la sociedad tiene su domicilio social se hallan, en efecto, en una mejor posición para resolver tales litigios, en particular por el hecho de que las formalidades de publicidad de la sociedad se producen en ese mismo Estado. Por lo tanto, la atribución de esa competencia exclusiva a dichos tribunales se realiza en aras de una buena administración de la justicia (véase, en este sentido, la sentencia Sanders, antes citada, apartados 11 y 17). Contrariamente a lo que sugiere MDU, de los principios recordados en los apartados anteriores no puede deducirse, sin embargo, que, a efectos de que se aplique el artículo 22, punto 2, del Reglamento n o 44/2001, sea suficiente con que una acción judicial presente cualquier vínculo con una decisión adoptada por un órgano de una sociedad (véanse, por analogía con el artículo 16, número 1, del Convenio de Bruselas, las sentencias de 17 de mayo de 1994, Webb, C-294/92, Rec. p. I-1717 , apartado 14, y Dansommer, antes citada, apartado 22). En efecto, como alegan los médicos, si todos los litigios que tienen por objeto una decisión de un órgano de una sociedad pudieran reconducirse al ámbito del artículo 22, punto 2, del Reglamento n o 44/2001, significaría en realidad que las acciones judiciales, sean de naturaleza contractual, delictual o de cualquier otra, interpuestas contra una sociedad se incluirían casi siempre dentro del ámbito de la competencia de los tribunales del Estado miembro en el que la sociedad tiene su domicilio. Ahora bien, tal interpretación del citado artículo llevaría a someter a la excepción de competencia controvertida tanto litigios que no pueden dar lugar a decisiones contradictorias sobre la validez de las deliberaciones de los órganos de una sociedad, en la medida en que su solución no tiene ninguna incidencia sobre esa validez, como litigios que no exigen en absoluto el examen de las formalidades de publicidad aplicables a una sociedad. Por lo tanto, esa interpretación extendería el ámbito de aplicación del artículo 22, punto 2, del Reglamento n o 44/2001 más allá de lo que requiere su finalidad, como se ha recordado en los apartados 20 y 21 de la presente sentencia. De las consideraciones precedentes resulta que, como alegan acertadamente los médicos y la Comisión de las Comunidades Europeas, dicho artículo debe interpretarse en el sentido de que su ámbito de aplicación comprende únicamente los litigios en que una parte impugne la validez de una decisión de un órgano de una sociedad con arreglo al Derecho de sociedades aplicable o de las disposiciones estatutarias relativas al funcionamiento de sus órganos. Pues bien, de la resolución de remisión no resulta que los médicos hayan planteado ante la High Court tales impugnaciones. En efecto, en los litigios principales, los médicos no cuestionan en ningún momento el hecho de que el consejo de administración de la MDU dispusiese, conforme a los estatutos de ésta, de la facultad de adoptar la decisión denegatoria de su solicitud de indemnización. En cambio, estos médicos critican los modos de ejercicio de dicha facultad. En el caso concreto, sostienen que la MDU desestimó de oficio su solicitud de indemnización, sin haber efectuado un examen pormenorizado de ésta, por lo que vulneró los derechos que pretenden hacer valer con arreglo a los estatutos de la MDU en su calidad de socios de ésta. Por consiguiente, los litigios principales, entre tales médicos y la MDU, no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 22, punto 2, del Reglamento n o 44/2001. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, debe responderse a la cuestión planteada que el artículo 22, punto 2, del Reglamento n o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una acción, como la controvertida en el procedimiento principal, en el marco de la cual una parte alega que una decisión adoptada por un órgano de una sociedad ha vulnerado los derechos que esa parte pretende hacer valer con arreglo a los estatutos de dicha sociedad no tiene por objeto la validez de las decisiones de los órganos de una sociedad, en el sentido de esa disposición. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: El artículo 22, punto 2, del Reglamento (CE) n o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una acción, como la controvertida en el procedimiento principal, en el marco de la cual una parte alega que una decisión adoptada por un órgano de una sociedad ha vulnerado los derechos que esa parte pretende hacer valer con arreglo a los estatutos de dicha sociedad no tiene por objeto la validez de las decisiones de los órganos de una sociedad, en el sentido de esa disposición. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: inglés.

62008TJ0547

sl

Dejansko stanje Tožeča stranka, X Technology Swiss GmbH, je 13. januarja 2007 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomestila jo je Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)). Znamka, za katero je bila zahtevana registracija in ki jo je tožeča stranka opredelila kot „drugo znamko – znamko mesta na proizvodu“ z „oranžno barvo (Pantone 16-1359 TPX)“, je upodobljena spodaj: Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razred 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Oblačila, in sicer nogavice iz pletenin, nogavice in dolge nogavice“. Prijavi znamke je bil priložen ta opis: „Za znamko mesta na proizvodu je značilna oranžna kapucasta konica odtenka ‚Pantone 16-1359 TPX‘, ki prekriva prstni del vsakega izdelka, se pravi nogavice iz pletenine. Ne vključuje prstnega dela v celoti; je rob, ki gledano od spredaj in od strani deluje znatno horizontalno. Znamka je prikazana glede na preostali del izdelka, torej nogavice iz pletenine, vedno z zelo močnim barvnim kontrastom in je vedno na istem mestu.“ Preizkuševalec je 24. aprila 2008 zavrnil prijavo znamke z obrazložitvijo, da ni v skladu z določbami člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009). Tožeča stranka je pri UUNT 30. maja 2008 zoper odločbo preizkuševalca vložila pritožbo. Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 6. oktobra 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Odbor za pritožbe je najprej menil, da je opis prijavljene znamke nedopusten, ker se nanaša na kontrast med barvo prstnega dela in barvo preostale nogavice. Tak opis naj namreč ne bi bil dovolj konkreten, saj ne določa vseh barv znamke. Odbor za pritožbe je dodal, da veljavni predpisi ne določajo kategorije „znamke mesta na proizvodu“. Zato je štel, da je prijavljena znamka tridimenzionalna ali figurativna znamka, ki ustrezno upodablja proizvod, in ki je bela nogavica z oranžnim prstnim delom. Odbor za pritožbe je nato menil, da se proizvodi za prijavljeno znamko nanašajo na vsakega končnega potrošnika, saj gre za izdelke tekoče potrošnje, ki bolj ko ne spadajo v nižji cenovni razred. Po mnenju odbora za pritožbe je upoštevna javnost glede takih proizvodov le malo pozorna. Odbor za pritožbe je nato menil, da bi upoštevna javnost prijavljeno znamko dojemala kot upodobitev proizvoda, ki jo narekujejo estetske in funkcionalne usmeritve. V zvezi s tem se je skliceval, prvič, na obstoj številnih dizajnov nogavic, drugič, na dejstvo, da so nekateri deli teh nogavic običajno pobarvani, vključno z oranžno barvo, tretjič, na to, da lahko pobarvani prstni del kaže na funkcionalni element, se pravi okrepitev, in četrtič, na dejstvo, da upoštevna javnost običajno ne dojema pobarvanega prstnega dela nogavice kot označbo izvora. Po mnenju odbora za pritožbe zato prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Predlogi strank Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj: –        izpodbijano odločbo razveljavi; –        UUNT naloži plačilo stroškov. UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj: –        tožbo zavrne; –        tožeči stranki naloži plačilo stroškov. Pravo Tožeča stranka uveljavlja en tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Tožbeni razlog ima dva dela, in sicer se prvi nanaša na napako pri opredelitvi prijavljene znamke, drugi pa na napako pri presoji glede razlikovalnega učinka prijavljene znamke. Komisija izpodbija utemeljenost trditev tožeče stranke. Prvi del tožbenega razloga: napaka pri opredelitvi prijavljene znamke Trditve strank Tožeča stranka navaja, da so „znamke mesta na proizvodu“ posebna kategorija, čeprav je zakonodaja ne določa izrecno. Namen „znamke mesta na proizvodu“ naj bi bil namreč varstvo dvodimenzionalnega ali tridimenzionalnega znaka, ki je na določen način in z natančnostjo dan na površino proizvoda ali na del te površine. Varstvo, ki je podeljeno „znamki mesta na proizvodu“, naj bi vključevalo le njeno konkretno uporabo na zadevnih proizvodih. Tožeča stranka zato meni, da v obravnavani zadevi sodna praksa, ki se nanaša na tridimenzionalne znamke, ni upoštevna, saj prijavljena znamka ne vključuje oblike nogavice ali njenih drugih značilnosti, ampak postavitev posebnega znaka – z določenim odtenkom pobarvanega dela – na natančno določen del površine nogavice. Tožeča stranka dodaja, da je UUNT v več prejšnjih odločbah sprejel, da je mogoče „znamke mesta na proizvodu“ registrirati kot znamke. UUNT izpodbija utemeljenost trditev tožeče stranke glede uporabe sodne prakse – ki se nanaša na tridimenzionalne znamke – v obravnavani zadevi. Presoja Splošnega sodišča Za uvod je treba navesti, da je tožeča stranka v svojih pisanjih in na obravnavi potrdila, da njena prijava vključuje le z „oranžno barvo (Pantone 16-1359 TPX)“ pobarvan prstni del na izdelku, se pravi nogavici iz pletenine, kot je prikazano v točki 2 zgoraj, in ne vključuje drugih delov zadevnega proizvoda. Tako določeno znamko opredeljuje kot „znamko mesta na proizvodu“. Glede te opredelitve je treba navesti, da „znamke mesta na proizvodu“ kot posebna kategorija znamk niso omenjene niti v Uredbi št. 40/94 niti v Uredbi Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 17, zvezek 1, str. 189). Vendar ker člen 4 Uredbe št. 40/94 (postal člen 4 Uredbe št. 207/2009) ne vsebuje izčrpnega seznama znakov, ki bi lahko bili znamke Skupnosti, ta okoliščina glede možnosti registracije „znamk mesta na proizvodu“ ni upoštevna. Poleg tega je videti, da se „znamke mesta na proizvodu“ približujejo kategoriji figurativnih in tridimenzionalnih znamk, ker se pri njih uporabljajo figurativni in tridimenzionalni elementi na površini proizvoda. Vendar dejstvo, da je „znamka mesta na proizvodu“ opredeljena kot figurativna ali tridimenzionalna znamka ali kot posebna kategorija znamk, v okviru presoje njenega razlikovalnega učinka ni upoštevno. V skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 se namreč ne registrirajo znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka. Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da razlikovalni učinek znamke v smislu tega člena pomeni, da je znamka primerna, da proizvode, za katere je bila zahtevana registracija, označuje kot proizvode, ki izvirajo iz določenega podjetja, in jih tako razlikuje od proizvodov drugih podjetij (sodbi Sodišča z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT, C‑473/01 P in C‑474/01 P, Recueil, str. I-5173, točka 32, in z dne 21. oktobra 2004 v zadevi UUNT proti Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, ZOdl., str. I-10031, točka 42). Ta razlikovalni učinek je treba presojati po eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere je bila zahtevana registracija, in po drugi strani glede na zaznavanje upoštevne javnosti (zgoraj navedena sodba Procter & Gamble proti UUNT, točka 33, in sodba Sodišča z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT, C‑25/05 P, ZOdl., str. I-5719, točka 25). Na zaznavanje upoštevne javnosti pa je mogoče vplivati z naravo znaka, za katerega je bila zahtevana registracija. Ker povprečni potrošniki po navadi ne sklepajo o tržnem izvoru proizvodov iz znakov, ki se zamešajo z videzom teh proizvodov, imajo tako taki znaki razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 le, če se občutno razlikujejo od standarda ali navad v sektorju (glej v tem smislu sodbe Sodišča z dne 7. oktobra 2004 v zadevi Mag Instrument proti UUNT, C‑136/02 P, ZOdl., str. I-9165, točki 30 in 31; z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi‑Werke proti UUNT, C‑173/04 P, ZOdl., str. I-551, točki 28 in 31, in z dne 4. oktobra 2007 v zadevi Henkel proti UUNT, C‑144/06 P, ZOdl., str. I-8109, točki 36 in 37). Odločilna okoliščina za uporabo sodne prakse, navedene v točki 25 zgoraj, ni to, da se zadevni znak opredeli kot figurativni, tridimenzionalni ali drug znak, ampak to, da se zameša z videzom označenega proizvoda. To merilo je bilo tako uporabljeno za tridimenzionalne znamke (zgoraj navedene sodbe Procter & Gamble proti UUNT, Mag Instrument proti UUNT, in Deutsche SiSi‑Werke proti UUNT) in za figurativne znamke, ki so predstavljene z dvodimenzionalnim prikazom označenega proizvoda (zgoraj navedeni sodbi Storck proti UUNT in Henkel proti UUNT), in tudi za znak, ki ga sestavlja vzorec na površini proizvoda (sklep Sodišča z dne 28. junija 2004 v zadevi Glaverbel proti UUNT, C‑445/02 P, ZOdl., str. I-6267). Poleg tega se v sodni praksi šteje, da je mogoče barvam in njihovim abstraktnim kombinacijam priznati lasten razlikovalni učinek le v izjemnih okoliščinah, ker se zamešajo z videzom označenih proizvodov in ker se načeloma ne uporabljajo kot sredstva za identifikacijo tržnega izvora (glej v tem smislu sodbi Sodišča z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C‑104/01, Recueil, str. I-3793, točki 65 in 66, in z dne 24. junija 2004 v zadevi Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, ZOdl., str. I-6129, točka 39). V teh okoliščinah je treba preveriti, ali se prijavljena znamka zameša z videzom označenega proizvoda ali pa od njega ni odvisna. Glede na navedbe tožeče stranke je namen prijavljene znamke varstvo posebnega znaka, ki je dan na določen del površine označenega proizvoda. Prijavljene znamke tako ni mogoče ločiti od oblike dela tega proizvoda, in sicer oblike prstnega dela nogavice iz pletenine. Zato je treba šteti, da se prijavljena znamka zameša z videzom označenega proizvoda in da se zaradi tega uporabi sodna praksa, navedena v točki 25 zgoraj (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2009 v zadevi Lange Uhren proti UUNT (Geometrična polja na številčnici ročne ure), T‑152/07, neobjavljena v ZOdl., točke od 74 do 83). Glede trditve tožeče stranke o prejšnjih odločbah UUNT je treba opozoriti, da je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati le na podlagi Uredbe št. 40/94, kakor jo razlaga sodišče Skupnosti, in ne na podlagi prejšnje prakse odločanja teh odborov (sodba Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T‑106/00, Recueil, str. II-723, točka 66). Vsekakor je treba ugotoviti, da so odbori za pritožbe UUNT v odločbah, ki jih navaja tožeča stranka, glede zadevnih znamk uporabili sodno prakso, ki se nanaša na znake, ki se zamešajo z videzom proizvodov, ki jih znamke označujejo. Glede na navedeno je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni storil napake, ko je v izpodbijani odločbi glede prijavljene znamke uporabil to isto sodno prakso. Prvi del tožbenega razloga je zato treba zavrniti. Drugi del tožbenega razloga: napaka pri presoji glede razlikovalnega učinka prijavljene znamke Trditve strank Tožeča stranka navaja, da zadevni proizvodi niso proizvodi, ki so poceni, saj proizvaja nogavice, ki so „tehnične“ oziroma „funkcionalne“ in so višjega cenovnega razreda, in sicer stanejo med 10 in 20 EUR. Zato se ne bi smelo šteti, da je pozornost upoštevne javnosti pri nakupu teh proizvodov majhna, kar pa naj bi bilo še toliko bolj res, ker naj bi se v sodni praksi priznalo, da je ista javnost posebno pozorna pri znamkah oblačil. Glede tega, kako upoštevna javnost zaznava prijavljeno znamko, tožeča stranka za uvod navaja, da na podlagi sodne prakse le dejstvo, da se znak zaznava tudi, vendar ne samo kot okrasni element, ne ovira njegovega varstva kot znamke. Tožeča stranka dodaja, da čeprav je za sektor nogavic iz pletenin značilno veliko število različnih vzorcev in barv, naj ne bi bilo tako, ko gre za zadevne „tehnične“ oziroma „funkcionalne“ nogavice s pobarvanimi prstnimi deli. Po mnenju tožeče stranke obstoj velikega števila različnih vzorcev in barv glede na stalen razvoj na področju mode, ki naj bi vključeval zavrnitev skoraj vseh novih znamk, nikakor ne bi smel ovirati registracije znamke. Na trgu obutve naj bi bila upoštevna javnost poleg tega navajena, da je tržni izvor „tehničnih“ nogavic označen z določenim figurativnim elementom, ki je sestavljen iz črt, našitkov ali geometrijskih likov, ki so dobro vidni na proizvodu, ali iz pobarvanih delov tega proizvoda. V zvezi s tem pojasnjuje, da se je pred UUNT sklicevala na proizvode drugega podjetja, ki tudi trži nogavice s pobarvanim prstnim delom, le da bi dokazala to okoliščino. Tudi ob domnevi, da upoštevna javnost ni navajena takega označevanja tržnega izvora zadevnih proizvodov, kakršen je naveden v točki 34 zgoraj, naj bi bilo načeloma s postavitvijo znamke na del proizvoda, ki prej ni bil uporabljen za ta namen, mogoče označiti tržni izvor. V teh okoliščinah tožeča stranka poudarja, da na področju športnih izdelkov proizvajalci običajno postavijo znamke na najrazličnejša mesta. Po mnenju tožeče stranke odbor za pritožbe tudi ni preučil okoliščine, da je bil v prijavljeni znamki natančno določen barvni odtenek, in kot naj bi bilo razvidno iz prejšnje odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT, je to upoštevna okoliščina. V teh okoliščinah tožeča stranka poudarja, da je očitno prvo podjetje, ki je pobarvalo nogavice z zadevnim barvnim odtenkom, ta značilnost pa ji je zlasti omogočila, da je eno od vodilnih podjetij na trgu tehničnih nogavic višjega kakovostnega razreda. Tožeča stranka poleg tega pojasnjuje, da tehnične ali funkcionalne omejitve ne nalagajo mesta, oblike in barve prijavljene znamke. V zvezi s tem naj razmišljanje odbora za pritožbe o močni obrabi nogavic na prstnem delu sploh ne bi bilo logično. Tožeča stranka je na obravnavi tudi navedla, da zaradi tveganja takojšne ponareditve znaka ni mogoče uveljavljati člena 7(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe št. 207/2009). Po njenem mnenju bi bilo zato treba registrirati tudi nove oblike znamk. UUNT izpodbija utemeljenost trditev tožeče stranke. Presoja Splošnega sodišča Trditve tožeče stranke, ki jih je predložila v okviru drugega dela tožbenega razloga, je treba preučiti glede na načela, razložena v točkah od 22 do 25 zgoraj. Za uvod je treba ugotoviti, da stranki ne izpodbijata tega, da je upoštevna javnost, kot je v točki 23 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil odbor za pritožbe, sestavljena iz vseh končnih potrošnikov. Glede stopnje pozornosti upoštevne javnosti je treba navesti, da lahko UUNT pri preučevanju, ali je mogoče registrirati znak, upošteva le seznam proizvodov, kakor je razviden iz prijave zadevne znamke, s pridržkom morebitnih sprememb te prijave (glej v tem smislu in po analogiji sodbo Splošnega sodišča z dne 13. aprila 2005 v zadevi Gillette proti UUNT – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, neobjavljena v ZOdl., točka 33). V obravnavani zadevi pa so na seznamu proizvodov za prijavljeno znamko brez drugega opisa navedena „oblačila, in sicer nogavice iz pletenin, nogavice in dolge nogavice“. Trditve tožeče stranke, da gre za „tehnične“ oziroma „funkcionalne“ proizvode in da je prodajna cena takih izdelkov višja, zato niso upoštevne. Glede preostalega je treba navesti, da ko je odbor za pritožbe v točki 23 izpodbijane odločbe ugotovil – da upoštevna javnost nogavicam posveča bolj ko ne malo pozornosti, ker so izdelki tekoče potrošnje, ki bolj ko ne spadajo v nižji cenovni razred – je svojo analizo utemeljil z dejstvi, ki izhajajo iz praktične splošno pridobljene izkušnje trženja blaga široke potrošnje in ki jih lahko poznajo vsi, zlasti pa potrošniki teh proizvodov. Če se tožeča stranka sklicuje na razlikovalni učinek prijavljene znamke kljub analizi odbora za pritožbe, ki temelji na tej izkušnji, mora sama predložiti konkretne in utemeljene podatke, ki dokazujejo, da ima prijavljena znamka razlikovalni učinek, ker lahko to sama glede na njeno dobro poznavanje trga bolje stori (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 15. marca 2006 v zadevi Develey proti UUNT (Oblika plastične steklenice), T‑129/04, ZOdl., str. II-811, točki 19 in 21 in navedena sodna praksa). V zvezi s tem tožeča stranka le zatrjuje, da je v sodni praksi sprejeto, da je upoštevna javnost posebno pozorna pri znamkah oblačil. Po eni strani tožeča stranka te trditve, ki je v bistvu dejstvo, ni podprla. Po drugi strani pa je vsekakor treba sprejeti, da bo potrošnik pri izbiri nekaterih oblačil in nekatere obutve običajno pozoren, saj bo hotel pred nakupom preveriti, ali predlagani proizvod funkcionalno in estetsko ustreza njegovim pričakovanjem. Vendar ta ugotovitev ne velja za nogavice iz pletenin, ki jih potrošnik običajno ne poizkusi pred nakupom. V teh okoliščinah odbor za pritožbe ni storil napake, ko je ugotovil, da je pozornost upoštevne javnosti bolj ko ne majhna. Odbor za pritožbe je glede tega, kako upoštevna javnost zaznava prijavljeno znamko, navedel, da je to, da je prstni del izdelka, se pravi nogavice iz pletenine, pobarvan, zaznano kot okrasni ali kot funkcionalni element, povezan z okrepitvijo prstnega dela. Najprej je treba preučiti trditve tožeče stranke glede zaznavanja prijavljene znamke kot okrasnega elementa. V zvezi tem je upoštevna argumentacija odbora za pritožbe, ki jo je razvil v točkah od 25 do 27 in 31 izpodbijane odločbe in ki je povzeta v točki 9 zgoraj, temeljila na praktični splošno pridobljeni izkušnji trženja blaga široke potrošnje, kar pomeni, da mora tožeča stranka predložiti konkretne in utemeljene podatke, s katerimi bi omajala utemeljenost zadevnih stališč. Najprej, tožeča stranka izpodbija obstoj različnih vzorcev pobarvanih prstnih delov nogavic, ki so „tehnične“ oziroma „funkcionalne“. Kot pa je bilo navedeno v točki 42 zgoraj, se tožeča stranka napačno omejuje na te kategorije proizvodov, saj seznam prijavljenih proizvodov vključuje nogavice iz pletenin na splošno. V preostalem njena trditev ni nikakor podprta. Trditve tožeče stranke, ki se nanaša na stalen razvoj mode, prav tako ni mogoče sprejeti. Nove znamke, ki označujejo proizvode, ki so pod vplivom mode, je namreč mogoče vedno registrirati, če lahko izpolnjujejo bistveno funkcijo, ki je identificirati tržni izvor proizvodov. Če pa znak ne more opravljati te funkcije, ga ni mogoče registrirati kot znamko, ne glede na to, da obstajajo številni podobni znaki oziroma se nepretrgoma oblikujejo v zadevnem industrijskem sektorju. Nato je treba navesti, da tožeča stranka ni predložila konkretnih elementov v podporo svoji trditvi, da zadevni potrošnik običajno zaznava pobarvan prstni del nogavice kot označbo tržnega izvora. Glede sklicevanja na športno obutev v zvezi s tem je treba navesti, da prijavljena znamka ni prikazana kot natančno določena črta, našitek ali geometrijski lik na proizvodu, ampak le kot pobarvan del površine tega proizvoda. Tožeča stranka pa ni predložila elementov, s katerimi bi predlagala, da upoštevna javnost pobarvanost nekaterih delov obutve običajno zaznava kot označbo tržnega izvora. Tožeča stranka navaja tudi, da proizvajalci, zlasti na področju športnih izdelkov, postavljajo znamke na najrazličnejša mesta. Čeprav tožeča stranka v tem smislu ni predložila konkretnih elementov, je treba vsekakor priznati, da je razmeroma običajno, da so znamke proizvajalcev na nogavicah, zlasti na športnih nogavicah. Čeprav so take znamke najpogosteje na gležnju, je tudi mogoče, da so na stopalu ali celo na zgornjem delu prstnega dela. Vendar pri takih znamkah ne gre le za pobarvanost, temveč za besedne in figurativne elemente, ki bolje označujejo tržni izvor zadevnih proizvodov kot prijavljena znamka. Tožeča stranka se sklicuje tudi na nogavice s prstnim delom zlate barve, ki jih trži konkurent. Vendar ni predložila konkretnih elementov, s katerimi bi predlagala, da je navedena pobarvanost lastna, s katero je mogoče brez upoštevanja morebitnega razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, označiti tržni izvor zadevnih proizvodov. Poleg tega, čeprav je videti, da je zadevni konkurent dejansko registriral znamko Skupnosti, ki je nogavica s prstnim delom zlate barve in ki vključuje zlasti nogavice iz pletenin, ta znamka ni primerljiva s prijavljeno znamko, saj prva poleg navedene predstavitve vključuje tudi besedni element „gold toe“. Nazadnje, tožeča stranka napačno trdi, da odbor za pritožbe ni upošteval dejstva, da prijavljena znamka zajema natančno določen barvni odtenek. Odbor za pritožbe je namreč v točkah od 19 do 22 izpodbijane odločbe opozoril na sodno prakso, navedeno v točki 26 zgoraj, o omejeni sposobnosti barv ali njihovih kombinacij za označbo tržnega izvora proizvodov. Odbor za pritožbe je v točki 26 izpodbijane odločbe ugotovil, da je oranžna barva običajna v sektorju nogavic iz pletenin, vsaj če je v kombinaciji z drugimi barvami nogavice. Tožeča stranka se glede upoštevnosti dejstva, da je prijavljena znamka vključevala natančno določeno barvo, sklicuje na odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 18. aprila 2007 (zadeva R 781/2006-1) o znamki, ki je sestavljena iz madeža na površini injekcije. Prejšnja praksa odločanja odborov za pritožbe, kot je bilo navedeno v točki 29 zgoraj, pa ni upoštevna. Znaka in proizvodi, obravnavani v obeh primerih, imajo vsekakor malo skupnega. V preostalem se je prvi odbor za pritožbe v odločbi, na katero se sklicuje tožeča stranka, omejil le na presojo okoliščin obravnavane zadeve in ni nikakor štel, da bi zatrjevanje kakršne koli barve podelilo „znamki mesta proizvoda“ razlikovalni učinek. Trditve, da je bila tožeča stranka prvo podjetje, ki je uporabilo prijavljeni barvni odtenek za nogavice, kar bi ji omogočilo, da postane vodilno podjetje na trgu, niso podprte. Zlasti ne obstaja noben element, s katerim bi bilo predlagano, da je tožeča stranka morebiti tržno uspela zaradi dejstva, da je upoštevna javnost oranžno pobarvan prstni del nogavic, ki jih tožeča stranka izdeluje, zaznala tako, kot da ima lasten razlikovalni učinek. Iz navedenega je razvidno, da ni mogoče sprejeti nobene trditve tožeče stranke o zaznavanju prijavljene znamke kot okrasnega elementa. V odgovor na trditev, ki jo je tožeča stranka podala na obravnavi, je treba tudi poudariti, da tveganje, da bo konkurent element iz predstavitve proizvoda ali storitve posnemal, ne vpliva na razlago člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Na podlagi te določbe je namreč registracija kot znamke Skupnosti pridržana za znake, s katerimi zadevni potrošnik pri zaznavanju po njihovi lastni naravi identificira tržni izvor proizvodov ali storitev, ki jih označujejo. Gospodarski subjekt, ki pri svojem poslovanju uporablja znak, ki ne izpolnjuje tega pogoja, bi lahko, če je treba, dokazal, da je ta znak pridobil razlikovalni učinek z uporabo v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94, ali uporabil druga pravna sredstva, ki jih ima morda na voljo, kot je pravica iz znamk in modelov ali tožba na podlagi nelojalne konkurence. Na podlagi vsega navedenega je treba skleniti, da odbor za pritožbe ni storil napake, ko je ugotovil, da bi upoštevna javnost prijavljeno znamko zaznala kot okrasni element, ker se ne razlikuje občutno od standarda ali navad v sektorju nogavic iz pletenin, in da zato nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Drugi del tožbenega razloga je zato treba zavrniti, ne da bi bilo treba preučiti argumentacijo o zaznavanju prijavljene znamke kot funkcionalnega elementa. Ker sta bila oba dela edinega tožbenega razloga zavrnjena, je treba tožbo v celoti zavrniti. Stroški V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov. Iz teh razlogov je SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat) razsodilo: 1. Tožba se zavrne. 2. X Technology Swiss GmbH se naloži plačilo stroškov. Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 15. junija 2010. Podpisi * Jezik postopka: nemščina.

62007TJ0396

it

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 settembre 2007 (procedimento R 585/2007‑2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo UNIQUE come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: France Télécom Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo UNIQUE per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 38 – domanda n. 5312392 Decisione dell’esaminatore: Diniego parziale della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La France Télécom è condannata alle spese.

62012CJ0563

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas ( OL L 145, p. 1 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23), iš dalies pakeistos 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/680/EEB ( OL L 376, p. 1 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 160; toliau – Šeštoji direktyva), 15 straipsnio ir 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ( OL L 347, p. 1 ) 131, 146 ir 273 straipsnių išaiškinimu. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant savanoriškai likviduojamos BDV Hungary Trading Kft . (toliau – BDV) ir Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Centrinė Vengrijos regiono mokesčių tarnyba prie Nacionalinės iždo ir muitų administracijos) ginčą dėl už Europos Sąjungos ribų išsiųstų arba išgabentų prekių tiekimo neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Teisinis pagrindas Sąjungos teisė Šeštosios direktyvos 15 straipsnio 1 ir 2 punktuose nustatyta: „Valstybės narės, nepažeisdamos kitų Bendrijos nuostatų ir taikydamos sąlygas, kurias jos nustato, siekdamos užtikrinti teisingą ir sąžiningą toliau nurodytų atleidimo nuo mokesčio atvejų taikymą, užkirsti kelią bet kokiam mokesčių vengimui, išsisukinėjimui ar piktnaudžiavimui, atleidžia nuo mokesčio: 1) prekes, pardavėjo ar jo vardu išsiųstas ar gabenamas į paskirties vietą už Bendrijos ribų; 2) prekes, išsiųstas ar gabenamas į paskirties vietą už Bendrijos ribų pirkėjo ar jo vardu, išskyrus prekes, kurias gabena pats pirkėjas pramoginiams laivams, privatiems orlaiviams ar bet kuriai kitai asmeniniam naudojimui skirtai transporto priemonei įrengti, aprūpinti kuro ar maisto atsargomis; <…>“ Remiantis Direktyvos 2006/112 411 ir 413 straipsniais, šia direktyva nuo 2007 m. sausio 1 d. panaikinti ir pakeisti PVM srities Sąjungos teisės aktai, be kita ko, Šeštoji direktyva. Pagal Direktyvos 2006/112 1 ir 3 konstatuojamąsias dalis nauja Šeštosios direktyvos redakcija buvo būtina siekiant pagal pertvarkytą struktūrą ir redakciją aiškiai bei racionaliai išdėstyti taikomas nuostatas, iš esmės nedarant esminių pakeitimų. Taigi iš esmės Direktyvos 2006/112 nuostatos visiškai identiškos atitinkamoms Šeštosios direktyvos nuostatoms. Pagal Direktyvos 2006/112 14 straipsnio 1 dalį: „„Prekių tiekimas“ – teisės kaip savininkui disponuoti materialiuoju turtu perdavimas.“ Pagal šios direktyvos 131 straipsnį: „[Direktyvos 2006/112 IX antraštinės dalies] 2–9 skyriuose numatytais atvejais neapmokestinimas PVM taikomas nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų ir tokiomis sąlygomis, kurias valstybės narės nustato siekdamos užtikrinti tinkamą ir sąžiningą neapmokestinimo atvejus reglamentuojančių nuostatų taikymą bei užkirsti kelią galimiems mokesčių vengimo, išsisukinėjimo ar piktnaudžiavimo atvejams.“ Minėtos direktyvos IX antraštinės dalies 6 skyriaus „Eksporto neapmokestinimas PVM“ 146 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Sandoriai, kurių valstybės narės neapmokestina PVM: a) prekių tiekimas, kai jas pardavėjas išsiuntė ar išgabeno į paskirties vietą už Bendrijos ribų arba tai atlikta jo vardu; b) prekių tiekimas, kai jų atitinkamoje teritorijoje neįsisteigęs prekes įsigyjantis asmuo jas išsiuntė ar išgabeno į paskirties vietą už Bendrijos ribų, arba tai atlikta jo vardu, išskyrus atvejus, kai įsigyjantis asmuo išgabena prekes, skirtas įrengti, aprūpinti kuru pramogų laivus, privačius orlaivius ar kitas asmeniniams poreikiams tenkinti naudojamas transporto priemones arba papildyti jų atsargas; <…>“ Direktyvos 2006/112 273 straipsnyje nustatyta: „Valstybės narės gali nustatyti kitas prievoles, kurias jos laiko būtinomis siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai renkamas PVM ir užkertamas kelias sukčiavimui, atsižvelgdamos į reikalavimą vienodai traktuoti apmokestinamųjų asmenų vykdomus nacionalinius sandorius ir sandorius tarp valstybių narių, tačiau dėl šių prievolių prekyboje tarp valstybių narių neturi atsirasti su sienų kirtimu susijusių formalumų. Pirmoje pastraipoje nustatyta galimybė negali būti naudojama nustatant papildomas su sąskaitų-faktūrų išrašymu susijusias prievoles be tų, kurios nustatytos 3 skyriuje.“ Vengrijos teisė 1992 m. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. LXXIV ( Magyar Közlöny 1992/128, toliau – senasis PVM įstatymas) 11 straipsnio 1 dalyje „produktų eksportas“ apibrėžiamas taip: „Produktų eksportas – bet koks produktų tiekimas, dėl kurio vėliausiai paskutinę trečio mėnesio, einančio po tiekimo, dieną muitinė tiesiogiai išleidžia produktus į trečiąją šalį, kaip į galutinę paskirties vietą. Produktai nuo tiekimo iki išleidimo momento negali būti naudojami arba negali būti padidinama jų vertė, išskyrus jų išbandymą arba jų gamybą siekiant išbandyti.“ Pagal šio įstatymo 29 straipsnį: „Neapmokestinama: a) produktų eksportas, <…>“ 2007 m. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas Nr. CXXVII ( Magyar Közlöny 2007/155; toliau – naujasis PVM įstatymas) įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 98 straipsnyje nustatyta: „1.   Neapmokestinamas produktų, išsiųstų paštu arba išgabentų iš šalies į šalį už Bendrijos ribų, tiekimas su sąlyga, kad siuntimas arba gabenimas: a) atliktas paties tiekėjo arba trečiojo asmens tiekėjo vardu; b) atliktas paties pirkėjo arba trečiojo asmens pirkėjo vardu, jei įvykdytos papildomos sąlygos, numatytos [šio straipsnio] 3 ir 4 dalyse arba šio įstatymo 99 ir 100 straipsnyje. 2.   1 dalis taikoma, jei įvykdytos šios sąlygos: a) įstaiga, išleidžianti produktus iš Bendrijos teritorijos, turi būti patvirtinusi, kad jie išgabenti iš minėtos teritorijos tiekimo momentu arba vėliausiai per 90 dienų nuo kitos dienos, kurią buvo atliktas šis tiekimas, ir b) per a punkte numatytą terminą patiekti produktai negali būti naudojami pagal paskirtį arba kitaip padidinama jų vertė, išskyrus jų išbandymą arba jų gamybą siekiant išbandyti.“ Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai 2007 ir 2008 m. BDV vertėsi didmenine konservuoto maisto prekyba. Vykdydama savo veiklą ši įmonė trečiosiose šalyse pardavinėjo savo Vengrijoje pagamintus produktus. Sutartyse, sudarytose su pirkėjais, įsisteigusiais už Sąjungos muitų teritorijos, buvo įtvirtinta viena iš Tarptautinių prekybos rūmų nustatytų tarptautinės prekybos sąlygų (vadinamosios „Incoterms 2000“), t. y. „tiekimo iš gamyklos“ sąlyga („ex‑works“ arba EXW), kuri reiškia, kad pirkėjas pasiima prekes nuo pardavėjo patalpų durų. Per BDV 2007 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpio, išskyrus 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. kovo 31 d. laikotarpį, mokestinį patikrinimą mokesčių administratorius konstatavo, kad su tikrinamu laikotarpiu susijusioje PVM apskaitoje ir PVM deklaracijose ši įmonė tam tikrus sandorius kvalifikavo kaip pardavimą eksportuoti, nors eksportuoti skirti produktai išgabenti iš Sąjungos muitų teritorijos pasibaigus senojo PVM įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje (nuo 2008 m. – naujojo PVM įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje) numatytam terminui. 2010 m. spalio 22 d. sprendimu Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága , perskaičiavusi mokestį, BDV nustatė papildomą mokestį ir mokestinę baudą bei delspinigius, nes prekės į trečiąsias šalis buvo išsiųstos suėjus nacionalinės teisės aktuose įtvirtintam terminui. BDV pateikė skundą dėl šio sprendimo ir nurodė, kad minėtos senojo ir naujojo PVM įstatymų nuostatos prieštaravo Šeštajai direktyvai ir Direktyvai 2006/112. Skunde ji pažymėjo, kad visos minėtame sprendime nurodytos atitinkamos prekės buvo išsiųstos už Sąjungos ribų. Be to, pagal sutarties sąlygą „ex‑works“ atsakomybė už prekių gabenimą teko pirkėjams. Taigi iš pirkėjų reguliariai reikalaudama, kad prekės būtų išgabentos už Sąjungos ribų per reikalaujamą terminą, ji įrodė reikalaujamą rūpestingumą. Budapest Környéki Törvényszék (Budapešto apylinkės teismas) patenkino BDV skundą. Šis teismas manė, kad Vengrijos teisės aktuose įtvirtintas išgabenimo terminas negali būti taikomas, kai konstatuojama, jog produktai faktiškai eksportuoti. Iš tiesų pagal Teisingumo Teismo praktiką sąlygos, kurias valstybės narės gali nustatyti dėl eksporto neapmokestinimo, neturi nei viršyti to, kas būtina Šeštojoje direktyvoje nustatytiems tikslams pasiekti, nei pažeisti PVM neutralumo. Atsakovė pagrindinėje byloje pateikė skundą dėl šio sprendimo Kúria (Aukščiausiasis Teismas). Ji teigė, kad pagal nacionalinės teisės aktus pardavimo sandoris gali būti kvalifikuojamas kaip pardavimas eksportui, tik jei produktas išgabenamas iš Sąjungos teritorijos per šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Šiuo klausimu Kúria pažymi, kad šis išgabenimo terminas yra ne procedūrinis terminas, t. y. vadinamasis „techninis terminas“, kuris gali būti taisomas, bet „materialinės teisės naikinamasis terminas“. Todėl jei mokesčių administratorius konstatavo, kad buvo praleistas šis terminas, atitinkamos ūkinės operacijos negali būti kvalifikuojamos kaip „neapmokestinamas pardavimas eksportuoti“ ir dėl to yra apmokestinamos. Tokiomis aplinkybėmis Kúria nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: „1. Ar [Šeštosios direktyvos] 15 straipsnį ir [Direktyvos 2006/112] 146 straipsnį galima aiškinti taip, jog tam, kad eksportuoti skirtų prekių gabenimas už Bendrijos teritorijos ribų būtų laikomas neapmokestinamu eksportuoti skirtų produktų tiekimu, reikia, kad toks gabenimas būtų atliktas per tam tikrą nustatytą terminą? 2. Ar atsakant į [pirmąjį klausimą] turi įtakos tarptautinės prekybos sąlygos, aplinkybė, kad pardavėjas, pirkėjas arba pervežėjas veikė sąžiningai ar apgaulingai, pakankamai rūpestingai ar aplaidžiai, deklaracijos pateikimo laikotarpis arba aplinkybė, kad faktiškai produktai gabenami pasibaigus nustatytam terminui, bet per laikotarpį, per kurį turi būti apskaičiuotas mokestis? 3. Ar mokesčių neutralumo, teisinio saugumo ir proporcingumo principų nepažeidžia tai, kad valstybės narės teisės aktuose nustatomos papildomos sąlygos, palyginti su numatytosiomis [minėtose direktyvose], ir eksportuoti skirti produktai laikomi neapmokestinamais tik tada, kai tenkinamos objektyvios kumuliacinės direktyvose nenumatytos sąlygos? 4. Ar [Šeštosios direktyvos] 15 straipsnį ir [Direktyvos 2006/112] 131 bei 273 straipsnius galima aiškinti taip, kad siekdama užkirsti kelią mokesčių vengimui, piktnaudžiavimui ir sukčiavimui mokesčių srityje ir siekdama, kad mokestis būtų tinkamai apskaičiuotas ir surinktas, valstybė narė gali numatyti, kad neapmokestinamam eksportui būtų taikomos sąlygos, kaip antai numatytosios [senojo PVM įstatymo] 11 straipsnio 1 dalyje ir [naujojo PVM įstatymo] 98 straipsnio 1 dalyje? 5. Ar su pagrindiniais Sąjungos teisės principais ir direktyvų nuostatomis suderinama tai, kad mokesčių administratorius dėl [Šeštosios direktyvos 15 straipsnyje ir Direktyvos 2006/112 146 straipsnyje] nenumatytų sąlygų neįvykdymo pakeičia atvejo priskyrimą neapmokestinamam eksportui ir reikalauja, kad apmokestinamasis asmuo sumokėtų mokestį? Jeigu atsakymas teigiamas, kokiomis aplinkybėmis tai galima padaryti?“ Dėl prejudicinių klausimų Pirmiausia reikia pažymėti, kad pateikti klausimai susiję su Šeštąja direktyva ir Direktyva 2006/112, o pagrindinė byla susijusi su pardavimo sandoriais, įvykdytais po 2007 m. sausio 1 d. Taigi, kaip buvo pažymėta šios sprendimo 4 punkte, Direktyva 2006/112 nuo šios dienos panaikino ir pakeitė Šeštąją direktyvą. Šiomis aplinkybėmis pateiktus klausimus reikia nagrinėti tik remiantis Direktyvos 2006/112 nuostatomis. Klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 2006/112 146 straipsnio 1 dalį ir 131 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jais draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos prekių tiekimo eksportuoti atveju eksportuoti už Sąjungos ribų skirtos prekės turi būti išgabentos iš Sąjungos teritorijos per nustatytą trijų mėnesių arba 90 dienų nuo tiekimo dienos terminą, kai vien dėl šio termino praleidimo apmokestinamasis asmuo galutinai praranda teisę neapmokestinti. Taigi, kaip matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, šiais klausimais ypač siekiama išsiaiškinti, ar nacionalinės teisės aktuose gali būti reikalaujama, kad prekių tiekimo eksportui atveju eksportuojama būtų per šį terminą, kad šis tiekimas būtų laikomas neapmokestinamu tiekimu eksportui. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad pagal Direktyvos 2006/112 146 straipsnio 1 dalies b punktą valstybės narės neapmokestina pirkėjo arba jo sąskaita išsiųstų arba išgabentų už Sąjungos ribų prekių tiekimo. Ši nuostata turi būti siejama su šios direktyvos 14 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią „prekių tiekimas“ – tai teisės kaip savininkui disponuoti materialiuoju turtu perdavimas. Iš šių nuostatų ir, be kita ko, iš minėto 146 straipsnio 1 dalies b punkte vartojamo žodžio „išsiųstų“ matyti, kad prekė eksportuojama ir tiekimas eksportui neapmokestinamas, tik kai pirkėjui perduodama teisė disponuoti prekėmis kaip savo, o tiekėjas nustato, kad šios prekės buvo išsiųstos ar išgabentos už Sąjungos ribų ir kad po šio išsiuntimo ar išgabenimo jų fiziškai neliko Sąjungos teritorijoje (žr., kiek tai susiję su tiekimais Bendrijos viduje, 2007 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Teleos ir kt. , C-409/04, Rink. p. I-7797 , 42 punktą; 2010 m. gruodžio 7 d. Sprendimo R. , C-285/09, Rink. p. I-12605 , 41 punktą bei 2012 m. rugsėjo 6 d. Sprendimo Mecsek-Gabona , C‑273/11, 31 ir 32 punktus ir juose nurodytą teismo praktiką). Pagrindinėje byloje neginčijama, kad prekių tiekimas, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2006/112 14 straipsnį, įvyko ir kad atitinkamos prekės, dėl kurių sudaryti pagrindinėje byloje nagrinėjami sandoriai, buvo fiziškai išgabentos iš Sąjungos teritorijos. Atvirkščiai, nei Direktyvos 2006/112 nuostatose, susijusiose su teise į atskaitą, kuriomis remiasi Vengrijos vyriausybė ir pagal kurias šia teise naudojamasi iš esmės tuo pačiu laikotarpiu, per kurį ji atsirado, šios direktyvos 146 straipsnio 1 dalies b punkte nenumatyta sąlyga, pagal kurią eksportuoti skirta prekė turi būti išgabenta iš Sąjungos per konkretų laikotarpį, kad būtų taikomas minėtame straipsnyje numatytas eksporto neapmokestinimas. Toks terminas numatytas tik išimtine tvarka minėtos direktyvos 147 straipsnio 1 dalies b punkte prekėms, kurias savo asmeniniame bagaže vežasi keliautojai. Darytina išvada, kad sandorio kvalifikavimas kaip tiekimo eksportui pagal Direktyvos 2006/112 146 straipsnio 1 dalies b punktą neturėtų priklausyti nuo konkretaus termino, per kurį atitinkama prekė turi būti išgabenta iš Sąjungos muitų teritorijos ir dėl kurio nesilaikymo apmokestinamasis asmuo galutinai praranda teisę neapmokestinti eksporto, laikymosi. Tačiau, kaip matyti iš Direktyvos 2006/112 131 straipsnio, šios direktyvos IX antraštinės dalies 2–9 skyriuje, kurių dalį sudaro 146 straipsnis, numatyti neapmokestinimo atvejai taikomi tokiomis sąlygomis, kokias valstybės narės nustato siekdamos užtikrinti tinkamą ir sąžiningą minėtų neapmokestinimo atvejų taikymą ir užkirsti kelią galimiems mokesčių vengimo, išsisukinėjimo ar piktnaudžiavimo atvejams. Vis dėlto įgyvendindamos minėtame 131 straipsnyje joms suteiktas galias valstybės narės turi laikytis bendrųjų principų, sudarančių Sąjungos teisinės sistemos dalį, tarp kurių yra, be kita ko, teisinio saugumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai (šiuo klausimu žr. 2008 m. vasario 21 d. Sprendimo Netto Supermarkt , C-271/06, Rink. p. I-771 , 18 punktą ir minėto Sprendimo R. 45 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Kalbant konkrečiai apie proporcingumo principą, reikia priminti, kad Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, jog pagal šį principą valstybės narės privalo turėti galimybę remtis priemonėmis, kurios, leisdamos veiksmingai pasiekti vidaus teisės tikslus, kuo mažiau prieštarautų nagrinėjamais Sąjungos teisės aktais nustatytiems tikslams ir principams (žr., be kita ko, 2010 m. lapkričio 18 d. Sprendimo X , C-84/09, Rink. p. I-11645 , 36 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Taigi, nors valstybės narės nustatytos priemonės turi kuo veiksmingiau užtikrinti valstybės iždo pajamas, šiomis priemonėmis negalima viršyti to, kas būtina šiam tikslui pasiekti (minėto Sprendimo Netto Supermarkt 20 punktas). Dėl senajame ir naujajame PVM įstatymuose numatytu terminu eksportuoti skirtiems produktams iš Sąjungos muitų teritorijos išgabenti siekiamo tikslo Vengrijos vyriausybė nurodė, kad šis terminas yra būtinas tam, kad būtų galima kontroliuoti išgabenimo sąlygą, kuri būtina eksportui neapmokestinti, ir kad dėl jo mokesčių administratorius gali užkirsti kelią visiems galimiems mokesčių vengimo, išsisukinėjimo ar bet kokio piktnaudžiavimo atvejams. Šiuo klausimu reikia priminti, kad kova su galimu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir piktnaudžiavimu yra Direktyvoje 2006/112 pripažintas ir ja siekiamas tikslas (2012 m. gruodžio 6 d. Sprendimo Bonik , C‑285/11, 35 punktas ir jame nurodyta teismo praktika). Taigi Teisingumo Teismas nusprendė, kad mokesčių vengimo prevencijos tikslas kartais pateisina aukštus reikalavimus tiekėjų pareigoms (šiuo klausimu žr. minėtų Sprendimo Teleos ir kt . 58 punktą bei Netto Supermarkt 22 punktą). Taigi iš esmės valstybės narės teisėtai gali nustatyti protingą eksporto terminą, atsižvelgdamos į prekybos veiklą eksporto į trečiąsias valstybes srityje, kad patikrintų, ar eksportuoti tiekiama prekė buvo faktiškai išgabenta iš Sąjungos. Iš tiesų, kaip nurodė Komisija savo pastabose, eksportuoti skirtos prekės pardavėjui konkretaus termino, per kurį ši prekė turi būti išgabenta iš Sąjungos muitų teritorijos, taikymas yra tinkama priemonė šiam tikslui pasiekti. Tačiau šiuo terminu, kuriam pasibaigus galima apmokestinti eksportuoti skirtų prekių tiekimą, neturi būti viršijama tai, kas būtina šiam tikslui pasiekti. Šiuo klausimu pirmiausia reikia pažymėti, kad vien dėl to, jog eksportuoti skirtos prekės apmokestinamos pagal nacionalinės teisės aktus, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, nes prekės nebuvo išgabentos iš Sąjungos muitų teritorijos per nustatytą terminą, negalima manyti, kad šie teisės aktai yra neproporcingi. Pagal pagrindinį PVM bendros sistemos principą šis mokestis taikomas kiekvienam gamybos ar platinimo sandoriui (žr., be kita ko, 2007 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Collée , C-146/05, Rink. p. I-7861 , 22 punktą ir minėto Sprendimo Bonik 28 punktą). Darytina išvada, kad iš esmės eksportuoti skirtos prekės tiekimas gali būti apmokestinamas, jei per taikytinos nacionalinės teisės aktuose nustatytą protingą terminą aptariamas sandoris neatitinka Direktyvos 2006/112 146 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtintų sąlygų. Tačiau pagal prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pateiktą informaciją pagrindinėje byloje nagrinėjamas išgabenimo terminas yra materialinės teisės naikinamasis terminas, kuris praleistas negali būti atnaujinamas. Taigi, kai eksportuoti skirta prekė neišgabenama iš Sąjungos muitų teritorijos per senajame ir naujajame PVM įstatymuose nustatytus terminus, šios prekės tiekimas galutinai apmokestinamas, nors ši prekė buvo faktiškai išgabenta iš Sąjungos pasibaigus šiuose teisės aktuose nustatytam terminui. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad nacionalinės teisės aktais, kaip antai nagrinėjamais pagrindinėje byloje, pagal kuriuos eksporto neapmokestinimui taikomas išgabenimo terminas, siekiant, be kita ko, kovoti prieš mokesčių vengimą ir piktnaudžiavimą, o apmokestinamiesiems asmenims neleidžiama įrodyti, kad išgabenimo sąlyga yra įvykdyta suėjus šiam terminui, kad jie pasinaudotų šiuo neapmokestinimu, ir nenumatyta apmokestinamojo asmens teisė į dėl minėto termino nesilaikymo sumokėto PVM grąžinimą, kai jis pateikia įrodymų, jog prekė buvo išgabenta iš Sąjungos muitų teritorijos, viršijama tai, kas būtina, šiam tikslui pasiekti. Iš tiesų, kai tenkinamos Direktyvos 2006/112 146 straipsnio 1 dalies b punkte numatytos eksporto neapmokestinimo sąlygos, t. y., be kita ko, kad atitinkamos prekės būtų išgabentos iš Sąjungos muitų teritorijos, toks tiekimas neturi būti apmokestinamas PVM (pagal analogiją žr. minėto Sprendimo Collée 30 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Tokiomis aplinkybėmis iš esmės nebelieka piktnaudžiavimo mokesčių srityje arba mokestinių įplaukų praradimo pavojaus, kuriuo būtų galima pateisinti aptariamo sandorio apmokestinimą. Todėl reikia konstatuoti, kad nacionalinės teisės aktais, kaip antai nagrinėjamais pagrindinėje byloje, viršijama tai, kas būtina, tikslui užkirsti kelią mokesčių vengimui ir piktnaudžiavimui pasiekti. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus svarstymus į prejudicinius klausimus reikia atsakyti: Direktyvos 2006/112 146 straipsnio 1 dalį ir 131 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jais draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos prekių tiekimo eksportuoti atveju eksportuoti už Sąjungos ribų skirtos prekės turi būti išgabentos iš Sąjungos teritorijos per nustatytą trijų mėnesių arba 90 dienų nuo tiekimo dienos terminą, kai vien dėl šio termino praleidimo apmokestinamasis asmuo galutinai praranda teisę neapmokestinti šio tiekimo. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia: 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 146 straipsnio 1 dalį ir 131 straipsnį reikia aiškinti taip, kad jais draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos prekių tiekimo eksportuoti atveju eksportuoti už Sąjungos ribų skirtos prekės turi būti išgabentos iš Europos Sąjungos teritorijos per nustatytą trijų mėnesių arba 90 dienų nuo tiekimo dienos terminą, kai vien dėl šio termino praleidimo apmokestinamasis asmuo galutinai praranda teisę neapmokestinti šio tiekimo. Parašai. ( *1 ) Proceso kalba: vengrų.

62004CJ0053

nl

1       Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de clausules 1, sub b, en 5 van de op 18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (hierna: „raamovereenkomst”), die is opgenomen in de bijlage bij richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (PB L 175, blz. 43). 2       Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen C. Marrosu en G. Sardino en hun werkgever, Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate (Ziekenhuiscentrum ziekenhuis San Martino te Genua en aangesloten academische ziekenhuizen; hierna: „ziekenhuiscentrum”), inzake de niet-vernieuwing van hun arbeidsovereenkomsten. Toepasselijke bepalingen De gemeenschapsregeling 3       Volgens clausule 1 ervan „[is] [h]et doel van [de] raamovereenkomst [...]: a)       de kwaliteit van arbeid voor bepaalde tijd te verbeteren door de toepassing van het non-discriminatiebeginsel te waarborgen; b)      een kader vast te stellen om misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen”. 4       Clausule 2, punt 1, van de raamovereenkomst bepaalt dat deze „van toepassing [is] op werknemers met een contract voor bepaalde tijd die werken uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding, als omschreven bij wet, collectieve overeenkomsten of gebruiken in iedere lidstaat”. 5       Clausule 5 van de raamovereenkomst luidt: „1.      Teneinde misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen, voeren de lidstaten, na raadpleging van de sociale partners overeenkomstig de nationale wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken, en/of de sociale partners, wanneer er geen gelijkwaardige wettelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik bestaan, op een wijze die rekening houdt met de behoeften van bepaalde sectoren en/of categorieën werknemers, een of meer van de volgende maatregelen in: a)      vaststelling van objectieve redenen die een vernieuwing van dergelijke overeenkomsten of verhoudingen rechtvaardigen; b)      vaststelling van de maximale totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd; c)      vaststelling van het aantal malen dat dergelijke overeenkomsten of verhoudingen mogen worden vernieuwd. 2.      De lidstaten, na raadpleging van de sociale partners, en/of, waar nodig, de sociale partners bepalen onder welke voorwaarden arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd: a)      als ‚opeenvolgend’ worden beschouwd; b)      geacht worden voor onbepaalde tijd te gelden.” 6       Volgens artikel 2, eerste alinea, van richtlijn 1999/70 moesten de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 10 juli 2001 aan deze richtlijn te voldoen. De nationale regeling 7       De nationale wetgever heeft bij wet nr. 422 van 29 december 2000 houdende bepalingen ter vervulling van de verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap van Italië van de Europese Gemeenschappen – Communautaire wet 2000 (gewone bijlage bij GURI nr. 16 van 20 januari 2001; hierna: „wet nr. 422/2000”) de Italiaanse regering gemachtigd om de noodzakelijke wetgevende decreten vast te stellen voor de omzetting van de in de bijlagen A en B bij deze wet bedoelde gemeenschapsrichtlijnen. In bijlage B wordt met name richtlijn 1999/70 vermeld. 8       Artikel 2, lid 1, sub b, van wet nr. 422/2000 bepaalt inzonderheid dat „om onverenigbaarheid te voorkomen met de regels die gelden op de verschillende gebieden die worden geraakt door de uit te voeren regeling [...] de betrokken regels in voorkomend geval [worden] gewijzigd of aangevuld [...]”, en volgens sub f „waarborgen de wetgevende decreten in elk geval dat, op de door de uit te voeren richtlijnen behandelde gebieden, de vastgestelde regels volledig stroken met de voorschriften van de richtlijnen in kwestie [...]”. 9       Op 6 september 2001 heeft de Italiaanse regering op basis van artikel 2, lid 1, sub f, van wet nr. 422/2000 wetgevend decreet nr. 368 vastgesteld, inzake de uitvoering van richtlijn 1999/70/EG betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (GURI nr. 235 van 9 oktober 2001, blz. 4; hierna: „wetgevend decreet nr. 368/2001”). 10     Artikel 1, lid 1, van wetgevend decreet nr. 368/2001 bepaalt dat „een termijn mag worden gesteld aan de duur van de arbeidsovereenkomst om redenen van technische, productieve, organisatorische aard of van vervanging van werknemers”. 11     Krachtens artikel 4, lid 1, van wetgevend decreet nr. 368/2001 kan de duur van de arbeidsovereenkomst één keer worden verlengd wanneer de aanvankelijke duur ervan korter was dan drie jaar, „op voorwaarde dat dit gebeurt om objectieve redenen en dit betrekking heeft op hetzelfde werk als dat waarvoor in de arbeidsovereenkomst een bepaalde tijd werd vastgelegd”. In dat geval mag de totale duur van de genoemde overeenkomst evenwel niet langer zijn dan drie jaar. 12     Artikel 5 van wetgevend decreet nr. 368/2001, „Verstrijken van de termijn en sancties. Opeenvolgende overeenkomsten”, bepaalt: „1.      Indien de arbeidsverhouding wordt voortgezet na het verstrijken van de aanvankelijk vastgestelde of nadien overeenkomstig artikel 4 verlengde termijn, moet de werkgever voor elke dag dat de arbeidsverhouding wordt voortgezet het salaris van de werknemer verhogen met 20 % per dag tot en met de tiende dag en met 40 % voor elke dag daarna. 2.      Indien de arbeidsverhouding in het geval van arbeidsovereenkomsten van minder dan zes maanden na de twintigste dag of in de andere gevallen na de dertigste dag wordt voortgezet, dan geldt de arbeidsovereenkomst bij het verstrijken van de genoemde termijnen als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 3.      Wanneer de werknemer binnen tien dagen na afloop van een arbeidsovereenkomst van maximaal zes maanden of binnen twintig dagen na afloop van een arbeidsovereenkomst van meer dan zes maanden opnieuw wordt aangesteld voor bepaalde tijd in de zin van artikel 1, dan geldt de tweede arbeidsovereenkomst als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 4.      Bij twee opeenvolgende aanstellingen voor bepaalde tijd, waaronder aanstellingen worden verstaan die zonder onderbrekingen plaatsvinden, geldt de arbeidsverhouding als voor onbepaalde tijd tot stand gekomen vanaf de sluiting van de eerste arbeidsovereenkomst.” 13     Artikel 10 van wetgevend decreet nr. 368/2001 bevat een lijst van gevallen waarop de nieuwe regeling inzake de overeenkomsten voor bepaalde tijd niet van toepassing is. Geen enkel daarvan betreft de sector van de overheidsdienst. 14     Wetgevend decreet nr. 368/2001 is volgens de verwijzende rechter op 21 september 2001 in werking getreden. Artikel 11, lid 1, ervan preciseert dat „met ingang van de inwerkingtreding van het onderhavige wetgevend decreet worden ingetrokken [...] alle wettelijke bepalingen die hoe dan ook onverenigbaar zijn en in het onderhavige wetgevend decreet niet uitdrukkelijk zijn vermeld”. Lid 3 van het genoemde artikel voegt hieraan toe dat „ter uitvoering van de voorheen geldende regeling gesloten individuele arbeidsovereenkomsten tot de afloop daarvan blijven gelden”. 15     Bovendien bepaalt artikel 36 van wetgevend decreet nr. 165 van 30 maart 2001 houdende algemene bepalingen inzake de regeling van het werk van de werknemers in overheidsdienst (gewone bijlage bij GURI nr. 106 van 9 mei 2001; hierna: „wetgevend decreet nr. 165/2001”): „1.      Met inachtneming van de bepalingen inzake de aanwerving van personeel in de zin van de voorgaande leden, maken de overheidsorganen gebruik van de flexibele vormen van overeenkomsten voor de aanstelling en de tewerkstelling van het personeel als voorzien bij het Burgerlijk Wetboek en de wetten inzake de arbeidsverhoudingen in loondienst in de onderneming. De nationale collectieve arbeidsovereenkomsten regelen het gebied van de overeenkomsten voor bepaalde tijd, de opleidings‑ en arbeidsovereenkomsten, de andere opleidingsverhoudingen en het verrichten van tijdelijke arbeid [...] 2.      In elk geval kan schending van dwingende bepalingen betreffende de aanstelling of de tewerkstelling van werknemers door de overheidsorganen niet leiden tot de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met die overheidsorganen, ongeacht het bestaan van aansprakelijkheid en sancties. De betrokken werknemer heeft aanspraak op vergoeding van de schade die het gevolg is van arbeid in strijd met dwingende bepalingen. De overheidsorganen zijn verplicht de als zodanig betaalde bedragen terug te vorderen van de verantwoordelijke bestuurders, wanneer de schending aan opzet of aan een ernstige fout te wijten is.” 16     De verwijzende rechter benadrukt dat de Corte costituzionale (Italiaans grondwettelijk hof) in haar arrest nr. 89 van 13 maart 2003 heeft geoordeeld dat artikel 36, lid 2, eerste volzin, van wetgevend decreet nr. 165/2001 in overeenstemming is met de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en behoorlijk bestuur, die respectievelijk worden geformuleerd in de artikelen 3 en 97 van de Italiaanse grondwet. De Corte costituzionale heeft zich op het standpunt gesteld dat wanneer er een onregelmatigheid wordt vastgesteld bij het sluiten van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd, werknemers in de particuliere sector en werknemers in overheidsdienst verschillend mogen worden behandeld op grond van het fundamentele beginsel volgens hetwelk de toegang tot betrekkingen bij overheidsorganen krachtens artikel 97, derde alinea, van die grondwet bij wege van vergelijkend onderzoek plaatsvindt. Hoofdgeding en prejudiciële vraag 17     Verzoekers in het hoofdgeding waren door het ziekenhuiscentrum tewerkgesteld als technisch medewerker/kok op grond van een reeks opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd, waarvan de laatste werden gesloten in januari 2002 voor een duur van zes maanden. 18     Deze aanstellingen hadden plaatsgevonden op basis van een lijst van geschikte kandidaten die was opgesteld na afloop van een openbaar vergelijkend onderzoek dat het ziekenhuiscentrum in 1998 had uitgeschreven voor de tijdelijke aanstelling van „technische medewerkers/koks”, waaraan verzoekers in het hoofdgeding met goed gevolg hadden deelgenomen. 19     De laatste overeenkomsten voor bepaalde tijd, die afliepen in juli 2002, werden niet vernieuwd door het ziekenhuiscentrum, dat verzoekers in het hoofdgeding formeel ontsloeg toen zij op de dag dat hun respectieve overeenkomsten afliepen op hun werk verschenen. 20     Verzoekers in het hoofdgeding hebben het ontslagbesluit aangevochten voor het Tribunale di Genova; zij vorderden in de eerste plaats vaststelling, op basis van wetgevend decreet nr. 368/2001, van het bestaan van met het ziekenhuiscentrum gesloten arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd vanaf de aanvangsdatum van de eerste arbeidsverhoudingen die bestonden ten tijde van de inwerkingtreding van dit wetgevend decreet, en in de tweede plaats veroordeling van dit centrum tot betaling van de verschuldigde salarissen en tot vergoeding van de geleden schade. 21     In casu stelt de verwijzende rechter voor elk van de bij hem aanhangige zaken vast dat er acht dagen zijn verstreken tussen het tijdstip waarop de voorlaatste met het ziekenhuiscentrum gesloten overeenkomst is afgelopen en het tijdstip waarop de laatste overeenkomst met dit centrum is gesloten. Artikel 5, lid 3, van wetgevend decreet nr. 368/2001 bepaalt echter dat wanneer een werknemer „binnen tien dagen na afloop van een arbeidsovereenkomst van maximaal zes maanden” opnieuw wordt aangesteld voor bepaalde tijd, de tweede arbeidsovereenkomst dan automatisch geldt als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 22     Het ziekenhuiscentrum betoogt dat artikel 5 van wetgevend decreet nr. 368/2001 in casu niet van toepassing is, daar artikel 36 van wetgevend decreet nr. 165/2001 de overheid verbiedt om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd te sluiten. 23     De verwijzende rechter merkt op dat de raamovereenkomst geen enkele sector aanduidt die van de werkingssfeer ervan zou kunnen worden uitgesloten, behalve bepaalde leerovereenkomsten of arbeidsverhoudingen bedoeld in clausule 2, punt 2, van deze raamovereenkomst, die evenwel geen verband houden met de aan deze rechter voorgelegde zaak. Bovendien heeft wet nr. 422/2000, waarbij de regering is gemachtigd om richtlijn 1999/70 uit te voeren, in geen enkele beperking voorzien inzake de toepassing ervan op de overheidsdiensten. Wetgevend decreet nr. 368/2001 bevat inderdaad geen enkele beperking van dien aard. Van latere datum dan wetgevend decreet nr. 165/2001, heeft het zelfs uitdrukkelijk „alle wettelijke bepalingen die hoe dan ook onverenigbaar zijn en in het onderhavige wetgevend decreet niet uitdrukkelijk zijn vermeld”, ingetrokken. 24     De verwijzende rechter vraagt zich af of artikel 36, lid 2, eerste zin, van wetgevend decreet nr. 165/2001 verenigbaar is met het gemeenschapsrecht, voor zover deze zin met betrekking tot de gevolgen van een schending van dwingende bepalingen betreffende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een zeer duidelijk onderscheid daartussen maakt al naargelang zij werden gesloten met overheidsdiensten of met werkgevers uit de particuliere sector. Hij merkt dienaangaande op dat de bescherming bij wege van, in het nationale recht algemene, schadevergoeding niet gelijkwaardig kan worden geacht aan de bescherming die voortvloeit uit het herstel in de vroegere betrekking, gelet op met name de kwesties van de bewijslast van de schade waarmee de betrokken werknemers worden geconfronteerd. De laatstgenoemde vorm van bescherming beantwoordt beter aan de noodzaak om eventuele misbruiken te voorkomen van een werkgever die opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd sluit. 25     In deze omstandigheden heeft het Tribunale di Genova besloten de behandeling van de zaken te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen: „Moet richtlijn 1999/70/EG (artikel 1, alsmede clausule 1, sub b, en clausule 5 van de [...] raamovereenkomst [...]) aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale regeling (die reeds vóór de omzetting van de richtlijn gold), die onderscheid maakt tussen met de overheid gesloten arbeidsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten met particuliere werkgevers door eerstgenoemde overeenkomsten uit te sluiten van de bescherming door de totstandkoming van een arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd bij schending van dwingende bepalingen inzake opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd?” Beantwoording van de prejudiciële vraag Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing Bij het Hof ingediende opmerkingen 26     Het ziekenhuiscentrum is van mening dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is, aangezien richtlijn 1999/70 – gelet op het feit dat richtlijnen geen horizontale rechtstreekse werking hebben – niet rechtstreeks van toepassing is op het hoofdgeding, daar het ziekenhuiscentrum noch onder de Italiaanse staat, noch onder een ministerie valt. Het is een autonome instelling met eigen bestuurders, die in het kader van hun beheer verplicht zijn om de nationale rechtsregels toe te passen, welke zij niet in twijfel kunnen trekken en waarvan zij niet kunnen afwijken. 27     De Italiaanse regering stelt eveneens dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is. Zij is enerzijds van mening dat dit verzoek zuiver hypothetisch is, daar het voor de verwijzende rechter – die bij uitsluiting bevoegd is voor de uitlegging van de nationale rechtsregels – vaststaat dat artikel 5 van wetgevend decreet nr. 368/2001, dat afwijkt van artikel 36 van wetgevend decreet nr. 165/2001, van toepassing is op het hoofdgeding. 28     Anderzijds is zij van mening dat dit verzoek niet relevant is voor de oplossing van het hoofdgeding, daar de eerste overeenkomsten werden gesloten vóór de afloop van de termijn voor de omzetting van richtlijn 1999/70, te weten 10 juli 2001. Beoordeling door het Hof 29     Aangaande op de eerste plaats de door het ziekenhuiscentrum aangevoerde exceptie van niet-ontvankelijkheid, volstaat de vaststelling dat uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de nationale rechter als vaststaand aanneemt dat dit centrum een met de overheid verbonden instelling van de openbare sector is. Volgens vaste rechtspraak kan een richtlijn niet enkel tegenover de autoriteiten van de staat worden ingeroepen, maar eveneens tegenover lichamen of entiteiten die onder gezag of toezicht van de staat staan of die over bijzondere bevoegdheden beschikken die verder gaan dan die welke voortvloeien uit de regels die in de betrekkingen tussen particulieren gelden, zoals territoriale overheden of lichamen die, ongeacht hun rechtsvorm, krachtens een overheidsmaatregel zijn belast met de uitvoering, onder toezicht van de overheid, van een dienst van openbaar belang (arresten van 22 juni 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Jurispr. blz. 1839, punt 31; 12 juli 1990, Foster e.a., C‑188/89, Jurispr. blz. I‑3313, punt 19, alsmede 5 februari 2004, Rieser Internationale Transporte, C‑157/02, Jurispr. blz. I‑1477, punt 24). 30     Derhalve kan die exceptie van niet-ontvankelijkheid in casu niet worden aanvaard. 31     Aangaande op de tweede plaats de eerste door de Italiaanse regering aangevoerde exceptie van niet-ontvankelijkheid, dient te worden vastgesteld dat het blijkens de rechtspraak in het kader van een krachtens artikel 234 EG ingeleide procedure stellig niet aan het Hof staat om zich uit te spreken over de uitlegging van het nationale recht of over de verenigbaarheid van bepalingen van nationaal recht met het gemeenschapsrecht (zie met name arresten van 19 maart 1964, Unger, 75/63, Jurispr. blz. 369, 388, en 8 september 2005, Yonemoto, C‑40/04, Jurispr. blz. I‑7755, punt 27). 32     Er dient evenwel aan te worden herinnerd dat het volgens vaste rechtspraak in het kader van de in hetzelfde artikel van het EG-Verdrag neergelegde samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof, uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen, als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. Wanneer de vragen betrekking hebben op de uitlegging van het gemeenschapsrecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (zie met name arresten van 15 december 1995, Bosman, C‑415/93, Jurispr. blz. I‑4921, punt 59, en 10 november 2005, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, C‑316/04, Jurispr. blz. I‑9759, punt 29). 33     Slechts in uitzonderlijke gevallen staat het aan het Hof om, ter toetsing van zijn eigen bevoegdheid, een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder het door de nationale rechter is geadieerd (zie in die zin arrest van 16 december 1981, Foglia, 244/80, Jurispr. blz. 3045, punt 21). Het Hof kan slechts weigeren een uitspraak te doen op een prejudiciële vraag van een nationale rechter wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het gemeenschapsrecht geen enkel verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of wanneer het Hof niet beschikt over de feitelijke of juridische gegevens die voor hem noodzakelijk zijn om een nuttig antwoord te geven op de gestelde vragen (zie met name reeds aangehaalde arresten Bosman, punt 61, en Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, punt 30). 34     In casu kan echter niet op goede gronden worden betoogd dat de uitlegging van richtlijn 1999/70 geen enkel verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of dat het vraagstuk van hypothetische aard is, aangezien die uitlegging, waarom de verwijzende rechter verzoekt, juist ertoe strekt om hem in staat te stellen te antwoorden op een vraag inzake de verenigbaarheid van een bepaling van het nationale recht met deze richtlijn. 35     Deze exceptie van niet-ontvankelijkheid dient dus eveneens te worden verworpen. 36     Aangaande op de derde plaats de tweede door de Italiaanse regering aangevoerde exceptie van niet-ontvankelijkheid, volstaat de vaststelling dat uit richtlijn 1999/70, waarvan de omzettingstermijn op 10 juli 2001 is verstreken, blijkt dat deze beoogt om misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen en dat de bepalingen ervan hoofdzakelijk betrekking hebben op de vernieuwing van overeenkomsten voor bepaalde tijd alsmede de voorwaarden waaraan een dergelijke vernieuwing is onderworpen. De in het hoofdgeding aan de orde zijnde overeenkomsten werden op 10 respectievelijk 11 januari 2002 vernieuwd, dus na de datum waarop de genoemde richtlijn moest zijn omgezet in het nationale recht. In deze omstandigheden kan niet op goede gronden staande worden gehouden dat de uitlegging van deze richtlijn irrelevant is voor de oplossing van de aan de verwijzende rechter voorgelegde geschillen. 37     Uit de voorafgaande overwegingen volgt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk is. Ten gronde 38     Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de raamovereenkomst aldus dient te worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale regeling die in geval van misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd door een werkgever uit de openbare sector, uitsluit dat deze worden omgezet in arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor onbepaalde tijd, hoewel een dergelijke omzetting wel is voorzien voor arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen die zijn aangegaan met een werkgever uit de particuliere sector. 39     Voor een antwoord op deze vraag moet allereerst worden opgemerkt dat richtlijn 1999/70 en de raamovereenkomst, anders dan de Italiaanse regering ter terechtzitting heeft betoogd, toepassing kunnen vinden op arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd die met overheidsdiensten en andere entiteiten van de openbare sector zijn aangegaan (arrest van 4 juli 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 54). 40     Niets in die twee handelingen wijst er namelijk op dat enkel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen werknemers en werkgevers uit de particuliere sector binnen de werkingssfeer ervan zouden vallen (arrest Adeneler e.a., reeds aangehaald, punt 55). 41     Integendeel, in de eerste plaats volgt uit de bewoordingen van clausule 2, punt 1, van de raamovereenkomst dat de werkingssfeer van die overeenkomst ruim is opgevat, nu zij in het algemeen geldt voor „werknemers met een contract voor bepaalde tijd die werken uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding, als omschreven bij wet, collectieve overeenkomsten of gebruiken in iedere lidstaat”. Bovendien omvat de definitie in clausule 3, punt 1, van de raamovereenkomst van het begrip „werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd” in de zin van die overeenkomst alle werknemers, zonder onderscheid naar de openbare dan wel particuliere aard van hun werkgever (arrest Adeneler e.a., reeds aangehaald, punt 56). 42     In de tweede plaats sluit clausule 2, punt 2, van de raamovereenkomst arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd met een werkgever uit de openbare sector niet uit, maar maakt zij het de lidstaten en/of sociale partners enkel mogelijk „leerovereenkomsten en het leerlingwezen” en arbeidsovereenkomsten en ‑verhoudingen „die zijn gesloten in het kader van een speciaal door of met steun van de overheid uitgevoerd opleidings‑, arbeidsinpassings‑ en omscholingsprogramma”, aan de werkingssfeer van deze raamovereenkomst te onttrekken (arrest Adeneler e.a., reeds aangehaald, punt 57). 43     Er moet eveneens aan worden herinnerd dat de raamovereenkomst, zoals blijkt uit clausule 1, sub b, ervan, tot doel heeft om een kader vast te stellen om misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te voorkomen. 44     Daartoe verplicht clausule 5, punt 1, van de raamovereenkomst de lidstaten om in hun rechtsorde minstens één van de in punt 1, sub a tot en met c, ervan opgesomde maatregelen in te voeren, wanneer in de betrokken lidstaat nog geen gelijkwaardige wettelijke voorschriften bestaan om het misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd efficiënt te voorkomen (arrest Adeneler e.a., reeds aangehaald, punt 65). 45     Er moet evenwel op worden gewezen dat de genoemde bepaling, zoals blijkt uit de bewoordingen ervan, de lidstaten de mogelijkheid toekent om, voor zover dit objectief wordt gerechtvaardigd, rekening te houden met de bijzondere behoeften van bepaalde sectoren en/of de categorieën werknemers in kwestie. 46     Het is juist dat clausule 5, punt 2, van de raamovereenkomst de lidstaten niet uitdrukkelijk dezelfde mogelijkheid toekent inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd moeten worden geacht voor onbepaalde tijd te gelden. 47     Aangezien die bepaling de lidstaten niet in het algemeen de verplichting oplegt om te voorzien in de omzetting van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, en daarin al evenmin in bijzonderheden de voorwaarden zijn vastgesteld waaronder gebruik kan worden gemaakt van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (arrest Adeneler e.a., reeds aangehaald, punt 91), laat zij de lidstaten op dit gebied evenwel een zekere beoordelingsvrijheid. 48     Bijgevolg staat clausule 5 van de raamovereenkomst er als zodanig niet aan in de weg dat een lidstaat het misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd verschillend behandelt, al naargelang de genoemde overeenkomsten of verhoudingen werden aangegaan met een werkgever uit de particuliere sector of een werkgever uit de openbare sector. 49     Zoals blijkt uit punt 105 van voormeld arrest Adeneler e.a., kan een nationale regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die enkel voor de openbare sector voorziet in een verbod van omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd, evenwel alleen in overeenstemming met de raamovereenkomst worden geacht, wanneer de interne rechtsorde van de betrokken lidstaat voor de betrokken sector voorziet in een andere effectieve maatregel ter voorkoming, en in voorkomend geval ter bestraffing, van het misbruik van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd. 50     Aangaande deze laatste voorwaarde dient erop te worden gewezen dat clausule 5, punt 1, van de raamovereenkomst de lidstaten verplicht om op efficiënte en dwingende wijze minstens één van de in deze bepaling opgesomde maatregelen in te voeren, die misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd beogen te voorkomen, wanneer er in het nationale recht niet reeds gelijkwaardige maatregelen bestaan. 51     Wanneer, zoals in casu, het gemeenschapsrecht niet voorziet in specifieke sancties voor het geval dat toch misbruiken worden vastgesteld, staat het bovendien aan de nationale overheidsinstanties om, teneinde het hoofd te bieden aan een dergelijke situatie, passende maatregelen vast te stellen, die niet alleen evenredig moeten zijn, maar eveneens voldoende effectief en afschrikkend om ervoor te zorgen dat de krachtens de raamovereenkomst vastgestelde normen hun volle uitwerking krijgen (arrest Adeneler e.a., reeds aangehaald, punt 94). 52     Hoewel de wijze waarop dergelijke normen ten uitvoer worden gelegd krachtens het beginsel van de procedurele autonomie van de lidstaten een zaak is van de interne rechtsorde van die staten, mag zij echter niet ongunstiger zijn dan die voor vergelijkbare vorderingen op basis van nationaal recht (gelijkwaardigheidsbeginsel) en mag zij evenmin de uitoefening van de door de communautaire rechtsorde verleende rechten in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken (effectiviteitsbeginsel) (zie met name arrest van 14 december 1995, Peterbroeck, C‑312/93, Jurispr. blz. I‑4599, punt 12, alsmede arrest Adeneler e.a., reeds aangehaald, punt 95). 53     Hieruit vloeit voort dat wanneer een misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft plaatsgevonden, er een maatregel moet kunnen worden toegepast die voorziet in effectieve en op het vlak van de werknemersbescherming gelijkwaardige garanties, teneinde dit misbruik naar behoren te bestraffen en de gevolgen van de schending van het gemeenschapsrecht ongedaan te maken. Volgens de tekst zelf van artikel 2, eerste alinea, van richtlijn 1999/70 moeten de lidstaten immers „alle nodige maatregelen treffen om de in deze richtlijn voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen” (arrest Adeneler e.a., reeds aangehaald, punt 102). 54     Het staat niet aan het Hof om uitspraak te doen over de uitlegging van het nationale recht; deze uitlegging is uitsluitend een taak van de verwijzende rechter, die in het onderhavige geval dient vast te stellen of de bepalingen van de relevante nationale regeling voldoen aan de in de drie voorgaande punten genoemde vereisten. Het Hof kan echter in zijn prejudiciële beslissing in voorkomend geval preciseringen geven teneinde de nationale rechterlijke instantie bij haar beoordeling te leiden (zie arrest van 21 februari 2006, Halifax e.a., C‑255/02, Jurispr. blz. I‑1609, punten 76 en 77). 55     Dienaangaande moet worden opgemerkt dat een nationale regeling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die voorziet in dwingende voorschriften inzake de duur en de vernieuwing van overeenkomsten voor bepaalde tijd, alsmede in het recht op vergoeding van de schade die de werknemer heeft geleden door het misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd door de overheid, op het eerste gezicht lijkt te voldoen aan de in de punten 51 tot en met 53 van het onderhavige arrest genoemde vereisten. 56     Het staat evenwel aan de verwijzende rechter om te beoordelen in hoeverre artikel 36, lid 2, eerste zin, van wetgevend decreet nr. 165/2001, gelet op de voorwaarden voor de toepassing alsook de daadwerkelijke uitvoering ervan, een passende maatregel is ter voorkoming, en in voorkomend geval ter bestraffing, van het misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd door de overheid. 57     Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat de raamovereenkomst aldus moet worden uitgelegd dat zij in beginsel niet in de weg staat aan een nationale regeling die in geval van misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd door een werkgever uit de openbare sector, uitsluit dat deze worden omgezet in arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor onbepaalde tijd, hoewel een dergelijke omzetting wel is voorzien voor arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen die zijn aangegaan met een werkgever uit de particuliere sector, wanneer deze regeling voorziet in een andere effectieve maatregel ter voorkoming, en in voorkomend geval ter bestraffing, van misbruik van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd door een werkgever uit de openbare sector. Kosten 58     Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht: De op 18 maart 1999 gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die is opgenomen in de bijlage bij richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, dient aldus te worden uitgelegd dat zij in beginsel niet in de weg staat aan een nationale regeling die in geval van misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd door een werkgever uit de openbare sector, uitsluit dat deze worden omgezet in arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor onbepaalde tijd, hoewel een dergelijke omzetting wel is voorzien voor arbeidsovereenkomsten en arbeidsverhoudingen die zijn aangegaan met een werkgever uit de particuliere sector, wanneer deze regeling voorziet in een andere effectieve maatregel ter voorkoming, en in voorkomend geval ter bestraffing, van misbruik van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd door een werkgever uit de openbare sector. ondertekeningen * Procestaal: Italiaans.

62004TJ0200

et

Taotlus tühistada komisjoni 16. märtsi 2004. aasta otsus K(2004) 471 lõplik, mis käsitleb abikorda, mida Itaalia kavatseb rakendada, et hüvitada tootmis- ja turustamisühistutele lammaste limaskestapalavikuga (blue tongue) tekitatud kahju (Sardiinia maakonna 17. novembri 2000. aasta seaduse nr 22 artikkel 5). Resolutiivosa 1. Jätta hagi rahuldamata. 2. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

62006TJ0214

hu

Az ítélet indoklása A jogvita előzményei 1. Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/F/38.645 – „metakrilátok”-ügy) 2006. május 31-én hozott C(2006) 2098 végleges bizottsági határozatban (a továbbiakban: megtámadott határozat) az Európai Közösségek Bizottsága többek között megállapította, hogy néhány vállalkozás megsértette az EK 81. cikket és az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás 53. cikkét azzal, hogy 1997. január 23. és 2002. szeptember 12. között különböző időszakokban versenyellenes megállapodások és összehangolt magatartások összességében vett részt a metakrilátok ágazatában az EGT egész területén (a megtámadott határozat 1. cikke). 2. A megtámadott határozat szerint egységes és folyamatos jogsértés történt, amely a következő három polimetilmetakrilát termékre (a továbbiakban: PMMA) terjedt ki: a fröccsöntőkeverékek, lemezek és szaniterek. A megtámadott határozatból kiderül, hogy e három PMMA-termék mind fizikailag, mind pedig kémiailag eltér egymástól, és különböző a felhasználásuk is, azonban közös nyersanyaguk, a metilmetakrilát (a továbbiakban: MMA) miatt egy és ugyanazon homogén termékcsoportnak tekinthetők (a megtámadott határozat (4)–(8) preambulumbekezdése). 3. A megtámadott határozat szerint a szóban forgó jogsértés a következőkből állt: árakra vonatkozó tárgyalások, valamint ármegállapodások megkötése, végrehajtása és felügyelete áremelések vagy legalábbis a fennálló árszint stabilizálása céljából, a kiegészítő szolgáltatások költsége vevőkre való áthárításának vizsgálata, kereskedelmi szempontból fontos és bizalmas piaci és/vagy a vállalkozásokra vonatkozó információk cseréje, valamint rendszeres találkozókon való részvétel és egyéb, a jogsértés megkönnyítését célzó kapcsolatok fenntartása (a megtámadott határozat 1. cikke és (1)–(3) preambulumbekezdése). 4. A megtámadott határozat címzettje volt a Degussa AG, a Röhm GmbH & Co. KG, a Para-Chemie GmbH (a továbbiakban együtt: Degussa), a Total SA, az Elf Aquitaine SA, az Arkema SA (korábban Atofina SA), az Altuglas International SA, az Altumax Europe SAS (a továbbiakban együtt: Atofina), a Lucite International Ltd, a Lucite International UK Ltd (a továbbiakban együtt: Lucite), a Quinn Barlo Ltd, a Quinn Plastics NV, a Quinn Plastics GmbH (a továbbiakban együtt: Barlo), valamint a felperes, az Imperial Chemical Industries Ltd (korábban Imperial Chemical Industries plc). 5. A felperes az Imperial Chemical Industries csoport anyavállalata és különleges vegyipari termékek gyártója. A megtámadott határozatban említett termékek gyártásával és értékesítésével 1990-ben a csoporton belül az ICI Acrylicst bízták meg, amely nem társaság, hanem különálló kereskedelmi egység volt. Az 1999. október 3-án kötött szerződéssel az ICI Acrylics tevékenységeit és eszközeit eladták az Ineos Acrylics UK Parent Co.2 Ltd és az Ineos Acrylics UK Trader Ltd számára, amelyekből később a Lucite International Holdings Ltd, illetve a Lucite International UK Ltd lett. 6. A megtámadott határozat elfogadásához vezető vizsgálat azt követően indult meg, hogy a Degussa a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok csökkentéséről szóló 2002. február 19-i bizottsági közlemény (HL C 45., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 155. o.; a továbbiakban: engedékenységi közlemény) alapján 2002. december 20-án mentesség iránti kérelmet nyújtott be. 7. A Bizottság 2003. március 25-én és 26-án helyszíni vizsgálatokat folytatott az Atofina, a Barlo, a Degussa és a Lucite helyiségeiben. 8. Az Atofina és a Lucite 2003. április 3-án, illetve július 11-én az engedékenységi közlemény alapján mentesség, illetve a bírság összegének csökkentése iránti kérelmet nyújtott be (a megtámadott határozat (66) preambulumbekezdése). 9. A Bizottság 2003. május 8-i levelében válaszolt a Lucite által feltett kérdésre, hogy ez utóbbi felvegye-e a kapcsolatot a felperessel, és hozzáférést biztosítson-e számára az alkalmazottaihoz és dokumentumaihoz annak érdekében, hogy lehetővé tegye számára védekezésének előkészítését. 10. A Bizottság 2004. július 29-én több vállalkozáshoz, köztük a felpereshez is tájékoztatáskérést intézett az [EK] 81. és [EK] 82. cikkben meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.) 18. cikke alapján. A vizsgálat keretében a felperesnek címzett első bizonyításfelvételről volt szó. 11. A felperes 2004. október 18-án a engedékenységi közlemény alapján a bírság összegének csökkentése iránti kérelmet nyújtott be. A Bizottság 2005. augusztus 11-én arról tájékoztatta, hogy kérelmét elutasította. 12. A Bizottság 2005. augusztus 17-én az MMA-val, a PMMA-fröccsöntőkeverékekkel, a PMMA-lemezekkel és a PMMA-szaniterekkel kapcsolatos, egységes és folyamatos jogsértésre vonatkozóan kifogásközlést fogadott el, amelynek címzettjei között szerepel a felperes és a Lucite. A Bizottság, mivel úgy vélte, hogy az ICI Acrylicsnak az Ineos (később Lucite) részére történő értékesítésére 1999. október 1-jén került sor, a felperesnek betudott jogsértés végének időpontjaként 1999. szeptember 30-át állapította meg. 13. A felperes a kifogásközlésre 2005. november 4-én válaszolt. 14. 2005. december 15-én és 16-án meghallgatást tartottak. 15. A Lucite a 2006. február 10-i levelében a Bizottság kérésére válaszolva felvilágosítással szolgált az ICI Acrylics megvásárlásának időpontját illetően. 16. A Bizottság a 2006. február 13-i levelében megküldte a felperesnek a fenti 15. pontban említett levelet, hogy az megtehesse észrevételeit. 17. A felperes a beavatkozási beadványokra vonatkozó észrevételeit 2010. március 22-én terjesztette elő. 18. A Bizottság 2006. május 31-én elfogadta a megtámadott határozatot. A Bizottság abban elállt a kifogásközlésben felhozott kifogások közül néhánytól, különösen a jogsértés MMA-ra vonatkozó ágát illetően az összes érintett társasággal szemben felhozott kifogásoktól (a megtámadott határozat (93) preambulumbekezdése). 19. A megtámadott határozat 1. cikkének i) pontja kimondja, hogy a felperes az 1997. január 23-tól 1999. november 1-jéig terjedő időszakban részt vett a fenti 2. és 3. pontban leírt jogsértésben. 20. A Bizottság különösen úgy vélte, hogy a felperes az a jogi személy, amelynek a tényállás megvalósulásának időszakában a kérdéses jogsértést elkövető kereskedelmi egység, azaz az ICI Acrylics a részét képezte. Következésképpen a Bizottság megállapította, hogy a felperest kell az EK 81. cikk alkalmazásában a kérdéses összejátszásra irányuló magatartásokban részt vevő vállalkozásnak tekinteni, tehát a megtámadott határozatot neki kell címezni (a megtámadott határozat (288)–(290) preambulumbekezdése). 21. A felperesnek betudott jogsértés időszaka végének időpontját illetően a Bizottság kimondta, hogy a Lucite kifogásközlésre adott válaszára tekintettel a felelősségnek a felperes és a Lucite közötti megosztása érdekében 1999. november 2-át vette alapul, amely időpontban az ICI Acrylics feletti tulajdonjogot átruházták (a megtámadott határozat (291) preambulumbekezdése). Következésképpen a felperesnek betudott jogsértés végének időpontjaként 1999. november 1-jét vette alapul, hozzátéve, hogy a kifogásközléshez képest e módosítás nincs hatással a bírság összegére (a megtámadott határozat (292) preambulumbekezdése). 22. A megtámadott határozat 2. cikkének c) pontja a felperessel szemben 91 406 250 euró bírságot szab ki. 23. A bírság összegének kiszámítását illetően a Bizottság elsőként a jogsértés súlyát vizsgálta meg, és először is megállapította, hogy a jogsértés jellegére, és azon tényre tekintettel, hogy a jogsértés az EGT egész területére kiterjedt, a 17. rendelet 15. cikkének (2) bekezdése és az [ESZAK] 65. cikk (5) bekezdése alapján kiszabott bírság megállapításának módszeréről szóló iránymutatás (HL 1998. C 9., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 171. o.; a továbbiakban: iránymutatás) értelmében vett különösen súlyos jogsértésről van szó (a megtámadott határozat (319)–(331) preambulumbekezdése). 24. Ezt követően úgy vélte, hogy a különösen súlyos jogsértések kategóriájában lehetőség van arra, hogy a vállalkozások eltérő bánásmódban részesüljenek, figyelembe véve a jogsértőknek azt a tényleges gazdasági képességét, hogy a versenyben jelentős kárt okozzanak. E tekintetben megállapította, hogy a jelen ügyben az érintett vállalkozások „a kartellben való részvételükkel érintett PMMA-termékek értékesítésével elért forgalmuk súlya alapján [három] kategóriába sorol[hatók]”, és az e termékekkel 2000-ben az EGT-ben elért forgalmat vette alapul. A Bizottság a felperest és a Lucite-ot a Lucite által 2000-ben a három érintett PMMA-termékkel elért forgalomra (105,98 millió euró) tekintettel a második kategóriába sorolta, és bírságaik kiindulási összegét 32,5 millió euróban állapította meg (a megtámadott határozat (332)–(336) preambulumbekezdése). 25. Egyébiránt a Bizottság kimondta, hogy a különösen súlyos jogsértések kategóriájában a kiszabható bírságok sávja lehetővé teszi továbbá az egyes vállalkozások méretére és gazdasági erejére figyelemmel a bírságok összegének olyan szinten való megállapítását, amely biztosítja, hogy azoknak kellő elrettentő hatása legyen. A felperes 2005-ben elért teljes forgalmára (8,49 milliárd euró) figyelemmel a Bizottság 1,5-ös szorzótényezőt alkalmazott a bírságának kiindulási összegére, ami az említett összeget 48,75 millió euróra növelte. 26. Másodszor a Bizottság a jogsértés időtartamát vizsgálta meg, és megállapította, hogy – mivel a felperes két év kilenc hónapon keresztül vett részt a jogsértésben – bírságának kiindulási összegét 25%-kal kell növelni. Így a bírságnak a felperes esetében kiszámított alapösszege 60 937 500 euróra emelkedett (a megtámadott határozat (351)–(354) preambulumbekezdése). 27. Harmadszor a Bizottság megvizsgálta súlyosító vagy enyhítő körülmények esetleges fennállását. A felperest illetően a Bizottság – két olyan korábbi határozat fennállására figyelemmel, amelynek a felperes volt a címzettje – megállapította, hogy ez utóbbi visszaesőként ugyanolyan típusú jogsértést követett el, és úgy határozott, hogy bírságának alapösszegét 50%-kal növeli (a megtámadott határozat (355)–(369) preambulumbekezdése). Ezenkívül a Bizottság elutasította a felperes által felhozott enyhítő körülményeket. Következésképpen a bírságának összegét 91 406 250 euróban állapították meg, amely nem haladta meg a forgalmának az 1/2003 rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében megállapított 10%-os felső határát (a megtámadott határozat (372)–(398) preambulumbekezdése). 28. Végül a Bizottság az engedékenységi közleményt alkalmazta, emlékeztetve arra, hogy elutasította a felperesnek az említett közlemény alapján benyújtott kérelmét. Ami az e címen kérelmet benyújtó többi vállalkozást illeti, a Bizottság egyrészről teljes bírságmentességet nyújtott a Degussának, másrészről pedig csökkentette az Atofina és a Lucite bírságának összegét. 29. A felperes kérelmének elutasítására figyelemmel a vele szemben kiszabott bírság végső összegét tehát 91 406 250 euróban állapították meg. Az eljárás és a felek kérelmei 30. A Törvényszék Hivatalához 2006. augusztus 17-én benyújtott keresetlevelével a felperes előterjesztette a jelen keresetet. 31. Az írásbeli szakasz 2007. április 11-én lezárult. 32. Az előadó bíró jelentése alapján a Törvényszék (harmadik tanács) 2011. szeptember 15-én úgy határozott, hogy megnyitja a szóbeli szakaszt, és pervezető intézkedések keretében felkérte a feleket bizonyos kérdések megválaszolására. A felek e kérésnek az előírt határidőn belül eleget tettek. 33. A Törvényszék a 2011. november 8-i tárgyaláson meghallgatta a felek szóbeli előadásait és a feltett kérdéseire adott válaszaikat. A tárgyaláson a felperes a szóbeli előadásának alátámasztása érdekében átadott a Bizottságnak és a Törvényszéknek bizonyos dokumentumokat. A Bizottság e dokumentumok egyikének benyújtásával szemben kifogást hozott fel, és a Törvényszék úgy határozott, hogy azt nem csatolja az ügy irataihoz. A többi dokumentumot az ügy irataihoz csatolták, mivel a Bizottság ezekkel kapcsolatban semmilyen kifogást nem hozott fel. 34. Ezenkívül a tárgyaláson a Törvényszék felkérte a Bizottságot két olyan dokumentum benyújtására, amelyekre az a szóbeli előadásában hivatkozott. Miután a Bizottság e kérésnek az előírt határidőn belül eleget tett, a Törvényszék felkérte a felperest, hogy nyújtsa be az említett dokumentumokkal kapcsolatos esetleges észrevételeit. A felperes ezen észrevételeket az előírt határidőn belül benyújtotta. 35. A szóbeli szakasz 2011. december 15-én lezárult. 36. A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: – semmisítse meg a megtámadott határozat 2. cikkének c) pontját; – másodlagosan a vele szemben kiszabott bírság összegének csökkentése érdekében módosítsa a megtámadott határozat 2. cikkének c) pontját; – a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére. 37. A Bizottság azt kéri, hogy a Törvényszék: – utasítsa el a keresetet mint megalapozatlant; – a felperest kötelezze a költségek viselésére. A jogkérdésről 38. A keresetlevélben a felperes a keresetének alátámasztására öt jogalapra hivatkozott. Az első jogalap a PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően a jogsértés bizonyítékainak elégtelenségén alapul. A második jogalap a bírság „alapösszegére” vonatkozó indokolás hiányán alapul. A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette arra vonatkozó kötelezettségét, hogy az „alapösszeget” megossza a felperes és a Lucite között. A negyedik jogalap a bírság kiindulási összege elrettentés címén való növelésének nem megfelelő jellegén alapul. Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság igazolatlanul tagadta meg a bírság összegének a vele folytatott együttműködés címén való csökkentését. Ezenkívül a tárgyaláson a felperes felhozott egy hatodik, az eljárás túlzott időtartamára alapított jogalapot. A PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően a felperes jogsértésben való részvételére vonatkozó bizonyítékok elégtelenségére alapított, első jogalapról 39. Az első jogalap keretében a felperes azt állítja, hogy a megtámadott határozatban említett termékek egyikét, azaz a PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően nem bizonyított a jogsértésben való részvétele. 40. Amint a keresetlevélben megfogalmazott kérelmekből egyértelműen kitűnik (lásd a fenti 36. pontot), és amint a felperes a Törvényszék írásbeli kérdésére adott válaszában is megerősítette, a jelen jogalap keretében megfogalmazott érvek ellenére a felperes nem kéri a megtámadott határozat 1. cikkének megsemmisítését annyiban, amennyiben az megállapítja a kérdéses jogsértésért való felelősségét. A jelen jogalapra ellenben a megtámadott határozat 2. cikkében kiszabott bírság összegének csökkentésére irányuló kérelmének alátámasztása érdekében hivatkozik. A felperes ugyanis úgy véli, hogy azon tényt, hogy valamely vállalkozás nem vett részt a kartell valamennyi alkotóelemében, figyelembe kell venni a jogsértés súlyának értékelésekor és a bírság összegének meghatározásakor. Véleménye szerint a bírság összegét tehát csökkenteni kell úgy, hogy az tükrözze a PMMA-fröccsöntőkeverékeknek a három érintett termék teljes értékében, illetve forgalmában képviselt arányát (a felperes szerint 44, illetve 36%). 41. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a megtámadott határozat 1. cikke megállapítja a felperes felelősségét „a metakrilátok ágazatában megállapodások és összehangolt magatartások összességében való részvételért”. Az említett határozat indokolásának, és különösen (2) és (222)–(225) preambulumbekezdésének fényében értelmezve (lásd ebben az értelemben a Törvényszék T-201/04. sz., Microsoft kontra Bizottság ügyben 2007. szeptember 17-én hozott ítéletének [EBHT 2007., II-3601. o.] 1258. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot) e rendelkezés megállapítja a felperes azért való felelősségét, hogy a PMMA-fröccsöntőkeverékeket, a PMMA-lemezeket és a PMMA-szanitereket illetően az érintett időszakban egységes és folyamatos jogsértésben vett részt. 42. A felperessel szemben kiszabott bírság összegét e jogsértés súlya alapján határozták meg. Közelebbről a megtámadott határozat (333) preambulumbekezdéséből kitűnik, hogy a felperes bírsága kiindulási összegének meghatározása keretében a Bizottság azt a forgalmat vette figyelembe, amelyet a kartellben való részvétele által érintett PMMA-termékek, tehát a Bizottság szerint valamennyi fent említett termék értékesítésével ért el. 43. Meg kell tehát állapítani, hogy még akkor is, ha a felperes nem kéri a megtámadott határozat 1. cikkének megsemmisítését (lásd a fenti 40. pontot), a jelen jogalap – amennyiben megalapozott – a bírsága összegének, pontosabban kiindulási összegének a csökkentését eredményezi. Ugyanis, amint arra a felperes emlékeztet, azon tényt, hogy valamely vállalkozás nem vett részt a kartell valamennyi alkotóelemében, figyelembe kell venni a jogsértés súlyának értékelésekor és adott esetben a bírság összegének meghatározásakor (a Bíróság C-49/92. P. sz., Bizottság kontra Anic Partecipazioni ügyben 1999. július 8-án hozott ítéletének [EBHT 1999., I-4125. o.] 90. pontja, valamint C-204/00. P., C-205/00. P., C-211/00. P., C-213/00. P., C-217/00. P. és C-219/00. P. sz., Aalborg Portland és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2004. január 7-én hozott ítéletének [EBHT 2004., I-123. o.] 86. pontja). Az ítélkezési gyakorlat szerint ezen értékelést a bírság egyéniesített kiindulási összege megállapításának szakaszában kell elvégezni (a Törvényszék T-18/05. sz., IMI és társai kontra Bizottság ügyben 2010. május 19-én hozott ítéletének [EBHT 2010., II-1769. o.] 164. pontja). 44. Keresetének alátámasztására a felperes lényegében úgy érvel, hogy a PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően azon időszak vonatkozásában, amikor ő az ICI Acrylics tulajdonosa volt, a Bizottság kizárólag egyetlen olyan vállalkozás alá nem támasztott nyilatkozataira támaszkodott, amely mentesség, illetve a bírság összegének csökkentése iránti kérelmet nyújtott be, és arra a tényre, hogy találkozókra került sor. A felperes szerint ezen elemek nem tesznek eleget az ítélkezési gyakorlat által előírt „bizonyítási követelménynek”. 45. Véleménye szerint kizárólag a megtámadott határozat (124) preambulumbekezdésében említett, 1999. október 26-án tartott találkozóra vonatkozó bizonyítékok tehetnek adott esetben eleget az említett „követelménynek”, mivel a Bizottság két, az engedékenységi közlemény alapján kérelmet benyújtó vállalkozásra, valamint az említett találkozóval egy időből származó dokumentumra támaszkodik. Előadja azonban, hogy vele szemben nem lehet e találkozóra hivatkozni, anélkül hogy ne sértenék meg a védelemhez való jogát. A kifogásközlésben ugyanis, amely a felperesnek betudott jogsértés végének időpontjaként 1999. szeptember 30-át állapította meg (lásd a megtámadott határozat (291) pontját), a Bizottság e találkozóra a jogsértés egy másik résztvevőjével, azaz a Lucite-tal szemben hivatkozott. Következésképpen a felperesnek nem volt lehetősége arra, hogy az e találkozóval kapcsolatos állításokkal és bizonyítékokkal szemben megfelelően védekezhessen. 46. Hangsúlyozni kell, hogy a felperes a védelemhez való jogának megsértésére vonatkozó fent említett érvet kizárólag azért hozta fel, mert szerinte az általa elkövetett jogsértés súlyának értékelésekor vele szemben nem lehet az 1999. október 26-i találkozóra és az azzal kapcsolatos bizonyítékokra hivatkozni. Közelebbről a felperes a védelemhez való jogának állítólagos megsértése miatt nem kéri a megtámadott határozat megsemmisítését annyiban, amennyiben őt illetően az a kifogásközlésben megállapított jogsértésnél hosszabb időtartamú jogsértést állapít meg. 47. Ki kell tehát emelni, hogy a felperes védelemhez való joga megsértésének esetleges megállapítása semmilyen következménnyel nem járhat a jelen jogvita kimenetelére, ha bebizonyosodik, hogy a Bizottság által összegyűjtött bizonyítékok – még az 1999. október 26-i találkozótól eltekintve is – elegendőek voltak annak bizonyításához, hogy a felperes részt vett a jogsértésnek a PMMA-fröccsöntőkeverékekre vonatkozó ágában. 48. E körülmények között pergazdaságossági okokból a jelen jogalapot a fent említett találkozó figyelembevétele nélkül célszerű megvizsgálni. 49. E tekintetben ki kell emelni, hogy a megtámadott határozat szerint a szóban forgó egységes és folyamatos jogsértés „egy sor olyan, megállapodásnak vagy összehangolt magatartásnak minősíthető cselekményből [állt], amelyek a három érintett termékre terjedtek ki, és bizonyos, a verseny korlátozását célzó magatartás folyamatos tanúsítását fedték fel” (a megtámadott határozat (222) preambulumbekezdése). A három érintett termékre vonatkozó versenyellenes megállapodásoknak a megtámadott határozat (223) preambulumbekezdésében felsorolt közös jellemzőire figyelemmel a Bizottság úgy vélte, hogy „noha [e három termék] különböző jellemzőkkel bír, és különböző termékpiacokhoz tartozónak tekinthető, elegendő összefüggés áll fenn ahhoz, hogy megállapíthassa, hogy [az említett termékek] gyártói olyan közös tervhez csatlakoztak, amely meghatározta piaci fellépésük irányát, és korlátozta üzleti magatartásukat”. A Bizottság szerint „[a] jogsértés közös tervbe illeszkedő és egyetlen gazdasági célt követő, azaz az EGT-ben a három PMMA-termék árai rendes alakulásának elkerülését célzó magatartások összességében állt” (a megtámadott határozat (224) preambulumbekezdése). 50. A megtámadott határozat (223) preambulumbekezdésében említett „közös jellemzők” között a Bizottság különösen a következőket vette figyelembe: – „ugyanazon vállalkozásokból, [azaz] az Atofinából, az ICI-ből (később Lucite) és a Degussából álló kemény mag”; – azon tény, hogy e három fő európai gyártó „teljesen integrált gyártó” volt, és „nagyon ügyeltek az e termékek mindegyike vonatkozásában kötött versenyellenes megállapodások hatásaira, [így] a kizárólag e termékek egyike vonatkozásában létrehozott kartell automatikusan befolyásolta a többi termék költségeinek szerkezetét és/vagy árát”; – azon tény, hogy „a találkozókat és kapcsolatfelvételeket néha a három PMMA-termék közül legalább kettőnek szentelték”, és ezen összefüggés kitűnik „számos olyan találkozóból, amely mind a PMMA-fröccsöntőkeverékekre, mind pedig a PMMA-lemezekre is vonatkozott”; – azon tény, hogy „a versenyellenes megállapodásokban részt vevő vállalkozások néhány képviselője a vizsgálat által érintett több termékért is felelős volt, tehát tudott, illetve tudnia kellett [ezen,] több termékre kiterjedő [megállapodások] fennállásáról”. Ezzel összefüggésben a Bizottság megemlítette különösen „[D.-t], a Global Monomers és az EAME alelnökét az ICI Acrylicson belül, aki jelen volt „[a PMMA-fröccsöntőkeverékeknek és a PMMA-lemezeknek] szentelt találkozókon is”, amelyek közül több találkozót a felperesnek betudható jogsértés időszakában tartottak; – azon tény, hogy a kartell a három érintett termék esetében ugyanolyan mechanizmusok alapján működött. 51. Konkrétan az érintett időszakban a PMMA-fröccsöntőkeverékekre vonatkozó összejátszást illetően a felek között nem vitatott, hogy az 1999. október 26-i találkozó kivételével (lásd a fenti 48. pontot) a Bizottság megállapításai tizennégy, 1997. január 23. és 1999 nyara között tartott találkozón alapulnak (lásd a megtámadott határozat (110)–(123) preambulumbekezdését). Egyébiránt nem vitatott, hogy a felperes jelenlétét e találkozók közül csak tíz esetében állítják, a megtámadott határozat (112), (114), (117) és (121) preambulumbekezdésében említett négy találkozót illetően tehát nem. 52. Meg kell tehát vizsgálni, hogy a Bizottság által összegyűjtött bizonyítékok elegendőek voltak-e annak bizonyításához, hogy a felperes a jogsértés ezen ágában részt vett. 53. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a Bizottság kötelezettsége olyan bizonyítékokat előterjeszteni, amelyek jogilag megkövetelt módon bizonyítják az EK 81. cikk (1) bekezdése értelmében vett jogsértést megvalósító tények fennállását (a Bíróság C-185/95. P. sz., Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben 1998. december 17-én hozott ítéletének [EBHT 1998., I-8417. o.] 58. pontja). A Bizottságnak pontos és egybevágó bizonyítékokat kell nyújtania a jogsértés elkövetésére vonatkozó szilárd meggyőződésének alátámasztásául (lásd a Törvényszék T-62/98. sz., Volkswagen kontra Bizottság ügyben 2000. július 6-án hozott ítéletének [EBHT 2000., II-2707. o.] 43. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot; a Törvényszék T-54/03. sz., Lafarge kontra Bizottság ügyben 2008. július 8-án hozott ítéletének [az EBHT-ban nem tették közzé] 55. pontját). 54. Mindazonáltal nem szükséges a Bizottság által előterjesztett minden egyes bizonyítéknak eleget tennie e feltételeknek a jogsértés összes elemét tekintve. Elegendő, ha az intézmény által felhozott bizonyítékok a maguk teljességében értékelve megfelelnek e követelménynek (lásd a Törvényszék T-67/00., T-68/00., T-71/00. és T-78/00. sz., JFE Engineering és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2004. július 8-án hozott ítéletének [EBHT 2004., II-2501. o.] 180. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 55. A Bizottság által a határozatban valamely vállalkozás által az EK 81. cikk (1) bekezdése megsértésének bizonyítására hivatkozott ténykörülményeket nem elszigetelten, hanem összességükben kell értékelni (lásd a Törvényszék T-53/03. sz., BPB kontra Bizottság ügyben 2008. július 8-án hozott ítéletének [EBHT 2008., II-1333. o.] 185. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 56. Azt a tényt is figyelembe kell venni, hogy a versenyellenes tevékenységek titkosan folynak, ennélfogva az esetek nagy részében a versenyellenes magatartás vagy megállapodás létezését bizonyos egybeesésekből és jelekből kell kikövetkeztetni, amelyek együtt figyelembe véve, más összefüggő magyarázat hiányában a versenyszabályok megsértésének bizonyítékául szolgálhatnak (a Bíróság fenti 43. pontban hivatkozott Aalborg Portland és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletének 55–57. pontja). 57. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint továbbá az érintett vállalkozás kartellben való részvételének kellő bizonyításához elegendő, ha a Bizottság bizonyítja, hogy az említett vállalkozás részt vett olyan találkozókon, amelyek során versenyellenes megállapodásokat kötöttek anélkül, hogy a vállalkozás ezt nyilvánvalóan ellenezte volna. Amennyiben az ilyen találkozókon való részvétel bizonyított, e vállalkozás feladata olyan bizonyítékok bemutatása, amelyek alapján megállapítható, hogy az említett találkozásokon való részvétele minden versenyellenes szándékot nélkülözött, és bizonyítania kell, hogy ő tájékoztatta a versenytársait arról, hogy az e találkozókon való részvételi szándéka eltér az övékétől (a Bíróság C-199/92. P. sz., Hüls kontra Bizottság ügyben 1999. július 8-án hozott ítéletének [EBHT 1999., I-4287. o.] 155. pontja, a fenti 43. pontban hivatkozott Bizottság kontra Anic Partecipazioni ügyben hozott ítélet 96. pontja, valamint a fenti 43. pontban hivatkozott Aalborg Portland és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 81. pontja). 58. A felperes azon érveit illetően, amelyek az engedékenységi közlemény alapján benyújtott kérelmek keretében tett nyilatkozatok értékével kapcsolatosak, emlékeztetni kell arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az európai uniós jog egyetlen rendelkezése vagy általános elve sem tiltja, hogy a Bizottság valamely vállalkozással szemben más, eljárás alá vont vállalkozások nyilatkozataira támaszkodjon (a Törvényszék T-305/94–T-307/94., T-313/94–T-316/94., T-318/94., T-325/94., T-328/94., T-329/94. és T-335/94. sz., Limburgse Vinyl Maatschappij és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 1999. április 20-án hozott ítéletének [EBHT 1999., II-931. o.] 512. pontja). Az engedékenységi közlemény keretében tett nyilatkozatok bizonyító ereje tehát pusztán e tény alapján nem vonható kétségbe (a fenti 53. pontban hivatkozott Lafarge kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 57. és 58. pontja). 59. A jogellenes kartell fő résztvevői által önkéntesen szolgáltatott bizonyítékokkal kapcsolatos bizonyos fenntartás érthető, mivel e résztvevők kicsinyíthetik a jogsértésben való közreműködésük jelentőségét, a többiekét pedig nagyíthatják. Ugyanakkor az engedékenységi közleményben előírt eljárás belső logikájára figyelemmel az a tény, hogy valaki a bírság összegének csökkentése érdekében el kívánja érni e közlemény alkalmazását, nem jelent szükségszerűen indítékot arra, hogy a kifogásolt kartell többi résztvevőjére vonatkozóan elferdített bizonyítékokat terjesszen elő. A Bizottság félrevezetésére irányuló bármilyen szándék ugyanis megkérdőjelezi a vállalkozás együttműködésének őszinteségét és teljességét, következésképpen az engedékenységi közlemény teljes kedvezményéből való részesülés lehetősége kerül veszélybe (a Törvényszék T-120/04. sz., Peróxidos Orgánicos kontra Bizottság ügyben 2006. november 16-án hozott ítéletének [EBHT 2006., II-4441. o.] 70. pontja és a fenti 53. pontban hivatkozott Lafarge kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 58. pontja). 60. Meg kell állapítani különösen, hogy ha egy személy beismeri jogsértés elkövetését, és így a kérdéses dokumentumokból közvetlenül kikövetkeztethető tényeken túli körülményeket vall be, ez – az ennek ellenkezőjére utaló különleges körülmények hiányában – eleve azt jelzi, hogy e személy elhatározta az igazság feltárását. Így a nyilatkozattevő érdekei ellen irányuló nyilatkozatokat főszabály szerint különösen megbízható bizonyítéknak kell tekinteni (a Törvényszék fenti 54. pontban hivatkozott JFE Engineering és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletének 211. és 212. pontja, T-109/02., T-118/02., T-122/02., T-125/02., T-126/02., T-128/02., T-129/02., T-132/02. és T-136/02. sz., Bolloré és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2007. április 26-án hozott ítéletének [EBHT 2007., II-947. o.] 166. pontja, és a fenti 53. pontban hivatkozott Lafarge kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 59. pontja). 61. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint azonban egyetlen, kartellben való részvétellel vádolt vállalkozás vallomása, amelynek pontosságát több más, hasonlóan megvádolt vállalkozás vitatja, nem tekinthető az utóbbiak által elkövetett jogsértés megfelelő bizonyítékának, ha más bizonyíték azt nem támasztja alá (a Törvényszék fenti 54. pontban hivatkozott JFE Engineering és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletének 219. pontja, T-38/02. sz., Groupe Danone kontra Bizottság ügyben 2005. október 25-én hozott ítéletének [EBHT 2005., II-4407. o.] 285. pontja és a fenti 53. pontban hivatkozott Lafarge kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 293. pontja). 62. Az engedékenységi közlemény alapján kérelmet benyújtó vállalkozások nyilatkozatai bizonyító erejének vizsgálatakor a Törvényszék különösen az ezen nyilatkozatok relevanciáját alátámasztó egybevágó bizonyítékok jelentőségét veszi figyelembe (lásd ebben az értelemben a fenti 54. pontban hivatkozott JFE Engineering és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 220. pontját, és a fenti 59. pontban hivatkozott Peróxidos Orgánicos kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 70. pontját), valamint az arra utaló bizonyítékok hiányát, hogy a vállalkozások a jogsértésben való közreműködésük jelentőségét kicsinyíteni, a többi vállalkozásét pedig nagyítani igyekeztek (lásd ebben az értelemben a fenti 53. pontban hivatkozott Lafarge kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 62. és 295. pontját). 63. A bírósági felülvizsgálat terjedelmével kapcsolatban a jelen ügyben emlékeztetni kell arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint, amikor az EK 81. cikk (1) bekezdését alkalmazó határozat megsemmisítése iránti keresetet nyújtanak be, a Törvényszék köteles általában teljes körűen megvizsgálni azt, hogy az EK 81. cikk (1) bekezdése alkalmazásának feltételei fennállnak-e, vagy sem (lásd a Törvényszék T-41/96. sz., Bayer kontra Bizottság ügyben 2000. október 26-án hozott ítéletének [EBHT 2000., II-3383. o.] 62. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 64. Ezenkívül a bíróságban felmerülő bármely kételynek annak a vállalkozásnak a javát kell szolgálnia, amely a jogsértést megállapító határozat címzettje, az ártatlanság vélelmének megfelelően, amely az uniós jog általános elveként többek között irányadó a vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályok megsértésével kapcsolatos olyan eljárásokra, amelyek pénzbüntetés vagy kényszerítő bírság kiszabásához vezethetnek (a fenti 57. pontban hivatkozott Hüls kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 149. és 150. pontja). 65. Ezen általános megfontolások keretén belül kell megvizsgálni a Bizottság által a jelen ügyben összegyűjtött bizonyítékokat. 66. E tekintetben ki kell emelni, hogy ami a fenti 51. pontban említett tíz találkozót illeti, a felperes nem vitatja sem azt, hogy a versenytársak között megtartották azokat, sem pedig azt, hogy azokon jelen volt, és nem állítja, hogy nyilvánosan elhatárolódott volna azok tartalmától. Következésképpen a felperes felelősségének megállapítása érdekében elegendő megvizsgálni, hogy a Bizottság jogilag megkövetelt módon bizonyította-e, hogy a PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően e találkozóknak nyilvánvalóan versenyellenes célja volt (lásd a fenti 57. pontban említett ítélkezési gyakorlatot). 67. Meg kell állapítani, hogy az említett találkozók leírása elsősorban a bírságmentességben részesülő Degussa nyilatkozatain alapul. Márpedig ez utóbbi a PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően nyilvánvalóan versenyellenes tartalmat tulajdonít azoknak (lásd a (110), (111), (113), (115), (116), (118)–(120) és (123) preambulumbekezdést), amit a felperes nem vitat. 68. A felperes viszont egyrészről azt állítja, hogy e nyilatkozatok önmagukban nem minősülnek a jogsértés elegendő bizonyítékának, másrészről pedig, hogy azokat nem támasztják alá más bizonyítékok. 69. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy – amint a fenti 58–60. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatból kitűnik – az engedékenységi politika keretében tett nyilatkozatok jelentős szerepet játszanak. Ezek a vállalkozások nevében tett nyilatkozatok nem elhanyagolható bizonyító erővel rendelkeznek, mivel jelentős jogi és gazdasági kockázattal járnak (lásd továbbá a Törvényszék T-385/06. sz., Aalberts Industries és társai kontra Bizottság ügyben 2011. március 24-én hozott ítéletének [EBHT 2011., II-1223. o.] 47. pontját). A fenti 59. és 61. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatból ugyanakkor az is következik, hogy a megvádolt vállalkozások által az engedékenységi közlemény alapján benyújtott kérelmek keretében tett nyilatkozatokat óvatosan kell értékelni, és ha azokat vitatják, megerősítés nélkül főszabály szerint nem lehet elegendő bizonyítéknak tekinteni. 70. A felperes állításával ellentétben azonban a Degussa azon nyilatkozatait, amelyek az érintett időszakban a PMMA-fröccsöntőkeverékekre vonatkozó versenyellenes megbeszélések fennállására vonatkoznak, más bizonyítékok kellően alátámasztják. 71. Először is hangsúlyozni kell azon tényt, hogy nem a Degussa volt a Bizottság egyetlen információforrása. Az 1999. május 11-i találkozó leírása ugyanis (a megtámadott határozat (122) preambulumbekezdése) a Lucite nyilatkozatán alapul. Még akkor is, ha a Degussa, amely e találkozón nem volt jelen, azt nem említette a saját nyilatkozatában, a Lucite nyilatkozata mégis alátámasztja a Degussa azon állítását, miszerint az érintett időszakban a PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően kartell állt fenn, és a felperes abban részt vett. 72. Másodszor ki kell emelni, hogy e találkozók nagy részét illetően a Bizottság olyan bizonyítékokat gyűjtött össze (úgymint naptári bejegyzések, költségfeljegyzések), amelyek tanúsítják a találkozó megtartását, illetve az érintett személyek azon való jelenlétét. Még akkor is, ha – amint a felperes jogosan állítja – kizárólag azon tény, hogy a versenytársak között találkozót tartottak, nem elegendő a találkozó versenyellenes jellegének bizonyításához, mindazonáltal meg kell állapítani, hogy olyan bizonyítékokról van szó, amelyek bizonyos mértékben alátámasztják a Degussa nyilatkozatait. 73. Harmadszor a Lucite az engedékenységi közlemény alapján benyújtott 2003. július 11-i kérelmében olyan nyilatkozatokat tett, amelyek általánosan megerősítik a helyszíni vizsgálatot elrendelő határozatban kifogásolt kartell fennállását, ideértve a PMMA-fröccsöntőkeverékeket is, és a felperes abban való részvételét. 74. Kétségtelen, hogy általános állításokról van szó, mindazonáltal azok a Degussa állításainak irányába mutatnak. Egyébiránt emlékeztetni kell arra, hogy a jogsértés tárgyát képező eszközöket, ideértve a dokumentumokat és a személyzetet is, a felperesről a Lucite-ra ruházták, így a Lucite által a felperes jogsértésben való részvételével kapcsolatban tett nyilatkozatok különösen relevánsak. 75. Negyedszer az Atofina az engedékenységi közlemény alapján benyújtott kérelmében elismerte, hogy legalább 1997. január 23-tól részt vett a kartellben, ideértve a PMMA-fröccsöntőkeverékeket is. Egyébként pedig az Atofina vállalkozást alkotó társaságok (egyrészről az Arkema, az Altuglas és az Altumax, másrészről pedig a Total és az Elf Aquitaine) a megtámadott határozat ellen (a T-206/06., illetve T-217/06. sz. ügyben) benyújtott keresetük keretében nem vitatták e kartell fennállását. 76. Kétségtelen, hogy az Atofina 2003. június 10-i közlésében a PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően az első versenyellenes találkozó, amelyen az Atofina szerint az ICI Acrylics jelen volt, az 1999. október 26-i találkozó. Hangsúlyozni kell azonban, hogy e közlésben az Atofina egyértelműen állítja, hogy az 1998-tól 2001-ig terjedő időszakban a PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően versenyellenes kapcsolatok álltak fenn. Következésképpen e nyilatkozat ebben az értelemben alátámasztja a Degussa nyilatkozatait is. 77. Ötödször hangsúlyozni kell, hogy a megtámadott határozat szerint a tíz vizsgált találkozóból legalább hét egyszerre vonatkozott a PMMA-fröccsöntőkeverékekre és a PMMA-lemezekre (lásd a megtámadott határozat (110), (111), (115), (116) és (118)–(120) preambulumbekezdését), és a felperes e második terméket illetően nem vitatja e találkozók versenyellenes jellegét. Olyan elemről van szó, amely e versenyellenes találkozók leírását illetően megerősíti a Degussa nyilatkozatainak hitelességét is. 78. Hatodszor a fenti 77. pontban említett találkozók közül néhányon, ideértve az 1997. január 23-i találkozót is, amelyet a jogsértés kezdő időpontjaként állapítottak meg, részt vett D., aki az ICI Acrylicson belül magas tisztséget töltött be, és egyszerre volt felelős a PMMA-fröccsöntőkeverékekért és a PMMA-lemezekért. Mivel a felperes e második terméket illetően nem vitatja e találkozók versenyellenes jellegét, sem a Bizottság azon értékelését, miszerint az érintett vállalkozások „nagyon ügyeltek az e termékek mindegyike vonatkozásában kötött versenyellenes megállapodások hatásaira” (lásd a megtámadott határozat (223) preambulumbekezdését és a fenti 50. pont második francia bekezdését), ez arra utaló jel, hogy e találkozók a PMMA-fröccsöntőkeverékekre is kiterjedtek. 79. Ezen elemekre tekintettel meg kell állapítani, hogy azok összességükben véve olyan kellően egybevágó bizonyítékok csoportjának minősülnek, amelyek alátámasztják a Degussa arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy az érintett időszakban a PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően kartell állt fenn, és a felperes abban részt vett. 80. A felperes által a Degussa nyilatkozatainak relevanciáját illetően felhozott érvek e következtetést nem érintik. 81. A felperes állításával ellentétben ugyanis a Degussa nyilatkozatait nem lehet figyelmen kívül hagyni pusztán azon oknál fogva, hogy mentesség iránti kérelemben a vállalkozás tanácsadói által tett nyilatkozatokról van szó (lásd különösen a fenti 59. és 60. pontot). Ezenkívül, még akkor is, ha a megtámadott határozatban a Bizottságnak valóban el kellett állnia bizonyos, a Degussa nyilatkozataira alapított kifogásoktól (úgymint különösen a MMA-ra, a PMMA-k gyártásához használt nyersanyagra vonatkozó összes kifogástól), ugyanakkor állításai összességükben megalapozottnak bizonyultak, amint az a fentiekből kitűnik. Ennek bizonyítéka különösen az, hogy három másik vállalkozás, azaz a felperes, az Atofina és a Lucite a Degussa által hivatkozott kartellt illetően nyújtották be kérelmeiket az engedékenységi közlemény alapján. Egyébiránt, a jelen jogalap keretében a felperes kivételével, e vállalkozások egyike sem vitatta a megtámadott határozat ellen benyújtott keresete keretében a jogsértés fennállását (T-206/06., T-217/06. és T-216/06. sz. ügyek). Közelebbről maga a felperes közvetve megerősítette a Degussa mentesség iránti kérelmének relevanciáját, mivel a PMMA-lemezeket és a PMMA-szanitereket illetően elismerte a kartellben való részvételét. 82. Mivel a Degussa nyilatkozatai kellően alá vannak támasztva, érvelésével ellentétben a felperes azon állítása, miszerint a jogsértésnek a PMMA-fröccsöntőkeverékekre vonatkozó ágát nem lehetett volna figyelembe venni a bírság összegének meghatározása érdekében az általa elkövetett jogsértés súlyának értékelésekor, nem fogadható el. 83. Végezetül ki kell továbbá emelni, hogy a felperes tévesen állítja lényegében azt, hogy a kérdéses jogsértés olyan egységes és folyamatos jogsértésnek való minősítése, amely mindhárom PMMA-termékre, köztük a fröccsöntőkeverékekre is kiterjedt (lásd a fenti 49. pontot), a jelen jogalap vizsgálata keretében nem bírhat jelentőséggel. 84. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint az EK 81. cikk (1) bekezdésének megsértése nemcsak elszigetelt cselekmény eredménye lehet, hanem cselekmények sorozata, vagy akár folyamatos magatartás eredménye is. Ez az értelmezés nem vitatható azon az alapon, hogy a cselekmények sorozata vagy a folytatólagos magatartás egy vagy több eleme önmagában is az említett rendelkezés megsértésének minősülhet (lásd ebben az értelemben a fenti 43. pontban hivatkozott Bizottság kontra Anic Partecipazioni ügyben hozott ítélet 81. pontját). Amennyiben a különböző cselekmények – azonos, a közös piacon belüli versenyt torzító céljuk alapján – „átfogó terv” keretébe illeszkednek, a Bizottság az e cselekmények miatti felelősséget jogszerűen róhatja fel az összességében figyelembe vett jogsértésben való részvétel alapján (lásd a fenti 43. pontban hivatkozott Aalborg Portland és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 258. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot), még akkor is, ha bizonyított, hogy az érintett vállalkozás közvetlenül csak a jogsértés egy vagy több alkotóelemében vett részt (lásd a Törvényszék T-101/05. és T-111/05. sz., BASF és UCB kontra Bizottság egyesített ügyekben 2007. december 12-én hozott ítéletének [EBHT 2007., II-4949. o.] 161. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 85. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint annak megállapítása érdekében, hogy valamely vállalkozás részt vett-e ilyen egységes megállapodásban, a Bizottságnak bizonyítania kell, hogy az említett vállalkozás saját magatartásával hozzá kívánt járulni a valamennyi résztvevő által követett közös célokhoz, és tudomása volt a más vállalkozások által azonos célok elérése végett tervezett vagy ténylegesen megvalósított magatartásról, illetve azt, hogy e magatartást ésszerűen előre láthatta, és kész volt ennek kockázatát elfogadni (a fenti 43. pontban hivatkozott Bizottság kontra Anic Partecipazioni ügyben hozott ítélet 87. pontja, valamint a fenti 43. pontban hivatkozott Aalborg Portland és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 83. pontja). 86. E körülmények között ahhoz, hogy a Bizottság megállapítsa a felperesnek az egységes jogsértés egészéért való felelősségét, és következésképpen megállapítása a bírság összegét, elegendő lett volna az, hogy bizonyítsa, a felperes tudott, vagy neki tudnia kellett arról, hogy a PMMA-lemezeket és a PMMA-szanitereket érintő kartellben való részvétellel egy három PMMA-terméket érintő átfogó kartellbe kapcsolódik be (lásd ebben az értelemben a Törvényszék T-28/99. sz., Sigma Tecnologie kontra Bizottság ügyben 2002. március 20-án hozott ítéletének [EBHT 2002., II-1845. o.] 45. pontját, és a fenti 60. pontban hivatkozott Bolloré és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 209. pontját). 87. Márpedig a fent vizsgált elemek e célból messzemenően elegendőek. 88. Közelebbről emlékeztetni kell arra, hogy az, hogy az érintett időszakban a PMMA-fröccsöntőkeverékeket illetően versenyellenes kapcsolatok álltak fenn, három vállalkozás, azaz a Degussa, a Lucite és az Atofina nyilatkozataiból is kitűnik. 89. Egyébiránt a felperes nem vitatja, hogy felelős az ugyanezen időszakban a PMMA-lemezeket és a PMMA-szanitereket illetően elkövetett jogsértésért. Éppúgy nem vitatja az egységes jogsértés mint olyan fennállását sem. Közelebbről néhány, a válaszban foglalt töredékes érvtől eltekintve a felperes még csak nem is próbálja meg megkérdőjelezni azon, a fenti 49. és 50. pontban hivatkozott indokokat, amelyek alapján a Bizottság megállapította az egységes jogsértés fennállását. 90. Így a felperes nem kérdőjelezi meg különösen a Bizottság azon megállapításait, amelyek szerint a versenyellenes találkozókon jelen lévő képviselője (amely találkozók a felperes szerint más termékekre korlátozódtak) a vizsgálat által érintett több termékért is felelős volt, „tehát tudott, illetve tudnia kellett” ezen, több termékre kiterjedő megállapodások fennállásáról. Éppúgy nem vitatja a Bizottság azon állítását, miszerint „teljesen integrált” gyártó volt, és „nagyon ügyelt[…] az e termékek mindegyike vonatkozásában kötött versenyellenes megállapodások hatásaira” (lásd a fenti 50. pont második és negyedik francia bekezdését). 91. Márpedig, még ha feltételezzük is, hogy a Bizottság által összegyűjtött bizonyítékok nem voltak elegendők annak bizonyításához, hogy a felperes közvetlenül részt vett a kartellnek a PMMA-fröccsöntőkeverékekre vonatkozó ágában, messzemenően elegendők legalábbis annak bizonyításához, hogy az érintett időszakban e terméket illetően versenyellenes kapcsolatok álltak fenn, és hogy az egységes jogsértés az említett termékre is kiterjedt. Ez kitűnik különösen három vállalkozás, azaz a Degussa, a Lucite és az Atofina egybehangzó nyilatkozataiból. 92. E megfontolások elegendők legalábbis annak bizonyításához, hogy a felperes tudott, vagy neki tudnia kellett arról, hogy a PMMA-lemezeket és a PMMA-szanitereket érintő kartellben való részvétellel egy három PMMA-terméket érintő átfogó kartellbe kapcsolódik be. 93. Márpedig ebben az esetben a bírság összegének meghatározása érdekében a jogsértés súlyának értékelésekor figyelembe lehetett venni az egységes jogsértés egészéért való felelősségét, így a bírság csökkentése iránti kérelmet ez alapján el kell utasítani. 94. Végül a fentiek összességéből kitűnik, hogy az 1999. október 26-i találkozót illetően a felperes védelemhez való jogának állítólagos megsértése semmilyen gyakorlati következménnyel nem jár a jelen jogalap értékelése keretében, és a felperes e kérdéssel kapcsolatos kifogását tehát mint hatástalant el kell utasítani. 95. Ennélfogva az első jogalapot el kell utasítani annyiban, amennyiben az egyrészről a megtámadott határozat 2. cikkének megsemmisítése iránti kérelem, másrészről pedig a bírság összegének a Törvényszék korlátlan felülvizsgálati jogkörében való csökkentése iránti kérelem alátámasztására irányul. A bírság „alapösszegét” illetően a megtámadott határozat indokolásának hiányára alapított, második jogalapról 96. A felperes azt kifogásolja, hogy a Bizottság nem adott magyarázatot a bírságnak a megtámadott határozat (336) preambulumbekezdésében megállapított kiindulási összege (32,5 millió euró) kiszámításának módjairól, és így megakadályozta őt, valamint a Törvényszéket abban, hogy a bírság összege meghatározásának „legfontosabb tényezőjét” illetően megvizsgálja a megtámadott határozatot. A Bizottság ugyanis megelégedett azon okok bemutatásával, amelyek miatt a jogsértést különösen súlyosnak minősítette, és a vállalkozásokat viszonylagos méretük alapján három kategóriába sorolta. Nem fejtette ki azonban, hogyan jutott az e kategóriák mindegyikéhez rendelt összegekhez, sem azt, hogy a felperes esetében megállapított összeg miért haladja meg jelentősen az iránymutatásban a különösen súlyos jogsértésekre megállapított 20 millió eurós küszöböt. Így a Bizottság megsértette az EK 253. cikk értelmében őt terhelő indokolási kötelezettséget. 97. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az 1/2003 rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében kiszabott bírság összegének kiszámítását illetően a Bizottság teljesíti azon alapvető alaki követelményeket, amelyek az indokolási kötelezettségben nyilvánulnak meg, ha határozatában megjelöli azon mérlegelési tényezőket, amelyek lehetővé tették számára a jogsértés súlyának és időtartamának meghatározását (lásd analógia útján a Bíróság C-248/98. P. sz., KNP BT kontra Bizottság ügyben 2000. november 16-án hozott ítéletének [EBHT 2000., I-9641. o.] 42. pontját, C-291/98. P. sz., Sarrió kontra Bizottság ügyben 2000. november 16-án hozott ítéletének [EBHT 2000., I-9991. o.] 73. pontját, valamint C-238/99. P., C-244/99. P., C-245/99. P., C-247/99. P., C-250/99. P–C-252/99. P. és C-254/99. P. sz., Limburgse Vinyl Maatschappij és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2002. október 15-én hozott ítéletének [EBHT 2002., I-8375. o.] 463. pontját). 98. A jelen ügyben a felperes maga is elismeri, hogy a megtámadott határozatban a Bizottság egyrészről megjelölte azon okokat, amelyek miatt a jogsértést különösen súlyosnak minősítette, másrészről pedig azon okokat, amelyek miatt úgy határozott, hogy az érintett vállalkozásokat három kategóriába sorolja, és különbséget tesz a bírságnak az egyes kategóriákhoz rendelt kiindulási összegei között. 99. Egyébiránt a megtámadott határozat (319)–(336) preambulumbekezdésének vizsgálata lehetővé teszi annak megállapítását, hogy a Bizottság e tekintetben valóban elegendő indokolást adott. Közelebbről a megtámadott határozatból egyértelműen kitűnik, hogy a kiindulási összeg különösen a jogsértés jellegén alapul, amely a megtámadott határozat 4.2. pontjában kifejtett fő jellemzők figyelembevételével került megállapításra (lásd a megtámadott határozat (320) preambulumbekezdését), továbbá az érintett földrajzi piac méretén, azaz az EGT területén (lásd a megtámadott határozat (330) preambulumbekezdését), és az érintett vállalkozásokkal szemben annak érdekében alkalmazott eltérő bánásmódon alapul, hogy figyelembe vegyék azon tényleges gazdasági képességüket, hogy a versenyben jelentős kárt okozzanak, amely képességet a kérdéses kartellben való részvétellel érintett PMMA-termékek értékesítésével elért forgalmak alapján értékelték (lásd a megtámadott határozat (332)–(334) preambulumbekezdését). Ez utóbbival összefüggésben a Bizottság megemlítette a PMMA-termékek egész piacának 2000-ben és 2002-ben forgalomban és értékben kifejezett méretét is (lásd a megtámadott határozat (333) preambulumbekezdését). E körülmények között a felperes azon állítása, miszerint a Bizottság nem fejtette ki, hogy a felperesnek betudott jogsértés súlya miért igazolja ilyen kiindulási összeg megállapítását, ténybeli alapot nélkülöz. 100. Amennyiben a felperes a hozzá hasonlóan a második kategóriába sorolt vállalkozásokhoz rendelt 32,5 millió eurót kitevő összegre vonatkozó konkrét igazolás hiányát kifogásolja, elegendő emlékeztetni arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az indokolási kötelezettség követelm ényei nem kötelezik arra a Bizottságot, hogy határozatában megjelölje a bírságok kiszámításának módjára vonatkozó számszerű adatokat (a fenti 97. pontban hivatkozott Sarrió kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 80. pontja, és a fenti 97. pontban hivatkozott Limburgse Vinyl Maatschappij és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 464. pontja). Ebből következik, hogy a Bizottság az EK 253. cikk alapján nem volt köteles igazolni azt sem, hogy a bírságnak a felperes esetében megállapított kiindulási összegét miért 32,5 millió euró összegben állapította meg (lásd továbbá ebben az értelemben a fenti 41. pontban hivatkozott Microsoft kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 1361. pontját). 101. Ami a felperes azon érvét illeti, miszerint lényegében a fenti 100. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlat a bírság kiindulási összegének mértékére figyelemmel a jelen ügyben nem alkalmazható, elegendő kiemelni, hogy az említett ítélkezési gyakorlat olyan ügyben is alkalmazást nyert, amelyben a Bizottság a jelen ügybenitől jóval nagyobb kiindulási összeget állapított meg (a fenti 41. pontban hivatkozott Microsoft kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 1361. pontja), Ugyanúgy a felperes azon állítása, miszerint a bírságának kiindulási összege „jelentősen” meghaladja a különösen súlyos jogsértésekre megállapított 20 millió eurós küszöböt, nem változtat a fenti 100. pontban foglalt értékelésen. Végezetül emlékeztetni kell arra, hogy az említett küszöb csupán az iránymutatásban e jogsértésekre előírt minimumösszeget jelent, mivel kimondja, hogy a „valószínű bírság” „20 millió [euró] felett” van. 102. Ennélfogva a második jogalapot el kell utasítani annyiban, amennyiben az a megtámadott határozat 2. cikkének megsemmisítése iránti kérelem alátámasztására irányul. Egyébiránt az említett jogalap keretében előadott elemek nem teszik lehetővé annak igazolását sem, hogy a Törvényszék a bírság összegét korlátlan felülvizsgálati jogkörében csökkentse. Az arra alapított harmadik jogalapról, hogy a Bizottság megsértette arra vonatkozó kötelezettségét, hogy az „alapösszeget” a felperes és a Lucite között megossza 103. A felperes hangsúlyozza, hogy ő maga és a Lucite a jogsértés tárgyát képező ugyanazon eszközök összességének egymás utáni tulajdonosaként egymást követően vettek részt a feltételezett kartellben, tehát hozzájárultak a jogsértés „egységes súlyához”. Következésképpen a felperes szerint az ezen „egységes súlynak” megfelelő bírságösszeget meg kellett volna osztani közöttük annak elkerülése érdekében, hogy kétszer vegyék figyelembe, hogy az „egyes vállalkozások jogsértő magatartása milyen tényleges hatást gyakorol a versenyre”, amely az iránymutatás szerint a jogsértés súlyának meghatározásakor releváns tényezőt jelent. Márpedig a bírság összegét úgy számították ki, mintha a felperes és a Lucite is egyidejűleg külön-külön hatást gyakorolt volna a versenyre. E számítási módszer – egységes jogsértés miatt kiszabott – jelentősen magasabb összegű bírságot eredményezett, csupán azért, mert a vállalkozás tulajdonost váltott, nem pedig bármilyen további, a versenyben bekövetkezett kár vagy bármilyen, a felperes által elkövetett hiba miatt. Így a Bizottság megsértette az egyenlő bánásmód és az arányosság elvét. 104. E tekintetben mindenekelőtt el kell utasítani a Bizottság azon érvelését, miszerint a jelen jogalap elfogadhatatlan. E jogalapot ugyanis a fenti 36. pontban említett kérelmek alátámasztására hozták fel, és amennyiben megalapozottnak bizonyul, a felperessel szemben kiszabott bírság összegének csökkentéséhez vezet. Így a Bizottság állításával ellentétben a felperes a saját bírságának összegét, nem pedig harmadik személlyel szemben kiszabott bírság összegét vitatja. 105. Ezt követően ki kell emelni, hogy noha a jelen jogalap címe a bírság „alapösszegére” hivatkozik, a felperes beadványaiból egyértelműen kitűnik, hogy az csak a „bírság súlyelemére”, azaz pontosabban a bírságnak a megtámadott határozat (336) preambulumbekezdésében megállapított 32,5 millió eurós kiindulási összegére vonatkozik. Egyebekben a felperes a jelen jogalap keretében nem vitatja a Bizottságnak a fenti 25. és 26. pontban bemutatott értékeléseit. 106. Meg kell tehát vizsgálni, hogy – amint a felperes állítja – a Bizottság köteles volt-e a bírság e kiindulási összegét a felperes és a Lucite között megosztani. 107. Emlékeztetni kell arra, hogy a megtámadott határozat szerint a felperes és a Lucite ugyanazon eszközökkel, az ICI Acrylics eszközeivel vett részt a jogsértésben, amely utóbbi jogalanyt 1999. november 2-án, azaz a jogsértés időszakának közepe táján az első vállalkozásról átruházták a másodikra. Ezen időpont jelentette egyébiránt a felperes és a Lucite felelősségének „meghatározása” tekintetében releváns időpontot (lásd a fenti 21. pontot). Ezenkívül az e két vállalkozással szemben alkalmazott eltérő bánásmód keretében a Bizottság ugyanazon, a Lucite által 2000-ben elért forgalmat vette figyelembe. Ennek alapján a bírságaik kiindulási összegét mindkettejük esetében 32,5 millió euróban állapította meg (lásd a megtámadott határozat (334) és (336) preambulumbekezdését). 108. E körülmények között ésszerűen feltételezhető, hogy ha az ICI Acrylics nem váltott volna tulajdonost, a bírság összegének kiszámításához alkalmazott ugyanazon módszer alapján a Bizottság a bírság vonatkozásában egyetlen, 32,5 millió eurót kitevő kiindulási összeget állapított volna meg, amelyet ezen egyetlen tulajdonoshoz rendelt volna. Következésképpen a felperes állítása, miszerint az ICI Acrylics átruházása mint olyan befolyásolta a megtámadott határozatban kiszabott bírságok teljes összegét, megalapozottnak tűnik. 109. A felperes azon állítását azonban, miszerint a Bizottságnak másképpen kellett volna eljárnia, és a kiindulási összeget meg kellett volna osztania a két érintett vállalkozás között, el kell utasítani. 110. Először is ezen állítás lényegében azon az előfeltevésen alapul, hogy a jogsértés súlyának értékelése szigorúan „a versenyre gyakorolt hatástól” vagy az abban bekövetkezett „kártól” kell, hogy függjön, következésképpen a felperes és a Lucite mint az ICI Acrylics egymást követő tulajdonosai hozzájárultak a jogsértés „egységes súlyához”. E kérdésben a felperes az iránymutatás szövegére támaszkodik, miszerint a jogsértés súlyának értékelésekor figyelembe kell venni, hogy „az egyes vállalkozások jogsértő magatartása […] milyen tényleges hatást gyakorol a versenyre”. 111. Ezen előfeltevés azonban téves. 112. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint ugyanis valamely versenyellenes magatartás hatása a bírság megfelelő összege értékelésének önmagában nem meghatározó kritériuma (a Bíróság C-194/99. P. sz., Thyssen Stahl kontra Bizottság ügyben 2003. október 2-án hozott ítéletének [EBHT 2003., I-10821. o.] 118. pontja, és C-534/07. P. sz., Prym és Prym Consumer kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 3-án hozott ítéletének [EBHT 2009., I-7415. o.] 96. pontja). A jogsértések súlyát számos tényező alapján kell meghatározni, mint például az ügy sajátos körülményei, az ügy háttere és a bírságok elrettentő hatása (lásd a Bíróság C-189/02. P., C-202/02. P., C-205/02. P–C-208/02. P. és C-213/02. P. sz., Dansk Rørindustri és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2005. június 28-án hozott ítéletének [EBHT 2005., I-5425. o.] 241. és 242. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot), és például a szándékosságból eredő tényezők nagyobb jelentőséggel bírhatnak, mint a jogsértés hatásaival kapcsolatos tényezők, főleg, amikor lényegét tekintve súlyos jogsértésekről van szó (lásd a fent hivatkozott Thyssen Stahl kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 118. pontját, valamint a fent hivatkozott Prym és Prym Consumer kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 96. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 113. Ezenkívül a felperes hiányosan értelmezi az iránymutatást. Annak 1. A. pontja szerint ugyanis „[a] jogsértés súlyosságának megállapításánál figyelembe kell venni a jogsértés jellegét, a piacra gyakorolt tényleges hatását, ha ez a hatás mérhető, valamint az érintett földrajzi piac méretét”. E kritériumok alapján „[a] jogsértéseket […] a következő három kategóriába kell majd sorolni: enyhe jogsértés, súlyos jogsértés és különösen súlyos jogsértés”. A különösen súlyos jogsértéseket illetően az iránymutatás kifejti különösen, hogy „rendszerint az olyan horizontális korlátozások tartoznak majd ide, mint az árkartell”, és hogy a valószínű kiindulási összeg „20 millió [euró] felett” van. Ezenkívül az iránymutatás kimondja, hogy „[e]zeken a kategóriákon belül […] a bírság javasolt mértéke lehetővé fogja tenni a vállalkozások differenciált kezelését az elkövetett jogsértés jellege szerint”. 114. Az iránymutatás tehát egyértelműen a jogsértés jellegére mint a bírság kiindulási összegének megállapítása keretében a jogsértés súlyának értékelésekor meghatározó elemre helyezi a hangsúlyt (lásd továbbá ebben az értelemben a Törvényszék T-73/04. sz., Carbone-Lorraine kontra Bizottság ügyben 2008. október 8-án hozott ítéletének [EBHT 2008., II-2661. o.] 91. pontját). A jogsértés tényleges hatását illetően az iránymutatás „a piacra gyakorolt tényleges hatás” kritériumát említi, amely a jogsértés egészére, nem pedig az egyes vállalkozások magatartásának hatásaira vonatkozik (lásd ebben az értelemben a Bíróság C-554/08. P. sz., Carbone-Lorraine kontra Bizottság ügyben 2009. november 12-én hozott ítéletének [az EBHT-ban nem tették közzé] 21. és 24. pontját), kifejtve, hogy e hatást csak akkor veszik figyelembe, ha az mérhető. 115. Egyébiránt a megtámadott határozatban a Bizottság úgy vélte, hogy a vitatott jogsértés által „az EGT piacára gyakorolt tényleges hatás nem mérhető”, tehát azt állította, hogy a bírság összegének meghatározása keretében nem támaszkodott „konkrétan [a jogsértés piacra gyakorolt] konkrét hatására” (a megtámadott határozat (321) preambulumbekezdése). Tehát a jogsértés jellegének értékelése alapján – amelyet a jogsértésnek a megtámadott határozat 4.2. pontjában kifejtett fő jellemzőire (lásd a megtámadott határozat (320) preambulumbekezdését) és az érintett földrajzi piac méretére (lásd a megtámadott határozat (330) preambulumbekezdését) tekintettel végzett el – állapította meg, hogy a jelen ügyben különösen súlyos jogsértésről van szó. 116. E megközelítés, amelyet egyébiránt a felperes nem vitat, megfelel az állandó ítélkezési gyakorlatnak, amely szerint a horizontális árkartelleket, illetve a piac megosztására irányuló horizontális kartelleket önmagukban a jellegüknél fogva különösen súlyos jogsértéseknek lehet minősíteni, anélkül hogy a Bizottság köteles lenne bizonyítani különösen a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatását (a Bíróság fenti 112. pontban hivatkozott Prym és Prym Consumer kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 75. pontja, és C-125/07. P., C-133/07. P., C-135/07. P. és C-137/07. P. sz., Erste Group Bank és társai kontra Bizottság ügyesített ügyekben 2009. szeptember 24-én hozott ítéletének [EBHT 2009., I-8681. o.] 103. pontja). 117. Ami a felperes által hivatkozott azon kritériumot illeti, hogy „az „egyes vállalkozások jogsértő magatartása milyen tényleges hatást gyakorol a versenyre”, e kritériumot megemlíti az iránymutatás 1. A. pontjának utolsó előtti bekezdése, amely kimondja, hogy „[a]mennyiben a jogsértésben több vállalkozás is érintett (ilyenek például a kartellek), néhány esetben szükségessé válhat a három kategórián belül meghatározott összegek súlyozása annak figyelembevétele érdekében, hogy az egyes vállalkozások jogsértő magatartása milyen súlyú, és ebből következően milyen tényleges hatást gyakorol a versenyre, különösen, ha az azonos típusú jogsértéseket elkövető vállalkozások mérete között jelentős különbség áll fenn”. Ennélfogva csak egy fakultatív kritériumról van szó, amely több vállalkozást magukban foglaló jogsértések esetén lehetővé teszi a bírság kiindulási összegének kiigazítását, nem pedig az említett összeg megállapításának döntő kritériumáról van szó. Egyébiránt e kritérium nem az adott jogsértésben részt vevő egyes vállalkozások magatartása versenyellenes hatásainak számszerűsítésére, hanem a bírság kiindulási összegének meghatározása érdekében azon objektív különbségek figyelembevételére vonatkozik, amelyek a vállalkozások között fennállhatnak, úgymint különösen a méretük közötti jelentős különbség. 118. Ebből következik, hogy még ha feltételezzük is, hogy az ICI Acrylics tulajdonosának megváltozása semmilyen további kárt nem okozott a versenyben, amint azt a felperes állítja, e körülmény nem teszi lehetővé annak megállapítását, hogy a felperes és a Lucite a jogsértés „egységes súlyához” járult hozzá, és a bírság kiindulási összegét tehát meg kellett volna osztani közöttük. 119. Másodszor a felperes azon állítása, hogy a bírság kiindulási összegét meg kellett volna osztani közte és a Lucite között, nem veszi figyelembe azon tényt, hogy az említett összeg alapjául szolgáló preambulumbekezdések (lásd a megtámadott határozat (319)–(336) preambulumbekezdését) rá teljes mértékben alkalmazandók. 120. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a megtámadott határozat szerint mind a felperes, mind pedig a Lucite elkövette az említett határozat 1. cikkében említett jogsértést. A felperes ugyanis nem vitatja az e jogsértésért való felelősségét (lásd a fenti 40. pontot). A felperes éppúgy nem vitatja a Bizottság azon érvelését, miszerint őt mint olyat „az [EK] 81. cikk értelmében vett vállalkozásnak” kellett tekinteni (a megtámadott határozat (288) preambulumbekezdése). 121. Ezenkívül a felperes nem vitatja sem a jogsértés súlyának a Bizottság által a megtámadott határozat (319)–(331) preambulumbekezdésében elvégzett értékelését, sem pedig a Bizottság azon értékelését, miszerint az eltérő bánásmód alkalmazásával összefüggésben a Lucite által 2000-ben a PMMA-termékek értékesítésével elért forgalom megfelelő jelzésértékű volt az ICI Acrylics érintett piacon fennálló méretét és gazdasági erejét illetően (a megtámadott határozat (334) preambulumbekezdése). 122. E körülmények között a felperes érvelése valójában a bírság kiindulási összegét illetően a megtámadott határozat többi címzettjéhez képest kedvezményes bánásmódot követel egyszerűen azon oknál fogva, hogy átruházta a jogsértés tárgyát képező eszközöket. 123. Márpedig az általa elkövetett jogsértés kizárólag ezen ténynél fogva nem lett kevésbé súlyos. A felperessel szemben így pontosan olyan alapösszegű bírságot szabtak ki, amelyet akkor róttak volna ki, ha – ahelyett, hogy az ICI Acrylicsot 1999. november 2-i hatállyal a Lucite-ra ruházta volna – ugyanezen a napon egyszerűen felhagyott volna a jogsértéssel. 124. Ebből következik, hogy állításával ellentétben – azon tény ellenére, hogy ugyanazon eszközökkel vett részt a kartellben, mint később a Lucite – a felperes olyan jogsértést követett el, amelynek súlya igazolta a Bizottság által vele szemben megállapított kiindulási összeget. Következésképpen a felperes azon állítása, miszerint e kiindulási összeget meg kellett volna osztani közte és a Lucite között, nem fogadható el. 125. A felperes többi érve nem változtat e megállapításon. 126. Először is a felperes úgy érvel, hogy a bírság „»időtényezőjének« megosztása” közte és a Lucite között nem elegendő. Az iránymutatás módszere szerint ugyanis a bírság „súlytényezője” az, amely döntő hatással van a bírság alapösszegére, mivel a kiindulási összeget a jogsértés minden egyes éve tekintetében csak 10%-kal növelik. Így a jogsértés időtartama és a bírság alapösszege közötti „lineáris kapcsolat” hiányában – még akkor is, ha az „időtényezőt” meg is „osztották” a felperes és a Lucite között – összevont alapösszegeik meghaladják azon alapösszeget, amelyet akkor számítottak volna ki, ha az ICI Acrylics tulajdonosa ugyanaz maradt volna. 127. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a felperes bírságának alapösszegét a jogsértésben való saját részvételének időtartama alapján határozták meg (lásd a fenti 26. pontot). Így, amint a Bizottság helyesen hangsúlyozza, a bírság „időtényezőjét” megfelelően „megosztották” a felperes és a Lucite között. 128. Kétségtelen, hogy – amint a felperes állítja – a felperes és a Lucite összevont alapösszegei meghaladják azon alapösszeget, amelyet akkor számítottak volna ki, ha az ICI Acrylics tulajdonosa ugyanaz maradt volna (lásd a fenti 108. pontot). Meg kell azonban állapítani, hogy az iránymutatásban előírt módszer alkalmazásának egyszerű következményéről van szó, amely iránymutatás a Bizottság által a bírságok megállapítása keretében követni kívánt politikát tükrözi. Márpedig figyelemmel az e tekintetben a Bizottság rendelkezésére álló mérlegelési mozgástérre (lásd ebben az értelemben a Bíróság 100/80–103/80. sz., Musique Diffusion française és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 1983. június 7-én hozott ítéletének [EBHT 1983., 1825. o.] 105–109. pontját), a Bizottság megállapíthatott ilyen kapcsolatot a jogsértés súlyának és időtartamának kritériuma között. 129. Így azon tény, hogy a jogsértés súlyának kritériuma a jelen ügyben a bírság alapösszegének meghatározásakor nagyobb súllyal bírt, mint a jogsértés időtartamának kritériuma, nem teheti érvényessé a felperes azon állítását, miszerint a bírság „»súlyelemét« meg [kellett volna] osztani” közte és a Lucite között. 130. Végezetül a jogsértés időtartama és a bírság alapösszege közötti „lineáris kapcsolat” létrehozása, azaz a bírság kiindulási összegének megszorzása a vállalkozás jogsértésben való részvétele éveinek számával, a jelen ügyben a felperes kárára magasabb alapösszeghez vezetett volna, mint amelyet vele szemben kiszabtak. 131. Másodszor el kell utasítani a felperes azon érvelését, amely a Bizottságnak a kifogásközlésben tett azon állításán alapul, miszerint „ha az eszközöket megszerző vállalkozás továbbra is folytatja az [EK] 81. cikkbe és/vagy az EGT-Megállapodás 53. cikkébe ütköző jogsértést, a jogsértésért való felelősséget meg kell osztani a jogsértés tárgyát képező eszközök eladója és megszerzője között” (a kifogásközlés 347. pontja). 132. A felperes értelmezésével ellentétben ezen állítás semmilyen pontosítást nem tartalmaz azon kérdést illetően, hogy esetleg meg kell-e osztani a bírság „súlyelemét” közte és a Lucite között. Ahogyan a Bizottság által használt kifejezésekből és az állításnak a kifogásközlés 5.6. pontjában elfoglalt helyéből egyértelműen következik, hogy az említett állítás egyszerűen a jogsértésért való felelősségnek a jogsértés tárgyát képező eszközök eladója és megszerzője közötti megosztására vonatkozik a kifogásközlés címzettjeinek meghatározásával összefüggésben. Ugyanezen megállapítás érvényes az egyik lábjegyzetben foglalt, az EGT-Szerződés 85. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (IV/31.865, PVC) 1988. december 21-én hozott 89/190/EGK bizottsági határozat (HL 1989. L 74., 1. o.) (43) preambulumbekezdésére való hivatkozásra is. Egyébiránt emlékeztetni kell arra, hogy a megtámadott határozatban a Bizottság megosztotta a jogsértésért való felelősséget a felperes és a Lucite között (lásd a fenti 21. pontot). 133. Harmadszor a felperes úgy érvel, hogy a Bizottság a korábbi határozathozatali gyakorlatában olyan módszert alkalmazott, amely abban állt, hogy megosztotta a bírság összegét azon időszakoknak megfelelően, amikor a jogsértést elkövető jogalany más tulajdonában volt. 134. E tekintetben elegendő emlékeztetni arra, hogy a Bizottság határozathozatali gyakorlata nem biztosít jogi keretet a versenyügyekben kiszabott bírságok összegének meghatározásához, mivel a Bizottság e területen széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik, amelynek gyakorlása során nem kötik őt az általa korábban végzett mérlegelések (lásd a fenti 112. pontban hivatkozott Prym és Prym Consumer kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 98. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 135. Mindenesetre a felperes nem kérdőjelezi meg a Bizottság azon érvét, miszerint a jelen ügytől eltérően az általa hivatkozott határozatokban jogi személyiséggel rendelkező leányvállalat átruházásáról volt szó. Márpedig a bírságok összegének meghatározásával összefüggésben alapvető ténybeli különbségről van szó, mivel az ICI Acrylics jogi személyisége hiányában vele szemben semmilyen bírságot nem lehetett volna kiszabni. Ennélfogva a felperes a jelen ügyben semmiképpen nem hivatkozhat eredményesen a Bizottság azon esetekre vonatkozó határozathozatali gyakorlatára, amikor valamely leányvállalatot a jogsértés időszakában átruháztak. 136. Végül meg kell jegyezni, hogy a jelen jogalap keretében a felperes megemlíti továbbá az arányosság és az egyenlő bánásmód elvének megsértését. E tekintetben azonban nem ad elő konkrét érveket, csak a fent elemzett, arra vonatkozó érveket, hogy a Bizottság állítólag köteles „megosztani a »súlyelemet«”, mivel ezen átruházásból kifolyólag a versenyt nem érte további kár. Következésképpen ezen érveket is el kell utasítani. 137. Ennélfogva a harmadik jogalapot el kell utasítani annyiban, amennyiben az a megtámadott határozat 2. cikkének megsemmisítése iránti kérelem alátámasztására irányul. Egyébiránt az említett jogalap keretében előadott elemek nem teszik lehetővé annak igazolását sem, hogy a Törvényszék a bírság összegét korlátlan felülvizsgálati jogkörében csökkentse. A bírság kiindulási összege elrettentő hatás címén való növelésének nem megfelelő jellegére alapított, negyedik jogalapról 138. A jelen jogalap két részből áll. Az első rész keretében a felperes úgy érvel, hogy a bírság kiindulási összege elrettentő hatás címén való növelésének meghatározásakor a Bizottság figyelmen kívül hagyta a tényleges fizetőképességét. A második rész keretében a felperes másodlagosan előadja, hogy a Bizottság megsértette az arányosság és az egyenlő bánásmód elvét. A jogalapnak a felperes tényleges fizetőképessége Bizottság általi figyelmen kívül hagyására alapított, első részéről 139. A felperes azt állítja, hogy a bírság kiindulási összegének a kellő elrettentő hatás címén való 50%-os növelése figyelmen kívül hagyja valós és tényleges fizetőképességét. Amint a vizsgálat során bizonyította, e növelést nem tükrözi megfelelően a forgalma, amelyre a Bizottság a növelés megállapításakor támaszkodott. Véleménye szerint a forgalom kritériuma valamely vállalkozás gazdasági erejét illetően „jelzésértékűként”, illetve „becslésként” releváns, azonban nem elegendő akkor, amikor az érintett vállalkozás előterjeszt más, a gazdasági erejére vonatkozó bizonyítékokat. Következésképpen a kérdéses növelést el kell törölni. 140. E tekintetben legelőször is ki kell emelni, hogy a megtámadott határozat (337) preambulumbekezdésében a Bizottság kimondta, hogy a különösen súlyos jogsértések kategóriájában a kiszabható bírságok sávja lehetővé teszi továbbá „az egyes vállalkozások méretére és gazdasági erejére figyelemmel” a bírságok összegének olyan szinten való megállapítását, amely biztosítja, hogy azoknak kellő elrettentő hatása legyen. A felperes méretének és gazdasági erejének értékelésekor a Bizottság a 2005-ben, azaz a megtámadott határozat elfogadását megelőző utolsó évben elért világszintű forgalmát (8,49 milliárd euró) vette figyelembe, és úgy határozott, hogy a bírságára 1,5-ös szorzótényezőt alkalmaz (lásd a megtámadott határozat (349) és (350) preambulumbekezdését). 141. Ezzel összefüggésben a felperes azon érveire válaszolva, hogy a gazdasági erejének értékelésekor a forgalmát vették figyelembe, a Bizottság kimondta, hogy a forgalom kritériuma valamely vállalkozás gazdasági erejét illetően ésszerű és hasznos jelzésértéket jelent, és a jelen ügyben ugyanolyan módon e kritériumot alkalmazta valamennyi érintett vállalkozásra (a megtámadott határozat (347) preambulumbekezdése). 142. Ezt követően az elrettentés fogalmát illetően emlékeztetni kell arra, hogy az elrettentés az egyik olyan tényező, amelyet a bírság összegének kiszámításakor figyelembe kell venni. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint ugyanis az EK 81. cikk megsértése miatt az 1/2003 rendelet 23. cikkének (2) bekezdése alapján kiszabott bírság célja az érintett vállalkozások jogellenes cselekményeinek szankcionálása, valamint a kérdéses vállalkozások, csakúgy mint más gazdasági szereplők elrettentése attól, hogy a jövőben megszegjék az uniós versenyjog szabályait. Így a Bizottság a bírság összegének kiszámítása során figyelembe veheti többek között az érintett vállalkozás méretét és gazdasági erejét (lásd ebben az értelemben a Bíróság C-289/04. P. sz., Showa Denko kontra Bizottság ügyben 2006. június 29-én hozott ítéletének [EBHT 2006., I-5859. o.] 16. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 143. A kérdéses vállalkozás méretének és összesített forrásainak annak érdekében való figyelembevétele, hogy a bírságnak kellő elrettentő hatást biztosítsanak, az említett vállalkozásra kifejteni kívánt hatásban áll, mivel a szankció különösen a vállalkozás fizetőképességére tekintettel nem lehet elhanyagolható (a Bíróság C-413/08. P. sz., Lafarge kontra Bizottság ügyben 2010. június 17-én hozott ítéletének [EBHT 2010., I-5361. o.] 104. pontja). Így különösen megállapításra került, hogy az elrettentési cél, amelyet a Bizottság a bírság összegének megállapításakor szem előtt tarthat, csakis akkor érhető el hatékonyan, ha a vállalkozás helyzetét a bírság kiszabásának napján veszi figyelembe (a Törvényszék T-279/02. sz., Degussa kontra Bizottság ügyben 2006. április 5-én hozott ítéletének [EBHT 2006., II-897. o.] 278. pontja). 144. A jelen ügyben a felperes nem vitatja, hogy a bírság összegének kiigazítása érdekében a Bizottság figyelembe veheti a vállalkozás méretét és gazdasági erejét. Vitatja azonban azt, hogy a saját méretének és gazdasági erejének értékelése során a forgalom kritériuma jelentőséggel bír. 145. E tekintetben ki kell emelni, hogy a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a vállalkozás teljes forgalma, még ha az hozzávetőleges és hiányos is, a vállalkozás méretét és gazdasági erejét illetően jelzésértékű (lásd a fenti 112. pontban hivatkozott Dansk Rørindustri és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 243. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). Ennélfogva már megállapításra került, hogy a Bizottság a bírság összegének olyan szinten való megállapítása érdekében, amely biztosítja, hogy annak kellő elrettentő jellege legyen, figyelembe veheti a kérdéses vállalkozás teljes forgalmát (a Bíróság fenti 142. pontban hivatkozott Showa Denko kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 15–18. pontja, és C-266/06. P. sz., Evonik Degussa kontra Bizottság és Tanács ügyben 2008. május 22-én hozott ítéletének [az EBHT-ban nem tették közzé] 120. pontja; a Törvényszék T-220/00. sz., Cheil Jedang kontra Bizottság ügyben 2003. július 9-én hozott ítéletének [EBHT 2003., II-2473. o.] 96. pontja). 146. Így, noha az ítélkezési gyakorlat kifejezetten elismeri, hogy a vállalkozás teljes forgalma, még ha „hiányos” és „hozzávetőleges” is, a vállalkozás méretét és gazdasági erejét illetően „jelzésértékű”, ugyanakkor a bírság elrettentő hatás címén való növelésének meghatározásával összefüggésben megerősíti e kritérium alkalmazását. E megoldás vitathatatlan előnye, hogy lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a bírságok összegének meghatározása keretében objektív kritériumhoz folyamodjon, és azt valamennyi érintett vállalkozásra megkülönböztetés nélkül alkalmazza. 147. Ebből következik, hogy azon állítás, miszerint a vállalkozás forgalma csak hiányosan, illetve hozzávetőlegesen tükrözi a vállalkozás gazdasági erejét, önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a bírság összege elrettentő hatás címén való növelésének meghatározásával összefüggésben kizárja e kritérium relevanciáját. 148. Kétségtelen, hogy – amint a felperes lényegében állítja – nem szabad figyelmen kívül hagyni az említett növelés alkalmazásával követett célkitűzést, azaz a bírság oly módon történő kiigazítását, hogy az – különös tekintettel a kérdéses vállalkozás fizetőképességére – ne legyen elhanyagolható, vagy ellenkezőleg túlzó mértékű (lásd a fenti 143. pontot, valamint a Törvényszék fenti 143. pontban hivatkozott Degussa kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 283. pontját és T-410/03. sz., Hoechst kontra Bizottság ügyben 2008. június 18-án hozott ítéletének [EBHT 2008., II-881. o.] 379. pontját). 149. A felperes által előadott elemek azonban nem teszik lehetővé annak bizonyítását, hogy a Bizottság által figyelembe vett forgalma annyira tévesen tükrözte a fizetőképességét, hogy az említett célkitűzést a jelen ügyben figyelmen kívül hagyták. 150. Legelőször is ki kell emelni, hogy a felperes az általa előadott érvek és adatok alátámasztására semmilyen konkrét elemet nem szolgáltat, mivel a keresetlevél e kérdésben semmilyen dokumentumra nem hivatkozik. 151. Ezt követően meg kell állapítani, hogy a felperes a keresetlevélben csupán arra hivatkozik, hogy a nyugdíjak címén tartozása áll fenn, amely jelentősebb, mint azt a terjedelme alapján gondolni lehetne, valamint egy 1997-ben bekövetkezett megszerzés finanszírozásának betudható eladósodásra hivatkozik, anélkül azonban, hogy részletesen kifejtené, pontosan hogyan érinti e tartozások fennállása a Bizottság által figyelembe vett, 2005-ben elért forgalmának relevanciáját. 152. Márpedig meg kell jegyezni, hogy – amint a Bizottság helyesen jegyzi meg – több évre vonatkozó elemekről van szó, amelyek tehát nem feltétlenül megbízható jelzésértékűek a vállalkozásnak a megtámadott határozat elfogadásának időpontjában fennálló gazdasági erejét illetően, és amelyek végül is főszabály szerint elkerülhetetlen hatással vannak a vállalkozás forgalmára. Egyébiránt maga a felperes azt állítja a keresetlevélben, hogy a kérdéses eladósodás „hatással járt a tevékenységeire”. A felperes ugyanúgy nem kérdőjelezte meg a Bizottság azon érvét, amely szerint a kérdéses tartozások szükségszerűen kihatnak a forgalmára. 153. Ezen túlmenően hangsúlyozni kell, hogy a felperes nem fejti ki, hogy a forgalom kritériuma az általa előadott elemek miatt mennyiben nem tükrözi megfelelően a fizetőképességét. Csupán azt kéri, hogy egyszerűen töröljék el a Bizottság által alkalmazott növelést. Meg kell azonban állapítani, hogy ez a felperest ugyanabba a helyzetbe hozná, mint a Barlót és a Lucite-ot, amelyek esetében elrettentő hatás címén semmilyen növelés nem került alkalmazásra. Márpedig e két vállalkozás forgalma 2005-ben a felperes forgalmának körülbelül 4, illetve 13%-át tette ki (lásd a megtámadott határozat (36) és (46) preambulumbekezdését). Meggyőző bizonyítékok hiányában azon állítás, miszerint a felperes forgalma a fizetőképességét illetően ennyire megtévesztő, nem fogadható el. 154. Ebből következik, hogy a felperes nem cáfolta meg a Bizottság azon érvelését, miszerint a forgalma „a gazdasági erejét illetően ésszerű és hasznos jelzésértéket” jelent (a megtámadott határozat (347) preambulumbekezdése). Következésképpen a felperes állításával ellentétben a Bizottság a megfelelő növelés meghatározásakor alapul vehette az említett forgalmat (lásd különösen a fenti 146. és 147. pontot). 155. Egyébiránt, amennyiben a felperes azt állítja, hogy a Bizottság elmulasztotta megvizsgálni a közigazgatási eljárásban a fizetőképességét illetően szolgáltatott bizonyítékokat, ezen érvet is el kell utasítani. Egyrészről a felperes részéről tett olyan egyszerű állításról van szó, amelyet semmilyen konkrét elem, mint például a Bizottság által figyelmen kívül hagyott bizonyítékokra való utalás nem támaszt alá. Másrészről mindenesetre a megtámadott határozatból kitűnik, hogy a Bizottság megvizsgálta a felperes azon érveit, amelyek szerint a forgalma alapján túlbecsülték a fizetőképességét, megállapítva, hogy a forgalom a gazdasági erejét illetően ésszerű és hasznos jelzésértéket jelent (a megtámadott határozat (343) és (347) preambulumbekezdése). Noha a Bizottság nem válaszolt részletesen a felperes összes érvére, önmagában e körülmény alapján nem lehet azt állítani, hogy ezen érveket nem vizsgálták meg. 156. Végül a felperes továbbá azt állítja, hogy a jelen ügyben annál is inkább alá kellett volna támasztani a növelés szükségességét, mivel – amint bizonyította – nem ő foglalkoztatta a jogsértés egyetlen igazi elkövetőjét sem, és azok egyike sem töltött be nála felelős tisztséget, továbbá igazgatóságának egyetlen tagja sem könnyítette meg a jogsértés elkövetését, és a bírság összege már igen magas volt. 157. E tekintetben elegendő emlékeztetni arra, hogy a megtámadott határozat (337)–(350) preambulumbekezdésében a Bizottság a jogsértés súlyának értékelésével összefüggésben növelte a bírság kiindulási összegét annak biztosítása érdekében, hogy a bírságnak „az egyes vállalkozások méretére és gazdasági erejére figyelemmel kellő elrettentő hatása” legyen (a megtámadott határozat (337) preambulumbekezdése). A bírság összege kiszámításának e szakasza abból ered, hogy a kiindulási összeget ki kell igazítani oly módon, hogy a vállalkozás összesített forrásaira és a bírság megfizetéséhez szükséges pénzeszközök mozgósítására való képességére figyelemmel a bírságnak kellő elrettentő jellege legyen. Következésképpen a felperes azon állításai, amelyek szerint nem ő foglalkoztatta a jogsértés egyetlen igazi elkövetőjét sem, és azok egyike sem töltött be nála felelős tisztséget, továbbá igazgatóságának egyetlen tagja sem könnyítette meg a jogsértés elkövetését, ezzel összefüggésben nem relevánsak, tehát hatástalanok. 158. Meg kell tehát állapítani, hogy a jogalap első részének keretében előadott érvek nem kérdőjelezik meg a megtámadott határozat (349) és (350) preambulumbekezdésében a felperes esetében alkalmazott növelést. 159. Ennélfogva a jogalap első részét el kell utasítani annyiban, amennyiben az a megtámadott határozat 2. cikkének megsemmisítése iránti kérelem alátámasztására irányul. A jogalapnak az arányosság és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére alapított, második részéről 160. A felperes előadja, hogy – még ha feltételezzük is, hogy a Bizottság jogosan alkalmazhatott kizárólag a forgalomra alapított, elrettentést célzó növelést – a megtámadott határozat címzettjeit méltányosan és arányosan kellett volna kezelnie. Márpedig a felperes esetében alkalmazott növelés arányosan nagyobb, mint az Atofináé, ennélfogva sérti az arányosság és az egyenlő bánásmód elvét. 161. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy – amint a felperes kiemeli – a Bizottság által a felperes esetében figyelembe vett forgalom (8,49 milliárd euró) valóban a tizenhatod részét teszi ki az Atofináénak (143 milliárd euró), míg a felperes bírságára alkalmazott növelés (50%) csak egynegyed része az Atofináénak (200%). 162. Ezen észrevétel azonban a felperes által hivatkozott elveket illetően nem elegendő a felperes esetében alkalmazott növelés mértékének megkérdőjelezéséhez. 163. Először is ezen, valamely más vállalkozásnak fenntartott eltérő bánásmód önmagában nem jelenti azt, hogy a felperes esetében alkalmazott növelés nem arányos a követett célkitűzéssel, amely a megtámadott határozat (337) preambulumbekezdése szerint abban áll, hogy a felperes méretére és gazdasági erejére figyelemmel a bírságának összege olyan szinten kerüljön megállapításra, amely biztosítja, hogy annak kellő elrettentő hatása legyen. Márpedig a jogalap jelen része keretében a felperes e tekintetben nem hoz fel érveket. 164. Mindenesetre a felperes érve annyiban, amennyiben az Atofina helyzetére összpontosít, megalapozottsága esetén azt eredményezné, hogy a felperes esetében alkalmazott növelés csupán 12,5%-os lenne (az Atofina esetében alkalmazott 200%-os növelés csupán tizenhatod részét kitevő növelés). Márpedig a 2005-ben elért forgalma által tükrözött méretére és gazdasági erejére figyelemmel e növelés nem lenne elegendő a követett célkitűzés eléréséhez. 165. Másodszor, még ha feltételezzük is, hogy e különbség az egyenlő bánásmód elve megsértésének tekinthető, abból nem következne szükségszerűen az, hogy a felperesnek joga van arra, hogy megkapja az alkalmazott növelés csökkentését. 166. E kérdést illetően a Bizottság helyesen emeli ki, hogy a felperes „fordítva” akarja alkalmazni a Törvényszék T-236/01., T-239/01., T-244/01–T-246/01., T-251/01, és T-252/01. sz., Tokai Carbon és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2004. április 29-én hozott ítéletének (EBHT 2004., II-1181. o.) 244–249. pontjában kialakított megoldást. Az ezen ítélet alapjául szolgáló ügyben a Showa Denko KK (a továbbiakban: SDK) vállalkozás forgalma kétszer nagyobb volt, mint a VAW Aluminium AG-é (a továbbiakban: VAW). Márpedig a Bizottság az SDK esetében hatszor nagyobb növelést alkalmazott (150%), mint a VAW esetében (25%). A Törvényszék ebben a helyzetben döntött úgy, hogy az SDK esetében alkalmazott növelést 50%-os növeléssel, tehát a VAW esetében alkalmazottól kétszer nagyobb növeléssel váltja fel. 167. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a felpereshez hasonló vállalkozás a saját javára hivatkozhat az egyenlő bánásmód elvének abból eredő állítólagos megsértésére, hogy a valamely, nála nagyobb vállalkozás esetében alkalmazott növelés az e két vállalkozás közötti méretbeli különbségre tekintettel nem elég nagy. 168. Harmadszor és mindenesetre a felperes esetében alkalmazott növelés mértékének az egyenlő bánásmód és az arányosság elvét illetően való megalapozottságát adott esetben nem csupán az Atofina esetében alkalmazott növeléshez képest, hanem a többi érintett vállalkozás esetében alkalmazott növeléshez képest is meg kellene vizsgálni. 169. Közelebbről, ahogyan az ítélkezési gyakorlatból következik, a Törvényszék által a jogalap jelen részének vizsgálata keretében követett megoldás nem vezethet a kérdéses jogsértésben részt vevő vállalkozások közötti eltérő bánásmódhoz (lásd ebben az értelemben a Bíróság fenti 97. pontban hivatkozott Sarrió kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 97. pontját és C-407/04. P. sz., Dalmine kontra Bizottság ügyben 2007. január 25-én hozott ítéletének [EBHT 2007., I-829. o.] 152. pontját). 170. Márpedig a felperes a keresetlevélben e tekintetben nem ad elő érvet. 171. Végezetül emlékeztetni kell arra, hogy a megtámadott határozatban alkalmazott növelések növekvő sorrendben a következők voltak: – a 310,85 millió eurós forgalmat elért Barlo esetében (a megtámadott határozat (46) preambulumbekezdése) semmilyen növelést nem alkalmaztak; – a körülbelül 1,14 milliárd eurós forgalmat elért Lucite esetében (a megtámadott határozat (36) preambulumbekezdése) semmilyen növelést nem alkalmaztak; – az 5,71 milliárd eurós forgalmat elért Total-csoport három társasága (az Arkema, az Altuglas és az Altumax) esetében (a megtámadott határozat (14) preambulumbekezdése) egy hipotetikus 25%-os növelést (1,25-ös szorzótényezőt) alkalmaztak az e három társaság által elkövetett visszaesés miatti növelés kiszámítása érdekében (lásd a megtámadott határozat 233. lábjegyzetét). Egyébiránt az e társaságok által a megtámadott határozat ellen benyújtott kereset elbírálásakor a Törvényszék a velük szemben kiszabott bírság összegét csökkentette úgy, hogy az elrettentő hatás címén alkalmazott 25%-os növelés alapján újraszámította ann ak teljes összegét (a Törvényszék T-217/06. sz., Arkema France és társai kontra Bizottság ügyben 2011. június 7-én hozott ítéletének [EBHT 2011., II-2593. o.] 339. és 340. pontja); – a 2005-ben 8,49 milliárd eurós forgalmat elért felperes esetében 50%-os növelést (1,5-ös szorzótényezőt) alkalmaztak; – a 11,75 milliárd eurós forgalmat elért Degussa esetében 75%-os növelést (1,75-ös szorzótényezőt) alkalmaztak; – az Atofina (a Total-csoport öt társasága) esetében 200%-os növelést (3-as szorzótényezőt) alkalmaztak a Total SA 2005-ben elért 143,168 milliárd eurós forgalma alapján (a megtámadott határozat (349) és (350) preambulumbekezdése). 172. Így a megtámadott határozatból egyértelműen kitűnik, hogy az Atofina esete azon vállalkozás sajátos esete, amelynek a forgalma messze meghaladta az összes többi érintett vállalkozás forgalmát. A Bizottság által a többi vállalkozás tekintetében követett viszont megközelítés koherens volt, mivel a Bizottság 25, 50 és 75%-os növelést állapított meg az 5,71, 8,49, illetve 11,75 milliárd eurós forgalmat elért vállalkozások esetében. 173. Kétségtelen, hogy a Bizottság nem követte szigorúan a matematikai arányokat, és közelebbről a növelés mértékét illetően az Arkema és a felperes közötti különbség (százalékban kifejezve) nagyobb (+ 100%), mint a forgalmuk közötti különbség (+ 48%), miközben ezen eltérés a felperest és a Degussát illetően kisebb (+ 50% a növelést illetően és + 38% a forgalmat illetően). 174. Ez utóbbi megállapítás azonban nem elég a felperes által hivatkozott elvek megsértésének bizonyításához. Figyelemmel ugyanis az e területen a Bizottság rendelkezésére álló mérlegelési mozgástérre és a kérdéses növelések alkalmazásával követett elrettentési célra, az egyenlő bánásmód és az arányosság elvére hivatkozva nem lehet megkövetelni a Bizottságtól annak biztosítását, hogy az e növelések mértéke közötti különbségek szigorúan tükrözzenek minden, a forgalmukat illetően köztük tett különbségtételt (lásd továbbá ebben az értelemben analógia útján a fenti 145. pontban hivatkozott Evonik Degussa kontra Bizottság és Tanács ügyben hozott ítélet 122. pontját). Amint az ítélkezési gyakorlatból kitűnik, míg a forgalom releváns kritériumot jelent a bírság összegének olyan szinten való megállapítása keretében, amely biztosítja, hogy annak kellő elrettentő jellege legyen, a megfelelő bírság megállapítása mindazonáltal nem lehet szükségszerűen a forgalomra alapozott egyszerű aritmetikai számítás eredménye (lásd ebben az értelemben a fenti 128. pontban hivatkozott Musique Diffusion française és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 121. pontját és a fenti 145. pontban hivatkozott Evonik Degussa kontra Bizottság és Tanács ügyben hozott ítélet 120. pontját). 175. Ebből következik, hogy az azon vállalkozásokkal szemben alkalmazott bánásmód, amelyek a forgalmukra tekintettel a felperessel összehasonlíthatóbb helyzetben vannak, mint az Atofina, nem teszi lehetővé az egyenlő bánásmód és az arányosság elve megsértésének megállapítását. Ha viszont a felperes érvelése – annyiban, amennyiben kizárólag az Atofináéval arányos bánásmódot, azaz lényegében 12,5%-os növelést kér (lásd a fenti 164. pontot) – elfogadásra kerülne, az érintett vállalkozásokkal szembeni eltérő bánásmódot eredményezne. 176. Ezzel összefüggésben hangsúlyozni kell továbbá azon tényt, hogy a felperes különösen a Lucite esetét illetően hallgat. Márpedig emlékeztetni kell arra, hogy a felperes és a Lucite ugyanazon eszközökkel egymás követően követte el a jogsértést, és a Bizottság az esetükben a PMMA-termékeket illetően ugyanazon forgalom alapján ugyanolyan kiindulási összegű bírságot állapított meg. Ennélfogva, míg e két vállalkozás bírságainak összegét tehát ugyanolyan módon számították ki, a felperessel ellentétben azonban a Lucite esetében elrettentő hatás címén semmilyen növelést nem alkalmaztak. Mivel azonban a forgalma 7,5-ször kisebb volt, mint a felperesé, nem lehet azt állítani, hogy a felperes esetében alkalmazott 50%-os növelés sérti a hivatkozott elveket. 177. E körülmények között a jogalap második részét el kell utasítani annyiban, amennyiben az a megtámadott határozat 2. cikkének megsemmisítése iránti kérelem alátámasztására irányul. 178. Egyébiránt a fenti okok miatt a negyedik jogalap keretében a felperes által előadott elemek nem teszik lehetővé annak igazolását sem, hogy a Törvényszék a bírság összegét – a kiindulási összeg elrettentő hatás címén való növelése miatt – korlátlan felülvizsgálati jogkörében csökkentse. Ennélfogva e jogalapot teljes egészében el kell utasítani. A bírság összegének a Bizottsággal való együttműködés címén való csökkentése indokolatlan megtagadására alapított, ötödik jogalapról 179. A jelen jogalap két részből áll. Az első rész keretében a felperes azt kifogásolja, hogy a Bizottság megtagadta a bírsága összegének az engedékenységi közlemény címén való csökkentését. A második rész keretében a felperes másodlagosan úgy érvel, hogy a Bizottságnak legalábbis el kellett volna ismernie az említett közlemény keretein kívüli együttműködésének értékét. A jogalap arra vonatkozó első részéről, hogy megtagadták a bírság összegének az engedékenységi közlemény alapján való csökkentését 180. A jogalap e része lényegében két kifogáson alapul. Egyrészről a felperes azt kifogásolja, hogy a Bizottság tévesen állapította meg, hogy az általa szolgáltatott bizonyítékok semmilyen hozzáadott értékkel nem bírtak a vizsgálata során. Másrészről úgy érvel, hogy a Bizottság magatartása miatt nyújtotta be e bizonyítékokat a többi érintett vállalkozáshoz képest késedelmesen. – Az engedékenységi közlemény alapján benyújtott kérelemben foglalt bizonyítékok hozzáadott értékének téves értékeléséről 181. Előzetesen emlékeztetni kell arra, hogy a Bizottság széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a bírság kiszámításának módszerét tekintve, és e tekintetben lehetősége van számos elemet figyelembe venni, köztük az érintett vállalkozásoknak az ezen intézmény szervezeti egységei által folytatott vizsgálat során való együttműködését. E tekintetben a Bizottság széles mérlegelési mozgástérrel rendelkezik egy adott vállalkozás együttműködése minőségének és hasznosságának megítélésére vonatkozóan, különösen a többi vállalkozás közreműködéséhez viszonyítva (a Bíróság C-328/05. P. sz., SGL Carbon kontra Bizottság ügyben 2007. május 10-én hozott ítéletének [EBHT 2007., I-3921. o.] 81. és 88. pontja). 182. Ahhoz, hogy igazolt legyen a bírság összegének az engedékenységi közlemény alapján való csökkentése, az átadott információknak valódi együttműködést kell jelenteniük a vállalkozás részéről, mivel a bírság összege csökkentésének az a célja, hogy megjutalmazza a vállalkozást a közigazgatási eljárás során nyújtott közreműködésért, amely lehetővé tette a Bizottság számára, hogy kisebb nehézség árán állapítsa meg a jogsértést (lásd ebben az értelemben a fenti 116. pontban hivatkozott Erste Group Bank és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 305. pontját). Így a vállalkozásnak a magatartásával elő kell segítenie a Bizottság feladatát, amely az uniós versenyszabályok megsértésének megállapításából és megtorlásából áll (lásd a fenti 54. pontban hivatkozott JFE Engineering és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 499. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot), és valódi együttműködési szándékról kell tanúbizonyságot tennie (a fenti 112. pontban hivatkozott Dansk Rørindustri és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 395. és 396. pontja). 183. A csökkentés létjogosultságára tekintettel a Bizottság nem vonatkoztathat el a szolgáltatott információ hasznosságától, amely szükségszerűen a már a Bizottság birtokában lévő bizonyítékoktól függ (a Törvényszék T-456/05. és T-457/05. sz., Gütermann és Zwicky kontra Bizottság egyesített ügyekben 2010. április 28-án hozott ítéletének [EBHT 2010., II-1443. o.] 221. pontja). 184. Egyébiránt, bár a Bizottság köteles megindokolni, hogy miért gondolja úgy, hogy a vállalkozások által az engedékenységi közlemény keretében szolgáltatott információk olyan közreműködést jelentenek, amely indokolja vagy nem indokolja a kiszabott bírság összegének csökkentését, mégis a Bizottság határozatát e tekintetben vitatni kívánó vállalkozásoknak kell bizonyítaniuk, hogy az általuk önkéntesen szolgáltatott ilyen információk hiányában a Bizottság nem tudta volna a jogsértés lényeges elemeit bizonyítani, és így bírságot kiszabó határozatot sem tudott volna elfogadni (a fenti 116. pontban hivatkozott Erste Group Bank és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 297. pontja). 185. A Bizottság az engedékenységi közleményben meghatározta, hogy a kartellre vonatkozó vizsgálata során a vele együttműködő vállalkozások milyen feltételek között mentesíthetők a bírság alól, vagy részesülhetnek az egyébként általuk megfizetendő bírság összegének csökkentésében. 186. Közelebbről a Bizottság kimondta, hogy azok a vállalkozások, amelyek nem felelnek meg a bírság alóli mentesség feltételeinek, jogosultak lehetnek a bírság összegének csökkentésére (az engedékenységi közlemény 20. pontja). Az említett közlemény 21. pontja szerint annak érdekében, hogy ilyen csökkentésre jogosultságot szerezzen, „a vállalkozásnak a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a feltehető jogsértésre vonatkozó olyan bizonyítékait, amelyek jelentős hozzáadott értéket képviselnek a Bizottságnak már rendelkezésére álló bizonyítékok értékéhez képest, és véget kell vetnie a feltehető jogsértésben való részvételének nem később, mint a bizonyíték benyújtása időpontjában”. 187. Egyébiránt az engedékenységi közlemény 22. pontja kifejti: „A »hozzáadott érték« fogalma arra vonatkozik, hogy a benyújtott bizonyíték jellege és/vagy részletessége folytán mennyiben segíti a Bizottságot a kérdéses tényállás bizonyításában. Ennek mérlegelésében a Bizottság általában azokat az írásos bizonyítékokat, amelyek abból az időszakból származnak, mint a bizonyítandó tényállás, értékesebbnek tekinti, mint a később keletkezett bizonyítékokat. Ehhez hasonlóan a kérdéses tényállással kapcsolatos közvetlen bizonyítékokat általában nagyobb értékűnek tekinti, mint a közvetett vonatkozásúakat.” 188. A megtámadott határozatban a Bizottság kiemelte, hogy a felperes 2004. október 18-án kérte az engedékenységi közlemény alkalmazását, azt követően, hogy a Bizottság megkapta az említett közlemény alapján a Degussa által (2002. december 20-án), az Atofina által (2003. április 3-án) és a Lucite által (2003. július 11-én) benyújtott kérelmet (a megtámadott határozat (416) preambulumbekezdése). A megtámadott határozat (417) preambulumbekezdése kimondja, hogy az engedékenységi közlemény alkalmazásában a Bizottság megvizsgálta a felperes közreműködését abban az időrendben, amelyben a közléseket tették, annak meghatározása érdekében, hogy az az említett közlemény 21. pontja értelmében jelentős hozzáadott értéket képvisel-e. E kritériumok alapján a Bizottság megállapította, hogy a felperes által szolgáltatott bizonyítékok nem jelentenek az engedékenységi közlemény értelmében jelentős hozzáadott értéket (a megtámadott határozat (417) preambulumbekezdése). 189. A jelen ügyben a felperes először is úgy érvel, hogy a Bizottság téves jogi kritériumot alkalmazott a bírság összegének csökkentése iránti kérelmének elutasításakor, mivel a megtámadott határozat (419) preambulumbekezdésében a Bizottság kimondja, hogy a felperes által szolgáltatott dokumentumok nem tették lehetővé számára „a tényállás bizonyítását”. Márpedig a felperes úgy érvel, hogy az engedékenységi közlemény 21. pontja alkalmazásában a megfelelő kritérium az, hogy segítsék a Bizottságot a tényállás bizonyításában. 190. Ezen érv nélkülözi a ténybeli alapot, és el kell utasítani. 191. Ahogyan ugyanis a fenti 188. pontban kiemelésre került, a megtámadott határozat (416)–(419) preambulumbekezdéséből egyértelműen kitűnik, hogy a Bizottság helyesen alkalmazta az engedékenységi közlemény vonatkozó rendelkezését, azaz annak 21. pontját, amikor a „jelentős hozzáadott érték” kritériumát alkalmazta (lásd a fenti 188. pontot). Egyébiránt a felperest a bírság összegének e címen való csökkentése iránti kérelmének elutasításáról tájékoztató 2005. augusztus 11-i levélben a Bizottság azt állította, hogy a felperes által „szolgáltatott bizonyítékok nem képviselnek [az engedékenységi közlemény] 21. és 22. pontja értelmében jelentős hozzáadott értéket”, amely közlemény így említette a releváns kritériumot. 192. Másodszor a felperes lényegében úgy érvel, hogy az általa szolgáltatott bizonyítékok megfelelnek az engedékenységi közlemény 21. és 22. pontjában előírt feltételeknek. 193. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a fenti 184. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlat szerint a felperesnek kell bizonyítania, hogy az említett feltételek teljesülnek. Márpedig hangsúlyozni kell azon tényt, hogy – még akkor is, ha a felperes a keresetlevélben általánosan és alá nem támasztva utal a Bizottsággal való együttműködés érdekében általa tett jelentős erőfeszítésekre, „az információtechnológiai szakemberek által ledolgozott számos munkanapra” és „külső tanácsadók által elvégzett, több mint ezer órát kitevő vizsgálatra” hivatkozva, amelyeknek eredményeképpen önként szolgáltatott a Bizottság számára „168, mentési rendszerekből és szerverekről nyert dokumentumot” – a jelen kifogás keretében kifejtett érvelése valójában néhány, a jogsértéssel egy időben keletkezett, és a megtámadott határozat (101), (104), (115) és (156) preambulumbekezdésében hivatkozott dokumentumon nyugszik. Előadja, hogy e dokumentumok megerősítették a Bizottság állítását, és segítették a Bizottságot a vizsgálata során, mivel a megtámadott határozatban hivatkozik rájuk, és e vizsgálat keretében ritka időszerű dokumentumokról van szó. Egyébiránt az engedékenységi közlemény az ilyen időszerű dokumentumoknak jelentős értéket tulajdonít. 194. Ezen érvek azonban nem teszik lehetővé a Bizottság értékelésének megkérdőjelezését. 195. Először is, ami a felperesnek a megtámadott határozat (101) preambulumbekezdésében hivatkozott belső elektronikus levelét illeti, az az 1998 második negyedévét illetően áremelésre vonatkozó megállapodásra utal, és arra, hogy az Egyesült Királyság piacán 1999. január 1-jétől az öntött lemezeket illetően 5%-os emelést hajtanak végre (lásd a megtámadott határozat 27. lábjegyzetét). A megtámadott határozat (156) preambulumbekezdésében hivatkozott dokumentumok éppúgy áremelést említenek 1998 második félévére vonatkozóan. Amint azonban a Bizottság állítja, a megtámadott határozatból kitűnik (lásd például a megtámadott határozat (155), (157) és (158) preambulumbekezdését), hogy e dokumentumok kézhezvétele előtt már tudott az 1998 második félévére vonatkozóan európai szinten folytatott, árakkal kapcsolatos megbeszélésekről és áremelésekre vonatkozó megállapodásokról. 196. Kétségtelen, hogy – amint a felperes hangsúlyozza – a megtámadott határozat (101) preambulumbekezdésében hivatkozott dokumentum lehetővé tette a Bizottság számára annak kifejtését, hogy a kérdéses versenyellenes találkozók hogyan zajlottak le. Ugyanígy a megtámadott határozat (156) preambulumbekezdésében hivatkozott dokumentumok azt mutatják, hogyan hajtották végre az áremeléseket. Csupán olyan információkról van azonban szó, amelyek lehetővé tették, hogy az áremeléseket összefüggéseikbe helyezzék, amely áremeléseket illetően a Bizottság már elegendő bizonyítékkal rendelkezett. 197. Másodszor, ami a felperesnek a megtámadott határozat (104) preambulumbekezdésében és 31. lábjegyzetében annak szemléltetése érdekében hivatkozott két belső elektronikus levelét illeti, hogy az áremeléseket nem mindig hajtották végre (lásd a megtámadott határozat 31. lábjegyzetét), emlékeztetni kell arra, hogy e dokumentumok kézhezvételét megelőzően a Bizottság e tényről már tudott, és rendelkezett ezzel kapcsolatos bizonyítékokról, amint a megtámadott határozat több preambulumbekezdéséből is kitűnik (lásd például a megtámadott határozat (110), (120), (123), (125), (128), (129), (134), (140), (143), (148), (167) és (184) preambulumbekezdését). A felperes által kiemelt azon tény, hogy a megtámadott határozatnak „Az ármegállapodások végrehajtása és felügyelete” című 4.2.3. pontjában kizárólagosan hivatkozott, a jogsértéssel egy időben keletkezett dokumentumokról van szó, önmagában nem bizonyítja azok jelentős hozzáadott értékét. 198. Harmadszor, ami a megtámadott határozat (115) preambulumbekezdésében hivatkozott találkozóról készült beszámolót illeti, e dokumentum csupán azt erősíti meg, hogy a megadott időpontban a felperes és a Degussa között találkozóra került sor, mivel az annak versenyellenes jellegére vonatkozó információkat a Degussa szolgáltatta. Egyébiránt ki kell emelni, hogy a felperes a jelen kereset keretében éppen azt állítja, hogy az említett dokumentum jogszerű jelleget kölcsönöz az érintett találkozónak, tehát nem lehet érvényesen azt állítani, hogy a Bizottság számára jelentős hozzáadott értéke volt. 199. Ezenkívül hangsúlyozni kell, hogy a felperes nem vitatja a Bizottság azon értékelését, miszerint a fent említett dokumentumok kézhezvétele időpontjában már rendelkezett más vállalkozásoktól származó, a tényállás bizonyításához elegendő döntő bizonyítékkal. A felperes azonban úgy érvel, hogy az engedékenységi közleménynek megfelelően nem az a kérdés, hogy a Bizottság már kapott-e az állítása megalapozottságának bizonyításához „elegendő bizonyítékot”, hanem az, hogy a bizonyítékai „megerősítették-e” ezen állítást. Márpedig a felperes véleménye szerint egy állítás bármennyire is szilárd, azt mindig megerősíthetik további, illetve erősebb bizonyítékok, különösen pedig időszerű dokumentumok. 200. Ezen érvelés nem fogadható el. Lényegében ugyanis azt jelenti, hogy valamely kartellügyre vonatkozó határozatban hivatkozott bármely bizonyítékot és a fortiori valamely időszerű dokumentumot úgy kellene tekinteni, hogy az az engedékenységi közlemény értelmében „jelentős hozzáadott értéket” képvisel, tehát igazolja a bírság összegének csökkentését. Márpedig ezen eredmény összeegyeztethetetlen lenne a fenti 181–183. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlattal. 201. Így például megállapításra került, hogy az olyan nyilatkozat, amely bizonyos mértékben csupán annak a nyilatkozatnak a megerősítésére korlátozódik, amellyel a Bizottság már rendelkezett, nem könnyíti meg jelentősen a Bizottság feladatát, és nem lehet elegendő ahhoz, hogy igazolja a bírság összegének együttműködés címén való csökkentését (lásd a fenti 183. pontban hivatkozott Gütermann és Zwicky kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 222. pontját, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). Ebből következik, hogy pusztán azon tény, hogy valamely dokumentum bizonyos mértékben hasznos a Bizottság számára, tehát a Bizottság arra hivatkozik a határozatában, nem teszi lehetővé a bírságösszeg együttműködés címén való csökkentésének igazolását. 202. Egyébiránt ki kell emelni, hogy a felperes az érvelését az en gedékenységi közlemény 22. pontjának szövegére összpontosítja, amely szerint meg kell vizsgálni, hogy „a benyújtott bizonyíték […] segíti[-e] a Bizottságot a kérdéses tényállás bizonyításában”. E pontból azonban egyértelműen kitűnik, hogy az a „hozzáadott érték” fogalmát határozza meg, míg a bírságösszeg csökkentése célszerűségének értékelése során az említett közlemény 21. pontjában megállapított releváns kritérium a „jelentős hozzáadott érték” kritériuma. Márpedig a felperes még csak meg sem próbálja bizonyítani, hogy az általa hivatkozott dokumentumok mennyiben könnyítették meg „jelentősen” a Bizottság feladatát. 203. Ebből következik, hogy a felperes nem bizonyította, hogy a Bizottságnak a fenti 188. pontban hivatkozott megállapítása nyilvánvaló mérlegelési hibában szenved. 204. Ennélfogva a jelen kifogást el kell utasítani. – A Bizottság azért való felelősségéről, hogy a felperes a többi érintett vállalkozáshoz képest késedelmesen nyújtotta be a bizonyítékait 205. A felperes azt rója a Bizottság terhére, hogy miatta nyújtotta be késedelmesen az engedékenységi közlemény szerinti kérelmét. 206. Először is úgy érvel, hogy a Bizottság több mint egy évig nem tett eleget a felperes vizsgálatról való tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének, azt követően, hogy arról a kartell összes többi résztvevőjét tájékoztatta. 207. E kérdésben hangsúlyozni kell, hogy a felperes egyáltalán nem hivatkozik arra, hogy a vizsgálatról való állítólagos késedelmes tájékoztatásából eredően sérült a védelemhez való joga. Ellenben lényegében azt állítja, hogy veszélybe került annak lehetősége, hogy a Bizottsággal való együttműködése címén csökkentsék a bírságának összegét. 208. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a vizsgálat keretében a felpereshez címzett első bizonyításfelvételre, azaz egy tájékoztatáskérésre 2004. július 29-én került sor (lásd a fenti 10. pontot). Márpedig a Degussa 2002. december 20-án nyújtotta be a mentesség iránti kérelmét, és a többi érintett vállalkozást (az Atofinát, a Barlót és a Lucite-ot) 2003. március 25-én szükségszerűen tájékoztatták a vizsgálatról, amely időpontban megkezdődtek a helyiségeikben a helyszíni vizsgálatok (lásd a fenti 7. pontot). Egyébiránt 2003. április 3-án és július 11-én az Atofina, illetve a Lucite az engedékenységi közlemény alapján benyújtotta kérelmét, amelyeknek helyt adtak (lásd a fenti 8. és 28. pontot). 209. Így a felperes helyzete eltér a megtámadott határozat összes többi címzettjének helyzetétől, akik igényt tarthattak a bírság összegének az engedékenységi közlemény alapján való csökkentésére, mivel a felperes helyzete e vállalkozások után tizenhat hónappal képezte első bizonyításfelvétel tárgyát. Márpedig, amint a fentiekből kitűnik (lásd például a fenti 183. pontot), az említett közlemény szerinti kérelem benyújtásának időpontja meghatározó lehet a bírság összege csökkentésének lehetőségét illetően. 210. A felperes állításával ellentétben azonban e megfontolás nem érvényteleníti a Bizottsággal való együttműködése hasznosságának értékelését, és nem eredményezi a bírság összegének e címen való csökkentését. 211. Egyrészről a felperes semmilyen jogszabályra nem hivatkozik, amely alapján a Bizottság köteles lenne e szakaszban a felperest konkrétan a vizsgálatról tájékoztatni, illetve vele kapcsolatban bizonyításfelvételt lefolytatni különösen annak érdekében, hogy megfelelő időben lehetővé tegye számára, hogy kérelmet nyújtson be az engedékenységi közlemény alapján. 212. Egyébiránt a tárgyaláson a felperes a Törvényszék kérdésére válaszolva kifejezetten elismerte egyrészről, hogy az összes többi érintett vállalkozáshoz hasonlóan lehetősége volt kérelmet benyújtani az engedékenységi közlemény alapján a kívánt időpontban, másrészről pedig, hogy az ügy irataiban szereplő elemek azt bizonyítják, hogy jóval a vele kapcsolatban lefolytatott első bizonyításfelvételt megelőzően tudomása lehetett arról, hogy a metakrilátok ágazatában vizsgálat van folyamatban (lásd továbbá a lenti 216. és 217. pontot). 213. Végezetül emlékeztetni kell különösen arra, hogy a 2004. április 30-ig hatályban lévő, az [EK 81.] és [EK 82. cikk] végrehajtásáról szóló első, 1962. február 6-i 17. tanácsi rendelet (HL 1962. 13., 204. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 3. o.) 11. és 14. cikkéből, valamint az ezen időpontot követően alkalmazandó 1/2003 rendelet 18–20. cikkéből egyértelműen kitűnik, hogy a Bizottság „lefolytathat” bizonyításfelvételt, azaz információkat kérhet, illetve helyszíni vizsgálatokat folytathat le. Amint a Bizottság előadja, egyetlen rendelkezés sem kötelezi őt arra, hogy a bizonyításfelvételt valamennyi érintett vállalkozás esetében egyidejűleg folytassa le. 214. Ezenkívül a jelen ügyben a Törvényszék írásbeli kérdésére válaszolva a Bizottság megerősítette, hogy a Lucite 2003. április 7-i levelének kézhezvétele után, azaz kevéssel a 2003. március 25-i helyszíni vizsgálatokat követően tudomása volt arról, hogy a felperes az ügyben esetleg érintett. Megjegyezte azonban, hogy a vizsgálat azonnali szükségessége miatt úgy vélte, nem szükséges rögtön felvenni a kapcsolatot a felperessel. Ugyanis, mivel a jogsértést elkövető kereskedelmi egységet, azaz ICI Acrylicst átruházták a Lucite-ra, a Bizottság feltételezte, hogy ez utóbbi vállalkozás az, amelyik e szakaszban leginkább abban a helyzetben van, hogy válaszoljon a kartellel kapcsolatos kérdésekre, mivel hozzáférése van a dokumentumokhoz, és eléri a személyzet érintett tagjait. 215. Mivel a felperes a tárgyaláson ezen értékelést nem vitatta, úgy tűnik, tehát, hogy objektív tényezők alapján döntöttek úgy, hogy a felperessel kapcsolatban 2004. július 29. előtt nem folytatnak le bizonyításfelvételt. 216. Másrészről és mindenesetre a Törvényszék írásbeli kérdésére válaszolva a Bizottság benyújtott két olyan dokumentumot, amelyek bizonyítják, hogy a kérdéses vizsgálat fennállását a Bizottság 2003. április 14-én, a Lucite pedig 2003. június 17-én közzétette, azaz azt megelőzően, hogy a Lucite az engedékenységi közlemény alapján 2003. július 11-én benyújtotta kérelmét, és jóval azt megelőzően, hogy a felperes e célból 2004. október 18-án benyújtotta kérelmét. 217. E körülmények között a felperes nem állíthatja, hogy a Bizottság magatartása miatt nyújtotta be késedelmesen az engedékenységi közlemény szerinti kérelmét. Egyébiránt a tárgyaláson a Törvényszék kérdésére válaszolva a felperes a fent említett dokumentumokra tekintettel elismerte, hogy tudhatott arról, hogy vizsgálat van folyamatban. Tehát úgy nyilatkozott, hogy a Bizottsággal szembeni kifogásai mostantól fogva inkább arra irányulnak, ahogyan ez utóbbi a Lucite-tal való kapcsolatában eljárt (lásd a lenti 219. és az azt követő pontokat). 218. Ebből következik, hogy a vizsgálat fennállásáról való állítólagos késedelmes tájékoztatásra alapított érvelést el kell utasítani. 219. Másodszor a felperes azt kifogásolja, hogy a Bizottság arról tájékoztatta a Lucite-ot, hogy nem tud a vizsgálatról, és azt tanácsolta a Lucite-nak, hogy arról őt ne tájékoztassa. 220. Ezenkívül a tárgyaláson a felperes azt állította, hogy az, ahogyan a Bizottság a Lucite-tal való kapcsolatában és különösen az e vállalkozásnak címzett 2003. május 8-i levelében eljárt, a megfelelő ügyintézés és az egyenlő bánásmód elvének megsértését jelenti. A Bizottság ugyanis arról tájékoztatta a Lucite-ot, hogy a felperes az engedékenységi közlemény alapján még nem nyújtott be kérelmet, tehát az említett közlemény alkalmazását illetően megsértette az érintett vállalkozások közötti egyenlőséget. A Törvényszék által a fenti 148. pontban hivatkozott Hoechst kontra Bizottság ügyben hozott ítéletben kialakított megoldásra támaszkodva a felperes tehát a fent említett elvek megsértése miatt a bírság összegének csökkentését kéri. 221. E kérdésben legelőször is ki kell emelni, hogy a felperes a beadványaiban nem hivatkozott kifejezetten a megfelelő ügyintézés és az egyenlő bánásmód elvének a jelen összefüggésben való megsértésére. Erőteljesen kifogásolta azonban azt, ahogyan a Bizottság a Lucite-tal való kapcsolatában eljárt, azt állítva különösen, hogy a Bizottság magatartása miatt „nem tájékoztatták őt a vizsgálatról ugyanolyan módon, mint a kartell többi résztvevőjét”, és hogy a Bizottság „[az ő] hátrányára avatkozott be az engedékenységért folyó versenybe”. E körülmények között meg kell állapítani, hogy a tárgyaláson felhozott érvelés a keresetlevélben előadott jogalap kiterjesztésének minősül, és azzal szoros kapcsolatot mutat, ennélfogva a Törvényszék eljárási szabályzatának 48. cikke alapján elfogadhatónak kell nyilvánítani (lásd ebben az értelemben a Bíróság harmadik tanácsa elnökének a C-430/00. P. sz., Dürbeck kontra Bizottság ügyben 2001. november 13-án hozott végzésének [EBHT 2001., I-8547. o.] 17. pontját, a Bíróság C-402/05. P. és C-415/05. P. sz., Kadi és Al Barakaat International Foundation kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben 2008. szeptember 3-án hozott ítéletének [EBHT 2008., I-6351. o.] 278. és 279. pontját, valamint a Törvényszék T-231/99. sz., Joynson kontra Bizottság ügyben 2002. március 21-én hozott ítéletének [EBHT 2002., II-2085. o.] 156. pontját), ahogyan a felperes a tárgyaláson előadta. Egyébiránt a Bizottság – azt követően, hogy felkérték, e kérdésben adja elő észrevételeit – semmilyen kifogást nem fogalmazott meg ezen érvelés elfogadhatóságát illetően. 222. Ezt követően emlékeztetni kell arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint azon esetekben, amikor az uniós intézmények mérlegelési jogkörrel rendelkeznek annak érdekében, hogy képesek legyenek feladataik ellátására, az uniós jogrendben biztosított garanciáknak a közigazgatási eljárásokban való tiszteletben tartása még inkább alapvető jelentőségű. E garanciák között szerepel különösen a hatáskörrel rendelkező intézmény azon kötelezettsége, hogy gondosan és pártatlanul vizsgálja meg az adott ügy összes releváns körülményét (a Bíróság C-269/90. sz. Technische Universität München ügyben 1991. november 21-én hozott ítéletének [EBHT 1991., I-5469. o.] 14. pontja és a Törvényszék T-44/90. sz., La Cinq kontra Bizottság ügyben 1992. január 24-én hozott ítéletének [EBHT 1992., II-1. o.] 86. pontja). E kötelezettség a megfelelő ügyintézés elvéből ered (lásd ebben az értelemben a fenti 53. pontban hivatkozott Volkswagen kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 269. pontját és a fenti 148. pontban hivatkozott Hoechst kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 129. pontját). 223. Az egyenlő bánásmód elvét illetően a Bizottság a vállalkozások együttműködésének értékelése keretében nem hagyhatja figyelmen kívül a közösségi jog ezen általános elvét, amely az állandó ítélkezési gyakorlat szerint akkor sérül, ha azonos helyzeteket eltérő módon vagy eltérő helyzeteket azonos módon kezelnek, kivéve ha e bánásmód objektíve igazolt (lásd a fenti 148. pontban hivatkozott Hoechst kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 130. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 224. Ezen elveket illetően meg kell tehát vizsgálni, hogy a Bizottság a Lucite-tal való kapcsolatában milyen magatartást tanúsított. 225. A felperes e kérdéssel kapcsolatos érvelése a Bizottság és a Lucite között a közigazgatási eljárásban lezajlott információcserén nyugszik. 226. Így a 2003. április 7-i levelében, azaz kevéssel a 2003. március 25-i helyszíni vizsgálatot követően és az engedékenységi közlemény szerinti kérelmének benyújtását megelőzően a Lucite először is arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a felperes volt a „business under investigation” tulajdonosa a helyszíni vizsgálatot elrendelő 2003. március 17-i határozatban megjelölt időszak nagy részében, és azt állította, hogy esetleges felelőssége csupán az 1999 októberétől kezdődő időszakra vonatkozhat. Ezt követően a Lucite feltette a kérdést, hogy „a Bizottság felvette-e a kapcsolatot az ICI plc-vel, illetve a vizsgálata keretében szándékában áll-e ezt tenni”. Kifejtette, hogy „[a]mennyiben nem így van, megerősítést kér a Bizottságtól azon kérdést illetően, hogy van-e valami kifogása azzal szemben, hogy [ő] felvegye a kapcsolatot az ICI PLC-vel, és amennyiben elérkezik az ideje, hozzáférést biztosítson számára az alkalmazottaihoz és az ICI Acrylicsra vonatkozó dokumentumokhoz annak érdekében, hogy lehetővé tegye számára védekezésének előkészítését”. 227. A 2003. május 8-i levelében az üggyel megbízott egységvezető a következőket válaszolta: „[…] Arról kívánom tájékoztatni, hogy nem foglalunk állást abban a kérdésben, hogy a Lucite [felvegye]-e a kapcsolatot az ICI plc-vel. Fel kívánom hívni azonban a figyelmét arra, hogy ezen ügyben már nyújtottak feltételes mentességet, következésképpen az eljárásban részt vevő többi társaság csak az [engedékenységi] közlemény alapján kérhet engedékenységet. Ezenkívül engedékenység csak egyetlen konkrét vállalkozásnak nyújtható. Közös engedékenység iránti kérelem két vagy három társaság általi benyújtására tehát nincs lehetőség […]” 228. A felperes szerint a Bizottság fent említett levele arról tájékoztatta a Lucite-ot, a felperes nem tud a vizsgálatról. Ezenkívül előadja, hogy a Lucite úgy vette ki a levélből és a későbbi szóbeli véleménycseréből, hogy a Bizottság figyelmeztetett a felperessel való kapcsolatfelvétel elkerülésére. 229. Ezen érvelés alátámasztására a felperes hivatkozik továbbá a Lucite későbbi irataira, amelyek az engedékenységi közlemény alapján megfogalmazott kérelmének 2003. július 11-én való benyújtása után, valamint azt követően készültek, hogy a Bizottság a 2004. július 29-i tájékoztatáskérésben hivatalosan tájékoztatta a felperest a vizsgálat fennállásáról (lásd a fenti 10. pontot). 230. Így a felperesnek címzett 2004. augusztus 12-i elektronikus levélben a Lucite ügyvéde megjegyezte különösen: „Amint a megbeszélésünk során említettem, a vizsgálat során olyan észrevételeket tettek, amelyekből kitűnik, hogy a Bizottság nem ragaszkodott ahhoz, hogy a Lucite az ügyet az ICI-vel megvitassa.” 231. Ugyanígy a felperes a Lucite ügyvéde által a Bizottságnak az üggyel megbízott tanácsosának címzett 2004. szeptember 3-i elektronikus levélre támaszkodik, amelyben az ügyvéd megjegyezte, hogy „az ICI a Lucite-tól bizonyos dokumentumokat, valamint segítséget kért, amelyet a Lucite szerződés szerint nem köteles nyújtani”. A Lucite ezenkívül kifejtette, hogy a Bizottság álláspontjának írásbeli megerősítése nélkül tartózkodik e kérelmek teljesítésétől, különösen azon […] kérel[mére] tekintettel, hogy csökkentsék a bírság összegét”, és hogy ez „részben azért [van így], mert a Bizottsággal e tekintetben folytatott telefonbeszélgetések és korábbi kapcsolatfelvételek alapján az a benyomása, hogy a Bizottság nem vette fel a kapcsolatot az ICI-vel, és nem akarja, hogy [ő maga] ezt megtegye (noha a Bizottság a 2003. május 8-i levelében hivatalosan megjegyezte, hogy e kérdésben nem foglal állást)”. 232. A Lucite-nak címzett 2004. szeptember 7-i levelében a Bizottság megjegyezte, hogy nem lát kifogásolnivalót abban, hogy a Lucite a felperes számára hozzáférést biztosítson a személyzetéhez és a dokumentumaihoz. Ugyanakkor határozottan vitatta, hogy bármilyen utasítást adott volna a Lucite-nak a felperessel való kapcsolatfelvételt illetően. 233. Végül ez utóbbi levélre válaszolva a Bizottságnak címzett 2004. szeptember 7-i levelében a Lucite legelőször is emlékeztetett a Bizottság 2003. május 8-i levelének tartalmára, majd a következőket jegyezte meg: „A Bizottsággal folytatott telefonbeszélgetések és írásbeli közlések során (amelyekről szükség esetén részletesen be tudunk Önöknek számolni) egyértelmű volt a Lucite számára, hogy a Bizottság úgy döntött, mostanáig nem veszi fel a kapcsolatot az ICI plc-vel. E tényezőkre figyelemmel és az [engedékenységi] közlemény alapján a Bizottság vizsgálata keretében való teljes és szisztematikus együttműködés szellemében a Lucite megállapította – amely szerintünk ésszerű megállapítás volt –, hogy a Bizottság nem fogadta volna kedvezően, ha a szóban forgó vizsgálat keretében a Lucite kapcsolatba lép az ICI plc-vel, noha – amint Önök a mai levelükben hangsúlyozzák – a Bizottság e kérdésben semmilyen »utasítást« nem adott.” 234. A felperes állításával ellentétben (lásd a fenti 220. pontot) a fent említett közlések és különösen a Bizottság 2003. május 8-i levele alapján nem lehet megállapítani, hogy a Bizottság a megfelelő ügyintézés vagy az egyenlő bánásmód elvét megsértve járt volna el. 235. Közelebbről e közlésekből egyértelműen kitűnik – amint a Bizottság helyesen állítja –, hogy semmilyen hivatalos utasítást nem adott a Lucite-nak arra vonatkozóan, hogy a vizsgálattal kapcsolatban célszerű-e a felperessel felvennie a kapcsolatot. A 2003. május 8-i levélben ugyanis kifejezetten azt állította, hogy e kérdésben nem foglal állást. Egyébiránt irataiban maga a Lucite is elismeri, hogy a Bizottság ilyen utasítást nem adott, és csak arra utal, hogy az volt a „benyomása”, hogy a Bizottság „nem fogadta volna kedvezően, ha […] [ő] kapcsolatba lép [a felperessel]”. 236. Végezetül a Lucite-nak a Bizottsággal való telefonbeszélgetésekre és más kapcsolatfelvételekre való általános hivatkozása (lásd a fenti 231. és 233. pontot) – a Bizottság általi vitatásra figyelemmel (lásd a fenti 232. pontot és más bizonyítékok hiányában – nem elegendő annak bizonyításához, hogy ténylegesen adtak neki ilyen utasításokat. 237. A Bizottság a felperes állításával ellentétben éppígy nem jelezte a Lucite-nak, hogy a vizsgálattal kapcsolatban már felvette-e a kapcsolatot a felperessel, illetve hogy a felperes már benyújtott-e kérelmet az engedékenységi közlemény alapján. 238. Kétségtelen, hogy a Lucite a 2003. május 8-i levél szövegét ésszerűen érthette úgy, hogy a vizsgálattal kapcsolatban nem érdeke felvenni a kapcsolatot a felperessel abból a célból, hogy hozzáférést biztosítson számára az alkalmazottaihoz és az ICI Acrylicsra vonatkozó dokumentumokhoz annak érdekében, hogy lehetővé tegye számára védekezésének előkészítését. A Bizottság ugyanis nem szorítkozott annak állítására, hogy e kérdésben „nem foglal állást”, hanem folytatta levelét, megjelölve lényegében azon feltételeket, amelyek mellett a Lucite igényelhette a bírság összegének csökkentését, hangsúlyozva, hogy engedékenység csak egyetlen konkrét vállalkozásnak nyújtható. Ennek alapján a Lucite feltételezhette továbbá, hogy a felperes e szakaszban nem tudott a vizsgálat fennállásáról, és nem nyújtott be engedékenység iránti kérelmet. 239. Egyébiránt a Lucite későbbi iratai (lásd a fenti 230., 231. és 233. pontot) egyértelműen megerősítik, hogy ténylegesen így értelmezte a Bizottságnak a 2003. május 8-i levelében kifejtett álláspontját. 240. E megfontolások azonban nem teszik lehetővé a felperes által hivatkozott elvek megsértésének megállapítását. 241. A felperes ugyanis nem kérdőjelezi meg a Bizottságnak a 2003. május 8-i levelében kifejtett értékelését, miszerint engedékenység csak egyetlen konkrét vállalkozásnak volt nyújtható, közös engedékenység iránti kérelem két társaság általi benyújtására tehát nem volt lehetőség. Ennélfogva meg kell állapítani, hogy a Bizottság a levelében csak az engedékenységi közlemény alkalmazásának szabályait jelezte a Lucite-nak. 242. Márpedig az említett közlemény szövegére tekintettel magának a Lucite-nak is sejtenie kellett, hogy a felperessel való kapcsolatfelvétel adott esetben hátrányosan befolyásolja annak lehetőségét, hogy csökkentsék a bírságának összegét. Ez egyébiránt a 2003. április 7-i leveléből ered (lásd a fenti 226. pontot), amelyben kifejezetten a Bizottság e kérdéssel kapcsolatos álláspontjára kérdez rá. Ugyanígy az engedékenységi közlemény belső logikájára tekintettel, amely minden vállalkozást arra ösztönöz, hogy a többi érintett vállalkozást megelőzve működjön együtt a Bizottsággal, a vizsgálat keretében követett stratégiáját vizsgálva a Lucite-nak mindenesetre abból a feltevésből kellett kiindulnia, hogy a felperes az engedékenységért folyó „versenyben” a potenciális versenytársa. 243. E körülmények között nem lehet azt állítani, hogy a Lucite-tal való fent említett kapcsolatfelvételekkel a Bizottság „[a felperes] hátrányára avatkozott be az engedékenységért folyó versenybe”, ahogyan ez utóbbi állítja (lásd a fenti 221. pontot). A Lucite-nak ugyanis az engedékenységi közleményre tekintettel ésszerűen tudomása lehetett a neki megküldött információkról. 244. Így úgy kell tekinteni, hogy a Lucite azon döntése, hogy a vizsgálattal kapcsolatban nem veszi fel a kapcsolatot a felperessel, annak eredménye, ahogyan az engedékenységi közleményre tekintettel saját maga megítélte a saját érdekét. A fentiekből kitűnik, hogy a Lucite döntése csak akkor lehetett volna más, ha a Bizottság kifejezetten engedélyezte volna a Lucite-nak a felperessel való kapcsolatfelvételt, biztosítva számára, hogy ez nem lesz hatással az együttműködés területén fennálló lehetőségeire. A felperes azonban nem állítja, hogy a megfelelő ügyintézés és az egyenlő bánásmód általa hivatkozott elvére vagy pedig az engedékenységi közleményre tekintettel a Bizottság köteles lett volna a Lucite számára ilyen garanciát nyújtani. 245. Így a jelen ügyben körülményei egyértelműen eltérnek a felperes által említett, a fenti 148. pontban hivatkozott Hoechst kontra Bizottság ügyben hozott ítélet alapjául szolgáló ügy körülményeitől, amely ügyben a megfelelő ügyintézés és az egyenlő bánásmód elvének megsértése az engedékenységi közlemény alkalmazása keretében az érintett társaságot nyíltan hátrányosan megkülönböztető nyilatkozatokból eredt (lásd ebben az értelemben a fenti 148. pontban hivatkozott Hoechst kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 136. pontját). Amint a fentiekből kitűnik, nem bizonyított, hogy a jelen ügyben erre került volna sor. 246. Ennélfogva a felperesnek a megfelelő ügyintézés és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére alapított érvelését el kell utasítani. 247. Ezenkívül a felperes nem hivatkozhat eredményesen a Bizottság által a Lucite-tal való kapcsolatfelvételei során tanúsított magatartásra annak érdekében, hogy megkérdőjelezze az engedékenységi közleménynek a megtámadott határozatban rá tekintettel való alkalmazását. 248. Ki kell ugyanis emelni egyrészről, hogy az engedékenységi közlemény alkalmazása a jogsértés felfedése és bizonyítása érdekében közölt bizonyítékok objektív hasznosságának értékelésén alapul, másrészről pedig, hogy arra kívánja ösztönözni a kartellek tagjait, hogy önként működjenek együtt a Bizottsággal. Márpedig a Bizottság nem tekinthető felelősnek sem a felperes együttműködésének korlátozott terjedelméért, sem pedig annak késedelmes jellegéért. Ezen elemek ezzel szemben magának a felperesnek tudhatók be, amint az ügy irataiból kitűnik, és adott esetben annak az objektív ténybeli helyzetnek, amelyben a felperes volt abból kifolyólag, hogy az ICI Acrylicst átruházták a Lucite-ra. Különösen emlékeztetni kell arra, hogy a felperes a jelen ügyben elismeri, hogy legalábbis 2003. április 14-től kezdve tudhatott volna a vizsgálatról (lásd a fenti 212., 216. és 217. pontot). 249. Egyébiránt nem bizonyított, hogy a megtámadott határozat tartalma e kérdésben más lett volna, ha a Bizottság a 2003. május 8-i levelében egyszerűen arra szorítkozott volna, hogy a Lucite kérdését illetően nem foglal állást. Emlékeztetni kell különösen arra, hogy a felperes nem kérdőjelezi meg a Bizottságnak a 2003. május 8-i levelében kifejtett értékelését, miszerint e címen ő és a Lucite semmiképpen nem nyújthat be közös kérelmet. 250. Ebből következik, hogy a jogalap első részét el kell utasítani annyiban, amennyiben az a megtámadott határozat 2. cikkének megsemmisítése iránti kérelem alátámasztására irányul. A jogalap arra vonatkozó második részéről, hogy megtagadták a felperes engedékenységi közlemény keretein kívüli együttműködése értékének elismerését 251. Másodlagosan a felperes azt állítja, hogy jogosult a bírság összegének az engedékenységi közlemény keretein kívüli csökkentésére a vizsgálat során általa tanúsított jelentős önkéntes együttműködés címén. A felperes úgy véli, hogy tényleges és hasznos együttműködést nyújtott olyan információk – úgymint különösen a PMMA-lemezeket illetően a megtámadott határozatban vele szemben hivatkozott terhelő bizonyítékok – szolgáltatásával, amelyek meghaladták a Bizottság által az 1/2003 rendelet 18. cikke alapján kért információkat. 252. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az iránymutatás 3. pontjának hatodik francia bekezdésében a Bizottság enyhítő körülményként rendelkezett arról, ha a vállalkozás az engedékenységi közlemény keretein kívül ténylegesen együttműködik az eljárás során. 253. A jelen ügyben a Bizottság a megtámadott határozat (392) preambulumbekezdésében megállapította, hogy a fent említett rendelkezés alapján megvizsgálta, hogy az érintett vállalkozások valamelyikének együttműködése lehetővé tette-e számára a jogsértés fennállásának kevesebb nehézséggel történő megállapítását. A megtámadott határozat (393) preambulumbekezdésében kimondta, hogy az együttműködésük terjedelmére és igen korlátozott értékére, valamint a tények e korlátozott együttműködésen kívüli vitatására tekintettel semmilyen más körülmény nem áll fenn, amely a bírságok összegének az engedékenységi közlemény keretein kívüli csökkentését eredményezné, amely titkos kartellekre vonatkozó ügyekben mindenesetre csak kivételes jellegű lehet. 254. Ez utóbbi kérdésben a Bizottság az [EK] 81. cikk (1) bekezdésének alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/C.38.281/B.2 – „nyersdohány – Olaszország”-ügy) 2005. október 20-án hozott C(2005) 4012 végleges határozatára hivatkozott, amelyben visszavonta a vállalkozásnak nyújtott feltételes mentességet azért, mert a vállalkozás később megsértette az engedékenységi közlemény értelmében őt terhelő együttműködési kötelezettséget. A Bizottság mindazonáltal az iránymutatás értelmében vett enyhítő körülmények címén csökkentette e vállalkozás bírságának összegét az általa a vizsgálat során tanúsított lényeges közreműködésre figyelemmel. 255. Egyébiránt konkrétan a felperest illetően a Bizottság a megtámadott határozat (419) preambulumbekezdésében továbbá azt állította, hogy a felperes nem teljesíti az ahhoz szükséges feltételeket, hogy az engedékenységi közlemény keretein kívüli együttműködés címén igényt tarthasson a bírság összegének csökkentésére. 256. Először is a felperes azt állítja, hogy a Bizottság értékelése téves annyiban, amennyiben a bírság összegének az engedékenységi közlemény keretein kívüli csökkentése lehetőségét „rendkívüli körülményekre” korlátozta (a megtámadott határozat (393) preambulumbekezdése). 257. Ezen érvet el kell utasítani. 258. Az iránymutatás 3. pontja hatodik francia bekezdésének alkalmazása ugyanis nem járhat azzal a következménnyel, hogy megfosztja az engedékenységi közleményt a hatékony érvényesülésétől. Márpedig az említett közleményből egyértelműen kitűnik, hogy az meghatározza azt a keretet, amely a Bizottság vizsgálata során tanúsított együttműködésükért lehetővé teszi azon vállalkozások megjutalmazását, amelyek az Uniót érintő titkos kartellek tagjai, illetve tagjai voltak. Ebből következik, hogy a vállalkozások főszabály szerint csak akkor részesülhetnek együttműködésük címén a bírság összegének csökkentésében, ha teljesítik az említett közleményben foglalt feltételeket. 259. Egyébiránt hangsúlyozni kell, hogy a felperes az engedékenységi közlemény alapján valóban benyújtott kérelmet, és együttműködése a közlemény alkalmazási körébe tartozott, azonban azt elégtelennek ítélték ahhoz, hogy igazolja a bírság összegének csökkentését. A jelen ügy tehát egyértelműen eltér a felperes által hivatkozott, a Törvényszék T-224/00. sz., Archer Daniels Midland és Archer Daniels Midland Ingredients kontra Bizottság ügyben 2003. július 9-én hozott ítéletének (EBHT 2003., II-2597. o.) alapjául szolgáló ügytől. Ez utóbbi ügyben ugyanis az érintett vállalkozás olyan cselekményekre vonatkozó információkat szolgáltatott a Bizottságnak, amelyek miatt mindenesetre nem kellett volna bírságot fizetnie, és amelyek tehát a Törvényszék szerint nem tartoztak az engedékenységi közlemény alkalmazási körébe. A Törvényszék e körülmények között vélte úgy, hogy az említett vállalkozás az iránymutatás 3. pontjának hatodik francia bekezdése alapján mégis megérdemli a bírság összegének csökkentését különösen azon tényre tekintettel, hogy az együttműködése lehetővé tette a Bizottság számára a jogsértés hosszabb időtartamának megállapítását (a fent hivatkozott Archer Daniels Midland és Archer Daniels Midland Ingredients ügyben hozott ítélet 294–298., 306. és 311. pontja). A felperes állításával ellentétben a Törvényszék tehát ezen ítéletben nem ismerte el azt, hogy valamely vállalkozás együttműködése akkor is jutalmazható, ha nem felel meg az engedékenységi közlemény értelmében vett jelentős hozzáadott érték kritériumának. 260. Ezenkívül el kell utasítani a felperes azon érvét is, amely szerint lényegében igazolja a bírság összegének csökkentését pusztán az a tény, hogy a vállalkozás olyan információkat – többek között terhelő bizonyítékokat – közöl, amelyek meghaladják azon információkat, amelyeknek a közlését a Bizottság az 1/2003 rendelet 18. cikke értelmében megkövetelheti. 261. Kétségtelen, hogy megállapításra került, hogy a vállalkozásnak a vizsgálat alatti együttműködése nem jogosít fel a bírság összegének csökkentésére, ha ezen együttműködés nem haladta meg azt, amire a vállalkozás az 1/2003 rendelet 18. cikke értelmében köteles volt (lásd ebben az értelemben a Törvényszék T-12/89. sz., Solvay kontra Bizottság ügyben 1992. március 10-én hozott ítéletének [EBHT 1992., II-907. o.] 341. és 342. pontját, valamint a fenti 61. pontban hivatkozott Groupe Danone kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 451. pontját). Ennek ellenkezője azonban nem feltétlenül igaz. Előfordulhat ugyanis, hogy még a terhelő bizonyítékok is csak korlátozott mértékben hasznosak a Bizottság számára, különösen a többi vállalkozás korábbi közreműködéséhez képest. Márpedig valamely információ hasznossága meghatározó elemnek minősül a bírság összegének a Bizottsággal folytatott együttműködés címén való csökkentése iránti kérelem értékelése keretében (lásd a fenti 181–183. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 262. Ebből következik, hogy a Bizottság helyesen vélte úgy, hogy csak kivételesen kerülhet sor az iránymutatás 3. pontja hatodik francia bekezdésének alkalmazására. 263. Másodszor a felperes úgy érvel, hogy mindenesetre a „rendkívüli körülmények” kritériuma a jelen ügyben teljesült. Kifejti, hogy jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy időszerű, később a megtámadott határozatban hivatkozott dokumentumokat nyújtson be, annak ellenére, hogy a vizsgálat kezdetét megelőző öt évvel értékesítette az ICI Acrylicst, a kérdéses tények egyikéről sem volt tudomása, a vizsgálat kései szakaszáig kizárták őt a vizsgálatból, és „jogos ok nélkül” hátrányba került az engedékenységi eljárás keretében. 264. E tekintetben elegendő kiemelni, hogy – amint a fentiekből kitűnik – a felperes nem cáfolta meg a Bizottság azon értékelését, miszerint az általa neki megküldött összesen 168 dokumentumból néhány csak általános információk, például a kartell végrehajtásának bizonyos jellemzőire vonatkozó információk miatt volt hasznos, azonban a már a Bizottság birtokában lévő információkra figyelemmel egyik sem tette lehetővé a Bizottság számára a tényállás bizonyítását (a megtámadott határozat (419) preambulumbekezdése). 265. Azon kérdés megválaszolásakor, hogy a jelen ügy körülményei annyira „rendkívüliek-e”, hogy igazolják a bírság összegének csökkentését az engedékenységi közlemény keretein kívül, nem lehet elvonatkoztatni a vizsgálat során közölt információk minőségétől és objektív hasznosságától (lásd ebben az értelemben a fenti 181–183. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 266. Márpedig a fentiekből kitűnik, hogy a felperes által szolgáltatott információk hasznossága igen korlátozott volt, mivel különösen nem tették lehetővé a Bizottság számára a jogsértés fennállásának, terjedelmének vagy időtartamának bizonyítását (lásd ebben az értelemben analógia útján a fenti 259. pontban hivatkozott Archer Daniels Midland és Archer Daniels Midland Ingredients kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 302. és 311. pontját). 267. E körülmények között a felperes által hivatkozott és a fenti 263. pontban említett elemek nem igazolhatják a bírság összegének a Bizottsággal folytatott együttműködés címén való csökkentését. Végezetül emlékeztetni kell arra, hogy a felperes tévesen állítja, hogy az engedékenységi közlemény szerinti kérelmének késedelmes benyújtása a Bizottság magatartásának tudható be (lásd a fenti 212., 216. és 217. pontot). 268. Végül meg kell vizsgálni a felperes azon érvét, miszerint a Bizottság – azáltal, hogy megtagadta az együttműködésének figyelembevételét – megsértette az egyenlő bánásmód elvét, mivel a felperest ugyanolyan bánásmódban részesítette, mint a kartell azon résztvevőit, amelyek nem működtek együtt, noha ez utóbbiak nem voltak hasonló helyzetben. 269. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a vállalkozások együttműködésének értékelése keretében a Bizottság nem hagyhatja figyelmen kívül az egyenlő bánásmód elvét (a fenti 259. pontban hivatkozott Archer Daniels Midland és Archer Daniels Midland Ingredients kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 308. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). 270. Ez az elv megköveteli, hogy az összehasonlítható helyzeteket ne kezeljék eltérően, és az eltérő helyzeteket ne kezeljék ugyanúgy, hacsak ez a bánásmód objektíve nem igazolt (lásd a Bíróság C-227/04. P. sz., Lindorfer kontra Tanács ügyben 2007. szeptember 11-én hozott ítéletének [EBHT 2007., I-6767. o.] 63. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 271. A felperes a jelen ügyben nem bizonyítja ezen elv megsértését. 272. Egyrészről a felperes nem kérdőjelezi meg a Bizottság azon állítását, miszerint – értékelve az egyes vállalkozások által benyújtott bizonyítékokat – a Bizottság őt ugyanolyan bánásmódban részesítette, mint a kartell összes többi résztvevőjét, amelyek az engedékenységi közlemény alapján kérelmet nyújtottak be. 273. Másrészről a felperes nem bizonyítja, hogy a Barlótól eltérő helyzetben volt, aki a megtámadott határozat egyetlen olyan címzettje volt, aki nem nyújtott be ilyen kérelmet, és a felpereshez hasonlóan nem részesült a Bizottsággal folytatott együttműködés címén a bírság összegének csökkentésében. Ellenkezőleg, az ügy irataiból kitűnik, hogy a felperes a Barlóhoz hasonlóan nem szolgáltatott olyan információkat, amelyek hasznossága igazolta volna a bírság összegének csökkentését. Meg kell tehát állapítani, hogy a bírság összegének a jelen jogalap keretében igényelt csökkentése által követett célra tekintettel a Barlóhoz hasonló helyzetben volt, és e címen ugyanolyan bánásmódban részesült. 274. Végezetül mindenesetre a Törvényszék T-208/06. sz., Quinn Barlo és társai kontra Bizottság ügyben 2011. november 30-án hozott ítéletének (EBHT 2011., II-7953. o.) 274. pontjából kitűnik, hogy a Barlo bizonyos mértékben szintén együttműködött a Bizottsággal, anélkül hogy ezen együttműködés igazolta volna a bírság összegének csökkentését. 275. Ebből következik, hogy a jogalap második részét el kell utasítani annyiban, amennyiben az a megtámadott határozat 2. cikkének megsemmisítése iránti kérelem alátámasztására irányul. 276. Egyébiránt a fenti okokból a felperes által az ötödik jogalap keretében előadott elemek nem teszik lehetővé annak igazolását, hogy a Törvényszék korlátlan felülvizsgálati jogkörében eljárva a Bizottsággal folytatott együttműködés címén csökkentse a bírság összegét. 277. Ennélfogva a fentiekre tekintettel az ötödik jogalapot teljes egészében el kell utasítani. A tárgyaláson a Törvényszék korlátlan felülvizsgálati jogköre alapján felhozott, az eljárás túlzott időtartamára alapított, hatodik jogalapról 278. A felperes úgy érvel, hogy a közigazgatási és a bírósági eljárás időtartama összességében túllépi az ésszerű határidőt, megsértve a különösen az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én aláírt egyezmény 6. cikkének (1) bekezdésében rögzített alapvető jogait. Kiemeli ugyanis, hogy a jelen ügy keretében vele kapcsolatban 2004. július 29-én hozták meg az első intézkedést, és hogy a tárgyalás napján, 2011. november 8-án még várta a Törvényszék ítéletét. 279. Ezenkívül a felperes konkrétan kifogásolja a Törvényszék előtti eljárásnak az írásbeli szakasz vége és a szóbeli szakasz megnyitásáról szóló határozat meghozatala között eltelt időtartamát. Azt állítja, hogy nem tud olyan körülményekről, amelyek ezen időtartamot igazolhatnák. 280. Következésképpen a fenti 53. pontban hivatkozott Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben hozott ítéletre, valamint Kokott főtanácsnoknak a Bíróság C-109/10. P. sz., Solvay kontra Bizottság ügyben 2011. október 25-én hozott ítéletére (EBHT 2011., I-10329. o.) és C-110/10. P. sz., Solvay kontra Bizottság ügyben 2011. október 25-én hozott ítéletére (EBHT 2011., I-10439. o.) vonatkozó indítván yaira alapozva előadja, hogy az eljárás túlzott időtartamának a megtámadott határozatban vele szemben kiszabott bírság összegének csökkentéséhez kellene vezetnie. 281. A Bizottság előadja, hogy fennállnak olyan körülmények, melyek igazolhatják az eljárás időtartamát. Mindenesetre hangsúlyozza azon tényt, hogy a jelen jogalapot nem lehet felhozni a megtámadott határozattal szemben, és hogy a közigazgatási eljárás időtartama nem tekinthető túlzottnak. Egyébiránt kiemeli, hogy a felperes érvei nem egyértelműek. 282. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 6. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően. 283. E jog az uniós jog alapelveként alkalmazható a Bizottság határozata elleni bírósági kereset keretében. E jogot egyébiránt megerősítette a Nizzában, 2000. december 7-én ünnepélyesen kihirdetett Európai Unió Alapjogi Chartájának (HL C 364., 1. o.) 47. cikke, amely a hatékony bírói jogvédelem elvére vonatkozik (lásd a Bíróság C-385/07. P. sz., Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland kontra Bizottság ügyben 2009. július 16-án hozott ítéletének [EBHT 2009., I-6155. o.] 178. és 179. pontját, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 284. Ezenkívül az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az ésszerű határidő elve a Bizottság előtt a versenypolitika terén folyó közigazgatási eljárások keretében is alkalmazandó (lásd a Bíróság C-105/04. P. sz., Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 21-én hozott ítéletének [EBHT 2006., I-8725. o.] 35. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). Ezen elvet mint olyat megerősítette az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének (1) bekezdése, amely szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. 285. Az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének (1) bekezdése és 47. cikkének második bekezdése így egy és ugyanazon eljárási jellegű elv két megfogalmazását tartalmazza, amely elv értelmében a jogalanyok számíthatnak a határozat ésszerű határidőn belül való elfogadására. 286. A jelen ügyben a felperes, miközben az említett elv megsértésére hivatkozik, nem állítja, hogy az eljárás időtartama bármilyen hatással lett volna a megtámadott határozat tartalmára, illetve hogy az érintheti a jelen jogvita kimenetelét. Különösen nem állítja, hogy az említett időtartam bármilyen hatással lett volna arra, hogy védekezhessen akár a közigazgatási eljárásban, akár a bírósági eljárásban. Nem kéri a megtámadott határozatnak az állítólagos jogsértés miatti megsemmisítését sem. 287. Ellenben a felperes azt kéri, hogy a Törvényszék korlátlan felülvizsgálati jogkörében vegye figyelembe az eljárás túlzott időtartamát, és ezen okból csökkentse a bírság összegét a Bíróság fenti 53. pontban hivatkozott Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben hozott ítéletéhez hasonlóan. 288. Emlékeztetni kell arra, hogy a fenti 53. pontban hivatkozott Baustahlgewebe kontra Bizottság ítélet alapjául szolgáló ügy, melyre a felperes hivatkozik, a Törvényszék ítélete ellen benyújtott fellebbezésre vonatkozott, amely ítéletben a Törvényszék az e célból rendelkezésére álló korlátlan felülvizsgálati jogkörében a versenyszabályok megsértése miatt bírságot szabott ki a fellebbezőre; e teljes körű felülvizsgálati jogkörrel a Bíróság is rendelkezik, amikor hatályon kívül helyezi a Törvényszék ítéletét, és a keresetről maga határoz (a Bíróság C-120/06. P. és C-121/06. P. sz., FIAMM és társai kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben 2008. szeptember 9-én hozott ítéletének [EBHT 2008., I-6513. o.] 206. pontja). 289. A fenti 53. pontban hivatkozott Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 33. pontjában a Bíróság e tekintetben emlékeztetett a fellebbező ésszerű időn belül lezajló méltányos eljáráshoz fűződő jogára, és többek között arra, hogy határozni kell a Bizottság által a versenyjog megsértésére vonatkozóan vele szemben megfogalmazott vádak megalapozottságáról és az e tekintetben vele szemben kiszabott bírságokról (a fenti 288. pontban hivatkozott FIAMM és társai kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 207. pontja). 290. Az említett ügyben az ilyen határidő Törvényszék általi be nem tartásának megállapítását követően a Bíróság pergazdaságossági okokból és annak érdekében, hogy ezen eljárási szabálytalanság azonnali és hatékony orvoslását biztosítsa, kimondta, hogy a Törvényszék ítéletének kizárólag a bírság összege megállapításának kérdésére korlátozott hatályon kívül helyezése és megváltoztatása teszi lehetővé az adott ügyben a kért méltányos elégtétel biztosítását (a fenti 53. pontban hivatkozott Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 47., 48. és 141. pontja, valamint a fenti 288. pontban hivatkozott FIAMM és társai kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 208. pontja). 291. Meg kell állapítani, hogy e megoldás analógia útján alkalmazandó a jelen ügyben. 292. Emlékeztetni kell ugyanis arra, hogy a Törvényszék az EUMSZ 261. cikk alapján az 1/2003 rendelet 31. cikke értelmében a jelen ügyben korlátlan felülvizsgálati jogkörrel rendelkezik, és egyébiránt a felperes ilyen értelmű kérelmeket terjesztett elé. 293. Márpedig, amint már megállapításra került, az említett korlátlan felülvizsgálati jogkör feljogosítja a Törvényszéket a megtámadott aktus megváltoztatására, még akkor is, ha megsemmisítésre nem kerül sor, figyelembe véve az ügy valamennyi körülményét, például a kiszabott bírság összegének módosítása érdekében (a fenti 97. pontban hivatkozott Limburgse Vinyl Maatschappij és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 692. pontja, a fenti 112. pontban hivatkozott Prym és Prym Consumer kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 86. pontja, valamint a fenti 54. pontban hivatkozott JFE Engineering és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 577. pontja). 294. Így abban az esetben, ha az ésszerű határidő elvének megsértése a jelen ügyben megállapításra kerül, ideértve adott esetben azt is, ha erre a Törvényszék előtti bírósági eljárás időtartama miatt kerül sor, a Törvényszék a megtámadott határozat megváltoztatásával a felperest olyan összeg megfizetésére kötelezheti, amelyből az eljárás túlzott időtartama miatti méltányos elégtételt adott esetben le lehetne vonni (lásd ebben az értelemben a fenti 288. pontban hivatkozott FIAMM és társai kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 210. pontját). 295. A korlátlan felülvizsgálati jogkör ilyen gyakorlása különösen pergazdaságossági okokból és az ésszerű határidő elvének ilyen megsértésével szembeni azonnali és hatékony jogorvoslat biztosítása érdekében szükséges (lásd ebben az értelemben analógia útján a fenti 53. pontban hivatkozott Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 48. pontját). 296. Ebből következik, hogy a Törvényszék a jelen ügyben hatáskörrel rendelkezik arra, hogy határozzon a felperes arra vonatkozó kifejezett kérelméről, hogy az eljárás túlzott időtartama címén csökkentse a bírság összegét, ideértve azt is, amennyiben az a Törvényszék előtti eljárás időtartamára vonatkozik (lásd továbbá ebben az értelemben Kokott főtanácsnok fenti 280. pontban hivatkozott C-109/10. P. sz., Solvay kontra Bizottság ügyben hozott ítéletre vonatkozó indítványának 243. és 275. pontját, valamint a fenti 280. pontban hivatkozott C-110/10. P. sz., Solvay kontra Bizottság ügyben hozott ítéletre vonatkozó indítványának 86. és 118. pontját). 297. Egyébiránt hangsúlyozni kell azon tényt, hogy a jelen jogalap tárgya a felperest érintő eljárás teljes időtartama, azaz a közigazgatási és a bírósági eljárás együttes időtartama. E körülmények között, még ha az említett jogalapot csak a tárgyaláson hozták is fel, az késedelem okán nem tekinthető elfogadhatatlannak, ideértve azt is, amennyiben az a közigazgatási eljárás időtartamára vonatkozik. Az eljárás teljes időtartama ugyanis olyan új ténybeli helyzetnek minősül, amely az eljárási szabályzat 48. cikkének 2. §-a értelmében igazolja az említett jogalapnak az eljárás során való előterjesztését. 298. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az eljárásnak a felperes által kifogásolt időtartama 2004. július 29-től, a Bizottság által folytatott vizsgálat keretében a felperesnek címzett első bizonyításfelvétel időpontjától 2011. november 8-ig, a jelen ügyben tartott tárgyalás időpontjáig tartott. Tehát körülbelül hét évet és négy hónapot tesz ki. 299. E határidő ésszerű jellegét az egyes ügyek sajátos körülményeinek figyelembevételével kell megállapítani, különös tekintettel a jogvitának az érintett szempontjából felmerülő tétjére, az ügy bonyolultságára és az érintett, valamint az illetékes hatóságok magatartására (a fenti 53. pontban hivatkozott Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 29. pontja, valamint a fenti 288. pontban hivatkozott FIAMM és társai kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 212. pontja). 300. Ki kell emelni, hogy ezen, a felperes által kifogásolt teljes időtartam két világosan elkülönülő részből, azaz a Bizottság előtti közigazgatási eljárásból és a Törvényszék előtti bírósági eljárásból áll. 301. Először is a közigazgatási eljárást illetően ki kell emelni, hogy a felperes nem fejtette ki, hogy annak időtartama mint olyan miért tekinthető túlzottnak. 302. Mindenesetre a felperest illetően az említett időtartam (körülbelül egy év és tíz hónap, 2004. július 29. és a megtámadott határozat elfogadásának időpontja, 2006. május 31. között) a jelen ügy körülményei között nem tekinthető túlzottnak. E tekintetben elegendő kiemelni, hogy nagyszámú vállalkozásra kiterjedő, és számos ténybeli és jogkérdés megvizsgálását szükségessé tevő vizsgálatról volt szó. Egyébiránt a Bizottság eljárásának a megtámadott határozat (79)–(93) preambulumbekezdésében való leírása nem teszi lehetővé igazolatlan tétlenségi időszakok feltárását. 303. Másodszor a jelen ügy releváns körülményeire tekintettel meg kell vizsgálni a bírósági eljárás időtartamát (lásd a fenti 299. pontot). 304. Az ügynek a felperes szempontjából felmerülő tétjét illetően meg kell állapítani, hogy a felperes e tekintetben semmilyen érvet nem ad elő. 305. Mindenesetre emlékeztetni kell arra, hogy a felperes a jelen ügyben nem kéri a megtámadott határozat 1. cikkének megsemmisítését annyiban, amennyiben az megállapítja a felelősségét az EK 81. cikk megsértéséért. Így a felperes nem kérte, hogy a Törvényszék határozzon a Bizottság által vele szemben felhozott vádak megalapozottságáról, tehát az ügy nem a versenyszabályok megsértésének fennállására, illetve fenn nem állására vonatkozik (lásd ebben az értelemben analógia útján a fenti 53. pontban hivatkozott Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 30. és 33. pontját, valamint a fenti 283. pontban hivatkozott Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 186. pontját). 306. Így a felperes szempontjából a jelen ügy tétje kizárólag a megtámadott határozatban vele szemben kiszabott bírságra vonatkozhat. Márpedig hangsúlyozni kell azon tényt, hogy a felperes nem adott elő semmilyen érvet, amely lehetővé tenné annak értékelését, hogy e tét milyen jelentőséggel bír a számára. 307. Egyébiránt – még akkor is, ha kérelmeiben a felperes a megtámadott határozat 2. cikke c) pontjának megsemmisítését kéri (lásd a fenti 36. pontot) – meg kell állapítani, hogy a jelen kereset alátámasztására hivatkozott jogalapok mindegyikük megalapozottsága esetén sem lettek volna alkalmasak arra, hogy a bírság egyszerű eltörlését eredményezzék, hanem csak a bírság összegének csökkentését eredményezhetik. 308. Nem nyert tehát bizonyítást, hogy a jelen ügynek a felperes szempontjából jelentős tétje van. 309. Ami a felperes magatartását illeti, az nem járult hozzá jelentősen az eljárás időtartamához. 310. Az illetékes hatóságok magatartását és az ügy bonyolultságát illetően meg kell állapítani, hogy az írásbeli szakasz végének időpontja, azaz 2007. április 11. és a szóbeli szakasz megnyitásának időpontja, azaz 2011. szeptember 15. közötti időszaknak a felperes által kifogásolt időtartama (körülbelül négy év és öt hónap) jelentős. 311. Ezen időtartam mindazonáltal az ügy körülményeivel és bonyolultságával magyarázható. 312. Így emlékeztetni kell arra, hogy a Bizottság a megtámadott határozatban megállapította, hogy tizennégy, a versenyjog értelmében öt vállalkozást alkotó társaság a metakrilátok ágazatában versenyellenes megállapodások és összehangolt magatartások összességével megsértette az EK 81. cikket (lásd a fenti 1–4. pontot). A felperes keresete a megtámadott határozat elleni öt kereset egyike, amely kereseteket két különböző eljárási nyelven nyújtották be. 313. E keresetek számos olyan ténybeli és jogkérdést vetettek fel, amelyek a Törvényszék általi alapos vizsgálatot tettek szükségessé, amely különösen az ezen ügyek mindegyikében elfogadott pervezető intézkedésekben, valamint az ügyek egyikében a szóbeli szakasz újbóli megnyitásában nyilvánult meg. 314. Egyébiránt az e keresetek tárgya közötti összefüggés részben a keresetek párhuzamos vizsgálatát tette szükségessé. Az e keresetek közül kettő (T-206/06. és T-217/06. sz. ügy) között fennálló szorosabb összefüggés kivételével azonban e keresetek mindegyike különböző ténybeli és jogkérdéseket vetett fel, így a szinergiahatások korlátozottak voltak. A Törvényszék tehát öt ítéletet hozott, a jelen ítélet e csoportban az utolsó, a többi pedig a T-206/06. sz., Total és Elf Aquitaine kontra Bizottság ügyben 2011. június 7-én hozott ítélet (az EBHT-ban nem tették közzé), a fenti 171. pontban hivatkozott Arkema France és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítélet, a T-216/06. sz., Lucite International és Lucite International UK kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 15-én hozott ítélet (az EBHT-ban nem tették közzé), valamint a T-208/06. sz., Quinn Barlo és társai kontra Bizottság ügyben 2011. november 30-án hozott ítélet (EBHT 2011., II-7953. o.). 315. Ezenkívül ki kell emelni, hogy az ügy alapos vizsgálata tette lehetővé különösen azt, hogy az eljárási szabályzat értelmében a Törvényszéket terhelő nyelvi kötöttségek ellenére a jelen ítéletet a szóbeli szakasz 2011. december 15-én való lezárását követően viszonylag rövid határidőn belül kihirdessék. 316. Így a bírósági eljárás teljes időtartama öt évet és kilenc hónapot tett ki. 317. Márpedig a felperes arra vonatkozó érvelésének teljes hiányában, hogy az ügynek az ő szempontjából milyen tétje van, és a fenti 305–308. pontban kifejtett megfontolásokra figyelemmel, amelyekből kitűnik, hogy az ügy – jellegénél vagy a felperes számára való jelentőségénél fogva – nem kívánt meg sajátos gyors elbírálást, ezen időtartam a jelen ügy körülményei között nem igazolja a bírság összegének kért csökkentését. 318. E megállapítás a fortiori érvényes a jelen jogalap tárgyát képező közigazgatási és a bírósági eljárás teljes időtartamát illetően (lásd a fenti 297. és 298. pontot), amely a fent vizsgált körülményekre figyelemmel összességében véve nem tekinthető túlságosan hosszúnak. 319. Ennélfogva a jelen jogalapot, valamint a keresetet teljes egészében el kell utasítani. A költségekről 320. Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a alapján a Törvényszék a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a felperes pervesztes lett, a Bizottság kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére. Rendelkező rész A fenti indokok alapján A TÖRVÉNYSZÉK (harmadik tanács) a következőképpen határozott: 1) A Törvényszék a keresetet elutasítja. 2) A Törvényszék az Imperial Chemical Industries Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.

61994CJ0215

en

Grounds 1 By order of 21 April 1994, received at the Court on 25 July 1994, the Bundesfinanzhof referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EC Treaty two questions on the interpretation of Articles 6(1) and 11(A)(1)(a) of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes ° Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1, hereinafter "the Directive"). 2 Those questions were raised in proceedings between Juergen Mohr and the Finanzamt Bad Segeberg (hereinafter the Finanzamt ). 3 Mr Mohr was the owner of an agricultural holding on which he kept dairy cattle. In March 1987 he applied to the Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (Federal Office for Food and Forestry) for a grant under Council Regulation (EEC) No 1336/86 of 6 May 1986 fixing compensation for the definitive discontinuation of milk production (OJ 1986 L 119, p. 21). In his application he undertook definitively to discontinue milk production and not to make any claim for a milk reference quantity under the common organization of the market. 4 On 23 September 1987 the Bundesamt upheld his application and granted him a single payment of DM 385 980. Subsequently, Mr Mohr sold his cattle and converted the business into a horse-riding centre, thus ceasing all milk production during that same year. 5 In his turnover tax declaration for 1987 Mr Mohr did not mention the amount received by way of compensation for discontinuation of milk production. 6 The Finanzamt decided to treat such compensation as consideration for a taxable supply, namely the discontinuation of milk production, and to make it subject to turnover tax. 7 Mr Mohr unsuccessfully challenged the Finanzamt' s decision before the Finanzgericht. He then brought the matter before the Bundesfinanzhof. 8 The Bundesfinanzhof decided to stay the proceedings and referred the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling: "1. Does a farmer who is a taxable person and definitively discontinues milk production thereby make a supply of services within the meaning of Article 6(1) of Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes (the Sixth Directive)? and 2. Is the compensation received for such discontinuation under Council Regulation (EEC) No 1336/86 of 6 May 1986 a monetary payment which is taxable under Article 11(A)(1)(a) of the Sixth Directive?" 9 By those two questions the national court essentially seeks to ascertain whether Articles 6(1) and 11(A)(1)(a) of the Directive are to be interpreted as meaning that an undertaking to discontinue milk production given by a farmer under Regulation No 1336/86 constitutes a supply of services so that the compensation received for that purpose is subject to turnover tax. 10 According to Article 2(1) of the Directive, "the supply of goods or services effected for consideration within the territory of the country by a taxable person acting as such" is to be subject to value added tax. 11 Article 6(1) provides: "' Supply of services' shall mean any transaction which does not constitute a supply of goods within the meaning of Article 5. Such transactions may include inter alia: ... ° obligations to refrain from an act or to tolerate an act or situation, ..." 12 Article 11(A)(1)(a) provides that the taxable amount is to be, "in respect of supplies of goods and services ..., everything which constitutes the consideration which has been or is to be obtained by the supplier from the purchaser, the customer or a third party for such supplies including subsidies directly linked to the price of such supplies". 13 As Advocate General Jacobs observes at points 12 to 19 of his Opinion, Regulation No 1336/86 is part of a series of measures adopted by the Community with a view to limiting milk production. 14 According to the third recital of the preamble to that regulation, in order to facilitate the reduction of deliveries and direct sales involved in reducing guaranteed global quantities, a Community system should be established to finance the discontinuation of milk production by granting any producer, at the latter' s request and provided that he fulfils certain eligibility requirements, compensation in return for his undertaking to discontinue definitively all milk production. 15 The first paragraph of Article 1(1) of the regulation thus provides that: "At the request of the party concerned and subject to the conditions defined in this Regulation ... compensation shall be granted to any producer ... who undertakes to discontinue milk production definitively." Article 2(2) provides that, within the limits of the amounts referred to in Annex II, "Member States are authorized to pay maximum compensation of 4 ECU per year and per 100 kilograms of milk or milk equivalent ...". According to Article 2(3), Member States may contribute to the financing of the measure by increasing the level of compensation. 16 The German and Italian Governments submit that a milk producer who undertakes definitively to discontinue his production supplies a service for consideration within the meaning of Articles 2 and 6(1) of the Directive. 17 Both Governments state in this regard that payment of compensation and an undertaking to discontinue milk production are mutually dependent, thus establishing the direct link between the service provided and consideration for it, as required by the case-law of the Court (Case 154/80 Staatsecretaris van Financiën v Cooeperatieve Aardappelenbewaarplaats [1981] ECR 445 and Case C-16/93 Tolsma v Inspecteur der Omzetbelasting [1994] ECR I-743). The service consists in an obligation to refrain from an act, within the meaning of the second indent of Article 6(1) of the Directive, namely to refrain from continuing milk production, and the compensation paid is in the nature of consideration for that undertaking, thus constituting a taxable amount within the meaning of Article 11(A)(1)(a) of the Directive. 18 That interpretation of the Directive cannot be accepted. 19 It should be recalled that, according to Article 2(1) of the First Council Directive (67/227/EEC) of 11 April 1967 on the harmonization of legislation of Member States concerning turnover taxes (OJ, English Special Edition 1967 (I), p. 14), VAT is a general tax on the consumption of goods and services. 20 In a case such as the present one, there is no consumption as envisaged in the Community VAT system. 21 As the Advocate General notes at point 27 of his Opinion, by compensating farmers who undertake to cease their milk production, the Community does not acquire goods or services for its own use but acts in the common interest of promoting the proper functioning of the Community milk market. 22 In those circumstances, the undertaking given by a farmer that he will discontinue his milk production does not entail either for the Community or for the competent national authorities any benefit which would enable them to be considered consumers of a service. The undertaking in question does not therefore constitute a supply of services within the meaning of Article 6(1) of the Directive. 23 The answer to the questions referred to the Court for a preliminary ruling should therefore be that Articles 6(1) and 11(A)(1)(a) of the Directive must be interpreted as meaning that an undertaking to discontinue milk production given by a farmer under Regulation No 1336/86 does not constitute a supply of services. Consequently, any compensation received for that purpose is not subject to turnover tax. Decision on costs Costs 24 The costs incurred by the German, French and Italian Governments and the Commission of the European Communities, which have submitted observations to the Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the proceedings pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Operative part On those grounds, THE COURT (Fifth Chamber) in answer to the questions referred to it by the Bundesfinanzhof by order of 21 April 1994, hereby rules: Articles 6(1) and 11(A)(1)(a) of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17 May 1977, on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes ° Common system of value added tax: uniform basis of assessment, are to be interpreted as meaning that an undertaking to discontinue milk production given by a farmer under Regulation No 1336/86 of 6 May 1986 fixing compensation for the definitive discontinuation of milk production does not constitute a supply of services. Consequently, any compensation received for that purpose is not subject to turnover tax.

62020CJ0315

pl

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów ( Dz.U. 2006, L 190, s. 1 ) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy ( Dz.U. 2008, L 312, s. 3 ). Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Regione Veneto (regionem Wenecji Euganejskiej, Włochy) a Plan Eco Srl w przedmiocie przemieszczania odpadów między państwami członkowskimi. Ramy prawne Prawo Unii Rozporządzenie nr 1013/2006 Artykuł 2 rozporządzenia nr 1013/2006, zatytułowany „Definicje”, stanowi: „Do celów niniejszego rozporządzenia: […] 19) »właściwy organ wysyłki« oznacza właściwy organ dla obszaru, z którego przemieszczanie rozpoczęło się lub ma się rozpocząć; 20) »właściwy organ miejsca przeznaczenia« oznacza właściwy organ dla miejsca, do którego przemieszczanie jest planowane lub w którym się ono odbywa, albo dla miejsca, w którym dokonuje się załadunku odpadów przed ich odzyskiem lub unieszkodliwieniem na obszarze niepodlegającym jurysdykcji żadnego państwa; […]”. Artykuł 3 ust. 5 tego rozporządzenia przewiduje: „Przemieszczanie zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadów 20 03 01) zebranych z gospodarstw domowych, także gdy odpady te zebrano również od innych wytwórców, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania podlega, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, tym samym przepisom, co przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia”. Zgodnie z art. 11 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowanym „Zgłoszenie sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia”: „1.   W przypadku zgłoszenia dotyczącego planowanego przemieszczenia odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia właściwe organy miejsca przeznaczenia i wysyłki mogą, w terminie 30 dni od przekazania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8 oraz zgodnie z traktatem, zgłosić sprzeciw wobec przemieszczenia, oparty na jednej lub kilku spośród następujących podstaw: a) planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie nie byłyby zgodne ze środkami przyjętymi w celu realizacji zasad bliskości, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności na poziomie wspólnotowym i krajowym, zgodnie z dyrektywą 2006/12/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów ( Dz.U. 2006, L 114, s. 9 )], w celu wprowadzenia całkowitego lub częściowego zakazu lub systematycznego sprzeciwiania się przemieszczeniom; lub […] i) odpady są zmieszanymi odpadami komunalnymi zebranymi z gospodarstw domowych (kod odpadów 20 03 01); lub […] 6.   Środki podjęte przez państwo członkowskie zgodnie z ust. 1 lit. a) […], przewidujące całkowity lub częściowy zakaz lub systematyczne sprzeciwianie się przemieszczeniom odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, są niezwłocznie zgłaszane Komisji, która zawiadamia o nich pozostałe państwa członkowskie”. Artykuł 12 tego samego rozporządzenia, zatytułowany „Zgłoszenie sprzeciwu wobec przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku”, stanowi: „1.   W przypadku zgłoszenia dotyczącego planowanego przemieszczenia odpadów przeznaczonych do odzysku właściwe organy miejsca przeznaczenia i wysyłki mogą, w terminie 30 dni od wysłania potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8 oraz zgodnie z traktatem, zgłosić sprzeciw wobec przemieszczenia oparty na jednej lub kilku spośród następujących podstaw: […] b) planowane przemieszczanie lub odzysk odpadów nie byłyby zgodne z przepisami krajowymi w zakresie ochrony środowiska, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i dotyczącymi działań podejmowanych w państwie zgłaszającym sprzeciw; lub […] g) jeśli stosunek odpadów odzyskiwalnych i nieodzyskiwalnych, wartość szacunkowa uzyskanych w wyniku odzysku surowców lub koszt odzysku i unieszkodliwienia części nieodzyskiwalnej nie uzasadnia odzysku ze względów ekonomicznych lub środowiskowych; […] […]”. Dyrektywa 2008/98 Dyrektywa 2008/98 uchyliła dyrektywę 2006/12 z dniem 12 grudnia 2010 r. i przewiduje w art. 41, że odesłania do tej ostatniej uznaje się za odesłania do pierwszej. Motyw 33 dyrektywy 2008/98 ma następujące brzmienie: „Do celów stosowania rozporządzenia [nr 1013/2006] zmieszane odpady komunalne, o których mowa w art. 3 ust. 5 tego rozporządzenia, pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeśli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości”. Zgodnie z art. 16 dyrektywy 2008/98, zatytułowanym „Zasada samowystarczalności i bliskości”: „1.   Państwa członkowskie stosują właściwe środki, we współpracy z innymi państwami członkowskimi, jeżeli jest to konieczne lub pożądane, aby ustanowić [odpowiednią] zintegrowaną […] sieć instalacji do unieszkodliwiania odpadów i instalacji do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych, uwzględniającą przypadki, w których zbieranie takie obejmuje również takie odpady od innych wytwórców, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik. W drodze odstępstwa od rozporządzenia [nr 1013/2006], aby chronić swoją sieć, państwa członkowskie mogą ograniczyć wchodzące transporty odpadów przeznaczonych do obiektów przekształcania termicznego, które zaklasyfikowano jako instalacje do odzysku, w przypadkach, gdy ustalono, że transporty takie doprowadziłyby w konsekwencji do tego, że krajowe odpady musiałyby być unieszkodliwiane lub musiałyby być przetwarzane w sposób niezgodny z planami gospodarki odpadami tych państw. Państwa członkowskie zawiadamiają Komisję o podjęciu takiej decyzji. Państwa członkowskie mogą również ograniczyć wychodzące transporty odpadów z przyczyn dotyczących środowiska określonych w rozporządzeniu [nr 1013/2006]. 2.   Sieć powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający Wspólnocie jako całości stanie się samowystarczalną w zakresie unieszkodliwiania odpadów, jak również odzysku odpadów, o których mowa w ust. 1, a państwom członkowskim umożliwić stopniowe osiąganie tego celu indywidualnie, przy uwzględnieniu warunków geograficznych lub zapotrzebowania na specjalistyczne instalacje dla niektórych rodzajów odpadów. 3.   Sieć powinna umożliwiać unieszkodliwiane odpadów lub odzysk odpadów, o których mowa w ust. 1, w jednej z najbliżej położonych odpowiednich instalacji, za pomocą najodpowiedniejszych metod i technologii, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego. 4.   Zasady bliskości i samowystarczalności nie oznaczają, że każde państwo członkowskie musi posiadać na swoim terytorium pełen zakres obiektów do ostatecznego odzysku”. Decyzja 2000/532/WE Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych ( Dz.U. 2000, L 226, s. 3 ), zmieniona decyzją Komisji 2014/955/UE z dnia 18 grudnia 2014 r. ( Dz.U. 2014, L 370, s. 44 ), zawiera w załączniku wykaz odpadów, o których mowa w art. 7 dyrektywy 2008/98, zwany „Europejskim katalogiem odpadów” (zwanym dalej „EWC”). W rozdziale 19 EWC, zatytułowanym „Odpady z urządzeń do gospodarowania odpadami […]”, w sekcji 19 12, zatytułowanej „odpady z mechanicznej przeróbki odpadów (np. z sortowania, zgniatania, zagęszczania, granulowania) niewymienione w innych grupach”, znajdują się następujące rubryki: 19 12 11* inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 W rozdziale 20 EWC, zatytułowanym „Odpady komunalne (odpady z gospodarstw domowych oraz podobne odpady handlowe, przemysłowe i instytucjonalne) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie”, w sekcji 20 03, zatytułowanej „inne odpady komunalne”, znajduje się rubryka 20 03 01 „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”. Prawo włoskie Artykuł 182 bis decreto legislativo n. 152 – Norme in materia ambientale (dekretu ustawodawczego nr 152 dotyczącego przepisów w dziedzinie ochrony środowiska) z dnia 3 kwietnia 2006 r. (dodatek zwyczajny do GURI nr 88 z dnia 14 kwietnia 2006 r., zwanego dalej „dekretem ustawodawczym nr 152/2006”) przewiduje w ust. 1: „Unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk zmieszanych odpadów komunalnych są realizowane za pomocą odpowiedniej zintegrowanej sieci instalacji, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik i stosunku globalnych kosztów do zysków w celu: a) osiągnięcia samowystarczalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne oraz odpadów powstających w wyniku ich przetwarzania [sic] na optymalnych obszarach geograficznych; b) umożliwienia unieszkodliwiania odpadów oraz odzysku zmieszanych odpadów komunalnych w jednej z odpowiednich instalacji położonych najbliżej miejsc wytwarzania lub zbierania, w celu ograniczenia przemieszczania odpadów, uwzględniając kontekst geograficzny lub konieczność specjalistycznych instalacji dla niektórych rodzajów odpadów; […]”. Postępowanie główne i pytania prejudycjalne Spółka transportowa Plan Eco złożyła do regionu Wenecji Euganejskiej wniosek o uzyskanie jego uprzedniej zgody na przemieszczenie 2000 ton zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych we Włoszech przez Futura Srl do cementowni położonej w Słowenii. Odpady te zostały mechanicznie przetworzone przez Futura w celu ich wykorzystania we współspalaniu i sklasyfikowane przez tę spółkę po tym przetwarzaniu pod kodem 19 12 12 EWC. Decyzją z dnia 22 kwietnia 2016 r. region Wenecja Euganejska sprzeciwił się przemieszczeniu na podstawie prawa Unii, w szczególności art. 12 ust. 1 lit. b) i g) rozporządzenia nr 1013/2006, oraz prawa krajowego. Po pierwsze, uznał on, że sporne odpady w następstwie operacji wstępnego przetwarzania dokonywanego przez Futura zachowują swój pierwotny charakter, a mianowicie charakter zmieszanych odpadów komunalnych, któremu odpowiada kod 20 03 01 EWC, oraz że zaklasyfikowanie tych odpadów przez tę spółkę do sekcji 19 12 EWC, zatytułowanej „odpady z mechanicznej przeróbki odpadów (np. z sortowania, zgniatania, zagęszczania, granulowania) niewymienione w innych grupach”, jak również przypisanie kodu 19 12 12 EWC nie są decydujące w tym względzie. Po drugie, region uznał, że art. 182 bis ust. 1 lit. b) dekretu ustawodawczego nr 152/2006 – wprowadzony w ramach transpozycji dyrektywy 2008/98 oraz zasad samowystarczalności i bliskości ustanowionych w jej art. 16 – wymaga, aby zmieszane odpady komunalne były odzyskiwane w jednej z odpowiednich instalacji położonych najbliżej miejsca wytwarzania lub zbierania. Wreszcie, po trzecie, uznał on, że na jego terytorium istnieje sieć instalacji zdolna zaspokoić potrzeby Plan Eco i że w niniejszym przypadku jedna z instalacji regionu Wenecja Euganejska oświadczyła, iż jest w stanie przyjąć 2000 ton odpadów, o których mowa w zgłoszeniu przemieszczenia. Plan Eco wniosła skargę na tę decyzję do Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (regionalnego sądu administracyjnego dla Wenecji Euganejskiej, Włochy), który wyrokiem z dnia 15 listopada 2016 r. stwierdził nieważność decyzji w szczególności ze względu na to, że przemieszczanie za granicę dotyczyło odpadów specjalnych, które należało sklasyfikować pod kodem EWC 19 12 12, i że w związku z tym zasady samowystarczalności, bliskości i ograniczenia terytorialnego przewidziane w przypadku przetwarzania odpadów komunalnych nie miały zastosowania. Region Wenecji Euganejskiej wniósł od tego wyroku odwołanie do Consiglio di Stato (rady stanu, Włochy), która po ustaleniu w szczególności, że przedmiotowe odpady zostały poddane przetworzeniu, które nie zmieniło w sposób znaczący ich pierwotnych właściwości jako odpadów komunalnych, postanowiła zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: „W odniesieniu do sytuacji, w której zmieszane odpady komunalne, niezawierające odpadów niebezpiecznych, zostały przetworzone mechanicznie w instalacji w celu odzysku energii (proces R1/R12 w rozumieniu załącznika C [do dekretu ustawodawczego nr 152/2006]), w wyniku której to czynności przetwarzania okazało się, że zasadniczo przetworzenie nie zmieniło w sposób znaczący pierwotnych właściwości zmieszanych odpadów komunalnych, lecz odpady te w ramach klasyfikacji określonej w EWC przypisano do kodu 19 12 12, czego strony nie kwestionowały; w celu oceny zgodności z prawem zastrzeżeń, jakie właściwy organ państwa pochodzenia zgłosił na podstawie zasad określonych w dyrektywie 2008/98 w ramach postępowania w sprawie wniosku o wydanie uprzedniej zgody na przemieszczenie przetworzonych odpadów do zakładu produkcyjnego w innym państwie europejskim w celu ich wykorzystania w technologii współspalania lub w każdym wypadku jako środka wytwarzania energii, a w szczególności zastrzeżeń takich jak zgłoszone w niniejszej sprawie, opartych na: zasadzie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska (art. 13 dyrektywy 2008/98); zasadzie samowystarczalności i bliskości ustanowionej w art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/98 […]; zasadzie ustanowionej w tym samym art. 16 ust. 1 akapit drugi zdanie ostatnie […]; motywie 33 dyrektywy 2008/98 […][:] 1) [EWC] (w niniejszej sprawie kod 19 12 12 [tego katalogu], odnoszący się do odpadów z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów przeznaczonych do odzysku R1/R12) oraz ustanowione w nim odpowiednie kody kolidują – a jeśli tak, w jakim stopniu – z przepisami [prawa Unii] dotyczącymi przemieszczania odpadów, które przed przetworzeniem mechanicznym były zmieszanymi odpadami komunalnymi? 2) W szczególności, w odniesieniu do przemieszczania odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zmieszanych odpadów komunalnych, czy przepisy art. 16 i motywu 33 dyrektywy 2008/98, które wyraźnie dotyczą przemieszczania odpadów, mają pierwszeństwo przed klasyfikacją wynikającą z [EWC]? 3) Jeśli Trybunał uzna to zagadnienie za właściwe i użyteczne, to czy wspomniany powyżej wykaz ma charakter normatywny, czy też stanowi on jedynie certyfikację techniczną zapewniającą jednolitą identyfikowalność wszystkich odpadów?”. W przedmiocie pytań prejudycjalnych Poprzez swoje pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy właściwy organ wysyłki może na podstawie rozporządzenia nr 1013/2006 i dyrektywy 2008/98 sprzeciwić się wysyłce zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do odzysku, które zostały sklasyfikowane pod kodem 19 12 12 EWC w następstwie mechanicznego przetworzenia w celu odzysku energii, które jednak nie zmieniło w sposób znaczący ich pierwotnych właściwości. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że rozporządzenie nr 1013/2006 i dyrektywa 2008/98, których celem jest zmniejszenie do minimum negatywnego wpływu wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, zwracają szczególną uwagę na zmieszane odpady komunalne. I tak art. 3 ust. 5 rozporządzenia nr 1013/2006 stanowi, że przemieszczanie „zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadów 20 03 01) zebranych z gospodarstw domowych, także gdy odpady te zebrano również od innych wytwórców, do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania” podlega zgodnie z tym rozporządzeniem tym samym przepisom co przemieszczanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia. W konsekwencji art. 11 rozporządzenia nr 1013/2006 ma zastosowanie nawet w przypadku zgłoszenia dotyczącego planowanego przemieszczenia zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do odzysku, mimo że zgodnie z jego tytułem i brzmieniem przepis ten ma co do zasady zastosowanie jedynie do odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia (zob. podobnie wyrok z dnia 12 grudnia 2013 r., Ragn-Sells, C‑292/12 , EU:C:2013:820 , pkt , ). Ponadto właściwe organy miejsca przeznaczenia i wysyłki mogą zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. i) tego rozporządzenia sprzeciwić się takiemu przemieszczeniu z tego tylko powodu, że dane odpady są „zmieszanymi odpadami komunalnymi zebranymi z gospodarstw domowych (kod 20 03 01)”. W tym względzie z prac przygotowawczych nad rozporządzeniem nr 1013/2006 wynika, że celem zamierzonym przez prawodawcę Unii w tych przepisach było ograniczenie przemieszczania odpadów zebranych z gospodarstw domowych do tego, co absolutnie konieczne, oraz ustanowienie, by państwa członkowskie zajmowały się takimi odpadami niejednorodnymi i były zachęcone do autonomicznego rozwiązania swoich problemów z odpadami zebranymi z gospodarstw domowych, nie wykluczając wszelkiej współpracy z państwami sąsiadującymi. Podobnie art. 16 dyrektywy 2008/98 nakłada na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia odpowiedniej zintegrowanej sieci instalacji do przetwarzania odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia oraz „zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych, [w tym w przypadkach], w których zbieranie takie obejmuje również takie odpady od innych wytwórców”, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik. Artykuł ten przewiduje również, że państwa członkowskie powinny zaprojektować tę sieć w taki sposób, by między innymi indywidualnie dążyły do samowystarczalności w zakresie przetwarzania tych odpadów i aby to przetwarzanie mogło odbywać się w jednej z odpowiednich instalacji położonych najbliżej miejsca ich wytwarzania. Trybunał orzekł w tym względzie, że przy tworzeniu takiej zintegrowanej sieci państwa członkowskie dysponują zakresem uznania co do wyboru podstawy terytorialnej, którą uznają za właściwą do osiągnięcia samowystarczalności krajowej w zakresie przetwarzania danych odpadów. Trybunał podkreślił jednak, że w tym względzie, zwłaszcza jeśli chodzi o środki odpowiednie do wspierania racjonalizacji zbierania, sortowania oraz przetwarzania odpadów, jeden z najważniejszych środków, jakie powinny podjąć państwa członkowskie, między innymi za pośrednictwem jednostek samorządu lokalnego wyposażonych w stosowne kompetencje, polega na dążeniu do przetwarzania tych odpadów w instalacji zlokalizowanej jak najbliżej miejsca ich wytwarzania, w szczególności gdy chodzi o zmieszane odpady komunalne, tak aby ograniczyć ich transport w największym możliwym stopniu (zob. wyrok z dnia 12 grudnia 2013 r., Ragn-Sells, C‑292/12 , EU:C:2013:820 , pkt , i przytoczone tam orzecznictwo). Wynika z tego, że zgodnie z art. 3 ust. 5 i art. 11 ust. 1 lit. i) rozporządzenia nr 1013/2006 oraz w celu zapewnienia przestrzegania zasad samowystarczalności i bliskości ustanowionych w art. 16 dyrektywy 2008/98 i wprowadzonych w życie we wspomnianych przepisach rozporządzenia nr 1013/2006, które to zasady zostały przywołane w postępowaniu głównym przez właściwy organ wysyłki, organ ten może sprzeciwić się wysyłce zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwienia. W drugiej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z motywem 33 dyrektywy 2008/98 do celów stosowania rozporządzenia nr 1013/2006 zmieszane odpady komunalne, o których mowa w art. 3 ust. 5 tego rozporządzenia, pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeśli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczących ich właściwości. Otóż o ile zgodnie z utrwalonym orzecznictwem motywy aktu Unii nie mają wiążącej mocy prawnej i nie można się na nie powoływać w celu odstąpienia od przepisów danego aktu ani w celu interpretowania tych przepisów w sposób sprzeczny z ich brzmieniem, o tyle mogą one jednak precyzować treść przepisów tego aktu i dostarczają wskazówek interpretacyjnych, które mogą wyjaśniać wolę autora tego aktu (zob. podobnie wyrok z dnia 25 marca 2021 r., Balgarska Narodna Banka, C‑501/18 , EU:C:2021:249 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). W niniejszej sprawie art. 3 ust. 5 i art. 11 ust. 1 lit. i) rozporządzenia nr 1013/2006, interpretowane w świetle motywu 33 dyrektywy 2008/98, oznaczają, że zmieszane odpady komunalne, które zostały sklasyfikowane pod kodem 19 12 12 EWC w następstwie mechanicznego przetworzenia w celu odzysku energii, które jednak nie zmieniło w sposób znaczący pierwotnych właściwości tych odpadów, należy uznać za zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych, o których mowa w tych przepisach, niezależnie od faktu, że owe przepisy wymieniają kod 20 03 01 EWC. Jak bowiem podkreślił rzecznik generalny w pkt 56 opinii, system prawny mający zastosowanie do przemieszczania odpadów zależy od ich istotnego charakteru, a nie od ich formalnej klasyfikacji zgodnie z EWC. Ponadto każda inna wykładnia pozwoliłaby na wyłączenie ze stosowania art. 3 ust. 5 i art. 11 ust. 1 lit. i) rozporządzenia nr 1013/2006 oraz ostatecznie zasad samowystarczalności i bliskości, których przestrzeganie, jak wskazano w pkt 23 niniejszego wyroku, mają zapewnić te przepisy, zmieszanych odpadów komunalnych, które w następstwie czynności przetwarzania, która nie zmieniła jednak ich istotnego charakteru, zostały sklasyfikowane pod kodem EWC innym niż kod przeznaczony dla zmieszanych odpadów komunalnych. W postępowaniu głównym bezsporne jest, że mechaniczne przetwarzanie przedmiotowych odpadów nie zmieniło w sposób istotny pierwotnych właściwości tych odpadów ani w konsekwencji ich charakteru. Wynika z tego, że do celów stosowania rozporządzenia nr 1013/2006 zmieszane odpady komunalne przeznaczone do odzysku, które zostały sklasyfikowane pod kodem 19 12 12 EWC w następstwie mechanicznego przetwarzania w celu odzysku energii, które jednak nie zmieniło zasadniczo ich pierwotnych właściwości, należy uznać za zmieszane odpady komunalne zebrane z gospodarstw domowych. Z całości powyższych rozważań wynika, że na zadane pytania należy odpowiedzieć, iż art. 3 ust. 5 i art. 11 rozporządzenia nr 1013/2006 należy interpretować w ten sposób, że uwzględniając zasady samowystarczalności i bliskości, właściwy organ wysyłki może, opierając się w szczególności na podstawie wskazanej w art. 11 ust. 1 lit. i) tego rozporządzenia, sprzeciwić się wysyłce zmieszanych odpadów komunalnych, które zostały sklasyfikowane pod kodem 19 12 12 EWC w następstwie mechanicznego przetwarzania w celu odzysku energii, które jednak nie zmieniło w sposób znaczący ich pierwotnych właściwości. W przedmiocie kosztów Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi. Z powyższych względów Trybunał (ósma izba) orzeka, co następuje: Artykuł 3 ust. 5 i art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów należy interpretować w ten sposób, że uwzględniając zasady samowystarczalności i bliskości, właściwy organ wysyłki może, opierając się w szczególności na podstawie wskazanej w art. 11 ust. 1 lit. i) tego rozporządzenia, sprzeciwić się wysyłce zmieszanych odpadów komunalnych, które zostały sklasyfikowane pod kodem 19 12 12 wykazu odpadów przewidzianego w załączniku do decyzji Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępującej decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, zmienionej decyzją Komisji 2014/955/UE z dnia 18 grudnia 2014 r., w następstwie mechanicznego przetwarzania w celu odzysku energii, które jednak nie zmieniło w sposób znaczący ich pierwotnych właściwości. Podpisy ( *1 ) Język postępowania: włoski.

62011CJ0379

fi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 21 ja SEUT 45 artiklan tulkintaa. Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Caves Krier Frères Sàrl (jäljempänä Caves Krier) ja Administration de l’emploi (Luxemburgin työvoimaviranomainen, jäljempänä ADEM) ja jossa on kyse ikääntyvien työttömien tai pitkäaikaistyöttömien työllistämistuen epäämisestä. Luxemburgin oikeussäännöt Työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Työllisyysrahastosta korvataan yksityisen sektorin työnantajille työnantajan ja vakuutetun osuudet sosiaaliturvamaksuista palvelukseen otettujen työttömien osalta riippumatta siitä, saivatko he korvauksia vai eivät, sillä ehdolla, että he ovat täyttäneet 45 vuotta ja ovat olleet työnhakijoiksi rekisteröityneinä [ADEMin] työvoimatoimistossa vähintään yhden kuukauden ajan. Työnhakijoiden, joiden ikä on [40]–[44] vuotta, on oltava ollut rekisteröityneinä työnhakijoiksi ADEMin työvoimatoimistossa vähintään kolmen kuukauden ajan ja niiden, joiden ikä on [30]–[39] vuotta, vähintään 12 kuukauden ajan. Vaatimusta [ADEMin] työvoimatoimistossa rekisteröitymisestä ei sovelleta yli [40]-vuotiaisiin työnhakijoihin, joihin sovelletaan työoikeuskoodeksin L. 513-3 §:ssä tarkoitettua työllisyyssuunnitelmaa, jonka työkysymyksistä vastaava ministeri on vahvistanut.” Työoikeuskoodeksin L. 622-6 §:n 1 momentissa säädetään, että kaikkien työtä hakevien työttömien on rekisteröidyttävä työnhakijoiksi ADEMissa. Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys Michèle Schmidt-Krier on 30.7.1955 syntynyt Luxemburgin kansalainen, joka asuu aviomiehensä kanssa Saksassa Luxemburgin rajan tuntumassa. Hän on työskennellyt koko työuransa ajan Luxemburgissa. Caves Krier, jonka kotipaikka on Remichissä (Luxemburg), otti toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella 1.5.2008 palvelukseensa Schmidt-Krierin, joka oli tuolloin 52-vuotias. Caves Krier haki 2.9.2008 Schmidt-Krierin palvelukseen ottamisen perusteella ADEMilta työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentin mukaista ikääntyvien työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työllistämistukea. ADEM hylkäsi hakemuksen 4.9.2008 tehdyllä päätöksellä, koska Schmidt-Krier ei ollut ollut rekisteröityneenä työnhakijaksi ADEMin työvoimatoimistossa vähintään yhtä kuukautta kyseisessä säädöksessä tarkoitetuin tavoin (jäljempänä riidanalainen päätös). Caves Krier nosti 11.1.2010 tribunal administratifissa kyseisen päätöksen kumoamiseksi kanteen, jossa se totesi, että Schmidt-Krier oli rekisteröitynyt työnhakijaksi Saksassa ja että hän oli työskennellyt koko ikänsä Luxemburgissa; hän oli rekisteröitynyt työttömäksi Saksassa vain siitä syystä, että hän ja hänen puolisonsa olivat siirtäneet kotipaikkansa sinne, vaikka jatkoivatkin työskentelyä Luxemburgissa. Caves Krier perusti kanteensa yhteen kanneperusteeseen, jonka mukaan periaatetta yhdenvertaisuudesta lain edessä, sellaisena kuin se on vahvistettu Luxemburgin suurherttuakunnan perustuslaissa, on loukattu, koska sovellettavassa lainsäädännössä ja näin ollen riidanalaisessa päätöksessä kohdellaan kyseessä olevan tuen myöntämisen osalta eri tavalla Luxemburgissa asuvaa Luxemburgin kansalaista ja ulkomailla asuvaa Luxemburgin kansalaista, kun molemmat ovat työskennelleet Luxemburgissa, eikä tätä erilaista kohtelua ole perusteltu objektiivisilla syillä. Tribunal administratif hylkäsi kanteen 14.7.2010 antamallaan tuomiolla sillä perusteella, että Schmidt-Krier ei ajankohtana, jolloin hänet otettiin palvelukseen, täyttänyt ADEMissa rekisteröitymistä koskevaa edellytystä. Tribunal katsoi perustuslakiin perustuvan yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamisesta, että sellaisen työttömän tilanne, joka asuu Luxemburgissa ja joka tämän vuoksi voi rekisteröityä työnhakijaksi ADEMissa, ei ole verrattavissa sellaisen työttömän tilanteeseen, jonka kotipaikka ei ole Luxemburgissa ja joka ei tämän vuoksi voi rekisteröityä kyseisessä viranomaisessa vaan jonka on päinvastoin rekisteröidyttävä asuinjäsenvaltionsa työvoimatoimistossa. Caves Krier vetosi siihen, että työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentti on perustuslain vastainen, ja valitti kyseisestä tuomiosta 12.8.2010 Cour administrativeen. Cour constitutionnelle, jonka käsiteltäväksi tämä kysymys saatettiin, totesi 4.5.2011 antamassaan tuomiossa nro 64/11 (Mémorial A 2011, s. 1572), että kyseinen säännös on Luxemburgin perustuslain mukainen. Cour administrative katsoo kuitenkin ennakkoratkaisupyynnössään, että asiassa nousee esiin unionin oikeutta koskeva kysymys. On riidatonta, että vain maassa asuvat voivat rekisteröityä ADEMissa. Koska työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentissa tarkoitetun työllistämistuen edellytyksenä on kyseinen rekisteröityminen, tuki on tosiasiallisesti varattu työnantajille, jotka työllistävät maassa asuvia työttömiä. Säännös voi näin ollen merkitä SEUT 21 ja SEUT 45 artiklassa tarkoitetun unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden rajoitusta, koska yli 45-vuotiaan työttömän potentiaalinen työnantaja päätyy suosimaan Luxemburgissa asuvan palvelukseen ottamista, koska kyseistä tukea voi saada vain tämän palkkaamisesta. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin huomauttaa, että koska Luxemburgin valtiolla ei ollut edustajaa ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa käydyssä menettelyssä, se ei voinut vahvistaa, oliko tällainen asuinpaikkaan liittyvä rajoitus perusteltu kyseisten henkilöiden kansalaisuudesta riippumattomista ja objektiivisesti todetuista yleisen edun mukaisista syistä ja oliko se oikeassa suhteessa kyseisen kansallisen säännöksen hyväksyttävän tavoitteen kanssa. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, ettei se voi viran puolesta perustella kyseisiä säännöksiä. Tässä tilanteessa Cour administrative päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen: ”Onko Luxemburgin työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentti yhteensopiva unionin oikeuden, erityisesti [SEUT] 21 ja [SEUT] 45 artiklan, kanssa siltä osin kuin siinä annetaan yksityisen sektorin työnantajille oikeus saada korvatuiksi työnantajan ja työntekijän osuudet sosiaaliturvamaksuista yli 45-vuotiaiden palvelukseen otettujen työttömien osalta siitä riippumatta, saivatko he korvauksia vai eivät, ainoastaan sillä ehdolla, että työttömät ovat olleet rekisteröityinä työnhakijoiksi [ADEMissa] vähintään yhden kuukauden ajan, kun taas kyseistä säännöstä ei sovelleta sellaisten työnantajien hyväksi, jotka ottavat palvelukseen työttömiä, jotka ovat olleet työnhakijoiksi rekisteröityinä vastaavissa ulkomaalaisissa viranomaisissa?” Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu Tutkittavaksi ottaminen Itävallan tasavalta väittää ensiksi, että ennakkoratkaisupyyntö on jätettävä tutkimatta, koska ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin ei ole esittänyt täsmällisesti käsiteltävän asian merkityksellisiä tosiseikkoja ja sovellettavia kansallisia säännöksiä. Vaikka työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentin sanatarkasta lainauksesta ja kysymyksen sanamuodosta ei käy ilmi, että riidanalaista työllistämistukea voidaan myöntää työnantajalle vain Luxemburgissa asuvien henkilöiden osalta, ennakkoratkaisupyynnössä näytetään oletettavan, että tällainen rajoitus on. Ei siis ole varmaa, onko käsiteltävässä asiassa tutkittava asuinpaikkaa vai pelkästään pakollista ADEMissa rekisteröitymistä koskevan edellytyksen yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa. Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Kuten edellä 14 kohdasta käy ilmi, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on unionin tuomioistuimelle esittämässään ennakkoratkaisupyynnössä selvittänyt hyvin selkeästi pääasian merkitykselliset tosiseikat ja yksilöinyt täsmällisesti siihen sovellettavan kansallisen säännöksen eli työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentin. Kyseinen tuomioistuin on myös esittänyt tulkintansa sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä todeten, että on riidatonta, että vain maassa asuvat voivat rekisteröityä työnhakijoiksi ADEMissa. Unionin tuomioistuimella on näin ollen tiedossaan kaikki tarvittavat seikat sellaisen hyödyllisen vastauksen antamiseksi, jonka perusteella ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin voi ratkaista pääasian. Tšekin hallitus pohtii toiseksi, onko ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen esittämä kysymys hypoteettinen, koska Caves Krier otti Schmidt-Krierin palvelukseensa työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentissa säädetystä riippumatta. Vaikka työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentin mukaisen työllistämistuen epääminen Caves Krieriltä ei estänyt kyseistä yhtiötä ottamasta Schmidt-Krieriä palvelukseensa, on kuitenkin niin, kuten Tšekin hallitus itsekin myöntää kirjallisissa huomautuksissaan, että epäämisen vuoksi palvelukseen ottaminen tehtiin epäedullisemmin edellytyksin kuin yli 45-vuotiaan ADEMissa rekisteröityneen työnhakijan palvelukseen ottaminen, mikä Caves Krierin mukaan on unionin oikeudessa vahvistetun työntekijöiden vapaan liikkuvuuden rajoitus ja on siis johtanut sen ja ADEMin väliseen oikeusriitaan. Tässä tilanteessa ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kysymystä ei voida pitää hypoteettisena. Tšekin hallitus toteaa kolmanneksi, että saattaa olla, että esitetty kysymys on jätettävä tutkimatta myös sen vuoksi, että ennakkoratkaisupyynnöstä näyttää käyvän ilmi, että Schmidt-Krier oli rekisteröitynyt työnhakijaksi Saksassa mutta työskenteli samanaikaisesti Luxemburgissa. Koska ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on kuitenkin todennut, että työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momenttia sovelletaan pääasiaan, mikä edellyttää, että Schmidt-Krier oli työtön ajankohtana, jolloin hänet otettiin palvelukseen, unionin tuomioistuin, jonka tehtävänä ei ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä ole arvioida tosiseikkoja, ei voi kyseenalaistaa tätä lähtökohtaa. Ennakkoratkaisupyyntö on siis otettava tutkittavaksi. Asiakysymys Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin haluaa kysymyksellään selvittää, onko SEUT 21 ja SEUT 45 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa yli 45-vuotiaiden työttömien työllistämistuen työnantajalle myöntämisen edellytykseksi asetetaan se, että palvelukseen otettu työtön on rekisteröitynyt työnhakijaksi tässä samassa jäsenvaltiossa, kun rekisteröinti edellyttää asumista kyseisen valtion alueella. On palautettava mieleen, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kaikki jäsenvaltioiden kansalaiset, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja tehneet työtä muussa jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan, kuuluvat asuinpaikastaan ja kansalaisuudestaan riippumatta SEUT 45 artiklan soveltamisalaan (ks. mm. asia C-152/03, Ritter-Coulais, tuomio 21.2.2006, Kok., s. I-1711 , 31 kohta ja asia C-212/05, Hartmann, tuomio 18.7.2007, Kok., s. I-6303 , 17 kohta). Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa lisäksi, että SEUT 45 artiklassa tarkoitettuna työntekijänä pidetään henkilöä, joka tekee tietyn ajan työtä toisen lukuun tämän johdon alaisena palkkaa vastaan. Vaikka henkilö menettää asemansa työntekijänä sen jälkeen, kun työsuhde on päättynyt, ei kuitenkaan pidä unohtaa, että työsuhteen lakkaamisella on määrättyjä työntekijäasemaan perustuvia vaikutuksia ja että työtä tosiasiassa hakevaa henkilöä on myös pidettävä työntekijänä (ks. asia C-85/96, Martínez Sala, tuomio 12.5.1998, Kok., s. I-2691 , 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä seuraa, että Schmidt-Krierin kaltainen rajatyöntekijä, joka menetettyään työpaikkansa muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa hän tosiasiallisesti asuu, saa töitä tässä toisessa jäsenvaltiossa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen perusteella, kuuluu SEUT 45 artiklan soveltamisalaan. Vaikka onkin katsottu, että kyseisessä artiklassa määrätyt, vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät oikeudet kuuluvat työntekijöille työnhakijat mukaan lukien, mikään tuon artiklan sanamuodossa ei viittaa siihen, että muut henkilöt eivät voisi vedota näihin oikeuksiin. Jotta työntekijöillä oleva oikeus tulla palkatuksi ja työskennellä ilman syrjintää olisi tehokas, siihen täytyy liittyä työnantajien oikeus saada palkata työntekijöitä noudattaen työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevia oikeussääntöjä (ks. asia C-350/96, Clean Car Autoservice, tuomio 7.5.1998, Kok., s. I-2521, 19 ja 20 kohta ja asia C-208/05, ITC, tuomio 11.1.2007, Kok., s. I-181, 22 ja 23 kohta). Näin ollen Caves Krierin kaltainen työnantaja voi vedota SEUT 45 artiklassa työntekijöille suoraan tunnustettuihin oikeuksiin. Koska pääasia kuuluu tämän määräyksen soveltamisalaan, ei ole tarpeen lausua SEUT 21 artiklan tulkinnasta. Viimeksi mainitusta määräyksestä, jossa ilmaistaan yleisesti jokaisella unionin kansalaisella oleva oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, on näet työntekijöiden vapaan liikkuvuuden osalta erityismääräys SEUT 45 artiklassa (ks. mm. em. asia ITC, tuomion 64 ja 65 kohta; asia C-287/05, Hendrix, tuomio 11.9.2007, Kok., s. I-6909, 61 ja 62 kohta ja asia C-367/11, Prete, tuomio 25.10.2012, 20 kohta). Kun pohditaan, merkitseekö pääasiassa kysymyksessä olevan kaltainen kansallinen lainsäädäntö SEUT 45 artiklassa tarkoitettua rajoitusta, on muistutettava, että henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevien kaikkien EUT-sopimuksen määräysten tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden kansalaisten kaikenlaisen ansiotyön tekemistä Euroopan unionin alueella ja että kyseisten määräysten vastaisia ovat toimenpiteet, joilla voi olla epäsuotuisa vaikutus näihin kansalaisiin, kun he haluavat harjoittaa taloudellista toimintaa toisen jäsenvaltion alueella (ks. mm. em. asia ITC, tuomion 31 kohta ja asia C-325/08, Olympique Lyonnais, tuomio 16.3.2010, Kok., s. I-2177 , 33 kohta). Luxemburgin hallitus väittää kuitenkin, että pääasiassa kyseessä olevalla kansallisella lainsäädännöllä ei loukata työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, koska siinä ei säädetä asuinpaikkaa koskevasta edellytyksestä. Sen mukaan esitetty kysymys perustuu ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen virheelliseen kansallisen lainsäädännön tulkintaan. Jokainen maan ulkopuolella asuva työtön voi näet rekisteröityä ADEMissa. Työoikeuskoodeksin L. 622-6 §:n 1 momentissa säädetään selvästi, että kaikkien työtä hakevien työttömien on rekisteröidyttävä työnhakijoiksi ADEMissa. Vaikka työntekijän, joka on Luxemburgin kansalainen ja asuu Saksassa, on rekisteröidyttävä Saksan työvoimaviranomaisessa mahdollisia työttömyyskorvauksia saadakseen, mikään Luxemburgin lainsäädännössä ei estä tällaista työntekijää rekisteröitymästä ADEMissa tietojen saamiseksi avoimista työpaikoista Luxemburgissa ja sen mahdollistamiseksi, että hänet palkkaava työntekijä saa hyväkseen työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentissa tarkoitetut oikeudet. Luxemburgin hallitus katsoo, etteivät kyseinen säännös ja työoikeuskoodeksin L. 622-6 §:n 1 momentti ole syrjiviä unionin oikeuden mukaan, koska sen edellytykseksi, että työnantaja voi hakea kyseistä tukea, ei ole asetettu mitään työnhakijan kansalaisuutta tai asuinpaikkaa koskevia vaatimuksia. Työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentissa todetaan lisäksi selvästi, että työnantajalle korvataan sosiaaliturvamaksut palvelukseen otettujen työttömien osalta riippumatta siitä, saivatko he korvauksia vai eivät. Pääasiassa ADEM on vain todennut riidanalaisessa päätöksessä, ettei Schmidt-Krier täytä kyseisessä viranomaisessa rekisteröitymisen edellytyksiä. Se ei sitä vastoin ole tehnyt epäävää päätöstä unionin oikeuden mukaan syrjivillä perusteilla. Kyseisen hallituksen mukaan tästä seuraa, että Luxemburgin alueella asuvia työntekijöitä, kuten Luxemburgissa työskenteleviä muiden jäsenvaltioiden kansalaisia, tai Luxemburgissa työskenteleviä ja toisessa jäsenvaltiossa asuvia Luxemburgin kansalaisia koskevat samat velvollisuudet. Heitä ei siis kohdella eri tavalla, koska he kaikki voivat rekisteröityä ADEMissa. Tältä osin on muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin tuomioistuimella ei ole toimivaltaa tulkita jäsenvaltion sisäistä oikeutta (ks. mm. yhdistetyt asiat C-128/10 ja C-129/10, Naftiliaki Etaireia Thasou ja Amaltheia I Naftiki Etaireia, tuomio 17.3.2011, Kok., s. I-1885 , 40 kohta). Unionin tuomioistuimen tehtävänä SEUT 267 artiklan mukaisessa ennakkoratkaisumenettelyssä ei siis ole lausua kansallisten säännösten tulkinnasta eikä antaa ratkaisua siitä, onko kansallinen tuomioistuin tulkinnut näitä säännöksiä oikein (yhdistetyt asiat C-378/07-C-380/07, Angelidaki ym., tuomio 23.4.2009, Kok., s. I-3071 , 48 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Unionin tuomioistuimen tehtävänä on sen sijaan unionin tuomioistuinten ja kansallisten tuomioistuinten välisen toimivallanjaon mukaisesti ottaa huomioon ennakkoratkaisukysymykseen liittyvät tosiasiat ja oikeudelliset seikat sellaisina kuin ne on ennakkoratkaisupyynnössä esitetty (asia C-63/08, Pontin, tuomio 29.10.2009, Kok., s. I-10467 , 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Riippumatta näin ollen Luxemburgin hallituksen esittämästä arvostelusta ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kansallista lainsäädäntöä koskevaa tulkintaa kohtaan, tätä ennakkoratkaisupyyntöä on tutkittava mainitun tuomioistuimen tätä oikeutta koskevan tulkinnan valossa (ks. analogisesti em. asia Pontin, tuomion 38 kohta). Jo edellä 18 kohdasta käy ilmi, että vaikka käsiteltävässä asiassa ei ole riitautettu sitä, että pääasiassa kyseessä olevassa kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä nimenomaisesti, että ADEMissa rekisteröityminen edellyttää asumista Luxemburgissa, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi saattamassaan ennakkoratkaisupyynnössä todennut, että on riidatonta, että vain maassa asuvat voivat rekisteröityä ADEMissa. Unionin tuomioistuimelle esitetystä asiakirja-aineistosta käy lisäksi ilmi, että tämän tulkinnan ovat pääasiassa omaksuneet myös tribunal administratif 14.7.2010 antamassaan tuomiossa ja Cour constitutionnelle 4.5.2011 antamassaan tuomiossa nro 64/11. Caves Krierin vastauksena unionin tuomioistuimen esittämään kirjalliseen kysymykseen toimittamista asiakirjoista käy lisäksi ilmi, että vaikka työnhakijoille Luxemburgissa tarkoitetulla internetsivustolla todetaan lyhyesti, että rajatyöntekijät voivat halutessaan rekisteröityä ADEMissa, tämä toteamus on ristiriidassa samalla sivustolla olevien muiden kappaleiden sekä useiden muiden asiakirjojen kanssa, joissa päinvastoin korostetaan, että voidakseen rekisteröityä ADEMissa työnhakijan on asuttava Luxemburgissa. Vaikka Caves Krierin niin ikään toimittamista ADEMin uudistusta koskevista valmisteluasiakirjoista käy lisäksi ilmi, että rajatyöntekijät, jotka ovat menettäneet työpaikkansa Luxemburgissa, voivat vuodesta 2012 alkaen käyttää kaikkia ADEMin palveluja, on kuitenkin niin, että uudistuksesta, joka ei ollut voimassa pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, saa vahvasti sen käsityksen, että tätä mahdollisuutta ei ollut ennen vuotta 2012. Näin ollen käsiteltävänä olevan ennakkoratkaisukysymyksen tutkimisessa on lähdettävä olettamasta, jonka mukaan pääasiassa kyseessä olevassa kansallisessa lainsäädännössä asetetaan ADEMissa rekisteröitymisen ja näin ollen työoikeuskoodeksin L. 541-1 §:n 1 momentin mukaisen työllistämistuen myöntämisen edellytykseksi asuminen Luxemburgissa; ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tarkistettava tämä toimivaltaansa käyttäessään. Näissä olosuhteissa on ilmeistä, että pääasiassa kyseessä olevalla lainsäädännöllä otetaan käyttöön erilainen kohtelu niiden jäsenvaltioiden kansalaisten, jotka ovat Luxemburgin alueella asuvia työnhakijoita, ja toisaalta niiden jäsenvaltioiden kansalaisten, jotka asuvat toisessa jäsenvaltiossa, välillä. Kun kansallisessa lainsäädännössä asetetaan työllistämistuen myöntämisen edellytykseksi se, että työnhakija asuu Luxemburgissa, siinä asetetaan tällä tavalla tietyt työntekijät epäedullisempaan asemaan pelkästään siitä syystä, että heidän asuinpaikkansa on jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi kyseinen lainsäädäntö voi saada Luxemburgiin sijoittautuneen työnantajan luopumaan sellaisen työnhakijan palvelukseen ottamisesta, joka – kuten pääasiassa Schmidt-Krier – ei asu tässä jäsenvaltiossa, koska toisin kuin samassa jäsenvaltiossa asuvan työnhakijan palvelukseen ottamisesta, työnantaja ei voi saada työllistämistukea tällaisesta palvelukseen ottamisesta. Tästä seuraa, että kyseinen lainsäädäntö voi vaikeuttaa Schmidt-Krierin kaltaisen työttömänä olevan rajatyöntekijän työhön pääsyä Luxemburgissa. Tällainen kansallinen lainsäädäntö, jossa varataan ulkomailla asuville työntekijöille epäedullisempi kohtelu kuin Luxemburgissa asuville työntekijöille, merkitsee työntekijöille SEUT 45 artiklassa tunnustetun vapauden rajoitusta (ks. analogisesti asia C-227/03, van Pommeren-Bourgondiën, tuomio 7.72005, Kok., s. I-6101 , 44 kohta ja em. asia Ritter-Coulais, tuomion 37 ja 38 kohta). Toimenpide, jolla rajoitetaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, voi olla sallittu ainoastaan, jos sillä pyritään perustamissopimuksen mukaiseen hyväksyttävään tavoitteeseen tai jos sitä voidaan pitää perusteltuna yleistä etua koskevista pakottavista syistä. Tällaisessa tapauksessa kyseessä olevan tavoitteen on lisäksi oltava toteutettavissa toimenpidettä soveltamalla, eikä soveltamisella saada ylittää sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi (ks. mm. em. asia ITC, tuomion 37 kohta ja em. asia Olympique Lyonnais, tuomion 38 kohta). Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, että kun jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä, jotka poikkeavat unionin oikeudessa vahvistetuista periaatteista, niiden on näytettävä kussakin yksittäistapauksessa toteen, että kyseisellä toimenpiteellä voidaan taata sen tavoitteen toteutuminen, johon on vedottu, ja että sillä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Niiden oikeuttamisperusteiden tueksi, joihin jäsenvaltio voi vedota, on näin ollen esitettävä kyseisen jäsenvaltion toteuttaman toimenpiteen soveltuvuutta ja oikeasuhteisuutta koskeva analyysi sekä täsmällisiä tietoja, joilla sen väitteitä voidaan tukea (asia C-73/08, Bressol ym., tuomio 13.4.2010, Kok., s. I-2735 , 71 kohta). Käsiteltävässä asiassa on todettava, että unionin tuomioistuimen tästä asiasta istunnossa esittämistä kysymyksistä huolimatta Luxemburgin hallitus ei ole koettanut kuvailla, mihin tavoitteeseen pääasiassa kyseessä olevassa kansallisessa lainsäädännössä asetetulla ADEMissa rekisteröitymistä ja näin myös työllistämistukea koskevalla asumisedellytyksellä pyritään; se on rajoittunut vain perustelemaan tässä viranomaisessa rekisteröitymisen edellytystä, ja näin ollen kyseinen hallitus ei ole esittänyt mitään seikkaa perustellakseen asumista koskevaa edellytystä SEUT 45 artiklassa suojatuilla yleiseen etuun perustuvilla pakottavilla syillä. Jotta ennakkoratkaisupyynnön esittäneelle tuomioistuimelle annettaisiin täydellinen vastaus, on syytä palauttaa mieleen, että unionin tuomioistuin on jo katsonut, että jäsenvaltioiden tehtävänä on valita ne toimenpiteet, joilla ne voivat saavuttaa työllisyyttä koskevat tavoitteensa. Unionin tuomioistuin on tunnustanut, että jäsenvaltioilla on laaja harkintavalta, kun ne käyttävät tätä toimivaltaa. Lisäksi on kiistatonta, että työllisyyden edistäminen on legitiimi sosiaalipoliittinen tavoite (ks. em. asia ITC, tuomion 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Niiden oikeuksien loukkaamista, jotka yksityiset henkilöt saavat perusvapauksia koskevien perustamissopimusten määräysten perusteella, ei kuitenkaan voida perustella jäsenvaltioilla sosiaalipolitiikan alalla olevalla harkintavallalla (ks. em. asia ITC, tuomion 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tältä osin on erityisesti muistettava, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan asumisedellytys ei ole siirtotyöläisten ja rajatyöntekijöiden kannalta lähtökohtaisesti asianmukainen, koska se, että he ovat päässeet jäsenvaltion työmarkkinoille, luo lähtökohtaisesti riittävän integroitumista koskevan yhteyden kyseisen jäsenvaltion yhteiskuntaan ja mahdollistaa sen, että heihin voidaan soveltaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta kotimaisiin työntekijöihin ja maassa asuviin työntekijöihin nähden. Integroitumista koskeva yhteys seuraa muun muassa siitä, että niillä veroilla ja maksuilla, joita siirtotyöläiset ja rajatyöntekijät maksavat vastaanottavassa jäsenvaltiossa tekemänsä palkkatyön perusteella, he osallistuvat myös kyseisen valtion sosiaalipolitiikan rahoitukseen (ks. vastaavasti asia C-542/09, komissio v. Alankomaat, tuomio 14.6.2012, 63, 65 ja 66 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). On kiistatonta, että vaikka pääasiassa Schmidt-Krier ei asu Luxemburgissa, hän on rajatyöntekijä ja tämän jäsenvaltion kansalainen, joka on työskennellyt koko työuransa ajan tässä valtiossa. On ilmeistä, että hän on integroitunut Luxemburgin työmarkkinoille. Edellä esitetyn perusteella esitettyyn kysymykseen on vastattava, että SEUT 45 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa yli 45-vuotiaiden työttömien työllistämistuen työnantajalle myöntämisen edellytykseksi asetetaan se, että palvelukseen otettu työtön on rekisteröitynyt työnhakijaksi tässä samassa jäsenvaltiossa, kun rekisteröinti edellyttää asumista kyseisen valtion alueella, mikä kansallisen tuomioistuimen on tarkistettava. Oikeudenkäyntikulut Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: SEUT 45 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa yli 45-vuotiaiden työttömien työllistämistuen työnantajalle myöntämisen edellytykseksi asetetaan se, että palvelukseen otettu työtön on rekisteröitynyt työnhakijaksi tässä samassa jäsenvaltiossa, kun rekisteröinti edellyttää asumista kyseisen valtion alueella, mikä kansallisen tuomioistuimen on tarkistettava. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: ranska.

62006CJ0408

it

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE (GU L 22, pag. 17; in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché dei punti 7 e 12 dell’allegato D della medesima direttiva. 2       La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Landesanstalt für Landwirtschaft (ufficio regionale per l’agricoltura; in prosieguo: la «Landesanstalt») e il sig. Götz in ordine ad una fattura relativa alla vendita di un quantitativo di riferimento di consegna di latte vaccino (in prosieguo: il «quantitativo di riferimento di consegna»), emessa dalla Landesanstalt senza indicazione separata dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»). Contesto normativo La normativa comunitaria 3       L’art. 4 della sesta direttiva così dispone: «1.      Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. 2.      Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un’operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. (…) 5.      Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell’allegato D quando esse non sono trascurabili. Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma degli articoli 13 o 28». 4       Le operazioni di cui ai punti 7 e 12 dell’allegato D della sesta direttiva sono rispettivamente le «operazioni degli organismi agricoli d’intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei regolamenti sull’organizzazione comune dei mercati di tali prodotti» e «gestione di spacci, cooperative, mense aziendali e simili». 5       Occorre infine notare che la causa principale si volge sullo sfondo del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 11 novembre 2002, n. 2028 (GU L 313, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 3950/92»). La normativa nazionale La legge sull’istituzione dell’organizzazione comune del mercato 6       La legge sull’istituzione dell’organizzazione comune del mercato (Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen, BGBl. 1995 I, pag. 1147) autorizza, al suo art. 8, n. 1, a definire con regolamento, in particolare, le modalità di cessione di quantitativi di riferimento di consegna. Il regolamento sui prelievi supplementari 7       Il regolamento sui prelievi supplementari (Zusatzabgabenverordnung) del 12 gennaio 2000 (BGBl. 2000 I, pag. 27; in prosieguo: la «ZAV») contiene in particolare, nella sua versione applicabile alla causa principale, le seguenti disposizioni. «Articolo 7 – Riorganizzazione dei sistemi di cessione 1.      (…) I quantitativi di riferimento di consegna possono essere ceduti indipendentemente dai terreni in forza dei nn. 2 e 3, nonché degli artt. 8‑11 (…) Articolo 8 – Cessione a titolo oneroso regolamentata di quantitativi di riferimento di consegna 1.      Salvo nei casi di cui all’art. 7, nn. 2 e 3, nei casi di successione ai sensi dell’art. 7, n. 1, secondo comma, nonché nei casi di cui all’art. 12, n. 3, la cessione di quantitativi di riferimento di consegna ai sensi dell’art. 7, n. 1, secondo comma, avrà luogo attraverso punti vendita secondo quanto stabilito al n. 3 e agli artt. 9‑11, in data 1° aprile, 1° luglio o 30 ottobre di ogni anno civile (…). 2.      I Länder istituiscono i punti vendita. Per ogni Land è competente almeno un punto vendita; l’attività di un punto vendita potrà estendersi al territorio di vari Länder. Dopo un’attenta valutazione della situazione, dei privati potranno essere autorizzati come gestori di punti vendita, qualora 1)      essi o le loro istituzioni siano associazioni professionali o organizzazioni agricole rappresentative e 2)      la loro affidabilità e competenza siano fuori dubbio. (…) 3.      Dei quantitativi di riferimento di consegna possono essere ceduti solo nelle aree elencate in allegato (…)». La legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari 8       La legge del 1999 relativa all’imposta sulla cifra d’affari (Umsatzsteuergesetz 1999, BGBl. 1999 I, pag. 1270; in prosieguo: l’«UStG»), nella versione applicabile alla causa principale, stabilisce all’art. 14, n. 1, che quando «l’imprenditore effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell’art. 1, n. 1, il soggetto passivo può e, nella misura in cui effettua queste operazioni a favore di un altro soggetto passivo che abbia la qualità di imprenditore, deve, su richiesta di quest’ultimo, emettere fatture dalle quali risulti chiaramente l’ammontare dell’imposta». L’art. 2, n. 3, della medesima legge riserva la possibilità, per talune persone giuridiche di diritto pubblico, di svolgere un’attività industriale, commerciale o professionale unicamente agli operatori industriali o commerciali ovvero alle aziende agricole o silvicole dipendenti da questi ultimi. Il regime giuridico della Landesanstalt 9       La Landesanstalt, avente causa della Landesanstalt für Ernährung (ufficio regionale per l’alimentazione), è stata istituita nell’ambito dell’art. 8, n. 2, della ZAV. Essa gestisce l’unico punto vendita di quote latte creato nel Land della Baviera, con lo status di organismo di diritto pubblico collegato a tale Land. Causa principale e questioni pregiudiziali 10     La causa principale è pendente tra un agricoltore bavarese, il sig. Götz, e la Landesanstalt. Al fine di ridurre le quote eccedentarie di latte vaccino, la Landesanstalt ha centralizzato le domande dei diversi produttori per determinare, tra loro, quelli che intendevano vendere quantitativi di riferimento di consegna e quelli che intendevano acquistarne. Tale politica si fondava sul regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare a carico dei produttori i cui quantitativi di latte consegnati eccedevano una certa soglia. 11     Il meccanismo creato dalla Landesanstalt per il 2001 era il seguente: i produttori «venditori» comunicavano al punto vendita di quote latte, per talune date, un’offerta scritta al fine della cessione di un quantitativo di riferimento di consegna, precisandone il prezzo. Nelle stesse date, i produttori «acquirenti» seguivano un procedimento simmetrico, depositando un’offerta scritta al fine di acquistare un determinato quantitativo di riferimento di consegna ad un prezzo di loro scelta. Il punto vendita di quote latte doveva, in un primo momento, confrontare le offerte e le domande e determinare un prezzo di equilibrio che consentisse di far incontrare approssimativamente i prezzi delle due parti. Eventualmente tutte le pretese venivano ridotte. In un secondo momento, esso procedeva ad un’assegnazione del 5% dei quantitativi di riferimento di consegna offerti a favore della riserva nazionale, poi, secondo modalità descritte dal giudice del rinvio, dalle quali emerge in particolare che i bonifici erano inviati allo stesso punto vendita di quote latte, quest’ultimo procedeva alla riassegnazione e al pagamento dei quantitativi di riferimento di consegna rimanenti. 12     Il sig. Götz, produttore di latte e proprietario di un’azienda agricola in Baviera, intendeva acquistare, per il 2001, un quantitativo di riferimento di consegna pari a 16 500 kg, per un prezzo non superiore a 2 DEM/kg. Il 3 aprile 2001 la Landesanstalt ha informato l’interessato che la sua offerta di acquisto era stata accolta con effetto al 1° aprile 2001, al prezzo di equilibrio pari a 1,58 DEM/kg. Essa ha emesso una fattura intestata al sig. Götz, senza indicazione separata dell’IVA. L’interessato, le cui operazioni erano tassate ai sensi dell’UStG, ha proposto un ricorso amministrativo presso la Landesanstalt, diretto a far redigere una fattura che menzionasse separatamente la detta imposta. La Landesanstalt ha respinto tale ricorso con decisione 29 agosto 2001, basandosi sulla sua qualità di pubblica autorità e sul suo ruolo di mero intermediario. 13     Il sig. Götz ha proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht München, che lo ha accolto considerando, sulla base dell’UStG, che la Landesanstalt aveva agito in qualità di imprenditore e in nome proprio. La Landesanstalt ha impugnato dinanzi al Bundesfinanzhof, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se un cosiddetto “punto vendita di quote latte” (“Milchquoten‑Verkaufsstelle”) istituito da un Land, il quale, dietro pagamento, cede quantitativi di riferimento di consegna a produttori di latte costituisca: a)      un organismo agricolo d’intervento ai sensi dell’art. 4, n. 5, terzo comma [della sesta direttiva] in combinato disposto con [il punto 7 dell’allegato D], che effettua transazioni riguardanti prodotti agricoli, applicando i regolamenti relativi all’organizzazione comune del mercato di tali prodotti, oppure b)      uno spaccio (“Verkaufsstelle”) ai sensi dell’art. 4, n. 5, terzo comma [della sesta direttiva] in combinato disposto con [íl punto 12 dell’allegato D]. 2)      In caso di soluzione negativa della questione sub 1): a)      In un caso come quello di cui alla causa principale, in cui in uno Stato membro esistono contemporaneamente “punti vendita di quote latte” statali e privati, i quali cedono, dietro pagamento, quantitativi di riferimento di consegna, se l’ambito di cessione definito dallo Stato membro costituisca il mercato geografico rilevante ai fini dell’esame della questione se il fatto di non considerare soggetto passivo un “punto vendita di quote latte” di un organismo di diritto pubblico, provochi “distorsioni di concorrenza di una certa importanza” ai sensi dell’art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva. b)      Nell’esaminare la questione se il fatto di non considerare soggetto passivo un punto vendita statale provocherebbe le summenzionate “distorsioni di concorrenza di una certa importanza”, se si debba esclusivamente considerare il caso generale di cessione – indipendentemente dai terreni – (da parte di un punto vendita), oppure se si debbano anche considerare altri tipi di cessione – indipendentemente dai terreni – (da parte di agricoltori che sono soggetti passivi), anche se si tratta solo di casi eccezionali». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 14     Occorre subito rilevare che entrambe le questioni proposte dal Bundesfinanzhof si fondano sul presupposto che l’attività di cessione a titolo oneroso di quantitativi di riferimento di consegna rientri nella sfera di applicazione della sesta direttiva. Infatti, tanto la prima questione, relativa all’eventuale totale assoggettamento della convenuta nella causa principale ai sensi dell’allegato D della sesta direttiva, quanto le due parti della seconda questione, relative alla determinazione delle «distorsioni di concorrenza di una certa importanza» che possono essere causate dal presunto mancato assoggettamento della Landesanstalt in qualità di organismo di diritto pubblico, in applicazione dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva, presuppongono che l’attività svolta da un punto vendita di quote latte, che abbia lo status di organismo di diritto pubblico o di un’entità di diritto privato, rientri nell’ambito di applicazione della sesta direttiva. 15     Orbene, se è vero che l’art. 4 della sesta direttiva assegna all’IVA un ambito di applicazione molto ampio, tale disposizione riguarda però solo le attività a carattere economico (v., in tal senso, sentenze 11 luglio 1996, causa C‑306/94, Régie dauphinoise, Racc. pag. I‑3695, punto 15, e 26 maggio 2005, causa C‑465/03, Kretztechnik, Racc. pag. I‑4357, punto 18). Più in particolare, l’applicazione dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva implica la previa constatazione del carattere economico dell’attività considerata (sentenza 26 giugno 2007, causa C‑284/04, causa T‑Mobile Austria e a., Racc. pag. I‑5189, punto 48). 16     Prima di risolvere le questioni proposte, occorre quindi determinare se l’attività di cessione a titolo oneroso di quantitativi di riferimento di consegna costituisca effettivamente un’attività economica. 17     Si deve rammentare, al riguardo, che secondo una giurisprudenza costante la nozione di attività economica presenta un carattere oggettivo, nel senso che l’attività viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati (sentenze 26 marzo 1987, causa 235/85, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1471, punto 8, e 21 febbraio 2006, causa C‑223/03, University of Huddersfield, Racc. pag. I‑1751, punto 47). 18     L’attività economica è definita all’art. 4, n. 2, della sesta direttiva come comprendente tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, in particolare le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità (sentenze citate Régie dauphinoise, punto 15, e T‑Mobile Austria e a., punto 33). Questi ultimi criteri, relativi alla stabilità dell’attività e agli introiti che ne derivano, sono stati considerati validi dalla giurisprudenza non solo rispetto allo sfruttamento di un bene bensì per l’insieme delle operazioni menzionate all’art. 4, n. 2, della sesta direttiva. Pertanto, un’attività è considerata economica quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punti 9 e 15). 19     Al riguardo, si deve rilevare che l’attività di cui trattasi nella causa principale consiste nel raccogliere, per una determinata campagna lattiera, le intenzioni dei produttori di latte per consentire, a coloro che intendano produrre al di sotto della soglia ad essi applicabile, di vendere i quantitativi di riferimento di consegna che pensano di non utilizzare, e a coloro che invece intendono superare la detta soglia di acquistare i corrispondenti quantitativi di riferimento di consegna senza sopportare il prelievo supplementare previsto dal regolamento n. 3950/92. Essa consente altresì di far incontrare l’offerta e la domanda fissando un prezzo di equilibrio, di ricevere i quantitativi di riferimento di consegna venduti e di attribuirli agli acquirenti, nonché di procedere alla riscossione e al versamento degli importi pattuiti per la cessione dei detti quantitativi di riferimento. Ne consegue che l’attività di cui trattasi deve essere esaminata, ai fini della sesta direttiva, come una prestazione di servizi grazie alla quale sono confrontate le offerte e le domande dei produttori di latte, il che consente di giungere ad un prezzo di equilibrio. Di conseguenza, a differenza dell’attività oggetto della causa che ha condotto alla citata sentenza T‑Mobile Austria e a. (punto 43), l’attività di cui trattasi nella causa principale non sembra essere tale da non poter essere esercitata, in linea di principio, dagli operatori economici. 20     Pertanto, spetterà al giudice del rinvio verificare se l’attività di cui trattasi nella causa principale, alla luce delle modalità secondo cui essa era organizzata in Germania nel 2001, presenti un carattere stabile e sia svolta a fronte di un corrispettivo, come rammentato al punto 18 della presente sentenza. 21     Gli spetterà altresì accertare, eventualmente, se l’attività sia svolta dai punti vendita di quote latte al fine di riscuotere tale corrispettivo (v., in tal senso, sentenza Régie dauphinoise, cit., punto 15), pur tenendo conto del fatto che la riscossione di un importo non è di per sé tale da conferire un carattere economico ad un’attività determinata (v., in tal senso, sentenza T‑Mobile Austria e a., cit., punto 45, e giurisprudenza citata). 22     Qualora il giudice del rinvio accertasse che i due criteri costitutivi di un’attività economica, vale a dire il suo carattere stabile e la riscossione di un corrispettivo per l’attività, non sono soddisfatti, l’attività di cui trattasi nella causa principale, nelle circostanze in cui essa si svolgeva in Germania nel 2001, non dovrebbe essere considerata un’attività economica e, quindi, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della sesta direttiva. 23     Occorre tuttavia risolvere nel modo seguente le due questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio, nel caso in cui esso accertasse la sussistenza dei due criteri rammentati al punto precedente. Sulla prima questione 24     Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se un punto vendita di quote latte sia un organismo agricolo di intervento ai sensi dell’art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato D di quest’ultima, o uno spaccio ai sensi del detto art. 4, n. 5, terzo comma, letto in combinato disposto con il punto 12 dell’allegato D della detta direttiva. Sulla qualifica come organismo agricolo di intervento 25     Per quanto riguarda il problema di sapere se un punto vendita di quote latte sia o meno un organismo agricolo di intervento che effettua operazioni imponibili in forza del punto 7 dell’allegato D della sesta direttiva, occorre rammentare che tali operazioni sono quelle degli organismi agricoli d’intervento relative ai prodotti agricoli ed effettuate in applicazione dei regolamenti sull’organizzazione comune dei mercati di tali prodotti; tali tre criteri sono cumulativi. 26     Se è pacifico, nel caso di specie, che il punto vendita di quote latte istituito dalla Landesanstalt interviene nel settore lattiero in applicazione di un regolamento sull’organizzazione comune dei mercati, è giocoforza constatare che la sua azione non riguarda il latte, ma i quantitativi di riferimento di consegna. Non si tratta quindi di prodotti agricoli ai sensi del punto 7 dell’allegato D della sesta direttiva. Inoltre, il compito di un punto vendita di quote latte è sensibilmente diverso da quello di un organismo agricolo di intervento, che è caratterizzato dall’acquisto e dalla rivendita dei prodotti agricoli stessi, come potrebbe fare qualsiasi operatore economico, dato che tale esercizio comporta in particolare la costituzione di scorte, come accade, segnatamente, nel settore dei cereali (v. sentenza 26 giugno 2003, causa C‑334/01, Glencore Grain Rotterdam, Racc. pag. I‑6769). La logica del pieno assoggettamento che soggiace all’allegato D della sesta direttiva esclude quindi dalla sua sfera di applicazione un’attività di ripartizione delle quote latte tra i produttori, in quanto l’accentramento delle diverse pretese di questi ultimi non dipende da un operatore che procede ad acquisti e rivendite di prodotti agricoli sul mercato. 27     Il punto vendita di quote latte gestito dalla Landesanstalt non è quindi un organismo agricolo di intervento. Sulla qualifica come spaccio 28     Considerata la presenza dell’espressione «Verkaufsstelle» nel nome del punto vendita di cui trattasi nella causa principale, si pone il problema se tale punto vendita non sia uno spaccio («Verkaufsstelle») ai sensi del punto 12 dell’allegato D della sesta direttiva. 29     Va ricordato a questo proposito che le norme comunitarie devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue della Comunità europea (v. sentenze 7 dicembre 1995, causa C‑449/93, Rockfon, Racc. pag. I‑4291, punto 28; 2 aprile 1998, causa C‑296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I‑1605, punto 36, e 8 dicembre 2005, causa C‑280/04, Jyske Finans, Racc. pag. I‑10683, punto 31). 30     Secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione comunitaria non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa a tal riguardo un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto comunitario (v. sentenza 12 novembre 1998, causa C‑149/97, Institute of the Motor Industry, Racc. pag. I‑7053, punto 16). 31     In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo comunitario, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze 9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co., Racc. pag. I‑1157, punto 42, nonché 1° aprile 2004, causa C‑1/02, Borgmann, Racc. pag. I‑3219, punto 25). 32     Orbene, da un punto di vista sistematico, l’espressione tedesca «Verkaufsstelle» (punto vendita) non è determinante, ad esempio, nella versione francese del punto 12 dell’allegato D della sesta direttiva, che ricorre alla parola «économat», come nelle versioni inglese («staff shops»), spagnola («economatos») o italiana («spacci») di detto punto. Tale paragone indicativo consente di determinare che lo spaccio, ai sensi del punto 12 dell’allegato D, riguarda gli organismi incaricati di vendere diversi prodotti e merci al personale dell’impresa o dell’amministrazione di cui fa parte. Questo non è il compito del punto vendita di cui trattasi nella causa principale, poiché esso è incaricato di contribuire all’equilibrio dei quantitativi di riferimento di consegna, nell’ottica della loro limitazione, al meglio degli interessi di ciascun produttore. 33     Dal contesto, dalle finalità e dall’economia della sesta direttiva emerge quindi che il punto vendita di quote latte gestito dalla Landesanstalt non può essere assimilato ad uno spaccio ai sensi del punto 12 dell’allegato D della sesta direttiva. 34     La prima questione proposta deve essere quindi risolta nel senso che un punto vendita di quote latte non è né un organismo agricolo di intervento ai sensi dell’art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato D di quest’ultima, né uno spaccio ai sensi del detto art. 4, n. 5, terzo comma, in combinato disposto con il punto 12 dell’allegato D della detta direttiva. Sulla seconda questione 35     Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’ambito di cessione dei quantitativi di riferimento di consegna (in prosieguo: l’«ambito di cessione») definito dallo Stato membro costituisca il mercato geografico rilevante ai fini dell’esame della questione se il fatto di non considerare soggetto passivo un punto vendita di quote latte che fa parte di un organismo di diritto pubblico, provochi «distorsioni di concorrenza di una certa importanza» ai sensi dell’art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva e nell’esaminare tale questione, se si debba considerare solo il caso generale di cessione di quantitativi di riferimento di consegna, ovvero se occorra prendere in considerazione l’insieme degli altri casi di cessione, indipendentemente dai terreni. Osservazioni presentate alla Corte 36     La Landesanstalt ritiene che il mercato geografico rilevante ai sensi dell’art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva, sia rappresentato dall’ambito di cessione, come definito dallo Stato membro. Essa considera che deve essere preso in considerazione solo il caso generale di cessione di quantitativi di riferimento di consegna, indipendentemente dai terreni. 37     Secondo il sig. Götz, il mercato geografico rilevante non è l’ambito di cessione proprio dell’organismo di diritto pubblico di cui trattasi nella causa principale, bensì l’insieme degli ambiti di cessione definiti dallo Stato membro. Inoltre, occorrerebbe prendere in considerazione non solo il caso generale di cessione di quantitativi di riferimento di consegna, ma anche gli altri casi di cessione, indipendentemente dai terreni. 38     Il governo tedesco sostiene, in primo luogo, che i punti vendita statali di quote latte non sono soggetti IVA, in secondo luogo che il mercato geografico rilevante è l’ambito di cessione definito dallo Stato membro e, in terzo luogo, che non sussiste alcuna situazione di potenziale concorrenza tra i diversi punti vendita di quote latte. Il detto governo esprime una posizione identica a quella della Landesanstalt quanto alla seconda parte della seconda questione pregiudiziale. 39     Il governo del Regno Unito rileva che, in circostanze come quelle di specie, non può sussistere alcuna domanda o fornitura che ecceda i limiti geografici di un determinato ambito di cessione e che possa incidere all’interno di tale zona. Pertanto, ciascun ambito di cessione sarebbe un distinto mercato geografico. Esso non formula osservazioni circa la seconda parte della seconda questione proposta. 40     Infine, la Commissione considera che il mercato geografico rilevante corrisponde all’ambito di cessione definito dallo Stato membro. Essa ritiene inoltre che occorra prendere in considerazione non solo l’ipotesi di una cessione di quantitativi di riferimento di consegna, indipendentemente dai terreni, da parte di un punto vendita pubblico di quote latte, bensì l’insieme dei casi di cessione alla luce della possibilità, per gli acquirenti di prestazioni concorrenziali tra loro, di dedurre l’IVA versata a monte. Giudizio della Corte 41     Occorre sottolineare anzitutto che l’art. 4, n. 5, della sesta direttiva prevede l’esenzione a favore degli enti di diritto pubblico che agiscono in veste di pubbliche autorità e che queste due condizioni devono essere soddisfatte congiuntamente (v., in tal senso, sentenze 11 luglio 1985, causa 107/84, Commissione/Germania, Racc. pag. 2655, e Commissione/Paesi Bassi, cit., punti 20 e 21). 42     Ne discende che solo nel caso in cui l’ente pubblico intervenga nell’ambito di una prerogativa di pubblico imperio occorrerà determinare se il mancato assoggettamento sia tale da comportare «distorsioni di concorrenza di una certa importanza», per preservare la neutralità fiscale dell’IVA. 43     Supponendo che la Landesanstalt agisca nell’ambito di prerogative di pubblico imperio, si deve constatare che, dal fascicolo sottoposto alla Corte nonché dalle osservazioni presentate in udienza, emerga che le cessioni di quantitativi di riferimento di consegna non possono essere effettuate da operatori diversi dai punti vendita. 44     Infatti, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che, nel caso in cui la cessione sia una cessione a titolo oneroso regolamentata, ai sensi dell’art. 8 della ZAV, essa può essere effettuata solo da un punto vendita di quote latte, pubblico o privato. Il fatto che l’art. 8, n. 2, della ZAV preveda che un punto vendita di quote latte può coprire il territorio di più Länder e, al contrario, che un Land può comprendere più punti vendita di quote latte, è diretto solo a tener conto della disparità esistente tra i Länder, per quanto riguarda tanto la loro estensione territoriale quanto il numero di produttori di latte presenti sui loro rispettivi territori. Ciò non toglie che, in un determinato ambito di cessione, la cessione di quantitativi di riferimento di consegna non può essere effettuata da operatori privati assoggettati all’IVA. Inoltre, dall’art. 8, n. 3, della ZAV risulta che quantitativi di riferimento di consegna possono essere ceduti solo all’interno degli ambiti di cessione. Non sussistono quindi, ai sensi dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva, situazioni di concorrenza in un determinato ambito di cessione ed è quindi quest’ultimo che costituisce il mercato geografico rilevante per determinare l’esistenza di distorsioni di concorrenza di una certa importanza. 45     Per quanto riguarda gli altri casi di cessione, menzionati all’art. 8, n. 1, della ZAV, effettuati senza ricorrere ai punti vendita di quote latte, occorre rilevare, come ricordato in udienza, che essi si verificano in circostanze molto particolari. Si tratta, in particolare, delle cessioni sopravvenute in occasione di una successione, di un matrimonio, o della cessione di un’azienda, che non corrispondono ad ipotesi commerciali, ma trovano la loro origine in un fatto giuridico che implica solo secondariamente la cessione dei quantitativi di riferimento di consegna. Non vi è quindi concorrenza possibile, ai sensi dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva, tra i punti vendita di quote latte e i produttori che effettuano una cessione di quantitativi di riferimento di consegna che rientrano tra i casi previsti all’art. 8, n. 1, della ZAV, i quali sono talmente specifici che appare molto inverosimile che un produttore di latte decida di soddisfare i requisiti per una tale cessione, ad esempio procedendo all’acquisto di un’azienda semplicemente per acquistare quantitativi di riferimento di consegna al di fuori dei punti vendita di quote latte. 46     La seconda questione proposta deve quindi essere risolta dichiarando che il mancato assoggettamento di un punto vendita di quote latte per le attività o le operazioni che esso svolga in quanto pubblica autorità, ai sensi dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva, non può dar luogo a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, dato che esso non è confrontato, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, a operatori privati che forniscono prestazioni in concorrenza con le prestazioni pubbliche. Poiché tale considerazione vale per tutti i punti vendita di quote latte presenti in un determinato ambito di cessione, definito dallo Stato membro di cui trattasi, va rilevato che tale ambito costituisce il mercato geografico rilevante per determinare l’esistenza di distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Sulle spese 47     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) Un punto vendita di quote latte non è né un organismo agricolo di intervento ai sensi dell’art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato D di quest’ultima, né uno spaccio ai sensi del detto art. 4, n. 5, terzo comma, in combinato disposto con il punto 12 dell’allegato D della detta direttiva. 2) Il mancato assoggettamento di un punto vendita di quote latte per le attività o le operazioni che esso svolga in quanto pubblica autorità, ai sensi dell’art. 4, n. 5, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/4, non può dar luogo a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, dato che esso non è confrontato, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, a operatori privati che forniscono prestazioni in concorrenza con le prestazioni pubbliche. Poiché tale considerazione vale per tutti i punti vendita di quote latte presenti in un determinato ambito di cessione dei quantitativi di riferimento di consegna, definito dallo Stato membro di cui trattasi, va rilevato che tale ambito costituisce il mercato geografico rilevante per determinare l’esistenza di distorsioni di concorrenza di una certa importanza. Firme * Lingua processuale: il tedesco.

62014CJ0573

nl

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 12, lid 2, onder c), en artikel 12, lid 3, van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming ( PB 2004, L 304, blz. 12 , met rectificatie in PB 2005, L 204, blz. 24 ). Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: „Commissaris-generaal”) en Mostafa Lounani, een Marokkaans staatsburger, betreffende de toepassing op laatstgenoemde van de grond voor uitsluiting van de vluchtelingenstatus wegens handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties. Toepasselijke bepalingen Volkenrecht Handvest van de Verenigde Naties Artikel 1, punten 1 en 3, van het op 26 juni 1945 te San Francisco (Verenigde Staten) ondertekende Handvest van de Verenigde Naties luidt: „De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn: 1. De internationale vrede en veiligheid te handhaven en, met het oog daarop: doeltreffende gezamenlijke maatregelen te nemen ter voorkoming en opheffing van bedreigingen van de vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of andere vormen van verbreking van de vrede, alsook met vreedzame middelen en in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot verbreking van de vrede zouden kunnen leiden, tot stand te brengen; […] 3. Internationale samenwerking tot stand te brengen bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele of humanitaire aard, alsmede bij het bevorderen en stimuleren van eerbied voor de rechten van de mens en voor fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst”. Verdrag van Genève Het op 28 juli 1951 te Genève ondertekende Verdrag betreffende de status van vluchtelingen [ Recueil des traités des Nations unies , deel 189, blz. 150, nr. 2545 (1954)], is in werking getreden op 22 april 1954. Het is aangevuld door het op 31 januari 1967 te New York gesloten Protocol betreffende de status van vluchtelingen, dat op zijn beurt in werking is getreden op 4 oktober 1967 (hierna: „Verdrag van Genève”). In artikel 1 van het Verdrag van Genève wordt eerst onder meer – in afdeling A – het begrip „vluchteling” gedefinieerd voor de toepassing van dit verdrag, en wordt vervolgens – in afdeling F – bepaald: „De bepalingen van dit verdrag zijn niet van toepassing op een persoon ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen, dat: […] c) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.” Resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Op 28 september 2001 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (hierna: „Veiligheidsraad”) resolutie 1373 (2001) aangenomen. In de preambule daarvan wordt met name nogmaals gewezen op „de noodzaak om overeenkomstig het Handvest van de Verenigde Naties met alle middelen te strijden tegen de bedreigingen die terroristische daden vormen voor de internationale vrede en veiligheid”. In punt 3, onder f) en g), van die resolutie worden alle staten opgeroepen „overeenkomstig de relevante bepalingen van nationaal en volkenrecht, daaronder begrepen volkenrechtelijke normen op het gebied van de mensenrechten, passende maatregelen te treffen om, alvorens de vluchtelingenstatus toe te kennen, zich ervan te vergewissen dat de asielzoekers geen terroristische daden hebben georganiseerd of vergemakkelijkt en daaraan niet hebben deelgenomen”, respectievelijk „overeenkomstig het volkenrecht ervoor te zorgen dat de vluchtelingenstatus niet wordt misbruikt door degenen die terroristische daden plegen, organiseren of vergemakkelijken”. In punt 5 van dezelfde resolutie verklaart de Veiligheidsraad dat „terroristische daden, methoden en werkwijzen in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties, en dat hetzelfde geldt voor het willens en wetens financieren en plannen van terroristische daden of het aanzetten tot deze daden”. Op 12 november 2001 heeft de Veiligheidsraad resolutie 1377 (2001) aangenomen. In punt 5 daarvan „[b]eklemtoont [hij] dat daden van internationaal terrorisme in strijd zijn met de in het Handvest van de Verenigde Naties genoemde doelstellingen en beginselen, en dat het financieren, plannen en voorbereiden van die daden, alsmede elke andere vorm van ondersteuning daarvan, eveneens in strijd zijn met die doelstellingen en beginselen”. Resolutie 1624 (2005), die door de Veiligheidsraad is aangenomen op 14 september 2005, brengt onder meer in herinnering dat „alle staten overeenkomstig hun volkenrechtelijke verplichtingen zonder voorbehoud moeten bijdragen tot de bestrijding van het terrorisme, teneinde eenieder die het financieren, plannen, voorbereiden of plegen van terroristische daden ondersteunt of vergemakkelijkt dan wel daaraan deelneemt of poogt te deelnemen, of die aan de plegers van die daden een schuilplaats biedt, op te sporen, een veilig toevluchtsoord te ontzeggen en […] voor het gerecht te brengen”. In punt 1 van resolutie 1624 (2005) roept de Veiligheidsraad „alle staten op om maatregelen vast te stellen die in overeenstemming zijn met hun volkenrechtelijke verplichtingen en die noodzakelijk en passend kunnen zijn om: a) het aanzetten tot een terroristische daad of terroristische daden bij de wet te verbieden; b) dergelijk gedrag te voorkomen; c) een veilig toevluchtsoord te ontzeggen aan eenieder ten aanzien van wie er betrouwbare en relevante informatie voorhanden is op grond waarvan er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij aan dergelijk gedrag schuldig is”. In punt 5 van resolutie 2178 (2014), die door de Veiligheidsraad is aangenomen op 24 september 2014, wordt verklaard dat „de lidstaten […] het werven, vervoeren of uitrusten van, of het verzorgen van de organisatie voor, personen die zich – met het oogmerk om terroristische daden te plegen, te plannen, voor te bereiden of daaraan deel te nemen, dan wel om een training voor terrorisme te geven of te krijgen – begeven naar een andere staat dan de staat waar zij wonen of waarvan zij de nationaliteit hebben, alsmede het financieren van de reizen en activiteiten van die personen moeten voorkomen en bestrijden”. In punt 6 van dezelfde resolutie herinnert de Veiligheidsraad aan het volgende: „[In] zijn resolutie 1373 (2001) [is besloten] dat alle lidstaten ervoor moeten zorgen dat eenieder die deelneemt aan het financieren, plannen, voorbereiden of plegen van terroristische daden dan wel dergelijke daden ondersteunt, voor het gerecht wordt gebracht”. Hij besluit verder in dit punt dat „alle staten ervoor moeten zorgen dat hun nationale wet‑ en regelgeving voorziet in delictsomschrijvingen die, in verhouding tot de ernst van het desbetreffende delict, de vervolging en bestraffing mogelijk maken van: […] c) het opzettelijk organiseren, door hun onderdanen of op hun grondgebied, van reizen van personen die zich – met het oogmerk om terroristische daden te plegen, te plannen, voor te bereiden of daaraan deel te nemen, dan wel om een training voor terrorisme te geven of te krijgen – begeven naar een andere staat dan de staat waar zij wonen of waarvan zij de nationaliteit hebben, alsook van het deelnemen aan andere activiteiten die deze daden vergemakkelijken, daaronder begrepen de werving; […]” Unierecht Richtlijn 2004/83/EG Volgens overweging 3 van richtlijn 2004/83 vormt het Verdrag van Genève de hoeksteen van het internationale rechtsstelsel ter bescherming van vluchtelingen. De overwegingen 16, 17 en 22 van deze richtlijn luiden: „(16) Er dienen minimumnormen voor de omschrijving en de inhoud van de vluchtelingenstatus te worden vastgesteld om de bevoegde nationale instanties van de lidstaten bij de toepassing van het Verdrag van Genève voor te lichten. (17) Het is noodzakelijk gemeenschappelijke begrippen in te voeren van de criteria op grond waarvan asielzoekers als vluchtelingen in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève worden aangemerkt. […] (22) Handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties zijn omschreven in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties, en zijn onder andere neergelegd in de resoluties van de Verenigde Naties betreffende maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, waarin wordt verklaard dat ‚terroristische daden, methoden en werkwijzen strijdig zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties’, en dat het doelbewust financieren en plannen van en het aanzetten tot terroristische daden eveneens strijdig zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.” Artikel 12 van richtlijn 2004/83, met als opschrift „Uitsluiting”, dat deel uitmaakt van hoofdstuk III van deze richtlijn, dat op zijn beurt het opschrift „Voorwaarden voor het verkrijgen van de vluchtelingenstatus” draagt, bepaalt in de leden 2 en 3: „2.   Een onderdaan van een derde land of staatloze wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat: […] c) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties. 3.   Lid 2 is van toepassing op personen die aanzetten tot of anderszins deelnemen aan de daar genoemde misdrijven of daden.” Kaderbesluit 2002/475/JBZ Overweging 6 van kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding ( PB 2002, L 164, blz. 3 ) luidt: „De omschrijving van terroristische misdrijven zou door de lidstaten onderling moeten worden aangepast, met inbegrip van de omschrijving van strafbare feiten die verband houden met een terroristische groep. Anderzijds zou ten aanzien van natuurlijke personen en rechtspersonen die dergelijke strafbare feiten hebben gepleegd of ervoor verantwoordelijk zijn, moeten worden voorzien in straffen en sancties die in overeenstemming zijn met de ernst van dergelijke strafbare feiten.” Artikel 1 van dit kaderbesluit, met als opschrift „Terroristische misdrijven en rechten en fundamentele beginselen”, bepaalt in lid 1: „Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de onder a) tot en met i) bedoelde opzettelijke gedragingen, die door hun aard of context een land of een internationale organisatie ernstig kunnen schaden en die overeenkomstig het nationale recht als strafbare feiten zijn gekwalificeerd, worden aangemerkt als terroristische misdrijven […]: […] a) aanslag op het leven van een persoon, die de dood ten gevolge kan hebben; b) ernstige schending van de lichamelijke integriteit van een persoon; c) ontvoering of gijzeling; d) het veroorzaken van grootschalige vernieling van staats‑ of regeringsvoorzieningen, vervoersystemen of infrastructurele voorzieningen, […]; e) het kapen van een luchtvaartuig [of] vaartuig […]; f) het vervaardigen, bezit, verwerven, vervoer, leveren of het gebruik van vuurwapens [en] springstoffen […]; g) het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen of het veroorzaken van brand, overstroming of ontploffing, waardoor mensenlevens in gevaar worden gebracht; h) het verstoren of onderbreken van de toevoer van water, elektriciteit of een andere essentiële natuurlijke hulpbron […]; i) het bedreigen met een van de onder a) tot en met h) bedoelde gedragingen.” Artikel 2 van hetzelfde kaderbesluit, met als opschrift „Strafbare feiten met betrekking tot een terroristische groep”, luidt: „1.   Voor de toepassing van dit kaderbesluit wordt onder terroristische groep verstaan een sinds enige tijd bestaande, gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die in overleg optreden om terroristische misdrijven te plegen. Met ‚gestructureerde vereniging’ wordt gedoeld op een vereniging die niet toevallig tot stand is gekomen met het oog op een onverwijld te plegen strafbaar feit en waarbij niet noodzakelijkerwijs sprake is van formeel afgebakende taken van de leden, noch van continuïteit in de samenstelling of een ontwikkelde structuur. 2.   Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om de hiernavolgende opzettelijke gedragingen strafbaar te stellen: a) het leiden van een terroristische groep; b) het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groep, waaronder het verstrekken van gegevens of middelen aan de groep of het in enigerlei vorm financieren van de activiteiten van de groep, wetende dat deze deelneming bijdraagt aan de criminele activiteiten van de groep.” De artikelen 3 en 4 van kaderbesluit 2002/475 zijn gewijzigd bij kaderbesluit 2008/919/JBZ ( PB 2008, L 330, blz. 21 ). Volgens overweging 10 van laatstgenoemd kaderbesluit „[moet de] omschrijving van terroristische misdrijven, met inbegrip van misdrijven die verband houden met terroristische activiteiten, […] door alle lidstaten onderling verder worden aangepast, zodat het publiekelijk uitlokken van het plegen van terroristische misdrijven en werving en training voor terrorisme, wanneer dit opzettelijk geschiedt, eronder vallen”. Artikel 3 van kaderbesluit 2002/475, zoals gewijzigd bij kaderbesluit 2008/919, met als opschrift „Strafbare feiten die verband houden met terroristische activiteiten”, bepaalt in de leden 1 en 2: „1.   In dit kaderbesluit wordt verstaan onder: […] b) ‚werving voor terrorisme’: het aansporen van een andere persoon een handeling in de zin van artikel 1, lid 1, onder a) tot en met h), of [van] artikel 2, lid 2, te plegen; […] 2.   Iedere lidstaat neemt de maatregelen die noodzakelijk zijn om de volgende opzettelijke gedragingen als strafbare feiten die verband houden met terroristische activiteiten aan te merken: […] b) werving voor terrorisme; […] f) het valselijk opmaken van administratieve documenten met het oogmerk om een van de in artikel 1, lid 1, onder a) tot en met h), of een van de in artikel 2, lid 2, onder b), genoemde strafbare feiten te plegen.” Artikel 4 van kaderbesluit 2002/475, zoals gewijzigd bij kaderbesluit 2008/919, heeft betrekking op het uitlokken van bepaalde in de artikelen 1 tot en met 3 van kaderbesluit 2002/475 bedoelde strafbare feiten, op de medeplichtigheid daaraan en op de poging tot het plegen daarvan. Belgisch recht In artikel 55/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ( Belgisch Staatsblad van 31 december 1980, blz. 14584) wordt bepaald: „Een vreemdeling wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus wanneer hij valt onder artikel 1 D, E of F van het Verdrag van Genève. Dit is ook van toepassing op personen die wetens en willens aanzetten tot of anderszins deelnemen aan de in artikel 1 F van het Verdrag van Genève genoemde misdrijven of daden.” De wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven ( Belgisch Staatsblad van 29 december 2003, blz. 61689), die is aangenomen met het oog op de omzetting van kaderbesluit 2002/475 in Belgisch recht, heeft in boek II van het Strafwetboek een titel I ter ingevoegd, die als opschrift „Terroristische misdrijven” draagt en die de artikelen 137 tot en met 141 ter van dit wetboek omvat. Artikel 137 van het Strafwetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 19 december 2003 (hierna: „gewijzigd Strafwetboek”), bepaalt in § 1: „Als terroristisch misdrijf wordt aangemerkt het misdrijf bepaald in de §§ 2 en 3 dat door zijn aard of context een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk gepleegd is met het oogmerk om een bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.” Artikel 139, lid 1, van het gewijzigde Strafwetboek luidt: „Met terroristische groep wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt om terroristische misdrijven te plegen, als bedoeld in artikel 137.” Artikel 140 van het gewijzigde Strafwetboek, dat overeenkomt met artikel 2 van kaderbesluit 2002/475, luidt: „1.   Iedere persoon die deelneemt aan enige activiteit van een terroristische groep, zij het ook door het verstrekken van gegevens of materiële middelen aan een terroristische groep of door het in enigerlei vorm financieren van enige activiteit van een terroristische groep, terwijl hij weet dat zijn deelname bijdraagt tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf door de terroristische groep, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro. 2.   Iedere leidende persoon van een terroristische groep wordt gestraft met opsluiting van vijftien jaar tot twintig jaar en met geldboete van duizend euro tot tweehonderdduizend euro.” Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vragen Lounani heeft Marokko in de loop van 1991 verlaten en heeft zich naar Duitsland begeven, waar hij een asielaanvraag heeft ingediend. Deze aanvraag is afgewezen. In de loop van 1997 is Lounani in België aangekomen. Daar verblijft hij sindsdien onrechtmatig. Bij vonnis van 16 februari 2006 is Lounani, met name op grond van artikel 140 van het gewijzigde Strafwetboek, door de correctionele rechtbank Brussel (België) veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens deelneming – als leidinggevend lid – aan de activiteiten van een terroristische groep, in casu de Belgische cel van de „Groupe islamique combattant marocain” (hierna: „GICM”), bendevorming, valsheid in geschriften en gebruik van valse documenten alsook onrechtmatig verblijf. De feiten die de correctionele rechtbank Brussel in aanmerking heeft genomen om Lounani schuldig te verklaren aan deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep, zijn in de verwijzingsbeslissing samengevat als volgt: „logistieke steun aan een terroristische onderneming door middel van met name materiële of intellectuele diensten”; „vervalsing van paspoorten” en „bedrieglijk verstrekken van paspoorten”; „actieve deelneming aan de organisatie van een netwerk voor het sturen van vrijwilligers naar Irak”. In het bijzonder het bedrieglijk verstrekken van paspoorten is in het vonnis van 16 februari 2006 aangemerkt als een „daad van deelneming aan de activiteit van een cel die logistieke steun verleent aan een terroristische beweging”. Op 16 maart 2010 heeft Lounani bij de Belgische autoriteiten een asielaanvraag ingediend. Hij voerde aan dat hij bang was voor vervolging in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst omdat hij het risico liep dat hij ten gevolge van zijn veroordeling in België door de Marokkaanse autoriteiten zou worden beschouwd als radicale islamist en jihadist. Over deze asielaanvraag heeft de Commissaris-generaal op 8 december 2010 een beslissing genomen waarbij Lounani van de vluchtelingenstatus werd uitgesloten. Deze beslissing was gebaseerd op artikel 55/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en op artikel 1, afdeling F, onder c), van het Verdrag van Genève. Op 24 december 2010 heeft Lounani tegen deze beslissing een annulatieberoep ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (België). Bij arrest van 13 januari 2011 heeft de Raad die beslissing vernietigd en het dossier naar de Commissaris-generaal terugverwezen omdat in het dossier essentiële elementen ontbraken, bij ontstentenis waarvan de Raad zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen niet tot de bevestiging of hervorming van die beslissing kon komen. Op 2 februari 2011 heeft de Commissaris-generaal een nieuwe beslissing genomen waarbij Lounani van de vluchtelingenstatus werd uitgesloten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarbij op 18 februari 2011 tegen deze nieuwe beslissing een annulatieberoep is ingesteld, heeft bij arrest van 3 maart 2011 die beslissing vernietigd en het dossier naar de Commissaris-generaal terugverwezen. Deze rechterlijke instantie was immers van oordeel dat de Commissaris-generaal geen echt aanvullend onderzoek had verricht. Op 24 mei 2011 heeft de Commissaris-generaal een derde beslissing genomen waarbij Lounani van de vluchtelingenstatus werd uitgesloten. Op 14 juni 2011 heeft Lounani bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep ingesteld dat strekte tot hervorming van deze beslissing en tot toekenning van de vluchtelingenstatus. Bij arrest van 1 juli 2011 heeft de Raad geoordeeld dat aan Lounani de vluchtelingenstatus diende te worden toegekend. Tegen dit arrest is een administratief beroep in cassatie ingesteld bij de Raad van State (België), die bij arrest van 13 juli 2012 dat arrest heeft vernietigd en de zaak naar een anders samengestelde kamer van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft verwezen. Opnieuw rechtdoende heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geoordeeld dat de specifiek aan Lounani verweten feiten als zodanig geen terroristische misdrijven vormden, aangezien de correctionele rechtbank Brussel Lounani in haar vonnis van 16 februari 2006 had veroordeeld wegens zijn lidmaatschap van een terroristische groep, zonder hem ten laste te leggen dat hij een terroristische daad in de zin van artikel 137 van het gewijzigde Strafwetboek had gepleegd of daaraan had deelgenomen. Zij heeft niet vastgesteld dat de GICM zelfs maar was begonnen met een specifieke, onder dit type misdrijf vallende handeling, of dat daadwerkelijk sprake was van een persoonlijke daad van Lounani bij de uitvoering van een dergelijke handeling waarvoor hij individueel aansprakelijk zou zijn. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen was dus van oordeel dat geen van de daden waarvoor Lounani was veroordeeld, voldoende ernstig was om te worden aangemerkt als een „handeling welke in strijd is met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties” in de zin van artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83, en heeft dan ook bij arrest van 12 februari 2013 de beslissing van de Commissaris-generaal van 24 mei 2011 hervormd en aan Lounani de vluchtelingenstatus toegekend. De Commissaris-generaal heeft tegen dit arrest een administratief beroep in cassatie ingesteld bij de Raad van State. Daarop heeft de Raad van State de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1) Moet artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 aldus worden uitgelegd dat deze bepaling, voor de toepasselijkheid van de uitsluitingsgrond waarin zij voorziet, vereist dat de asielzoeker is veroordeeld wegens een van de terroristische misdrijven bedoeld in artikel 1, lid 1, van kaderbesluit 2002/475? 2) Voor het geval dat de vorige vraag ontkennend zou worden beantwoord: kunnen feiten […] die bij het vonnis van 16 februari 2006 van de correctionele rechtbank Brussel aan de tegenpartij zijn toegerekend en op grond waarvan zij wegens het deelnemen aan een terroristische organisatie is veroordeeld, worden beschouwd als handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties in de zin van artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83? 3) In het kader van een onderzoek naar de uitsluiting van een persoon die om internationale bescherming verzoekt, wegens het deelnemen aan een terroristische organisatie, volstaat de veroordeling als leidinggevend lid van een terroristische organisatie, terwijl de persoon die om internationale bescherming verzoekt geen terroristische daad had gepleegd of proberen te plegen en evenmin daarmee had gedreigd, om het bestaan vast te stellen van een aan die persoon toerekenbare daad van deelneming of aanzetting in de zin van artikel 12, lid 3, van richtlijn 2004/83, of is het nodig een individueel onderzoek van de feiten van de zaak te verrichten en aan te tonen dat de betrokkene aan de uitvoering van een terroristisch misdrijf zoals omschreven in artikel 1 van kaderbesluit 2002/475 heeft deelgenomen dan wel daartoe heeft aangezet? 4) Moet de in artikel 12, lid 3, van richtlijn 2004/83 bedoelde daad van aanzetting of deelneming, in het kader van het onderzoek naar de uitsluiting van een persoon die om internationale bescherming verzoekt, wegens het deelnemen aan een terroristische organisatie, in voorkomend geval als leider, verband houden met het plegen van een terroristisch misdrijf, zoals omschreven in artikel 1 van kaderbesluit 2002/475, of kan deze daad verband houden met het deelnemen aan een terroristische groep als bedoeld in artikel 2 van voormeld kaderbesluit? 5) Is inzake terrorisme de uitsluiting van internationale bescherming, waarin artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 voorziet, mogelijk indien geen bijzonder wreedaardige daad van geweld, zoals bedoeld in artikel 1 van kaderbesluit 2002/475, is gepleegd, noch daartoe is aangezet of daaraan is deelgenomen?” Prejudiciële vragen Eerste vraag Met deze vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 aldus moet worden uitgelegd dat de daarin vervatte grond voor uitsluiting van de vluchtelingenstatus alleen kan worden geacht aanwezig te zijn indien de persoon die om internationale bescherming verzoekt, is veroordeeld wegens een van de terroristische misdrijven als bedoeld in artikel 1, lid 1, van kaderbesluit 2002/475. In dit verband zij eraan herinnerd dat het Verdrag van Genève blijkens de overwegingen 3, 16 en 17 van richtlijn 2004/83 de hoeksteen vormt van het internationale rechtsstelsel ter bescherming van vluchtelingen, en dat de bepalingen van deze richtlijn inzake de voorwaarden voor de toekenning van de vluchtelingenstatus en inzake de inhoud van deze status zijn vastgesteld om de bevoegde autoriteiten van de lidstaten te helpen dat verdrag toe te passen op basis van gemeenschappelijke begrippen en criteria (arrest van 2 december 2014, A e.a., C‑148/13–C‑150/13 , EU:C:2014:2406 , punt ). De bepalingen van richtlijn 2004/83 moeten dus worden uitgelegd in het licht van de algehele systematiek en de doelstelling van die richtlijn, met inachtneming van het Verdrag van Genève en de andere toepasselijke verdragen als bedoeld in artikel 78, lid 1, VWEU (arresten van 9 november 2010, B en D, C‑57/09 en C‑101/09 , EU:C:2010:661 , punt , en 2 december 2014, A e.a., C‑148/13–C‑150/13 , EU:C:2014:2406 , punt ). Artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 komt in wezen overeen met artikel 1, afdeling F, onder c), van het Verdrag van Genève, volgens hetwelk de bepalingen van dit verdrag niet van toepassing zijn op een persoon ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties. Artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 verwijst meer bepaald naar handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties „als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest van de Verenigde Naties”. Zoals in overweging 22 van richtlijn 2004/83 wordt vermeld, zijn de in artikel 12, lid 2, onder c), van deze richtlijn bedoelde handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties, onder andere neergelegd „in de resoluties van de Verenigde Naties betreffende maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, waarin wordt verklaard dat ‚terroristische daden, methoden en werkwijzen strijdig zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties’, en dat het doelbewust financieren en plannen van en het aanzetten tot terroristische daden eveneens strijdig zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties”. Tot die resoluties behoort resolutie 1377 (2001) van de Veiligheidsraad, waaruit blijkt dat niet alleen „daden van internationaal terrorisme” in strijd zijn met de in het Handvest van de Verenigde Naties genoemde doelstellingen en beginselen, maar ook „het financieren, plannen en voorbereiden van die daden, alsmede elke andere vorm van ondersteuning daarvan”. Voorts kan uit resolutie 1624 (2005) van de Veiligheidsraad worden afgeleid dat handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties, niet beperkt zijn tot „terroristische daden, methoden en werkwijzen”. In deze resolutie verzoekt de Veiligheidsraad de staten namelijk om – overeenkomstig hun volkenrechtelijke verplichtingen – het terrorisme te bestrijden door „eenieder die het financieren, plannen, voorbereiden of plegen van terroristische daden ondersteunt of vergemakkelijkt dan wel daaraan deelneemt of poogt te deelnemen, of die aan de plegers van die daden een schuilplaats biedt”, een veilig toevluchtsoord te ontzeggen en voor het gerecht te brengen. Bovendien wordt de staten in punt 1, onder c), van die resolutie verzocht een veilig toevluchtsoord te ontzeggen aan eenieder ten aanzien van wie er betrouwbare en relevante informatie voorhanden is op grond waarvan er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij schuldig is aan het aanzetten tot het plegen van één of meerdere terroristische daden. Daaruit volgt dat het begrip „handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties” in artikel 1, afdeling F, onder c), van het Verdrag van Genève en in artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 niet aldus kan worden uitgelegd dat het beperkt is tot het plegen van terroristische daden zoals die nader worden omschreven in de resoluties van de Veiligheidsraad (hierna: „terroristische daden”). A fortiori kan dat begrip, anders dan Lounani betoogt, niet aldus worden uitgelegd dat het enkel van toepassing is op de in artikel 1, lid 1, van kaderbesluit 2002/475 bedoelde terroristische misdrijven, en bijgevolg ook niet aldus dat het een strafrechtelijke veroordeling ter bestraffing van een dergelijk misdrijf vereist. In dit verband zij opgemerkt dat kaderbesluit 2002/475 blijkens overweging 6 ervan tot doel heeft dat de omschrijving van terroristische misdrijven, met inbegrip van de omschrijving van strafbare feiten die verband houden met een terroristische groep, door de lidstaten onderling wordt aangepast. Zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt, worden daartoe in kaderbesluit 2002/475 verschillende handelingen opgesomd die onder het algemene begrip „terrorisme” kunnen vallen. Deze worden ingedeeld in vier categorieën strafbare feiten, te weten „terroristische misdrijven” (artikel 1), „strafbare feiten met betrekking tot een terroristische groep” (artikel 2), „strafbare feiten die verband houden met terroristische activiteiten” (artikel 3), en ten slotte de uitlokking van of medeplichtigheid aan sommige van deze strafbare feiten dan wel de poging tot het plegen ervan (artikel 4). Indien het in de bedoeling van de Uniewetgever had gelegen de werkingssfeer van artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 in te perken en het begrip „handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties” te beperken tot de in artikel 1, lid 1, van kaderbesluit 2002/475 opgesomde strafbare feiten, had hij dat probleemloos kunnen doen door deze feiten uitdrukkelijk te vermelden of door te verwijzen naar dat kaderbesluit. Artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 verwijst evenwel niet naar kaderbesluit 2002/475, dat nochtans bestond toen die bepaling werd opgesteld, noch naar enig ander instrument van de Europese Unie dat in het kader van de strijd tegen het terrorisme is vastgesteld. Bijgevolg dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 aldus moet worden uitgelegd dat de daarin vervatte grond voor uitsluiting van de vluchtelingenstatus niet kan worden geacht alleen aanwezig te zijn indien de persoon die om internationale bescherming verzoekt, is veroordeeld wegens een van de terroristische misdrijven als bedoeld in artikel 1, lid 1, van kaderbesluit 2002/475. Tweede en derde vraag Ontvankelijkheid De Commissaris-generaal en de Belgische regering betogen dat de derde vraag, zoals zij door de verwijzende rechter is geformuleerd, niet-ontvankelijk is omdat daarin niet genoegzaam wordt toegelicht waarom deze rechter van oordeel is dat een antwoord op die vraag noodzakelijk is voor de beslechting van het hoofdgeding, en voorts omdat dit antwoord geenszins nuttig zal zijn voor de beslechting daarvan. In casu is Lounani namelijk niet alleen – op grond van artikel 140 van het gewijzigde Strafwetboek – veroordeeld als leidinggevend lid van een terroristische organisatie, maar ook wegens andere naar Belgisch recht strafbaar gestelde handelingen die zijn verricht met een terroristisch oogmerk. In dit verband zij eraan herinnerd dat er een vermoeden van relevantie rust op de vragen betreffende de uitlegging van het Unierecht die de nationale rechter heeft gesteld binnen het onder zijn eigen verantwoordelijkheid geschetste wettelijke en feitelijke kader, waarvan het Hof de juistheid niet hoeft na te gaan. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een verzoek van een nationale rechter om een prejudiciële beslissing wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of wanneer het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (arresten van 14 april 2016, Polkomtel, C‑397/14 , EU:C:2016:256 , punt ; 6 september 2016, Petruhhin, C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punt , en 13 oktober 2016, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej en Petrotel, C‑231/15 , EU:C:2016:769 , punt ). Dat is niet het geval in de onderhavige zaak. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de verwijzende rechter zijn tweede en zijn derde vraag heeft gesteld in het kader van een administratief beroep in cassatie tegen het arrest van 12 februari 2013, waarin de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen had geoordeeld dat de specifiek aan verweerder in het hoofdgeding verweten feiten niet voldoende ernstig waren om te kunnen worden aangemerkt als „handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties” in de zin van artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83. Volgens dat arrest volstaat Lounani’s veroordeling door de correctionele rechtbank Brussel wegens zijn deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep, zelfs als leidinggevend lid van deze groep, zonder dat hem als zodanig terroristische misdrijven worden toegerekend, namelijk niet om te oordelen dat er ten laste van de betrokkene ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij handelingen heeft verricht die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties. Tegen deze achtergrond wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de daden waarvoor Lounani is veroordeeld, op zichzelf kunnen worden geacht in strijd te zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties in de zin van artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83, en – in geval van een ontkennend antwoord op deze vraag – of Lounani’s veroordeling als leidinggevend lid van een terroristische groep volstaat voor de vaststelling dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij heeft aangezet tot of anderszins heeft deelgenomen aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties in de zin van artikel 12, lid 3, van die richtlijn. Aldus komt in de verwijzingsbeslissing duidelijk naar voren dat de verwijzende rechter wenst vast te stellen in hoeverre de deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep waarvoor Lounani is veroordeeld, een rechtvaardiging kan vormen voor de toepassing van de in artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 vervatte uitsluitingsgrond, en dat hij zich in dit verband afvraagt of de veroordeling van Lounani wegens diens deelneming – als leidinggevend lid – aan de activiteiten van die groep aanleiding kan geven tot de uitsluiting van de vluchtelingenstatus op grond van artikel 12, lid 2, onder c), juncto artikel 12, lid 3, van die richtlijn. De derde vraag is dan ook ontvankelijk. Ten gronde Met zijn tweede en zijn derde vraag, die gezamenlijk dienen te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 2, onder c), en artikel 12, lid 3, van richtlijn 2004/83 aldus moeten worden uitgelegd dat daden van deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep, zoals de daden waarvoor verweerder in het hoofdgeding is veroordeeld, onder de in die bepalingen vervatte uitsluitingsgrond kunnen vallen, ook al heeft de betrokkene geen terroristische daad gepleegd noch daartoe een poging ondernomen of daarmee gedreigd. Wat de handelingen betreft waarvoor Lounani een strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen, blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat deze veroordeling onder meer is gebaseerd op artikel 140 van het gewijzigde Strafwetboek. Dit artikel vormt de omzetting in Belgisch recht van artikel 2 van kaderbesluit 2002/475, dat de strafbare feiten met betrekking tot een terroristische groep omschrijft en in lid 2, onder b), ziet op het deelnemen aan de activiteiten van een terroristische groep. Meer bepaald heeft de correctionele rechtbank Brussel Lounani in haar vonnis van 16 februari 2006 aan dergelijke strafbare feiten schuldig verklaard op grond van de vaststelling dat de betrokkene als leidinggevend lid aan de activiteiten van de Belgische cel van de GICM had deelgenomen door aan deze groep logistieke steun te verlenen door middel van met name materiële of intellectuele diensten, door paspoorten te vervalsen en op bedrieglijke wijze paspoorten te verstrekken, en door actief deel te nemen aan de organisatie van een netwerk voor het sturen van vrijwilligers naar Irak. Aldus is niet geconstateerd dat Lounani persoonlijk terroristische daden heeft gepleegd, noch dat hij daartoe heeft aangezet of daaraan heeft deelgenomen. Evenwel blijkt uit de relevante resoluties van de Veiligheidsraad, zoals in punt 48 van dit arrest is vermeld, dat het begrip „handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties” niet beperkt is tot terroristische daden. Met name zij opgemerkt dat de Veiligheidsraad in resolutie 2178 (2014) uiting heeft gegeven aan zijn „ernstige bezorgdheid over de acute en toenemende dreiging die uitgaat van buitenlandse terroristische strijders, te weten individuen die zich – met het oogmerk om terroristische daden te plegen, te plannen of voor te bereiden – begeven naar een andere staat dan de staat waar zij wonen of waarvan zij de nationaliteit hebben”, en zijn bezorgdheid heeft uitgedrukt over de netwerken die door terroristische entiteiten zijn opgezet, waardoor zij strijders van allerlei nationaliteiten en de benodigde middelen van de ene staat naar de andere kunnen verplaatsen. Teneinde aan dit fenomeen het hoofd te bieden, moeten de staten maatregelen treffen. Dit houdt onder andere in dat zij ervoor moeten zorgen dat het werven, vervoeren of uitrusten van, of het verzorgen van de organisatie voor, personen die zich – onder meer met het oogmerk om terroristische daden te plegen, te plannen of voor te bereiden – begeven naar een andere staat dan de staat waar zij wonen of waarvan zij de nationaliteit hebben, wordt voorkomen en bestreden. Daaruit volgt dat de toepassing van de in artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 vervatte grond voor uitsluiting van de vluchtelingenstatus niet kan worden beperkt tot degenen die daadwerkelijk terroristische daden hebben gepleegd, maar zich tevens kan uitstrekken tot individuen die activiteiten ontplooien die bestaan in het werven, vervoeren of uitrusten van, of het verzorgen van de organisatie voor, personen die zich – onder meer met het oogmerk om terroristische daden te plegen, te plannen of voor te bereiden – begeven naar een andere staat dan de staat waar zij wonen of waarvan zij de nationaliteit hebben. Voorts blijkt uit artikel 12, lid 2, onder c), juncto artikel 12, lid 3, van richtlijn 2004/83 dat de in de eerstgenoemde bepaling vervatte grond voor uitsluiting van de vluchtelingenstatus ook van toepassing is op personen ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat zij hebben aangezet tot of anderszins hebben deelgenomen aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties. Gelet op hetgeen in de punten 48 en 66 van dit arrest is uiteengezet, is het voor de toepassing van bovengenoemde bepalingen niet vereist dat de persoon die om internationale bescherming verzoekt, heeft aangezet tot of anderszins heeft deelgenomen aan een terroristische daad. Dienaangaande merkt de Commissie terecht op dat de deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep betrekking kan hebben op een brede waaier aan gedragingen van uiteenlopende ernst. De bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat kan artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 dan ook enkel toepassen indien zij voorafgaandelijk per individueel geval de haar ter kennis gebrachte specifieke feiten heeft onderzocht om uit te maken of er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de daden van de betrokkene, die voor het overige voldoet aan de criteria om de vluchtelingenstatus te kunnen verkrijgen, onder de in die bepaling vervatte uitsluitingsgrond vallen (zie in die zin arrest van 9 november 2010, B en D, C‑57/09 en C‑101/09 , EU:C:2010:661 , punten en ). Wat de vraag betreft of handelingen zoals die welke aan Lounani ten laste zijn gelegd, onder het begrip „handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties” in de zin van artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83 kunnen vallen, dan wel kunnen worden aangemerkt als het aanzetten tot of anderszins deelnemen aan dergelijke handelingen in de zin van artikel 12, lid 3, van die richtlijn, staat het aan de bevoegde nationale autoriteiten om, onder het toezicht van de nationale rechter, de uiteindelijke beoordeling van het verzoek om internationale bescherming te verrichten. Bij wijze van aanwijzing omtrent de in aanmerking te nemen gegevens zij opgemerkt dat in de verwijzingsbeslissing wordt vermeld dat Lounani een leidinggevend lid was van een terroristische groep met een internationale dimensie die op 10 oktober 2002 is geplaatst op de lijst van de Verenigde Naties die bepaalde personen en entiteiten identificeert waarvoor sancties gelden, en die op deze – sindsdien bijgewerkte – lijst is blijven staan. De door Lounani aan de activiteiten van deze groep verleende logistieke steun heeft een internationale dimensie, aangezien hij betrokken was bij de vervalsing van paspoorten en vrijwilligers heeft geholpen die zich naar Irak wilden begeven. Dergelijke handelingen kunnen de uitsluiting van de vluchtelingenstatus rechtvaardigen. In dit verband zij eraan herinnerd dat de resoluties van de Veiligheidsraad, met name punt 5 en punt 6, onder c), van resolutie 2178 (2014), zoals in de punten 12, 13 en 67 tot en met 69 van dit arrest is onderstreept, onder meer het opzettelijk organiseren van reizen van personen die zich – met het oogmerk om terroristische daden te plegen, te plannen of voor te bereiden – begeven naar een andere staat dan de staat waar zij wonen of waarvan zij de nationaliteit hebben, aanmerken als activiteiten die in het kader van de strijd tegen het internationale terrorisme moeten worden bestreden. Dat de groep waarvan Lounani een leidinggevend lid was, geen terroristische daden heeft gepleegd, en dat de door deze groep geholpen vrijwilligers die zich naar Irak wilden begeven, dergelijke daden uiteindelijk niet hebben gepleegd, kan bijgevolg – gesteld dat dit zou vaststaan – hoe dan ook niet uitsluiten dat Lounani’s handelingen kunnen worden geacht in strijd te zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties. Gelet op hetgeen in de punten 41 tot en met 54 en 66 tot en met 70 van dit arrest is uiteengezet, geldt hetzelfde voor het door de verwijzende rechter in zijn derde vraag vermelde feit dat Lounani geen terroristisch misdrijf in de zin van artikel 1, lid 1, van kaderbesluit 2002/475 heeft gepleegd, noch daartoe een poging heeft ondernomen of daarmee heeft gedreigd. Om dezelfde redenen is voor de toepassing van artikel 12, lid 3, van richtlijn 2004/83 niet vereist dat wordt aangetoond dat Lounani heeft aangezet tot of anderszins heeft deelgenomen aan een dergelijk misdrijf. Voorts komt in het kader van het individuele onderzoek dat de bevoegde autoriteit moet uitvoeren, een bijzondere betekenis toe aan de omstandigheid dat Lounani door de rechterlijke instanties van een lidstaat is veroordeeld wegens deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep, en dat deze veroordeling onherroepelijk is geworden. Gelet op een en ander dient op de tweede en de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 12, lid 2, onder c), en artikel 12, lid 3, van richtlijn 2004/83 aldus moeten worden uitgelegd dat daden van deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep, zoals de daden waarvoor verweerder in het hoofdgeding is veroordeeld, een rechtvaardiging kunnen vormen voor de uitsluiting van de vluchtelingenstatus, ook al wordt niet aangetoond dat de betrokkene een terroristische daad heeft gepleegd dan wel daartoe een poging heeft ondernomen of daarmee heeft gedreigd. In het kader van het individuele onderzoek van de feiten, op basis waarvan kan worden beoordeeld of er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties, dan wel heeft aangezet tot of anderszins heeft deelgenomen aan dergelijke handelingen, komt een bijzondere betekenis toe aan de omstandigheid dat deze persoon door de rechterlijke instanties van een lidstaat is veroordeeld wegens deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep, alsmede aan de vaststelling dat die persoon een leidinggevend lid van deze groep was, zonder dat hoeft te worden aangetoond dat de betrokkene zelf heeft aangezet tot of anderszins heeft deelgenomen aan een terroristische daad. Vierde en vijfde vraag Gelet op het antwoord op de eerste drie vragen, hoeven de vierde en de vijfde vraag niet te worden beantwoord. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: 1) Artikel 12, lid 2, onder c), van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming moet aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte grond voor uitsluiting van de vluchtelingenstatus niet kan worden geacht alleen aanwezig te zijn indien de persoon die om internationale bescherming verzoekt, is veroordeeld wegens een van de terroristische misdrijven als bedoeld in artikel 1, lid 1, van kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding. 2) Artikel 12, lid 2, onder c), en artikel 12, lid 3, van richtlijn 2004/83 moeten aldus worden uitgelegd dat daden van deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep, zoals de daden waarvoor verweerder in het hoofdgeding is veroordeeld, een rechtvaardiging kunnen vormen voor de uitsluiting van de vluchtelingenstatus, ook al wordt niet aangetoond dat de betrokkene terroristische daden, zoals nader omschreven in de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft gepleegd dan wel daartoe een poging heeft ondernomen of daarmee heeft gedreigd. In het kader van het individuele onderzoek van de feiten, op basis waarvan kan worden beoordeeld of er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties, dan wel heeft aangezet tot of anderszins heeft deelgenomen aan dergelijke handelingen, komt een bijzondere betekenis toe aan de omstandigheid dat deze persoon door de rechterlijke instanties van een lidstaat is veroordeeld wegens deelneming aan de activiteiten van een terroristische groep, alsmede aan de vaststelling dat die persoon een leidinggevend lid van deze groep was, zonder dat hoeft te worden aangetoond dat de betrokkene zelf heeft aangezet tot of anderszins heeft deelgenomen aan een terroristische daad. ondertekeningen ( *1 ) * Procestaal: Frans.

62012TJ0327

fr

Antécédents du litige Le 5 décembre 2007, M. Joachim Wöhler (ci-après l’«ancien titulaire») a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ( JO 1994, L 11, p. 1 ), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire ( JO L 78, p. 1 )]. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Simca. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : «Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau». La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n o 16/2008, du 21 avril 2008, et le signe verbal Simca a été enregistré en tant que marque communautaire le 18 septembre 2008, sous le numéro 6489371, pour l’ensemble des produits mentionnés au point 3 ci-dessus. Le 29 septembre 2008, l’intervenante, GIE PSA Peugeot Citroën, a introduit une demande en nullité de ladite marque communautaire, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 40/94 [devenu l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009], pour l’ensemble des produits pour lesquels elle avait été enregistrée. En substance, elle alléguait que l’ancien titulaire était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Par cette demande d’enregistrement, il aurait, en effet, eu pour seul objectif de l’empêcher d’utiliser la dénomination «simca» afin de commercialiser les produits visés par la demande d’enregistrement, et ce alors même qu’elle disposait sur celle-ci de droits antérieurs à ladite demande. À cet égard, l’intervenante s’est, notamment, référée au fait qu’elle était titulaire d’une marque internationale SIMCA, enregistrée sous le numéro 218957 et protégée depuis 1959, notamment en Allemagne, en Espagne, en Autriche et au Benelux, en particulier pour des «véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau», relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice, et de la marque française SIMCA, enregistrée sous le numéro 1606604, depuis 1990, notamment pour des «véhicules automobiles», relevant de cette même classe. L’intervenante a soutenu que, alors même que ces marques n’avaient plus été utilisées au cours des dernières années, ses droits de marque avaient été maintenus. Elle a rappelé que la marque «connue» de véhicule automobile SIMCA avait déjà été créée en 1934 par un constructeur automobile français. La marque française antérieure aurait été demandée pour la première fois en 1935 et aurait été reprise en 1978 par Automobiles Peugeot, SA, qui l’aurait utilisée de manière intensive dans le monde entier, y compris en Europe. L’intervenante a encore soutenu qu’en 2008 elle avait, à deux reprises, invité l’ancien titulaire à renoncer à la marque contestée. En réponse, ledit titulaire aurait exercé un «chantage» à son égard, demandant une compensation financière. Selon l’intervenante, la demande de marque avait été faite par l’ancien titulaire pour améliorer sa situation financière par extorsion, sans qu’il y ait eu, de sa part, une véritable volonté d’usage de ladite marque. Tenant également compte du fait que la relation contractuelle entre les parties avait pris fin peu de temps avant le dépôt de la demande de marque communautaire en cause, l’intervenante estimait qu’il s’agissait d’une simple «marque de spéculation» ou d’une «marque de blocage». Par décision du 25 janvier 2011, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité dans son ensemble. Le 24 mars 2011, l’intervenante a formé un recours contre la décision susvisée. Le 29 avril 2011, la requérante, Simca Europe Ltd, a été inscrite au registre de l’OHMI comme nouveau titulaire de la marque contestée. Par décision du 12 avril 2012 (ci‑après la «décision attaquée»), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours de l’intervenante, a annulé la décision de la division d’annulation et, enfin, a déclaré nulle la marque contestée. Elle s’est fondée sur des motifs divisés en trois volets, portant, premièrement, sur des remarques préliminaires, deuxièmement, sur des faits «incontestés» et, troisièmement, sur l’existence même de la mauvaise foi de l’ancien titulaire à la date de la demande d’enregistrement. En premier lieu, s’agissant des remarques préliminaires, d’une part, la chambre de recours a considéré que, en tant que nouveau titulaire de la marque contestée, la requérante «devait se laisser imputer directement le comportement» de l’ancien titulaire en tant que demandeur initial de ladite marque. D’autre part, la chambre de recours a considéré comme non pertinente une référence faite par la requérante à un arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), portant sur la marque allemande SIMCA. La chambre de recours a rappelé, cet égard, que le régime de la marque communautaire était un système autonome constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques et dont l’application est indépendante de tout système national. De surcroît, la chambre de recours a affirmé ne pas avoir connaissance des preuves déposées dans la procédure parallèle se déroulant en Allemagne, de sorte que l’arrêt susvisé ne pouvait avoir effet de précédent. En deuxième lieu, s’agissant des éléments «incontestés» ayant, selon la chambre de recours, une importance décisive pour l’appréciation des faits en l’espèce, premièrement, celle-ci a souligné que des véhicules automobiles désignés par la marque SIMCA ont été vendus depuis les années 30 et que l’intervenante ou une entreprise faisant partie de son groupe avait repris cette marque en 1978. De surcroît, la chambre de recours a mis en exergue le fait que l’intervenante était titulaire de deux marques figuratives, protégées, l’une en France, à savoir la marque nationale enregistrée sous le numéro 121992, et l’autre en République tchèque, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Hongrie, à Malte, au Portugal, en Roumanie et au Benelux, ainsi que dans certains pays non membres de l’Union européenne, à savoir la marque internationale enregistrée sous le numéro 218957. Ces marques étaient, selon la chambre de recours, toujours enregistrées à la date de l’adoption de la décision attaquée, du moins pour des véhicules, relevant de la classe 12, d’Automobiles Peugeot, une entreprise faisant partie du groupe que constitue l’intervenante. Deuxièmement, selon la chambre de recours, alors même que l’intervenante avait arrêté la commercialisation de véhicules sous la marque SIMCA à la fin des années 70, cette marque jouissait d’un degré de notoriété élevé, qui, s’il pouvait avoir diminué au fil des ans, existait encore à la date de l’adoption de la décision attaquée. Troisièmement, la chambre de recours a souligné que l’ancien titulaire avait travaillé en tant qu’entrepreneur indépendant dans le domaine des logiciels, pendant plus de 18 mois, pour l’intervenante à Cologne (Allemagne) et, par la suite, à Brême (Allemagne). Il connaissait, selon la chambre de recours, l’histoire de la marque SIMCA, comme cela ressortait, notamment, de certains de ses courriers adressés à l’intervenante. Quatrièmement, la chambre de recours a constaté que, avant même la date à laquelle l’enregistrement de la marque contestée a été demandé, l’ancien titulaire était déjà en contact avec une entreprise indienne afin d’étudier un projet de développement d’un véhicule automobile. Cependant, ce projet n’aurait pas été mis en œuvre à la date de l’adoption de la décision attaquée. La chambre de recours a souligné, à cet égard, qu’il ressortait des courriers de l’ancien titulaire qu’il était à la recherche d’une marque «qui n’était plus utilisée ou qui n’était pas enregistrée». Cinquièmement, la chambre de recours a affirmé que, au mois d’août 2008, l’ancien titulaire était également titulaire de l’adresse Internet www.simca.info et que, depuis décembre 2008, il commercialisait des bicyclettes électriques par le biais dudit site Internet. Enfin, la chambre de recours a affirmé que, alors même que l’ancien titulaire connaissait les droits de l’intervenante par rapport à la marque contestée, il supposait qu’ils étaient susceptibles d’être annulés en raison du défaut d’usage sérieux. Il serait, cependant, disposé à renoncer à la marque contestée si une «offre de dédommagement» lui était faite. En troisième lieu, s’agissant de l’existence même d’une mauvaise foi de l’ancien titulaire, la chambre de recours a considéré, en substance, que la charge de la preuve à cet égard incombait à l’intervenante en tant que demanderesse en nullité. Il convenait, selon elle, d’avoir recours à plusieurs preuves formant une chaîne d’indices, de sorte qu’il puisse être affirmé, avec une probabilité proche de la certitude, que le demandeur de marque communautaire était de mauvaise foi. Selon la chambre de recours, la notion de «mauvaise foi», visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation. Alors même que la Cour a établi une liste de critères concernant l’interprétation de ladite notion dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ( C-529/07, Rec. p. I-4893 ), ceux‑ci ne sont, selon la chambre de recours, pas exhaustifs. Étant donné que les faits à la base de la procédure ayant donné lieu à la question préjudicielle en cause dans l’affaire susmentionnée diffèrent, selon la chambre de recours, substantiellement des faits à la base de la procédure en cause en l’espèce, elle estime nécessaire d’établir des critères supplémentaires. Selon la chambre de recours, le fait que l’ancien titulaire connaissait l’existence des marques antérieures et a déposé une demande de marque communautaire malgré cela est un indice de son «intention d’entraver» et de sa mauvaise foi. Le fait qu’il ait supposé que ces marques étaient susceptibles d’être annulées est, selon elle, dénué de pertinence et constitue un simple prétexte, étant donné que, à la date de l’adoption de la décision attaquée, ledit titulaire n’avait pas encore introduit de demande de déchéance ni de la marque française antérieure ni de la marque internationale antérieure. La chambre de recours a indiqué que l’ancien titulaire savait également pertinemment que la marque SIMCA jouissait d’une notoriété pour les véhicules automobiles. Selon la chambre de recours, il ressortait des éléments de preuves qu’il était à la recherche d’un nom de marque connu, son objectif étant d’exploiter «d’une manière parasitaire» la renommée des marques enregistrées de l’intervenante et à tirer avantage de la bonne réputation de ces marques par un usage illégitime délibéré du signe Simca. Or, un tel comportement devait être considéré, selon elle, comme relevant de la mauvaise foi. Par conséquent, la chambre de recours a jugé sans importance le fait que l’ancien titulaire commercialisait des bicyclettes sous la marque Simca depuis décembre 2008, une telle commercialisation ne constituant pas une justification pour l’enregistrement de la marque contestée. Conclusions des parties La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : — annuler la décision attaquée ; — condamner l’OHMI aux dépens, y compris les «frais de représentation». L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : — rejeter le recours ; — condamner la requérante aux dépens. En droit Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal Il ressort de l’analyse du dossier de l’OHMI que les documents figurant aux annexes K 8, K 9 et K 10 de la requête ne lui avaient pas été présentés durant la procédure administrative. Ces documents consistent, tout d’abord, s’agissant de l’annexe K 8, en un courrier daté du 16 mars 2012, adressé par la requérante à l’intervenante et enjoignant cette dernière de renoncer à l’utilisation de la marque verbale allemande SIMCA, enregistrée sous le numéro 302008037708 au profit de l’intervenante, ensuite, s’agissant de l’annexe K 9, en une déclaration de renonciation de l’intervenante, datée du 23 mars 2012 et visant ladite marque, ainsi qu’en une lettre adressée par l’intervenante au Deutsches Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand), l’informant de sa renonciation, et, enfin, s’agissant de l’annexe K 10, en un extrait du registre des marques allemand, daté du 16 juillet 2012, dont il ressort que la marque allemande susvisée a été annulée. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, au sens de l’article 65 du règlement n o 207/2009, et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris. Ainsi, selon une jurisprudence constante, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de telles pièces serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 21 mars 2012, Feng Shen Technology/OHMI – Majtczak (FS), T‑227/09, point 25, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit que les documents, présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, aux annexes K 8, K 9 et K 10 de la requête, ne peuvent pas être pris en considération et doivent, dès lors, être écartés. Sur la recevabilité du renvoi global par la requérante aux arguments présentés devant l’OHMI En ce qui concerne les arguments auxquels la requérante renvoie de manière globale, au point 67 de la requête, et qu’elle a présentés au cours de la procédure devant l’OHMI, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 16, et la jurisprudence citée]. Il convient de rappeler que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence d’éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de la disposition susvisée, doivent figurer dans la requête (voir, en ce sens, arrêt BÜRGER, point 28 supra, point 17, et la jurisprudence citée). En l’espèce, la requérante s’est contentée d’indiquer, au point 67 de la requête, qu’elle se référait «à la totalité de l’argumentation invoquée […] devant l’OHMI dans son mémoire du 2 août 2011 et aux documents joints en annexe à celui-ci» et que «les documents concernés [étaient] expressément déclarés comme faisant l’objet du recours en tant que contenu supplémentaire de la […] requête». Ainsi, la requérante n’identifie ni les points spécifiques de la requête qu’elle souhaite compléter par ce renvoi ni les annexes où seraient exposés ces éventuels arguments. Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas à rechercher, de manière globale, dans le mémoire susvisé présenté devant l’OHMI les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables. En revanche, le Tribunal examinera ceux des éléments présentés durant la procédure administrative devant l’OHMI, auxquels renvoient des arguments spécifiques et suffisamment concrets soulevés dans la requête. Sur la demande d’annulation de la décision attaquée La requérante invoque un moyen unique à l’appui de son recours, pris d’une méconnaissance de l’article 52 du règlement n o 207/2009. Selon elle, en substance, la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant que l’ancien titulaire était de mauvaise foi lorsqu’il a déposé une demande auprès de l’OHMI, visant à faire enregistrer la marque contestée en tant que marque communautaire. L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, la nullité d’une marque communautaire doit être déclarée, sur demande présentée devant l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque communautaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [arrêt du Tribunal du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, point 17]. Ainsi que le relève à bon droit la chambre de recours aux points 34 et suivants de la décision attaquée, la Cour a apporté plusieurs précisions sur la manière dont il convient d’interpréter le concept de mauvaise foi visé à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009 (arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra, points 37 et suivants). Elle a ainsi relevé que la mauvaise foi du demandeur, au sens de cette disposition, devait être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment : — du fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ; — de l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ; — du degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé. La Cour a également indiqué, aux points 43 et 44 de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra, que l’intention d’empêcher la commercialisation d’un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que ce dernier a fait enregistrer un signe en tant que marque communautaire sans avoir l’intention d’en faire usage, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. Cela étant, comme l’a souligné à bon droit la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, il ressort de la formulation retenue dans l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra, que les trois facteurs énumérés au point 36 ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande (arrêt BIGAB, point 35 supra, point 20). Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du mot ou du sigle constituant la marque contestée et de l’usage antérieur de celui‑ci dans le domaine des affaires en tant que marque, notamment par des entreprises concurrentes, ainsi que de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire constituée par ce mot ou par ce sigle. En l’espèce, il s’ensuit, à titre liminaire, qu’il convient de rejeter les allégations de la requérante par lesquelles celle-ci critique la chambre de recours pour avoir tenu compte d’un «nouvel indice de mauvaise foi», qui n’aurait pas été prévu dans le cadre de la jurisprudence de la Cour, notamment dans l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra, voire, qui serait en contradiction avec les critères mentionnés dans ledit arrêt. En effet, d’une part, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de souligner que lesdits critères jurisprudentiels ne sont qu’illustratifs. D’autre part, il convient de constater que les critères retenus par la chambre de recours dans la décision attaquée ne contredisent pas les critères établis dans l’arrêt susvisé, mais s’ajoutent à ces derniers suivant la logique qui y est prévue, consistant à apprécier globalement l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a évalué tant l’origine du sigle constituant la marque contestée Simca que l’usage antérieur de celui‑ci dans le domaine des affaires en tant que marque, notamment par des entreprises concurrentes, et la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée formée par ce sigle. En outre, dans ce contexte, rien n’interdisait à la chambre de recours d’analyser, également, la connaissance qu’avait, à la date de la demande d’enregistrement, le titulaire de la marque dont la nullité a été demandée, de l’existence des marques antérieures comportant ledit sigle SIMCA et de leur degré de notoriété. À cet égard, le Tribunal relève, tout d’abord, qu’il est constant que le sigle SIMCA a déjà été créé en France en 1934 par un constructeur automobile et que des véhicules désignés par une marque comportant ce sigle ont été vendus depuis les années 30. Cette marque a été reprise, par la suite, en 1978, par Automobiles Peugeot, qui l’a utilisée dans le monde entier, y compris en Europe. Il est également constant que l’intervenante est titulaire de deux marques figuratives antérieures incluant le mot «simca», l’une, française, enregistrée sous le numéro 121992 et déposée le 5 mars 1959 et l’autre, internationale, enregistrée sous le numéro 218957, fondée sur ladite marque française et protégée dans certains États membres de l’Union, tels que l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, la Roumanie, ainsi que dans le Benelux. Tant la marque française antérieure que la marque internationale antérieure, bien que non utilisées pendant les dernières décennies, comme cela est constaté notamment au point 24 de la décision attaquée, ont néanmoins été renouvelées et demeuraient enregistrées au profit de l’intervenante à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En outre, alors même que la chambre de recours a affirmé, au point 23 de la décision attaquée, in fine, de manière peu claire que les marques susvisées demeuraient enregistrées «du moins pour des ‘véhicules’ de la classe 12», d’une part, il convient de constater que la requérante ne présente pas devant le Tribunal d’allégations spécifiques portant sur les conséquences éventuelles que cette affirmation pourrait avoir quant à l’existence d’une mauvaise foi de l’ancien titulaire par rapport à sa demande d’enregistrement de la marque contestée pour les autres produits en cause, à savoir, les «appareils de locomotion par terre, par air ou par eau». En effet, la requérante conteste plutôt la pertinence de l’enregistrement des marques antérieures en tant que tel dans l’appréciation de la mauvaise foi de l’ancien titulaire et, ensuite, elle met en exergue, en tant qu’élément établissant l’absence de mauvaise foi, le fait que l’ancien titulaire utilisait effectivement la marque contestée à la suite de son enregistrement, et ce, dans un premier temps, pour commercialiser des bicyclettes électriques, avec l’intention, par la suite, d’utiliser ladite marque également pour des véhicules «de niche» motorisés. D’autre part, et en tout état de cause, force est de constater qu’il ressort du dossier administratif de l’OHMI que l’enregistrement de la marque internationale antérieure, dont une copie est annexée à la demande en nullité de l’intervenante et qui est fondée sur la marque française antérieure, énumère parmi les produits visés les deux catégories relevant de la classe 12, susmentionnées. Par ailleurs, il convient de considérer, en l’absence d’éléments en sens contraire, que les constatations de la chambre de recours au sujet de la mauvaise foi de l’ancien titulaire visent tant le volet de sa demande d’enregistrement de la marque contestée portant sur les «véhicules» que celui concernant les «appareils de locomotion par terre, par air ou par eau». Ensuite, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, lu en combinaison avec ses points 1, 27 et 28, il est constant que l’ancien titulaire n’a demandé l’enregistrement de la marque contestée que le 5 décembre 2007 et qu’il a déposé cette demande malgré sa connaissance de l’existence des marques antérieures SIMCA de l’intervenante, à tout le moins en tant que marques «historiques». En outre, il n’est pas non plus contesté que l’ancien titulaire n’a pas demandé la déchéance des marques française ou internationale antérieures, la requérante soutenant devant le Tribunal uniquement qu’elle-même procéderait à de telles demandes dans le futur. S’agissant de certaines références faites par la requérante à des démarches en nullité déjà entreprises à l’encontre de certaines marques antérieures de l’intervenante, outre qu’elles se fondent sur des documents invoqués pour la première fois devant le Tribunal et, partant, irrecevables (voir points 25 à 27 ci‑dessus), il convient de constater que, en tout état de cause, lesdites démarches ne concernent qu’une marque allemande de l’intervenante, enregistrée sous le numéro 302008037708, et non les marques française ou internationale antérieures. Il convient également de constater que, contrairement aux allégations de la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a affirmé au point 38 de la décision attaquée, en référence aux éléments de preuve présentés notamment par l’ancien titulaire lui-même, que celui-ci savait pertinemment que la marque SIMCA jouissait d’une notoriété pour les véhicules automobiles. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ladite notoriété avait été d’un degré élevé dans le passé, pouvait avoir diminué au fil des ans, mais existait encore à la date de l’adoption de la décision attaquée, et ce «notamment auprès des personnes qui sont entrées en contact avec des véhicules qui ont été commercialisés sous le nom de marque ‘SIMCA’ ». À cet égard, à titre liminaire, s’agissant de la connaissance et de la perception qu’avait l’ancien titulaire de la marque Simca, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de sa lettre du 15 juin 2007, adressée à l’entreprise indienne W. (annexe XIV de la réponse de l’ancien titulaire, datée du 26 décembre 2008, au mémoire de l’intervenante exposant les motifs de la demande en nullité), celui-ci était à la recherche d’une marque «appropriée» qui n’était plus utilisée ou qui n’avait pas été enregistrée et qui n’était, partant, pas protégée juridiquement. C’est seulement à la suite des déclarations susvisées que l’ancien titulaire a demandé l’enregistrement de la marque contestée, reprenant, tel quel, l’élément verbal des marques figuratives antérieures. De même, il ressort d’une lettre de l’ancien titulaire, datée du 5 septembre 2007 et adressée à ladite entreprise indienne, qu’il avait connaissance d’un enregistrement antérieur de la marque SIMCA‑1100 City‑Laster en Allemagne, en vigueur jusqu’en 1983, ainsi que du succès des voitures de sport de marque SIMCA dans des rallyes dans les années 70. Ensuite, il ressort de la lettre de l’ancien titulaire datée du 17 mars 2008, adressée à M. S., chef du directoire de l’intervenante, qui, bien qu’ayant été rédigée postérieurement à la demande d’enregistrement de la marque contestée, apporte des éléments pertinents permettant de déduire les raisons ayant mené l’ancien titulaire à présenter ladite demande, que ce dernier avait pour dessein de conserver la «merveilleuse» marque SIMCA pour la postérité. Dans cette même lettre, l’ancien titulaire s’est également explicitement référé à «l’extraordinaire histoire de la marque SIMCA». Ces déclarations doivent être lues conjointement avec la partie introductive de ladite lettre, dans laquelle l’ancien titulaire met en exergue ses connaissances du secteur automobile et ses affinités particulières et constantes envers les voitures françaises, notamment de marque Peugeot ou Citroën. Dans le même contexte, l’ancien titulaire a explicitement mentionné avoir fait des recherches tant sur Internet qu’auprès de l’OHMI aux fins de savoir si ladite marque SIMCA demeurait enregistrée. Tenant également compte de l’affirmation de l’ancien titulaire, avancée dans cette même lettre, selon laquelle il avait acheté, «en janvier 2008, en France, une voiture SIMCA Aronde 9 qui se joignait de manière idéale à la marque [communautaire] dont [il] avait demandé l’enregistrement» un mois auparavant, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que ledit titulaire «savait pertinemment que la marque SIMCA jouissait de notoriété pour les véhicules automobiles». En effet, les éléments susvisés permettent au Tribunal de constater que, aux yeux de l’ancien titulaire, la marque en question était considérée, à tout le moins, comme gardant encore une certaine notoriété résiduelle, ce qui explique, d’ailleurs, son intérêt pour cette marque au vu des circonstances de l’espèce, ainsi que son intention de la sauvegarder pour les générations futures. Cette constatation est corroborée par l’allégation de la requérante avancée dans la requête, selon laquelle il était «de notoriété publique que la marque SIMCA n’était plus utilisée par [l’intervenante] depuis plusieurs décennies». En effet, une telle affirmation présuppose que l’existence même de la marque SIMCA, en tant que marque «historique», était un fait notoirement connu, du moins de la partie du public concerné constituée de personnes ayant connu des véhicules commercialisés sous cette marque dans le passé. Ces développements ne sauraient être invalidés par la référence de la requérante au contenu de sa lettre précontentieuse datée du 2 août 2011 et adressée à l’OHMI, dans laquelle il est soutenu que même le public des connaisseurs ne se rappellerait plus de la marque SIMCA. À cet égard, il convient de relever que les éléments présentés afin d’étayer cette affirmation, en annexe à ladite lettre, consistent, en particulier, en des extraits de pages Internet de certains vendeurs de véhicules automobiles, notamment sur le marché de l’occasion. Or, dans la mesure où il est possible de tirer certaines conclusions à partir des extraits de pages Internet susvisés, ceux-ci ne démontrent, tout au plus, que le fait que certains vendeurs ne proposaient plus à la vente de véhicules de marque SIMCA sur le marché de l’occasion. Ainsi, en l’absence d’autres éléments de preuve concordants, tels que des sondages auprès du public pertinent, il ne saurait être exclu que, comme le soutient la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, en faisant référence, au point 5 de celle-ci, aux preuves portant sur «l’historique» de la marque SIMCA, une notoriété résiduelle a pu demeurer, en particulier dans la partie du public pertinent telle que définie par la chambre de recours (voir points 46 et 50 ci-dessus). Il convient d’ajouter, par ailleurs, que, outre l’article d’un magazine allemand, daté de décembre 1989 et portant sur l’histoire des voitures produites sous la marque SIMCA 1000, document auquel s’était référée l’intervenante dans la procédure administrative devant l’OHMI, notamment dans sa lettre du 29 mars 2010 et qui est mentionné au point 5 de la décision attaquée, la conclusion qu’existait, à la date pertinente du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, une certaine notoriété résiduelle des marques antérieures SIMCA de l’intervenante est corroborée par la référence de l’ancien titulaire, dans sa lettre précontentieuse datée du 26 décembre 2008 et adressée à l’OHMI, à l’extrait d’une page Internet portant sur l’exposition de véhicules français Francemobile. En effet, dans la mesure où même l’organisateur de ladite exposition reprenait sur son site publicitaire, parmi les différents logos de producteurs de véhicules exposés, celui de la marque SIMCA, cet extrait peut être considéré comme étant un indice additionnel portant sur la notoriété de celle-ci, indépendamment de la question de savoir si ce logo correspondait précisément à celui enregistré pour l’intervenante. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas non plus commis d’erreur de droit en tenant compte, dans le cadre de son appréciation globale d’indices démontrant la mauvaise foi de l’ancien titulaire, d’éléments factuels portant sur ses intentions et ses objectifs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement. Il ne saurait lui être reproché, à cet égard, d’avoir analysé des éléments «subjectifs de la motivation intrinsèque» de l’action de l’ancien titulaire, notamment au vu de ses lettres adressées aux partenaires commerciaux et, à la suite du dépôt de sa demande d’enregistrement, également à l’intervenante, en réponse aux courriers de celle-ci. En effet, il suffit de constater qu’il ressort de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra (points 38 à 42), que, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe, il convenait, en outre, de tenir compte de son «intention» d’empêcher un tiers de continuer à utiliser celui-ci, la Cour ayant fait observer que ladite intention était un élément subjectif qui devait être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours pouvait déduire, à juste titre, des circonstances particulières du cas d’espèce que l’ancien titulaire visait, en réalité, par sa demande d’enregistrement de marque communautaire à exploiter de manière parasitaire la renommée des marques enregistrées de l’intervenante et à tirer avantage de celle-ci. Certes, comme le soutient la requérante et comme l’a, initialement, souligné la division d’annulation, il ressort du considérant 10 du règlement n o 207/2009 qu’il n’est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées. De la même manière, d’une part, la requérante se réfère à la première directive n o 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ( JO 1989, L 40, p. 1 ), plus particulièrement à son article 12, consacré aux «motifs de déchéance», qui s’applique, lu en combinaison avec l’article 1 er de ladite directive, «aux marques […] qui ont fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement dans un État membre ou auprès de l’Office des marques du Benelux ou qui ont fait l’objet d’un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre». D’autre part, elle se réfère à l’article L‑714.5 du code de la propriété intellectuelle français et aux articles 25 et 49 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, loi allemande relative à la protection des marques et autres signes), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, BGBl. 1995 I, p. 156, et BGBl. 1996 I, p. 682), ces dispositions prévoyant, en substance, elles aussi, au niveau national, à quelles conditions la déchéance des droits sur les marques peut être constatée en l’absence d’usage sérieux, notamment à la suite d’une demande en justice introduite par une personne intéressée. Or, en l’espèce, force est de constater que ce n’était pas uniquement le fait, rappelé au point 37 de la décision attaquée, que l’ancien titulaire avait demandé l’enregistrement de la marque contestée nonobstant sa connaissance des marques antérieures, et ce sans avoir, auparavant, agi en déchéance contre elles, qui avait été jugé pertinent, par la chambre de recours, pour conclure à l’existence de sa mauvaise foi. En effet, ainsi qu’il ressort du point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a particulièrement tenu compte de l’objectif spécifique de l’ancien titulaire «d’exploiter, de manière parasitaire, la valeur des marques enregistrées connues de [l’intervenante] et de tirer des avantages de [leur] bonne réputation […] par un usage illégitime délibéré du signe SIMCA». Cette approche ne constitue pas une erreur de droit, dès lors que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, point 19 supra, la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009, doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Premièrement, comme cela a déjà été rappelé (voir point 39 ci-dessus), font partie de ces facteurs l’origine du mot ou du sigle constituant la marque contestée et l’usage antérieur de celui‑ci dans le domaine des affaires en tant que marque, notamment par des entreprises concurrentes, c’est‑à‑dire, en l’espèce, les circonstances non contestées qui révèlent un usage sérieux, à tout le moins «historique», de marques comportant le sigle SIMCA par l’intervenante ou par une entreprise faisant partie de son groupe, ayant précédé l’usage dudit sigle par l’ancien titulaire dans le cadre de la marque contestée. Deuxièmement, la chambre de recours a pu, à juste titre, se référer à la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du sigle en tant que marque communautaire par l’ancien titulaire, tenant compte du fait que celui-ci s’est explicitement référé, devant ses partenaires commerciaux, à une logique portant sur l’intention d’utiliser une marque adaptée aux produits visés par l’enregistrement, que ce soit une marque non enregistrée ou une marque qui, quoique enregistrée, avait perdu toute protection juridique, notamment en raison de l’absence d’un usage sérieux par son titulaire (voir points 45 et suivants ci-dessus). D’ailleurs, la requérante met en exergue cette même motivation au point 41 de la requête, soulignant que c’était précisément le fait que les marques antérieures n’étaient plus utilisées depuis longtemps qui pouvait être vu comme «un motif ayant incité [l’ancien titulaire], informé de cette circonstance, à introduire une demande de marque en vue d’utiliser cette dernière à son profit». Dans ces circonstances, et dans la mesure où il n’est pas établi que l’ancien titulaire avait commercialisé, avant même le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, des produits sur le marché pertinent sous ladite marque, il n’est pas possible de percevoir une autre logique commerciale, indépendante de celle mettant à profit la référence à l’intervenante ou à des entreprises relevant de son groupe. En particulier, la requérante ne saurait prétendre que l’ancien titulaire visait, par ladite demande, à s’opposer à ce que des entreprises tierces fassent usage de sa marque sans son autorisation, en créant auprès de la clientèle l’illusion de distribuer les mêmes produits que ceux de l’ancien titulaire, ou qu’il aurait visé simplement à étendre la protection de la marque contestée en la faisant enregistrer. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait se fonder sur le seul fait que les marques antérieures n’étaient plus utilisées pour écarter la constatation de la mauvaise foi de l’ancien titulaire à la date d’enregistrement. En effet, comme cela a été constaté, les éléments de l’espèce établissent que l’enregistrement du signe contesté a été délibérément demandé afin de générer une association avec les marques antérieures et de profiter de leur renommée sur le marché automobile, voire même de concurrencer celles-ci dans l’hypothèse où elles seraient réutilisées par l’intervenante dans le futur. À cet égard, il n’appartenait pas à l’ancien titulaire d’évaluer les intentions commerciales futures de l’intervenante en tant que titulaire des marques antérieures, régulièrement renouvelées, ni même de conclure, en l’absence de demande en nullité visant ces dernières, que l’intervenante «n’avait pas la qualité de titulaire digne de protection». D’ailleurs, sans même qu’il soit nécessaire d’évaluer la véracité de l’allégation de l’OHMI présentée devant le Tribunal, selon laquelle il était courant sur le marché de l’automobile que des marques non utilisées pendant un temps assez long le soient à nouveau, en éditions limitées, pour des amateurs de voitures, il convient de constater qu’il ressort de l’article publié le 2 septembre 2008 dans un quotidien, repris par le site Internet Autohaus online, dont un extrait est joint à la lettre de l’ancien titulaire datée du 26 décembre 2008 et adressée à l’OHMI, que celui-ci avait pris connaissance, au plus tard à cette date et sans que cela ait eu pour conséquence qu’il renonçât à la marque contestée, du fait que l’intervenante envisageait de réutiliser des marques «telles que Talbot», notamment pour des véhicules à bas prix, suivant, selon l’article, sur ce point, l’entreprise Renault qui a fait revivre sa marque Dacia. Dans ces circonstances, une future intention de l’intervenante visant à réutiliser également sa marque SIMCA ne pouvait être exclue. Ces conclusions ne sont pas invalidées par les diverses allégations de la requérante, portant sur la «prescription acquisitive dans le droit de marque». Ainsi qu’il ressort des allégations de la requérante, celle-ci conteste qu’il puisse exister un principe juridique selon lequel une marque, déjà enregistrée, mais dont est arrivé «le terme de la période de protection», ne saurait être enregistrée à nouveau au profit d’un tiers qui n’en était pas le titulaire originel. La requérante se réfère, à cet égard, à l’article 19 et au considérant 11 du règlement n o 207/2009. Or, force est de constater que la question qui se pose dans le cas d’espèce n’est pas limitée à la question susvisée, mais, comme cela a déjà été souligné, la chambre de recours a pris en considération, pour conclure à la mauvaise foi de l’ancien titulaire, également des éléments factuels portant sur la notoriété résiduelle des marques antérieures et la logique commerciale dans laquelle s’inscrivait le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’ancien titulaire voulant profiter, par ce biais, desdites marques. Partant, contrairement à l’appréciation de la requérante, qui découle d’une lecture erronée de la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas proposé d’adopter le principe énoncé au point précédent. De ce fait, les références de la requérante au considérant 11 et à l’article 19 du règlement n o 207/2009 sont inopérantes, étant sans lien concret avec l’élément décisif ayant mené la chambre de recours à conclure à ce que le comportement de l’ancien titulaire était constitutif de mauvaise foi, à savoir avec le fait qu’il visait à profiter de la notoriété résiduelle des marques antérieures. S’agissant des diverses allégations de la requérante selon lesquelles l’engagement d’une action contre des marques antérieures opposables, susceptibles d’être déclarées nulles, n’était pas une condition du renversement de la présomption de mauvaise foi, il suffit de constater que la chambre de recours n’a pas appliqué une telle condition, mais, comme cela a déjà été constaté, qu’elle a analysé globalement l’ensemble des éléments pertinents en l’espèce (voir, notamment, les points 37 à 39 de la décision attaquée, lus conjointement avec le point 25 de celle-ci). S’agissant, ensuite, des allégations de la requérante selon lesquelles, même si les marques antérieures n’étaient pas susceptibles d’être déclarées nulles, elles ne protégeraient «que des éléments figuratifs ou la combinaison d’éléments figuratifs et verbaux alors que la marque litigieuse [était] une marque purement verbale dont le domaine de protection [était] différent», la requérante soutenant ainsi que les «domaines de protection» de ces marques étaient différents, il convient de relever qu’il ressort du raisonnement de la chambre de recours dans la décision attaquée, notamment des points 25, 27 et 38 de celle-ci, qu’elle estimait que la notoriété résiduelle des marques antérieures portait, en particulier, sur le mot «simca», seul élément verbal desdites marques figuratives, repris, tel quel, dans la marque contestée. De même, il ressort du raisonnement de la chambre de recours qu’elle a jugé que la marque communautaire de l’ancien titulaire s’inspirait des marques antérieures, visant à exploiter de manière parasitaire leur renommée et à tirer avantage de celle-ci par un usage illégitime du signe Simca. Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence de similitudes entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, non publié au Recueil, point 60, et la jurisprudence citée]. Dans ces circonstances et dans la mesure où l’ancien titulaire n’avait pas suggéré devant l’OHMI, arguments concrets à l’appui, que les marques en conflit seraient différentes au point de ne pas prêter à confusion, mais a uniquement renvoyé, à titre général, au fait que les marques antérieures étaient figuratives, il convient de conclure que ne s’imposait pas, à la chambre de recours, l’obligation d’expliciter plus en détail son appréciation des similitudes entre lesdites marques, ladite chambre ayant, par ailleurs, suffisamment illustré ses considérations susvisées, portant sur l’existence d’une notoriété résiduelle de l’élément verbal que ces marques ont en commun. S’agissant de l’allégation de la requérante portant sur le fait que «l’offre de dédommagement» qui avait été faite par l’ancien titulaire à l’intervenante ne saurait être, selon la jurisprudence [arrêt du Tribunal du 1 er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T‑291/09], considérée comme un indice de mauvaise foi, et de son allégation selon laquelle ni l’ancien titulaire ni elle-même n’avaient «abordé [l’intervenante] afin d’attirer l’attention de celle-ci sur [la marque communautaire en cause] et pour obtenir un avantage pécuniaire», il convient de souligner que, comme l’a relevé la requérante elle-même dans la requête, si la chambre de recours a rappelé dans la partie de la décision attaquée intitulée «faits incontestés» certains éléments jugés «d’une importance décisive pour l’appréciation des faits», elle ne les a, toutefois, pas tous repris dans la partie portant sur l’existence de la mauvaise foi. En particulier, force est de constater que la chambre de recours n’a pas tiré de conséquences spécifiques à cet égard de sa constatation faite au point 31 de la décision attaquée et portant sur «l’offre de dédommagement», dans le cadre de laquelle l’ancien titulaire affirmait être disposé, sous conditions, à renoncer à la marque contestée. Partant, l’allégation susvisée de la requérante, selon laquelle ne constitue pas un indice suffisant de la mauvaise foi l’offre de transaction portant sur la proposition de renoncer à une marque moyennant compensation, est, dans les circonstances de l’espèce, inopérante et ne saurait avoir d’effet sur la légalité de la décision attaquée. Il convient d’ajouter, à titre surabondant, que, alors que dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, point 70 supra (points 61 et 62), le Tribunal avait constaté que la demanderesse en nullité d’une marque communautaire n’avait pas apporté de preuves permettant de présumer que le titulaire de celle-ci ne pouvait ignorer l’existence de marques antérieures sur lesquelles avait été fondée l’allégation de sa mauvaise foi, en l’espèce, il est, au contraire, constant que l’ancien titulaire avait, déjà à la date du dépôt de la marque contestée, connaissance de l’existence des marques antérieures SIMCA de l’intervenante et de leur usage antérieur aux années 70. Dans ces circonstances, la proposition de renoncer à la marque communautaire en cas de dédommagement a une portée différente de celle faite dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, point 70 supra, notamment en raison du fait que l’ancien titulaire pouvait, dès le dépôt de sa demande d’enregistrement, s’attendre, de manière non purement hypothétique, à recevoir une proposition de compensation financière de la part de l’intervenante. Enfin, il convient d’écarter les autres allégations spécifiques de la requérante, aucune d’entre elles ne permettant d’invalider les conclusions susvisées. En premier lieu, le seul fait que l’ancien titulaire ait réellement commercialisé, sous la marque communautaire Simca, des bicyclettes électriques, «au moins depuis […] 2008», à le considérer démontré, ne saurait être jugé comme pertinent, dans la mesure où, comme cela ressort des points 37 à 40 de la décision attaquée, la conclusion de la chambre de recours portant sur l’existence de la mauvaise foi de l’ancien titulaire ne se fondait pas sur l’absence d’un intérêt réel à commercialiser les produits visés par ladite marque, mais plutôt sur ses intentions d’exploitation parasitaire de la renommée d’une marque enregistrée au profit d’autrui et connue sur le marché pertinent. En deuxième lieu, s’agissant des différentes références de la requérante aux procédures administratives et juridictionnelles en Allemagne, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, notamment aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que le régime de la marque communautaire était un système autonome constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques et dont l’application est indépendante de tout système national [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Rec. p. II-2353 , point 40, et la jurisprudence citée]. Au sens de cet arrêt, une décision provenant d’une instance nationale ne saurait lier ni les instances de l’OHMI ni le juge de l’Union. Cependant, il ressort également de la jurisprudence que ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence de l’Union, nationale ou internationale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec. p. II-2211 , points 69 à 71]. Or, en l’espèce, outre la pertinence de la déclaration de la chambre de recours faite au point 21 de la décision attaquée, selon laquelle elle ne savait pas quelles étaient les preuves déposées dans la procédure parallèle en Allemagne, de sorte que l’arrêt du Bundesgerichtshof ne pouvait constituer un précédent, il convient de constater que les marques antérieures, l’une française et l’autre internationale, protégée, notamment, dans plusieurs États membres de l’Union, peuvent produire des effets procéduraux différents, d’une part, dans la procédure parallèle portant sur une marque allemande et, d’autre part, dans la présente procédure qui porte sur la demande en nullité d’une marque communautaire pour cause de mauvaise foi et dans laquelle la question de la notoriété résiduelle des marques antérieures entre en considération. En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’activité indépendante que l’ancien titulaire avait menée pour Citroën AG à Cologne et, en 2005, pour une succursale de Peugeot à Brême n’avait aucun rapport avec sa demande de marque communautaire. En particulier, selon elle, si l’ancien titulaire avait acquis des informations dans le cadre de son activité temporaire en tant que prestataire de logiciels, il n’aurait, précisément, pas eu besoin de recherches supplémentaires pour procéder à la demande de marque «prétendument parasitaire». Or, à cet égard, il suffit de constater, de manière analogue à ce qui a été jugé aux points 70 et 71 ci-dessus, qu’il ressort de la structure et du contenu de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’est pas fondée, pour constater l’existence de la mauvaise foi de l’ancien titulaire, sur ladite relation de coopération qu’il avait eu, par le passé, avec l’intervenante ou d’autres entreprises relevant de son groupe. Enfin, s’agissant des allégations de la requérante, portant sur la «brièveté disproportionnée» de la décision attaquée et sur la prétendue absence de «la moindre argumentation juridique ainsi que de toute appréciation des principes du droit des marques», il convient de les rejeter, qu’elles visent une erreur d’appréciation au fond par la chambre de recours ou une insuffisance de motivation. À cet égard, premièrement, dans la mesure où la requérante viserait ainsi l’appréciation au fond du cas d’espèce par la chambre de recours, le Tribunal a déjà constaté, dans l’ensemble des développements présentés dans le présent arrêt, le bien-fondé de la décision attaquée. Dans ce cadre, le Tribunal a tenu compte tant des développements juridiques présentés par la chambre de recours que des «principes du droit des marques». Deuxièmement, s’il convient de comprendre les allégations susvisées de la requérante comme visant une prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée, il suffit de constater que, comme il ressort des considérations énoncées par la chambre de recours, telles que résumées aux points 9 à 22 ci-dessus, celle-ci a fait apparaître, conformément à une jurisprudence constante, de façon claire et non‑équivoque son raisonnement, ayant ainsi permis à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise, et, par suite, de défendre ses droits, et au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite décision [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 octobre 2013, Electric Bike World/OHMI – Brunswick (LIFECYCLE), T‑379/12, non publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée]. Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante, ainsi que le recours dans son ensemble. Sur les dépens Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Simca Europe Ltd est condamnée aux dépens. Dittrich Schwarcz Tomljenović Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2014. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

62013CJ0128

de

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommission vom 27. November 1987 über gemeinsame Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen ( ABl. L 351, S. 1 ) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1829/94 der Kommission vom 26. Juli 1994 ( ABl. L 191, S. 5 ) geänderten Fassung (im Folgenden: Verordnung Nr. 3665/87) und von Art. 19 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EWG) Nr. 2220/85 der Kommission vom 22. Juli 1985 mit gemeinsamen Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Sicherheiten für landwirtschaftliche Erzeugnisse ( ABl. L 205, S. 5 ) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 3403/93 der Kommission vom 10. Dezember 1993 ( ABl. L 310, S. 4 ) geänderten Fassung (im Folgenden: Verordnung Nr. 2220/85). Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Cruz & Companhia Lda (im Folgenden: Cruz & Companhia) auf der einen Seite und dem Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) und der Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL (im Folgenden: CCAM) auf der anderen Seite wegen der Weigerung, eine Banksicherheit zur Gewährleistung der Rückzahlung eines Vorschusses auf die Ausfuhrerstattung freizugeben, der für die im Jahr 1995 erfolgten Ausfuhren von Wein gezahlt wurde, und wegen der Inanspruchnahme dieser Sicherheit. Rechtlicher Rahmen Art. 56 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 des Rates vom 16. März 1987 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein ( ABl. L 84, S. 1 ) sah vor: „(1)   Um eine wirtschaftlich bedeutende Ausfuhr der [unter die gemeinsame Marktorganisation für Wein fallenden] Erzeugnisse auf der Grundlage der Preise zu ermöglichen, die im internationalen Handel für diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Gemeinschaft, soweit erforderlich, durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden … (2)   Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. Die Erstattung wird auf Antrag gewährt. (3)   Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission die Grundregeln für die Gewährung der Erstattungen bei der Ausfuhr und die Kriterien für die Festsetzung des Erstattungsbetrags fest. (4)   Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 83 festgelegt. …“ Art. 71 Abs. 2 der Verordnung Nr. 822/87 bestimmte: „Alle natürlichen oder juristischen Personen und Personenvereinigungen, die in Ausübung ihres Berufs Erzeugnisse im Sinne von Artikel 1 [einschließlich Erzeugnisse im Zusammenhang mit Wein wie im vorliegenden Fall] besitzen, insbesondere die Erzeuger, Abfüllbetriebe, Verarbeitungsbetriebe sowie die noch zu bestimmenden Händler sind verpflichtet, über die Ein- und Ausgänge der genannten Erzeugnisse Buch zu führen.“ Die gemeinsamen Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen wurden von der Kommission in der Verordnung Nr. 3665/87 erlassen. In den Erwägungsgründen 3, 4 und 16 der Verordnung Nr. 3665/87 hieß es: „Die vom Rat erlassenen Grundregeln sehen vor, dass die Erstattung gewährt wird, wenn nachgewiesen ist, dass die Erzeugnisse aus der Gemeinschaft ausgeführt worden sind … Bestimmte Ausfuhren können zu Missbräuchen Anlass geben. Um diese zu verhindern, ist die Zahlung der Erstattung bei solchen Ausfuhren außer von der Bedingung, dass das Erzeugnis das Zollgebiet der Gemeinschaft verlassen hat, auch von der Bedingung abhängig zu machen, dass das Erzeugnis in ein Drittland eingeführt und – gegebenenfalls – dort tatsächlich in den Verkehr gebracht worden ist. … Um den Ausführern die Finanzierung ihrer Ausfuhren zu erleichtern, sind die Mitgliedstaaten zu ermächtigen, ihnen nach Annahme der Ausfuhranmeldung den Erstattungsbetrag ganz oder teilweise als Vorschuss zu zahlen, vorbehaltlich einer Sicherheitsleistung, die die Rückzahlung des Vorschusses für den Fall gewährleistet, dass sich nachträglich herausstellt, dass die Erstattung nicht hätte gezahlt werden dürfen.“ Art. 4 Absatz 1 der Verordnung Nr. 3665/87 lautete: „Unbeschadet der Artikel 5 und 16 ist die Zahlung der Ausfuhrerstattung von dem Nachweis abhängig, dass die Erzeugnisse, für welche die Ausfuhranmeldung angenommen wurde, spätestens sechzig Tage nach dieser Annahme das Zollgebiet der Gemeinschaft in unverändertem Zustand verlassen haben.“ Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 3665/87 bestimmte: „Eine Ausfuhrerstattung wird nicht gewährt, wenn die Erzeugnisse nicht von gesunder und handelsüblicher Qualität sind; sind diese Erzeugnisse zur menschlichen Ernährung bestimmt, so darf ihre Verwendung zu diesem Zweck aufgrund ihrer Eigenschaften oder ihres Zustands nicht ausgeschlossen oder wesentlich eingeschränkt sein.“ Art. 18 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 3665/87 sah vor: „Der Nachweis der Erfüllung der Zollförmlichkeiten für die Abfertigung zum freien Verkehr erfolgt nach Wahl des Ausführers durch Vorlage eines der folgenden Dokumente: … b) eine Bescheinigung über die Entladung und Abfertigung zum freien Verkehr, die von einer von der Kommission nach dem Verfahren gemäß Absatz 4 zugelassenen internationalen Kontroll- und Überwachungsgesellschaft ausgestellt wurde. Datum und Nummer des Zollpapiers über die Abfertigung zum freien Verkehr sind auf der Bescheinigung zu vermerken.“ Art. 22 in Kapitel 2 („Vorschüsse der Erstattung bei unmittelbarer Ausfuhr“) der Verordnung Nr. 3665/87 bestimmte: „(1)   Auf Antrag des Ausführers zahlen die Mitgliedstaaten den Erstattungsbetrag ganz oder teilweise nach der Annahme der Ausfuhranmeldung als Vorschuss, sofern eine Sicherheit in Höhe des Betrags dieses Vorschusses zuzüglich 15 % geleistet wird. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, unter welchen Bedingungen die teilweise Zahlung der Erstattung als Vorschuss beantragt werden kann. (2)   Der Betrag des Vorschusses wird unter Berücksichtigung des für die angegebene Bestimmung geltenden Erstattungssatzes errechnet; er wird gegebenenfalls um die sonstigen in der gemeinschaftlichen Regelung vorgesehenen Beträge berichtigt.“ Art. 33 Abs. 1 der Verordnung Nr. 3665/87 lautete: „Ist der Anspruch auf eine Erstattung für Erzeugnisse oder Waren, auf welche die Vorschriften dieses Kapitels Anwendung finden, nachgewiesen worden, so wird der betreffende Betrag mit dem vorfinanzierten Betrag verrechnet. Ist der für die Ausfuhrmenge fällige Betrag höher als der vorfinanzierte Betrag, so ist dem Beteiligten die Differenz zu zahlen. Ist, namentlich im Fall der Anwendung des Absatzes 2, der für die ausgeführte Menge fällige Betrag niedriger als der vorfinanzierte Betrag, so leitet die zuständige Behörde unverzüglich das Verfahren nach Artikel 29 der Verordnung (EWG) Nr. 2220/85 ein, um zu erwirken, dass der Beteiligte den Differenzbetrag erstattet, der um 20 % erhöht wird.“ Die Verordnung Nr. 2220/85 legte die Vorschriften für die Sicherheiten fest, die entweder u. a. aufgrund der Verordnung Nr. 822/87 oder aufgrund von Durchführungsvorschriften hierzu zu leisten sind. Art. 19 in Titel IV („Vorschusszahlungen“) der Verordnung Nr. 2220/85 bestimmte: „(1)   Die Sicherheit wird freigegeben, wenn a) der Anspruch auf die endgültige Zahlung des als Vorschuss gezahlten Betrages nachgewiesen ist oder b) der Vorschuss zuzüglich des in der besonderen Gemeinschaftsregelung vorgesehenen Zuschlags zurückgezahlt wurde. (2)   Wird der Anspruch auf die endgültige Zahlung des Vorschusses nicht fristgerecht nachgewiesen, so leitet die zuständige Stelle unverzüglich das Verfahren nach Artikel 29 ein. …“ Art. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2238/93 der Kommission vom 26. Juli 1993 über die Begleitpapiere für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und die im Weinsektor zu führenden Ein- und Ausgangsbücher ( ABl. L 200, S. 10 ) sah vor: „(1)   Diese Verordnung enthält die Durchführungsbestimmungen zu Artikel 71 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 über die Begleitpapiere für die Beförderung von Erzeugnissen des Weinbaus, unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 92/12/EWG [des Rates vom 25. Februar 1992 über das allgemeine System, den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren ( ABl. L 76, S. 1 )]. Sie enthält a) die Regeln für die Bescheinigung der Ursprungsbezeichnung für Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete und für die Bescheinigung der Herkunftsangaben bei mit einer geografischen Angabe zu versehenden Tafelweinen auf den die Beförderung dieser Weine begleitenden Papiere, die ebenfalls nach den auf die Richtlinie [92/12] gestützten Gemeinschaftsvorschriften ausgestellt worden sind; b) die Regeln für die Ausstellung von Begleitpapieren für die Beförderung der in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 genannten Weinbauerzeugnisse: — für die Beförderung innerhalb eines Mitgliedstaats, sofern sie nicht von einem Papier begleitet wird, das nach den auf die Richtlinie [92/12] gestützten Gemeinschaftsvorschriften vorgeschrieben ist; — bei der Ausfuhr in ein Drittland; — beim Handel zwischen den Mitgliedstaaten, sofern — die Beförderung von einem Kleinerzeuger, der von dem Abgangsmitgliedstaat von der Ausstellung eines vereinfachten Begleitdokuments befreit wurde, durchgeführt wird; — es sich um die Beförderung eines Weinbauerzeugnisses handelt, das keiner Verbrauchsteuer unterliegt; c) ergänzende Bestimmungen für die Ausstellung — des begleitenden Verwaltungsdokuments oder des an dessen Stelle verwendeten Handelsdokuments und — des vereinfachten Begleitdokuments oder des an dessen Stelle verwendeten Handelsdokuments, [d]ie zur Begleitung von Beförderungen der in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 genannten Weinbauerzeugnisse vorgesehen sind. (2)   Mit dieser Verordnung wird ferner die Führung der Ein- und Ausgangsbücher geregelt, zu der die Personen verpflichtet sind, die gewerbsmäßig Weinbauerzeugnisse vorrätig halten.“ Ausgangsverfahren und Vorlagefragen Cruz & Companhia ist eine Handelsgesellschaft, deren Tätigkeit im Vertrieb von Wein, Branntwein und aus diesen hergestellten Waren einschließlich der Herstellung, Lagerung und des Einkaufs zum Wiederverkauf besteht. Im Rahmen ihrer Tätigkeit führte diese Gesellschaft Wein nach Angola zu einem geringeren Preis aus als zu dem, den sie erzielt hätte, wenn sie den Wein im Markt der Europäischen Union verkauft hätte. Im Juni 1995 beantragte Cruz & Companhia beim Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (im Folgenden: INGA) die Zahlung der Erstattung als Vorschuss. Zu diesem Zweck legte sie die Annahme der Ausfuhranmeldung, den Nachweis, dass die Waren das Zollgebiet der Union innerhalb von 60 Tagen ab dieser Annahme verlassen hatten, und eine bei der CCAM eingerichtete Banksicherheit vom 14. Juni 1995 in Höhe des Vorschusses auf die Erstattung zuzüglich 15 % vor. Die Ausfuhrerstattung wurde am 26. Juni 1995 als Vorschuss an Cruz & Companhia gezahlt. Nach der Durchführung der Ausfuhr legte Cruz & Companhia dem INGA die Dokumente über die Ausfuhr vor, nämlich Rechnungen, Bescheinigungen, die Erklärung über die Zusammensetzung der Waren, die gewählte Stichprobe und die Erklärung über die Einfuhranmeldung. Die Waren wurden in das Bestimmungsdrittland eingeführt und verzollt. Das INGA hat Cruz & Companhia die Banksicherheit nicht erstattet. Nach einer Überprüfung der Ordnungsgemäßheit der von Cruz & Companhia durchgeführten Weinausfuhren ordnete das INGA mit Entscheidung vom 29. Juli 2004 unter Androhung der Einleitung der notwendigen Schritte zur Inanspruchnahme der Banksicherheit die Rückzahlung des von Cruz & Companhia als Ausfuhrerstattung erhaltenen Betrags innerhalb einer Frist von 30 Tagen an. Cruz & Companhia, die den geforderten Betrag nicht freiwillig zahlte, focht die Entscheidung des INGA vom 29. Juli 2004 mit einer Klage beim Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu an. Am 25. Juli 2008 wurde die Klage der Cruz & Companhia als unbegründet abgewiesen. Cruz & Companhia legte gegen diese Entscheidung Rechtsmittel beim Tribunal Central Administrativo do Norte ein. Mit inzwischen rechtskräftigem Urteil vom 9. Juli 2009 wies dieses Gericht das Rechtsmittel zurück und bestätigte die Entscheidung des Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu. Cruz & Companhia erhob beim vorlegenden Gericht eine Feststellungsklage gegen das IFAP, die Nachfolgeeinrichtung des INGA, und der CCAM, mit der sie beantragte, festzustellen, dass der Zweck der Banksicherheit am 31. August 1995, am Tag der Vorlage der Dokumente, mit denen die Einfuhr der Waren nach Angola nachgewiesen wurde, erloschen und die Verwendung der Banksicherheit durch das IFAP unter diesen Umständen rechtswidrig und missbräuchlich gewesen sei. Cruz & Companhia beantragte auch, die CCAM zu verurteilen, die fragliche Banksicherheit nicht an das IFAP auszuzahlen, sowie das IFAP zu verurteilen, sie in beantragter Höhe zu entschädigen. Vor dem vorlegenden Gericht stellte sich die Frage, ob der Anspruch auf die endgültige Zahlung des Erstattungsbetrags nachgewiesen war und folglich die Sicherheit zur Gewährleistung der Rückzahlung des als Vorschuss gezahlten Betrags freizugeben war, da der Ausführer die Annahme der Ausfuhranmeldung und den Nachweis, dass die Waren das Zollgebiet der Union innerhalb von 60 Tagen verlassen haben und in das Bestimmungsdrittland eingeführt wurden, vorgelegt hat, oder ob es zudem notwendig gewesen wäre, sich zu vergewissern, dass die als Vorschuss für die Erstattung erhaltenen Beträge zu zahlen waren. Unter diesen Umständen hat das Tribunal da Relação de Lisboa beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 1. Ist der Sicherungsanspruch im Fall einer Vorfinanzierung der Erstattung als erloschen anzusehen, wenn erwiesen ist, dass der Ausführer die Dokumente über die Annahme der Ausfuhranmeldung vorgelegt hat und nachgewiesen ist, dass die Waren das Zollgebiet der Gemeinschaft innerhalb der Höchstfrist von 60 Tagen ab dieser Annahme verlassen haben? 2. Ist dies erst recht der Fall, wenn der Ausführer sogar die Verzollung dieser Waren im Einfuhrdrittland nachgewiesen hat? 3. Oder setzt die Freigabe der Sicherheit neben dem Nachweis, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, vielmehr voraus, dass der Staat nicht aus irgendwelchen anderen – mit Unregelmäßigkeiten bei der Ausfuhr zusammenhängenden – Gründen berechtigt ist, die vorfinanzierte Erstattung zurückzufordern? Zu den Vorlagefragen Mit seinen Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 19 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 2220/85 dahin auszulegen ist, dass die von einem Ausführer zur Gewährleistung der Rückzahlung des auf die Ausfuhrerstattung erhaltenen Vorschusses geleistete Sicherheit als erloschen anzusehen ist, wenn erwiesen ist, dass der Ausführer die Dokumente über die Annahme der Ausfuhranmeldung vorgelegt hat, nachgewiesen ist, dass die Waren das Zollgebiet der Union innerhalb der Höchstfrist von 60 Tagen ab dieser Annahme verlassen haben und der Ausführer die Verzollung dieser Waren im Einfuhrdrittland nachgewiesen hat. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Mitgliedstaaten nach Art. 22 der Verordnung Nr. 3665/87 gehalten sind, auf Antrag des Ausführers den Erstattungsbetrag ganz oder teilweise nach der Annahme der Ausfuhranmeldung als Vorschuss zu zahlen, sofern eine Sicherheit geleistet wird. Was die Voraussetzungen betrifft, unter denen diese Sicherheit freigegeben werden muss, ist festzustellen, dass nach Art. 19 Abs. 1 Buchst. a in Titel IV („Vorschusszahlungen“) der Verordnung Nr. 2220/85 die Sicherheit freigegeben wird, wenn der Anspruch auf die endgültige Zahlung des als Vorschuss gezahlten Betrags nachgewiesen ist. In ihren beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen ist Cruz & Companhia der Ansicht, dass mit der Sicherheit gewährleistet werden solle, dass die Ausfuhr, für die die Erstattung als Vorschuss gezahlt worden sei, durchgeführt worden sei, dass die Ware im Bestimmungsland angekommen und in diesem Land innerhalb der gesetzten Frist in den Verkehr gebracht worden sei. Nach Art. 4 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 3665/87 müsse die Sicherheit freigegeben werden, sobald der Ausführer die Verzollungsbescheinigung vorgelegt habe, da zu diesem Zeitpunkt der Anspruch auf Zahlung der Erstattung endgültig geworden sei. Dazu ist festzustellen, dass nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung Nr. 3665/87 die Zahlung der Ausfuhrerstattung von dem Nachweis abhängig ist, dass die Erzeugnisse, für die die Ausfuhrerklärung angenommen wurde, spätestens 60 Tage nach dieser Annahme das Zollgebiet der Union in unverändertem Zustand verlassen haben. In dieser Bestimmung gibt es keinen Hinweis auf einen endgültigen Anspruch auf Zahlung dieser Erstattung. Wie aus dem 16. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 3665/87 hervorgeht, soll die gemäß Art. 22 dieser Verordnung eingerichtete Sicherheitsleistung die Rückzahlung des Vorschusses für den Fall gewährleisten, dass sich nachträglich herausstellt, dass die Erstattung nicht hätte gezahlt werden dürfen. Nach Art. 13 dieser Verordnung wird eine Ausfuhrerstattung nicht gewährt, wenn die Erzeugnisse nicht von „gesunder und handelsüblicher Qualität“ sind; sind diese Erzeugnisse zur menschlichen Ernährung bestimmt, so darf ihre Verwendung zu diesem Zweck aufgrund ihrer Eigenschaften oder ihres Zustands nicht ausgeschlossen oder wesentlich eingeschränkt sein. Zur „gesunden und handelsüblichen Qualität“ ist festzustellen, dass Art. 13 der Verordnung Nr. 3665/87 zu Kapitel 1 („Anspruch auf die Erstattung“) des Titels 2 („Ausfuhr nach Drittländern“) dieser Verordnung gehört, was zeigt, dass es sich bei der „gesunden und handelsüblichen Qualität“ um eine materielle Voraussetzung für die Gewährung der Erstattungen handelt (vgl. Urteil Fleisch-Winter, C‑309/04, EU:C:2005:732 , Rn. 28). Aus Art. 13 der Verordnung Nr. 3665/87 geht auch hervor, dass die Mitgliedstaaten zu prüfen haben, ob die in Drittstaaten ausgeführten Erzeugnisse gesunde und handelsübliche Qualität haben (vgl. in diesem Sinne Urteil Deutschland/Kommission, C‑54/95, EU:C:1999:11 , Rn. 49). Die portugiesische Regierung trägt in ihren schriftlichen Erklärungen vor, dass nach einer Kontrolle der Tätigkeiten von Cruz & Companhia, festgestellt worden sei, dass dieser Ausführer die nach den spezifischen Vorschriften verpflichtend zu führenden Ein- und Ausgangsbücher nicht geführt habe. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 71 Abs. 2 der Verordnung Nr. 822/87 alle natürlichen oder juristischen Personen und Personenvereinigungen, die in Ausübung ihres Berufs Weinbauerzeugnisse im Sinne von Art. 1 dieser Verordnung besitzen, insbesondere die Erzeuger, Abfüllbetriebe, Verarbeitungsbetriebe sowie die noch zu bestimmenden Händler, verpflichtet sind, über die Ein- und Ausgänge der genannten Erzeugnisse Buch zu führen. Außerdem ergibt sich aus Art. 1 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2238/93, dass diese die Durchführungsbestimmungen zu Art. 71 der Verordnung Nr. 822/87 über die Begleitpapiere für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen enthält. Es ist festzustellen, dass, wenn der Ausführer seiner Buchführungspflicht nach den Verordnungen Nr. 822/87 und Nr. 2238/93 nicht nachgekommen ist, was das vorlegende Gericht zu ermitteln hat, die Mitgliedstaaten nicht kontrollieren können, ob die in Drittstaaten ausgeführten Erzeugnisse nach Art. 13 der Verordnung Nr. 3665/87 gesunde und handelsübliche Qualität haben, und daher nicht sicherstellen können, dass die dem System der Vorauszahlung von Ausfuhrerstattungen zugrunde liegenden Bedingungen erfüllt sind. Nach ständiger Rechtsprechung muss der Ausführer die Konsequenzen aus der Nichteinhaltung der Verpflichtungen tragen, die mit der Regelung der Vorfinanzierung von Ausfuhrerstattungen verbunden sind (vgl. in Bezug auf die Auslegung von Art. 33 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 3665/87 Urteil Groupe Limagrain Holding, C‑402/10, EU:C:2011:704 , Rn. 52). Auf die Vorlagefragen ist daher zu antworten, dass Art. 19 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 2220/85 dahin auszulegen ist, dass die von einem Ausführer zur Gewährleistung der Rückzahlung des auf die Ausfuhrerstattung erhaltenen Vorschusses geleistete Sicherheit auch dann nicht als erloschen anzusehen ist, wenn erwiesen ist, dass der Ausführer die Dokumente über die Annahme der Ausfuhranmeldung vorgelegt hat, nachgewiesen ist, dass die Waren das Zollgebiet der Union innerhalb der Höchstfrist von 60 Tagen ab dieser Annahme verlassen haben, und der Ausführer die Verzollung dieser Waren im Einfuhrdrittland nachgewiesen hat, wenn die anderen in Art. 13 der Verordnung Nr. 3665/87 genannten Voraussetzungen für die Gewährung der Erstattung, insbesondere die Voraussetzung gesunder und handelsüblicher Qualität der ausgeführten Erzeugnisse, nicht erfüllt sind. Kosten Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des beim vorlegenden Gericht anhängigen Verfahrens; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig. Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) für Recht erkannt: Art. 19 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EWG) Nr. 2220/85 der Kommission vom 22. Juli 1985 mit gemeinsamen Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Sicherheiten für landwirtschaftliche Erzeugnisse in der durch die Verordnung (EG) Nr. 3403/93 der Kommission vom 10. Dezember 1993 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass die von einem Ausführer zur Gewährleistung der Rückzahlung des auf die Ausfuhrerstattung erhaltenen Vorschusses geleistete Sicherheit auch dann nicht als erloschen anzusehen ist, wenn erwiesen ist, dass der Ausführer die Dokumente über die Annahme der Ausfuhranmeldung vorgelegt hat, nachgewiesen ist, dass die Waren das Zollgebiet der Europäischen Union innerhalb der Höchstfrist von 60 Tagen ab dieser Annahme verlassen haben, und der Ausführer die Verzollung dieser Waren im Einfuhrdrittland nachgewiesen hat, wenn die anderen in Art. 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 der Kommission vom 27. November 1987 über gemeinsame Durchführungsvorschriften für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1829/94 der Kommission vom 26. Juli 1994 geänderten Fassung genannten Voraussetzungen für die Gewährung der Erstattung, insbesondere die Voraussetzung gesunder und handelsüblicher Qualität der ausgeführten Erzeugnisse, nicht erfüllt sind. Unterschriften ( *1 ) Verfahrenssprache: Portugiesisch.

62019TJ0009

mt

Il-fatti li wasslu għall-kawża Il-Konvenzjoni ta’ Aarhus Fil‑25 ta’ Ġunju 1998, il-Komunità Ewropea, li sussegwentement saret l-Unjoni Ewropea, iffirmat f’Aarhus il-Konvenzjoni dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali, magħrufa bħala l-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Il-Konvenzjoni ta’ Aarhus daħlet fis-seħħ fit‑30 ta’ Ottubru 2001. Sussegwentement, hija ġiet approvata, f’isem il-Komunità, permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/370/KE tas‑17 ta’ Frar 2005 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus ( ĠU 2005, L 124, p. 1 ). Minn din id-data, l-Unjoni saret ukoll parti għal din il-konvenzjoni. L-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, intitolat “Suġġett”, jistipula li, [s]abiex tikkontribwixxi għall-protezzjoni tad-dritt ta’ kull persuna, fil-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri, li tgħix f’ambjent adegwat sabiex jiġu żgurati s-saħħa u l-benesseri tagħha, kull Parti [għall-Konvenzjoni] għandha tiggarantixxi d-drittijiet ta’ aċċess għall-informazzjoni dwar l-ambjent, ta’ parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u ta’ aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali konformement mad-dispożizzjonijiet [tal-]Konvenzjoni”. [traduzzjoni mhux uffiċjali] Skont il-gwida għall-applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, id-dritt ta’ aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali, previst fl-Artikolu 9(1) u (2) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, huwa intiż li jiżgura, b’mod speċifiku, id-drittijiet ta’ aċċess għall-informazzjoni dwar l-ambjent u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċess deċiżjonali fil-qasam ambjentali, kif iggarantiti minn din l-istess konvenzjoni. L-Artikolu 9(3) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, min-naħa tiegħu, jistipula, b’mod iktar ġenerali, li kull parti għandha tiżgura li l-membri tal-pubbliku li jissodisfaw il-kriterji eventwali previsti mid-dritt intern tagħha jistgħu iniedu proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji biex jikkontestaw l-atti jew l-ommissjonijiet ta’ individwi jew ta’ awtoritajiet pubbliċi li jiksru xi dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali dwar l-ambjent. Il-gwida għall-applikazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus tindika wkoll dan li ġej. Il-partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Aarhus żammew marġni ta’ diskrezzjoni kunsiderevoli għan-nomina tal-qrati (qorti jew korp amministrattiv) u forom proċedurali (dritt ċivili, amministrattiv jew kriminali per eżempju) li għandhom ikunu aċċessibbli sabiex ikunu jistgħu jiġu kkontestati l-atti u l-ommissjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9(3) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni l-obbligu ġenerali stabbilit fl-Artikolu 3(1) ta’ din l-istess konvenzjoni li jiġi stabbilit u li jinżamm qafas preċiż, trasparenti u koerenti, il-partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Aarhus ma għandhom l-ebda ostakolu għall-provvista ta’ proċeduri ta’ reviżjoni differenti għal tipi differenti ta’ atti jew ta’ ommissjonijiet. L-għan ta’ kull proċedura ta’ rimedju amministrattiv jew ġudizzjarju huwa li jiġu kkoreġuti deċiżjonijiet, atti u ommissjonijiet żbaljati kif ukoll li jinkiseb finalment kumpens għall-ksur tal-liġi. Skont l-Artikolu 9(4) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, il-partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Aarhus għandhom jiżguraw li l-istanzi ta’ rimedji joffru rimedji “suffiċjenti u effettivi” [traduzzjoni mhux uffiċjali], inkluż rimedju permezz ta’ ordni jekk ikun meħtieġ. Minbarra li jispeċifika t-tipi ta’ rimedji ġudizzjarji, l-Artikolu 9(4) u (5) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus jeżiġi li l-partijiet għaliha jiżguraw li l-proċeduri ta’ rimedji msemmija fil-paragrafi 1 sa 3 ikunu “oġġettivi, ekwi u rapidi, mingħajr ma jkunu jinvolvu spejjeż projbittivi” u li dawn ikunu s-suġġett ta’ informazzjoni lill-pubbliku. Fuq il-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent u l-implementazzjoni tal-Artikolu 9(3) u (4) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus permezz tar-Regolament Aarhus Il-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent hija bbażata fuq l-Artikoli 191 sa 193 TFUE kif ukoll fuq l-Artikolu 11 TFUE, li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli b’mod trasversali. L-Artikolu 191 TFUE jiddefinixxi l-kamp ta’ applikazzjoni tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent u jipprevedi sensiela ta’ għanijiet (paragrafu 1), ta’ prinċipji (paragrafu 2) u ta’ kriterji (paragrafu 3) li l-leġiżlatur tal-Unjoni għandu josserva fl-implementazzjoni ta’ din il-politika. Skont l-Artikolu 191(1) TFUE, l-għanijiet tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent huma dawn li ġejjin: – “salvagwardja, il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità ta’ l-ambjent – ħarsien tas-saħħa tal-bniedem; – użu għaqli u razzjonali tar-riżorsi naturali; – promozzjoni ta’ miżuri fil-livell internazzjonali sabiex jitrattaw problemi ambjentali reġjonali jew globali, u b’mod partikolari li jiġġieldu l-bidla fil-klima.” Fil-mument tal-fatti, l-azzjoni konkreta tal-Unjoni kienet prinċipalment ibbażata fuq il-programm ta’ azzjoni għall-ambjent għall-perijodu 2014–2020. Hija kellha tliet għanijiet li kienu, l-ewwel nett, il-preżervazzjoni tal-kapital naturali (fertilità tal-ħamrija, kwalità tal-arja u tal-ilma, bijodiversità, eċċ), it-tieni, it-trasformazzjoni tal-Unjoni f’ekonomija soda tal-karbonju u mkejla fl-użu tagħha tar-riżorsi (trattament tal-iskart, ġlieda kontra l-ħela, riċiklaġġ, eċċ.) u, it-tielet, il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-benesseri tal-bniedem (ġlieda kontra t-tniġġis, limitazzjoni tal-prodotti kimiċi, eċċ). Minbarra dawn l-għanijiet, il-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent kienet dejjem iktar integrata fl-oqsma l-oħra ta’ azzjoni tal-Unjoni. Pereżempju, il-pakkett fuq il-klima u l-enerġija sal-2020, imbagħad l-2030, kien jintegra għanijiet nazzjonali vinkolanti sabiex tiżdied il-parti tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum nazzjonali. L-Artikolu 191(4) TFUE jippreċiża l-portata tal-kompetenza esterna tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent. Huwa jistabbilixxi l-prinċipju ta’ kompetenza konkorrenti tal-Istati Membri u tal-Unjoni sabiex jikkonkludu ftehim internazzjonali fil-qasam tal-ambjent mal-pajjiżi terzi u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti. Sabiex tilħaq l-għanijiet tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent, il-Komunità, li sussegwentement saret l-Unjoni, iffirmat il-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Sabiex tiġi implimentata din il-konvenzjoni fl-ordinament ġuridiku tal-Unjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adottaw ir-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tas‑6 ta’ Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-[Unjoni] tad-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali ( ĠU 2006, L 264, p. 13 , iktar ’il quddiem ir-“Regolament Aarhus”), li jistabbilixxi b’mod partikolari, skont l-Artikolu 1(1)(d) tiegħu, “regoli sabiex jiġu applikati d-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni għall-istituzzjonijiet u korpi tal-[Unjoni], partikolarment billi […] jingħata aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali fil-livell [tal-Unjoni] taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti [bl-imsemmi] Regolament”. Skont l-Artikolu 14 tiegħu, ir-Regolament Aarhus daħal fis-seħħ fit‑28 ta’ Ġunju 2007. Skont l-Artikolu 10(1) tar-Regolament Aarhus, kull organizzazzjoni mhux governattiva (NGO) li tissodisfa l-kriterji previsti fl-Artikolu 11 tal-imsemmi regolament għandha s-setgħa li tagħti bidu, permezz ta’ talba motivata, għal eżami mill-ġdid intern ta’ att amministrattiv mal-istituzzjoni jew mal-korp tal-Unjoni li adottah abbażi tad-dritt tal-ambjent. Il-premessa (11) tar-Regolament Aarhus tipprevedi li l-atti amministrattivi li għandhom applikazzjoni individwali għandhom ikunu miftuħa għall-possibbiltà ta’ eżami mill-ġdid intern fejn dawn jorbtu legalment u għandhom effetti esterni. F’dan is-sens, l-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus jiddefinixxi l-kunċett ta’ “att amministrattiv” għall-finijiet tal-imsemmi regolament bħala kwalunkwe miżura ta’ ambitu individwali taħt il-liġi ambjentali, meħuda minn xi istituzzjoni jew korp tal-Unjoni, u li għandha effetti esterni u li jorbtu legalment. Il-premessa 10 tar-Regolament Aarhus tindika li, “[f]id-dawl tal-fatt li l-liġi dwar l-ambjent qed tevolvi kontinwament, id-definizzjoni ta’ liġi ambjentali għandha tirriferi għall-għanijiet tal-politika [tal-Unjoni] dwar l-ambjent kif stabbiliti fit-Trattat [FUE]”. F’dan is-sens, l-Artikolu 2(1)(f) tar-Regolament Aarhus jiddisponi li, għall-finijiet tal-imsemmi regolament, il-“liġi ambjentali” tfisser kull dispożizzjoni leġiżlattiva tal-Unjoni li, irrispettivament mill-bażi legali tagħha, tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent kif previsti mit-Trattat FUE, jiġifieri l-preservazzjoni, il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent, il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, l-użu prudenti u razzjonali tar-riżorsi naturali, u l-promozzjoni ta’ miżuri fil-livell internazzjonali sabiex jiġu trattati problemi ambjentali reġjonali jew dinjija. Barra minn hekk, konformement mal-Artikolu 12(1) tar-Regolament Aarhus, l-NGO li tkun għamlet it-talba għal eżami mill-ġdid intern skont l-Artikolu 10 tal-imsemmi regolament tista’ tadixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat FUE. Fil-premessa 18 tar-Regolament Aarhus, il-leġiżlatur ippreċiża f’dan ir-rigward li, konformement mal-Artikolu 9(3) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus u mat-Trattat FUE, l-imsemmi regolament kien intiż li jippermetti li jinbdew proċeduri ġudizzjarji jew proċeduri ta’ rimedji oħra sabiex jiġu kkontestati l-atti u l-ommissjonijiet tal-awtoritajiet pubbliċi li jmorru kontra d-dritt tal-ambjent. Barra minn hekk, huwa indika li d-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess għall-ġustizzja għandhom ikunu konsistenti mat-Trattat FUE. Fl-aħħar nett, fil-premessi 19 u 21 tar-Regolament Aarhus, il-leġiżlatur ippreċiża li, sabiex jiġu żgurati rimedji ġudizzjarji adegwati u effikaċi, inklużi dawk disponibbli quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat FUE, kien meħtieġ li l-istituzzjoni jew il-korp tal-Unjoni li kien fl-oriġini tal-att ikkontestat jew tal-ommissjoni jkollhom il-possibbiltà li jeżaminaw mill-ġdid id-deċiżjoni tiegħu jew li jaġixxu u li, meta t-talbiet preċedenti għal eżami mill-ġdid intern ma kinux irnexxew, l-ONG ikkonċernata kellha tkun tista’ tadixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea konformement mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat FUE. Mill-premessi tar-Regolament Aarhus iċċitati fil-punt 16 iktar ’il fuq jirriżulta li, fis-sistema ta’ aċċess għall-ġustizzja fil-qasam tal-ambjent stabbilita mill-Artikoli 10 sa 12 ta’ dan ir-regolament, l-eżami mill-ġdid intern huwa maħsub bħala proċedura amministrattiva qabel rikors eventwali quddiem il-qorti tal-Unjoni, li għandha tiġi ppreżentata konformement mad-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat FUE. Barra minn hekk, minn dawn l-istess premessi jirriżulta li l-għan tas-sistema ta’ aċċess għall-ġustizzja stabbilita mill-Artikoli 10 sa 12 tar-Regolament Aarhus huwa intiż biss għall-istħarriġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-ambjent tal-Unjoni. F’dan is-sens, il-punt (1) tal-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/50/KE tat‑13 ta’ Diċembru 2007 li tistipula regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament [Aarhus] fir-rigward ta’ talbiet għal reviżjoni interna ta’ l-atti amministrattivi ( ĠU 2008, L 13, p. 24 ), jimponi fuq kull NGO li tressaq talba għal eżami mill-ġdid intern ta’ att amministrattiv jew b’rabta ma’ ommissjoni, bħal dik imsemmija fl-Artikolu 10 tar-Regolament Aarhus, li tippreċiża l-att amministrattiv jew l-ommissjoni amministrattiva allegata li hija s-suġġett tat-talba għal eżami mill-ġdid intern kif ukoll id-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni li, skont hi, ma ġewx osservati. Fuq il-BEI Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) huwa organu tal-Unjoni intiż sabiex jikkontribwixxi għat-twettiq tal-għanijiet ta’ din tal-aħħar. Il-BEI għandu, skont l-Artikolu 308 TFUE, personalità ġuridika distinta minn dik tal-Unjoni. Huwa amministrat mill-korpi tiegħu stess. Huwa għandu riżorsi u baġit tiegħu. Skont l-Artikolu 309 TFUE, il-kompitu tal-BEI huwa li jikkontribwixxi, billi jirrikorri għas-swieq kapitali u r-riżorsi tiegħu proprji, għall-iżvilupp ekwilibrat u regolari tas-suq intern fl-interess tal-Unjoni. Għal dan l-għan, huwa jiffaċilita, permezz tal-għoti ta’ self u ta’ garanziji, mingħajr ma jsegwi skop ta’ lukru, il-finanzjament ta’ diversi proġetti fis-setturi kollha tal-ekonomija, b’mod partikolari l-proġetti ta’ interess komuni għal diversi Stati Membri, li, minħabba d-daqs jew in-natura tagħhom, ma jistgħux ikunu kompletament koperti mid-diversi mezzi ta’ finanzjament eżistenti f’kull wieħed mill-Istati Membri. L-Artikolu 7(2) tal-Istatut tal-BEI stabbiliti bil-Protokoll Nru 5 anness mat-Trattat UE u mat-Trattat FUE jipprovdi, b’mod partikolari, li l-Bord tal-Gvernaturi għandu jistabbilixxi d-direttivi ġenerali dwar il-politika ta’ kreditu tal-BEI, konformement mal-għanijiet tal-Unjoni. Konformement mal-Artikolu 7(3)(b) tal-imsemmija statut, għall-finijiet tal-Artikolu 9(1) tagħhom, il-Bord tal-Gvernaturi għandu jiddetermina l-prinċipji applikabbli għall-operazzjonijiet ta’ finanzjament fil-kuntest tal-missjoni tal-BEI. Skont l-Artikolu 9(1) tal-Istatut tal-BEI, il-Bord tad-Diretturi tal-BEI għandu jikkontrolla l-ġestjoni tajba tiegħu u jiżgura l-konformità tal-ġestjoni tiegħu mad-dispożizzjonijiet tat-Trattati u tal-Istatut u d-direttivi ġenerali stabbiliti mill-Bord tal-Gvernaturi. Huwa jiddeċiedi dwar l-għoti ta’ finanzjamenti u jiffissa r-rata tal-interessi tas-self. Ir-regoli interni tal-BEI, fil-verżjoni tagħhom applikabbli f’dan il-każ, jiġifieri dik li tirriżulta mill-emendi tal‑20 ta’ Jannar 2016 ( ĠU 2016, L 127, p. 55 ), jippreċiżaw, fl-Artikolu 18 tagħhom, li, konformement mal-Artikolu 9(1) tal-Istatut tal-BEI, il-Bord tad-Diretturi għandu jiddefinixxi, fuq proposta tal-Kumitat ta’ Tmexxija, it-termini u l-kundizzjonijiet li jikkostitwixxu l-qafas ġenerali tal-finanzjamenti, b’mod partikolari billi japprova l-kriterji għall-iffissar tar-rati ta’ interessi. Huwa għandu jadotta, fuq proposta mill-Kumitat ta’ Tmexxija, id-deċiżjonijiet ta’ politika ġenerali dwar it-tmexxija tal-BEI. Huwa għandu japprova l-operazzjonijiet ta’ finanzjament proposti mill-Kumitat ta’ Tmexxija; B’mod ġenerali, il-Bord tad-Diretturi għandu jiżgura l-amministrazzjoni tajba tal-BEI, l-osservanza tat-Trattat FUE, tal-Istatut tal-BEI, tad-direttivi tal-Bord tal-Gvernaturi u tat-testi l-oħra li jirregolaw l-attività tal-BEI fil-kuntest tal-missjoni fdata lilu mit-Trattat FUE. L-Artikolu 16(1) tal-Istatut tal-BEI jipprovdi li dan għandu jagħti finanzjamenti, fil-kuntest tal-mandat iddefinit fl-Artikolu 309 TFUE. Skont l-Artikolu 19(3) tal-Istatut tal-BEI, il-Bord tad-Diretturi għandu jiddeċiedi dwar l-operazzjonijiet ta’ finanzjament ippreżentati lilu mill-Kumitat ta’ Tmexxija, li għandu, konformement mal-Artikolu 11(3) ta’ dawn l-istess statut, rwol ta’ preparazzjoni u ta’ eżekuzzjoni dwar il-konklużjoni ta’ self u l-għoti ta’ finanzjamenti, b’mod partikolari fil-forma ta’ krediti u ta’ garanziji. Id-dikjarazzjoni tal-prinċipji u tar-regoli fil-qasam soċjali u ambjentali, approvata mill-Kunsill ta’ Amministrazzjoni fit‑3 ta’ Frar 2009 (iktar ’il quddiem id-“dikjarazzjoni tal‑2009”), u l-istrateġija ta’ azzjoni għall-klima, intiża għall-mobilizzazzjoni tal-finanzjament għat-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx tal-karbonju u reżiljenti għat-tibdil fil-klima, adottata mill-BEI fit‑22 ta’ Settembru 2015 (iktar ’il quddiem l-“istrateġija klima”), jiddefinixxu l-għanijiet tal-attività ta’ self u l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-proġetti li jirrigwardaw l-ambjent. Fil-punt 22 tal-istrateġija klima, il-BEI jindika dan li ġej: “Bħala bank tal-U[njoni], il-BEI għandu l-missjoni li jappoġġja l-għanijiet tal-politika tal-Unjoni, li jikkonsistu b’mod partikolari fil-promozzjoni tal-innovazzjoni u tal-kompetenzi, l-aċċess għall-finanzjamenti għall-impriżi żgħar u ta’ daqs medju, l-infrastrutturi strateġiċi u l-azzjoni favur il-klima. Il-BEI jikkontribwixxi għat-twettiq ta’ dawn l-għanijiet, li kollha huma marbuta bejniethom, permezz tal-attivitajiet ta’ self tiegħu, ta’ firxa ta’ riżorsi (assoċjazzjoni ta’ finanzjamenti tal-BEI ma’ sorsi oħra ta’ fondi) u ta’ konsulenza. Il-konformità mal-politika rilevanti, il-kwalità tal-portafoll u s-solidità tad-deċiżjonijiet ta’ finanzjament għandhom jiġu żgurati permezz ta’ proċedura sħiħa ta’ verifika minn qabel li tapplika għall-proġetti kollha sostnuti mill-BEI […]. Fil-qasam tal-azzjoni favur il-klima, il-politiki u l-istrumenti klimatiċi tal-U[njoni], bħalma hija l-iskema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet […], l-istrateġija ta’ adattament għall-bidla fil-klima jew inkella l-qafas għall-klima u l-enerġija għall-orizzont 2030, huma integrati fil-prattiki u proċeduri operattivi rilevanti li jorjentaw id-deċiżjonijiet ta’ finanzjament. Il-[BEI] għandu wkoll jikkontribwixxi permezz tal-azzjoni tiegħu għat-twettiq ta’ pjanijiet fuq żmien twil bħall-Unjoni Ewropea tal-enerġija jew it-trajettorja ta’ dekarbonizzazzjoni mmarkata mill-[Grupp ta’ esperti intergovernattiv dwar l-iżvilupp tal-klima jew] GIEC, li tgħid li l-emissjonijiet globali ta’ gassijiet serra għandhom jilħqu l-massimu tagħhom sa mhux iktar tard mill-2020, jitnaqqsu b’mill-inqas 50 % minn issa sal-2050 meta mqabbla mal-livell tal‑1990 u għandhom ikunu kważi nulli jew negattivi minn issa sal‑2100 sabiex it-tisħin globali jkun jista’ jinżamm taħt il-livell ta’ 2 [gradi Celsius].” [traduzzjoni mhux uffiċjali] Il-punt 36 tal-istrateġija klima jesponi li l-BEI ser ikompli jiddedika mill-inqas 25 % tal-finanzjament tiegħu għal proġetti li jsostnu espressament l-azzjoni favur il-klima. Lil hinn mill-approċċ settorjali tradizzjonalment segwit sabiex jiġu identifikati l-proġetti li jaqgħu taħt l-azzjoni għall-klima, il-punt 39 tal-istrateġija klima jipprevedi teħid inkunsiderazzjoni iktar iddettaljat tal-effett tal-proġetti sabiex tissaħħaħ il-kontribuzzjoni globali tal-BEI. Il-punt 24 tal-istrateġija klima jitlaq mill-konstatazzjoni li mhux is-setturi kollha għandhom l-istess effett fuq il-klima u li l-iktar setturi rilevanti minħabba l-finanzjamenti tal-BEI li jirrappreżentaw u t-tip ta’ proġetti kkonċernati huma s-setturi tal-enerġija u tat-trasport. Huwa jesponi li element importanti tal-kriterji ta’ selezzjoni u ta’ evalwazzjoni għall-proġetti tal-enerġija huwa l-applikazzjoni ta’ standard ta’ emissjonijiet għall-proġetti ta’ produzzjoni tal-elettriku. Dan l-istandard jippermetti li jiġu esklużi l-proġetti li l-emissjonijiet tagħhom mistennija ma humiex konformi mal-għanijiet tal-Unjoni, filwaqt li jiġi osservat il-prinċipju ta’ newtralità teknoloġika. Fil-każijiet kollha, għandha tingħata prijorità lill-proġetti tal-effiċjenza tal-enerġija. Il-punt 47 tal-istrateġija klima jindika li għandha tiġi stabbilita tipoloġija ta’ proġetti b’impatt qawwi għal kull settur, billi jiġu eżaminati l-pjanijiet direzzjonali għad-dekarbonizzazzjoni eżistenti fis-setturi kkunsidrati jew ukoll l-intensitajiet tal-karbonju ta’ dawn tal-aħħar. Fi ħdan l-Unjoni, il-politiki ddefiniti mill-Unjoni u mill-Istati Membri, li fosthom hemm b’mod partikolari viżjoni fit-tul tal-Unjoni għal kumpannija b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju u kapaċi tirreżisti għat-tibdil fil-klima, jew il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali favur l-enerġija rinnovabbli u l-programmi ta’ adattament, għandhom iservu ta’ punti ta’ riferiment prinċipali bħala pjanijiet direzzjonali. Barra minn hekk, il-punt 72 tal-istrateġija klima jippreċiża li l-evalwazzjoni tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra hija użata wkoll għall-analiżi tal-prestazzjoni tal-proġetti ta’ produzzjoni tal-elettriku fil-qasam tal-emissjonijiet kif ukoll sabiex jiġi vverifikat l-effett tal-proġetti idroelettriċi u bijoenerġetiċi fuq il-klima. Konsegwentement, l-eżattezza, il-koerenza u l-komparabbiltà ta’ dawn l-evalwazzjonijiet jikkostitwixxu elementi importanti tal-proċedura ta’ verifika preliminari. Id-dikjarazzjoni tal‑2009 timponi l-osservanza ta’ kunsiderazzjonijiet ta’ sostenibbiltà ambjentali u soċjali għall-finanzjamenti kollha mogħtija mill-BEI. Hija tindika li, sabiex jinkiseb finanzjament, proġett huwa meqjus li jikkontribwixxi għat-twettiq ta’ wieħed jew iktar mill-għanijiet tal-politika tal-Unjoni, bħall-provvista ta’ tweġiba xierqa għat-theddida tat-tibdil fil-klima, permezz ta’ investimenti li jikkontribwixxu għat-tnaqqis tiegħu jew intiżi sabiex jadattaw ruħhom għalih, b’mod partikolari billi jsostnu proġetti dwar l-effiċjenza tal-enerġija, l-enerġija rinnovabbli, l-enerġija li tniġġes inqas jew is-sekwestru tal-karbonju, jew il-kontribuzzjoni għal ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali (punt 10). Skont id-dikjarazzjoni tal-2009, il-BEI jinkoraġġixxi s-settur tal-enerġija rinnovabbli, huwa jenfasizza l-effikaċità enerġetika fil-proġetti kollha li huwa jiffinanzja, u l-operazzjonijiet ta’ finanzjament tiegħu jissodisfaw il-prijoritajiet oħra ta’ investiment tal-Unjoni fil-qasam tal-klima (punt 77). Barra minn hekk, il-BEI jipprova jiffavorixxi użu kontinwu tal-art, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-foresti, li huwa jirrikonoxxi l-importanza u l-kontribuzzjoni tagħhom għat-tnaqqis tal-bidla fil-klima, għall-adattament għal dawn il-bidliet u għall-protezzjoni tad-diversità bijoloġika (punt 77). Barra minn hekk, id-dikjarazzjoni tal-2009 teżiġi li l-proġetti ffinanzjati mill-BEI josservaw ir-regoli ambjentali ġenerali stabbiliti minn dan tal-aħħar, li jirriżultaw mid-dritt tal-Unjoni u jistgħu jiġu kkompletati, jekk ikun il-każ, minn prattiki internazzjonali tajbin jew standards iktar stretti imposti mill-BEI (punti 31 u 32). Hija teżiġi wkoll l-osservanza ta’ standards proċedurali, bħad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent ( ĠU 2012, L 26, p. 1 , u rettifika fil- ĠU 2015, L 174, p. 44 ), kif emendata (punt 35, li madankollu tikkonċerna d-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima ta’ l-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1985, Kapitolu 15, Vol. 1, p. 248), li sussegwentement ġiet imħassra bid-Direttiva 2011/92). Fl-aħħar nett, skont il-punti 78 u 82 tar-rapport tal‑2009, il-BEI jinkariga ruħu b’mod attiv li jidentifika u jippromwovi l-proġetti li jwasslu għal tnaqqis sinjifikattiv tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, skont metodi li huwa jistudja u jiżviluppa f’kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħra, u jieħu inkunsiderazzjoni wkoll dawn il-vantaġġi fl-analiżi finanzjarja u ekonomiċi tiegħu. Fuq il-proġett Curtis u l-finanzjament tiegħu mill-BEI Il-proġett ta’ kostruzzjoni, fil-komun ta’ Curtis (Teixeiro), fil-provinċja ta’ La Coruña f’Galicia (Spanja), ta’ impjant bijomassa ta’ produzzjoni tal-elettriku ta’ kapaċità ta’ madwar 50 megawatt elettriċi mħaddma mill-iskart forestali miġbur f’radjus ta’ 100 km (iktar ’il quddiem il-“proġett Curtis”) kien fost ir-rebbieħa ta’ għoti ta’ proġetti ta’ enerġiji rinnovabbli organizzat mir-Renju ta’ Spanja fl-2016. Fl-aħħar tal-2016, il-promotur tal-proġett Curtis ikkuntattja lis-servizzi tal-BEI sabiex jippreżenta l-karatteristiċi tekniċi tiegħu u jibda diskussjonijiet dwar il-possibbiltà li jikseb finanzjament min-naħa tiegħu. Abbażi tal-informazzjoni disponibbli u tar-riżultat tad-diskussjonijiet mal-promotur, is-servizzi tal-BEI qablu fuq nota ta’ informazzjoni preliminari dwar il-proġett Curtis. Fl‑4 ta’ Diċembru 2017, il-kumitat ta’ tmexxija tal-BEI approva n-nota ta’ informazzjoni preliminari li tawtorizza s-servizzi li jibdew uffiċjalment il-proċedura ta’ investigazzjoni tal-proġett Curtis. Fit‑13 ta’ Diċembru 2017, id-deskrizzjoni tal-proġett Curtis ġiet ippubblikata fis-sit internet tal-BEI, konformement mar-rekwiżiti tal-politika ta’ trasparenza tal-grupp BEI, li tinkludi l-BEI u l-Fond Ewropew tal-Investiment. Fiha kien indikat li l-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli kienet tipparteċipa għall-għan tal-Unjoni intiż sabiex jittaffew l-effetti tal-bidla fil-klima. Billi jiggarantixxi t-talba għal residwi ta’ injam tal-foresti, il-proġett kellu jippermetti li jitnaqqsu l-effetti ta’ nirien fil-foresti f’Galicia u jikkontribwixxi għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet forestali ta’ dan ir-reġjun u tal-attività ekonomika tiegħu b’mod ġenerali. Fil-15 ta’ Diċembru 2017, il-BEI talab lill-Kummissjoni Ewropea tagħti l-opinjoni tagħha dwar il-proġett Curtis, kif jipprevedi l-Artikolu 19 tal-Istatut tal-BEI. Fit-12 ta’ Frar 2018, il-Kummissjoni bagħtet lill-BEI opinjoni favorevoli dwar il-proġett Curtis. Fit-18 ta’ Diċembru 2017, il-BEI talab l-opinjoni tar-Renju ta’ Spanja, konformement mal-Artikolu 19 tal-Istatut tal-BEI. Dan tal-aħħar bagħat avviż ta’ nuqqas ta’ oġġezzjoni fl‑20 ta’ Diċembru 2017. Waqt laqgħa tal‑20 ta’ Marzu 2018, il-kumitat ta’ tmexxija approva s-sottomissjoni, lill-Bord tad-Diretturi, ta’ proposta ta’ finanzjament tal-proġett Curtis, bir-referenza “Doc 18/291” (iktar ’il quddiem il-“proposta ta’ finanzjament”), dwar ir-riżorsi proprji tal-BEI u s-sottomissjoni, lill-Kumitat ta’ Investiment tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), ta’ talba ta’ garanzija tal-Unjoni għal dan l-istess proġett, sa fejn dan kien jippreżenta profil ta’ riskju speċifiku u kien ikkunsidrat, f’dan ir-rigward, bħala attività speċjali fis-sens tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 16(3) tal-Istatut tal-BEI. Waqt laqgħa tad‑9 ta’ April 2018, il-kumitat ta’ investiment tal-FEIS approva l-użu tal-garanzija tal-Unjoni għall-proġett Curtis. Permezz ta’ deliberazzjoni adottata waqt laqgħa li nżammet fil-Lussemburgu (il-Lussemburgu) fit‑12 ta’ April 2018 (iktar ’il quddiem id-“deliberazzjoni kontenzjuża”), il-Bord tad-Diretturi approva l-proposta ta’ finanzjament, fil-forma ta’ self li kellu jingħata lil entità ad hoc , imsejħa “Special Purpose Vehicle”, għal ammont massimu ta’ EUR 60 miljun. Id-deliberazzjoni kontenzjuża ġiet irreġistrata fil-minuti tal-laqgħa. Permezz ta’ ittra tat‑13 ta’ April 2018, il-BEI informa lill-promotur bid-deliberazzjoni kontenzjuża, billi semma li l-approvazzjoni preliminari tal-finanzjament tal-proġett Curtis ma kienet toħloq ebda obbligu fuq il-BEI li jagħti s-self, iżda kienet tippermetti lill-promotur jieħu l-miżuri neċessarji fid-dawl tal-formalizzazzjoni tal-imsemmi self. Fit‑28 ta’ Ġunju 2018, id-deliberazzjoni kontenzjuża ġiet ippubblikata fis-sit internet tal-BEI. Id-dettalji tal-modalitajiet u tal-kundizzjonijiet tal-finanzjament tal-proġett Curtis ġie nnegozjat bejn il-promotur u d-diversi kerrejja, li kellhom, minbarra l-BEI, bank kummerċjali, organu ta’ kreditu għall-esportazzjoni, bank nazzjonali ta’ promozzjoni ekonomika u persuna li ssellef. Ladarba l-arranġamenti definittivi miftiehma bejn il-partijiet kollha u d-diversi rapporti ta’ verifika mitmuma, ir-riżultat tan-negozjati u tal-proċedura ta’ verifika ġie ppreżentat lill-Kumitat ta’ Tmexxija f’nota finali approvata minn dan tal-aħħar fis‑16 ta’ Lulju 2018. Fit-23 ta’ Lulju 2018, is-servizzi tal-BEI ffirmaw ftehim intern dwar il-modalitajiet tal-kuntratt ta’ finanzjament tal-proġett Curtis. Id-dokumentazzjoni kuntrattwali relatata miegħu ġiet iffirmata fil-25 ta’ Lulju 2018. L-ewwel ħlas marbut mal-finanzjament tal-BEI sar fid‑29 ta’ Awwissu 2018. Kien previst li l-kostruzzjoni tal-proġett Curtis titlesta qabel l-aħħar tas-sena 2019. Kif indika l-BEI waqt is-seduta, bi tweġiba għal mistoqsija orali tal-Qorti Ġenerali, l-eżekuzzjoni tal-proġett Curtis qiegħda sseħħ normalment minn dak iż-żmien. Fuq ir-rikorrenti u l-kontestazzjoni minnha tal-finanzjament tal-proġett Curtis Ir-rikorrenti, ClientEarth, hija NGO li taħdem għall-protezzjoni tal-ambjent. Fid‑9 ta’ Awwissu 2018, l-appellanti ressqet quddiem il-BEI talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża, konformement mal-Artikolu 10 tar-Regolament Aarhus u tad-Deċiżjoni 2008/50. It-talba għal eżami mill-ġdid intern kienet ibbażata fuq diversi motivi, formali jew fuq il-mertu. Fuq il-mertu u sa fejn id-deliberazzjoni kontenzjuża setgħet tkun ibbażata fuq ir-raġunament li jinsab fil-proposta ta’ finanzjament, ir-rikorrenti kkritikat b’mod partikolari lill-Bord tad-Diretturi talli, fid-deliberazzjoni kontenzjuża, wettaq żball manifest ta’ evalwazzjoni meta qies li l-proġett Curtis kien ser jikkontribwixxi ħafna għall-politika tal-Unjoni billi jissodisfa tlieta mill-għanijiet segwiti minnha. Qabel kollox, ir-rikorrenti kkontestat il-konklużjoni li l-proġett Curtis kien jikkontribwixxi għat-twettiq ta’ għanijiet Spanjoli u Ewropej fil-qasam tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, tas-sigurtà tal-enerġija u tal-għanijiet ambjentali. Fir-rigward tal-kontribuzzjoni għat-twettiq ta’ għanijiet Spanjoli u Ewropej fil-qasam tal-produzzjoni ta’ enerġiji rinnovabbli, hija osservat li din bl-ebda mod ma kienet sostnuta, filwaqt li l-proposta ta’ finanzjament kienet turi li kien jeżisti riskju sinjifikattiv li l-injam kollu użat bħala kombustibbli fl-impjant bijomassa ma jissodisfax l-istandards ta’ sostenibbiltà stabbiliti fid-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE ( ĠU 2009, L 140, p. 16 ). Fir-rigward tal-kontribuzzjoni għat-twettiq ta’ għan ta’ sigurtà enerġetika, ir-rikorrenti osservat li din kienet kontradetta mill-konstatazzjoni, li tinsab fil-proposta ta’ finanzjament, li, sa fejn is-suq Spanjol tal-elettriku kien ikkaratterizzat minn kapaċità żejda sinjifikattiva, il-proġett ikollu valur ekonomiku dgħajjef għas-sistema ġenerali tal-elettriku. Fir-rigward ta’ kontribuzzjoni għat-twettiq ta’ għanijiet ambjentali, ir-rikorrenti sostniet li din bl-ebda mod ma kienet issostanzjata, filwaqt li r-rendiment elettriku tal-proġett kien żgħir wisq sabiex jikkontribwixxi realment għall-għanijiet ta’ produzzjoni ta’ enerġiji rinnovabbli. Sussegwentement, ir-rikorrenti kkontestat il-konklużjoni li l-proġett Curtis kien ser jikkontribwixxi għall-prevenzjoni tan-nirien fil-foresti u għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet forestali f’Galicia. Hija sostniet li din il-konklużjoni kienet ibbażata fuq interpretazzjoni żbaljata tal-Ley 7/2012 de montes de Galicia (Liġi 7/2012 tar-Reġjun ta’ Galicia) tat‑28 ta’ Ġunju 2012 (BOE Nru 217, tat‑8 ta’ Settembru 2012, p. 63275), u evalwazzjoni żbaljata tal-effetti reali tal-impjant bijomassa fuq l-attivitajiet forestali f’Galicia, li setgħu, fil-prattika, iwasslu sabiex jiżdied ir-riskju ta’ nirien billi jiffavorixxu l-monokultura forestali. Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti kkontestat il-konklużjoni li l-proġett Curtis huwa konformi mal-prijoritajiet tal-BEI fil-qasam tas-self favur l-enerġija rinnovabbli u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Hija osservat li din il-konklużjoni kienet ibbażata fuq analiżi żbaljata li kienet tissopravaluta r-rendiment elettriku tal-proġett Curtis jew il-vantaġġi ambjentali assoċjati mal-imsemmi proġett, filwaqt li ssottovalutat ċerti riskji sinjifikattivi li jistgħu jaffettwaw il-vijabbiltà jew it-terminu ta’ implimentazzjoni ta’ dan l-istess proġett kif ukoll l-impatt tiegħu fuq l-ambjent, bħaż-żieda tal-qtil tas-siġar f’Galicia, li wassal b’mod partikolari sabiex jiġi ddubitat li l-proġett Curtis għandu bilanċ pożittiv f’termini ta’ gass serra. Permezz ta’ ittra tat‑30 ta’ Ottubru 2018, iffirmata mis-segretarju ġenerali tiegħu u mill-assistent kap tas-servizz ġuridiku tiegħu, il-BEI informa lir-rikorrenti biċ-ċaħda tat-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża bħala inammissibbli, minħabba li din it-talba ma kinitx tirrigwarda att li jista’ jkun is-suġġett ta’ eżami intern mill-ġdid, jiġifieri “att amministrattiv” fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus (iktar ’il quddiem l-“att ikkontestat”). Fl-att ikkontestat, l-ewwel nett, il-BEI sostna li d-deliberazzjoni kontenzjuża ma kinitx tipproduċi effetti esterni legalment vinkolanti u ma setgħetx toħloq drittijiet għal terzi. Din id-deliberazzjoni kkostitwixxiet biss att intern, fis-sens tal-Artikoli 9 u 19 tal-Istatut tal-BEI, indispensabbli sabiex ikun jista’ jiġi ffirmat il-kuntratt ta’ finanzjament korrispondenti, iżda mhux neċessarjament twassal għal tali firma, u lanqas ma ħolqot, għall-kontroparti, dritt li tintalab tali firma. Tali deċiżjoni ma kinitx komparabbli ma’ deċiżjoni ta’ għoti fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi, għaliex ma kinitx taqa’ taħt proċedura rregolata mid-dritt tal-kuntratti pubbliċi jew paragunabbli ma’ sejħa għal offerti pubblika, iżda taqa’ taħt is-setgħa kummerċjali u politika diskrezzjonali li l-BEI jibbenefika minnha skont it-trattati u l-istatut tiegħu. It-tieni, il-BEI argumenta li d-deliberazzjoni kontenzjuża ma kinitx ġiet adottata “taħt il-liġi ambjentali” fis-sens tal-Artikolu 2(1)(f) tar-Regolament Aarhus, li jiddefinixxi l-“liġi ambjentali” bħala “leġislazzjoni […] li, irrispettivament mill-bażi legali tagħha, tikkontribwixxi għall-kisba ta’ l-għanijiet tal-politika [tal-Unjoni] dwar l-ambjent kif stabbiliti fit-Trattat […]”. Fir-rigward tal-argument tar-rikorrenti bbażat fuq il-fatt li l-proġett Curtis kien jibbenefika mill-garanzija tal-Unjoni pprovduta mill-FEIS, skont ir-Regolament (UE) 2015/1017 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal‑25 ta’ Ġunju 2015 dwar il-[FEIS], iċ-Ċentru Ewropew ta’ Konsulenza għall-Investimenti u l-Portal Ewropew ta’ Proġetti ta’ Investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1291/2013 u (UE) Nru 1316/2013 — il-[FEIS] ( ĠU 2015, L 169, p. 1 ), fatt li, fil-fehma tagħha, kien jimponi l-obbligu li jittieħdu inkunsiderazzjoni r-restrizzjonijiet ambjentali, marbuta mal-imsemmi proġett, il-BEI argumenta li, indipendentement mill-kwistjoni dwar jekk l-għoti tal-garanzija tal-Unjoni għal proġett iffinanzjat minnu kienx biżżejjed sabiex dan il-finanzjament jidħol fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-“liġi ambjentali”, id-deċiżjoni ta’ għoti ta’ tali garanzija ma ttiħditx mill-Bord tad-Diretturi tiegħu iżda mill-kumitat ta’ investiment tal-FEIS. Fir-rigward tal-argument ibbażat fuq il-fatt li hija kienet intrabtet li tippromwovi l-għanijiet ambjentali fil-kuntest tal-varar tar-riżorsi proprji tagħha, il-BEI sostna li tali impenn ma kienx suffiċjenti sabiex jiġi konkluż li l-finanzjament tal-proġett Curtis jew kull finanzjament ieħor ta’ proġett approvat konformement mal-Istatut tal-BEI kienu, ipso facto , approvati minnu abbażi tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni. Tali argument jestendi artifiċjalment il-limiti tal-“leġiżlazzjoni tal-Unjoni” lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament Aarhus u b’mod inkompatibbli mar-rwol istituzzjonali u mal-missjoni legali tal-BEI. Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit‑8 ta’ Jannar 2019, ir-rikorrenti fetħet din il-kawża. Fit‑22 ta’ Marzu 2019, il-Kummissjoni ppreżentat ir-risposta tagħha fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali. Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis‑6 ta’ April 2019, il-Kummissjoni talbet li tintervjeni f’din il-kawża insostenn tat-talbiet tal-BEI. Ir-rikorrenti rrinunzjat li tagħmel osservazzjonijiet dwar l-imsemmija talba, fil‑11 ta’ April 2019, filwaqt li l-BEI indika, fid‑29 ta’ April 2019, li ma kellux osservazzjonijiet dwar din l-istess talba. Permezz ta’ deċiżjoni tat‑2 ta’ Mejju 2019, il-Presidenta tal-Ewwel Awla tal-Qorti Ġenerali laqgħet dan l-intervent. Fis‑7 ta’ Mejju 2019, ir-rikorrenti ppreżentat ir-replika fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali. Il-Kummissjoni ppreżentat nota ta’ intervent fis‑17 ta’ Ġunju 2019. Fit‑3 ta’ Lulju 2019, il-BEI ppreżenta l-kontroreplika fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali. Fit‑3 ta’ Lulju u fit‑8 ta’ Lulju 2019, rispettivament, il-BEI u r-rikorrenti ppreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom dwar in-nota ta’ intervent tal-Kummissjoni. Skont l-Artikolu 106(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, ir-rikorrenti ppreżentat, fl‑4 ta’ Awwissu 2019, teħid ta’ pożizzjoni mmotivata dwar iż-żamma ta’ seduta għas-sottomissjonijiet orali. Minħabba t-tiġdid parzjali tal-Qorti Ġenerali, din il-kawża ġiet assenjata lil Imħallef Relatriċi ġdida li hija preżenti fit-Tieni Awla. Fuq proposta tat-Tieni Awla, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet, skont l-Artikolu 28 tar-Regoli tal-Proċedura, li tibgħat il-kawża lura quddiem kulleġġ ġudikanti estiż. Barra minn hekk, minħabba l-impediment ta’ membru tal-Awla, il-President tal-Qorti Ġenerali ħatar lilu nnifsu, skont l-Artikolu 17(2) tar-Regoli tal-Proċedura, sabiex jikkompleta l-awla f’din il-kawża. Konformement mal-Artikolu 10(5) tal-imsemmi regolament, huwa ħa wkoll il-presidenza tal-awla f’din il-kawża. Fuq rapport tal-Imħallef Relatur, il-Qorti Ġenerali (it-Tieni Awla) iddeċidiet li tiftaħ il-fażi orali tal-proċedura. Is-sottomissjonijiet orali tal-partijiet u t-tweġibiet tagħhom għall-mistoqsijiet orali magħmulin mill-Qorti Ġenerali nstemgħu waqt is-seduta tal‑24 ta’ Ġunju 2020. Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha: – tannulla l-att ikkontestat; – tikkundanna lill-BEI għall-ispejjeż. Il-BEI, sostnut mill-Kummissjoni, jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha: – tiċħad ir-rikors; – tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż. Id-dritt Ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi insostenn tar-rikors tagħha. L-ewwel motiv, fuq il-mertu, huwa maqsum f’żewġ partijiet u huwa bbażat fuq żbalji ta’ evalwazzjoni fl-applikazzjoni tar-Regolament Aarhus. Permezz ta’ dan l-ewwel motiv, ir-rikorrenti essenzjalment tikkritika lill-BEI talli, bl-adozzjoni tal-att ikkontestat, wettaq applikazzjoni żbaljata, fir-rigward tad-deliberazzjoni kontenzjuża, ta’ ċerti kundizzjonijiet meħtieġa sabiex att ikun jista’ jiġi kklassifikat bħala “att amministrattiv” fis-sens tal-Artikolu 2(1) (g) ta’ dan l-istess regolament. It-tieni motiv huwa bbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni. Il-BEI, sostnut mill-Kummissjoni, jistieden lill-Qorti Ġenerali, qabel ma teżamina ż-żewġ motivi mressqa mir-rikorrenti, tikkonstata li r-rikors huwa infondat, sa fejn it-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża kienet ukoll inammissibbli minħabba li din kienet inkompatibbli mal-indipendenza li l-BEI kellu fil-qasam tal-operazzjonijiet finanzjarji tiegħu. Barra minn hekk, huwa jitlob li r-rikors jiġi miċħud minħabba li ż-żewġ motivi invokati insostenn tiegħu huma infondati. Il-Kummissjoni tindika li ssostni, b’mod partikolari, l-argumenti li l-BEI jikkontesta l-ewwel motiv ta’ annullament. Qabel ma jiġu eżaminati ż-żewġ motivi ta’ annullament imqajma mir-rikorrenti insostenn tar-rikors tagħha, hemm lok li jiġi eżaminat il-motiv ta’ difiża mressaq mill-BEI. Fuq il-motiv ta’ difiża mressaq mill-BEI Il-BEI, sostnut mill-Kummissjoni, jistieden lill-Qorti Ġenerali, qabel ma teżamina ż-żewġ motivi mressqa mir-rikorrenti, tikkonstata li r-rikors huwa infondat, sa fejn it-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża kienet ukoll inammissibbli minħabba li din kienet inkompatibbli mal-indipendenza li l-BEI kellu fil-qasam tal-operazzjonijiet finanzjarji tiegħu. Ir-rikorrenti toġġezzjona li, fl-att ikkontestat, il-BEI ma invoka, fir-rigward tat-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża, l-ebda motiv ta’ inammissibbiltà bbażat fuq in-natura inkompatibbli ta’ din it-talba mal-indipendenza li hija tgawdi fil-qasam tal-operazzjonijiet finanzjarji tagħha, b’tali mod li hija ma tistax tinvoka tali motiv, bħala motiv ta’ difiża, fil-kuntest ta’ dan ir-rikors. Sussidjarjament, ir-rikorrenti ssostni li l-BEI, billi ma semmiex dan l-aspett fl-att ikkontestat, kiser l-obbligu ta’ motivazzjoni impost fuqu, kif ġie rrilevat fil-kuntest tat-tieni motiv tar-rikors. Sa fejn il-BEI jinvoka l-awtonomija u l-indipendenza tiegħu sabiex jirrispondi għall-motivi ta’ annullament tiegħu, ir-rikorrenti ssostni li l-argument tiegħu huwa eċċessiv, infondat u li diġà ġie miċħud diversi drabi mill-qorti tal-Unjoni. Bi tweġiba għall-argumenti tar-rikorrenti, il-BEI jsostni li huwa ammissibbli li jressaq motiv ġdid ta’ inammissibbiltà tat-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża quddiem il-Qorti Ġenerali, għaliex dan il-motiv sempliċement isaħħaħ il-pożizzjoni li huwa diġà espona fl-att ikkontestat, li l-imsemmija talba kienet inammissibbli, u huwa intiż sabiex jirrispondi għall-argumenti mressqa fir-rikors, konformement mal-prinċipji tar-rispett tad-drittijiet tad-difiża, tal-opportunitajiet ugwali għall-partijiet u tal-kontradittorju. Barra minn hekk, huwa jikkontesta li kiser l-obbligu ta’ motivazzjoni, minħabba li huwa ma kienx obbligat jantiċipa u jippreċiża, fl-att ikkontestat, l-argumenti kollha li huwa seta’ jiżviluppa fil-kuntest ta’ rikors eventwali kontra l-imsemmi att. Għall-ewwel darba bi tweġiba għal mistoqsija orali tal-Qorti Ġenerali waqt is-seduta, il-BEI jsostni li essenzjalment qajjem, fl-att ikkontestat, motiv ta’ inammissibbiltà bbażat fuq in-natura inkompatibbli tat-talba għal eżami mill-ġdid intern mal-indipendenza li huwa għandu fil-qasam tal-operazzjonijiet finanzjarji tiegħu, billi invoka, minn naħa, fis-sitt paragrafu tal-imsemmi att, li “kull deċiżjoni tal-BEI li tappoġġja jew le proġett potenzjalment eliġibbli, u, jekk ikun il-każ, il-forma ta’ dan is-sostenn, taqa’ taħt is-setgħa kummerċjali u politika diskrezzjonali rrikonoxxuta mill-[BEI] mit-trattati u l-istatut” [traduzzjoni mhux uffiċjali] u, min-naħa l-oħra, fit-tmien paragrafu tal-istess att, li l-pożizzjoni difiża mir-rikorrenti twassal għal sitwazzjoni li “ma tkunx iktar kompatibbli la mar-rwol istituzzjonali tal-BEI u lanqas mal-missjoni li hija imposta fuqu skont l-[i]statut tiegħu”. F’dan il-każ, fid-dawl tal-oġġezzjonijiet ifformulati mir-rikorrenti fir-rigward ta’ dan il-motiv ta’ difiża tal-BEI, għandha l-ewwel nett tingħata deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà tiegħu. Qabelxejn, għandu jitfakkar li d-dritt għal amministrazzjoni tajba previst mill-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jinkludi b’mod partikolari, skont il-paragrafu 2(c) tal-istess artikolu, l-obbligu għall-amministrazzjoni li timmotiva d-deċiżjonijiet tagħha. Konformement mal-Artikolu 296 TFUE, l-atti adottati mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni għandhom ikunu mmotivati. L-Artikolu 10(2) tar-Regolament Aarhus jipprovdi wkoll li l-pożizzjoni bil-miktub meħuda mill-istituzzjoni jew mill-korp tal-Unjoni li quddiemu titressaq talba għal eżami intern mill-ġdid ta’ wieħed mill-atti tiegħu għandha tkun immotivata. Din il-motivazzjoni għandha tippermetti lill-applikant jifhem ir-raġunijiet li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni tal-istituzzjoni jew tal-korp kompetenti (konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Szpunar fil-kawża TestBioTech et vs Il‑Kummissjoni, C-82/17 P , EU:C:2018:837 , punt ). Fil-kuntest tal-istħarriġ tal-legalità msemmi fl-Artikolu 263 TFUE, il-Qorti Ġenerali ma tistax tissostitwixxi l-motivazzjoni rispettiva tagħha ma’ dik tal-awtur tal-att ikkontestat u ma tistax timla, permezz tal-motivazzjoni rispettiva tagħha, lakuna fil-motivazzjoni ta’ dan l-att, b’tali mod li l-eżami tagħha ma jkun jorbot ma’ ebda evalwazzjoni li tinsab f’dan tal-aħħar (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑18 ta’ Lulju 2013, UEFA vs Il‑Kummissjoni, C‑201/11 P , EU:C:2013:519 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dan il-każ, kif jirriżulta b’mod ċar mir-raba’ paragrafu tiegħu, l-att ikkontestat kien ibbażat biss fuq motiv ta’ inammissibbiltà bbażat fuq il-fatt li d-deliberazzjoni kkontestata ma kinitx “att amministrattiv” fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus. Barra minn hekk, mill-ħames u mis-seba’ paragrafi tal-imsemmi att jirriżulta b’mod ċar li l-imsemmi motiv kien ibbażat huwa stess fuq żewġ sottomotivi, jiġifieri, l-ewwel nett, li d-deliberazzjoni kkontestata ma kienet tipproduċi ebda effett legalment vinkolanti u estern u, it-tieni, li din l-istess deliberazzjoni ma kinitx ġiet adottata “taħt il-liġi ambjentali”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(f) tar-Regolament Aarhus. Huwa biss fil-kuntest tal-eżami ta’ dawn iż-żewġ sottomotivi, u mhux ta’ motiv awtonomu, li, sabiex tiġi miċħuda l-interpretazzjoni kuntrarja tal-kunċett ta’ “att amministrattiv”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus, imressqa mir-rikorrenti, il-BEI invoka, b’mod vag u ġenerali, is-setgħa kummerċjali u politika diskrezzjonali li hija rrikonoxxuta lilu mit-Trattati u mill-istatut tiegħu kif ukoll ir-rwol istituzzjonali tiegħu u l-missjoni tiegħu skont l-imsemmija statut. L-eżami tal-mertu ta’ dan il-motiv ta’ difiża jesponi għalhekk lill-Qorti Ġenerali sabiex tissostitwixxi l-motivazzjoni tagħha għal dik adottata mill-BEI fl-att ikkontestat, ħaġa li ma hijiex awtorizzata tagħmel. F’dan il-każ, kieku l-BEI ried jibbaża legalment id-deċiżjoni tiegħu fuq motiv awtonomu addizzjonali, huwa kien ikollu jirtira l-att ikkontestat u jadotta att ġdid, b’mod partikolari bbażat fuq l-imsemmi motiv. Fid-dawl tal-evalwazzjonijiet preċedenti, għandu għalhekk jiġi miċħud bħala inammissibbli l-motiv ta’ difiża mressaq mill-BEI, ibbażat fuq il-fatt li t-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża kienet inammissibbli minħabba li din kienet inkompatibbli mal-indipendenza li l-BEI kellu fil-qasam tal-operazzjonijiet finanzjarji tiegħu. Fuq il-mertu tar-rikors Fir-rigward taż-żewġ motivi ta’ annullament invokati insostenn tar-rikors, it-tieni wieħed jirrigwarda l-ksur ta’ rekwiżit formali essenzjali applikabbli għall-att ikkontestat, jiġifieri l-obbligu li l-imsemmi att jiġi mmotivat, filwaqt li l-ewwel wieħed, ibbażat fuq żbalji ta’ evalwazzjoni fl-applikazzjoni tar-Regolament Aarhus li jivvizzja l-att ikkontestat, jirrigwarda l-legalità fil-mertu tiegħu. Peress li l-qorti tal-Unjoni ma hijiex f’pożizzjoni li teżerċita stħarriġ fuq il-mertu ta’ att jekk il-motivazzjoni ta’ dan l-att ma hijiex suffiċjenti fuq punt essenzjali tar-raġunament li ddeterminat l-għażla tal-awtur tiegħu, hija għandha tivverifika n-natura suffiċjenti tal-motivazzjoni tal-att qabel ma tindirizza l-motivi mressqa mill-partijiet sabiex jikkontestaw il-fondatezza tiegħu (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal‑4 ta’ Marzu 2009, Tirrenia di Navigazione et vs Il‑Kummissjoni, T‑265/04, T‑292/04 u T‑504/04 , mhux ippubblikata, EU:T:2009:48 , punti u ). Għal dawn il-motivi, hemm lok, f’dan il-każ, li jiġi eżaminat it-tieni motiv tar-rikors qabel l-ewwel wieħed. Dwar it-tieni motiv tar-rikors, rigward ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni Ir-rikorrenti tilmenta li l-BEI, meta adotta l-att ikkontestat, ma osservax l-obbligu ta’ motivazzjoni impost fuqu. L-imsemmi att jikkostitwixxi “att legali” suġġett għall-obbligu ta’ motivazzjoni skont l-Artikolu 296 TFUE u d-drittijiet irrikonoxxuti fl-Artikolu 41(2)(c) u fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Dan ġie rrikonoxxut mill-Avukat Ġenerali Szpunar, fil-punt 49 tal-konklużjonijiet tiegħu fil-kawża TestBioTech et vs Il‑Kummissjoni ( C‑82/17 P , EU:C:2018:837 ). Skont ir-rikorrenti, il-motivazzjoni tal-att ikkontestat ma hijiex suffiċjenti sabiex tippermetti li jinftiehmu r-raġunijiet li wasslu lill-BEI sabiex jikkonkludi li d-deliberazzjoni kontenzjuża, li l-eżami mill-ġdid intern tagħha kien intalab, ma kinitx tissodisfa ċerti kundizzjonijiet li kienu meħtieġa sabiex att ikun jista’ jiġi kklassifikat bħala “att amministrattiv”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus, jiġifieri, minn naħa, il-kundizzjoni li jiġi adottat “taħt il-liġi ambjentali” u, min-naħa l-oħra, il-kundizzjoni li jipproduċi “effetti esterni u li jorbtu legalment”. B’mod partikolari, ir-rikorrenti tikkritika lill-BEI talli ma rrispondiex, fl-att ikkontestat, għall-argumenti kollha, ta’ fatt jew ta’ liġi, li hija kienet ressqet fit-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża. Il-BEI jiċħad l-argumenti tar-rikorrenti u jsostni li t-tieni motiv tar-rikors għandu jiġi miċħud bħala infondat. Mill-ġurisprudenza diġà ċċitata fil-punt 87 iktar ’il fuq isegwi li l-att ikkontestat kien suġġett għall-obbligu ta’ motivazzjoni stabbilit fl-Artikolu 296 TFUE u mfakkar fl-Artikolu 10(2) tar-Regolament Aarhus. Skont ġurisprudenza stabbilita, il-motivazzjoni meħtieġa fl-Artikolu 296 TFUE għandha tiġi adattata għan-natura tal-att inkwistjoni u għandha turi b’mod ċar u inekwivoku r-raġunament tal-istituzzjoni, il-korp jew l-organu li jadottaw l-att, b’mod li tippermetti lill-partijiet ikkonċernati jkunu jafu bil-ġustifikazzjonijiet tal-miżura li tiġi adottata u lill-qorti kompetenti teżerċita l-istħarriġ tagħha. Ma huwiex meħtieġ li l-motivazzjoni tispeċifika l-punti kollha ta’ fatt u ta’ liġi rilevanti, inkwantu l-kwistjoni dwar jekk il-motivazzjoni ta’ att tissodisfax ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu 296 TFUE għandha tiġi evalwata mhux biss fir-rigward tal-kliem tiegħu iżda wkoll tal-kuntest tiegħu kif ukoll tar-regoli ġuridiċi kollha li jirregolaw is-suġġett ikkonċernat (ara s-sentenza tal‑5 ta’ Marzu 2009, Franza vs Il‑Kunsill, C‑479/07 , mhux ippubblikata, EU:C:2009:131 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). B’mod partikolari, att li jikkawża preġudizzju jkun immotivat b’mod suffiċjenti meta dan ikun ġie adottat f’kuntest magħruf mill-persuni kkonċernati (ara s-sentenza tal‑14 ta’ April 2015, Il‑Kunsill vs Il‑Kummissjoni, C‑409/13 , EU:C:2015:217 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). Mill-ġurisprudenza jsegwi wkoll li l-obbligu ta’ motivazzjoni previst fl-Artikolu 296 TFUE jikkostitwixxi rekwiżit proċedurali essenzjali li għandu jiġi distint mill-kwistjoni tal-fondatezza tal-motivazzjoni, peress li din tirrigwarda l-legalità fil-mertu tal-att inkwistjoni (ara s-sentenza tal‑5 ta’ Marzu 2009, Franza vs Il‑Kunsill, C‑479/07 , mhux ippubblikata, EU:C:2009:131 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). Fl-att ikkontestat, il-BEI ċaħad it-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża bħala inammissibbli, minħabba li din ma kinitx tirrigwarda att li jista’ jkun is-suġġett ta’ eżami mill-ġdid intern, jiġifieri “att amministrattiv”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus. Din il-pożizzjoni kienet ibbażata, essenzjalment, fuq ir-raġunijiet esposti fil-punti 59 sa 62 iktar ’il fuq, jiġifieri, b’mod iktar preċiż, li d-deliberazzjoni kontenzjuża ma kinitx tissodisfa wħud mill-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus sabiex tkun tista’ tiġi kklassifikata bħala “att amministrattiv” sa fejn, minn naħa, hija ma kinitx tipproduċi effett legalment vinkolanti u estern u, min-naħa l-oħra, ma kinitx ġiet adottata taħt il-liġi ambjentali. F’dan ir-rigward, il-motivi li jinsabu fl-att ikkontestat kienu suffiċjenti sabiex jippermettu lir-rikorrenti ssir taf ir-raġunijiet li għalihom il-BEI kien ċaħad bħala inammissibbli t-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża li huwa kien indirizzalha u sabiex jippermettilha tikkontesta l-fondatezza ta’ dawn il-motivi fil-kuntest tal-ewwel motiv tar-rikors. Barra minn hekk, dawn il-motivi huma suffiċjenti sabiex jippermettu lill-Qorti Ġenerali teżerċita stħarriġ ġudizzjarju fuq il-fondatezza tal-imsemmi att, permezz tal-eżami tal-ewwel motiv tar-rikors (ara l-punti 105 sa 173 iktar ’il quddiem). Għaldaqstant, ir-rikorrenti ma hijiex fondata ssostni li l-BEI kiser l-obbligu tiegħu li jimmotiva l-att ikkontestat, fid-dawl tal-motivazzjoni li effettivament tinsab fih. Għaldaqstant, it-tieni motiv tar-rikors, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni, għandu jiġi miċħud bħala infondat. Fuq l-ewwel motiv tar-rikors, ibbażat fuq żbalji ta’ evalwazzjoni fl-applikazzjoni tar-Regolament Aarhus Ir-rikorrenti essenzjalment tilmenta li l-BEI, bl-adozzjoni tal-att ikkontestat, wettaq applikazzjoni żbaljata, fir-rigward tad-deliberazzjoni kontenzjuża, ta’ ċerti kundizzjonijiet meħtieġa sabiex att ikun jista’ jiġi kklassifikat bħala “att amministrattiv”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus. Dan il-motiv huwa maqsum f’żewġ partijiet, li jirrigwardaw, l-ewwel wieħed, l-applikazzjoni żbaljata tal-kundizzjoni li l-att jipproduċi “effett legalment vinkolanti u estern” u, it-tieni wieħed, dwar l-applikazzjoni żbaljata tal-kundizzjoni li dan huwa att adottat “taħt il-liġi ambjentali”. Preliminarjament, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, it-testi tad-dritt tal-Unjoni għandhom jiġu interpretati, sa fejn huwa possibbli, fid-dawl tad-dritt internazzjonali, b’mod partikolari meta tali testi huma intiżi preċiżament sabiex jimplimentaw ftehim internazzjonali konkluż mill-Unjoni (sentenza tal‑14 ta’ Lulju 1998, Safety Hi-Tech, C‑284/95 , EU:C:1998:352 , punt ; ara wkoll is-sentenza tad‑19 ta’ Diċembru 2019, Nederlands Uitgeversverbond u Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18 , EU:C:2019:1111 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). Meta hija kellha tinterpreta d-dispożizzjonijiet ta’ direttivi li jimplimentaw, fir-rigward tal-Istati Membri, ir-rekwiżiti tal-Artikolu 9(4) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, il-qorti tal-Unjoni osservat li l-għan imfittex mil-leġiżlatur tal-Unjoni kien li l-pubbliku kkonċernat jingħata “aċċess għall-ġustizzja wiesa’” u li dan l-għan kien jaqa’, b’mod iktar wiesa’, taħt ir-rieda tal-leġiżlatur tal-Unjoni li jippreserva, jipproteġi u jtejjeb il-kwalità tal-ambjent u li jagħti lill-pubbliku rwol attiv għal dan l-għan (sentenza tal‑11 ta’ April 2013, Edwards u Pallikaropoulos, C‑260/11 , EU:C:2013:221 , punti u ). Konsegwentement, hija qieset li, anki jekk il-partijiet għall-Konvenzjoni ta’ Aarhus kellhom ċerta marġni diskrezzjonali għall-applikazzjoni tal-Artikolu 9(3) ta’ din il-konvenzjoni, madankollu kellu jiġi adottat approċċ ferm protettiv tal-effett utli u tal-għanijiet tal-imsemmija konvenzjoni fil-kuntest tal-obbligi ta’ implimentazzjoni li għandhom l-Istati Membri (ara, f’dan is-sens, il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Jääskinen fil-kawżi magħquda Il‑Kunsill et vs Vereniging Milieudefensie u Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑401/12 P sa C‑403/12 P , EU:C:2014:310 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). Għal motivi simili, sa fejn possibbli, iż-żewġ kundizzjonijiet imsemmija fil-punt 106 iktar ’il fuq għandhom jiġu interpretati fid-dawl tal-Artikolu 9(3) u (4) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus (ara, b’analoġija, is-sentenza tat‑18 ta’ Lulju 2013, Deutsche Umwelthilfe, C‑515/11 , EU:C:2013:523 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata) u, għaldaqstant, fid-dawl tar-rekwiżit li jikkonsisti f’li jiġi żgurat aċċess ġudizzjarju effettiv tar-rikorrenti. Barra minn hekk u għal raġunijiet ta’ opportunità, għandha tiġi eżaminata t-tieni parti tal-ewwel motiv tar-rikors qabel l-ewwel parti. – Fuq it-tieni parti tal-ewwel motiv tar-rikors, ibbażata fuq applikazzjoni żbaljata tal-kundizzjoni li l-att jiġi adottat “taħt il-liġi ambjentali”, stabbilita fl-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus Ir-rikorrenti tilmenta li l-BEI, bl-adozzjoni tal-att ikkontestat, wettaq applikazzjoni żbaljata, fir-rigward tad-deliberazzjoni kontenzjuża, tal-kundizzjoni li l-att jiġi adottat “taħt il-liġi ambjentali”, stabbilita fl-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus. Ir-rikorrenti ssostni li, skont il-ġurisprudenza, il-“liġi ambjentali”, kif iddefinita fl-Artikolu 2(1)(f) tar-Regolament Aarhus, għandha tifsira wiesgħa, li ma hijiex limitata għal kwistjonijiet marbuta mal-protezzjoni tal-ambjent fis-sens strett. Dan ikopri kull dispożizzjoni leġiżlattiva tal-Unjoni li tikkontribwixxi sabiex jintlaħqu għanijiet tal-politika tagħha fil-qasam tal-ambjent, indipendentement mill-bażi legali tagħha jew min-natura tagħha. Ir-rikorrenti tallega li identifikat, fit-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni kontenzjuża, id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-ambjent li ma ġewx osservati mill-BEI fid-deċiżjoni kontenzjuża. Skont ir-rikorrenti, iċ-ċirkustanzi li fihom il-Bord tad-Diretturi adotta d-deliberazzjoni kontenzjuża juru li din saret taħt il-“liġi ambjentali”, kif iddefinit fl-Artikolu 2(1)(f) tar-Regolament Aarhus. Il-BEI, sostnut mill-Kummissjoni, jikkontesta l-argumenti tar-rikorrenti u jsostni li t-tieni parti tal-ewwel motiv għandha tiġi miċħuda bħala infondata. Il-BEI jsostni li d-deliberazzjoni kontenzjuża ġiet adottata skont l-Artikolu 19(3) tal-Istatut tal-BEI, jiġifieri dispożizzjoni tad-dritt primarju tal-Unjoni li ma tagħmilx riferiment għall-ambjent. Min-naħa l-oħra, mill-Artikolu 2(1)(f) tar-Regolament Nru 1367/2006 isegwi li l-kunċett ta’ “liġi ambjentali”, f’dan ir-regolament, għandu jinftiehem fis-sens li jagħmel riferiment għal dispożizzjonijiet leġiżlattivi li jaqgħu taħt id-dritt sekondarju tal-Unjoni u li jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent. Il-fatt li l-BEI jfittex għanijiet ambjentali fil-kuntest tal-operazzjonijiet iffinanzjati mir-riżorsi proprji tiegħu ma huwiex biżżejjed sabiex jiġi konkluż li d-deliberazzjoni kontenzjuża jew kwalunkwe deliberazzjoni oħra tal-istess ordni hija adottata abbażi tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent u, fuq kollox, li huwa mar kontra dispożizzjonijiet preċiżi tad-dritt tal-ambjent, kif iddikjarat fil-premessa 18 tar-Regolament Aarhus u fl-Artikolu 9(3) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus. Il-motivi tad-deliberazzjoni kontenzjuża huma irrilevanti f’dan ir-rigward, bħalma huwa r-riferiment għal direttiva li, min-natura tagħha, hija indirizzata biss lill-Istati Membri. Interpretazzjoni wiesgħa żżejjed tal-kunċett ta’ “liġi ambjentali” tkun artifiċjali, tkun tmur lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament Aarhus u tkun tippreġudika l-indipendenza li l-BEI għandu fil-qasam tal-operazzjonijiet finanzjarji tiegħu kif ukoll il-missjoni statutorja tiegħu. Fil-kuntest tal-mandat iddefinit fl-Artikolu 309 TFUE, huwa għandu jikkontribwixxi b’mod partikolari għall-iżvilupp ibbilanċjat u mingħajr problemi tas-suq intern fl-interess tal-Unjoni billi jiffaċilita, permezz tal-għoti ta’ self u ta’ garanziji, il-finanzjament ta’ proġetti li jissodisfaw ċerti kriterji. Id-deċiżjonijiet tiegħu huma deċiżjonijiet ta’ investiment li ma jimplimentawx direttament il-liġi ambjentali. L-osservanza ta’ din tal-aħħar taqa’ fuq il-promoturi, fil-kuntest tal-eżekuzzjoni tal-proġetti, taħt il-kontroll tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Bl-istess mod, il-fatt li l-proġett Curtis għandu impatt fuq l-ambjent huwa ċirkustanza ta’ fatt li ma jippermettix li jiġi konkluż, fuq il-livell ġuridiku, li d-deliberazzjoni kontenzjuża ġiet adottata taħt il-liġi ambjentali. Il-BEI jiċħad kull riferiment għas-sistema legali applikabbli għall-garanzija tal-Unjoni mogħtija mill-FEIS, b’mod partikolari għar-Regolament 2015/1017, bħala irrilevanti, peress li d-deliberazzjoni kontenzjuża ma ġietx adottata skont l-imsemmija skema. Id-deċiżjoni tal-Bord tad-Diretturi hija indipendenti minn dik meħuda mill-Kumitat ta’ Investiment tal-FEIS. Fi kwalunkwe każ, is-sistema legali applikabbli għall-garanzija tal-Unjoni u l-għoti ta’ din il-garanzija għall-proġett Curtis isegwu numru ta’ għanijiet ġenerali oħra minbarra l-protezzjoni tal-ambjent u tar-riżorsi. L-Artikolu 3 tar-Regolament 2015/1017 jistabbilixxi b’mod ċar li l-garanzija tal-Unjoni għandha bħala għan l-investimenti u s-sostenn għall-impriżi żgħar u ta’ daqs medju iktar milli l-għanijiet ambjentali stabbiliti fl-Artikolu 191(1) u fl-Artikolu 192(2) TFUE. Barra minn hekk, il-BEI jwarrab l-argumenti bbażati fuq il-kuntest ġuridiku li fih ġiet adottata d-deliberazzjoni kontenzjuża u elementi li hija bbażata fuqhom. Id-dikjarazzjoni tal-2009 hija intiża biss sabiex torjenta l-istruzzjoni tal-proġetti upstream tad-deċiżjonijiet ta’ finanzjament. Dan huwa att intern li ma jbiddilx il-missjoni tiegħu, kif iddefinita fit-Trattat FUE, li ma jsemmix il-promozzjoni tal-protezzjoni tal-ambjent fost il-funzjonijiet ewlenin tiegħu. Barra minn hekk, il-fatt li l-proposta ta’ finanzjament tal-proġett Curtis issemmi, b’mod partikolari, vantaġġi ambjentali marbuta ma’ dan il-proġett ma huwiex biżżejjed sabiex jitqies li d-deliberazzjoni kontenzjuża, adottata abbażi ta’ din il-proposta, kienet adottata taħt il-liġi ambjentali. It-tieni parti tal-ewwel motiv tqajjem il-kwistjoni dwar jekk huwiex b’mod żbaljat li, fl-att ikkontestat, il-BEI qies li d-deliberazzjoni kontenzjuża ma kinitx miżura ta’ portata individwali adottata “taħt il-liġi ambjentali”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus. Il-“liġi ambjentali” hija ddefinita, fl-Artikolu 2(1)(f) tar-Regolament Aarhus, bħala kwalunkwe dispożizzjoni leġiżlattiva tal-Unjoni li, irrispettivament mill-bażi legali tagħha, tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent kif stabbiliti fit-Trattat FUE: il-preżervazzjoni, il-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent, il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, l-użu prudenti u razzjonali tar-riżorsi naturali, u l-promozzjoni ta’ miżuri fil-livell internazzjonali sabiex jiġu ttrattati problemi ambjentali reġjonali jew dinjija. Mill-formulazzjoni tal-Artikolu 2(1)(f) tar-Regolament Aarhus jirriżulta li, billi rrefera għall-għanijiet elenkati fl-Artikolu 191(1) TFUE, il-leġiżlatur tal-Unjoni ried jagħti lill-kunċett ta’ “liġi ambjentali”, imsemmi f’dan ir-regolament, tifsira wiesgħa, li ma hijiex limitata għal kwistjonijiet marbuta mal-protezzjoni tal-ambjent naturali fis-sens strett (sentenza tal-14 ta’ Marzu 2018, TestBioTech vs Il‑Kummissjoni, T‑33/16 , EU:T:2018:135 , punti u ; ara wkoll, f’dan is-sens, il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Jääskinen fil-kawżi magħquda Il‑Kunsill et vs Vereniging Milieudefensie u Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑401/12 P sa C‑403/12 P , EU:C:2014:310 , punt ). Barra minn hekk, din il-konstatazzjoni hija kkonfermata bl-Artikolu 192(2) TFUE li jipprevedi li l-liġi ambjentali, kif imsemmija fit-Titolu XX tat-TFUE, tista’ tinkludi wkoll dispożizzjonijiet essenzjalment ta’ natura fiskali, miżuri li jaffettwaw l-ippjanar tal-art, l-immaniġġjar kwantitattiv tar-riżorsi tal-ilma jew dak kollu li jaffettwa, direttament jew indirettament, id-disponibbiltà ta’ dawn ir-riżorsi, l-użu tal-art, kif ukoll miżuri li jaffettwaw b’mod sinjifikattiv l-għażla ta’ Stat Membru bejn sorsi differenti ta’ enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija. Interpretazzjoni ristretta tal-kunċett tal-“liġi ambjentali” ikollha l-effett li tali dispożizzjonijiet u miżuri ma jaqgħux, fil-parti l-kbira tagħhom, taħt dan il-qasam (sentenza tal‑14 ta’ Marzu 2018, TestBioTech vs Il‑Kummissjoni, T‑33/16 , EU:T:2018:135 , punt ). Barra minn hekk, hemm lok li jiġi osservat li l-Artikolu 2(2) tar-Regolament Aarhus jipprevedi li l-atti u l-ommissjonijiet amministrattivi koperti ma għandhomx jinkludu miżuri meħuda jew l-ommissjonijiet, minn xi istituzzjoni jew korp tal-Unjoni fil-kapaċità tagħhom bħala korpi amministrattivi ta’ reviżjoni, b’mod partikolari taħt l-Artikoli 101, 102, 106, 107, 228, 258, 260 u 325 TFUE li jirrigwardaw ir-regoli fil-qasam tal-kompetizzjoni, il-proċeduri għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, il-proċeduri tal-Ombudsman Ewropew u l-proċeduri li jirrigwardaw il-ġlieda kontra l-frodi. Il-fatt li l-leġiżlatur ikkunsidra bħala neċessarju li jinkludi tali eċċezzjonijiet jindika wkoll li l-kunċett ta’ “liġi ambjentali”, kopert bir-Regolament Aarhus, għandu jiġi interpretat, bħala regola, b’mod wiesa’ ferm (sentenza tal‑14 ta’ Marzu 2018, TestBioTech vs Il‑Kummissjoni, T‑33/16 , EU:T:2018:135 , punt ). Barra minn hekk, ir-riferiment għal-“leġislazzjoni [tal-Unjoni]”, fl-Artikolu 2(1)(f) tar-Regolament Aarhus, għandu jinftiehem bħala li jirreferi għal kwalunkwe dispożizzjoni tad-dritt sekondarju tal-Unjoni li għandha portata ġenerali, b’kuntrast mal-“att amministrattiv”, li huwa ddefinit, fl-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus, bħala “kwalunkwe miżura ta’ ambitu individwali”. Fil-fatt, fil-mument meta dan ir-regolament ġie adottat, jiġifieri fis-6 ta’ Settembru 2006, it-Trattat ta’ Lisbona, iffirmat fit-13 ta’ Diċembru 2007, kien għadu ma introduċiex, fid-dritt tal-Unjoni, id-distinzjoni, fi ħdan l-atti ta’ portata ġenerali, bejn l-atti leġiżlattivi, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva, u l-atti regolatorji, adottati skont proċedura oħra. Għalhekk, ma hemmx lok li jitqies li r-riferiment għal dan il-kunċett jeskludi t-teħid inkunsiderazzjoni, bħala “liġi ambjentali”, tad-dispożizzjonijiet ta’ “att regolatorju” fis-sens tat-Trattat ta’ Lisbona, jiġifieri att ta’ portata ġenerali li ma ġiex adottat la skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, u lanqas skont proċedura leġiżlattiva speċjali fis-sens tal-Artikolu 289(1) sa (3) TFUE. Barra minn hekk, tali definizzjoni restrittiva tostakola t-teħid inkunsiderazzjoni ta’ kwalunkwe att ta’ portata ġenerali li jkun adottat mill-BEI, bħad-dikjarazzjonijiet ta’ prinċipji u ta’ regoli jew l-istrateġiji adottati minnu fl-eżerċizzju tal-awtonomija istituzzjonali tiegħu (ara l-punti 28 sa 36 iktar ’il fuq). Fil-fatt, hemm lok jitfakkar li, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tat-Trattat FUE, il-korpi tal-BEI għandhom jadottaw, b’mod partikolari fil-forma ta’ politiki, ta’ strateġiji, ta’ struzzjonijiet, ta’ prinċipji jew ta’ standards, regoli interni ta’ portata ġenerali, debitament ippubblikati u implimentati li, indipendentement min-natura vinkolanti jew le tagħhom fis-sens strett, jillimitaw l-eżerċizzju tas-setgħa ta’ evalwazzjoni tal-BEI fl-eżerċizzju tal-attivitajiet tiegħu (ara, f’dan is-sens u b’analoġija, is-sentenzi tas‑27 ta’ April 2012, De Nicola vs BEI, T‑37/10 P , EU:T:2012:205 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata; tas‑16 ta’ Settembru 2013, De Nicola vs BEI, T‑618/11 P , EU:T:2013:479 , punt , u tad‑19 ta’ Lulju 2017, Dessi vs BEI, T‑510/16 , mhux ippubblikat, EU:T:2017:525 , punt ). Meta l-qorti tal-Unjoni teżamina l-legalità ta’ att adottat mill-BEI, hija tieħu inkunsiderazzjoni tar-regoli interni adottati minn dan tal-aħħar (ara, f’dan is-sens u b’analoġija, is-sentenza tas‑16 ta’ Settembru 2013, De Nicola vs BEI, T‑618/11 P , EU:T:2013:479 , punt ). F’dan il-każ u kuntrarjament għal dak li sostna l-BEI waqt is-seduta, hemm lok għalhekk li r-regoli ta’ portata ġenerali li jirregolaw l-attività tiegħu fil-qasam tal-għoti ta’ self għall-finijiet tat-twettiq tal-għanijiet tat-Trattat FUE fil-qasam ambjentali, b’mod partikolari l-kriterji ta’ natura ambjentali ta’ eliġibbiltà tal-proġetti għal finanzjament tal-BEI, jiġu assimilati ma’ dispożizzjonijiet leġiżlattivi tal-liġi ambjentali tal-Unjoni, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(f) tar-Regolament Aarhus. Fl-aħħar nett, mill-formulazzjoni u mill-istruttura tal-Artikolu 9(3) u (4) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus, fid-dawl ta’ liema r-Regolament Aarhus għandu, sa fejn possibbli, jiġi interpretat (ara l-punt 107 iktar ’il fuq), isegwi li l-atti kollha ta’ awtoritajiet pubbliċi li jmorru kontra d-dispożizzjonijiet tal-liġi ambjentali għandhom ikunu jistgħu jiġu kkontestati. Għalhekk, ma hemmx lok li l-aċċess għall-ġustizzja fil-qasam tal-ambjent jiġi limitat biss għall-atti ta’ awtoritajiet pubbliċi li jkollhom formalment bħala bażi legali dispożizzjoni tal-liġi ambjentali. Għal dawn ir-raġunijiet kollha u għall-fini ta’ interpretazzjoni ġenerali tal-Artikolu 9(3) tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus koerenti u konformi mar-rekwiżit li jiġu offruti azzjonijiet legali suffiċjenti u effettivi (ara l-punt 4 iktar ’il fuq), il-kunċett ta’ miżura ta’ portata individwali adottata “taħt il-liġi ambjentali”, stabbilit fl-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus, għandu jiġi interpretat b’mod wiesa’, fis-sens li ma huwiex limitat, kif isostni l-BEI, sostnut mill-Kummissjoni, biss għall-miżuri ta’ portata individwali adottati abbażi ta’ dispożizzjoni ta’ dritt sekondarju li tikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent, kif stabbiliti fl-Artikolu 191(1) TFUE, iżda jirrigwarda kull miżura ta’ portata individwali suġġetta għal rekwiżiti tad-dritt sekondarju tal-Unjoni li, indipendentement mill-bażi legali tagħhom, jirrigwardaw direttament l-ilħieq tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent. Jibqa’ għalhekk li jiġi eżaminat jekk id-deliberazzjoni kontenzjuża tistax tiġi analizzata bħala tali miżura ta’ portata individwali. F’dan ir-rigward, mill-punt 11 tal-minuti tal-laqgħa tat‑12 ta’ April 2018, kif inseriti fil-proċess ta’ din il-proċedura, jirriżulta li, bid-deliberazzjoni kontenzjuża, il-Bord tad-Diretturi approva, waqt din il-laqgħa, il-proposta ta’ finanzjament. Mill-punti 21 sa 23 tal-proposta ta’ finanzjament isegwi li l-kontribuzzjoni tal-proġett Curtis għall-politiki segwiti mill-Unjoni hija sinjifikattiva, sa fejn dan il-proġett kien isostni l-għanijiet Spanjoli u Ewropej fil-qasam tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u kien jikkontribwixxi għas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u għat-twettiq ta’ għanijiet ambjentali. Huwa jikkontribwixxi wkoll għall-prevenzjoni ta’ nirien fil-foresti u għas-sostenibbiltà tal-forestrija f’Galicia, billi jistimula d-domanda lokali għal residwi forestali. Il-finanzjament tal-proġett kien konformi u kkontribwixxa għall-prijorità mogħtija mill-BEI, fil-kuntest tal-politika tiegħu ta’ self, għall-enerġiji rinnovabbli u għall-azzjoni favur il-klima. Il-punt 24 tal-proposta ta’ finanzjament kien jindika wkoll li dan il-proġett kien eliġibbli għall-finanzjament tal-BEI skont il-punt (ċ) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 309 TFUE, sa fejn kien jissodisfa interess komuni fil-qasam tal-enerġija. Fil-punt 25 tal-proposta ta’ finanzjament, kien indikat li l-proġett Curtis kien ser jikkoreġi falliment tas-suq, sa fejn il-proġetti ta’ produzzjoni tal-elettriku u ta’ sħana b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju kienu jnaqqsu l-ispejjeż esterni marbuta mal-karbonju u mat-tniġġis atmosferiku. Barra minn hekk, il-punt 30 tal-proposta ta’ finanzjament kien jispeċifika li l-proġett Curtis kien jikkontribwixxi għall-għanijiet fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli għall-2020 stabbiliti fil-pjan ta’ azzjoni Spanjol għall-enerġija rinnovabbli, adottat konformement mal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2009/28, fil-verżjoni tagħha applikabbli fil-mument tal-adozzjoni tad-deliberazzjoni kontenzjuża. Fl-aħħar nett, il-punt 34 tal-proposta ta’ finanzjament kien jindika li, mill-perspettiva tas-“sostenibbiltà” [traduzzjoni mhux uffiċjali] tiegħu, sa fejn “il-kundizzjonijiet xierqa [kienu] issodisfatti (ara l-iskeda teknika dwar l-aspetti ambjentali u soċjali), il-proġett [Curtis kien] aċċettabbli fuq il-livell ambjentali u soċjali għal finanzjament [mill-BEI]”. L-iskeda teknika dwar l-aspetti ambjentali u soċjali tal-proġett Curtis tat‑12 ta’ April 2018 (iktar ’il quddiem l-“iskeda teknika”), imsemmija fil-punt 34 tal-proposta ta’ finanzjament, kienet issemmi r-riżultati ta’ evalwazzjoni tal-effetti ta’ dan il-proġett fuq l-ambjent li l-awtorità nazzjonali kompetenti kienet iddeċidiet li twettaq, konformement mal-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 2011/92, fil-verżjoni tagħha applikabbli fil-mument li fih id-deliberazzjoni kontenzjuża kienet ġiet adottata. Sussegwentement, l-iskeda teknika kienet issemmi l-impenji li kienu ttieħdu mill-promotur tal-proġett sabiex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-bijomassa użata fil-kuntest tiegħu, skont ċerti kriterji inklużi fl-imsemmija skeda. B’mod partikolari, il-promotur kien intrabat li l-bijomassa użata fil-kuntest tal-proġett Curtis tosserva l-kriterji ta’ sostenibbiltà ddefiniti fid-Direttiva 2009/28, fil-verżjoni tagħha applikabbli fil-mument li fih id-deliberazzjoni kontenzjuża kienet ġiet adottata, kif ukoll fir-Regolament (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2010 li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq injam u prodotti tal-injam ( ĠU 2010, L 295, p. 23 ), li kien intiż sabiex jiġġieled kontra l-isfruttament illegali tal-foresti u tal-kummerċ li kien assoċjat miegħu. Fl-aħħar nett, l-iskeda teknika kienet tirriproduċi r-riżultat tal-marka tal-karbonju tal-proġett li kien ġie kkalkolat mill-BEI konformement mal-metodi ta’ evalwazzjoni tiegħu stess, billi tenfasizza li, sa fejn jissostitwixxi l-produzzjoni konġunta tal-elettriku minn impjanti elettriċi ġodda u eżistenti, l-effett totali relattiv tal-proġett huwa tnaqqis nett tal-emissjonijiet ta’ CO ta’ 151 kilotunnellata fis-sena. Fl-iskeda tekniku, is-servizzi tal-BEI kkonkludew, fid-dawl tar-riżultati u tal-impenji msemmija iktar ’il fuq, li l-proġett Curtis kien aċċettabbli fuq il-livell ambjentali u soċjali għal finanzjament mill-BEI. Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li, konformement mad-dritt tal-Unjoni u mar-regoli interni ta’ portata ġenerali li jirregolaw l-attività ta’ self tal-BEI ċċitati fil-punti 28 sa 36 iktar ’il fuq, id-deliberazzjoni kontenzjuża kkonstatat li ċerti kriterji ta’ eliġibbiltà ta’ natura ambjentali, adottati mill-BEI fl-eżerċizzju tal-awtonomija istituzzjonali tiegħu u intiżi direttament għat-twettiq tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent, kienu f’dan il-każ osservati. B’mod partikolari, mill-atti tal-proċess jirriżulta li d-deliberazzjoni kontenzjuża ġiet adottata minħabba li l-proġett Curtis kien jissodisfa l-għanijiet tal-attività ta’ self tal-BEI u l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-proġetti li jirrigwardaw l-ambjent li jirriżultaw mid-Dikjarazzjoni tal-2009 u mill-istrateġija klima, b’mod partikolari għaliex kien insostenn tal-għanijiet Ewropej u Spanjoli fil-qasam tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, li kien josserva kriterji ta’ sostenibbiltà u dispożizzjonijiet intiżi għall-ġlieda kontra l-isfruttament illegali tal-foresti stabbiliti mid-dritt sekondarju tal-Unjoni u li kien jippermetti tnaqqis nett tal-emissjonijiet CO fuq il-livelli Spanjoli u Ewropej. Sa fejn hija kkonstatat li l-proġett Curtis kien jissodisfa dawn il-kriterji ta’ eliġibbiltà ta’ natura ambjentali, id-deliberazzjoni kontenzjuża kienet fil-fatt miżura ta’ portata individwali adottata “taħt il-liġi ambjentali”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus. Min-naħa l-oħra, sa fejn id-deliberazzjoni kontenzjuża ġiet adottata mill-Bord tad-Diretturi, ma huwiex rilevanti li jitfittex jekk, bħalma targumenta r-rikorrenti, deċiżjoni oħra dwar il-proġett Curtis meħuda mill-Kumitat ta’ Investiment tal-FEIS, li tikkonsisti fl-għoti tal-garanzija tal-Unjoni għal dan il-proġett (ara l-punt 45 iktar ’il fuq), ġietx ukoll adottata bl-osservanza tar-rekwiżiti li jikkontribwixxu għat-tfittxija tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent. Fid-dawl tal-konstatazzjonijiet ibbażati fil-punti 138 u 140 iktar ’il fuq, ir-rikorrenti ssostni ġustament, f’dan il-każ, li l-BEI wettaq żball ta’ evalwazzjoni meta indika li d-deliberazzjoni kontenzjuża ma setgħetx titqies li hija miżura ta’ portata individwali adottata “taħt il-liġi ambjentali”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus, u, għaldaqstant, bħala att li jista’ jkun is-suġġett ta’ eżami mill-ġdid intern skont l-Artikolu 10(1) ta’ dan l-istess regolament. Għaldaqstant, it-tieni parti tal-ewwel motiv tar-rikors għandha tintlaqa’. Madankollu, fid-dawl tan-natura kumulattiva tad-diversi kundizzjonijiet sabiex att ikun jista’ jiġi kklassifikat bħala “att amministrattiv” fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus li huma kkontestati fil-kuntest ta’ kull parti tal-imsemmi motiv, huwa neċessarju li jitkompla bl-eżami tal-ewwel parti ta’ dan l-istess motiv. – Fuq l-ewwel parti tal-ewwel motiv tar-rikors, ibbażata fuq applikazzjoni żbaljata tal-kundizzjoni li l-att jipproduċi “effetti esterni u li jorbtu legalment”, stabbilita fl-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus Ir-rikorrenti tilmenta li l-BEI, bl-adozzjoni tal-att ikkontestat, wettaq applikazzjoni żbaljata, fir-rigward tad-deliberazzjoni kontenzjuża, tal-kundizzjoni li l-att jipproduċi “effetti esterni u li jorbtu legalment”, stabbilita fl-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus. Il-BEI, sostnut mill-Kummissjoni, jikkontesta l-argumenti tar-rikorrenti u jsostni li l-ewwel parti tal-ewwel motiv għandha tiġi miċħuda bħala infondata. Hija tqis li, skont il-ġurisprudenza, hija fondata tiċħad bħala inammissibbli kull talba għal eżami mill-ġdid intern li, bħal f’dan il-każ, ma tissodisfax ċerti kundizzjonijiet imposti mir-Regolament Aarhus għat-tressiq ta’ tali talba. Kif jirriżulta mill-ittra tat-13 ta’ April 2018 indirizzata lill-promotur, id-deliberazzjoni kontenzjuża ma ħolqot ebda obbligu fuq il-BEI li jagħti s-self lill-entità ad hoc tal-proġett Curtis u ma ta ebda dritt lill-promotur ta’ dan il-proġett u lanqas ma biddel is-sitwazzjoni legali ta’ dan tal-aħħar. L-uniku att li kellu effett legalment vinkolanti u estern f’dan ir-rigward kien id-dokumentazzjoni kuntrattwali dwar il-finanzjament tal-proġett Curtis mill-BEI, iffirmata fil‑25 ta’ Lulju 2018, li ma kinitx tikkostitwixxi “att amministrattiv” fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) u tal-Artikolu 10(1) tar-Regolament Aarhus. Id-deliberazzjoni kontenzjuża kienet biss stadju obbligatorju fi ħdan il-proċess deċiżjonali intern tal-BEI. Fir-rigward ta’ operazzjoni ta’ finanzjament fuq proġett, dan il-proċess seħħ f’żewġ stadji. L-ewwel nett, il-Bord tad-Diretturi ta ftehim fil-prinċipju għall-finanzjament tal-proġett Curtis mill-BEI, mingħajr ma għażel il-benefiċjarju tas-self. It-tieni, il-Kumitat ta’ Tmexxija approva definittivament l-imsemmi finanzjament, wara li, b’eżekuzzjoni tad-deliberazzjoni kontenzjuża u skont l-Artikolu 11(3) tal-Istatut tal-BEI, iddefinixxa l-modalitajiet u l-kundizzjonijiet definittivi tiegħu fil-limiti tal-ftehim fil-prinċipju mogħti mill-Bord tad-Diretturi. In-negozjar tal-kuntratt mis-servizzi tal-BEI kien stadju kruċjali, li s-suċċess tiegħu ma kienx żgurat, kif tixhed l-esperjenza passata fir-rigward ta’ proġetti oħra. Skont il-BEI, sostnut mill-Kummissjoni, la l-atti tal-proċess deċiżjonali intern tiegħu u lanqas il-kuntratt ta’ self ma huma “atti amministrattivi” fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) u tal-Artikolu 10(1) tar-Regolament Aarhus. Dan huwa konformi mal-indipendenza li l-BEI għandu fil-qasam tat-tranżazzjonijiet finanzjarji tiegħu u mal-fatt li l-attività bankarja tiegħu ma tistax tiġi assimilata ma’ attività amministrattiva. Is-sitwazzjoni f’dan il-każ għalhekk ma tistax titqabbel ma’ dik tal-kawżi li taw lok għas-sentenza tal-31 ta’ Jannar 2019, International Management Group vs Il-Kummissjoni ( C‑183/17 P u C‑184/17 P , EU:C:2019:78 ), li fihom att amministrattiv kien inkwistjoni b’mod ċar. Fir-rigward tal-Artikolu 271(ċ) TFUE, invokat mir-rikorrenti, dan huwa intiż biss sabiex jippreżerva d-drittijiet proċedurali speċifiċi mogħtija lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni mill-Artikolu 19 tal-Istatut tal-BEI, fil-kuntest tal-proċess deċiżjonali intern tiegħu dwar l-għoti ta’ self, u ma jagħti l-ebda dritt li jiġu kkontestati fuq il-mertu d-deċiżjonijiet ta’ għoti ta’ self. Fir-rigward tal-proċedura ta’ eżami mill-ġdid intern, prevista fl-Artikolu 10 tar-Regolament Aarhus, din ma għandhiex l-għan li ttejjeb il-kwalità tal-proċess deċiżjonali, iżda li testendi l-aċċess ta’ ċerti applikanti għar-rimedji legali eżistenti quddiem il-qrati tal-Unjoni, skont l-Artikolu 12 ta’ dan l-istess regolament. Ma huwiex possibbli li jintalab l-eżami mill-ġdid intern ta’ att li ma jistax jiġi kkontestat fis-sens tal-Artikolu 263 TFUE, għaliex ma jipproduċix effetti legali li jmorru kontra l-liġi ambjentali fir-rigward ta’ terz. L-ewwel parti tal-ewwel motiv tqajjem il-kwistjoni dwar jekk huwiex b’mod żbaljat li, fl-att ikkontestat, il-BEI kkunsidra li d-deliberazzjoni kontenzjuża ma kinitx miżura li għandha “effetti esterni u li jorbtu legalment” fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus. Preliminarjament, għandu jitfakkar li l-proċedura amministrattiva ta’ eżami mill-ġdid intern prevista fl-Artikolu 10 tar-Regolament Aarhus tiftaħ ir-rimedju ġudizzjarju quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li, skont l-Artikolu 12 ta’ dan l-istess regolament, għandha ssir “skond id-disposizzjonijiet pertinenti tat-Trattat [FUE]” u għalhekk, bħala prinċipju, b’osservanza tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 263 TFUE. Fid-dawl tar-rabta li teżisti għalhekk bejn il-kunċett ta’ att li jipproduċi “effetti esterni u li jorbtu legalment”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus, u dak ta’ att li jipproduċi effetti legali fil-konfront ta’ terzi, fis-sens tal-Artikolu 263 TFUE, huwa raġonevoli, fl-interess tal-koerenza ġenerali, li l-ewwel wieħed jiġi interpretat b’mod konformi mat-tieni wieħed. Il-Kummissjoni u, sussegwentement, il-BEI jipproponu, essenzjalment, li jiġi kkonstatat qabelxejn li d-deliberazzjoni kontenzjuża ma hijiex att amministrattiv, peress li tirrigwarda l-attivitajiet finanzjarji tal-BEI, li fil-kuntest tagħhom dan għandu jkun jista’ jaġixxi b’indipendenza sħiħa. Madankollu, kif diġà ġie kkonstatat fil-punt 92 iktar ’il fuq, il-BEI ma huwiex ammissibbli, fiċ-ċirkustanzi tal-każ, li jqajjem motiv ta’ difiża bbażat fuq il-fatt li t-talba għal eżami mill-ġdid intern imressqa mir-rikorrenti, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament Aarhus u tad-Deċiżjoni 2008/50, kienet inkompatibbli mal-“istatus partikolari” mogħti lilu mit-Trattat FUE. Għaldaqstant, għandu jiġi eżaminat jekk id-deliberazzjoni kontenzjuża għandhiex “effetti esterni u li jorbtu legalment”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(g) tar-Regolament Aarhus, u, sussegwentement, jekk kinitx “maħsuba li [toħloq] effetti legali fir-rigward ta’ terzi”, fis-sens tal-Artikolu 263 TFUE. Skont ġurisprudenza stabbilita, sabiex jiġi ddeterminat jekk atti jew deċiżjonijiet humiex “maħsuba li joħolqu effetti legali fir-rigward ta’ terzi” fis-sens tal-Artikolu 263 TFUE, hemm lok li wieħed jiffoka fuq is-sustanza ta’ dawn l-atti jew ta’ dawn id-deċiżjonijiet iktar milli fuq il-forma tagħhom u li jfittex jekk jipproduċux effetti legali vinkolanti ta’ natura li jaffettwaw l-interessi ta’ terz, billi jibdlu b’mod sostanzjali s-sitwazzjoni ġuridika tiegħu (ara, f’dan is-sens, id-digrieti tal‑21 ta’ Ġunju 2007, Il‑Finlandja vs Il‑Kummissjoni, C‑163/06 P , EU:C:2007:371 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata, u tat‑2 ta’ Settembru 2009, E.ON Ruhrgas u E.ON Földgáz Trade vs Il‑Kummissjoni, T‑57/07 , mhux ippubblikat, EU:T:2009:297 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). Dan ma huwiex il-każ ta’ miżuri ta’ natura interna li ma jipproduċu ebda effett barra mill-isfera interna tal-istituzzjoni, tal-korp jew tal-organu tal-Unjoni li huwa l-awtur tagħhom (ara, f’dan il-każ, is-sentenza tas‑17 ta’ Lulju 1959, Phoenix-Rheinrohr vs L-Awtorità Għolja, 20/58 , EU:C:1959:14 , p. 181). Fil-każ ta’ atti jew ta’ deċiżjonijiet li t-tfassil tagħhom jitwettaq f’diversi fażijiet, b’mod partikolari wara proċedura interna, dan lanqas ma huwa l-każ tal-atti jew tad-deċiżjonijiet li huma purament preparatorji, peress li ma jistabbilixxu fuq ebda aspett tal-imsemmija proċedura b’mod definittiv il-pożizzjoni tal-istituzzjoni, tal-korp jew tal-organu tal-Unjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas‑7 ta’ Marzu 2002, Satellimages TV5 vs Il‑Kummissjoni, T‑95/99 , EU:T:2002:62 , punti sa ). Fl-aħħar nett, dan lanqas ma huwa l-każ ta-atti jew tad-deċiżjonijiet ta’ sempliċi eżekuzzjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal‑25 ta’ Frar 1988, Les Verts vs Il‑Parlament, 190/84 , EU:C:1988:94 , punti u ; ara wkoll, f’dan il-każ, il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Ruiz-Jarabo Colomer fil-kawża Ismeri Europa vs Il-Qorti tal-Awdituri, C‑315/99 P , EU:C:2001:243 , punt . F’dan il-każ, sabiex titwettaq ir-riċerka msemmija fil-punt 152 iktar ’il fuq, fid-dawl tal-prinċipji mfakkra fil-punt 153 iktar ’il fuq, hemm lok li jiġu eżaminati kemm il-kontenut tad-deliberazzjoni kontenzjuża kif ukoll il-kuntest li fih din ġiet adottata. Konformement mal-Artikolu 9(1) tal-Istatut tal-BEI, huwa l-Bord tad-Diretturi li għandu jiddeċiedi dwar l-għoti ta’ finanzjamenti u li jiffissa r-rati ta’ interessi għas-self. Huwa jista’, fuq il-bażi ta’ deċiżjoni meħuda b’maġġoranza kkwalifikata, jiddelega wħud mill-funzjonijiet tiegħu lill-Kumitat ta’ Tmexxija. Fil-każ ta’ delega, huwa għandu jiddetermina l-kundizzjonijiet u l-modalitajiet tagħha u jissorvelja l-eżekuzzjoni tagħhom. L-Artikolu 11(3) tal-Istatut tal-BEI jipprovdi li l-Kumitat ta’ Tmexxija għandu jiżgura t-tmexxija tal-affarijiet kurrenti tal-BEI, taħt l-awtorità tal-President u taħt il-kontroll tal-Bord tad-Diretturi, li jipprepara d-deċiżjonijiet tal-imsemmi kunsill, b’mod partikolari fir-rigward tal-għoti ta’ finanzjamenti, u jiżgura l-eżekuzzjoni ta’ dawn id-deċiżjonijiet. Ir-Regoli tal-Proċedura tal-BEI, fil-verżjoni tagħhom applikabbli fil-mument meta ġiet adottata d-deliberazzjoni kontenzjuża, jiġifieri dik li tirriżulta mill-emendi tal-20 ta’ Jannar 2016 ( ĠU 2016, L 127, p. 55 ), jippreċiżaw, fl-Artikolu 17 tagħhom, li “[g]ħandhom jinżammu minuti tal-proċedimenti tal-Bord tad-Diretturi. Dawn għandhom jiġu ffirmati miċ-Chairman tal-laqgħa u miċ-Chairman li jippresjedi l-laqgħa li matulha jiġu approvati kif ukoll mis-Segretarju tal-laqgħa”. Barra minn hekk, l-Artikolu 18(1) ta’ dawn l-istess regoli tal-proċedura jipprovdi: “Skont l-Artikolu 9(1) tal-Istatut [tal-BEI], il-Bord tad-Diretturi għandu jeżerċita dawn is-setgħat: […] għandu japprova l-operazzjonijiet ta’ finanzjament u garanzija proposti mill-Kumitat ta’ Tmexxija […]” Skont l-Artikolu 18(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-BEI, “[b]’mod ġenerali, [il-Bord tad-Diretturi] għandu jiżgura li l-[BEI] huwa mmexxi sew b’mod konformi mat-Trattat [FUE], l-Istatut, id-direttivi stabbiliti mill-Bord tal-Gvernaturi u t-testi l-oħrajn li jirregolaw l-attività tal-[BEI] fit-twettiq tal-kompitu tiegħu taħt it-Trattat [FUE]”. L-Artikolu 18(3) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-BEI jfakkar il-possibbiltà ta’ delega lill-Kumitat ta’ Tmexxija prevista fl-Artikolu 9(1) tal-Istatut tal-BEI, filwaqt li jippreċiża li tali deċiżjoni tittieħed b’maġġoranza kkwalifikata. Skont l-Artikolu 18(4) tar-Regoli tal-Proċedura tal-BEI, il-Bord tad-Diretturi “[g]ħandu jeżerċita l-poteri l-oħrajn kollha pprovduti fl-Istatut [tal-BEI] u għandu jagħti lill-Kumitat ta’ Tmexxija, fir-regoli u d-deċiżjonijiet li jadotta, il-poteri implimentattivi korrispondenti, waqt li huwa mifhum li l-Kumitat ta’ Tmexxija għandu, b’mod konformi mal-Artikolu 11(3) tal-Istatut, ikun responsabbli għan-negozju attwali tal-[BEI], taħt l-awtorità tal-President u s-sorveljanza tal-Bord tad-Diretturi”. Kif diġà ġie indikat, mill-punt 11 tal-minuti tal-laqgħa tat‑12 ta’ April 2018, kif inseriti fil-proċess ta’ din il-proċedura, jirriżulta li l-Bord tad-Diretturi approva, waqt din il-laqgħa, il-proposta ta’ finanzjament. Mill-punt 5 tal-proposta ta’ finanzjament jirriżulta li, sabiex ikun jista’ jibbenefika mill-iskema ta’ għajnuna stabbilita mir-Real Decreto 413/2014 por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica minn fuentes de energía renovabbli, cogeneración y residuos (id-Digriet Irjali 413/2014 li jirregola l-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġiji rinnovabbli, ta’ koġenerazzjoni u ta’ skart), tas‑6 ta’ Ġunju 2014 (BOE Nru 140, tal‑10 ta’ Ġunju 2014, p. 43876, il-proġett Curtis kellu jiġi konkluż, ittestjat u operattiv fit‑28 ta’ Marzu 2020, li kien jimplika skeda tat-tlestija stretta ħafna u, fl-aħħar mill-aħħar, l-approvazzjoni tal-finanzjament. Għal din ir-raġuni, id-dipartimenti tal-BEI indikaw li ddeċidew li javvanzaw il-proċess ta’ approvazzjoni finanzjarja b’mod parallel mal-verifika minn qabel tal-konsulent tekniku ta’ min isellef u mal-fażi II tal-verifika tal-proġett mis-servizzi tal-BEI, billi kienu jafu bil-fatt li, fid-dawl tar-riskji sinjifikattivi identifikati fid-dawl tal-proġett Curtis, il-BEI seta’ finalment jiġi prekluż milli jipparteċipa fil-finanzjament ta’ dan tal-aħħar. Il-punt 15 tal-proposta ta’ finanzjament kien jispjega b’mod iktar preċiż l-istruttura proposta għall-approvazzjoni tal-proġett. Skont dan il-punt, “[i]t-tranżazzjoni [kellha] issegwi l-proċedura ta’ approvazzjoni abitwali f’żewġ stadji fir-rigward tal-operazzjonijiet ta’ finanzjament ta’ proġett. Wara l-ewwel approvazzjoni mill-Bord tad-Diretturi, ir-riżultat finali tal-verifika u d-dokumentazzjoni ddettaljata dwar is-self u l-proġett [għandhom] jiġu ppreżentati lill-Kumitat ta’ Tmexxija għall-approvazzjoni finali. Din il-proċedura [kienet] tippermetti lill-[BEI] li josserva t-termini operattivi u kummerċjali stretti meħtieġa għall-operazzjonijiet ta’ finanzjament tal-proġett, u b’mod iktar partikolari għall-proġett [Curtis]. Fil-każ li l-kundizzjonijiet finali ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet speċifikati f’din l-approvazzjoni, tintalab approvazzjoni ġdida mill-Bord tad-Diretturi, skont il-proċedura tal-[BEI]” [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Barra minn hekk, mill-konstatazzjoni bbażata fuq il-punt 139 iktar ’il fuq jirriżulta li d-deliberazzjoni kontenzjuża ġiet adottata minħabba li l-proġett Curtis kien jissodisfa l-għanijiet tal-attività ta’ self tal-BEI u l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-proġetti li jirrigwardaw l-ambjent li jirriżultaw mid-dikjarazzjoni tal‑2009 u mill-istrateġija klima, b’mod partikolari għaliex kien jappoġġja l-għanijiet Ewropej u Spanjoli fil-qasam tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli, li dan kien josserva kriterji ta’ sostenibbiltà u dispożizzjonijiet intiżi għall-ġlieda kontra l-operat illegali tal-foresti stabbiliti mid-dritt sekondarju tal-Unjoni u li kien jippermetti tnaqqis nett tal-emissjonijiet CO fuq il-livelli Spanjoli u Ewropej. Permezz ta’ ittra tat‑13 ta’ April 2018 (ara l-punt 47 iktar ’il fuq) il-BEI kkomunika lill-promotur tal-proġett Curtis l-informazzjoni li l-Bord tad-Diretturi kien approva s-self għall-finanzjament tal-imsemmi proġett u l-kundizzjonijiet prinċipali li kienu dawk tal-kuntratt ta’ finanzjament, filwaqt li indika li “[d]in il-komunikazzjoni ma [kienet] timplika ebda impenn legali fir-rigward tal-għoti tas-self imsemmi iktar ’il fuq, iżda [kienet] ħarġet sabiex [l-imsemmi promotur] ikun jista’ jieħu l-passi neċessarji għall-formalizzazzjoni tas-self” [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Permezz ta’ ittra elettronika li d-Diviżjoni “Kumpannija Ċivili” tal-BEI indirizzat lir-rikorrenti fis‑16 ta’ Awwissu 2018 u li din tal-aħħar inkludiet fil-fajl ta’ din il-kawża sabiex tkun tista’ tinvokaha insostenn tal-argumenti tagħha, il-BEI indika lir-rikorrenti li “[k]ull informazzjoni ambjentali utli għall-verifika [tal-]operazzjoni ta’ finanzjament [tal-proġett Curtis kienet] ġiet ikkomunikata lill-Bord tad-Diretturi matul il-fażi I [tal-imsemmi proġett] u [kienet] saret pubblika permezz tal-iskeda teknika dwar l-aspetti soċjali u ambjentali [dwar dan l-istess proġett]. Il-fażi [II] tal-verifika kienet tirrigwarda biss l-aspetti tekniċi, ekonomiċi u finanzjarji tal-operazzjoni ta’ finanzjament. Id-dokumenti tal-fażi [II] tal-awditu ma [kienu] jinkludu ebda informazzjoni ambjentali u għalhekk ma [kinux] jirrigwardaw is-suġġett [tat-]talba [ta’ aċċess għall-informazzjoni ambjentali dwar il-proġett Curtis li r-rikorrenti kienet indirizzatilha]” [traduzzjoni mhux uffiċjali]. Mill-kontenut u mill-kuntest li fih ġiet adottata d-deliberazzjoni kontenzjuża jirriżulta b’mod ċar li din kienet tirrifletti teħid ta’ pożizzjoni definittiva tal-BEI, fil-vot tal-Bord tad-Diretturi tiegħu, dwar l-eliġibbiltà tal-proġett Curtis għall-għoti ta’ finanzjament mill-BEI fir-rigward tal-aspetti ambjentali u soċjali tiegħu, li kienu jissodisfaw l-għanijiet tal-attività ta’ self tal-BEI u l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-proġetti dwar l-ambjent li jirriżultaw mid-dikjarazzjoni tal-2009 u mill-istrateġija klima. Fil-fatt, anki jekk, wara d-deliberazzjoni kontenzjuża, l-awditu tal-proġett Curtis kellu jkompli u jekk ċerti aspetti tekniċi, ekonomiċi u finanzjarji tal-operazzjoni ta’ finanzjament, li fuqha kien jiddependi l-għoti tas-self, kellhom xorta jiġu eżaminati mill-kumitat ta’ tmexxija, xorta jibqa’ l-fatt li din il-verifika ma kellhiex iktar tirrigwarda l-aspetti ambjentali u soċjali tal-imsemmi proġett, li fuqhom il-Bord tad-Diretturi kien iddeċieda b’mod definittiv, fid-deliberazzjoni kontenzjuża, fid-dawl tal-elementi kollha relatati magħha li jinsabu fil-proposta ta’ finanzjament u fl-iskeda teknika. Bi tweġiba għal mistoqsija orali magħmula mill-Qorti Ġenerali waqt is-seduta, il-BEI rrikonoxxa li d-deliberazzjoni kontenzjuża kienet iffissat b’mod definittiv il-pożizzjoni tal-Bord tad-Diretturi, li kien l-awtorità kompetenti f’dan ir-rigward, dwar l-eliġibbiltà tal-proġett Curtis għal finanzjament tal-BEI fir-rigward tal-aspetti ambjentali u soċjali tiegħu. Għaldaqstant, din la kienet opinjoni provviżorja tal-Bord tad-Diretturi u lanqas deċiżjoni intermedjarja li l-għan tagħha kien li tiġi ppreparata deċiżjoni finali tal-imsemmi bord tad-diretturi. Minn dan isegwi li, anki jekk id-deliberazzjoni kontenzjuża ma kinitx tgħodd, kif isostni l-BEI fil-kuntest ta’ din il-proċedura u kif semma fl-ittra tiegħu lill-promotur tal-proġett Curtis tat-13 ta’ April 2018, impenn legali fir-rigward tal-għoti tas-self lill-entità ad hoc , sa fejn kien għad hemm aspetti tekniċi, ekonomiċi u finanzjarji oħra tal-imsemmi proġett li kellhom jiġu vverifikati, hija xorta waħda kienet tipproduċi ċerti effetti legali definittivi fil-konfront ta’ terzi, b’mod partikolari fil-konfront tal-promotur ta’ dan il-proġett, sa fejn dan kien jikkonstata l-eliġibbiltà tal-imsemmi proġett għal finanzjament tal-BEI fir-rigward tal-aspetti ambjentali u soċjali tiegħu, li jippermetti b’dan il-mod lill-promotur li jieħu l-miżuri sussegwenti neċessarji għall-formalizzazzjoni tas-self li huwa kellu jibbenefika minnu, bħalma huwa indikat fl-ittra tat‑13 ta’ April 2018 tal-BEI lil dan tal-aħħar. Fir-rigward ta’ dawn l-aspetti ambjentali u soċjali, id-deċiżjoni sussegwenti tal-Kumitat ta’ Tmexxija li jagħti s-self, wara li kompla l-verifika tal-proġett Curtis fuq l-aspetti l-oħra li kien għad fadal li jiġu eżaminati, setgħet biss titqies bħala deċiżjoni ta’ sempliċi eżekuzzjoni, fis-sens tal-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 153 iktar ’il fuq. Issa, huwa preċiżament dwar l-aspetti ambjentali li kellha tirrigwarda l-proċedura ta’ eżami mill-ġdid intern implimentata mir-Regolament Aarhus (ara, f’dan ir-rigward, il-punti 16, 18 u 19 iktar ’il fuq) u t-talba għal eżami mill-ġdid intern ippreżentata mir-rikorrenti kienet b’mod partikolari tikkontesta l-evalwazzjoni, mill-BEI, tas-sostenibbiltà tal-proġett Curtis u l-kontribuzzjoni tiegħu għat-twettiq tal-għanijiet tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-ambjent (ara, f’dan ir-rigward, il-punti 54 sa 57 iktar ’il fuq u l-punti 80 sa 123 tat-talba għal eżami mill-ġdid intern). Għalhekk, l-imsemmija talba kienet tirrigwarda, minn tal-inqas parzjalment, l-effetti legali definittivi prodotti fir-rigward ta’ terzi mid-deliberazzjoni kontenzjuża. Għal dawn il-motivi, l-ewwel parti tal-ewwel motiv tar-rikors għandha wkoll tintlaqa’. Fid-dawl tal-evalwazzjonijiet preċedenti, l-ewwel motiv tar-rikors għandu jiġi milqugħ fl-intier tiegħu u, fuq din il-bażi, l-att ikkontestat għandu jiġi annullat. Fuq l-ispejjeż Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. F’dan il-każ, il-BEI tilef. Barra minn hekk, ir-rikorrenti talbet espressament li l-BEI jiġi kkundannat għall-ispejjeż. Għaldaqstant, hemm lok li l-BEI jiġi kkundannat ibati l-ispejjeż rispettivi tiegħu kif ukoll dawk sostnuti mir-rikorrenti. Skont l-Artikolu 138(1) tar-Regoli tal-Proċedura, l-istituzzjonijiet li jintervjenu fil-kawża għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom. Konsegwentement, il-Kummissjoni għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha. Għal dawn il-motivi, IL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla Estiża) Taqta’ u tiddeċiedi: 1) Id-deċiżjoni tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), ikkomunikata lil ClientEarth permezz ta’ ittra tat‑30 ta’ Ottubru 2018, li tiċħad bħala inammissibbli t-talba għal eżami mill-ġdid intern tad-deliberazzjoni tal-Bord tad-Diretturi tal-BEI tat‑12 ta’ April 2018 li tapprova l-finanzjament ta’ proġett ta’ impjant elettriku bijomassa f’Galicia (Spanja) li r-rikorrenti kienet ressqet, fid-9 ta’ Awwissu 2018, skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas‑6 ta’ Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/50/KE tat‑13 ta’ Diċembru 2007 li tistipula regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament Nru 1367/2006 fir-rigward ta’ talbiet għal reviżjoni interna ta’ l-atti amministrattivi, hija annullata. 2) Il-BEI għandu jbati l-ispejjeż rispettivi tiegħu kif ukoll dawk ta’ ClientEarth. 3) Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha. Van der Woude Tomljenović Schalin Škvařilová-Pelzl Nõmm Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-27 ta’ Jannar 2021. Firem ( *1 ) Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

62000TJ0251

it

Motivazione della sentenza Contesto normativo e fatti 1 L'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, quale rettificato, GU 1990, L 257, pag. 13, e modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»), prevede: «La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta. (...) b) Se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune. La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie. (...)». 2 L'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1), adottato specificamente in base all'art. 23, primo comma, del regolamento n. 4064/89, prevede che le «notificazioni [delle operazioni di concentrazione] contengono le informazioni e i documenti richiesti nel formulario CO», il cui modello figura nell'allegato al regolamento n. 447/98. Al punto 11.1 del formulario CO viene indicato che «[s]e i partecipanti alla concentrazione o altre parti interessate (...) accettano restrizioni accessorie che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione, queste vanno valutate congiuntamente con l'operazione di concentrazione». In tale contesto, le parti dell'operazione di concentrazione sono invitate a «individuare ciascuna delle restrizioni accessorie contenute negli accordi trasmessi con la notifica, delle quali si chiede la valutazione congiuntamente con l'operazione di concentrazione», e a «spiegare perché [tali restrizioni] siano direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione». 3 In una comunicazione del 14 agosto 1990, relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (GU C 203, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle restrizioni accessorie»), la Commissione forniva alcune indicazioni sull'interpretazione da essa data alla nozione di restrizione direttamente connessa alla realizzazione dell'operazione di concentrazione e ad essa necessaria, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 4064/89. 4 Il 16 maggio 2000, la Lagardère SCA (in prosieguo: la «Lagardère»), la Canal+ SA (in prosieguo: la «Canal+») e la Liberty Media Corporation (in prosieguo: la «Liberty») notificavano due operazioni di concentrazione. Tali operazioni riguardavano, da un lato, l'acquisizione da parte della Lagardère di un controllo congiunto sulla società Multithématiques assieme alla Canal + e alla Liberty e la costituzione di società comuni con parità di quote tra la Lagardère e la Multithématiques al fine dell'edizione comune di canali tematici e, dall'altro, l'acquisizione da parte della Lagardère di un controllo congiunto unitamente alla Canal+ sulla CanalSatellite e la costituzione di due imprese comuni tra la Lagardère e la Canal+ riguardanti rispettivamente l'edizione di canali tematici («JV 1») e di servizi interattivi («JV 2»). 5 Inoltre, riferendosi all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 447/98 e al punto 11.1 del «formulario CO», i partecipanti alla concentrazione hanno altresì notificato diverse clausole contrattuali che, secondo le stesse, dovevano essere considerate come restrizioni direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89 (in prosieguo: le «restrizioni accessorie»). 6 Il 22 giugno 2000, in applicazione della procedura di decisione delegata, la sig.ra Schreyer, membro della Commissione, adottava la decisione della Commissione relativa alle operazioni di concentrazione notificate (in prosieguo: la «decisione 22 giugno 2000»). Nello stesso giorno questa decisione era notificata ai partecipanti alla concentrazione. Il dispositivo di tale decisione è formulato come segue: «Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ha deciso di non opporsi [alle operazioni notificate] e di dichiararle compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE. Tale decisione è adottata in base all'art. 6, n. 1, lett. b), del [regolamento n. 4064/89]». 7 Le parti concordano sul fatto che la decisione 22 giugno 2000 è intervenuta l'ultimo giorno del termine previsto dal combinato disposto dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89 e degli artt. 6, n. 4, 7, nn. 4 e 8, 8 e 23 del regolamento n. 447/98 (in prosieguo: il «termine previsto dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89»). 8 Ai punti 54-66 della motivazione della decisione 22 giugno 2000, la Commissione prende posizione sulle diverse clausole contrattuali notificate dai partecipanti alla concentrazione, considerandole direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie. La Commissione riconosce alcune clausole come accessorie alla realizzazione delle operazioni per tutto il periodo indicato nella notifica (clausole di preferenza per la progettazione e la realizzazione di un canale tematico o di un servizio di televisione interattiva). Altre clausole sono considerate accessorie ma per un periodo più breve di quello indicato nella notifica (clausola di non concorrenza relativa alla commercializzazione via satellite di un insieme di servizi e clausola che vieta di realizzare un progetto analogo). Le altre clausole comunicate dalle parti vengono qualificate come restrizioni non accessorie alla concentrazione. 9 Il 7 luglio 2000, i partecipanti alla concentrazione apprendevano, in via informale e incidentale, che la Commissione stava predisponendo una nuova decisione relativa alle operazioni di concentrazione notificate. 10 Il 10 luglio 2000, la Commissione notificava ai partecipanti alla concentrazione una sua decisione che modificava la decisione 22 giugno 2000 (in prosieguo: la «decisione 10 luglio 2000», o la «decisione impugnata»). Nella parte introduttiva di tale decisione, sottoscritta dal sig. Monti, membro della Commissione, è indicato: «[In seguito a] un errore di manipolazione, il testo della decisione 22 giugno 2000 (...) che è stato firmato e che vi è stato notificato, era errato. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di apportarvi alcune modifiche testuali». 11 La decisione impugnata determina, da una parte, la sostituzione di una serie di parole nella motivazione della decisione 22 giugno 2000 e, dall'altra, la modifica integrale del testo di cui ai punti 58-67 della detta motivazione, riguardante la valutazione delle restrizioni notificate come direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie. Dalla decisione 10 luglio 2000 risulta che, ad eccezione di una delle clausole di preferenza (v. supra, punto 8), il cui carattere accessorio è confermato, sebbene per un periodo più breve rispetto a quello indicato nella notifica, tutte le restrizioni comunicate con la notifica delle operazioni di concentrazione sono considerate come non accessorie a tali operazioni. Di contro, il dispositivo della decisione 22 giugno 2000 non è stato modificato. 12 Il 13 luglio 2000, i legali della Lagardère e della Canal+ hanno inviato una lettera al sig. Monti per comunicargli la loro posizione relativamente alla decisione 10 luglio 2000. Essi sottolineano: «[G]iuridicamente, il nuovo testo della Commissione datato 10 luglio 2000 non può comportare alcuna conseguenza per le parti che hanno provveduto alla notifica, tenuto conto che il termine previsto dall'art. 10 del regolamento n. 4064/89 risulta attualmente da tempo scaduto. Tale atto è pertanto inesistente: la decisione della Commissione che abbiamo ricevuto il 22 giugno 2000 è e resta la sola adottata validamente in base alla nostra notifica del 16 maggio 2000». 13 Inoltre, con questa stessa lettera, essi informavano la Commissione che i partecipanti alla concentrazione avevano già iniziato ad eseguire alcuni degli accordi in base alla decisione 22 giugno 2000. Infine, essi domandavano alla Commissione di revocare la decisione 10 luglio 2000. 14 Su richiesta della Commissione, la Lagardère e la Canal+ inviavano a quest'ultima, il 17 luglio 2000, un progetto in versione non riservata della decisione 22 giugno 2000, in vista della sua pubblicazione. 15 Il 27 luglio 2000 si teneva una riunione tra i servizi competenti della Commissione e i legali della Lagardère e della Canal+. In tale occasione, i servizi della Commissione indicavano che era stato necessario riparare all'errore intervenuto per scrupolo di coerenza con la decisione della Commissione 3 marzo 1999, 1999/242/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo [81] CE (IV/36.237 - TPS) (GU L 90, pag. 6), che aveva nel frattempo dato luogo alla sentenza del Tribunale 18 settembre 2001, causa T-112/99, M6 e a./Commissione (Racc. pag. II-2459; in prosieguo: la «sentenza M6»). 16 In una lettera datata 31 luglio 2000, il direttore generale della direzione generale della concorrenza, il sig. Schaub, rispondeva alla citata lettera 13 luglio 2000, esponendo le circostanze nelle quali l'errore era intervenuto, e aggiungeva: «Non riteniamo che questo caso rappresenti soltanto una semplice questione procedurale; siamo infatti dell'avviso che il testo trasmesso il 22 giugno [2000] contenga errori di diritto sostanziale riguardanti la qualificazione giuridica di alcune clausole, erroneamente considerate accessorie. Pertanto, non ci è possibile invalidare la lettera 10 luglio [2000], e preciso che la versione ufficiale del testo sarà stabilita in base a quest'ultima». 17 L'8 settembre 2000, i legali della Lagardère e della Canal+ rispondevano alla nota 31 luglio 2000 del sig. Schaub, reiterando, sostanzialmente, la domanda formulata nella loro lettera 17 luglio 2000, citata. Procedimento 18 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2000, la Lagardère, la Canal+ e la Liberty proponevano il ricorso in esame. 19 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2000, la convenuta sollevava un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale relativamente a tale ricorso. L'8 gennaio 2001, le ricorrenti depositavano le loro osservazioni in merito a tale eccezione. 20 Con ordinanza 22 febbraio 2001, il Tribunale (Terza Sezione) riuniva all'esame del merito quello relativo all'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta. 21 Nell'ambito di una misura di organizzazione del procedimento, con lettera 24 luglio 2001 il giudice rivolgeva alle parti taluni quesiti, ai quali queste ultime rispondevano nel termine imposto. 22 Il 10 gennaio 2002, il giudice decideva, in conformità all'art. 14, n. 1, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Terza Sezione ampliata. 23 Nell'ambito di una misura di organizzazione del procedimento, con lettera 10 dicembre 2001, il giudice chiedeva alla convenuta di sottoporgli i lavori preparatori relativi ai regolamenti n. 4064/89 e n. 1310/97. La convenuta dava seguito a tale richiesta nel termine imposto. Le ricorrenti presentavano le loro osservazioni in ordine a tali documenti il 26 marzo 2002. 24 Con lettera 2 luglio 2002, la Liberty rinunciava al ricorso. Di conseguenza, con ordinanza 9 settembre 2002, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale decideva di cancellare dal ruolo il nome di questa parte. 25 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) decideva di aprire la fase orale. Le parti svolgevano le loro difese orali e rispondevano ai quesiti del Tribunale all'udienza tenutasi il 9 luglio 2002. Conclusioni 26 La Lagardère e la Canal+ (in prosieguo: le «ricorrenti») chiedono che il Tribunale voglia: - annullare la decisione 10 luglio 2000; - condannare la convenuta alle spese. 27 La convenuta chiede che il Tribunale voglia: - in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile; - in subordine, respingerlo; - condannare le ricorrenti alle spese. Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 28 La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso presentato dalle ricorrenti. Infatti, essa rileva che, secondo una giurisprudenza costante, possono essere impugnati solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi dei ricorrenti. Essa fa anche osservare che, come risulta dalle sentenze del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione (Racc. pag. II-2181, punto 31), e 22 marzo 2000, cause riunite T-125/97 e T-127/97, Coca-Cola/Commissione (Racc. pag. II-1733, punto 79; in prosieguo: la «sentenza Coca-Cola»), solo il dispositivo dell'atto è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare un pregiudizio. Per contro, la motivazione della decisione di cui trattasi non potrebbe essere sottoposta al sindacato di legittimità del giudice comunitario se non qualora, in quanto motivazione di un atto che arreca pregiudizio, costituisca il supporto necessario del suo dispositivo. 29 Orbene, la convenuta fa osservare che, nella decisione 22 giugno 2000, essa ha deciso, in base all'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89, di non opporsi alle operazioni di concentrazione notificate dalle ricorrenti e di dichiarare tali operazioni compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE. Essa rileva inoltre che la decisione 10 luglio 2000 non ha apportato modifiche in ordine a questo aspetto della decisione, dal momento che la parte di tale decisione corrispondente alle «conclusioni» è identica a quella della decisione 22 giugno 2000. La decisione 10 luglio 2000 avrebbe modificato la decisione 22 giugno 2000 unicamente per quanto riguarda le considerazioni relative alle restrizioni notificate come direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie. 30 Secondo la convenuta, le considerazioni che essa era stata portata a fare in ordine a tali restrizioni, sia nella sua decisione 22 giugno 2000 sia in quella 10 luglio 2000, non avevano carattere decisorio, ma unicamente valore di parere non vincolante. Infatti la nozione di restrizione accessoria alla realizzazione della concentrazione è una nozione obiettiva, nel senso che, se una clausola è direttamente connessa alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessaria, essa è ipso facto coperta dalla decisione di approvazione della concentrazione. Per contro, essa non lo è nel caso inverso, qualunque sia la valutazione che la Commissione abbia fornito al riguardo nella decisione. 31 A sostegno di questa tesi, la convenuta rileva, in primo luogo, che solo il dispositivo di un atto è idoneo a produrre effetti giuridici e, conseguentemente, ad arrecare pregiudizio. 32 Orbene, i dispositivi delle decisioni 22 giugno e 10 luglio 2000 non si riferirebbero alle restrizioni accessorie, ma unicamente alle operazioni di concentrazione in quanto tali. Allo stesso modo, le considerazioni della convenuta relative alle restrizioni accessorie non costituiscono, secondo la stessa, il necessario fondamento del dispositivo della decisione con la quale le operazioni notificate sono dichiarate compatibili con il mercato comune. Infatti, l'esame delle restrizioni notificate come direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie sarebbe del tutto indipendente dalla dichiarazione di compatibilità di tali operazioni con il mercato comune e non avrebbe avuto, pertanto, alcun peso su quest'ultima. L'esame della compatibilità di una concentrazione riguarderebbe unicamente la questione se tale operazione crei o rafforzi, o meno, una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso (art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89). 33 Di conseguenza, riferendosi alle sentenze NBV e NVB/Commissione, citata al precedente punto 28 (punto 31), e Coca-Cola, la Commissione sostiene che il suo esame di tali restrizioni non potrebbe essere sottoposto al sindacato di legittimità del giudice comunitario. 34 In secondo luogo, la convenuta fa valere che essa non dispone di una base giuridica per adottare decisioni sul carattere direttamente connesso e necessario di determinate restrizioni nell'ambito del procedimento previsto dal regolamento n. 4064/89. 35 Infatti, secondo la convenuta, l'art. 6, n. 1, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 4064/89, che prevede che la «decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie», non impone assolutamente che la Commissione si pronunci nella sua decisione sul carattere accessorio di una restrizione comunicata con la notificazione della concentrazione. Allo stesso modo, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che il carattere accessorio di alcune clausole nonché le conseguenze giuridiche che ne derivano dipendano dalla qualificazione di tali clausole che la Commissione può essere portata a fornire nella sua decisione relativa all'operazione di concentrazione notificata. 36 Inoltre, la convenuta rileva che il regolamento n. 4064/89 ha il fine di istituire un controllo unico da parte della Commissione (principio dello «sportello unico») delle operazioni di concentrazione di dimensioni comunitarie, e ciò per favorire la celerità del procedimento. Secondo la stessa, le sole decisioni che essa può adottare nel merito, in base al regolamento n. 4064/89, sono la dichiarazione di compatibilità, accompagnata o meno da oneri o condizioni, e la dichiarazione d'incompatibilità. Essa ricorda che tali decisioni sono adottate in base ad un criterio unico ed esclusivo, che è quello enunciato dall'art. 2 del regolamento n. 4064/89. 37 In tale contesto, la convenuta rileva che, anche se la validità di una restrizione notificata come direttamente connessa alla realizzazione di un'operazione di concentrazione e ad essa necessaria non può essere valutata isolatamente, bensì dev'essere considerata nel contesto dell'operazione di concentrazione in quanto tale, essa può qualificare validamente una clausola contrattuale come restrizione accessoria o come restrizione non accessoria all'operazione di concentrazione soltanto interpretando l'art. 81 CE e non applicando il regolamento n. 4064/89. 38 Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, e mancando nell'ambito della procedura prevista nel regolamento n. 4064/89 una base giuridica per l'adozione di una decisione sul carattere accessorio delle restrizioni, le considerazioni che la Commissione effettua in ordine a tali restrizioni non possono avere lo stesso effetto giuridico di un'attestazione negativa ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204). Soltanto sul fondamento di quest'ultima disposizione la Commissione potrebbe legittimamente adottare un atto vincolante che stabilisca il carattere necessario di determinate restrizioni. 39 Orbene, la convenuta sottolinea che né la decisione impugnata, né alcun'altra decisione adottata in base al regolamento n. 4064/89 fanno riferimento all'art. 2 del regolamento n. 17. Inoltre la Commissione non potrebbe legittimamente adottare decisioni effettive sulle restrizioni notificate come direttamente connesse alla realizzazione di un'operazione di concentrazione e ad essa necessarie nei termini estremamente brevi previsti nel regolamento n. 4064/89. E' per tale ragione che, nei considerando delle decisioni in materia di concentrazioni, essa avrebbe fornito in passato soltanto una motivazione sommaria in ordine a tali restrizioni e si sarebbe spesso limitata a qualificare una clausola come «probabilmente accessoria, anche supponendo che essa possa essere considerata come una restrizione». 40 La tesi sostenuta dalla convenuta sarebbe confortata dall'art. 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89, il quale prevede che soltanto il regolamento n. 4064/89, e non il regolamento n. 17, è applicabile «alle operazioni di concentrazione quali definite all'articolo 3 [del regolamento n. 4064/89]». Tale formulazione dimostrerebbe che l'applicazione del regolamento n. 17 è esclusa soltanto riguardo all'operazione di concentrazione in sé e non riguardo alle restrizioni notificate come direttamente connesse alla realizzazione di un'operazione di concentrazione e ad essa necessarie. 41 Inoltre la convenuta rileva che, quando essa non adotta decisioni nei termini stabiliti, l'autorizzazione implicita, prevista dall'art. 10, n. 6, del regolamento n. 4064/89, non copre tutte le clausole (notificate) comunicate come accessorie, ma soltanto quelle che sono oggettivamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie. 42 In udienza la convenuta ha aggiunto, a tal riguardo, che l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 4064/89 elenca le decisioni prima della cui adozione la Commissione deve sentire le persone interessate e ha sottolineato che tale disposizione non menziona la decisione adottata in applicazione dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89. Ciò dimostra, secondo la convenuta, che una decisione adottata in applicazione di quest'ultima disposizione può costituire soltanto una decisione integralmente favorevole, vale a dire l'approvazione dell'operazione di concentrazione notificata, e che è esclusa, conseguentemente, la qualificazione delle considerazioni effettuate dalla Commissione sulle restrizioni accessorie come elementi aventi carattere decisorio. 43 La convenuta conclude che, se, come sostengono le ricorrenti, le considerazioni effettuate dalla Commissione su tali restrizioni nelle dette decisioni in materia di concentrazione, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento n. 4064/89, avessero la stessa efficacia giuridica di decisioni di attestazione negativa, queste decisioni in materia di concentrazione sarebbero prive di ogni fondamento giuridico o, quantomeno, affette da un vizio di motivazione, poiché non contenevano alcun riferimento all'art. 2 del regolamento n. 17. 44 In terzo luogo, la convenuta adduce l'efficacia diretta dell'art. 81, n. 1, CE. 45 Secondo la convenuta, spetta al giudice nazionale valutare le restrizioni accessorie in base all'art. 81, n. 1, CE, se questi è chiamato a pronunciarsi sulla validità di una tale restrizione ai sensi dell'art. 81, n. 2, CE. 46 Lo stesso varrebbe se la decisione della Commissione sull'operazione di concentrazione comprendesse considerazioni in ordine a tali restrizioni. Infatti poiché, secondo la convenuta, queste considerazioni hanno soltanto il valore di parere, esse non potrebbero in alcun caso pregiudicare l'esame di dette restrizioni che un giudice nazionale potrebbe svolgere. 47 Secondo la convenuta, le ricorrenti richiamerebbero erroneamente la sentenza della Corte 14 dicembre 2000, causa C-344/98, Masterfoods e HB (Racc. pag. I-11369; in prosieguo: la «sentenza Masterfoods»), per dimostrare che il giudice nazionale è vincolato dalle considerazioni svolte dalla Commissione su tali restrizioni in una decisione in materia di concentrazione. Infatti, contrariamente alla controversia che ha dato luogo a tale sentenza, nel caso di specie la decisione 10 luglio 2000 non avrebbe accertato alcuna infrazione, non avrebbe in alcun modo inficiato la legittimità delle restrizioni accessorie rispetto al diritto comunitario della concorrenza e avrebbe soltanto modificato il testo di una decisione che, a sua volta, non poteva essere assimilata ad una decisione a norma degli artt. 81 CE e 82 CE. 48 In ogni caso, secondo la convenuta, le ricorrenti effettuano una «lettura minimalista» della sentenza Masterfoods. La convenuta ricorda che, al punto 52 di tale sentenza, la Corte ha ritenuto che, «i giudici nazionali, quando si pronunciano su accordi o pratiche che sono già oggetto di decisione da parte della Commissione, non possono adottare decisioni in contrasto con quella della Commissione». Tale conclusione non può essere estesa ad una situazione nella quale il giudice nazionale è investito della questione della compatibilità con l'art. 81, n. 1, CE di una restrizione stabilita dalle parti di un'operazione di concentrazione autorizzata dalla Commissione, nell'ambito di quest'ultima. Una siffatta lettura della sentenza negherebbe la competenza concorrente tra la Commissione e i giudici nazionali nell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, e sancirebbe, erroneamente, una relazione di subordinazione dei giudici nazionali nei confronti della Commissione. 49 La convenuta aggiunge che, alla luce di quanto deciso dal Tribunale nella sentenza Coca-Cola, la sentenza Masterfoods dovrebbe essere letta nel senso che, in una situazione come quella che ha dato origine a quest'ultima sentenza, il giudice nazionale deve rispettare non l'interpretazione giuridica data dalla Commissione alle disposizioni considerate, ma piuttosto l'effetto obbligatorio del dispositivo della decisione della Commissione. 50 Per quanto riguarda la fattispecie, la convenuta deduce da quanto precede che, malgrado le considerazioni dalla stessa svolte nelle decisioni 22 giugno e 10 luglio 2000 sulle restrizioni notificate dai partecipanti alla concentrazione, in quanto ritenute direttamente connesse alla realizzazione di quest'ultima e ad essa necessarie, un giudice nazionale potrà sempre essere chiamato a pronunciarsi sul carattere accessorio di queste restrizioni rispetto alle operazioni di concentrazione autorizzate dalla Commissione. Se un giudice nazionale dovesse decidere che alcune di queste restrizioni non sono accessorie a tali operazioni di concentrazione e che esse sono incompatibili con l'art. 81, n. 1, CE, decisione che comporterebbe la nullità di dette restrizioni, i partecipanti alla concentrazione dovrebbero impugnare la decisione di tale giudice nazionale. Infatti, in tal caso, la sanzione della nullità delle restrizioni sarebbe la conseguenza unicamente della decisione del giudice nazionale e non della decisione 10 luglio 2000. Secondo la convenuta ne consegue che, nel caso di specie, le ricorrenti fanno riferimento unicamente a situazioni future e incerte per dimostrare il proprio interesse a richiedere l'annullamento di un atto futuro e non hanno pertanto alcun interesse, effettivo ed attuale, all'annullamento della decisione 10 luglio 2000 (sentenza NBV e NVB/Commissione, citata supra, punto 28, punto 33). 51 In quarto luogo, la convenuta nega che il merito della sua tesi, quanto al valore giuridico delle sue considerazioni sulle restrizioni notificate come direttamente connesse alla realizzazione di un'operazione di concentrazione e ad essa necessarie nell'ambito delle decisioni in materia di concentrazione, sia smentito dalla sua prassi decisionale. 52 La convenuta conferma che nella sua prassi decisionale, a seguito dell'adozione del regolamento n. 4064/89, essa aveva effettuato, nelle sue decisioni in materia di concentrazione, alcune considerazioni su tali restrizioni. Tuttavia, essa sostiene di aver adottato tale politica al solo scopo di far beneficiare le imprese della propria esperienza in materia, apportando il suo contributo allo sviluppo di un orientamento in materia di restrizioni accessorie, e di integrare le indicazioni fornite sull'interpretazione di tale nozione nella sua comunicazione relativa alle restrizioni accessorie. 53 In quinto luogo, la convenuta fa valere che la sua argomentazione è altresì confortata da due comunicazioni adottate e pubblicate dopo l'adozione della decisione impugnata. 54 Infatti, innanzi tutto, la convenuta sostiene che dalla sua comunicazione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento n. 4064/89, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29 luglio 2000 (GU C 217, pag. 32; in prosieguo: la «comunicazione sulla procedura semplificata»), risulta che, nelle decisioni che adotta applicando tale procedura, essa non si pronuncia sulle restrizioni accessorie, il che dimostra chiaramente il carattere dichiaratorio delle considerazioni effettuate dalla Commissione su tali restrizioni. 55 In secondo luogo, nell'ambito della sua controreplica, la convenuta ha sottoposto al giudice una nuova comunicazione sulle restrizioni accessorie, adottata il 27 giugno 2001 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 4 luglio 2001 (GU C 188, pag. 5; in prosieguo: la «nuova comunicazione relativa alle restrizioni accessorie»). Essa rileva di aver adottato in tale comunicazione la seguente posizione: «2. Il quadro normativo [del regolamento n. 4064/89, del regolamento n. 17 e degli altri regolamenti di settore] non impone alla Commissione alcun obbligo di valutare e pronunciarsi formalmente sulle (...) restrizioni [accessorie]. Qualsiasi valutazione in proposito non ha che valore dichiarativo, in quanto tutte le restrizioni che soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento sulle concentrazioni rientrano già nel campo d'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, e dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e sono pertanto autorizzate in virtù della normativa vigente, indipendentemente dal fatto che siano esplicitamente menzionate nella decisione della Commissione. In futuro, la Commissione non intende più procedere alla valutazione di tali restrizioni nelle sue decisioni relative alle operazioni di concentrazione. Questa impostazione è in linea con la prassi amministrativa della Commissione, introdotta a partire dal 1° settembre 2000, in relazione ai casi ammessi a beneficiare della procedura semplificata. 3. Le controversie tra le parti di una concentrazione in merito al fatto che le restrizioni siano direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie, e rientrino quindi automaticamente nella decisione di autorizzazione della Commissione, sono di competenza dei tribunali nazionali». 56 La convenuta sottolinea che essa, a partire dal 27 giugno 2001, data di adozione di tale comunicazione, non intende più procedere all'esame del carattere direttamente connesso e necessario delle restrizioni notificate dalle parti di un'operazione di concentrazione, a causa del crescente numero di notifiche di operazioni di concentrazione e dell'esigenza di semplificazione delle procedure amministrative. La stessa ha annunciato pubblicamente tale nuova politica in un comunicato stampa dello stesso giorno, presentato al giudice nell'ambito del controricorso. 57 Secondo la convenuta, il caso di specie dev'essere esaminato alla luce di tale cambiamento di orientamento. Inoltre la convenuta asserisce di non aver mai ritenuto che la propria valutazione di dette restrizioni nelle sue decisioni in materia di concentrazione avesse un valore giuridico diverso da quello indicato nei citati punti della nuova comunicazione relativa alle restrizioni accessorie. 58 Le ricorrenti ritengono che la decisione 10 luglio 2000 abbia prodotto effetti giuridici vincolanti tali da recare pregiudizio ai loro interessi, poiché la Commissione, modificando nel corpo del testo di tale decisione la sua valutazione delle restrizioni notificate come direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie, ha altresì modificato la portata del dispositivo della decisione 22 giugno 2000. 59 Le ricorrenti negano che la valutazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie costituisca un semplice parere. Questa tesi della convenuta sarebbe incompatibile con il testo dell'art. 6, n. 1, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 4064/89 nonché con la ratio di tale regolamento. Secondo le stesse, la qualificazione, operata dalla Commissione, di alcune clausole come clausole accessorie ad un'operazione di concentrazione o, al contrario, come clausole non accessorie, produce conseguenze giuridiche relative all'applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE. Infatti, le clausole dichiarate accessorie dalla Commissione si sottrarrebbero all'applicazione di tale articolo. Al contrario, le clausole considerate separabili dall'operazione potrebbero ricadere nell'ambito di applicazione di tale norma qualora esse restringano la concorrenza. Così, una decisione della Commissione che qualifichi accessorie determinate clausole restrittive ha, secondo le ricorrenti, un effetto giuridico equivalente a quello di una decisione di attestazione negativa, quale prevista dall'art. 2 del regolamento n. 17. 60 Le ricorrenti ritengono che in nessun caso i giudici nazionali possano pronunciarsi sul carattere accessorio di restrizioni in relazione ad una concentrazione autorizzata dalla Commissione, poiché, in conformità all'art. 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89, soltanto la Commissione è competente ad esaminare nel suo complesso un'operazione di concentrazione quale definita nell'art. 3 di tale regolamento. Inoltre, riferendosi alla sentenza Masterfoods, punti 50 e 51, nonché alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione nell'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU C 39, pag. 6, del 13 febbraio 1993), le ricorrenti fanno valere che, in conformità all'art. 10 CE, le autorità e i giudici nazionali devono astenersi dal prendere decisioni che potrebbero porsi in contrasto con quelle adottate dalle istituzioni comunitarie. 61 Le ricorrenti ritengono inoltre di avere un interesse concreto ed attuale a chiedere l'annullamento della decisione 10 luglio 2000. Esse sostengono di trovarsi, dopo la notifica di tale decisione, in una situazione di incertezza giuridica che pregiudica direttamente la realizzazione delle loro operazioni di concentrazione, dato che l'equilibrio e l'interesse commerciale di tali operazioni dipendono dalla validità delle restrizioni notificate come accessorie. Giudizio del Tribunale 62 La convenuta eccepisce l'irricevibilità di tale ricorso per il motivo, da un lato, che la decisione 10 luglio 2000 non costituisce un atto impugnabile e, dall'altro, che le ricorrenti non possono vantare un interesse concreto ed attuale all'annullamento di tale decisione. Sull'eccezione d'irricevibilità fondata sull'assenza di un atto impugnabile - Introduzione 63 Per giurisprudenza consolidata, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, Racc. pag. I-1375, punto 62; sentenze del Tribunale 4 marzo 1999, causa T-87/96, Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, Racc. pag. II-203, punto 37, Coca-Cola, punto 77, e M6, punto 35). 64 Per determinare se un atto o una decisione produca tali effetti, occorre aver riguardo alla sua sostanza (ordinanza della Corte 13 giugno 1991, causa C-50/90, Sunzest/Commissione, Racc. pag. I-2917, punto 12, sentenze Francia e a./Commissione, citata supra, punto 63, e Coca-Cola, punto 78). 65 Nel caso di specie, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione 10 luglio 2000. Con questa decisione, la Commissione ha modificato la motivazione della decisione 22 giugno 2000 per quanto riguarda la valutazione del carattere accessorio o non accessorio delle restrizioni notificate dalle ricorrenti nell'ambito delle operazioni di concentrazione (v. supra, punto 11). 66 Si deve pertanto esaminare se, considerando nel merito la decisione 10 luglio 2000, detta modifica della motivazione della decisione 22 giugno 2000 abbia prodotto effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi delle ricorrenti, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di queste. 67 A tal riguardo, occorre rilevare in primo luogo che il solo fatto che la decisione 10 luglio 2000 non abbia modificato i termini del dispositivo della decisione 22 giugno 2000 non è sufficiente per dichiarare il ricorso irricevibile. Infatti se è pacifico che soltanto il dispositivo di un atto è idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti e, conseguentemente, ad arrecare pregiudizio, è nondimeno assodato che, per determinare ciò che è stato dichiarato nel dispositivo, si deve tenere conto del contenuto della motivazione di un atto (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I-2549, punto 21; sentenze del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 104, e Coca-Cola, punto 79). 68 Ne consegue che la decisione 10 luglio 2000 può costituire oggetto di un ricorso di annullamento soltanto se, anche senza alterare i termini del dispositivo della decisione 22 giugno 2000, la modificazione di una parte delle motivazione di quest'ultima ha cambiato il merito di quanto è stato deciso nel suo dispositivo, e ciò arrecando pregiudizio agli interessi delle ricorrenti ai sensi della giurisprudenza citata supra, punto 63. 69 A tal riguardo le parti hanno sostenuto tesi diametralmente opposte. 70 La convenuta ritiene, in sostanza, che le considerazioni che essa ha effettuato in merito alle restrizioni notificate dai partecipanti alla concentrazione come direttamente connesse alla realizzazione di quest'ultima e ad essa necessarie, sia nei motivi della sua decisione 22 giugno 2000 che in quelli della decisione 10 luglio 2000, non hanno costituito il necessario fondamento del dispositivo di queste decisioni. Con la decisione 22 giugno 2000, essa avrebbe soltanto dichiarato compatibile con il mercato comune le operazioni di concentrazione notificate dalle ricorrenti, dichiarazione che non sarebbe stata modificata dalla decisione 10 luglio 2000 e che costituirebbe un atto esclusivamente favorevole alle ricorrenti. Le considerazioni relative a tali restrizioni nei motivi di queste due decisioni sarebbero del tutto indipendenti dall'approvazione delle operazioni di concentrazione, e quindi dal dispositivo di queste due decisioni. Infatti, a suo parere, le pertinenti disposizioni del regolamento n. 4064/89 devono essere interpretate nel senso che restrizioni le quali, oggettivamente, sono direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie rientrano automaticamente nella decisione di approvazione della Commissione, e questo indipendentemente dalle considerazioni che la stessa può effettuare al riguardo nella motivazione di tale decisione. Per contro, le restrizioni che, oggettivamente, non soddisfano questi criteri non sono, a causa solo del loro carattere non accessorio, ricomprese in tale decisione. Soprattutto, la convenuta ritiene di non essere competente a pronunciarsi, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 4064/89, sul carattere accessorio delle restrizioni notificate in quanto tali, poiché una simile decisione può essere adottata soltanto in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 17 o da un giudice nazionale sul solo fondamento dell'art. 81, n. 1, CE. Di conseguenza, le considerazioni che essa ha effettuato nelle decisioni 22 giugno e 10 luglio 2000 riguardanti tali restrizioni costituirebbero semplici pareri giuridicamente non vincolanti che, malgrado il carattere sostanziale delle modificazioni intervenute nella valutazione delle restrizioni accessorie, non potrebbero formare oggetto di un ricorso di annullamento. 71 Le ricorrenti, al contrario, sostengono in sostanza che le restrizioni notificate dai partecipanti ad un'operazione di concentrazione quali accessorie a quest'ultima sono approvate unicamente se e in quanto la Commissione si sia espressa in tal senso nella motivazione della decisione di approvazione dell'operazione principale e che, pertanto, le considerazioni effettuate dalla Commissione in merito alle restrizioni accessorie avevano carattere decisorio. La modificazione di tali considerazioni costituirebbe quindi un atto con effetti pregiudizievoli. 72 In tale contesto devono essere interpretate le disposizioni pertinenti del regolamento n. 4064/89, in particolare l'art. 6, n. 1, lett. b), secondo comma. Se, in conformità alla tesi difesa dalla convenuta, le considerazioni che essa ha effettuato nella motivazione delle decisioni 22 giugno e 10 luglio 2000 hanno solo il valore di un parere senza effetti giuridici vincolanti, il ricorso di annullamento dovrà essere respinto in quanto irricevibile in assenza di un atto impugnabile (v., in tal senso, ordinanza Sunzest/Commissione, citata supra, punto 64, punti 12-14). Se invece, secondo la tesi difesa dalle ricorrenti, la modificazione della motivazione della decisione 22 giugno 2000 con la decisione 10 luglio 2000 ha alterato la sostanza di ciò che è stato deciso nel dispositivo di questo primo atto, quest'ultima decisione avrà prodotto effetti giuridici vincolanti idonei ad arrecare pregiudizio agli interessi delle ricorrenti, modificando in maniera rilevante la situazione giuridica di queste ultime. - Interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 4064/89 73 L'art. 6, n. 1, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 4064/89 (in prosieguo: la «disposizione controversa») prevede quanto segue: «La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie». 74 Si deve innanzi tutto constatare che l'utilizzazione dell'espressione «riguarda anche» nelle diverse versioni linguistiche del regolamento n. 4064/89 depone a favore della tesi difesa dalle ricorrenti. Infatti, il senso comunemente attribuito a tale espressione indica che la qualificazione di restrizioni come direttamente connesse alla realizzazione di un'operazione di concentrazione e ad essa necessarie costituisce parte integrante dell'oggetto della decisione di approvazione di tale operazione, sia dal punto di vista della loro valutazione sia degli effetti giuridici che ne derivano. 75 Occorre successivamente esaminare la disposizione controversa nel contesto normativo nel quale è inserita. 76 A tal riguardo, la convenuta ritiene che la disposizione controversa debba essere interpretata alla luce dell'art. 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89. Tale disposizione, denominata «Applicazione del presente regolamento», prevede che il «[regolamento n. 4064/89] è il solo applicabile alle operazioni di concentrazione quali definite dall'articolo 3, e [che] i regolamenti n. 17, (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 non sono applicabili, fuorché per imprese comuni che non hanno dimensione comunitaria ed hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti». 77 E' certo che, in forza di tale disposizione, l'applicazione del regolamento n. 17 e degli altri regolamenti di settore in essa elencati è esclusa per quanto riguarda le clausole contrattuali che, nel loro insieme, costituiscono un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria, quale definita dall'art. 3 del regolamento n. 4064/89. Per contro, come correttamente sottolineato dalla convenuta, altre clausole contrattuali sulle quali i partecipanti ad una concentrazione possono accordarsi nell'ambito di questa possono ricadere nel campo di applicazione del regolamento n. 17 e degli altri regolamenti di settore elencati dall'art. 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89, e ciò al fine della valutazione di un'eventuale violazione degli artt. 81 CE e 82 CE. 78 E' nondimeno importante rilevare che la disposizione controversa costituisce, al riguardo, un'importante eccezione: anche se tali altre clausole contrattuali non rientrano in operazioni di concentrazione ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 4064/89, soltanto questo regolamento - e non il regolamento n. 17 e gli altri regolamenti di settore elencati dall'art. 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89 - è «applicabile» a quelle di tali clausole che sono direttamente connesse alla realizzazione di tali operazioni e ad essa necessarie. Ciò risulta, d'altronde, dal considerando 25 del regolamento n. 4064/89 secondo il quale «l'applicazione del presente regolamento non è esclusa quando le imprese interessate accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione». 79 Da una lettura congiunta della disposizione controversa e dell'art. 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89 risulta infatti che le clausole contrattuali che costituiscono restrizioni direttamente connesse e necessarie alla realizzazione di un'operazione di concentrazione, approvata dalla Commissione, sono sottratte all'applicazione del regolamento n. 17 e degli altri regolamenti di settore elencati dall'art. 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89. 80 Orbene, se, in forza di queste disposizioni, tali restrizioni devono essere sottratte all'applicazione delle disposizioni procedurali previste dal regolamento n. 17 e dagli altri regolamenti di settore elencati dall'art. 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89, e ciò in favore delle sole disposizioni del regolamento n. 4064/89, anche la qualificazione di tali clausole deve necessariamente essere effettuata nel contesto della procedura prevista dal regolamento n. 4064/89. 81 Pertanto, la qualificazione di una clausola contrattuale notificata nell'ambito di un'operazione di concentrazione come direttamente connessa alla realizzazione di quest'ultima e ad essa necessaria costituisce un'«applicazione» del regolamento n. 4064/89 ai sensi dell'art. 22, n. 1, di questo regolamento. 82 Inoltre, con la disposizione controversa, il legislatore comunitario non ha solamente escluso l'applicazione del regolamento n. 17 e degli altri regolamenti di settore elencati dall'art. 22, n. 1, del regolamento n. 4064/89 per quanto riguarda la valutazione del carattere delle restrizioni notificate nell'ambito di un'operazione di concentrazione, quali ad essa direttamente connesse e necessarie, ma ha altresì conferito alla Commissione la competenza esclusiva ad adottare al riguardo un atto vincolante. 83 Infatti, la disposizione controversa deve, a tal proposito, essere letta alla luce dell'art. 21, n. 1, del regolamento n. 4064/89, il quale prevede che, «[f]atto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva per adottare le decisioni previste dal presente regolamento». Da tale disposizione risulta chiaramente che la competenza esclusiva della Commissione in materia di controllo delle operazioni di concentrazione non si limita alle sole decisioni di compatibilità delle operazioni di concentrazione, quali definite dall'art. 3 del regolamento n. 4064/89, ma si estende a tutti gli atti con forza vincolante che la Commissione è chiamata ad adottare in «applicazione» del regolamento n. 4064/89. Questa lettura dell'art. 21, n. 1, del regolamento n. 4064/89 è confermata dal considerando 26 di tale regolamento, il quale enuncia «che è opportuno conferire alla Commissione (...) una competenza esclusiva per l'applicazione del presente regolamento». 84 D'altronde, la convenuta non può richiamare utilmente l'efficacia diretta dell'art. 81, n. 1, CE, per sostenere che spetta al giudice nazionale decidere sul carattere di restrizioni ad un'operazione di concentrazione che la stessa ha approvato come ad essa direttamente connesse e necessarie, senza essere vincolato dalle considerazioni che essa ha manifestato, al riguardo, nell'ambito della motivazione della propria decisione di approvazione. 85 Infatti è certamente vero, come la convenuta sottolinea, che l'esame del carattere delle clausole contrattuali di un'operazione di concentrazione quali ad essa direttamente connesse e necessarie è stato sviluppato, nel diritto comunitario della concorrenza, nell'ambito dell'art. 81 CE (v., in particolare, sentenza della Corte 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, e sentenza M6). Inoltre, tale esame, anche se effettuato nell'ambito del regolamento n. 4064/89, costituisce un «passo interpretativo dell'art. 81 CE», in quanto il regolamento n. 4064/89 è stato adottato, in particolare, sul fondamento dell'art. 83 CE, che costituisce la base normativa per l'adozione di regolamenti o direttive di applicazione dei principi enunciati, segnatamente, nell'art. 81 CE. 86 Tuttavia, la convenuta non rileva che, inserendo la disposizione controversa nell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 4064/89, il legislatore comunitario ha creato una base normativa specifica per l'esame del carattere delle restrizioni notificate nell'ambito di un'operazione di concentrazione come ad essa direttamente connesse e necessarie. 87 Tenuto conto della competenza esclusiva di cui gode la Commissione in materia di controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria, competenza che include la decisione relativa alla qualificazione delle restrizioni notificate dai partecipanti alla concentrazione come restrizioni direttamente connesse alla realizzazione di quest'ultima e ad essa necessarie, l'argomentazione delle parti relativa all'applicazione dei principi enunciati dalla Corte nella sentenza Masterfoods risulta inconferente. Infatti, tali principi riguardano soltanto la situazione giuridica caratterizzata da una competenza condivisa tra la Commissione e i giudici nazionali. 88 Ulteriori disposizioni confermano tale analisi. 89 In primo luogo, per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano la notifica delle operazioni di concentrazione, si deve ricordare (v. supra, punto 2) che al punto 11.1 del «formulario CO», il cui modello figura in allegato al regolamento n. 447/98 e che costituisce parte integrante del regolamento, è indicato che «[s]e i partecipanti alla concentrazione o altre parti interessate (...) accettano restrizioni accessorie che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione, queste vanno valutate congiuntamente con l'operazione di concentrazione». In tale contesto, i partecipanti all'operazione di concentrazione sono invitati a «individuare ciascuna delle restrizioni accessorie contenute negli accordi trasmessi con la notifica, delle quali si chiede la valutazione congiuntamente con l'operazione di concentrazione», e a «spiegare perché [tali restrizioni] siano direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione». 90 Pertanto, in forza di tali disposizioni, quando le parti di un'operazione di concentrazione comunicano alla Commissione determinate clausole contrattuali qualificandole come restrizioni direttamente connesse alla realizzazione di detta operazione e ad essa necessarie, queste dovranno essere considerate come costituenti parte integrante della notifica dell'operazione di concentrazione. Orbene, nel caso di una domanda precisa e chiara rientrante nella competenza della Commissione, quest'ultima è tenuta a fornire una risposta adeguata [v., in tal senso, per quanto riguarda una domanda ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, sentenza della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione, Racc. pag. 1875, punto 13; v. anche sentenza M6, punto 36]. Di conseguenza, tali disposizioni confermano che le considerazioni effettuate dalla Commissione nella motivazione della propria decisione di approvazione rivestono, riguardo a tali restrizioni, carattere decisorio così come l'approvazione dell'operazione di concentrazione. 91 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, l'art. 10, n. 6, del regolamento n. 4064/89, il quale prevede che, quando essa non adotta una decisione entro i termini stabiliti, «l'operazione di concentrazione è ritenuta essere dichiarata compatibile con il mercato comune», non può essere utilmente richiamato a sostegno della sua tesi. 92 Infatti, anche supponendo che si debba interpretare tale disposizione nel senso difeso dalla convenuta (v. supra, punto 14), resta comunque il fatto che, nel caso di specie, la Commissione non ha soltanto approvato le operazioni di concentrazione con la decisione 22 giugno 2000, intervenuta nei termini stabiliti, ma in tale decisione si è anche chiaramente espressa riguardo alla qualificazione delle restrizioni notificate come restrizioni accessorie o come restrizioni non accessorie a tali operazioni. 93 In terzo luogo, se è vero che il regolamento n. 4064/89 consacra espressamente, all'art. 18, il diritto delle imprese interessate - tra le quali figurano le imprese notificanti - di essere sentite prima dell'adozione di un certo numero di decisioni in esso specificate e che tale disposizione non menziona la decisione adottata ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89, non è men vero che, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, questa circostanza non prova necessariamente che la qualificazione di una restrizione come restrizione accessoria o come restrizione non accessoria sia priva di valore decisorio. 94 Occorre infatti ricordare, in tale contesto, che il rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto lesivo di quest'ultima, rappresenta un principio fondamentale del diritto comunitario, che deve essere garantito anche qualora non vi sia alcuna disciplina specifica (sentenza Francia e a./Commissione, citata supra al punto 63, punto 174; sentenze del Tribunale Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, citata supra al punto 63, punto 88, e 10 maggio 2001, cause riunite T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99, Kaufring e a./Commissione, Racc. pag. II-1337, punto 151). Di conseguenza, l'art. 18 del regolamento n. 4064/89 non può limitare definitivamente il beneficio di tale diritto, come il Tribunale ha già avuto occasione di dichiarare nella sua sentenza Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, citata supra al punto 63, punti 88 e 89, nell'ambito della quale il Tribunale ha dichiarato che la decisione prevista dall'art. 6, n. 1, lett. a), con la quale la Commissione stabilisce che l'operazione notificata non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89, non è menzionata dall'art. 18 di tale regolamento, ma che la Commissione aveva comunque l'obbligo, in una situazione particolare come quella di quest'altra causa, di sentire le parti interessate prima di adottare una decisione siffatta. 95 Infine, dev'essere individuato il fine della disposizione controversa. 96 A tal proposito, bisogna innanzi tutto osservare che i lavori preparatori relativi ai regolamenti n. 4064/89 e n. 1310/97, che la convenuta ha presentato a questo giudice nell'ambito di una misura di organizzazione della procedura, non avallano la tesi difesa dalla Commissione nel caso di specie. Da essi risulta invece che, così come confermato dalle parti in udienza, la questione dei poteri e degli obblighi della Commissione derivanti dalla disposizione controversa non è stata mai sollevata durante le negoziazioni e la preparazione di tali regolamenti. 97 Per contro, come risulta dai considerando del regolamento n. 4064/89, segnatamente dai considerando nn. 7 e 17, e com'è stato già più volte accertato dal Tribunale, l'obiettivo principale di tale regolamento è di garantire l'efficacia del controllo delle operazioni di concentrazione e la certezza del diritto per le imprese soggette alla sua applicazione (sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. II-1169, punto 26; ordinanza del presidente del Tribunale 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, Union Carbide/Commissione, Racc. pag. II-1159, punto 36; v. anche, in tal senso, sentenze del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-121, punto 48, e 27 novembre 1997, causa T-290/94, Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II-2137, punto 109). 98 A tal riguardo si deve osservare che, come sottolineato dalla stessa Commissione nella sua comunicazione relativa alle restrizioni accessorie (v. punto II 6), la questione se una restrizione sia «direttamente legata e necessaria alla realizzazione della concentrazione» non può ricevere una risposta generale. La valutazione della connessione diretta e della necessità di una restrizione implica pertanto in ogni singolo caso valutazioni economiche complesse per le quali l'autorità competente beneficia di un largo margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza Remia e a./Commissione, citata supra al punto 85, e sentenza M6, punto 114). 99 Come anche la Commissione ha rilevato nella detta comunicazione (v. punto II 5), nel diritto comunitario della concorrenza, per verificare se determinate restrizioni possano essere considerate come direttamente connesse alla realizzazione di un'operazione di concentrazione e ad essa necessarie, occorre esaminare, in particolare, se tali restrizioni siano oggettivamente necessarie alla realizzazione di un'operazione di concentrazione nel senso che, «se esse non esistono, l'operazione non potrebbe essere realizzata o lo sarebbe soltanto in condizioni più aleatorie, a costi sostanzialmente più elevati, in tempi nettamente più lunghi o con ben minori possibilità di successo» (v. anche, in tal senso, sentenza M6, punto 109). 100 Da ciò risulta che le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione di un'operazione di concentrazione e ad essa necessarie devono essere considerate come economicamente inscindibili da quest'ultima. 101 Orbene se, come sostiene la convenuta, la qualificazione di tali restrizioni come restrizioni accessorie o come restrizioni non accessorie nella motivazione della decisione di approvazione dell'operazione di concentrazione non consentisse alle parti di questa operazione di beneficiare della certezza del diritto propria di una decisione di approvazione di una concentrazione, il regolamento n. 4064/89 sarebbe, in parte, privato della sua efficacia pratica. Infatti, in un caso simile, le parti di un'operazione di concentrazione non otterrebbero il beneficio della certezza del diritto per l'intera operazione persino quando, nel caso siano effettivamente soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione controversa, il complesso dell'operazione sia ritenuto come economicamente inscindibile. 102 Pertanto, anche se è vero che le parti modificano la struttura delle loro imprese unicamente per mezzo delle clausole contrattuali che costituiscono l'operazione di concentrazione stessa, operazione che è difficilmente reversibile e che giustifica un maggiore bisogno di certezza del diritto per le parti coinvolte (v., in tal senso, sentenza Air France/Commissione, citata supra al punto 97, punto 48), allo stato attuale della normativa applicabile, il beneficio della certezza del diritto dev'essere considerato esteso altresì alle clausole contrattuali qualificate nella motivazione della decisione di approvazione come restrizioni direttamente connesse alla realizzazione di un'operazione di concentrazione e ad essa necessarie. 103 Si deve quindi concludere, senza che sia necessario esaminare se, in via generale, la valutazione di tali restrizioni possa essere utilmente effettuata indipendentemente dall'esame dell'operazione di concentrazione, che, inserendo la disposizione controversa nell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 4064/89, il legislatore comunitario ha inteso instaurare un sistema decisionale che consente alle parti di un'operazione di concentrazione ai sensi dell'art. 3 di tale regolamento di ottenere, quale contropartita della disciplina vincolante, istituita dagli artt. 4 e 7 di detto regolamento, relativa all'obbligo di notifica e all'effetto sospensivo di quest'obbligo, una certezza del diritto non soltanto riguardo all'operazione di concentrazione, ma anche riguardo alle restrizioni notificate dalle parti di tale operazione come direttamente connesse alla realizzazione di quest'ultima e ad essa necessarie. 104 Si deve altresì constatare che il fatto di costringere le parti di un'operazione di concentrazione, al fine di poter beneficiare della certezza del diritto relativamente alle restrizioni che esse considerano economicamente inscindibili da tale operazione, a procedere alla notifica di tali restrizioni in applicazione di altre disposizioni, in particolare del regolamento n. 17, oltre che alla notifica ai sensi del regolamento n. 4064/89, sarebbe contrario al principio dell'efficacia del controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria. D'altra parte, nell'introduzione alla propria comunicazione relativa alle restrizioni accessorie, la Commissione stessa ha sottolineato che «non possono (...) esistere procedure parallele della Commissione, una delle quali volta al controllo dell'operazione di concentrazione in forza del regolamento [n. 4064/89] e l'altra intesa ad applicare gli articoli [81 CE e 82 CE] alle restrizioni accessorie a tale operazione». 105 Ad abundantiam, occorre aggiungere che, nella decisione 22 giugno 2000, la Commissione ha ritenuto che tutte le imprese costituite o modificate con le operazioni di concentrazione costituivano imprese comuni a pieno titolo ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 4064/89. Orbene, nella sua comunicazione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni di una entità economica autonoma a norma del regolamento n. 4064/89 (GU 1998, C 66, pag. 1), la Commissione ha indicato che nell'ambito di tali operazioni essa esamina, da un lato, ai sensi dell'art. 2, n. 4, del regolamento n. 4064/89 ed in base ai criteri dell'art. 81, nn. 1 e 3, CE, se ed in quale misura tali operazioni abbiano ad oggetto o per effetto di restringere la concorrenza attraverso un coordinamento del comportamento concorrenziale delle parti di detta operazione e, dall'altro, essa valuta le restrizioni direttamente connesse e necessarie alla realizzazione della concentrazione «congiuntamente con la concentrazione stessa» (punto 16 della comunicazione). 106 Da quanto precede risulta che, allo stato della normativa attualmente applicabile, l'interpretazione delle disposizione controversa fornita dalla convenuta dev'essere ritenuta inconciliabile con l'obiettivo principale del regolamento n. 4064/89, vale a dire assicurare l'efficacia del controllo delle operazioni di concentrazione e la certezza del diritto per le imprese ad esso soggette. 107 In tale situazione, la convenuta non può validamente sostenere che il regolamento n. 4064/89 le imponga termini ristretti per l'adozione delle decisioni sulla compatibilità delle operazioni di concentrazione con il mercato comune, termini che non le consentirebbero di decidere utilmente in ordine alle restrizioni accessorie e che, conseguentemente, occorra semplificare la procedura e concentrarla sull'oggetto essenziale dell'esame della compatibilità, ossia quello previsto dall'art. 2 di tale regolamento, in base al quale essa deve valutare se l'operazione di concentrazione crei o rafforzi una posizione dominante. 108 Infatti, da un lato, occorre osservare che, nel caso di specie, la Commissione ha proceduto, nei termini che le erano imposti dal regolamento n. 4064/89, ad un esame particolareggiato della connessione diretta e della necessità delle diverse restrizioni notificatele dalle ricorrenti nell'ambito delle loro operazioni di concentrazione. D'altra parte, se il Tribunale ha, certamente, già avuto l'occasione di sottolineare che la ratio del regolamento è caratterizzata dall'esigenza di celerità del procedimento dinanzi alla Commissione (sentenze del Tribunale 28 aprile 1999, causa T-221/95, Endemol/Commissione, Racc. pag. II-1299, punto 68, e Kaysersberg/Commissione, citata supra al punto 97, punto 133), resta comunque il fatto che, come giudicato al precedente punto 101, l'interpretazione difesa dalla convenuta priverebbe le parti di un'operazione di concentrazione di alcuni benefici che il regolamento n. 4064/89 riserva loro. Orbene, la convenuta non può invocare difficoltà amministrative, per quanto rilevanti esse siano, per svuotare il regolamento n. 4064/89 di una parte del suo contenuto. Soltanto al legislatore comunitario competente spetta, se del caso, modificare, su proposta della Commissione, le disposizioni di tale regolamento. 109 Considerato quanto precede, si deve concludere che, tenuto conto dei termini e del contesto normativo nonché dell'origine e dello scopo della disposizione controversa, quest'ultima dev'essere interpretata nel senso che quando, come nel caso di specie, la Commissione nella motivazione della decisione con cui autorizza un'operazione di concentrazione ha qualificato le restrizioni notificate dalle parti di tale operazione come restrizioni accessorie, restrizioni non accessorie o restrizioni accessorie per un periodo limitato, essa non ha emesso un semplice parere senza forza giuridica vincolante ma ha, al contrario, effettuato valutazioni giuridiche che, in forza della disposizione controversa, determinano il merito di quanto da essa deciso nel dispositivo di tale decisione. - Applicazione al caso di specie 110 Con la decisione 10 luglio 2000, la Commissione ha modificato la sua valutazione relativa alle restrizioni notificate dai partecipanti ad una concentrazione come direttamente connesse alla realizzazione di quest'ultima e ad esse necessarie, contenuta nella sua decisione 22 giugno 2000, in senso sfavorevole agli interessi delle ricorrenti. Infatti, alcune restrizioni che erano state autorizzate dalla decisione 22 giugno 2000 per tutta la durata indicata nella notifica o per una parte di questa non sono più autorizzate in forza della decisione 10 luglio 2000, o lo sono soltanto per un periodo inferiore a quello stabilito precedentemente. Di conseguenza, in base alla decisione 10 luglio 2000 e contrariamente alla situazione giuridica creata dalla decisione 22 giugno 2000, tali restrizioni non solo possono rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17, ma possono anche costituire oggetto di una controversia dinanzi ad un giudice nazionale, e ciò al fine dell'accertamento di un'eventuale violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza. 111 Pertanto le ricorrenti correttamente sostengono che, a seguito della notifica della decisione 10 luglio 2000, esse si trovano in una situazione giuridica meno favorevole di quella di cui avevano beneficiato successivamente all'adozione della decisione 22 giugno 2000. Tale modifica, come affermato dalle ricorrenti, non contraddette al riguardo dalla convenuta, può influire sul calcolo della redditività degli investimenti che ha informato la conclusione degli accordi notificati. 112 Si deve pertanto ritenere che la decisione 10 luglio 2000 abbia prodotto effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi delle ricorrenti, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di queste. 113 Tale conclusione non è contraddetta dall'argomentazione tratta dalle due comunicazioni della Commissione, ossia la comunicazione sulla procedura semplificata e la nuova comunicazione sulle restrizioni accessorie (v. supra, punti 54 e 55). Infatti si deve rilevare che non solo tali atti sono stati pubblicati dopo l'adozione della decisione impugnata, ma inoltre essi non possono, in quanto tali, pregiudicare l'interpretazione delle disposizioni pertinenti da parte del giudice comunitario, com'è del resto espressamente sottolineato al punto 5 della nuova comunicazione sulle restrizioni accessorie. 114 Di conseguenza la prima eccezione d'irricevibilità dev'essere respinta. Sull'eccezione d'irricevibilità fondata sulla mancanza di un interesse concreto ed attuale delle ricorrenti all'annullamento della decisione 10 luglio 2000 115 Si deve ricordare che un ricorso di annullamento promosso da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo in quanto il ricorrente ha interesse a che sia annullato l'atto impugnato. Un siffatto interesse sussiste solo se l'annullamento dell'atto è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche (sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II-753, punto 40). 116 Nel caso di specie, è pacifico che la decisione 10 luglio 2000 ha modificato in maniera rilevante ed in senso sfavorevole agli interessi delle ricorrenti la valutazione delle diverse restrizioni notificate da queste ultime nell'ambito delle operazioni di concentrazione. Pertanto, tenuto conto di quanto dichiarato al precedente punto 109, si deve ritenere che la decisione 10 luglio 2000 ha modificato la situazione giuridica delle ricorrenti e che, contrariamente a quanto sostiene la convenuta (v. supra, punto 50), tale modifica non dipende da un eventuale accertamento di un giudice nazionale. Di conseguenza, le ricorrenti possono vantare un interesse ad agire, poiché, in caso di annullamento della decisione 10 luglio 2000, esse si troverebbero di nuovo nella situazione giuridica più favorevole determinata dalla decisione 22 giugno 2000. 117 Conseguentemente si deve respingere anche questa eccezione d'irricevibilità. 118 Risulta da quanto precede che il presente ricorso è ricevibile. Nel merito 119 Le ricorrenti adducono, in via principale, l'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione 10 luglio 2000. In subordine esse fanno valere la violazione, in primo luogo, dei principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di rispetto dei diritti quesiti, in secondo luogo, dell'obbligo di motivazione e, in terzo luogo, dei diritti della difesa. In ulteriore subordine, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso alcuni errori nella valutazione delle restrizioni notificate dai partecipanti alla concentrazione quali direttamente connesse alla realizzazione di questa e ad essa necessarie e che la decisione impugnata è viziata da un manifesto errore di valutazione. Sulla censura relativa all'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione 10 luglio 2000 Argomenti delle parti 120 Secondo le ricorrenti, la Commissione era manifestamente incompetente ad adottare la decisione impugnata per un duplice profilo. 121 In primo luogo, le ricorrenti osservano che la decisione 10 luglio 2000 è stata firmata e notificata alle parti più di quindici giorni dopo la scadenza del termine previsto all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89. Orbene, tenuto conto del fatto che le norme relative ai termini previsti dal regolamento n. 4064/89 devono essere interpretate ed applicate in modo restrittivo (sentenza Kaysersberg/Commissione, citata supra al punto 97, punto 113), le ricorrenti sostengono che la Commissione era incompetente ratione temporis ad adottare la decisione 10 luglio 2000. Esse ritengono d'altronde che la Commissione non fosse nemmeno competente a revocare la decisione 22 giugno 2000, in quanto le sole circostanze in cui una decisione adottata in applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 4064/89 può essere revocata sono quelle previste dall'art. 6, n. 3, del regolamento n. 4064/89, vale a dire quando la decisione sia fondata su indicazioni inesatte, sia stata ottenuta con frode o qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata le decisione. Orbene, le ricorrenti sottolineano che tale disposizione non è applicabile nella fattispecie e non è nemmeno stata citata dalla Commissione nella decisione impugnata. 122 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che, adottando la decisione 22 giugno 2000, notificata lo stesso giorno alle parti della concentrazione, la Commissione ha concluso il procedimento ed esaurito la sua competenza ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89. Pertanto, secondo le ricorrenti, la Commissione non era più competente ad adottare la decisione impugnata sullo stesso fondamento. 123 La convenuta respinge entrambe le motivazioni di tale censura, riferendosi, in via principale, alla propria argomentazione relativa all'assenza di forza vincolante del suo «parere» sulle restrizioni accessorie. In via subordinata, la convenuta ritiene che, in ogni caso, essa fosse competente a revocare la decisione 22 giugno 2000. Giudizio del Tribunale 124 Bisogna innanzi tutto individuare la natura giuridica della decisione impugnata. 125 Le parti concordano sul fatto che, malgrado la Commissione abbia motivato l'adozione di tale atto con la necessità di apportare alcune «modifiche testuali» alla decisione 22 giugno 2000 per correggere un errore di redazione intervenuto nell'adozione di quest'ultima decisione, la decisione impugnata comporta una modifica sostanziale dell'esame effettuato dalla Commissione nella motivazione della decisione 22 giugno 2000 per quanto riguarda il carattere delle restrizioni notificate quali direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie, lasciando del tutto invariato il dispositivo di tale ultima decisione. 126 Tenuto conto del carattere vincolante proprio di tale esame nell'ambito della motivazione di una decisione che autorizza una concentrazione (v. supra, nella parte sulla «ricevibilità»), la decisione impugnata costituisce quindi una decisione di revoca parziale, con effetto retroattivo, della decisione 22 giugno 2000. 127 Di conseguenza, le ricorrenti non possono validamente opporre a tale decisione il termine previsto all'art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89, poiché tale termine si applica «alle decisioni previste all'art. 6, n. 1, [di questo stesso regolamento]» e non ad una decisione di revoca, con effetto retroattivo, di una tale decisione. 128 Si deve poi esaminare se la Commissione fosse competente ad adottare tale decisione di revoca parziale, con effetto retroattivo, della decisione 22 giugno 2000. 129 Al riguardo le ricorrenti giustamente osservano che il regolamento n. 4064/89 prevede la revoca di una decisione di autorizzazione di una concentrazione adottata in applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 4064/89 soltanto quando tale decisione sia fondata su indicazioni inesatte, sia stata ottenuta con frode o qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui è corredata la decisione (art. 6, n. 1 ter, del regolamento n. 4064/89). Orbene è pacifico che il caso in esame non rientra in alcuna di queste fattispecie teoriche. 130 Occorre inoltre sottolineare che il regolamento n. 4064/89 ha conferito alla Commissione la competenza ad adottare, in via generale, le decisioni relative alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria e, in particolare, quelle relative alla compatibilità di tali operazioni con il mercato comune. Pertanto, in base ad un principio generale di diritto secondo il quale, generalmente, l'organo competente ad adottare un determinato atto giuridico è altresì competente ad abrogarlo o modificarlo attraverso l'adozione di un actus contrarius, a meno che una disposizione espressa non conferisca tale competenza ad un altro organo, occorre constatare che la Commissione era teoricamente competente ad adottare la decisione impugnata. 131 Gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti, miranti in sostanza a dimostrare che la Commissione non ha rispettato le condizioni richieste secondo costante giurisprudenza per la revoca retroattiva di un atto comunitario, non possono inficiare tale conclusione, poiché essi riguardano in realtà la questione se la Commissione abbia correttamente esercitato questa competenza nel caso di specie. Orbene, l'esame di tale questione riguarda il secondo motivo invocato dalle ricorrenti. 132 Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto. Sul motivo relativo ad una violazione dei principi di certezza del diritto, rispetto del legittimo affidamento e rispetto dei diritti quesiti Argomenti delle parti 133 Le ricorrenti sostengono che, modificando la decisione 22 giugno 2000 attraverso l'adozione di quella 10 luglio 2000, la Commissione non ha rispettato le condizioni richieste dalla giurisprudenza per la revoca retroattiva di atti comunitari (sentenza della Corte 17 aprile 1997, causa C-90/95 P, de Compte/Parlamento, Racc. pag. I-1999). Di conseguenza, secondo loro, la decisione impugnata è inficiata da una violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e rispetto dei diritti quesiti. 134 In tale contesto, le ricorrenti ricordano in particolare che la decisione 22 giugno 2000 è intervenuta l'ultimo giorno del termine previsto dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89 e che soltanto il 7 luglio 2000, ossia più di due settimane dopo la notificazione della decisione 22 giugno 2000, esse apprendevano, in via informale e incidentale, che la Commissione preparava una nuova decisione relativa alla concentrazione notificata. Orbene, secondo le stesse, né la forma, né il contenuto della decisione 22 giugno 2000, né le indicazioni fornite dai servizi della Commissione nel corso del procedimento amministrativo hanno fatto sì che esse potessero o dovessero rendersi conto che tale decisione non fosse definitiva, e che essa sarebbe divenuta oggetto di una modifica. 135 La convenuta ammette che, generalmente, la modifica di un atto o la sua revoca può pregiudicare il principio di certezza del diritto. Tuttavia, l'interesse delle ricorrenti al rispetto di questo principio dev'essere posto a confronto, da un lato, con il fine perseguito dall'adozione della decisione impugnata e, dall'altro, con il legittimo affidamento delle parti interessate ingenerato dal comportamento dell'amministrazione. 136 La convenuta osserva che l'adozione della decisione impugnata mirava a far rispettare il principio di legalità degli atti amministrativi che esige che l'atto amministrativo contrario al diritto sia eliminato. Essa ricorda che nella decisione 22 giugno 2000 erano sfuggiti alcuni errori materiali concernenti la valutazione delle restrizioni notificate come direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie. Orbene, secondo la convenuta, essa doveva rettificare tali errori nell'interesse generale della formazione di una dottrina coerente in materia di restrizioni accessorie. La stessa rileva che la valutazione da essa fornita nelle sue decisioni in materia di concentrazioni è seguita dagli operatori economici e dai loro consulenti legali. Sarebbe stato essenziale non lasciar sussistere un dubbio indotto da contraddizioni tra la valutazione che figura nella decisione 22 giugno 2000 e quella che compare nella decisione 1999/242, citata supra al punto 15, dal momento che questi due casi riguardavano restrizioni analoghe. Così sarebbe stato necessario modificare la valutazione di queste restrizioni data dalla decisione 22 giugno 2000, sostituendola con un'interpretazione meno soggetta a contestazione, in quanto più conforme alla prassi decisionale della Commissione e alla giurisprudenza e, ciò facendo, privilegiare l'interesse generale rispetto a quello delle ricorrenti. 137 La convenuta rileva altresì che essa ha adottato la decisione 10 luglio 2000 in un termine ragionevole. Peraltro, riferendosi alla propria argomentazione relativa alla mancanza di forza vincolante del suo «parere» in ordine a tali restrizioni, la convenuta ritiene che la propria valutazione non abbia conferito al riguardo nessuna garanzia di legalità e che, quindi, la modifica di questa non potesse ledere il legittimo affidamento delle ricorrenti. In ogni caso, la convenuta rileva che la motivazione della decisione 22 giugno 2000 conteneva una frase che manifestamente non avrebbe dovuto apparire nella versione definitiva. Infatti, con questa frase, scritta fra parentesi quadre, la persona responsabile della redazione della decisione aveva notato che poteva anche essere utilizzata una formulazione diversa rispetto a quella scelta, e indicava così ad un altro collaboratore che in ordine a tale punto specifico sarebbe stato possibile modificare la motivazione. La convenuta rileva che, leggendo questa frase, le ricorrenti avrebbero dovuto rendersi conto che questa decisione era stata loro notificata per errore. Giudizio del Tribunale 138 In assenza di disposizioni specifiche nel Trattato o nel diritto derivato applicabile, la Corte e il Tribunale hanno dedotto dai principi generali di diritto comunitario i criteri in conformità ai quali le istituzioni comunitarie possono revocare, con effetto retroattivo, atti amministrativi favorevoli. 139 Si deve ricordare in proposito che, in via generale, la revoca retroattiva di un atto legittimo con il quale siano stati attribuiti diritti soggettivi o analoghi vantaggi è contraria ai principi giuridici generali (sentenze della Corte 12 luglio 1957, cause riunite 7/56 e 3/57-7/57, Algera e a./Assemblea comune CECA, Racc. pag. 79, in particolare pag. 112, e 22 settembre 1983, causa 159/82, Verli-Wallace/Commissione, Racc. pag. 2711, punto 8; sentenze del Tribunale 27 marzo 1990, causa T-123/89, Chomel/Commissione, Racc. pag. II-131, punto 34, e 5 dicembre 2000, causa T-197/99, Gooch/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-271 e II-1247, punto 53). 140 Inoltre se, per contro, dev'essere ammessa la revoca retroattiva di atti amministrativi illegittimi, essa è comunque soggetta a condizioni molto rigorose. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo è consentita se avviene entro un termine ragionevole e se l'istituzione da cui promana tale atto tiene sufficientemente conto del legittimo affidamento del beneficiario dell'atto, che ha potuto confidare nella legittimità di quest'ultimo (sentenze della Corte Algera e a./Assemblea comune CECA, citata supra al punto 139, pag. 113; 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione, Racc. pag. 585, punto 38; 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749, punto 10; 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio cooperative d'Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, punto 12; sentenza de Compte/Parlamento, citata supra al punto 133, punto 35; sentenze del Tribunale 26 gennaio 1995, cause riunite T-90/91 e T-62/92, de Compte/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-1 e II-1, punto 37; Gooch/Commissione, citata supra al punto 139, punto 53). 141 E' stato già statuito che la prova dell'illegittimità dell'atto revocato incombe all'istituzione da cui l'atto promana (sentenza Gooch/Commissione, citata supra, punto 139, punto 53). Occorre altresì considerare che spetta a detta istituzione dimostrare che siano soddisfatte le altre condizioni per la revoca retroattiva di un atto. 142 Riguardo al caso di specie, bisogna ricordare in primis che la decisione 22 giugno 2000 ha attribuito alle ricorrenti diritti soggettivi, in quanto non solo in essa la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato comune determinate operazioni di concentrazione ma, inoltre, con detta decisione le restrizioni notificate come direttamente connesse alla realizzazione di tali operazioni e ad essa necessarie sono state approvate nei limiti indicati nella motivazione di tale atto. 143 Inoltre, si deve rilevare che né nella decisione 10 luglio 2000, né nella sua esposizione dinanzi al giudice la Commissione ha tentato di dimostrare che la decisione 22 giugno 2000 fosse illegittima. 144 Infatti, nella decisione 10 luglio 2000 la convenuta si è limitata ad informare le ricorrenti che «il testo della decisione 22 giugno 2000 (...), che è stato firmato e [loro] notificato non era corretto». Dinanzi al Tribunale la convenuta si è limitata a sostenere che nella decisione 22 giugno 2000 si erano verificati alcuni «errori di diritto sostanziale», la cui rettificazione era necessaria nell'interesse della formazione di una dottrina coerente in materia di restrizioni accessorie (v. anche, in tal senso, la lettera 31 luglio 2000 del sig. Schaub, supra, punto 16). Senza tentare di dimostrare che l'interpretazione da essa data della nozione di restrizioni accessorie ai sensi della disposizione controversa fosse illegittima, essa sostiene che l'interpretazione adottata nella decisione 10 luglio 2000 era «meno soggetta a contestazione in quanto più conforme alla prassi decisionale della Commissione e alla giurisprudenza» 145 Di conseguenza, poiché la convenuta non ha dimostrato l'illegittimità dell'atto parzialmente revocato dalla decisione impugnata, essa non poteva validamente revocare, con effetto retroattivo, la decisione 22 giugno 2000. 146 In ogni caso, anche ritenendo che la convenuta - la cui argomentazione si fonda principalmente sulla tesi, respinta in quanto infondata (v. supra, punto 109), secondo la quale le sue dichiarazioni sulle restrizioni accessorie costituiscono semplici pareri e non possono quindi essere illegittime - sia riuscita a dimostrare, dinanzi al Tribunale, che la decisione 22 giugno 2000 era illegittima, essa non ha rispettato, nell'ambito del procedimento amministrativo seguito nel caso di specie, le condizioni particolarmente rigorose menzionate al precedente punto 140. 147 Infatti, per quanto riguarda il rispetto del legittimo affidamento delle ricorrenti sulla legittimità della decisione 22 giugno 2000, si deve constatare che tale decisione non contiene alcun elemento da cui possa evincersi che tale atto non corrisponda a quello che la Commissione intendeva adottare e che lo stesso è stato notificato alle ricorrenti soltanto a causa di un disguido nella fase di adozione del medesimo. La sola presenza, nella motivazione di tale decisione, della frase cui si riferisce la convenuta (v. supra, punto 137) non costituisce un errore di gravità tale da impedire manifestamente ai destinatari di confidare nella legittimità di detta decisione. Infatti, se questa frase non era certo destinata a comparire nel testo definitivo dell'atto, comunque, in assenza di qualsiasi altro indizio dal quale potesse risultare che la decisione 22 giugno 2000 non corrispondeva alla volontà dell'organo competente, le ricorrenti potevano ragionevolmente presumere, in particolare nell'ambito di un procedimento quale quello previsto dal regolamento n. 4064/89, caratterizzato da termini molto ristretti, che si trattasse di un semplice errore di redazione, ininfluente sulla legittimità di questa decisione. 148 Inoltre, la convenuta altrettanto infondatamente invoca la pretesa difformità della decisione 22 giugno 2000 rispetto alla sua prassi decisionale anteriore. Infatti, anche ritenendo che detta pretesa difformità della decisione 22 giugno 2000 rispetto alla sua prassi decisionale anteriore possa costituire motivo di illegittimità, tale circostanza non era in ogni caso evidente al punto che, leggendo tale decisione, le ricorrenti avrebbero dovuto necessariamente nutrire dubbi a tal proposito. Questa conclusione tanto più si impone in quanto, come sostenuto in udienza dalle ricorrenti senza essere al riguardo contraddette dalla convenuta, mai nel corso del procedimento amministrativo, prima o dopo la notifica delle operazioni di concentrazione, i competenti servizi della Commissione hanno fornito indicazioni ai legali delle ricorrenti, dalle quali sarebbe potuto emergere che essi intendevano proporre l'adozione di una decisione contenente una valutazione sostanzialmente diversa da quella che, alla fine, si trovava nella decisione 22 giugno 2000. 149 Pertanto, la decisione 22 giugno 2000 presentava tutte le caratteristiche di un atto privo di un qualsiasi errore di natura tale da dover suscitare nelle ricorrenti, quali operatori economici diligenti, dubbi riguardo alla sua legittimità. 150 Orbene, in tali circostanze la convenuta non può invocare validamente la necessità di salvaguardare la coerenza della «dottrina» in materia di restrizioni accessorie per revocare con effetto retroattivo un atto che attribuisce diritti soggettivi alle parti interessate, anche se lo stesso è intervenuto a seguito di un disguido. 151 Conseguentemente, senza dover esaminare se la decisione 10 luglio 2000 sia intervenuta entro un termine ragionevole, si deve concludere che la Commissione non ha correttamente assolto il proprio dovere di salvaguardare il rispetto del legittimo affidamento che le ricorrenti hanno potuto nutrire relativamente alla legittimità della decisione 22 giugno 2000. 152 Avuto riguardo a quanto precede, il presente motivo deve essere accolto. Sul motivo fondato sulla violazione dell'obbligo di motivazione Argomenti delle parti 153 Per le ricorrenti la decisione 10 luglio 2000 non è sufficientemente motivata in diritto. Infatti poiché, secondo le stesse, tale decisione ha costituito, rispetto alla decisione 22 giugno 2000, un cambiamento di posizione fondamentale e pregiudizievole per le ricorrenti riguardo alle restrizioni accessorie, essa avrebbe dovuto, in conformità alla giurisprudenza (sentenza del Tribunale 17 febbraio 2000, causa T-241/97, Stork Amsterdam/Commissione, Racc. pag. II-309), essere oggetto di una motivazione specifica e particolarmente rigorosa. 154 La convenuta ribatte che dalla decisione impugnata risulta chiaramente che si trattava di una modificazione della decisione 22 giugno 2000 giustificata da un errore materiale connesso alla circolazione dei documenti all'interno delle istituzioni. Erroneamente le ricorrenti avrebbero richiamato la sentenza Stork Amsterdam/Commissione (citata supra, punto 153), poiché tale causa non riguardava, come nel caso di specie, la correzione di un errore amministrativo. Inoltre la convenuta fa valere che essa ha ampiamente esplicitato, nel testo della decisione impugnata, le ragioni che giustificavano la sua analisi di tali restrizioni. Una comparazione delle decisioni 22 giugno 2000 e 10 luglio 2000 consentirebbe di comprendere agevolmente le ragioni per le quali la Commissione aveva ritenuto che la qualificazione iniziale fosse erronea. Giudizio del Tribunale 155 Secondo una costante giurisprudenza, la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve evidenziare in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento dell'istituzione, in maniera tale, da un lato, da fornire agli interessati sufficienti indicazioni per rendersi conto se detta decisione sia fondata o se eventualmente sia inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità e, dall'altro, da consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità (sentenze SCK e FNK/Commissione, citata al punto 67 supra, punto 226, e Stork Amsterdam/Commissione, citata al punto 153 supra, punto 73). 156 Nel caso di specie, si deve da un lato constatare che, nell'introduzione della decisione 10 luglio 2000, la Commissione ha indicato che, a «[s]eguito di un errore di redazione, il testo della decisione 22 giugno 2000 (...) non era corretto» e che essa di conseguenza ha deciso «di apportarvi alcune modifiche testuali». D'altra parte, nella motivazione della decisione 10 luglio 2000 la Commissione ha spiegato, in modo particolareggiato, le ragioni per le quali essa riteneva che le diverse restrizioni di cui essa aveva riconosciuto il carattere accessorio nella decisione 22 giugno 2000 non potessero essere considerate accessorie alle operazioni di concentrazione notificate. 157 Questi elementi non consentono di ritenere che la decisione 10 luglio 2000 riveli in maniera chiara e inequivocabile il ragionamento dell'istituzione posto a fondamento della sua adozione. 158 Infatti, in nessuna parte della decisione 10 luglio 2000 la Commissione ha indicato che, secondo la stessa, le modificazioni apportate non comportavano alcun cambiamento nella posizione giuridica delle ricorrenti e che le sue dichiarazioni relative alle restrizioni accessorie costituivano semplici pareri non vincolanti. Una tale motivazione era tuttavia necessaria al fine di fornire agli interessati una sufficiente indicazione relativamente alla questione se, tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (v. supra, punti 139 e 140), l'atto fosse fondato o se fosse eventualmente affetto da un vizio che consentisse di contestarne la validità. 159 Di conseguenza, il motivo relativo all'inadempimento dell'obbligo di motivazione è altresì fondato. 160 Pertanto, senza che occorra decidere sugli altri motivi dedotti dalle ricorrenti, la decisione 10 luglio 2000 dev'essere annullata. Decisione relativa alle spese Sulle spese 161 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, la convenuta, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Dispositivo Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione della Commissione 10 luglio 2000, recante modifica della decisione della Commissione 22 giugno 2000, che dichiara alcune operazioni di concentrazione compatibili con il mercato comune e con il funzionamento dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (casi COMP/JV40 - Canal+/Lagardère e COMP/JV47 - Canal+/Lagardère/Liberty Media), è annullata. 2) La convenuta è condannata alle spese.

62016CJ0051

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo ( OL L 256, 1987, p. 1 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382), iš dalies pakeisto 2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1101/2014 ( OL L 312, 2014, p. 1 , toliau – Reglamentas Nr. 2658/87), I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 9021 pozicijos išaiškinimo ir 2014 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1212/2014 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje ( OL L 329, 2014, p. 3 ) galiojimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Stryker EMEA Supply Chain Services BV (toliau – Stryker ) ir Inspecteur van de Belastingdienst /Douane (Mokesčių ir muitų tarnybos Roterdamo Rijnmondo biuro inspektorius, toliau – muitinė) dėl trijų modelių medicininių implantų sraigtų tarifinio klasifikavimo. Teisinis pagrindas Prekių klasifikavimas KN buvo nustatyta Reglamente Nr. 2658/87. Ji grindžiama 1983 m. birželio 14 d. Briuselyje pasirašyta Tarptautine konvencija dėl suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos (toliau – SS konvencija), kuri kartu su 1986 m. birželio 24 d. jos dalinio pakeitimo protokolu Europos ekonominės bendrijos vardu buvo patvirtinta 1987 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimu 87/369/EEB ( OL L 198, 1987, p. 1 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 288). Į KN perkeltos šešių skaitmenų SS pozicijos ir subpozicijos. Septintu ir aštuntu skaitmenimis nurodomos papildomos tik KN būdingos subpozicijos. Pagal Reglamentą Nr. 2658/87 Europos Komisijai leidžiama patikslinti tarifinių pozicijų turinį. Reglamento Nr. 2658/87 I priedą Komisija kasmet atnaujina. Įgyvendinimo reglamentu Nr. 1101/2014 Komisija priėmė išsamią KN versiją, taikomą nuo 2015 m. sausio 1 d. KN pirmos dalies I antraštinės dalies A skyriuje įtvirtintos bendrosios šios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šiame skyriuje nustatyta: „Klasifikuojant prekes pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, turi būti vadovaujamasi šiais principais: 1. Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikavimas turi būti nustatomas pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas <…> <…> 6. Juridiniais tikslais priskiriant prekes bet kurios pozicijos subpozicijoms vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų pastabomis <…> Taikant šią taisyklę taip pat reikia remtis atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip.“ KN antroje dalyje „Muitų sąrašas“ yra XV skyrius „Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų gaminiai“. Šio skyriaus 2 ir 3 pastabos suformuluotos taip: „2. [KN] žodžių junginys „bendrosios paskirties dalys“ įvardija: a) gaminius, priskiriamus 7307, 7312, 7315, 7317 arba 7318 pozicijai, ir panašius gaminius iš kitų netauriųjų metalų; <…> 3. [KN] žodžių junginys „netaurieji metalai“ įvardija <…> plieną, <…> titaną, <…>“ KN XV skyriuje yra 73 skirsnis „Gaminiai iš geležies arba iš plieno“. Šiame skirsnyje, be kita ko, yra 7318 pozicija, suformuluota taip: „Sraigtai, varžtai, veržlės, medsraigčiai, įsukami kabliai, kniedės, sprausteliai, vielokaiščiai, poveržlės (įskaitant spyruoklines poveržles) ir panašūs gaminiai iš geležies arba iš plieno.“ SS pateikta 7318 pozicijos aiškinamoji pastaba, kurioje nurodyta: „Visi šie gaminiai paprastai yra su sriegiais, išskyrus kai kuriuos varžtus, kurie kartais gali būti tvirtinami, pvz., sprausteliais. Jais galima sujungti dvi ar daugiau detalių taip, kad paskui jas būtų galima lengvai atskirti nepadarius žalos. Metalo sraigtai <…> yra cilindro formos, o jų sriegis yra plonas ir truputį pakreiptas; jų galvutėse nėra išilginės įpjovos (yra lizdinės įdubos), taigi jie tvirtinami raktu, arba padarytos išilginės įpjovos ar lizdinės įdubos. Ši pozicija apima visų rūšių <…> sraigtus iš metalų, kad ir kokia jų forma ir paskirtis, įskaitant specifinės formos [sraigtus], kaip antai U formos varžtus (jungių varžtus), cilindro formos varžtus be galvutės, kurių viename gale arba per visą ilgį yra sriegis, trumpus varžtus, kurių abiejuose galuose yra sriegiai. <…> Medsraigčiai skiriasi nuo <…> metalo sraigtų tuo, kad yra kūgio formos, o jų sriegis yra aštrus ir sukant prasiskverbia į medžiagą. Be to, medsraigčių galvutėse dažniausiai padarytos išilginės įpjovos ar lizdinės įdubos ir jie visada naudojami be veržlės. <…>“ KN XV skyriuje taip pat yra 81 skirsnis „Kiti netaurieji metalai; kermetai; gaminiai iš šių medžiagų“. Šiame skirsnyje esanti 8108 pozicija suformuluota taip: „Titanas ir titano gaminiai, įskaitant atliekas ir laužą <…> 8108 90 – Kiti <…> 8108 90 90 – – Kiti“. KN antroje dalyje yra XVIII skyrius „Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys“. KN XVIII skyriaus 90 skirsnis pavadintas „Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys“. Šio 90 skirsnio 1 pastaboje nurodyta: „1. Šiam skirsniui nepriskiriami: <…> f) bendrosios paskirties dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų (XV skyrius), apibrėžtos XV skyriaus 2 pastaboje, arba panašūs plastikų dirbiniai (39 skirsnis); <…>“ SS 90 skirsnio aiškinamojoje pastaboje nurodyta: „Šis skirsnis apima įvairiausius prietaisus ir aparatus, kurie paprastai pasižymi aukšta apdailos kokybe ir dideliu tikslumu, todėl dauguma jų naudojami visų pirma <…> medicininiais tikslais. <…>“ 9021 pozicija suformuluota taip: „9021 10 – Ortopedijos prekės ir įtaisai arba įtaisai, naudojami lūžiams gydyti <…> 9021 10 90 – – Įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti <…> 9021 90 – Kiti <…> 9021 90 90 – – Kiti“ SS 9021 pozicijos aiškinamojoje pastaboje nurodyta: „Gaminiai ir įtaisai, naudojami lūžiams gydyti, skirti lūžusioms kūno dalims imobilizuoti (siekiant ištempti ar apsaugoti) arba lūžių repozicijai. <…> Kai kurie iš šių gaminių ir įtaisų gali būti pritvirtinti prie paties paciento (visų pirma įtvarai iš metalizuotų siūlų, cinko, medžio ir t. t., skirti kūno dalims imobilizuoti, gipso tvarsčių įtvarai alkūnei, krūtinės ląstai skirti įtaisai ir t. t.) arba pritaikyti prie lovos, stalo ar kito stabilaus paviršiaus (apsauginiai lankai, įtaisai lūžiams gydyti tempiant, kuriuose yra vamzdžio formos ramsčiai, pakeičiantys įtvarus, ir t. t.). Nepažeidžiant šio skirsnio 1 pastabos f punkto nuostatų, prie šios pozicijos priskiriamos ir plokštelės, vinys ir t. t., chirurgų implantuojamos į kūną lūžusio kaulo dalims sujungti arba panašiai lūžiams gydyti.“ KN 9021 39 90 subpozicijos paaiškinimuose nurodyta: „Prie šios subpozicijos priskiriamos: 1. plokštelės, kurios visam laikui lieka kūne, pavyzdžiui, pakeičiančios kaulą arba jo dalį; <…>“ Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1212/2014 Įgyvendinimo reglamente Nr. 1212/2014 medicininis implantų sraigtas klasifikuojamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede. Šis sraigtas tame priede apibūdintas taip: „Apie 12 mm ilgio pilnaviduris cilindro formos gaminys su sriegiu, pagamintas iš itin kieto spalvinto titano lydinio. Gaminį sudaro 3 mm skersmens per visą ilgį strypas ir galvutė. Išilgai viso strypo užsriegtas asimetrinis sriegis. Galvutė taip pat su sriegiu (kad ją būtų įmanoma įtvirtinti fiksavimo sistemų kompresinėje plokštelėje) ir su lizdine įduba. Gaminys atitinka ISO/TC 150 standartus, taikomus implantų sraigtams, ir pateikiamas naudoti traumų chirurgijoje lūžių repozicijai. Jis implantuojamas į žmogaus kūną naudojant specialius įrankius. Gaminys importuojamas sterilioje pakuotėje. Gaminys pažymėtas numeriu, todėl galima atsekti visą jo gamybos ir platinimo grandinę.“ Remiantis šio reglamento priede pateiktais motyvais, klasifikuojama vadovaujantis KN 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XV skyriaus 2 pastabos a punktu, XV skyriaus 3 pastaba, 90 skirsnio 1 pastabos f punktu ir KN kodus 8108, 8108 90 ir 8108 90 90 atitinkančiais prekių aprašymais. Šiuose motyvuose taip pat nurodyta: „Dėl savo objektyvių charakteristikų gaminys visiškai tapatintinas su sraigtu iš netauriųjų metalų, nors ir skirtas naudoti traumų chirurgijoje. Nepriklausomai nuo faktinio panaudojimo, sraigtai iš netauriųjų metalų pagal XV skyriaus 2 pastabos a punktą laikomi bendrosios paskirties dalimis. Todėl, remiantis 90 skirsnio 1 pastabos f punktu, gaminys nepriskirtinas 9021 pozicijai kaip įtvarai ir kiti įtaisai, naudojami lūžiams gydyti. Taigi gaminys klasifikuotinas kaip kiti titano gaminiai priskiriant KN kodą 8108 90 90.“ Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas Ginčas pagrindinėje byloje kilo dėl privalomosios tarifinės informacijos, kurią muitinė išdavė Stryker dėl trijų modelių implantų sraigtų, implantuojamų į žmogaus kūną lūžiams gydyti arba protezams sutvirtinti, panaikinimo. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad šie sraigtai pasižymi tokiomis bendromis savybėmis: — atitinkamai 6,5 mm, 6,5 mm ir 4 mm skersmens, — atitinkamai 25 mm, 50 mm ir 16 mm ilgio, — specifinis sriegis, — sraigto galvutė pritaikyta šešiakampiam raktui, — sraigtas dėžutėje supakuotas vienas, prie jo pridėta naudojimo instrukcija, — sterilus arba ne. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą taip pat matyti, kad šie sraigtai pasižymi specifinėmis savybėmis. Vienas iš jų pagamintas iš titano lydinio, o kiti du – iš nerūdijančio plieno. Be to, nerūdijančio plieno sraigtai yra vienkartiniai. Galiausiai pasakytina, kad titano lydinio sraigtas skirtas dirbtiniam sąnariui fiksuoti, o nerūdijančio plieno sraigtai skirti kaulams laikinai fiksuoti ir stabilizuoti. Atsižvelgdama į šias savybes ir remdamasi savo išduota privalomąja tarifine informacija, muitinė priskyrė šių trijų rūšių medicininius implantų sraigtus prie KN 9021 90 90 pozicijos. Po to, kai buvo paskelbtas Įgyvendinimo reglamentas Nr. 1212/2014, minėta muitinė 2015 m. sausio 6 d. sprendimu panaikino šią tarifinę informaciją. Panaikinimą ji grindė tuo, kad pagal šį reglamentą „dėl savo objektyvių charakteristikų sraigtai, skirti naudoti chirurgijoje, laikomi bendrosios paskirties dalimis“. Stryker pateikė skundą muitinei, o kai ši atmetė jį, pareiškė ieškinį dėl sprendimo panaikinti privalomąją tarifinę informaciją prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme. Grįsdama savo ieškinį Stryker iš esmės teigia, kad, atsižvelgiant į implantų sraigtų objektyvias charakteristikas ir požymius, be kita ko, į jų paskirtį, matyti, kad tai nėra „įprasti“ sraigtai, kaip jie suprantami KN 7318 pozicijoje. Be to, Stryker tvirtina, kad Įgyvendinimo reglamentas Nr. 1212/2014 negalioja, nes jame aptariami medicininių implantų sraigtai klasifikuoti atsižvelgiant tik į jų išorines charakteristikas, o ne į tikrąją jų paskirtį, o tai prieštarauja Teisingumo Teismo jurisprudencijai. Muitinė tvirtina, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami sraigtai labai panašūs į minėtame reglamente aprašytus sraigtus, todėl laikytini „bendrosios paskirties dalimis“. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad, pirma, dėl savo objektyvių požymių ir charakteristikų, įskaitant jų paskirtį, pagrindinėje byloje nagrinėjami implantų sraigtai gali būti priskirti prie KN 9021 pozicijos. Toks priskyrimas galimas atsižvelgiant į pagrindinėje byloje nagrinėjamų medicininių implantų sraigtų objektyvius požymius ir charakteristikas. Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad šie sraigtai projektuojami, gaminami ir parduodami kaip ortopedijos gaminiai kaulų lūžiams gydyti arba protezams sutvirtinti, tiekiami kartu su chirurgams skirta naudojimo instrukcija, gali būti implantuojami į kūną tik naudojant specialius medicininius įrankius, medžiaga, iš kurios pagaminti implantų sraigtai (nerūdijantis plienas arba titano lydinys), yra specialiai pritaikyta, kad būtų kuo mažesnė atmetimo rizika, šių sraigtų sriegis yra gilesnis nei „įprastų“ sraigtų, sraigto galvutė pagaminta taip, kad būtų galima sumažinti uždegimų riziką, sraigtai atitinka tarptautinės standartizacijos organizacijos, užtikrinančios ir medicinos produktų kokybę, standartus ir galiausiai implantų sraigtus atšaukimo iš rinkos atveju galima atsekti. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą taip pat matyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami sraigtai dėžutėse supakuoti po vieną ir gali būti tiekiami sterilūs. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat nurodo, kad vienintelė pagrindinėje byloje nagrinėjamų implantų sraigtų paskirtis – implantuoti į žmogaus kūną kaulų lūžiams gydyti ar protezams sutvirtinti. Antra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami sraigtai atitinka Įgyvendinimo reglamento Nr. 1212/2014 priede aprašytus sraigtus, o pagal šį reglamentą jie nepriskirtini prie KN 9021 pozicijos. Remdamasis šiuo reglamentu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas daro išvadą, kad tuo atveju, kai gaminiai laikomi „bendrosios paskirties dalimis“, kaip tai suprantama pagal KN XV skyriaus 2 pastabos a punktą, atliekant jų tarifinį klasifikavimą negalima atsižvelgti į jų paskirtį. Trečia, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pabrėžia, kad Komisija, kuri yra Įgyvendinimo reglamento Nr. 1212/2014 leidėja, klasifikuodama implantų sraigtus daug svarbos teikė jų išvaizdai. Šis teismas pripažįsta, kad iš pirmo žvilgsnio šie sraigtai panašūs į „įprastus“ sraigtus. Vis dėlto jis pažymi, kad išnagrinėjus išsamiai matyti, jog implantų sraigtai yra saviti ir skiriasi nuo įprastų sraigtų. Šiuo klausimu jis nurodo, kad implantų sraigtų sriegis yra gilesnis, o jų galvutėje padaryta lizdinė įduba pritaikyta ne įprastiems, o specialiems medicininiams įrankiams. Tokiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas, ar Komisija neviršijo savo įgaliojimų, kai Įgyvendinimo reglamento Nr. 1212/2014 priedo motyvuose susiaurino KN 9021 pozicijos taikymo sritį. Šiomis aplinkybėmis Rechtbank Noord‑Holland (Šiaurės Olandijos provincijos apylinkės teismas, Nyderlandai) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus: „1. Ar KN 9021 pozicija aiškintina taip, kad prie jos gali būti priskiriami tokie implantų sraigtai, kaip [nagrinėjami pagrindinėje byloje], kurie implantuojami į žmogaus kūną tik kaulų lūžiams gydyti ar protezams sutvirtinti? 2. Ar Įgyvendinimo reglamentas Nr. 1212/2014 galioja?“ Dėl prejudicinių klausimų Dėl pirmojo klausimo Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar KN turi būti aiškinama taip, kad prie KN 9021 pozicijos priskiriami tokie medicininių implantų sraigtai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, kurie implantuojami į žmogaus kūną tik kaulų lūžiams gydyti ar protezams sutvirtinti. Stryker tvirtina, kad bet kuriuo atveju pagrindinėje byloje nagrinėjami trys sraigtų modeliai, neatsižvelgiant į tai, ar jie pagaminti iš plieno, ar iš titano, priskirtini prie KN 9021 pozicijos. Tokį klasifikavimą iš esmės pagrindžia šių sraigtų paskirtis ir jų objektyvios charakteristikos, į kurias Komisija klaidingai neatsižvelgė kaip į reikšmingas. Komisija, priešingai, teigia, kad svarbiausias kriterijus yra šių sraigtų išoriniai objektyvūs požymiai. Šiuo aspektu Komisijai svarbiausia, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami sraigtai „visiškai atitinka“ įprastus sraigtus. Taigi Komisijai visiškai nesvarbi šių sraigtų paskirtis, t. y. tai, kad jie naudojami traumų chirurgijoje. Jos teigimu, pagrindinėje byloje nagrinėjami sraigtai laikytini „bendrosios paskirties dalimis iš netauriųjų metalų“ ir pagal KN 90 skirsnio 1 pastabos f punktą negali būti priskiriami prie KN 9021 pozicijos. Komisija siūlo pagrindinėje byloje nagrinėjamus sraigtus pagal jų sudėtį priskirti prie KN 7318 pozicijos (plieno sraigtus) ir prie KN 8108 pozicijos (titano lydinio sraigtus). Šiuo klausimu primintina, jog iš suformuotos jurisprudencijos matyti, kad, siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir lengvesnę kontrolę, prekių tarifinį klasifikavimą lemiantis kriterijus paprastai turi būti nustatytas atsižvelgiant į šių prekių objektyvius požymius ir savybes, išvardytas KN pozicijos aprašyme ir skyriaus ar skirsnio pastabose (žr., be kita ko, 2011 m. gegužės 18 d. Sprendimo Delphi Deutschland, C‑423/10 , EU:C:2011:315 , punktą). Be to, pagal suformuotą jurisprudenciją produkto paskirtis gali būti objektyvus klasifikavimo kriterijus, jeigu ji būdinga šiam produktui, ir šis būdingumas gali būti įvertintas atsižvelgiant į objektyvias jo savybes ir požymius (žr., be kita ko, 2010 m. gruodžio 22 d. Sprendimo Premis Medical, C‑273/09 , EU:C:2010:809 , punktą). Nagrinėjamu atveju iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nustatytų faktinių aplinkybių, primintų šio sprendimo 29 punkte, matyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamų sraigtų galvutė yra specifinės formos ir pritaikyta medicininiams tvirtinimo įrankiams, sriegis pagamintas taip, kad būtų galima įsukti į kaulą ir sumažinti uždegimo riziką, taip pat šie sraigtai pagaminti taip, kad atmetimo rizika būtų minimali. Be to, neginčijama, kad šie sraigtai pagaminti būtent tam, kad būtų implantuoti į organizmą arba dirbtiniam sąnariui, arba kaulams ar jų dalims sutvirtinti. Taip pat konstatuotina, kad tokie gaminiai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, nėra aiškiai nurodyti nei KN pozicijų, nei jos skyrių ar skirsnių pastabų formuluotėse. Vis dėlto pažymėtina, kad KN 9021 pozicijos formuluotėje, be kita ko, minimos prekės ir įtaisai, naudojami lūžiams gydyti. Šiuo klausimu pasakytina, kad KN ir SS paaiškinimuose pateikiama naudingos informacijos, padedančios atlikti tokių gaminių, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, tarifinį klasifikavimą, nors šie paaiškinimai yra tik aiškinamojo pobūdžio ir neturi privalomos teisinės galios (žr. 2006 m. balandžio 27 d. Sprendimo Kawasaki Motors Europe, C‑15/05 , EU:C:2006:259 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Pirmiausia pasakytina, kad SS 90 skirsnio aiškinamojoje pastaboje, primintoje šio sprendimo 13 punkte, nurodyta, jog šiame skirsnyje klasifikuojami gaminiai pasižymi aukšta apdailos kokybe ir dideliu tikslumu, todėl dauguma jų naudojami, be kita ko, medicininiais tikslais. Taigi prie KN 9021 pozicijos priskirtini gaminiai, iš esmės pasižymintys aukšta apdailos kokybe ir dideliu tikslumu ir kurie tuo skiriasi nuo įprastų gaminių (šiuo klausimu žr. 2002 m. lapkričio 7 d. Sprendimo Lohmann ir Medi Bayreuth, C‑260/00–C‑263/00 , EU:C:2002:637 , punktą). Pagal SS 9021 pozicijos aiškinamosios pastabos 2 punktą gaminiai ir įtaisai, naudojami lūžiams gydyti, „skirti lūžusioms kūno dalims imobilizuoti <…> arba lūžių repozicijai“. Prie šios pozicijos taip pat priskiriamos „plokštelės, vinys ir t. t., chirurgų implantuojamos į kūną lūžusio kaulo dalims sujungti arba panašiai lūžiams gydyti“. Galiausiai KN 9021 39 90 subpozicijos paaiškinimuose nurodyta, kad prie šios subpozicijos priskiriamos „plokštelės, kurios visam laikui lieka kūne, pavyzdžiui, pakeičiančios kaulą arba jo dalį“. Remiantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad prie KN 9021 pozicijos priskiriami gaminiai, pasižymintys aukšta apdailos kokybe ir dideliu tikslumu, kuriuos galima implantuoti į organizmą lūžusioms kūno dalims imobilizuoti ar lūžių repozicijai, todėl jie skiriasi nuo įprastų gaminių. Antra, tarp kriterijų, pagal kuriuos skiriami įprasti gaminiai ir medicininės paskirties gaminiai, be kita ko, yra atitinkamo gaminio gamybos būdas ir to gaminio specifinė paskirtis (šiuo klausimu žr. 2002 m. lapkričio 7 d. Sprendimo Lohmann ir Medi Bayreuth, C‑260/00–C‑263/00 , EU:C:2002:637 , punktą). Dėl gamybos būdo iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami medicininių implantų sraigtai pagaminti taip, kad dėl specifinės galvutės formos juos į kūną galima implantuoti tik naudojant specialius medicininius įrankius, o ne įprastus įrankius. Be to, medžiaga, iš kurios pagaminti sraigtai (nerūdijantis plienas arba titanas), specialiai pritaikyta siekiant kuo labiau sumažinti atmetimo riziką. Dėl specifinės gaminio paskirties iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą taip pat matyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami medicininiai implantų sraigtai skirti tik lūžusio kaulo dalims sujungti arba dirbtiniam sąnariui sutvirtinti. Konstatuotina, kad tokie gaminiai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, skiriasi nuo įprastų gaminių aukšta apdailos kokybe ir dideliu tikslumu, atsižvelgiant į jų gamybos būdą ir specifinę paskirtį. Taigi, priešingai, nei tvirtina Komisija, nereikia lemiamos reikšmės skirti tokių medicininių implantų sraigtų, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, išvaizdai. Taigi pagal tokių medicininių implantų sraigtų, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, objektyvius požymius ir objektyvias savybes šie gaminiai gali būti priskirti prie KN 9021 pozicijos. Trečia, kaip matyti iš šio sprendimo 39–55 punktų, tokie sraigtai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal savo objektyvius požymius ir objektyvias savybes priskirtini prie KN 9021 pozicijos kaip lūžiams gydyti skirti gaminiai, jų negalima priskirti prie KN 7318 ir 8108 pozicijų ir jie nelaikytini „bendrosios paskirties dalimis“, kaip tai suprantama pagal KN 90 skirsnio 1 pastabos f punktą ir XV skyriaus 2 pastabos a punktą. Remiantis išdėstytais svarstymais, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad KN turi būti aiškinama taip, jog tokie medicininių implantų sraigtai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, priskiriami prie jos 9021 pozicijos, nes šie gaminiai pasižymi savybėmis, dėl kurių skiriasi nuo įprastų gaminių aukšta apdailos kokybe ir dideliu tikslumu, taip pat gamybos būdu ir specifine paskirtimi. Konkrečiai kalbant, tai, kad tokie medicininių implantų sraigtai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, gali būti implantuojami į kūną tik naudojant specialius medicininius įrankius, o ne įprastus įrankius, yra savybė, į kurią reikia atsižvelgti norint atskirti šiuos medicininių implantų sraigtus nuo įprastų gaminių. Dėl antrojo klausimo Savo antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Įgyvendinimo reglamentas Nr. 1212/2014 galioja. Iš jurisprudencijos matyti, kad, viena vertus, reglamentą dėl klasifikavimo Komisija priima, kai dėl konkrečios prekės klasifikavimo KN gali kilti sunkumų ar nesutarimų, ir, kita vertus, toks reglamentas taikomas visuotinai, t. y. ne konkrečiam ūkio subjektui, bet visoms prekėms, tapačioms klasifikuojamai prekei (žr. 2009 m. vasario 19 d. Sprendimo Kamino International Logistics, C‑376/07 , EU:C:2009:105 , punktą). Tačiau konstatuotina, kad, kaip per posėdį teigė Komisija, vadovaujantis Įgyvendinimo reglamentu Nr. 1212/2014 klasifikuotas gaminys pagal savo išorines objektyvias savybes nėra identiškas pagrindinėje byloje nagrinėjamiems medicininių implantų sraigtams. Šio reglamento priede apibūdintas sraigtas, be kita ko, yra 12 mm ilgio, jį sudaro 3 mm skersmens strypas, galvutė su sriegiu ir asimetrinis sriegis, o pagrindinėje byloje nagrinėjami sraigtai, apibūdinti sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, yra ilgesni, juos sudaro didesnio skersmens strypas, jų galvutė yra be sriegio, o sriegis nėra asimetrinis. Iš tiesų pagal jurisprudenciją reglamento dėl klasifikavimo taikymas produktams, kurie yra analogiški numatytiems šiame reglamente, skatina darnų KN aiškinimą ir vienodą ūkio subjektų vertinimą (2004 m. kovo 4 d. Sprendimo Krings, C‑130/02 , EU:C:2004:122 , punktas). Vis dėlto toks taikymas pagal analogiją nebūtinas ir negalimas, jeigu Teisingumo Teismas, atsakydamas į prejudicinį klausimą, pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui visą informaciją, reikalingą produktui priskirti prie tinkamos KN pozicijos. Šiomis aplinkybėmis į antrąjį klausimą atsakyti nereikia. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) nusprendžia: 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš dalies pakeisto 2014 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1101/2014, I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros 9021 pozicija turi būti aiškinama taip, jog prie jos priskiriami tokie medicininių implantų sraigtai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, nes šie gaminiai pasižymi savybėmis, dėl kurių skiriasi nuo įprastų gaminių aukšta apdailos kokybe ir dideliu tikslumu, taip pat gamybos būdu ir specifine paskirtimi. Tai, kad tokie medicininių implantų sraigtai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, gali būti implantuojami į kūną tik naudojant specialius medicininius įrankius, o ne įprastus įrankius, yra savybė, į kurią reikia atsižvelgti norint atskirti šiuos medicininių implantų sraigtus nuo įprastų gaminių. Parašai. ( *1 ) Proceso kalba: nyderlandų.

62020CJ0708

mt

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 13(3) tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat‑12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali ( ĠU 2012, L 351, p. 1 ). Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ tilwima bejn BT u, Seguros Catalana Occidente u EB, fir-rigward ta’ talba ppreżentata minn BT sabiex tikseb kumpens għad-dannu sostnut wara inċident li seħħ fi proprjetà immobbli ta’ EB. Il‑kuntest ġuridiku Il-premessi 16, 18 u 34 tar-Regolament Nru 1215/2012 huma fformulati kif ġej: “(16) Barra [l-qorti ta]d-domiċilju tal-konvenut, għandu jkun hemm raġunijiet alternattivi ta’ ġurisdizzjoni [qrati awtorizzati] bbażati fuq konnessjoni mill-qrib bejn il-qorti u l-azzjoni jew sabiex tkun iffaċilitata l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja. L-eżistenza ta’ konnessjoni mill-qrib għandha tiżgura ċ-ċertezza legali u tevita l-possibbiltà li l-konvenut jiġi mħarrek f’qorti ta’ Stat Membru li dan il-konvenut ma setax raġonevolment jipprevedi. Dan hu importanti b’mod partikolari fir-rigward ta’ tilwim li jirriżulta minn obbligi mhux kuntrattwali li jirriżultaw minn ksur tal-privatezza u tad-drittijiet relatati mal-personalità, inkluża l-malafama. […] (18) B’relazzjoni mal-kuntratti ta’ assigurazzjoni, tal-konsumatur u ta’ impjieg, il-parti l-anqas b’saħħitha għandha tiġi mħarsa b’regoli ta’ ġurisdizzjoni aktar favorevoli għall-interessi tagħha milli r-regoli ġenerali. […] (34) Għandha tiġi żgurata l-kontinwità bejn il-Konvenzjoni [tas-27 ta’ Settembru 1968 dwar il-ġurisdizzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali ( ĠU 1972, L 299, p. 32 ) (iktar ’il quddiem il-“Konvenzjoni ta’ Brussell”)], ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 [tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar il- ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet fil-qasam ċivili u kummerċjali ( ĠU 2001, L 12, p. 1 )] u dan ir-Regolament, u għal dan il-għan għandhom jitfasslu dispożizzjonijiet tranżitorji. L-istess ħtieġa għal kontinwità tapplika għall-interpretazzjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tal-[Konvenzjoni ta’ Brussell] u r-Regolamenti li jissostitwixxieha.” It-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tar-Regolament Nru 1215/2012, li hija intitolata “Ġurisdizzjoni fi kwistjonijiet relatati mal-assigurazzjoni”, tinkludi l-Artikoli 10 sa 16 tiegħu. L-Artikolu 10 ta’ dan ir-regolament jipprevedi dan li ġej: “Fi kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ assigurazzjoni, il-ġurisdizzjoni għandha tiġi determinata b’din it-Taqsima, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 6 u l-punt 5 tal-Artikolu 7.” L-Artikolu 11 tal-imsemmi regolament huwa fformulat kif ġej: “1.   Assiguratur domiċiljat fi Stat Membru jista’ jiġi mfittex: a) fil-qrati tal-Istat Membru fejn ikun domiċiljat; b) fi Stat Membru ieħor, fil-każ ta’ azzjonijiet miġjuba minn dak li jkollu l-polza ta’ assigurazzjoni, dak li jkun assigurat jew xi benefiċjarju, fil-qrati tal-post fejn ir-rikorrent ikun domiċiljat; jew c) jekk ikun koassiguratur, fil-qrati ta’ Stat Membru li fih jinġiebu l-proċedimenti kontra l-assiguratur prinċipali. 2.   Assiguratur li ma jkunx domiċiljat fi Stat Membru iżda li jkollu fergħa, aġenzija jew xi stabbiliment ieħor f’wieħed mill-Istati Membri għandu, fi kwistjonijiet li jinqalgħu mill-operazzjonijiet tal-fergħa, aġenzija jew stabbiliment, ikun meqjus li jkun domiċiljat f’dak l-Istat Membru.” Skont kliem l-Artikolu 13 tal-istess regolament: “1.   Fir-rigward ta’ assigurazzjoni ta’ responsabbilità, l-assiguratur jista’ wkoll, jekk tippermetti l-liġi tal-qorti, jiġi kjamat fil-proċedimenti li l-parti li tkun ġarrbet il-ħsara tkun ressqet kontra l-assiguratur. 2.   L-Artikoli 10, 11 u 12 għandhom japplikaw għall-azzjonijiet miġjuba mill-parti li tkun ġarrbet il-ħsara kontra l-assiguratur, meta tali azzjonijiet diretti jkunu permessi. 3.   Jekk il-liġi li tirregola tali azzjonijiet diretti tipprevedi li min ikollu polza ta’ assigurazzjoni jew dak li jkun assigurat jista’ jiġi kjamat [mħarrek] fil-kawża, l-istess qorti għandu jkollha ġurisdizzjoni fuqhom.” It‑tilwima fil‑kawża prinċipali u d‑domandi preliminari BT, iddomiċiljata fir-Renju Unit, kellha inċident meta kienet vaganza fi Spanja, matul is-sena 2018. Dan l-inċident seħħ fi proprjetà immobbli ta’ EB, li hija ddomiċiljata fl-Irlanda. Seguros Catalana Occidente hija l-assiguratur għar-responsabbiltà ċivili ta’ EB f’dak li jirrigwarda din il-proprjetà immobbli u għandha s-sede tagħha fi Spanja. BT tallega li, konformement għall-kuntratt konkluż, f’isimha, minn membru tal-familja tagħha, EB aċċettat li tipprovdilha akkomodazzjoni, flimkien mal-familja tagħha, fl-imsemmija proprjetà immobbli mill‑31 ta’ Marzu 2018. Fit‑3 ta’ April 2018, BT kienet weġġgħet wara waqgħa inċidentali li seħħet f’bitħa li tifforma parti mill-istess proprjetà immobbli. BT iddeċidiet li tressaq azzjoni kontra EB u Seguros Catalana Occidente għad-danni u għat-telf sostnut minħabba din il-waqgħa. Hija ssostni li EB kellha, fil-konfront tagħha, obbligu li jista’ jagħti lok għal responsabbiltà kuntrattwali u għal responsabbiltà fil-qasam ta’ delitt, li tikkonsisti f’li turi diliġenza u kompetenza raġonevoli sabiex tiżgura ruħha li l-proprjetà immobbli setgħet tintuża b’mod raġonevolment sikur u li hija kisret dan l-obbligu. Skont BT, EB kellha tinstalla poġġaman jew sinjal ta’ twissija fl-akwati immedjati tal-imsemmija tarġa jew inkella timmarkaha b’xi mod jew ieħor. Il-proċedura tressqet quddiem il-County Court Money Claims Centre (England and Wales) (iċ-Ċentru għall-Ilmenti Pekunjarji tal-Qorti tal-Kontea (l-Ingilterra u Wales), ir-Renju Unit), fl‑14 ta’ April 2019. Din ġiet sussegwentement innotifikata lill-konvenuti, jiġifieri Seguros Catalana Occidente u EB, u sussegwentement ġiet ittrasferita lill-County Court at Birkenhead (il-Qorti tal-Kontea ta’ Birkenhead, ir-Renju Unit). BT issostni li l-qrati tal-Ingilterra u ta’ Wales għandhom ġurisdizzjoni internazzjonali fir-rigward ta’ Seguros Catalana Occidente abbażi tal-Artikolu 11(1)(b) u tal-Artikolu 13(2) tar-Regolament Nru 1215/2012. BT issostni, fir-rigward ta’ EB, li rikorrent jista’ jressaq azzjoni kontra persuna assigurata ddomiċiljata f’pajjiż barrani f’azzjoni miġjuba kontra assiguratur stabbilit f’pajjiż barrani abbażi tal-Artikolu 13(3) ta’ dan ir-regolament. Fil-fehma tagħha, l-eżistenza ta’ “kontestazzjoni” bejn l-assiguratur u l-persuna assigurata f’dak li jirrigwarda l-validità jew l-effett tal-polza tal-assigurazzjoni ma hijiex neċessarja f’dan ir-rigward. L-unika kundizzjoni li għandha tkun issodisfatta abbażi tal-imsemmi Artikolu 13(3) hija li tali taħrik tal-persuna assigurata jkun previst mil-liġi li tirregola l-azzjoni diretta kontra l-assiguratur, f’dan il-każ il-liġi Spanjola. Seguros Catalana Occidente ma kkontestatx il-ġurisdizzjoni tal-qorti tar-rinviju u ppreżentat ir-risposta tagħha. Fid‑29 ta’ Jannar 2020, EB ikkontestat il-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-Ingilterra u ta’ Wales biex jiddeċiedu dwar it-talbiet imressqa kontriha minn BT abbażi tal-Artikolu 13(3) tar-Regolament Nru 1215/2012. Fl-opinjoni ta’ EB, din id-dispożizzjoni tapplika biss għat-talbiet fil-qasam ta’ assigurazzjoni. Issa, fil-fehma tagħha, it-talba ta’ BT hija talba għal kumpens għad-dannu u għat-telf indirett li jirriżulta minn allegata negliġenza fil-provvista ta’ akkomodazzjoni għall-vakanzi. Din ma hijiex talba fil-qasam ta’ assigurazzjonijiet u din ma tistax issir tali għas-sempliċi fatt li hija tressqet fil-kuntest tal-istess azzjoni bħall-azzjoni diretta kontra l-assiguratur. Qabel ma t-talba ta’ EB intiża li tikkontesta l-ġurisdizzjoni tal-qrati tal-Ingilterra u ta’ Wales ma tkun tista’ tinstema’, Seguros Catalana Occidente ċċarat il-pożizzjoni tagħha fuq il-mertu u sostniet li l-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet previsti mill-polza tal-assigurazzjoni kienu jfissru li din tal-aħħar ma kinitx testendi għall-użu tal-proprjetà immobbli minn EB għal finijiet ta’ akkomodazzjoni, bi ħlas, ta’ terzi għal vaganzi. Seguros Catalana Occidente, b’konsegwenza ta’ dan, ikkontestat li hija obbligata tikkumpensa lil EB b’relazzjoni mal-inċident inkwistjoni u talbet, sussegwentement, iċ-ċaħda tat-talba mressqa minn BT kontriha. Il-qorti tar-rinviju ssospendiet id-deċiżjoni dwar it-talba de Seguros Catalana Occidente intiża għaċ-ċaħda tat-talba mressqa minn BT, sakemm tingħata risposta għal din it-talba għal deċiżjoni preliminari. Dik il-qorti tqis li hija għandha minn qabel tqis il-kontestazzjoni tal-ġurisdizzjoni internazzjonali tagħha minn EB. Hija tispeċifika li Seguros Catalana Occidente ma tipparteċipax fil-proċedura f’dak li jirrigwarda dan l-aspett tal-aħħar. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-County Court at Birkenhead (il-Qorti tal-Kontea ta’ Birkenhead) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin: “1) L-Artikolu 13(3) [tar-Regolament Nru 1215/2012] jeħtieġ li s-suġġett u l-kawża invokati mill-persuna leża insostenn ta’ talba indirizzata kontra d-detentur tal-polza/l-persuna assigurata jkunu jinvolvu kwistjoni relatata mal-assigurazzjoni? 2) Fil-każ ta’ risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda, ikun biżżejjed, sabiex jiġi konkluż li t-talba mressqa mill-persuna leża kontra d-detentur tal-polza/l-persuna assigurata hija kwistjoni relatata mal-assigurazzjoni, li din it-talba tkun tirriżulta mill-istess fatti u tkun imressqa fil-kuntest tal-istess azzjoni bħat-talba mressqa direttament kontra l-assiguratur, anki jekk is-suġġett u l-kawża tat-talba tal-persuna leża mressqa kontra d-detentur tal-polza/l-persuna assigurata ma jkollhomx rabta mal-assigurazzjoni? 3) Barra minn hekk, u sussidjarjament, fil-każ ta’ risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda, ikun biżżejjed, sabiex jiġi konkluż li t-talba mressqa mill-persuna leża hija kwistjoni relatata mal-assigurazzjoni, li jkun hemm tilwima bejn l-assiguratur u l-persuna leża dwar il-validità jew l-effett tal-polza ta’ assigurazzjoni? 4) Fil-każ ta’ risposta negattiva għall-ewwel domanda, ikun biżżejjed li l-liġi li tirregola l-azzjoni diretta kontra l-assiguratur tkun tippermetti li d-detentur tal-polza/l-persuna assigurata jiġu kkjamati fil-kawża [imħarrka] fil-kuntest tal-azzjoni diretta kontra l-assiguratur?” Fuq id‑domandi preliminari Fuq l‑ewwel tliet domandi Permezz tal-ewwel tliet domandi, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikolu 13(3) tar-Regolament Nru 1215/2012 għandux jiġi interpretat fis-sens li, fil-każ ta’ azzjoni diretta miġjuba mill-persuna leża kontra assiguratur, konformement ma’ dan l-Artikolu 13(2), il-qorti tal-Istat Membru li fih tkun iddomiċiljata din il-persuna tista’ tiddikjara li għandha ġurisdizzjoni wkoll, abbażi tal-imsemmi Artikolu 13(3), sabiex tiddeċiedi dwar talba għal kumpens imressqa fl-istess ħin mill-imsemmija persuna kontra d-detentur tal-polza tal-assigurazzjoni jew il-persuna assigurata li hija ddomiċiljata fi Stat Membru ieħor u li ma ġietx imħarrka mill-assiguratur. Preliminarjament, għandu jitfakkar li, sa fejn, konformement mal-premessa 34 tar-Regolament Nru 1215/2012, dan tal-aħħar iħassar u jissostitwixxi r-Regolament Nru 44/2001, li min-naħa tiegħu ssostitwixxa l-Konvenzjoni ta’ Brussell, l-interpretazzjoni pprovduta mill-Qorti tal-Ġustizzja f’dak li jirrigwarda d-dispożizzjonijiet tal-istrumenti ġuridiċi msemmija l-aħħar tgħodd ukoll għar-Regolament Nru 1215/2012 meta dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jiġu kklassifikati bħala “ekwivalenti” (sentenza tad‑9 ta’ Lulju 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19 , EU:C:2020:534 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). Issa, dan huwa l-każ kemm għall-Artikolu 10(3) tal-Konvenzjoni ta’ Brussell kif ukoll għall-Artikolu 11(3) tar-Regolament Nru 44/2001, minn naħa, u għall-Artikolu 13(3) tar-Regolament Nru 1215/2012, min-naħa l-oħra. Għall-finijiet tal-interpretazzjoni ta’ dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni, il-Qorti tal-Ġustizzja, skont il-ġurisprudenza stabbilita tagħha, ma għandhiex tieħu inkunsiderazzjoni biss it-termini tagħha, iżda wkoll il-kuntest tagħha u l-għanijiet imfittxija mil-leġiżlazzjoni li minnha tifforma parti (sentenza tal‑24 ta’ Marzu 2021, MCP, C‑603/20 PPU , EU:C:2021:231 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dak li jirrigwarda, fl-ewwel lok, il-formulazzjoni tal-Artikolu 13(3) tar-Regolament Nru 1215/2012, moqri flimkien mal-paragrafu 2 ta’ dan l-artikolu, għandu jitfakkar li din id-dispożizzjoni tipprevedi li, għalkemm il-liġi dwar l-azzjoni diretta li tinġieb mill-persuna leża kontra l-assiguratur tipprevedi t-taħrik tad-detentur tal-polza tal-assigurazzjoni jew tal-persuna assigurata, l-istess qorti jkollha wkoll ġurisdizzjoni fir-rigward tagħhom. Għandu jiġi kkonstatat li fiha nnifisha din il-formulazzjoni ma tipprovdix risposta għall-ewwel tliet domandi magħmula f’din il-kawża. F’dak li jirrigwarda, fit-tieni lok, il-formulazzjoni ġenerali tar-Regolament Nru 1215/2012, għandu jiġi osservat li l-Artikolu 13(3) ta’ dan ir-regolament jifforma parti mit-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tiegħu. Din it-taqsima, li, skont it-titolu tagħha u skont l-Artikolu 10 tal-imsemmi regolament, tiddetermina l-ġurisdizzjoni “fil-qasam ta’ assigurazzjonijiet”, tistabbilixxi sistema awtonoma ta’ tqassim tal-ġurisdizzjoni fil-qasam ta’ assigurazzjonijiet (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal‑20 ta’ Lulju 2017, MMA IARD, C‑340/16 , EU:C:2017:576 , punt ). F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-portata tal-kunċett ta’ “fil-qasam ta’ assigurazzjonijiet” jirriżulta li n-natura tal-azzjoni diretta tal-persuna leża kontra l-assiguratur fid-dritt nazzjonali ma hijiex rilevanti għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tar-Regolament Nru 1215/2012 (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑13 ta’ Diċembru 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06 , EU:C:2007:792 , punt ). F’dan il-kuntest, EB, il-Gvern Ġermaniż u l-Kummissjoni Ewropea jsostnu, fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħhom, li azzjoni għal kumpens miġjuba minn persuna leża kontra persuna assigurata ma tistax taqa’ taħt l-Artikolu 13(3) ta’ dan ir-regolament, għaliex din ma tirriżultax minn “relazzjoni ta’ assigurazzjonijiet”, iżda taqa’ essenzjalment taħt il-qasam ta’ delitt. Hekk kif jirriżulta mill-Artikolu 10 tar-Regolament Nru 1215/2012, il-kunċett awtonomu ta’ “fil-qasam ta’ assigurazzjonijiet” jippermetti li ssir distinzjoni bejn il-ġurisdizzjoni prevista fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu II ta’ dan ir-regolament fl-imsemmi qasam u l-ġurisdizzjoni speċjali prevista fit-Taqsima 2 tal-istess kapitolu fil-qasam kuntrattwali u fil-qasam ta’ delitt (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑13 ta’ Diċembru 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06 , EU:C:2007:792 , punt ). Għalhekk, hemm lok li jitqies li, sabiex tiġi ġġustifikata l-applikazzjoni tar-regoli speċifiċi ta’ ġurisdizzjoni previsti f’din it-Taqsima 3, l-azzjoni li titressaq quddiem il-qorti għandha neċessarjament tqajjem kwistjoni dwar drittijiet u obbligi li jirriżultaw minn relazzjoni ta’ assigurazzjoni bejn il-partijiet f’din l-azzjoni. Din l-interpretazzjoni tal-kunċett ta’ “fil-qasam ta’ assigurazzjonijiet” timplika li wieħed ma jistax iqis li talba mressqa mill-persuna leża kontra d-detentur tal-polza tal-assigurazzjoni jew il-persuna assigurata tikkostitwixxi talba fil-qasam ta’ assigurazzjonijiet biss minħabba l-fatt li din it-talba u t-talba mressqa direttament kontra l-assiguratur joriġinaw mill-istess fatti jew il-fatt li jeżisti, bejn l-assiguratur u l-persuna leża, nuqqas ta’ qbil dwar il-validità jew l-effett tal-polza tal-assigurazzjoni. F’dak li jirrigwarda, fit-tielet lok, l-interpretazzjoni teleoloġika, għandu, minn naħa, jitfakkar li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, mill-premessa 18 tar-Regolament Nru 1215/2012 jirriżulta li l-azzjoni fil-qasam ta’ assigurazzjonijiet hija kkaratterizzata minn ċertu żbilanċ bejn il-partijiet, li d-dispożizzjonijiet tat-Taqsima 3 tal-Kapitolu II ta’ dan ir-regolament huma intiżi li jikkoreġu billi jagħtu lill-parti l-iktar dgħajfa l-benefiċċju ta’ regoli ta’ ġurisdizzjoni li jkunu iktar favorevoli għall-interessi milli r-regoli ġenerali (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal‑20 ta’ Lulju 2017, MMA IARD, C‑340/16 , EU:C:2017:576 , punt , u tas‑27 ta’ Frar 2020, Balta, C‑803/18 , EU:C:2020:123 , punti u ). Dan l-iżbilanċ huwa ġeneralment assenti meta azzjoni ma tikkonċernax l-assiguratur, li fil-konfront tiegħu kemm il-persuna assigurata kif ukoll il-persuna leża huma meqjusa bħala iktar dgħajfa (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas‑26 ta’ Mejju 2005, GIE Réunion européenne et, C‑77/04 , EU:C:2005:327 , punt u l-ġurisprudenza ċċitata, u tas‑17 ta’ Settembru 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08 , EU:C:2009:561 , punt ). Min-naħa l-oħra, għandu jiġi osservat li, hekk kif jirriżulta mill-paġna 32 tar-Rapport dwar il-Konvenzjoni ta’ Brussell, imfassal minn P. Jenard ( ĠU 1979, C 59, p. 1 ) [mhux disponibbli bil-Malti], l-Artikolu 13(3) tar-Regolament Nru 1215/2012 huwa intiż li jagħti lill-assiguratur id-dritt li jħarrek lill-persuna assigurata, inkwantu t-tielet parti fil-proċedura bejnu u bejn il-persuna leża, sabiex jipprovdilu arma kontra l-frodi u sabiex jiġi evitat li qrati differenti ma jagħtux deċiżjonijiet li ma jaqblux bejniethom. Minn dan jirriżulta li meta azzjoni għal kumpens inġiebet mill-persuna leża direttament kontra assiguratur u meta dan tal-aħħar ma wettaqx tali taħrik tal-persuna assigurata kkonċernata, il-qorti adita ma tistax tibbaża ruħha fuq din id-dispożizzjoni sabiex tiddikjara li għandha ġurisdizzjoni fir-rigward ta’ din tal-aħħar. Min-naħa l-oħra, huwa ċertament minnu li, konformement mal-premessa 16 tar-Regolament Nru 1215/2012, id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-regolament għandhom jiġu interpretati b’teħid inkunsiderazzjoni tal-għanijiet li jikkonsistu f’li tiġi ffaċilitata amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, u li t-taħrik, mill-persuna leża, tal-persuna assigurata, inkwantu t-tielet parti għall-proċedura quddiem il-qorti adita, għandu jippermetti li jiġi evitat ir-riskju li fl-istess ħin ikun hemm żewġ kontenzjużi paralleli. Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li l-fatt li l-persuna leża tiġi awtorizzata tħarrek lill-persuna assigurata fuq il-bażi tal-Artikolu 13(3) tar-Regolament Nru 1215/2012 ikun jammonta għal evitar tar-regoli ta’ dan ir-regolament li jirrigwardaw il-ġurisdizzjoni fil-qasam ta’ responsabbiltà fil-qasam ta’ delitt, kif huma ddefiniti fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu II tiegħu. Fil-fatt, kull persuna leża tkun tista’ għalhekk tressaq rikors kontra l-assiguratur fuq il-bażi ta’ dan l-Artikolu 13(2) sabiex tibbenefika mid-dispożizzjonijiet iktar favorevoli tal-Artikoli 10 sa 12 tal-imsemmi regolament sabiex, sussegwentement, tħarrek lill-persuna assigurata, inkwantu t-tielet parti f’din il-proċedura, fuq il-bażi tal-imsemmi Artikolu 13(3). F’kull każ, l-għan ta’ amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, ġeneralment, jintlaħaq b’mod suffiċjenti meta, hekk kif huwa previst fl-istess Artikolu 3(1), il-persuna assigurata tkun tista’ ssejjaħ lill-assiguratur quddiem l-istess qorti bħal dik li quddiemha l-persuna leża taġixxi kontra din il-persuna assigurata, dejjem sakemm il-liġi tal-Istat Membru ta’ dik il-qorti tkun tippermetti dan. Fid-dawl ta’ dak li ġie espost iktar ’il fuq, ir-risposta li għandha tingħata għall-ewwel tliet domandi għanda tkun li l-Artikolu 13(3) tar-Regolament Nru 1215/2012 għandu jiġi interpretat fis-sens li, fil-każ ta’ azzjoni diretta miġjuba mill-persuna leża kontra assiguratur, konformement ma’ dan l-Artikolu 13(2), il-qorti tal-Istat Membru li fih tkun iddomiċiljata din il-persuna ma tistax tiddikjara li għandha ġurisdizzjoni wkoll, abbażi tal-imsemmi Artikolu 13(3), sabiex tiddeċiedi dwar talba għal kumpens imressqa fl-istess ħin mill-imsemmija persuna kontra d-detentur tal-polza tal-assigurazzjoni jew il-persuna assigurata li hija ddomiċiljata fi Stat Membru ieħor u li ma ġietx imħarrka mill-assiguratur. Fuq ir‑raba’ domanda Fid-dawl tar-risposta mogħtija fil-punt preċedenti ta’ din is-sentenza, ma hemmx lok li tingħata risposta għar-raba’ domanda. Fuq l‑ispejjeż Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din tal-aħħar li għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni ta’ osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, minbarra dawk tal-imsemmija partijiet, ma tistax tkun is-suġġett ta’ ħlas lura. Għal dawn ir-raġunijiet, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) taqta’ u tiddeċiedi: L-Artikolu 13(3) tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat‑12 ta’ Diċembru 2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, għandu jiġi interpretat fis-sens li, fil-każ ta’ azzjoni diretta miġjuba mill-persuna leża kontra assiguratur, konformement ma’ dan l-Artikolu 13(2), il-qorti tal-Istat Membru li fih tkun iddomiċiljata din il-persuna ma tistax tiddikjara li għandha ġurisdizzjoni wkoll, abbażi tal-imsemmi Artikolu 13(3), sabiex tiddeċiedi dwar talba għal kumpens imressqa fl-istess ħin mill-imsemmija persuna kontra d-detentur tal-polza tal-assigurazzjoni jew il-persuna assigurata li hija ddomiċiljata fi Stat Membru ieħor u li ma ġietx imħarrka mill-assiguratur. Firem ( *1 ) Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

61992CJ0376

de

1 Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit Beschluß vom 22. September 1992, beim Gerichtshof eingegangen am 12. Oktober 1992, gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag eine Frage nach der Lückenlosigkeit eines selektiven Vertriebssystems als Voraussetzung für dessen Rechtswirksamkeit nach Artikel 85 EWG-Vertrag zur Vorabentscheidung vorgelegt. 2 Diese Frage stellt sich in dem Rechtsstreit der Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG (im folgenden: Metro) gegen die Cartier SA, in dem Metro die Feststellung begehrt, daß letztere verpflichtet ist, kostenlos ihre Garantie für die von Metro vertriebenen Cartier-Uhren zu gewähren. 3 Die in Düsseldorf ansässige Metro ist eine Tochtergesellschaft des Metro-Konzerns, der in der Bundesrepublik Deutschland und anderen europäischen Staaten eine Vielzahl von Selbstbedienungs-Großhandelsgeschäften betreibt. 4 Die Cartier SA (diese Firma und der Cartier-Konzern werden im folgenden als Cartier bezeichnet) mit Sitz in Paris ist die Vertriebsgesellschaft der Firma Cartier Monde mit Sitz in Luxemburg, die in zahlreichen Ländern ähnliche Vertriebsgesellschaften besitzt. Cartier-Erzeugnisse gelten allgemein als Luxuserzeugnisse. 5 Cartier stellt die Uhren nicht selbst her, sondern bezieht sie von einem in der Schweiz ansässigen Hersteller. Sie vertreibt sie durch ein selektives Vertriebssystem. Dieses beruht innerhalb des Gemeinsamen Marktes auf Verträgen, die die Tochtergesellschaften von Cartier oder, falls solche nicht existieren, von der Muttergesellschaft ausgewählte Großhändler/Importeure in den verschiedenen Mitgliedstaaten mit nach qualitativen Gesichtspunkten ausgewählten Einzelhändlern, den "Konzessionären", schließen. Grundlage dieser Verträge ist ein Muster-Konzessionärsvertrag. 6 Der Muster-Konzessionärsvertrag wurde 1983 bei der Kommission angemeldet. Diese prüfte ihn auf seine Vereinbarkeit mit Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag und beanstandete bestimmte darin enthaltene Klauseln. Nachdem Cartier diese Klauseln aufgehoben und der Kommission den geänderten Vertrag übermittelt hatte, teilte diese ihr mit Verwaltungsschreiben vom 21. Dezember 1988 mit, daß die Akte geschlossen werden könne. 7 In diesem Vertrag verpflichtet sich Cartier, innerhalb der Gemeinschaft nur zugelassene Vertragshändler mit ihren Markenprodukten zu beliefern. Diese verpflichten sich ihrerseits, diese Erzeugnisse innerhalb der Gemeinschaft nur an Endverbraucher oder an andere in der Gemeinschaft ansässige zugelassene Vertragshändler zu verkaufen. 8 Metro gehört dem Vertriebsnetz der Cartier-Konzessionäre nicht an. Dennoch gelingt es ihr seit Jahren, Cartier-Uhren auf dem Markt von Drittstaaten wie der Schweiz, wo im selektiven Vertriebssystem von Cartier Lücken bestehen, rechtmässig zu erwerben. Sie erwirbt die Uhren dort von unabhängigen Zwischenhändlern, die ihrerseits anscheinend von Konzessionären beliefert werden, die zum internationalen Cartier-Vertriebsnetz gehören und die nach Schweizer Recht nicht verpflichtet werden können, nur an Cartier-Konzessionäre zu verkaufen. Die so erworbenen Uhren verkauft Metro innerhalb des Gemeinsamen Marktes weiter. 9 Cartier-Uhren werden mit einer Herstellergarantie verkauft. Diese wird in einer Garantiekarte dokumentiert, die beim Kauf auszufuellen ist. Aufgrund einer Klausel in der jeder Uhr beigefügten internationalen Garantieerklärung macht Cartier ihr Garantieversprechen davon abhängig, daß die Garantiekarte von einem Konzessionär mit seinem Stempel versehen und unterschrieben ist. 10 Cartier hat gleichwohl während einer bestimmten Zeit Garantieleistungen für von Metro verkaufte Uhren erbracht. Seit 1984 lehnt sie es ausnahmslos ab, kostenlos ihre Garantie für Uhren zu gewähren, die nicht bei ihren zugelassenen Vertragshändlern gekauft wurden. Deshalb beschloß Metro, ein eigenes Metro-Garantiesystem aufzubauen, was jedoch eine erhebliche Kostenbelastung mit sich brachte. 11 Da Metro der Auffassung war, daß die Beschränkung der Garantie mit Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag unvereinbar sei, erhob sie 1984 beim Landgericht Düsseldorf Klage auf Feststellung, daß Cartier verpflichtet sei, für Cartier-Uhren, denen eine von Metro ausgefuellte und unterzeichnete Garantiekarte beigefügt war, ihre Garantie zu gewähren. 12 Im ersten Rechtszug wies das Landgericht Düsseldorf die Feststellungsklage von Metro als unbegründet ab. 13 Gegen dieses Urteil wurde Berufung beim OLG Düsseldorf eingelegt, das die Klageabweisung bestätigte. Es erachtete insbesondere die Frage einer Verletzung von Artikel 85 EWG-Vertrag durch die Beschränkung der Cartier-Garantie für nicht entscheidungserheblich. 14 Dieses Urteil hob der Bundesgerichtshof durch Spruch vom 10. November 1987 mit der Begründung auf, daß das OLG Düsseldorf die Tatsachen unzureichend aufgeklärt habe. Er führte insbesondere aus, die Frage der Zulässigkeit der Cartier-Vertriebsbindung dürfe nicht offenbleiben, denn ohne Einbindung in ein zulässiges selektives Vertriebssystem würde das isoliert gehandhabte Garantiesystem von Cartier gegen Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag verstossen. 15 Im zweiten Verfahren vor dem Berufungsgericht gab das OLG Düsseldorf der Feststellungsklage von Metro statt. Es nahm bei dieser Gelegenheit zu bestimmten Vorschriften des Muster-Konzessionärsvertrags Stellung, die seiner Meinung nach Querlieferungen zwischen Vertragshändlern unabhängig davon, ob sie innerhalb desselben Staates stattfinden oder grenzueberschreitenden Charakter haben, von einer besonderen Genehmigung seitens der Cartier-Filialen abhängig machen. Wegen dieser Vorschriften verstosse das selektive Vertriebssystem von Cartier gegen Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag. Da das System unzulässig sei, könne auch die Beschränkung der Garantie nicht gerechtfertigt werden. 16 Der BGH hob dieses zweite Urteil des OLG Düsseldorf in einem weiteren Revisionsverfahren am 19. Dezember 1989 auf. Er vertrat die Auffassung, daß das OLG Düsseldorf die Klauseln über Querlieferungen zwischen zugelassenen Vertragshändlern falsch ausgelegt habe und daß diese Klauseln Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag nicht verletzten. Der BGH bestätigte im übrigen, daß die Beschränkung der Cartier-Garantie die Folge einer vertraglichen Absprache von Cartier mit ihren Wiederverkäufern sei und somit unter Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag falle. Schließlich und vor allem führte er aus, die Beschränkung der Garantie sei nur zulässig, wenn das selektive Vertriebssystem für Cartier-Uhren im Gemeinsamen Markt lückenlos sei. Deshalb wies der BGH die Sache an das OLG Düsseldorf zur Entscheidung darüber zurück, ob Cartier über ein lückenloses Vertriebssystem im Bereich des Gemeinsamen Marktes verfügt. 17 Im dritten Berufungsverfahren vor dem OLG Düsseldorf konzentrierte sich die Diskussion im wesentlichen auf die Frage der Lückenlosigkeit des selektiven Vertriebssystem von Cartier. Das OLG Düsseldorf geht in seinem Vorlagebeschluß davon aus, daß in Drittländern eine vertraglich abgesicherte und praktisch auch eingehaltene Vertriebsbindung für Cartier-Uhren fehle und daß diese somit in grossem Umfang legal auf den Markt der Gemeinschaft kommen könnten, wo Metro sie frei verkaufen könne. Komme man - wie das Urteil des Bundesgerichtshofes nahelege - zu dem Ergebnis, daß der Umstand, daß Dritte sich die Ware tatsächlich beschaffen und sie sodann frei verkaufen könnten, und sogar die blosse Tatsache, daß sie einer solchen Tätigkeit nachgehen könnten, genüge, um die Vertriebsbindung zu Fall zu bringen, dann müsste bzw. könnte der Klage von Metro stattgegeben werden. Komme es hingegen auf Importe aus Drittländern, in denen eine Vertriebsbindung schon theoretisch oder wenigstens praktisch nicht bestehe, nicht an, so sei die Klage von Metro abzuweisen, auch wenn das Vertragswerk von Cartier auch in bezug auf die Auswahl der Konzessionäre den von der Kommission und vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften aufgestellten Grundsätzen entspreche. 18 Das OLG Düsseldorf hat in seinem Beschluß vom 22. September 1992 die Frage aufgeworfen, ob die Lückenlosigkeit des selektiven Vertriebssystems in den Ländern ausserhalb der Gemeinschaft eine Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit des Systems innerhalb der EWG sei. Es hat dem Gerichtshof deshalb folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Ist einer die Anwendung des Artikels 85 Absätze 1 und 2 EWG-Vertrag ausschließenden EG-Vertriebsbindung für Produkte des gehobenen Bedarfs (Uhren der gehobenen Preisklasse und Luxusklasse) die Anerkennung schon aus dem Grund zu versagen, daß in Ländern ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft eine Vertriebsbindung durch entsprechende Vertragsgestaltungen nicht oder nicht vollkommen besteht, so daß dort die in der EG gebundenen Waren von Systemfremden frei erworben und legitim auf den Gemeinsamen Markt gebracht werden können? 19 Wie die Kommission ausführt, wird erst vor dem Hintergrund des deutschen Rechts verständlich, weshalb das vorlegende Gericht sich fragt, ob Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit eines in der Gemeinschaft errichteten selektiven Vertriebssystems seine weltweite Lückenlosigkeit ist. 20 Das Konzept der Lückenlosigkeit ist in der Bundesrepublik Deutschland bei Klagen wegen unlauteren Wettbewerbs (Unterlassungs- und Schadensersatzklagen) gegen Dritte entwickelt worden, die Erzeugnisse vertreiben, die Gegenstand einer Alleinvertriebsvereinbarung sind, oder zu Preisen verkaufen, die unterhalb der vom Hersteller vertraglich vorgeschriebenen Preise liegen. Es wurde in der Folgezeit auf Klagen gegen Aussenseiter eines selektiven Vertriebssystems ausgedehnt. 21 Die Lückenlosigkeit eines selektiven Vertriebssystems bedeutet, daß sich ein nicht gebundener Händler vertriebsgebundene Waren nur durch Beteiligung an einem Vertragsbruch eines gebundenen Händlers beschaffen kann. Die Lückenlosigkeit muß sowohl theoretisch als auch praktisch bestehen. Die theoretische Lückenlosigkeit setzt voraus, daß der Hersteller mit den von ihm ausgewählten Händlern Verträge geschlossen hat, die sicherstellen, daß die gebundenen Waren nur durch gebundene Händler an die Verbraucher abgegeben werden. Die praktische Lückenlosigkeit impliziert, daß der Hersteller beweist, daß er seine Vertriebsbindung durchsetzt, indem er gegen seine vertragsbrüchigen Partner oder gegen Dritte vorgeht, die sich die Waren bei vertragsbrüchigen Händlern beschaffen. 22 Diese Theorie hat zunächst Bedeutung für die Beweislast. Dem Hersteller, der gegen Aussenseiter wegen unlauteren Wettbewerbs vorgeht, kommt eine Umkehr der Beweislast zugute, wenn er die theoretische und praktische Lückenlosigkeit seines Vertriebssystems beweist: Die Aussenseiter handeln dann unlauter, weil sie sich die streitigen Waren nur durch sogenannten "Schleichbezug", durch Verleitung eines gebundenen Händlers zum Vertragsbruch oder durch blosse Ausnutzung eines Vertragsbruchs beschafft haben könnten. 23 Die Lückenlosigkeit hat weiterhin eine materiell-rechtliche Bedeutung. Sie ist nämlich nach deutschem Recht die Voraussetzung für die Durchsetzbarkeit des selektiven Vertriebssystems gegenüber denen, die vertragliche Verpflichtungen eingegangen sind. Nur wenn das System lückenlos ist, kann der Hersteller gegen den gebundenen Händler vorgehen, um ihn zur Einhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen zu zwingen. Führen Lücken im System dazu, daß freie Händler in Wettbewerb mit den gebundenen Händlern treten, so kann der Hersteller von den Mitgliedern seines Vertriebsnetzes nicht mehr die Einhaltung der Verträge verlangen. 24 In Beantwortung der auf diese Weise in ihren Zusammenhang gestellten Vorabentscheidungsfrage ist zunächst darauf hinzuweisen, daß das Konzept der Lückenlosigkeit bei Klagen wegen unlauteren Wettbewerbs entwickelt wurde, die gegen Aussenseiter von Alleinvertriebs-, Preisbindungs- oder selektiven Vertriebsbindungsvereinbarungen erhoben wurden. In diesen Verfahren wegen unlauteren Wettbewerbs ist die Wirksamkeit des Vertrags nach Artikel 85 EWG-Vertrag eine vorrangige Frage, denn ein Hersteller kann einem Aussenseiter nur dann vorwerfen, an einem Verstoß gegen eine vertragliche Verpflichtung teilgenommen zu haben, wenn diese selbst gemäß Artikel 85 EWG-Vertrag wirksam ist. Dies bedeutet nicht, daß umgekehrt bei der Beurteilung der Rechtmässigkeit einer Vereinbarung nach Artikel 85 EWG-Vertrag zu prüfen wäre, ob die Voraussetzungen dafür erfuellt sind, daß diese Vereinbarung Aussenseitern im Wege einer Klage wegen unlauteren Wettbewerbs entgegengehalten werden kann. 25 Die Durchsetzung des gemeinschaftsrechtlichen Verbots von Wettbewerbsvereinbarungen kann auch nicht von einer einem nationalen Recht eigenen Voraussetzung abhängen. Wie die Kommission zutreffend vorträgt, ist die im deutschen Recht entwickelte Voraussetzung der Lückenlosigkeit den Rechtsordnungen fast aller übrigen Mitgliedstaaten fremd. So hat die französische Cour de cassation entschieden, daß der Verkauf von Erzeugnissen, deren Verpackung die Aufschrift "Alleinverkauf durch Vertragshändler" trägt, durch einen nicht zugelassenen Händler schon in sich eine Handlung unlauteren Wettbewerbs darstelle (Cour de cassation, Kammer für Handelssachen, Urteil Rochas vom 27. Oktober 1992, in: Dalloz 1992, Jurisprudence 505). Nach französischem Recht ist somit nicht einmal der Nachweis erforderlich, daß der nicht zugelassene Händler durch einen vertragsbrüchigen zugelassenen Händler beliefert wurde und an dessen Vertragsbruch beteiligt war. 26 Wollte man die Rechtswirksamkeit eines selektiven Vertriebssystems nach Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag von seiner Lückenlosigkeit abhängig machen, so hätte dies, wie die Kommission zu Recht geltend macht, die paradoxe Folge, daß die starrsten und geschlossensten Vertriebssysteme nach Artikel 85 günstiger behandelt würden als die flexibleren und dem Parallelhandel stärker geöffneten Vertriebssysteme. 27 Schließlich kann die Anerkennung der Rechtswirksamkeit eines selektiven Vertriebsnetzes im Gemeinsamen Markt schon deshalb nicht davon abhängen, daß der Hersteller imstande ist, die Lückenlosigkeit des Netzes überall zu gewährleisten, weil die Rechtsvorschriften bestimmter Drittstaaten die Erreichung dieses Ziels behindern oder unmöglich machen können. 28 Die Lückenlosigkeit eines selektiven Vertriebssystems ist somit nach dem Gemeinschaftsrecht keine Voraussetzung für seine Rechtswirksamkeit. 29 Aufgrund all dieser Erwägungen ist dem vorlegenden Gericht zu antworten, daß einer die Anwendung des Artikels 85 Absätze 1 und 2 EWG-Vertrag ausschließenden EG-Vertriebsbindung für Produkte des gehobenen Bedarfs (Uhren der gehobenen Preisklasse und Luxusklasse) die Anerkennung nicht schon aus dem Grund zu versagen ist, daß in Ländern ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft eine Vertriebsbindung durch entsprechende Vertragsgestaltungen nicht oder nicht vollkommen besteht, so daß dort die in der Europäischen Gemeinschaft gebundenen Waren von Systemfremden frei erworben und legitim auf den Gemeinsamen Markt gebracht werden können. 30 Wie bereits dargelegt (siehe Randnr. 17), hat das OLG Düsseldorf in seinem Vorlagebeschluß ausgeführt, daß eine Beantwortung der Frage nach der Lückenlosigkeit es ihm ermöglichen würde, den bei ihm anhängigen Rechtsstreit zu entscheiden. Falls die Lückenhaftigkeit des Systems dieses nach Artikel 85 EWG-Vertrag unwirksam machen würde, wäre die Beschränkung der Garantie rechtswidrig und die Klage der Firma Metro müsste für begründet erklärt werden. Hätte dagegen die Lückenhaftigkeit nicht diese Folge, so wäre die Beschränkung der Garantie rechtmässig und die Klage von Metro abzuweisen. 31 Nachdem die Antwort auf die Vorabentscheidungsfrage ergeben hat, daß die Lückenlosigkeit eines selektiven Vertriebssystems keine Voraussetzung für seine Rechtswirksamkeit ist, bleibt zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen die Beschränkung der Garantie auf von zugelassenen Händlern erworbene Uhren nach Artikel 85 EWG-Vertrag zulässig ist. Das OLG Düsseldorf hat in einem Beschluß vom 9. November 1992 auf eine schriftliche Anregung von Metro, die Vorabentscheidungsfrage in diesem Sinne zu verdeutlichen, erklärt, daß "diese Frage bereits Gegenstand des Vorlagebeschlusses" sei. Die Beteiligten haben diese Frage vor dem Gerichtshof sowohl in ihren schriftlichen Erklärungen als auch in der mündlichen Verhandlung ausführlich erörtert. 32 Eine vertragliche Verpflichtung, die Garantie auf Händler zu beschränken, die dem Vertriebsnetz angehören, und sie für von Aussenseitern vertriebene Waren zu verweigern, führt zu demselben Ergebnis und hat dieselben Wirkungen wie Vertragsklauseln, die den Verkauf den Mitgliedern des Vertriebsnetzes vorbehalten. Ebenso wie diese Vertragsklauseln ist die Beschränkung der Garantie ein Mittel für den Hersteller, um zu verhindern, daß Systemfremde vertriebsgebundene Waren in den Handel bringen. 33 Wenn aber Vertragsklauseln, durch die sich der Hersteller verpflichtet, nur über zugelassene Vertragshändler zu verkaufen, und durch die sich diese verpflichten, nur an andere zugelassene Händler oder an Verbraucher zu verkaufen, zulässig sind, so gibt es keinen Grund, die vertragliche Beschränkung der Garantie auf Erzeugnisse, die von zugelassenen Vertragshändlern verkauft werden, strenger zu behandeln. Für Artikel 85 EWG-Vertrag kommt es allein auf Zweck und Wirkung dieser Beschränkung an. 34 Demnach ist zu dem vor dem vorlegenden Gericht aufgeworfenen Problem festzustellen, daß, sofern ein selektives Vertriebssystem die in der Rechtsprechung des Gerichtshofes (vgl. Urteil vom 11. Dezember 1980 in der Rechtssache 31/80, L' Oréal, Slg. 1980, 3775) aufgestellten Kriterien für seine Rechtswirksamkeit nach Artikel 85 EWG-Vertrag erfuellt, auch die Beschränkung der Herstellergarantie auf bei zugelassenen Händlern erworbene Vertragserzeugnisse als zulässig anzusehen ist. Kostenentscheidung Kosten 35 Die Auslagen der Regierungen der Griechischen Republik und der Französischen Republik sowie der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Tenor Aus diesen Gründen hat DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer) auf die ihm vom Oberlandesgericht Düsseldorf durch Beschluß vom 22. September 1992 vorgelegte Frage für Recht erkannt: 1) Einer die Anwendung des Artikels 85 Absätze 1 und 2 EWG-Vertrag ausschließenden EG-Vertriebsbindung für Produkte des gehobenen Bedarfs (Uhren der gehobenen Preisklasse und Luxusklasse) ist die Anerkennung nicht schon aus dem Grund zu versagen, daß in Ländern ausserhalb der Europäischen Gemeinschaft eine Vertriebsbindung durch entsprechende Vertragsgestaltungen nicht oder nicht vollkommen besteht, so daß dort die in der Europäischen Gemeinschaft gebundenen Waren von Systemfremden frei erworben und legitim auf den Gemeinsamen Markt gebracht werden können. 2) Erfuellt ein selektives Vertriebssystem die in der Rechtsprechung des Gerichtshofes aufgestellten Kriterien für seine Rechtswirksamkeit nach Artikel 85 EWG-Vertrag, so ist auch die Beschränkung der Herstellergarantie auf bei zugelassenen Händlern erworbene Vertragserzeugnisse als zulässig anzusehen.

62009CJ0227

sv

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 5, 17 och 18 i rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EGT L 307, s. 18). Begäran har framställts i ett mål mellan Antonio Accardo m.fl. och Fabrizio Lacognata m.fl., å ena sidan, och Comune di Torino (kommunen Turin), å andra sidan, avseende en begäran om ersättning för skada som kärandena uppges ha lidit under åren 1998–2007, till följd av att reglerna om veckovila inte iakttagits avseende polismän vid den kommunala polisen i Turin. Tillämpliga bestämmelser Unionslagstiftningen Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, s. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 146) är det ramdirektiv i vilket de allmänna principerna om arbetstagarnas säkerhet och hälsa fastställs. Dessa principer har senare utvecklats i en rad särdirektiv. Bland dessa direktiv ingår direktiv 93/104, direktiv 93/104 i ändrad lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/34/EG av den 22 juni 2000 (EGT L 195, s. 41) (nedan kallat direktiv 93/104 i ändrad lydelse) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EUT L 299, s. 9) (nedan tillsammans kallade arbetstidsdirektiven). I artikel 2 i direktiv 89/391 anges tillämpningsområdet enligt följande: ”1.      Detta direktiv skall tillämpas på all verksamhet, såväl privat som offentlig (industri, jordbruk, handel, förvaltning, tjänster, undervisning, kultur- och fritidsverksamhet etc.). 2.      Detta direktiv skall inte tillämpas på sådana offentliga verksamheter, där det inte kan undvikas att förhållanden som är speciella för dessa verksamheter kommer i konflikt med direktivet, exempelvis försvaret eller polisen eller viss specifik verksamhet inom civilförsvaret. I dessa fall skall arbetstagarnas säkerhet och hälsa tryggas så långt möjligt mot bakgrund av direktivets syften.” Direktiv 93/104 ändrades först genom direktiv 2000/34. Därefter upphävde och ersatte direktiv 2003/88 från och med den 2 augusti 2004 direktiv 93/104 i ändrad lydelse. I artikel 1 i arbetstidsdirektiven, med rubriken ”Ändamål och räckvidd”, anges följande: ”1.      I detta direktiv föreskrivs minimikrav på säkerhet och hälsa vid förläggningen av arbetstiden. 2.      Detta direktiv är tillämpligt på: a)      minimitider för dygnsvila, veckovila och årlig semester, vidare på raster och begränsning av veckoarbetstiden, samt b)      vissa former av nattarbete, skiftarbete och arbetsrytm. 3.      Detta direktiv skall tillämpas på all verksamhet, såväl offentlig som privat, i den betydelse som avses i artikel 2 i direktiv 89/391/EEG, utan att det påverkar … … 4.      Bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG är fullt tillämpliga på de fall som avses i punkt 2 utan att det påverkar tillämpningen av strängare eller mer detaljerade bestämmelser i det här direktivet.” I artikel 2 i arbetstidsdirektiven anges under rubriken ”Definitioner” följande: ”I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges: 1.      arbetstid: all tid i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande samt därvid utför aktiviteter eller uppgifter. 2.      viloperiod: varje period som inte är arbetstid. …” I artiklarna 3–7 i arbetstidsdirektiven föreskrivs de åtgärder som medlemsstaterna ska vidta för att se till att varje arbetstagare får minimiperioder av dygnsvila, veckovila och årlig betald semester. I detta avsnitt återfinns även bestämmelser om raster och den maximala veckoarbetstiden. I artikel 3 i arbetstidsdirektiven, med rubriken ”Dygnsvila”, anges att ”[m]edlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje arbetstagare får minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod”. Vad gäller veckovilan anges i artikel 5 första stycket i arbetstidsdirektiven att medlemsstaterna ”skall vidta de åtgärder som behövs för att se till att varje arbetstagare under varje period om sju dagar får minst 24 timmars sammanhängande ledighet plus den elva timmars dygnsvila som avses i artikel 3”. Det framgår också av nämnda artikel 5 att om sakliga, tekniska eller arbetsorganisatoriska förhållanden berättigar det får en ledighet på minst 24 timmar tillämpas. I artikel 16 i arbetstidsdirektiven föreskrivs för tillämpningen av artikel 5 i dessa direktiv en beräkningsperiod som inte överstiger 14 dagar. I arbetstidsdirektiven anges ett antal undantag från de grundregler som föreskrivs i dessa direktiv, med hänsyn till vissa arbetens särskilda art och under vissa villkor. I artikel 17 i direktiv 93/104 och i direktiv 93/104 i ändrad lydelse föreskrivs i detta avseende följande: ”… 2      Avvikelser får fastställas genom lagstiftning eller andra författningsbestämmelser eller genom kollektivavtal under förutsättning att de berörda arbetstagarna ges motsvarande kompensationsledighet eller – i undantagsfall när det av objektiva skäl inte är möjligt att bevilja sådan kompensationsledighet – att arbetstagarna erbjuds lämpligt skydd. 2.1      Avvikelser från artiklarna 3, 4, 5, 8 och 16 får göras: … b)      i fråga om säkerhets- och övervakningsarbeten som kräver permanent närvaro för att skydda egendom eller personer, särskilt i fråga om säkerhetsvakter, vaktmästare eller vaktbolag, c)      i fråga om arbeten som kräver en kontinuitet i servicen eller produktionen, särskilt … iii)  … ambulans, brand- och civilförsvar, … 3.      Avvikelser får göras från artiklarna 3, 4, 5, 8 och 16 genom kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter på nationell eller regional nivå eller genom kollektivavtal på en lägre nivå om det tillåts genom sådana avtal. De medlemsstater som saknar ett system för kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter på nationell eller regional nivå i de fall som omfattas av detta direktiv, och vidare de medlemsstater som för detta ändamål har en särskild lagstiftning får inom ramen för sådan lagstiftning – i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis – tillåta avvikelser från artiklarna 3, 4, 5, 8 och 16. Detta får ske genom kollektivavtal på lämplig nivå. De avvikelser som avses i första och andra styckena skall tillåtas på villkor att motsvarande kompensationsledighet beviljas de berörda arbetstagarna eller – i undantagsfall, när det inte är möjligt att bevilja sådan ledighet av objektiva skäl – att de berörda arbetstagarna ges lämpligt skydd. Medlemsstaterna får föreskriva om –        hur arbetsmarknadens parter skall tillämpa denna artikel, och –        tillämpningen av de bestämmelser i kollektivavtal eller avtal mellan arbetsmarknadens parter som sluts i enlighet med denna artikel på andra arbetstagare i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis. …” Enligt artikel 18.1 a i direktiv 93/104 och i direktiv 93/104 i ändrad lydelse, skulle medlemsstaterna anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 23 november 1996 eller se till att arbetsmarknadens parter senast den dagen genom överenskommelse fastställer de nödvändiga bestämmelserna varvid medlemsstaterna ska se till att de alltid kan garantera att direktivets bestämmelser efterlevs. Såsom framgår av punkt 5 i denna dom har direktiv 93/104 i ändrad lydelse upphävts och ersatts, från och med den 2 augusti 2004, av direktiv 2003/88. Det framgår av skäl 1 i direktiv 2003/88 att detta direktiv, av tydlighetsskäl, syftar till att kodifiera bestämmelserna i direktiv 93/104 i ändrad lydelse. Således har innehållet i och numreringen av bland annat artiklarna 1–3, 5 och 16 förts över i identisk form till direktiv 2003/88. Punkt 2.1 och 2.2 i artikel 17.2 i direktiv 93/104 i ändrad lydelse är numera uppdelad mellan andra och tredje punkterna i artikel 17 i direktiv 2003/88. Artikel 17.3 i direktiv 93/104 i ändrad lydelse har förts över till artikel 18 i direktiv 2003/88. Den nationella lagstiftningen Det framgår av beslutet om hänskjutande att den tidsperiod som är i fråga i målet vid den nationella domstolen kan delas in i tre distinkta delar vad gäller tillämplig nationell lagstiftning. Under den första perioden, fram till och med den 29 april 2003, reglerades anställdas rätt till veckovila dels i artikel 36 tredje stycket i konstitutionen enligt vilken ”den anställde har rätt till veckovila … och kan inte avstå från denna rätt”, dels i artikel 2109 första stycket i civillagen, enligt vilken ”alla som utför ett arbete har rätt till en ledig dag per vecka, vilket normalt infaller på söndagen”. Det framgår av de skriftliga yttranden som inkommit till domstolen från Antonino Accordo m.fl. att dessa två bestämmelser utfärdades långt innan direktiv 93/104 antogs. Den andra perioden inleddes den 29 april 2003, det datum då lagstiftningsdekret nr 66 av den 8 april 2003 trädde i kraft. Detta dekret gällde genomförandet av direktiven 93/104/EG och 2000/34/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (ordinarie tillägg till GURI nr 87, av den 14 april 2003, nedan kallat lagstiftningsdekret nr 66/2003). Det allmänna systemet för veckovila bygger på artikel 9.1 i detta dekret. I denna artikel föreskrivs en rätt för anställda att var sjunde dag erhålla en viloperiod på minst tjugofyra timmar i sträck, vilken normalt infaller på söndagen, till vilken ska läggas de dagliga vilotimmar som avses i artikel 7 i nämnda dekret. Enligt artiklarna 9.2 b och 17.4 i samma dekret kan undantag från denna rätt göras genom kollektivavtal, under förutsättning att motsvarande viloperioder beviljas. Från och med den 1 september 2004 var bestämmelserna i lagstiftningsdekret nr 66/2003 inte tillämpliga på polismän vid den kommunala polisen, till följd av en ändring som hade införts genom artikel 1.1 b i lagstiftningsdekret nr 213 av den 19 juli 2004, om ändringar och kompletteringar av lagstiftningsdekret nr 66 av den 8 april 2003 vad gällde sanktionsåtgärder avseende arbetstid (GURI, allmänna serien, nr 192, av den 17 augusti 2004) (nedan kallad lagstiftningsdekret nr 213/2004). Såväl innan lagstiftningsdekret nr 66/2003 trädde i kraft som efter det att lagstiftningsdekret nr 213/2004 hade antagits, gjordes undantag från det allmänna systemet för veckovila som var tillämpligt på polismän vid den kommunala polisen, genom tre nationella kollektivavtal avseende den kommunala sektorn, vilka hade ingåtts under åren 1987, 2000 respektive 2001 (nedan tillsammans kallade de kollektivavtal som är i fråga i det nationella målet). I vart och ett av dessa avtal angavs det bland annat att ”anställda som på grund av speciella krav som följer av tjänsten” inte fått någon veckovila skulle ha ”en rätt till kompensationsledighet som, i regel, ska tas ut inom två veckor, och under alla förhållanden inom de påföljande två månaderna”. Vidare föreskrevs det i det kollektivavtal som slöts år 1987, för dessa anställda, ett tillägg på 20 procent av deras vanliga dagslön, samtidigt som det i de kollektivavtal som slöts år 2000 och 2001 föreskrevs ett tillägg på 50 procent. Det framgår av beslutet om hänskjutande att kärandena i målet vid den nationella domstolen åberopat artiklarna 1418 och 1419 i civillagen, där det föreskrivs att avtalsklausuler ”som strider mot tvingande bestämmelser” ska ogiltigförklaras och att nämnda avtalsklausuler ”ersätts av de tvingande bestämmelserna”. Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna Kärandena i målet vid den nationella domstolen är polismän vid den kommunala polisen i Turin (nedan kallade polismännen), och tjänstgör 35 timmar per vecka. Under åren 1998–2007 var de utsedda att arbeta enligt en arbetsordning som innebar att de var femte vecka skulle arbeta under sju dagar i följd. Enligt beslutet om hänskjutande beviljades de därefter motsvarande kompensationsledighet. Ledig tid drogs med andra ord inte in utan sköts endast upp. Detta system med ett rullande schema, vilket inbegriper att ledig tid i förhållande till den sjunde dagen i den femte veckan skjuts upp, följer av ett kollektivavtal av den 2 juli 1986 mellan kommunen och regionala representanter för de största och mest dominerande italienska fackliga organisationerna (nedan kallat 1986 års avtal). Polismännen väckte talan vid den nationella domstolen mot Comune di Torino och yrkade att rätten skulle förplikta kommunen att utge ersättning för den psykiska och fysiska skada som polistjänstemännen uppges ha lidit. Ersättningen avser de fall där den i nationell rätt lagstadgade veckovilan inte iakttagits, genom att polismännen arbetat under sju dagar i följd och därefter endast haft rätt till en dags vila i form av kompensationsledighet. Till stöd för sin talan anförde polismännen att eftersom bestämmelserna i artikel 36 tredje stycket i konstitutionen och artikel 2109 första stycket i civillagen är tvingande ska, i avsaknad av tillämpliga lagbestämmelser, de relevanta klausulerna i såväl 1986 års avtal som i de kollektivavtal som är i fråga i målet vid den nationella domstolen anses vara rättsstridiga. Comune di Torino genmälde att enligt artikel 17.3 i direktiv 93/104 får avvikelser från bestämmelserna om veckovila i artikel 5 i direktiv 93/104 göras genom kollektivavtal, under förutsättning att de berörda arbetstagarna ges motsvarande kompensationsledighet. Polismännen bestred såväl att artikel 17 i direktiv 93/104 skulle vara direkt tillämplig innan lagstiftningsdekret nr 66/2003 antagits som att tredje stycket i denna artikel över huvud taget skulle vara tillämpligt på polismän vid den kommunala polisen. Denna yrkesgrupp omnämns nämligen inte uttryckligen i förteckningen som avses i artikel 17.2 punkt 2.1 i direktiv 93/104 och kan således inte omfattas av sådana undantag som avses i tredje stycket i denne bestämmelse. Bestämmelsen i artikel 17.3 kan inte tolkas självständigt, eftersom den bara är en precisering av nämnda artikel 17.2. Polismännen påpekade dessutom att, som en följd av den ändring som hade införts genom lagstiftningsdekret nr 213/2004, hela lagstiftningsdekret nr 66/2003 under alla omständigheter inte längre är tillämpligt på den kommunala polisen. Detta medför att artikel 17 i direktiv 93/104 inte är tillämplig på polismännen och att artikel 36 i konstitutionen och artikel 2109 i civillagen på nytt ska tillämpas på dem. Mot denna bakgrund beslutade Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen: ”1.      Ska artiklarna 5, 17 och 18 i rådets direktiv 93/104 … tolkas på så sätt att de är direkt tillämpliga i en medlemsstat, oberoende av huruvida de formellt införlivats med den nationella rättsordningen och oberoende av nationella bestämmelser enligt vilka artiklarna i fråga endast ska tillämpas på vissa kategorier av arbetstagare, i ett fall där arbetsmarknadens parter har ingått kollektivavtal som är förenliga med nämnda direktiv? 2.      Är en nationell domstol, oberoende av huruvida det aktuella direktivet har direkt effekt eller inte, skyldig att tillämpa ett direktiv som ännu inte införlivats med den nationella rätten – eller som, efter att det införlivats, enligt den nationella rätten inte ska beaktas vid tolkningen av denna rätt – och således stödja sig på detta direktiv för att lösa eventuella tolkningsproblem? 3.      Är det förbjudet för en nationell domstol att fastslå att en viss åtgärd är rättsstridig och att skadestånd ska utgå, när åtgärden är tillåten av arbetsmarknadens parter och den är förenlig med gemenskapsrätten, även för det fall att det är fråga om ett direktiv som inte har införlivats med den nationella rätten? 4.      Ska artikel 17.3 i direktiv [93/104] tolkas på så sätt att det enligt den artikeln i sig, och således helt oberoende av artikel 17.2 i samma direktiv och den förteckning över verksamheter och yrkeskategorier som återfinns i sistnämnda artikel, är tillåtet för arbetsmarknadens parter att vidta åtgärder och införa undantagsbestämmelser avseende veckovila?” Prövning av tolkningsfrågorna Domstolen erinrar om att även om beslutet om hänskjutande inte uttryckligen gäller något annat än den ursprungliga versionen av direktiv 93/104, framgår det av handlingarna i målet att under den period som är i fråga i målet vid den nationella domstolen gällde olika lydelser av arbetstidsdirektiven. I förekommande fall ska denna omständighet beaktas vid besvarandet av tolkningsfrågorna. Fråga 4 Den nationella domstolen har ställt fråga 4, vilken ska prövas först, för att få klarhet i huruvida artikel 17.3 i direktiv 93/104 har en självständig betydelse, vilket innebär att det faktum att ett yrke inte räknas upp i nämnda punkt 2 inte hindrar att yrket kan omfattas av undantaget i artikel 17.3 i direktiv 93/104, eller huruvida artikel 17.3 ska jämföras med den andra punkten i samma artikel. Såsom det framgår av bland annat punkt 26 i denna dom, har denna fråga sitt ursprung i polismännens argument att artikel 17.3 i direktiv 93/104 inte kan tillämpas fristående från punkt 2 i samma artikel. Enligt polismännen kan artikel 17.3 i direktiv 93/104 inte tolkas så, att den tillåter mer omfattande avvikelser än dem som anges i punkt 2 i samma artikel och att den, således, genom denna punkt inför ett självständigt och distinkt system för undantag. En sådan argumentation kan inte godtas. Såsom Comune di Torino, den italienska och den tjeckiska regeringen samt Europeiska kommissionen har anfört, finns det nämligen ingenting i strukturen eller lydelsen i artikel 17 i direktiv 93/104 och i direktiv 93/104 i ändrad lydelse som tyder på att tillämpningsområdet för punkt 3 i artikeln skulle vara avhängigt av tillämpningsområdet för punkt 2. Såsom kommissionen har påpekat finns det vidare ingen inbördes hänvisning mellan dessa punkter, och dessutom upprepas i nämnda punkter för var och en av kategorierna av tillåtna undantag de identiska villkor, som under alla omständigheter gäller för möjligheten att senarelägga veckovilan. Såsom vidare framgår av punkt 15 i denna dom, överfördes vid den kodifiering som genomfördes genom direktiv 2003/88 lydelsen i artikel 17.3 i direktiven 93/104 och 93/104 i ändrad lydelse i identiska ordalag till en ny artikel 18, samtidigt som innehållet i artikel 17.2 i direktiven 93/104 och 93/104 i ändrad lydelse har delats upp i punkterna 2 och 3 i artikel 17 i direktivet 2003/88. Följaktligen har unionslagstiftaren ansett att punkterna 2 och 3 i artikel 17 i direktiven 93/104 och 93/104 i ändrad lydelse kunde, eller till och med borde, tillämpas självständigt, vilket gjorde det möjligt att sära på dem i samband med kodifieringen. Mot denna bakgrund ska fråga 4 besvaras enligt följande: Artikel 17.3 i direktiven 93/104 och 93/104 i ändrad lydelse har en självständig betydelse i förhållande till punkt 2 i samma artikel, varför det faktum att ett yrke inte räknas upp i nämnda punkt 2 inte hindrar att yrket i fråga kan omfattas av undantaget i artikel 17.3 i direktiven 93/104 och 93/104 i ändrad lydelse. Frågorna 1–3 Såsom bland annat framgår av beslutet om hänskjutande förefaller det vara utrett i det nationella målet att för perioden 29 april 2003–29 augusti 2004 gjorde lagstiftningsdekret nr 66/2003 det i princip möjligt att, i enlighet med artikel 17 i direktiven 93/104 och 93/104 i ändrad lydelse, genom det kollektivavtal som slöts år 2001, göra undantag från den bestämmelse om veckovila som föreskrivs i artikel 36 tredje stycket i konstitutionen och i artikel 2109 första stycket i civillagen. Det framgår dock även av beslutet om hänskjutande att bortsett från denna sista period förefaller bestämmelserna i konstitutionen och i civillagen utgöra hinder, såvitt gäller nationell rätt, för att Comune di Torino med framgång ska kunna hänvisa till de kollektivavtal som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, för att motivera det system med rullande arbetsschema som är i fråga i det nationella målet, i enlighet med vilket vilan den sjunde dagen i den femte veckan skjuts upp i överensstämmelse med 1986 års avtal. Såsom kommissionen har påpekat i sitt skriftliga yttrande omfattas det arbete som utförs under normala förhållanden av den kommunala polisen av tillämpningsområdet för direktiv 89/391 och, genom den hänvisning till artikel 2 i detta direktiv som finns i artikel 1.3 i arbetstidsdirektiven, av de senare direktivens tillämpningsområde (se analogt, bland annat, beslut av den 14 juli 2005 i mål C‑52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, REG 2005, s. I‑7111, punkterna 51–61 och där angiven rättspraxis). Av de handlingar som inkommit till domstolen framgår att artikel 36 tredje stycket i konstitutionen och artikel 2109 första stycket i civillagen, i den del som de tillämpas med beaktande av artiklarna 3 och 16 i direktiv 93/104, i princip är av sådan natur att de medför införlivande i den italienska rättsordningen av artikel 5 i arbetstidsdirektiven, något som det vid behov ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva. Under alla omständigheter har det inte vid EU-domstolen hävdats att nämnda nationella bestämmelser skulle strida mot kraven i nämnda artikel 5. Även om den nationella domstolen i beslutet om hänskjutande utgår från att det system för veckovila som infördes genom 1986 års avtal i princip var tillåtet enligt de frivilliga undantag som anges i artikel 17 i direktiven 93/104 och 93/104 i ändrad lydelse, eller i artiklarna 17 och 18 i direktiv 2003/88, vilket det ankommer på den nationella domstolen att undersöka, ställer sig den domstolen frågande till huruvida detta avtal och de kollektivavtal som är i fråga i det nationella målet kan avvika från artikel 36 tredje stycket i konstitutionen och artikel 2109 första stycket i civillagen. Den nationella domstolen frågar sig således i huvudsak vilka möjligheter som finns att direkt eller indirekt tillämpa undantagsbestämmelserna i direktiven för att överkomma eventuella hinder i nationell rätt avseende tillämpningen av de kollektivavtal som är i fråga i det nationella målet. Under dessa förhållanden ska frågorna 1–3, vilka det är lämpligt att pröva gemensamt, anses avse frågan huruvida undantagsbestämmelserna i direktiven kan tillämpas direkt på sådana omständigheter som är för handen i det nationella målet eller huruvida, om direkt effekt inte föreligger, den nationella domstolen är skyldig att tolka de aktuella bestämmelserna i nationell rätt så, att det är tillåtet med undantag från den bestämmelse om veckovila som föreskrivs i artikel 36 tredje stycket i konstitutionen och artikel 2109 första stycket i civillagen. Huruvida undantagsbestämmelserna i direktiven är direkt tillämpliga Även om den nationella domstolens första fråga särskilt avser artikel 5 i arbetstidsdirektiven kan det konstateras att, såsom bland annat framgår av punkt 42 i denna dom, den nationella domstolen med denna fråga framför allt önskar få klarhet i huruvida svaranden i målet vid den nationella domstolen kan åberopa undantagsbestämmelserna i fråga direkt gentemot polistjänstemännen, i syfte att tillbakavisa de krav som ligger till grund för talan i det nationella målet. Domstolen erinrar om att i enlighet med domstolens fasta praxis kan ett direktiv inte i sig medföra skyldigheter för en enskild, och det kan således inte som sådant åberopas gentemot denne (se, bland annat, dom av den 26 februari 1986 i mål 152/84, Marshall, REG 1986, s. 723, punkt 48, svensk specialutgåva, volym 8, s. 457, av den 14 juli 1994 i mål C‑91/92, Faccini Dori, REG 1994, s. I‑3325, punkt 20, svensk specialutgåva, volym 16, s. I‑1, av den 7 januari 2004 i mål C‑201/02, Wells, REG 2004, s. I‑723, punkt 56, av den 5 oktober 2004 i de förenade målen C‑397/01–C‑403/01, Pfeiffer m.fl., REG 2004, s. I‑8835, punkt 108, och av den 19 januari 2010 i mål C‑555/07, REU 2010, s. I‑0000, punkt 46). För det fall undantagsbestämmelserna i fråga inte har införlivats med giltig verkan, vilket det i detta fall ankommer på den nationella domstolen att undersöka, gäller således följande. En medlemsstat som inte har utnyttjat denna möjlighet kan inte åberopa sin underlåtenhet, till stöd för att neka enskilda, såsom polismännen, att åtjnuta veckovila. Denna veckovila ska i princip, med förbehåll för den kontroll som den nationella domstolen ska göra i detta hänseende, uppfylla kraven i artikel 5 i arbetstidsdirektiven (se, analogt, dom av den 17 juli 2008 i mål C‑226/07, Flughafen Köln mot Bonn, REG 2008, s. I‑5999, punkt 32 och där angiven rättspraxis). Följaktligen kan under sådana omständigheter som är för handen i målet vid den nationella domstolen undantagsbestämmelserna i direktiven inte åberopas direkt gentemot enskilda, såsom polismännen. Huruvida det föreligger en skyldighet eller möjlighet att göra en direktivkonform tolkning av nationell rätt Såvitt framgår av beslutet om hänskjutande, önskar Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, genom frågorna 2 och 3 få klarhet i huruvida den nationella rätten icke desto mindre ska tolkas mot bakgrund av undantagsbestämmelserna i direktiven, vid prövningen av huruvida Comune di Torino med framgång kunnat stödja sig på de kollektivavtal som är i fråga i det nationella målet, för att motivera undantag från kraven i artikel 36 tredje stycket i konstitutionen och artikel 2109 första stycket i civillagen. Det är riktigt att medlemsstaternas skyldighet enligt ett direktiv att uppnå det resultat som föreskrivs i direktivet och deras förpliktelse att vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och särskilda, för att säkerställa att denna skyldighet fullgörs, åligger alla myndigheter i medlemsstaterna, även domstolarna inom ramen för deras behörighet (se, bland annat, dom av den 10 april 1984 i mål 14/83, von Colson och Kamann, REG 1984, s. 1891, punkt 26, svensk specialutgåva, volym 7, s. 577, och den ovannämnda domen i målet Kücükdeveci, punkt 47 och där angiven rättspraxis). Det är emellertid uteslutet att det av arbetstidsdirektiven följer en skyldighet att tolka den nationella rätten i syfte att ge företräde åt kollektivavtal som avviker från de bestämmelser genom vilka artikel 5 i dessa direktiv har införlivats. Eftersom de undantag som anges i undantagsbestämmelserna i direktiven är frivilliga finns det inte något krav enligt unionsrätten att medlemsstaterna genomför dessa i nationell rätt. Härav följer att medlemsstaterna måste välja att använda sig av möjligheten enligt dessa bestämmelser att göra undantag från kraven i bland annat artikel 5 i arbetstidsdirektiven för att kunna utnyttja nämnda möjlighet (se, analogt, dom av den 4 juni 2009 i mål C‑102/08, SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, REG 2009, s. I‑4629, punkterna 51, 52 och 55). För dessa ändamål ankommer det på medlemsstaterna att därvid välja den lagstiftningsteknik som de anser lämpligast (se, analogt, domen i det ovannämnda målet SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, punkt 56), med beaktande av att enligt lydelsen i undantagsbestämmelserna i direktiven kan sådana undantag bland annat göras genom kollektivavtal eller andra avtal mellan arbetsmarknadens parter. Arbetstidsdirektiven i sig kan inte tolkas så, att de utgör hinder för att tillämpa sådana kollektivavtal som dem som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, eller tvärtom så, att det enligt dessa direktiv krävs att dessa kollektivavtal tillämpas, trots vad som föreskrivs i andra relevanta bestämmelser i nationell rätt. Under dessa omständigheter blir frågan huruvida Comune di Torino i målet vid den nationella domstolen med framgång kan åberopa 1986 års avtal och de kollektivavtal som är i fråga i det nationella målet framför allt en fråga som den nationella domstolen ska lösa i enlighet med bestämmelserna i nationell rätt (se, analogt, dom av den 3 oktober 2000 i mål C‑303/98, Simap, REG 2000, s. I‑7963, punkterna 55–57). Domstolen erinrar emellertid om att när unionsrätten tillåter att medlemsstaterna gör undantag från vissa bestämmelser i ett direktiv är dessa skyldiga att följa de allmänna principerna i unionsrätten, bland annat rättssäkerhetsprincipen, när de utnyttjar sitt utrymme för skönsmässig bedömning. Därför ska de bestämmelser som tillåter frivilliga undantag från de principer som slås fast i ett direktiv genomföras på ett sådant tillräckligt precist och klart sätt att de krav som följer av rättssäkerhetsprincipen uppfylls. I detta sammanhang har den nationella domstolen två valmöjligheter. Antingen uppfyller de kollektivavtal som är i fråga i målet vid den nationella domstolen inte den allmänna rättssäkerhetsprincipen och de krav som uppställs i nationell rätt för att med giltig verkan genomföra undantagsbestämmelserna i direktiven. Alternativt utgör dessa avtal genomförandet – i enlighet med italiensk rätt och med iakttagande av den allmänna rättssäkerhetsprincipen – av de undantag från nämnda unionsbestämmelser som är tillåtna. Om det första antagandet är riktigt, såsom den tjeckiska regeringen har hävdat, och såsom det framgår av den rättspraxis som anges i punkt 45 i denna dom, gäller följande. Om den italienska nationella rätten utgör hinder för att 1986 års avtal eller de kollektivavtal som är i fråga i det nationella målet tillämpas, kan inte arbetstidsdirektiven i sig åberopas gentemot de enskilda för att säkerställa en sådan tillämpning (se även, analogt, dom av den 11 juni 1987 i mål 14/86, Pretore di Salò mot X, REG 1987, s. 2545, svensk specialutgåva, volym 9, s. 111, punkterna 19 och 20, av den 3 maj 2005 i de förenade målen C‑387/02, C‑391/02 och C‑403/02, REG 2005, s. I‑3565, punkterna 73 och 74, och av den 5 juli 2007 i mål C‑321/05, Kofoed, REG 2007, s. I‑5795, punkt 42 och där angiven rättspraxis). Om det andra antagandet i punkt 56 i denna dom är riktigt utgör arbetstidsdirektiven inte heller hinder för en tolkning av den nationella rätten som möjliggör för Comune di Torino att med framgång åberopa de kollektivavtal som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, under förutsättning att de relevanta bestämmelserna i dessa kollektivavtal är helt förenliga med de villkor som anges i undantagsbestämmelserna i fråga, vilket det ankommer på den nationella domstolen att pröva. Vad gäller sistnämnda punkt ska det erinras om att undantagsbestämmelserna i direktiven utgör undantag från det gemenskapssystem för arbetstidens förläggning som infördes genom direktiv 93/104. Dessa bestämmelser ska därför tolkas så, att de inte får gå längre än vad som är absolut nödvändigt för att skydda de intressen som dessa undantag gör det möjligt att ta till vara (se dom av den 9 september 2003 i mål C‑151/02, Jaeger, REG 2003, s. I‑8389, punkt 89). Mot denna bakgrund ska frågorna 1–3 besvaras enligt följande: Under sådana omständigheter som är för handen i målet vid den nationella domstolen, kan undantagsbestämmelserna i fråga inte åberopas gentemot enskilda, såsom polismännen. Dessa bestämmelser kan inte tolkas så, att de tillåter eller hindrar att sådana kollektivavtal som dem som är i fråga i målet vid den nationella domstolen tillämpas, eftersom avtalens tillämpning är beroende av nationell rätt. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande: 1) Artikel 17.3 i rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, i såväl dess ursprungliga lydelse som dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/34/EG av den 22 juni 2000, har en självständig betydelse i förhållande till punkt 2 i samma artikel, varför det faktum att ett yrke inte räknas upp i nämnda punkt 2 inte hindrar att yrket i fråga kan omfattas av undantaget i artikel 17.3 i direktiv 93/104 i nämnda lydelser. 2) Under sådana omständigheter som är för handen i målet vid den nationella domstolen, kan de frivilliga undantagsbestämmelser som anges i artikel 17 i direktiv 93/104 och direktiv 93/104, i dess lydelse enligt direktiv 2000/34, liksom, i förekommande fall, i dess lydelse enligt artiklarna 17 och/eller 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, inte åberopas gentemot enskilda, såsom kärandena i målet vid den nationella domstolen. Dessa bestämmelser kan inte tolkas så, att de tillåter eller hindrar att sådana kollektivavtal som dem som är i fråga i målet vid den nationella domstolen tillämpas, eftersom avtalens tillämpning är beroende av nationell rätt. Underskrifter * Rättegångsspråk: italienska.

62008TJ0149

sv

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 6 februari 2008 (ärende R 809/2007-2) om ett invändningsförfarande mellan Abbott Laboratories och aRigen, Inc. Uppgifter rörande målet Sökande av gemenskapsvarumärke: aRigen, Inc. Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket Sorvir för varor i klass 5 – ansökan nr 004455507 Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Abbott Laboratories Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Ordmärket NORVIR för varor i klass 5 Invändningsenhetens beslut: Invändningen avslås i sin helhet Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet Domslut 1) Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 6 februari 2008 (ärende R 809/2007-2) ogiltigförklaras. 2) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Abbott Laboratories rättegångskostnader.

62009CJ0434

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46), 3 straipsnio 1 dalies ir 16 straipsnio išaiškinimo. Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą tarp S. McCarthy ir Secretary of State for the Home Department (Vidaus reikalų ministras, toliau – Secretary of State ) dėl jos prašymo išduoti leidimą gyventi. Teisinis pagrindas Sąjungos teisė Pagal Direktyvos 2004/38 1–3 konstatuojamąsias dalis: „1)      Sąjungos pilietybė kiekvienam Sąjungos piliečiui suteikia pirminę ir asmeninę teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taikant Sutartyje ir jai vykdyti patvirtintose priemonėse nustatytus apribojimus ir reikalavimus. 2)      Laisvas asmenų judėjimas sudaro vieną iš pagrindinių vidaus rinkos, kuri yra teritorija be vidaus sienų, kurioje laisvė užtikrinta pagal Sutarties nuostatas, laisvių. 3)      Sąjungos pilietybė turėtų būti pagrindinis valstybių narių piliečių statusas, kai jie naudojasi savo teise laisvai judėti ir gyventi šalyje. Todėl būtina sisteminti ir persvarstyti esamus Bendrijos instrumentus, atskirai skirtus darbuotojams, savarankiškai dirbantiesiems asmenims ir studentams bei kitiems nedirbantiems asmenims, kad būtų supaprastinta ir sustiprinta visų Sąjungos piliečių laisvo judėjimo ir apsigyvenimo teisė.“ Direktyvos 2004/38 I skyrių „Bendrosios nuostatos“ sudaro 1–3 straipsniai. Minėtame 1 straipsnyje „Dalykas“ numatyta: „Ši direktyva nustato: a)      naudojimosi Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių laisvo judėjimo ir gyvenimo valstybių narių teritorijoje teise reikalavimus; b)      nuolatinio gyvenimo valstybių narių teritorijoje teisę Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams; c)      a ir b punktuose nustatytų teisių ribas, atsižvelgiant į valstybinės politikos, visuomenės saugumo ar sveikatos apsaugos priežastis.“ Direktyvos 2004/38 2 straipsnyje „Apibrėžimai“ numatyta: „Šioje direktyvoje: 1)      „Sąjungos pilietis“ – tai bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę; 2)      „šeimos narys“ – tai: a)      sutuoktinis; b)      partneris, su kuriuo Sąjungos pilietis sudarė registruotą partnerystę, remiantis valstybės narės teisės aktais, jei priimančioji valstybė narė traktuoja registruotą partnerystę kaip lygiavertę santuokai ir laikantis atitinkamuose priimančiosios valstybės narės teisės aktuose nustatytų reikalavimų; c)      piliečio ir sutuoktinio ar partnerio pagal b punkto apibrėžimą tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metų amžiaus, arba išlaikytiniai; d)      piliečio ir sutuoktinio ar partnerio pagal b punkto apibrėžimą išlaikomi tiesioginiai giminaičiai, esantys aukščiau pagal giminystės liniją; 3)      „priimančioji valstybė narė“ – tai valstybė narė, į kurią atvyksta Sąjungos pilietis, pasinaudodamas savo laisvo judėjimo ir gyvenimo teise.“ Direktyvos 2004/38 3 straipsnio „Naudos gavėjai“ 1 dalyje nurodyta: „Ši direktyva taikoma visiems Sąjungos piliečiams, kurie atvyksta į kitą valstybę narę, kurios piliečiai jie nėra, [arba tokioje valstybėje narėje gyvena,] ir 2 straipsnyje [2 straipsnio 2 punkte] apibrėžtiems jų šeimos nariams, kurie juos lydi arba prisijungia prie jų.“ Šios direktyvos III skyrių „Teisė gyventi šalyje“ sudaro 6–15 straipsniai. Minėtame 6 straipsnyje numatyta: „1.      Sąjungos piliečiai turi teisę gyventi kitos valstybės narės teritorijoje iki trijų mėnesių trukmės laikotarpį, netaikant jokių reikalavimų ar formalumų, išskyrus reikalavimą turėti [galiojančią] tapatybės kortelę arba [galiojantį] pasą. 2.      Šio straipsnio 1 dalies nuostatos taip pat taikomas šeimos nariams, turintiems galiojantį pasą, kurie nėra valstybės narės piliečiai, lydintiems ar atvykstantiems pas Sąjungos pilietį.“ Direktyvos 2004/38 7 straipsnyje nurodyta: „1.      Visi Sąjungos piliečiai turi teisę gyventi kitos valstybės narės šalyje [teritorijoje] ilgiau kaip tris mėnesius, jei jie: a)      yra darbuotojai ar savarankiškai dirbantieji priimančiojoje valstybėje narėje; arba b)      turi pakankamai išteklių sau ir savo šeimos nariams, kad per savo gyvenimo šalyje laikotarpį netaptų našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai, ir turi visavertį sveikatos draudimą priimančiojoje valstybėje narėje; arba c)      –      yra priimti į privačią arba valstybinę instituciją, akredituotą ar finansuojamą priimančiosios valstybės narės pagal savo įstatymų ar kitų teisės aktų praktiką, turėdami pagrindinį studijų kurso baigimo tikslą, įskaitant profesinį rengimą, ir –        turi visavertį sveikatos draudimą priimančiojoje valstybėje narėje ir užtikrina atitinkamą nacionalinę instituciją pateikdami deklaraciją ar kitokiu jų pasirinktu lygiaverčiu būdu, kad jie turi pakankamai išteklių sau ir savo šeimos nariams, kad per savo gyvenimo šalyje laikotarpį netaptų našta priimančiosios valstybės narės socialinės paramos sistemai; arba d)      yra Sąjungos pilietį, kuris atitinka a, b arba c punkto reikalavimus, lydintys ar kartu vykstantys šeimos nariai. 2.      Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta gyvenimo šalyje teisė taikoma šeimos nariams, kurie nėra valstybės narės piliečiai, lydintiems ar vykstantiems kartu su Sąjungos piliečiu priimančiojoje valstybėje narėje, jei toks Sąjungos pilietis atitinka 1 dalies a, b arba c punkto reikalavimus. 3.      Taikant šio straipsnio 1 dalies a punktą, Sąjungos pilietis, kuris nebėra darbuotojas ar savarankiškai dirbantysis, išlaiko darbuotojo ar savarankiškai dirbančiojo statusą tokiais atvejais: <...> 4.      Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies d punkto ir 2 dalies, teisę gyventi šalyje kaip Sąjungos piliečio, atitinkančio šio straipsnio 1 dalies c punkto reikalavimus, šeimos nariai turi tik sutuoktinis, registruotas partneris, nurodytas 2 straipsnio 2 dalies b punkte, ir išlaikomi vaikai. 3 straipsnio 2 [1] dalis taikoma asmens ir jo sutuoktinio ar registruoto partnerio išlaikomiems tiesioginiams giminaičiams, esantiems aukščiau pagal giminystės liniją.“ Direktyvos 2004/38 IV skyriaus „Nuolatinio gyvenimo šalyje teisė“ 16 straipsnyje „Bendra taisyklė Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams“ nurodyta: „1.      Sąjungos piliečiai, kurie priimančiojoje valstybėje narėje legaliai gyveno ištisinį penkerių metų laikotarpį, turi nuolatinio gyvenimo joje teisę. Šiai teisei netaikomi III skyriuje numatyti reikalavimai. 2.      Šio straipsnio 1 dalis taip pat taikoma šeimos nariams, kurie nėra valstybės narės piliečiai ir legaliai gyveno priimančiojoje valstybėje narėje su Sąjungos piliečiu ištisinį penkerių metų laikotarpį. <...> 4.      Įgyta nuolatinio gyvenimo šalyje teisė gali būti prarasta tik išvykus iš priimančiosios valstybės narės ilgesniam kaip dveji metai iš eilės laikotarpiui.“ Šios direktyvos V skyriuje „Teisės gyventi šalyje ir nuolatinio gyvenimo šalyje teisės bendros nuostatos“ yra jos 22 straipsnis „Teritorinė aprėptis“, kuriame numatyta: „Teisė gyventi šalyje ir nuolatinio gyvenimo šalyje teisė aprėpia visą priimančiosios valstybės narės teritoriją. Valstybės narės gali taikyti teritorinius teisės gyventi šalyje ir nuolatinio gyvenimo šalyje teisės apribojimus tik tuomet, jei tokie patys apribojimai taikomi jų pačių piliečiams.“ Nacionalinė teisė Remiantis Jungtinės Karalystės teisės aktais dėl imigracijos, trečiosios valstybės pilietis, kuris pagal šiuos teisės aktus neturi leidimo gyventi Jungtinės Karalystės teritorijoje, taip pat neatitinka reikalavimų tam, kad pagal šias nuostatas jam, kaip Jungtinėje Karalystėje įsikūrusio asmens sutuoktiniui, būtų išduotas leidimas gyventi. Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai Jungtinės Karalystės pilietė S. McCarthy taip pat turi Airijos pilietybę. Ji gimė ir visą laiką gyveno Jungtinėje Karalystėje ir niekada neteigė esanti pagal darbo sutartį dirbantis, savarankiškai dirbantis ar turintis pakankamai lėšų pragyvenimui asmuo. Ji gauna socialines išmokas. 2002 m. lapkričio 15 d. S. McCarthy susituokė su Jamaikos piliečiu, kuris neturi leidimo gyventi Jungtinėje Karalystėje pagal šios valstybės narės Imigracijos įstatymą. Po to, kai susituokė, S. McCarthy pirmą kartą paprašė išduoti Airijos pasą ir jį gavo. 2004 m. liepos 23 d. S. McCarthy ir jos sutuoktinis, atitinkamai kaip Sąjungos pilietė ir Sąjungos piliečio sutuoktinis, paprašė Secretary of State pagal Sąjungos teisę išduoti leidimą gyventi ir tokį leidimą patvirtinantį dokumentą. Secretary of State atsisakė patenkinti jų prašymus remdamasis tuo, kad S. McCarthy nėra „reikalavimus atitinkantis“ (iš esmės pagal darbo sutartį dirbantis, savarankiškai dirbantis ar turintis pakankamai lėšų pragyvenimui) asmuo ir kad todėl G. McCarthy nėra „reikalavimus atitinkančio asmens“ sutuoktinis. S. McCarthy dėl jos atžvilgiu Secretary of State priimto sprendimo Asylum and Immigration Tribunal (toliau – Teismas) pareiškė ieškinį, kurį šis atmetė 2006 m. spalio 17 dieną. High Court of Justice (England & Wales) nurodžius šį ieškinį išnagrinėti iš naujo, 2007 m. rugpjūčio 16 d. Teismas patvirtino savo sprendimą. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) atmetė S. McCarthy dėl Teismo sprendimo pateiktą apeliacinį skundą. S. McCarthy dėl minėto teismo sprendimo pateikė apeliacinį skundą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui. G. McCarthy savo ruožtu nepareiškė ieškinio dėl Secretary of State sprendimo jo atžvilgiu, tačiau pateikė naują prašymą, kuris taip pat buvo atmestas. Tada G. McCarthy pareiškė ieškinį dėl šio antrojo sprendimo teisme, kuris sustabdė bylos nagrinėjimą, kol bus priimtas galutinis sprendimas dėl S. McCarthy ieškinio. Šiomis aplinkybėmis Supreme Court of the United Kingdom nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: „1.      Ar dvigubą Airijos ir Jungtinės Karalystės pilietybę turintis asmuo, visą savo gyvenimą gyvenęs Jungtinėje Karalystėje, yra „naudos gavėjas“, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/38/EB 3 straipsnį? 2.      Ar toks asmuo „legaliai gyveno“ priimančioje valstybėje narėje [minėtos] direktyvos 16 straipsnio prasme, jei neatitiko šios direktyvos 7 straipsnio reikalavimų?“ Dėl prejudicinių klausimų Kaip matyti iš šio sprendimo 14–19 punktų, ginčas pagrindinėje byloje susijęs su Sąjungos pilietės S. McCarthy prašymu suteikti teisę gyventi pagal Sąjungos teisę, pateiktu valstybei narei, kurios pilietybę ji turi ir kurioje visuomet gyveno. Šiuo prašymu iš tikrųjų siekiama, kad trečiosios valstybės piliečiui G. McCarthy, kaip S. McCarthy šeimos nariui, būtų suteikta teisė gyventi pagal Direktyvą 2004/38, nes tokia teisė gyventi negali būti suteikta pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus dėl imigracijos. Dėl pirmojo klausimo Iš pradžių reikia pažymėti, kad net jei formaliai žiūrint prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas savo klausimuose prašė išaiškinti tik Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalį ir 16 straipsnį, tai netrukdo Teisingumo Teismui pateikti nacionaliniam teismui visapusio Sąjungos teisės išaiškinimo, kuris gali būti naudingas sprendimui jo nagrinėjamoje byloje priimti, neatsižvelgiant į tai, ar šis teismas apie tai užsiminė savo pateiktuose klausimuose (žr. 2007 m. lapkričio 8 d. Sprendimo ING. AUER , C‑251/06, Rink. p. I‑9689, 38 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Šiuo atžvilgiu reikia konstatuoti, kad nei iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, nei iš bylos medžiagos, nei iš Teisingumo Teismui pateiktų pastabų nematyti, kad S. McCarthy kada nors būtų pasinaudojusi teise laisvai judėti valstybių narių teritorijoje individualiai arba kaip šia teise pasinaudojusio Sąjungos piliečio šeimos narys. Taip pat reikia konstatuoti, kad S. McCarthy prašo suteikti teisę gyventi pagal Sąjungos teisę, nors neteigia esanti pagal darbo sutartį dirbantis, savarankiškai dirbantis ar turintis pakankamai lėšų pragyvenimui asmuo. Todėl reikia suprasti, kad pirmuoju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimu iš esmės siekiama išsiaiškinti, ar Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalis ir SESV 21 straipsnis yra taikomi Sąjungos piliečiui, kuris niekada nepasinaudojo teise laisvai judėti, visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje ir kuris taip pat turi kitos valstybės narės pilietybę. Pirminės pastabos Pirmiausia reikia pažymėti, kad Sąjungos pilietybė kiekvienam Sąjungos piliečiui suteikia pagrindinę ir asmeninę teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taikant Sutartyse ir joms vykdyti patvirtintose priemonėse nustatytus apribojimus ir reikalavimus, nes laisvas asmenų judėjimas yra viena iš pagrindinių vidaus rinkos laisvių, kuri, be to, buvo patvirtinta Europos Sąjungos pagrindinių laisvių chartijos 45 straipsnyje (2010 m. spalio 7 d. Sprendimo Lassal , C‑162/09, Rink. p. I‑0000, 29 punktas). Kalbėdamas apie Direktyvą 2004/38 Teisingumo Teismas jau turėjo galimybę konstatuoti, kad ja siekiama supaprastinti naudojimąsi pagrindine ir asmenine teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, kuri Sutartimi tiesiogiai suteikiama Sąjungos piliečiams, ir kad ji visų pirma skirta sustiprinti šią teisę (žr. 2008 m. liepos 25 d. Sprendimo Metock ir kt. , C‑127/08, Rink. p. I‑6241, 82 ir 59 punktus bei minėto Sprendimo Lassal 30 punktą). Be to, Teisingumo Teismas taip pat konstatavo, kad pagal tarptautinės teisės principą, kuris patvirtintas 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašytos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolo Nr. 4 3 straipsniu ir kurio Sąjungos teisėje negalima nepaisyti valstybių narių tarpusavio santykiuose, draudžiama valstybei narei bet kokiu pagrindu atimti iš savo piliečių teisę atvykti į jos teritoriją ir ten pasilikti (žr. 1974 m. gruodžio 4 d. Sprendimo van Duyn , 41/74, Rink. p. 1337, 22 punktą ir 2001 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo Barkoci ir Malik , C‑257/99, Rink. p. I‑6557, 81 punktą), taip pat pagal minėtą principą valstybei narei draudžiama ištremti savo piliečius iš savo teritorijos, neleisti jiems gyventi joje arba nustatyti tokio gyvenimo sąlygas (šiuo klausimu žr. 1992 m. liepos 7 d. Sprendimo Singh , C‑370/90, Rink. p. I‑4265, 22 punktą ir 2007 m. gruodžio 11 d. Sprendimo Eind , C‑291/05, Rink. p. I‑10719, 31 punktą). Dėl Direktyvos 2004/38 taikymo Pirma šio klausimo dalimi, kurią Teisingumo Teismas performulavo, siekiama išsiaiškinti, ar Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ši direktyva taikoma tokiam piliečiui, kaip antai S. McCarthy, kuris niekada nepasinaudojo teise laisvai judėti, visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje ir kuris taip pat turi kitos valstybės narės pilietybę. Taikant pažodinį, teleologinį ir sisteminį šios nuostatos aiškinimą į šį klausimą reikia atsakyti neigiamai. Pirma, pagal Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalį naudos gavėjas yra bet kuris Sąjungos pilietis „atvykstantis“ į valstybę narę, kurios pilietis jis „nėra“ arba tokioje valstybėje narėje gyvenantis. Antra, nors tiesa, kad, kaip priminta šio sprendimo 28 punkte, Direktyva 2004/38 siekiama supaprastinti ir sustiprinti naudojimąsi pagrindine ir asmenine teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, tiesiogiai suteikiama kiekvienam Sąjungos piliečiui, šios direktyvos dalykas, kaip matyti iš jos 1 straipsnio a punkto, yra susijęs su naudojimosi šia teise sąlygomis. Kadangi, kaip pažymėta šio sprendimo 29 punkte, asmens gyvenimui jo pilietybės valstybėje narėje negali būti taikomos sąlygos, Direktyva 2004/38 dėl naudojimosi teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje sąlygų netaikoma Sąjungos piliečiui, turinčiam nesąlyginę teisę gyventi dėl to, kad jis gyvena savo pilietybės valstybėje narėje. Trečia, iš visos Direktyvos 2004/38 matyti, kad gyvenimas, apie kurį joje kalbama, yra susijęs su naudojimusi asmenų judėjimo laisve. Taigi, pirma, šios direktyvos 1 straipsnio a punkte yra apibrėžtas jos dalykas, paminint Sąjungos piliečių naudojimąsi teise „laisvai judėti ir gyventi“ valstybių narių teritorijoje. Toks ryšys tarp gyvenimo ir laisvo judėjimo taip pat matyti ir iš minėtos direktyvos pavadinimo, ir iš daugumos jos konstatuojamųjų dalių, kurios yra išimtinai susijusios su laisvu asmenų judėjimu. Antra, Direktyvoje 2004/38 numatyta teisė gyventi, t. y. tiek jos 6 ir 7 straipsniuose numatyta teisė gyventi, tiek jos 16 straipsnyje numatyta nuolatinio gyvenimo teisė, yra susijusi su Sąjungos piliečio gyvenimu „kitoje valstybėje narėje“ arba „priimančiojoje valstybėje narėje“, ir todėl lemia Sąjungos piliečio teisinę situaciją valstybėje narėje, kurios pilietybės jis neturi. Galiausiai, nors, kaip priminta šio sprendimo 32 punkte, pagal Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalį „naudos gavėjas“ yra bet kuris Sąjungos pilietis, kuris atvyksta į valstybę narę arba joje gyvena, iš šios direktyvos 22 straipsnio matyti, kad joje numatytos teisės gyventi ir nuolatinio gyvenimo teisės teritorinė taikymo sritis apima visą „priimančiosios valstybės narės“, šios direktyvos 2 straipsnio 3 punkte apibrėžtos kaip valstybė narė, į kurią pasinaudodamas „savo“ teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje „atvyksta“ Sąjungos pilietis, teritoriją. Vadinasi, tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, kadangi suinteresuotas Sąjungos pilietis niekada nepasinaudojo teise laisvai judėti ir visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje, jis nepatenka į sąvokos „naudos gavėjas“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalį, taikymo sritį, todėl ši direktyva jam netaikoma. Šiai išvadai negali daryti įtakos tai, kad minėtas pilietis taip pat turi valstybės narės, kurioje jis negyvena, pilietybę. Tai, kad Sąjungos pilietis turi daugiau nei vienos valstybės narės pilietybę, nereiškia, kad jis pasinaudojo teise laisvai judėti. Galiausiai taip pat reikia pažymėti, kad atsižvelgiant į tai, jog Sąjungos pilietis, kaip antai S. McCarthy, nepatenka į sąvokos „naudos gavėjas“, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalį, taikymo sritį, jo sutuoktinis taip pat nepatenka į jos taikymo sritį, nes pagal šią direktyvą naudos gavėjo šeimos nariams suteikiamos teisės yra ne savarankiškos šių narių teisės, bet išvestinės teisės, kurias šie įgyja kaip naudos gavėjo šeimos nariai (dėl iki Direktyvos 2004/38 galiojusių Sąjungos teisės instrumentų žr. 1992 m. liepos 8 d. Sprendimo Taghavi , C‑243/91, Rink. p. I‑4401, 7 punktą ir minėto Sprendimo Eind 23 punktą). Darytina išvada, jog Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad ši direktyva netaikoma Sąjungos piliečiui, kuris niekada nepasinaudojo teise laisvai judėti, visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje ir kuris taip pat turi kitos valstybės narės pilietybę. Dėl SESV 21 straipsnio taikymo Antra šio klausimo dalimi, kurią Teisingumo Teismas performulavo, siekiama išsiaiškinti, ar SESV 21 straipsnis yra taikomas Sąjungos piliečiui, kuris niekada nepasinaudojo teise laisvai judėti, visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje ir kuris taip pat turi kitos valstybės narės pilietybę. Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką Sutarties normos laisvo asmenų judėjimo srityje ir joms įgyvendinti priimti aktai negali būti taikomi situacijoms, kurios neturi jokios sąsajos su kuria nors iš Sąjungos teisėje numatytų situacijų ir kurių visi svarbūs elementai yra apriboti viena valstybe nare (šiuo klausimu žr. 2008 m. balandžio 1 d. Sprendimo Prancūzų bendruomenės vyriausybė ir Valonijos vyriausybė , C‑212/06, Rink. p. I‑1683, 33 punktą bei minėto Sprendimo Metock ir kt. 77 punktą). Vis dėlto šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad Sąjungos piliečio, kaip antai S. McCarthy, kuris nepasinaudojo teise laisvai judėti, situacijos tik dėl šios aplinkybės negalima prilyginti išimtinai vidaus situacijai (žr. 2005 m. liepos 12 d. Sprendimo Schempp , C‑403/03, Rink. p. I‑6421, 22 punktą). Teisingumo Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad Sąjungos pilietybė turi būti esminis valstybių narių piliečių statusas (žr. 2011 m. kovo 8 d. Sprendimo Ruiz Zambrano , C‑34/09, Rink. p. I‑0000, 41 punktą ir nurodytą teismo praktiką). Be to, Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad pagal SESV 20 straipsnį yra draudžiamos nacionalinės priemonės, kuriomis iš Sąjungos piliečių atimama galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis teisėmis, suteikiamomis dėl šio statuso (žr. minėto Sprendimo Ruiz Zambrano 42 punktą). Asmuo, būdamas bent vienos valstybės narės pilietis, kaip antai S. McCarthy, pagal SESV 20 straipsnio 1 dalį turi Sąjungos piliečio statusą ir todėl gali remtis, taip pat ir prieš savo kilmės valstybę narę, tokį statusą turintiems asmenims suteikiamomis teisėmis, visų pirma SESV 21 straipsniu suteikiama teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (žr. 2008 m. liepos 10 d. Sprendimo Jipa , C‑33/07, Rink. p. I‑5157, 17 punktą ir nurodytą teismo praktiką). Vis dėlto iš jokio S. McCarthy situacijos, kurią apibūdino prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, elemento nematyti, kad pagal pagrindinėje byloje nagrinėjamą nacionalinę priemonę iš jos atimama galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis teisėmis, susijusiomis su jos, kaip Sąjungos pilietės, statusu, ar kliudoma pasinaudoti jos teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje pagal SESV 21 straipsnį. Tai, kad Jungtinės Karalystės valdžios institucijos neatsižvelgė į S. McCarthy turimą Airijos pilietybę tam, kad pripažintų jai teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje, neturi jokios įtakos jos teisei laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, kaip ir jokiai kitai teisei, kuri jai suteikiama dėl Sąjungos piliečio statuso. Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad, priešingai nei byloje, kurioje buvo priimtas minėtas Sprendimas Ruiz Zambrano , dėl pagrindinėje byloje nagrinėjamos nacionalinės priemonės S. McCarthy nebus priversta išvykti iš Sąjungos teritorijos. Kaip matyti iš šio sprendimo 29 punkto, pagal tarptautinės teisės principą S. McCarthy turi nesąlyginę teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje, nes yra Jungtinės Karalystės pilietė. Pagrindinė byla taip pat skiriasi nuo bylos, kurioje buvo priimtas 2003 m. spalio 2 d. Sprendimas García Avello (C‑148/02, Rink. p. I‑11613). Minėtame sprendime Teisingumo Teismas nusprendė, kad dėl valstybės narės teisės aktų taikymo šios valstybės narės piliečiams, turintiems ir kitos valstybės narės pilietybę, šie Sąjungos piliečiai turėjo skirtingas pavardes pagal dvi atitinkamas teisės sistemas ir kad tokia situacija jiems galėjo kelti didelių profesinių ir privataus pobūdžio nepatogumų, kuriuos lėmė, be kita ko, sunkumai savo pilietybės valstybėje narėje pasinaudoti aktų ar dokumentų, parengtų naudojant pavardę, pripažįstamą kitoje valstybėje narėje, kurios pilietybę jie taip pat turi, teisiniais padariniais. Kaip Teisingumo Teismas pažymėjo 2008 m. spalio 14 d. Sprendime Grunkin ir Paul (C‑353/06, Rink. p. I‑7639), tokiomis aplinkybėmis, kaip nagrinėjamosios minėtame Sprendime Garcia Avello , svarbu buvo ne tai, kad skirtingas pavardes lėmė dviguba suinteresuotų asmenų pilietybė, bet tai, kad šie skirtumai atitinkamiems Sąjungos piliečiams galėjo sukelti didelių nepatogumų, sudarančių judėjimo laisvės apribojimą, kurį galima pateisinti tik jeigu jis pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis ir proporcingas siekiamam teisėtam tikslui (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo Grunkin ir Paul 23, 24 ir 29 punktus). Taigi bylose, kuriose buvo priimti minėti sprendimai Ruiz Zambrano ir García Avelio , pagal nagrinėjamą nacionalinę priemonę iš Sąjungos piliečių buvo atimama galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis teisėmis, kurias jie turi dėl šio statuso, arba jiems buvo kliudoma pasinaudoti teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Tačiau, kaip buvo priminta šio sprendimo 49 punkte, pagrindinės bylos aplinkybėmis tai, kad S. McCarthy, be Jungtinės Karalystės pilietybės, turi Airijos pilietybę, nereiškia, kad yra taikomos valstybės narės priemonės, kuriomis iš jos atimama galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis teisėmis, suteikiamomis dėl Sąjungos piliečio statuso, ar kliudoma pasinaudoti jos teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Todėl atsižvelgiant į tai vien šios aplinkybės nepakanka, kad būtų pripažinta, jog suinteresuotojo asmens situacija patenka į SESV 21 straipsnio taikymo sritį. Šiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti, kad tokio asmens, kaip antai S. McCarthy, situacija neturi jokios sąsajos su kuria nors iš Sąjungos teisėje numatytų situacijų ir kad visi svarbūs šios situacijos elementai yra apriboti viena valstybe nare. Darytina išvada, kad SESV 21 straipsnis netaikomas Sąjungos piliečiui, kuris niekada nepasinaudojo teise laisvai judėti, visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje ir kuris taip pat turi kitos valstybės narės pilietybę tiek, kiek šio piliečio situacija nėra susijusi su valstybės narės priemonių, pagal kurias iš jo atimama galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis teisėmis, suteikiamomis dėl Sąjungos piliečio statuso, ar kliudoma pasinaudoti teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taikymu. Atsižvelgiant į visą tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti taip: –        Direktyvos 2004/38 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad ši direktyva netaikoma Sąjungos piliečiui, kuris niekada nepasinaudojo teise laisvai judėti, visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje ir kuris taip pat turi kitos valstybės narės pilietybę. –        SESV 21 straipsnis netaikomas Sąjungos piliečiui, kuris niekada nepasinaudojo teise laisvai judėti, visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje ir kuris taip pat turi kitos valstybės narės pilietybę, tiek, kiek šio piliečio situacija nėra susijusi su valstybės narės priemonių, pagal kurias iš jo atimama galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis teisėmis, suteikiamomis dėl Sąjungos piliečio statuso, ar kliudoma pasinaudoti teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taikymu. Dėl antrojo klausimo Atsižvelgiant į atsakymą, pateiktą į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pirmąjį klausimą, nereikia atsakyti į antrąjį klausimą. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia: – 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 3 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad ši direktyva netaikoma Sąjungos piliečiui, kuris niekada nepasinaudojo teise laisvai judėti, visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje ir kuris taip pat turi kitos valstybės narės pilietybę. – SESV 21 straipsnis netaikomas Sąjungos piliečiui, kuris niekada nepasinaudojo teise laisvai judėti, visą laiką gyveno savo pilietybės valstybėje narėje ir kuris taip pat turi kitos valstybės narės pilietybę, tiek, kiek šio piliečio situacija nėra susijusi su valstybės narės priemonių, pagal kurias iš jo atimama galimybė veiksmingai naudotis pagrindinėmis teisėmis, suteikiamomis dėl Sąjungos piliečio statuso, ar kliudoma pasinaudoti teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, taikymu. Parašai. * Proceso kalba: anglų.

62002TJ0015

sl

Dejansko stanje Komisija je z Odločbo 2003/2/ES z dne 21. novembra 2001 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/E-1/37.512 – Vitamini, UL 2003, L 6, str. 1, v nadaljevanju: Odločba) v členu 1 ugotovila, da je več podjetij s tem, ko so sodelovala pri več različnih kartelih na dvanajstih različnih trgih vitaminskih proizvodov, to je vitaminov A, E, B1, B2, B5, B6, folne kisline, vitaminov C, D3, H, betakarotena in karotenidov, kršilo člen 81(1) ES in člen 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Iz uvodne navedbe 2 Odločbe natančneje izhaja, da naj bi zadevna podjetja v okviru teh kartelov določala cene različnih proizvodov, si razdelila prodajne kvote, se dogovorila in zvišala cene, oglaševala cene po dogovoru, prodajala proizvode po dogovorjenih cenah, vzpostavila mehanizem za nadzor spoštovanja dogovorov in sodelovala v sistemu rednih sestankov za izvajanje svojih načrtov. Med temi podjetji je tudi podjetje BASF AG (v nadaljevanju: BASF ali tožeča stranka), ki je bilo spoznano kot odgovorno za kršitve, ki vplivajo na trg Skupnosti in EGP za vitamine A, E, B1, B2, B5, C, D3 in H, betakaroten in karotenide (člen 1(1)(b) Odločbe). Člen 2 Odločbe nalaga podjetjem, ki so bila spoznana kot odgovorna za ugotovljene kršitve, da takoj prenehajo s kršitvami, če to že niso storila, in da se za naprej odpovedo ugotovljenim protipravnim dejanjem ali ravnanjem in vsem ukrepom, katerih namen ali učinek bi imel enak ali enakovreden učinek. Komisija je za ugotovljene kršitve na trgih vitaminov A, E, B2, B5, C in D3, betakarotena in karotenoidov izrekla globe, in sicer v skupni višini 855,23 milijonov eurov, ni pa izrekla glob za ugotovljene kršitve na trgih vitaminov B1, B6, H in folne kisline (člen 3 Odločbe). Iz uvodnih navedb od 645 do 649 Odločbe namreč izhaja, da so kršitve, ugotovljene za navedene trge, prenehale več kot pet let, preden je Komisija začela preiskavo, in da je zato za te kršitve veljal člen 1 Uredbe Sveta (ES) št. 2988/74 z dne 26. novembra 1974 o rokih zastaranja v postopkih in izvajanju sankcij v transportnem pravu in pravu konkurence Evropske gospodarske skupnosti (UL L 319, str. 1). Tako med drugim tudi podjetju BASF ni bila izrečena globa za njegovo sodelovanje pri kršitvah v zvezi z vitaminoma B1 in H. Za sodelovanje pri kršitvah v zvezi z vitamini A, E, B2, B5, C in D3, betakarotenom in s karotenidi pa je bila podjetju BASF za vsako od kršitev izrečena globa (člen 3(b) Odločbe). Komisija je zneske teh glob določila na podlagi Smernic o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 15(2) Uredbe št. 17 in členom 65(5) Pogodbe ESPJ (UL 1998, C 9, str. 3, v nadaljevanju: Smernice), in Obvestila o imuniteti pred globami ali znižanju glob v kartelnih zadevah (UL 1996, C 207, str. 4, v nadaljevanju: obvestilo o ugodni obravnavi). Komisija je v uvodnih navedbah 657 in 658 Odločbe določila splošna merila, na podlagi katerih je določila zneske glob. Navedla je, da je morala upoštevati vse okoliščine zadeve, še posebej težo in trajanje kršitve, ki sta merili, izrecno določeni v členu 15(2) Uredbe št. 17 z dne 6. februarja 1962, Prve Uredbe o izvajanju členov [81] in [82] Pogodbe (UL 13, 21. 2. 1962, str. 204), presoditi za vsak posamezen primer vlogo, ki jo je imelo vsako od podjetij kršiteljev, zlasti ob upoštevanju morebitnih obteževalnih ali olajševalnih okoliščin pri določanju zneska izrečene globe, in po potrebi uporabiti obvestilo o ugodni obravnavi. Komisija je glede teže kršitev ob upoštevanju značaja kršitev, njihovega vpliva na različne upoštevne trge vitaminskih proizvodov in dejstva, da je vsaka od njih zajemala ves skupni trg, po njegovem nastanku pa tudi celoten trg EGP, menila da so podjetja, na katera se nanaša Odločba, storila zelo resne kršitve člena 81(1) ES in člena 53(1) Sporazuma EGP, od katerih se vsaka lahko kaznuje z globo v višini najmanj 20 milijonov eurov (uvodne navedbe od 662 do 674 Odločbe). Komisija je pri določanju izhodiščnega zneska glob – potem ko je navedla, da je upoštevala velikost različnih upoštevnih trgov vitaminskih proizvodov – opozorila na to, da ,,lestvica predvidenih glob v okviru kategorije zelo resnih kršitev omogoča različno obravnavo podjetij, da se tako upošteva dejansko gospodarsko sposobnost vsakega od njih za povzročitev znatne škode konkurenci, in določitev zneska globe na ravni, ki ji omogoča zadosten odvračilni učinek“. Ugotovila je, da ,,je to presojo treba še posebej opraviti, če – kot v obravnavani zadevi – obstaja precejšnja razlika v velikosti podjetij, ki so sodelovala pri kršitvi“. Nadalje je navedla, da je treba ,,v okoliščinah te zadeve, ki zadeva več podjetij, za določitev izhodiščnega zneska glob upoštevati specifičen pomen vsakega od podjetij in tako dejanski vpliv njegovega protipravnega ravnanja na konkurenco“ (uvodne navedbe 675, 678 in 679 Odločbe). Komisija je v ta namen menila, da lahko zadevna podjetja razdeli v različne skupine ,,po sorazmernem pomenu vsakega od njih na različnih trgih upoštevnih trgov vitaminskih proizvodov“, in dodala, da ,,se lahko razvrstitev določenega podjetja v posamezno skupino po potrebi spremeni, ob upoštevanju med drugim potrebe po zagotovitvi odvračilnega učinka“. Komisija je za primerjavo sorazmernega pomena različnih podjetij na vsakem od upoštevnih trgov vitaminskih proizvodov ocenila za primerno, da se opre na svetovni promet z zadevnim proizvodom. Komisija je namreč opazila, da ,,so bili vsi karteli po značaju svetovni in je bil njihov namen razdeliti si trge na svetovni ravni ter tako preprečiti delovanje konkurence v EGP“, ter da ,,svetovni promet udeleženca določenega kartela omogoča tudi oceno njegovega prispevka k učinkovitosti tega kartela v celoti ali, nasprotno, nestabilnosti kartela, če le-ta v njem ne bi sodeloval“. Komisija je navedla tudi, da je za opredelitev zadevnega prometa upoštevala ,,zadnje zaključeno koledarsko leto kršitve“ (uvodni navedbi 680 in 681 Odločbe). Iz uvodnih navedb 695 in 696 Odločbe pa izhaja tudi, da je Komisija menila, da glede na značilnosti trgov betakarotena in karotenidov za kršitve v zvezi s temi proizvodi ni bilo ustrezno uporabiti metode razvrstitve podjetij v skupine, tako da sta bila dvema podjetjema, na kateri so se nanašale te kršitve – to je F. Hoffmann-La Roche AG (v nadaljevanju: Roche) in BASF – določena enaka izhodiščna zneska glob. Komisija je torej za tožečo stranko določila naslednje izhodiščne zneske glob v skupni višini 128,5 milijonov eurov: 8 milijonov eurov za vitamin A; 35 milijonov eurov za vitamin E; 10 milijonov eurov za vitamin B2; 14 milijonov eurov za vitamin B5; 7,5 milijonov eurov za vitamin C; 4 milijone eurov za vitamin D3; 20 milijonov eurov za betakaroten in 20 milijonov eurov za karotenide (uvodne navedbe od 683 do 696 Odločbe. Komisija je za zagotovitev zadostne odvračilnosti glob za 100 % zvišala izhodiščne zneske glob za podjetja BASF, Roche in Aventis SA, da bi tako upoštevala njihovo velikost in višino njihovih celotnih virov (uvodne navedbe od 697 do 699 Odločbe). Komisija je nato izhodiščne zneske teh glob, po potrebi prilagojenih z uporabo faktorja 100 % iz prejšnje točke, za vsako od teh podjetij zvišala glede na trajanje njihove udeležbe pri vsaki od kršitev. Izhodiščni zneski glob, izrečenih tožeči stranki, ki so skupaj znašali 438,75 milijonov eurov, so bili tako naslednji: 68,4 milijonov eurov za vitamin A; 133 milijonov eurov za vitamin E; 28 milijonov eurov za vitamin B2; 50,4 milijonov eurov za vitamin B5; 21,75 milijonov eurov za vitamin C; 11,2 milijona eurov za vitamin D3; 64 milijonov eurov za betakaroten in 62 milijonov eurov za karotenide (uvodne navedbe od 701 do 711 Odločbe). Za podjetji Roche in BASF je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ki izhaja iz njunih vlog vodij in pobudnikov, ki sta ju skupaj opravljali v različnih kartelih. Zato so bili njuni izhodiščni zneski glob zvišani za 50 % oziroma 35 % (uvodne navedbe od 712 do 718 Odločbe). To pomeni, da je znašal skupni znesek glob za BASF skoraj 592,32 milijonov eurov. Končno, Komisija je glede obvestila o ugodni obravnavi najprej za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E Aventis podelila imuniteto na podlagi oddelka B navedenega obvestila. Komisija je v zvezi s tem med drugim navedla, da je Aventis z izjavama z dne 19. in 25. maja 1999 kot prvo od podjetij, skladno s pogojem iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi, posredovalo odločilne dokaze za obstoj teh kršitev (uvodni navedbi 741 in 742 Odločbe). Komisija je poleg tega menila, da sta Roche in BASF z dokumenti, ki so jih njene službe prejele 2. junija in 30. julija 1999, prva sporočila odločilne dokaze za obstoj kartela na trgih vitaminov B2, B5, C in D3, betakarotena in karotenidov. Kljub temu pa Roche in BASF – glede na to, da sta bila pobudnika in odločilna dejavnika pri protipravnih ravnanjih v zvezi z vitamini A, E, B2, B5, C in D3, betakarotenom in s karotenidi – po mnenju Komisije nista izpolnila pogoja iz oddelka B(e) obvestila o ugodni obravnavi. Tako nobeno od teh dveh podjetij ni bilo upravičeno do znižanja glob na podlagi oddelkov B ali C navedenega obvestila (uvodne navedbe od 743 do 745 Odločbe). Kljub temu pa so bile globe za vsako od njiju znižane skladno z oddelkom D obvestila o ugodni obravnavi. Natančneje, Komisija je ugotovila, da sta podjetji Roche in BASF glede na to, da sta posredovali natančne dokaze o organizacijski strukturi kartelov na trgih vitaminov A, E, B2, B5, C in D3, betakarotena in karotenidov, odločilno prispevali k ugotovitvi ali potrditvi nekaterih bistvenih delov teh kršitev. Komisija je sklenila, da Roche in BASF izpolnjujeta pogoje iz prve alinee oddelka D(2) obvestila ougodni obravnavi in jima je za vse navedene kršitve za 50 % znižala znesek globe, ki bi jima bila izrečen, če ne bi sodelovala s Komisijo (uvodne navedbe 747, 748, 760 in 761 Odločbe). Tako so bile globe, izrečene BASF, dokončno določene, kot sledi: 46,17 milijonov eurov za vitamin A; 89,78 milijonov eurov za vitamin E; 18,9 milijonov eurov za vitamin B2; 34,02 milijonov eurov za vitamin B5; 14,68 milijonov eurov za vitamin C; 7,56 milijona eurov za vitamin D3; 43,2 milijonov eurov za betakaroten in 41,85 milijonov eurov za karotenide (člen 3(b) Odločbe). Skupni znesek navedenih glob (v nadaljevanju: celotna globa) znaša 296,16 milijonov eurov. Postopek in predlogi strank Tožeča stranka je z vlogo, vloženo pri sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 31. januarja 2002, vložila to tožbo. Aventis je z vlogo, vloženo pri sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 24. junija 2002, vložil predlog za intervencijo v tem postopku v podporo predlogom tožene stranke. Ta predlog je bil po zaslišanju strank zavrnjen s sklepom Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 25. februarja 2003 (Recueil, str. II-213), ko je bil tako zaključen tudi pisni postopek. Sodišče prve stopnje (četrti senat) se je po obravnavi poročila sodnika poročevalca odločilo začeti ustni postopek in je v okviru ukrepov procesnega vodstva iz člena 64 Poslovnika Sodišča prve stopnje stranki pozvalo k odgovoru na pisna vprašanja, toženo stranko pa še k predložitvi določenih listin. Stranki sta se v določenem roku odzvali na ta poziv. Stranki sta na obravnavi 12. januarja 2005 podali ustna stališča in odgovore na ustna vprašanja Sodišča prve stopnje. Ob tej priložnosti je Sodišče prve stopnje toženo stranko pozvalo s predložitvi dopisa, ki ji ga je med upravno preiskavo poslalo podjetje Roche, in prekinilo ustni postopek. Tožena stranka se je v določenem roku odzvala na ta poziv ter 18. januarja 2005 predložila zahtevani dopis in druge dopise, ki ji jih je podjetje Roche poslalo med upravnim postopkom. Tožeča stranka je 8. februarja 2005 na zahtevo Sodišča prve stopnje predložila stališča glede dokumentov, ki jih je posredovala tožena stranka. Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj: –        razglasi celotno globo iz člena 3(b) Odločbe za nično ali jo zelo zniža; –        toženi stranki naloži plačilo stroškov in drugih izdatkov tožeče stranke v zvezi z obravnavano zadevo. Tožena stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj: –        zavrne tožbo; –        tožeči stranki naloži plačilo stroškov. Predlog za razglasitev ničnosti celotne globe ali njeno znižanje Tožeča stranka v celoti in brez pridržkov priznava, da je sodelovala pri kršitvah v zvezi z vitamini A, E, B2, B5, C in D3, betakarotenom in s karotenidi, katerih težo prav tako priznava. Kljub temu pa poudarja, da je Odločba brez primere glede višine izrečenih glob in da predstavlja zelo veliko odstopanje glede na kaznovalno politiko Komisije. Tožeča stranka se v podporo svojemu predlogu za razglasitev ničnosti celotne globe ali njeno precejšnje znižanje opira na osem tožbenih razlogov. Prva dva tožbena razloga se nanašata na različne vidike kršitve pravice do obrambe; tretji tožbeni razlog izhaja iz kršitve načela sorazmernosti in enakosti obravnave pri določanju izhodiščnih zneskov nekaterih glob, ki so bile izrečene tožeči stranki; četrti tožbeni razlog izhaja iz zvišanja izhodiščnih zneskov glob, izrečenih tožeči stranki zaradi odvračilnosti; peti tožbeni razlog izhaja iz napak v presoji pri pripisovanju vloge vodje ali pobudnika tožeči stranki pri sedmih kršitvah; šesti in sedmi tožbeni razlog se nanašata na presojo sodelovanja tožeče stranke med upravnim postopkom; osmi tožbeni razlog izhaja iz kršitve poslovne skrivnosti in načela učinkovitega upravljanja. A – Prvi in drugi tožbeni razlog: kršitev pravice do obrambe 1. Trditve strank a)     Prvi tožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve pravice do obrambe zaradi pomanjkanja predhodnega obvestila o presoji Komisije, da obstaja več različnih kartelov Tožeča stranka navaja, da ji presoja Komisije, po kateri je obstajal ločen kartel za vsak vitamin posebej, ki je vodila v naložitev več ločenih glob, pred izdajo Odločbe ni bila nikoli razkrita. Pomanjkanje predhodnega obvestila o tem naj bi zelo škodilo izvajanju njene pravice do obrambe glede višine vseh izrečenih glob. Opozarja na to, da je uveljavljeno načelo, da odločbe Komisije ne morejo temeljiti na pravni ali dejanski presoji, ki se zelo razlikuje od tiste iz obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah. Komisija naj bi s tem, ko je v Odločbi prvič navedla bistveno novo presojo glede pravne kvalifikacije protipravnih ravnanj, kršila to načelo. Po mnenju tožeče stranke je namreč obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah, zlasti točke 206, 210 in 212, navajalo, da gre samo za en svetovni kartel, ki je sestavljen iz skrivnih dogovorov glede različnih vitaminov, medtem ko Odločba v uvodni navedbi 584 prvič navaja, da so bila ravnanja glede vsakega od vitaminov ločene kršitve prava Skupnosti o konkurenci. Tako naj izhodiščni znesek, ki bi ga bilo mogoče določiti za globo tožeči stranki, ne bi bil 20 milijonov eurov, kar je po Smernicah priporočeni izhodiščni znesek za eno samo kršitev, ampak 160 milijonov eurov za osem ločenih kršitev. V obravnavani zadevi pa je presoja, po kateri je obstajala kršitev za vsakega od vitaminov, na katere so se nanašali zadevni dogovori, Komisijo v zvezi s tožečo stranko vodila v določitev vsaj osemkrat višjega izhodiščnega zneska, kot je bil predviden. Tožeča stranka meni, da bila morala zato imeti možnost, da navede stališče o tej presoji in sklepih, ki so iz tega izhajali, glede določitve globe. Tožena stranka te trditve zavrača kot neutemeljene. Po njenem mnenju Odločba s tem, ko je jasno sledila strukturi in pravni presoji iz obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, v ničemer ni spremenila razlogovanja, na katerem temelji to. Natančneje navaja, da struktura in številni deli obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah jasno kažejo na to, da naj Komisija ne bi štela vseh sporazumov o različnih trgih vitaminskih proizvodov za samo eno trajajočo kršitev, ampak za več ločenih kršitev. To naj bi potrjeval tudi odgovor tožeče stranke na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah, saj se je ta v predzadnjem odstavku na peti strani sklicevala na več ,,kršitev“ in ne na eno kršitev. Tožeča stranka v repliki ugotavlja, da je bil naslov tistega oddelka obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, ki opisuje protipravne dogovore, ,,kartel“, medtem ko ustrezen oddelek Odločbe navaja ,,kartele“. Dodaja, da je obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah vsebovalo številne indice, da je Komisija obravnavala samo en kartel. Kakor koli pa naj bi bila – kljub strukturi in posameznim delom obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah – edina upoštevna zadeva pravni sklep iz obvestila, da je šlo za izračun glob za samo en kartel. Tožeča stranka glede tistega dela odgovora na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah, ki ga navaja tožena stranka, trdi da tam ni obravnavala vprašanja, ali so bili protipravni dogovori ena kršitev ali več teh, ampak naj bi se samo sklicevala na olajševalne okoliščine, ki zadevajo vlogo podjetja BASF pri kartelu. b)     Drugi tožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve pravice do obrambe zaradi nezadostne obrazložitve dejavnikov, ki jih je Komisija nameravala upoštevati pri izračunu glob, v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah Tožeča stranka trdi, da obrazložitev upoštevnih dejavnikov za izračun glob, ki so ji bile izrečene, v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah ni bila zadostna in ji ni omogočala ustrezno uveljavljati pravice do obrambe glede višine glob. Tožeča stranka opozarja na to, da je obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah pri obrazložitvi dejavnikov, ki jih je Komisija nameravala upoštevati pri izračunu globe, splošno in ni jasno. Obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah naj bi po splošnem uvodu vsebovalo samo tri uvodne navedbe od skupaj okoli 230-tih s standardno in z zelo splošno obrazložitvijo, kako je Komisija pri določitvi zneska glob nameravala upoštevati težo, odvračilnost, trajanje ter vse obteževalne in olajševalne okoliščine. Taka obrazložitev predvidenih glob naj iz treh glavnih razlogov ne bi bila združljiva s pravico do obrambe. Prvič, če neko podjetje v celoti sodeluje s Komisijo in ne izpodbija dejanskega stanja, kot je bil to primer tožeče stranke v obravnavani zadevi, potem naj bi bil glavni ali celo edini cilj obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, da se temu podjetju omogoči kar najbolj jasna seznanitev s podlago, na kateri mu Komisija namerava izreči globo. Drugič, z Odločbo izrečene globe naj bi bile najvišje, kar so bile kadar koli izrečene v postopku Skupnosti s področja prava konkurence, in naj bi predstavljale bistveno spremembo politike Komisije na področju glob, ki je brez primere. Tožeča stranka kot primer ugotavlja, da so pred uporabo obvestila o ugodni obravnavi globe, izrečene podjetjem, ki jih zadeva Odločba, znašale skupaj skoraj 1800 milijonov eurov, to je več kot šestkrat višji znesek od najvišjega skupnega zneska, ki je bil pred tem kadar koli naložen v eni sami zadevi, to je 273 milijonov eurov v Odločbi Komisije 1999/243/ES z dne 16. septembra 1998 o postopku na podlagi členov 85 in 86 Pogodbe ES (Zadeva IV/35.134 – Trans-Atlantic Conference Agreement, UL 1999, L 95, str. 1). Dodaja, da je celotna globa, ki ji je bila izrečena pred uporabo obvestila o ugodni obravnavi – skoraj 600 milijonov eurov (glej zgoraj nevedeno točko 17) –, približno šestkrat višja od najvišje posamične globe, ki je bila pred tem kadar koli izrečena s strani Komisije, to je globa družbi Volkswagen AG, v znesku 102 milijona eurov, iz Odločbe Komisije 98/273/ES z dne 28. januarja 1998 o postopku na podlagi člena 85 Pogodbe ES (IV/35.733 – VW, UL L 124, str. 60). Področje uporabe dolžnosti obrazložitve in pravice do zaslišanja glede temeljnih dejavnikov, na katere se namerava institucija opreti za določitev zneska globe, pa bi moralo biti sorazmerno višini te globe. Tretjič, dejavniki, ki naj ne bi bili ustrezno obrazloženi v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah, naj bi bili izredno pomembni, saj naj bi se zaradi njih celotna globa, izrečena tožeči stranki, bistveno zvišala. Tako naj bi bilo pri stoodstotnem zvišanju zaradi odvračilnosti, zaradi česar je Komisija znesek celotne globe, izračunane glede na težo, zvišala s 128,5 milijonov na 257 milijonov eurov (glej zgoraj navedeni točki 14 in 15), kot tudi pri presoji, da je bila tožeča stranka ena od vodij kartela, zaradi česar je Komisija osnovni znesek celotne globe zvišala za 35 %, to je za več kot 153 milijonov eurov, in zavrnila večje znižanje globe z vidika obvestila o ugodni obravnavi (glej zgoraj navedeni točki 17 in 19). Tožeča stranka posebej poudarja, da obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah nikjer ni omenjalo namere Komisije, da bo podjetju BASF ,,zaradi odvračilnosti“ tako zelo zvišala globo, in da pripisovanje vodilne vloge BASF ni združljivo z obvestilom o ugotovitvah o možnih kršitvah. Tožena stranka izpodbija utemeljenost navedenih očitkov tožeče stranke. 2. Presoja Sodišča prve stopnje Tožeča stranka s prvima tožbenima razlogoma, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu želi doseči razglasitev ničnosti člena 3(b) Odločbe v celoti in posledično glob, ki so ji bile izrečene z njim. Opozoriti je treba na to, da je spoštovanje pravice do obrambe v katerem koli postopku, ki lahko vodi v sankcije, zlasti v globe ali denarne kazni, temeljno načelo prava Skupnosti, ki ga je treba spoštovati tudi v upravnem postopku (sodbi Sodišča z dne 13. februarja 1979 v zadevi Hoffmann-La Roche proti Komisiji, 85/76, Recueil, str. 461, točka 9, in z dne 2. oktobra 2003 v zadevi ARBED proti Komisiji, C-176/99 P, Recueil, str. I-10687, točka 19). Člen 19(1) Uredbe št. 17 ter člena 2 in 3 Uredbe Komisije (ES) št. 2842/98 z dne 22. decembra 1998 o zaslišanju pogodbenic v nekaterih postopkih na podlagi členov [81] in [82] Pogodbe ES (UL L 354, str. 18), ki se v obravnavani zadevi uporabljata ratione temporis in pomenita izvedbo navedenega načela, Komisijo zavezujejo k obveščanju o očitkih, ki jih ima zoper zadevna podjetja in združenja, ter k temu, da v svojih odločbah upošteva le očitke, glede katerih so podjetja lahko izrazila stališča. Skladno s sodno prakso mora obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah vsebovati dovolj jasen opis ugotovljenih kršitev, pa čeprav zbiren, tako da se lahko zainteresirani dejansko seznanijo z ravnanji, ki jim jih očita Komisija. Samo pod tem pogojem namreč lahko obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah izpolni svojo funkcijo, ki mu jo daje ureditev Skupnosti, in sicer da je treba podjetjem sporočiti vse potrebne dejavnike, da se lahko učinkovito branijo, preden Komisija izda končno odločbo (sodba Sodišča z dne 31. marca 1993 v zadevi Ahlström Osakeyhtiö in drugi proti Komisiji, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 in C-125/85, Recueil, str. I-1307, točka 42, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. maja 1998 v zadevi Mo och Domsjö proti Komisiji, T-352/94, Recueil, str. II-1989, točka 63, po pritožbi potrjena s sodbo Sodišča z dne 16. novembra 2000 v zadevi Mo och Domsjö proti Komisiji, C-283/98 P, Recueil, str. I-9855). Ta zahteva je izpolnjena takrat, kadar odločba zainteresiranim ne očita drugih kršitev od tistih, navedenih v opisu ugotovljenih kršitev, in upošteva samo tisto dejansko stanje, glede katerega so se lahko zainteresirani izjavili (sodba Sodišča z dne 15. julija 1970 v zadevi ACF Chemiefarma proti Komisiji, 41/69, Recueil, str. 661, točka 94, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2003 v zadevi Atlantic Container Line in drugi proti Komisiji, T-191/98, od T-212/98 do T-214/98, Recueil, str. II-3275, točka 138). Glede uveljavljanja pravice do obrambe glede izrekanja glob iz ustaljene sodne prakse izhaja, da kadar Komisija v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah izrecno navede, da bo preučila, ali je zadevnim podjetjem primerno naložiti globe, ter navede glavne dejanske in pravne dejavnike, zaradi katerih lahko pride do izreka globe, kot je na primer teža in trajanje domnevne kršitve in to, da je bila storjena ,,naklepno ali zaradi malomarnosti“, takrat izpolni svojo dolžnost spoštovati pravico podjetij, da se izjavijo. S tem jim da potrebne elemente za obrambo ne le zoper ugotovljeno kršitev, ampak tudi zoper to, da jim bo izrečena globa (sodba Sodišča z dne 7. junija 1983 v zadevi Musique diffusion française in drugi proti Komisiji, od 100/80 do 103/80, Recueil, str. 1825, točka 21, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. marca 2002 v zadevi Lögstör Rör proti Komisiji, T-16/99, Recueil, str. II-1633, točka 193, po pritožbi potrjena s sodbo Sodišča z dne 28. junija 2005 v zadevi Dansk Rørindustri in drugi proti Komisiji, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P in C-213/02 P, Recueil, str. I-0000, zlasti točka 428). Iz tega sledi, da se – glede določitve zneska glob – pravica do obrambe pred Komisijo zagotavlja z možnostjo predložiti stališča o trajanju, teži in protikonkurenčnosti očitanih dejanj (sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 1994 v zadevi Tetra Pak proti Komisiji, T-83/91, Recueil, str. II-755, točka 235, in zgoraj v točki 48 navedena sodba Lögstör proti Komisiji, točka 194). Komisija je v obravnavani zadevi v točki 229(b) obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah jasno navedla namero, da bo naslovnikom navedenega akta izrekla globe. Komisija je v točki 227 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah navedla tudi, da je bil člen 81(1) ES in člen 53(1) EGP kršen naklepno. Komisija je glede teže očitanih dejanj v točki 227 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah – potem ko je v točki 226 opozorila na to, da bo upoštevala značaj kršitve, njen dejanski vpliv na trg in obseg zadevnega geografskega trga, kar so vse upoštevni dejavniki za oceno teže kršitve skladno s prvim odstavkom oddelka 1A Smernic – navedla, da sta razdelitev trga in sporazumno določanje cen najhujši kršitvi člena 81(1) ES in člena 53(1) EGP; da so se zadevna podjetja popolnoma zavedala protipravnosti svojega ravnanja; da so se dogovorila o vzpostavitvi skrivnega in institucionaliziranega sistema, s katerim se je želelo omejevati konkurenco v pomembnem industrijskem sektorju; da so skrivni dogovori prizadeli vso industrijo vitaminov, da so bili zasnovani, vodeni in spodbujani na visoki ravni znotraj zadevnih podjetij, da so bili v korist samo njim in v škodo njihovim strankam ter, v končni fazi, javnosti nasploh in da so zajemali ves skupni trg, po nastanku EGP pa vse države članice Sporazuma EGP. Komisija je v točki 226 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah izrazila tudi namero, da bo določila dovolj visoke globe za zagotovitev njihove odvračilnosti. Komisija je nato v točki 228 dodala, da bo zaradi določitve globe, ki jo bo treba izreči vsakemu od podjetij, za vsako od njih upoštevala vlogo, ki so jo imela v kartelih, njegov pomen v industriji vitaminov, vpliv njegovega protipravnega ravnanja na konkurenco in vse druge obteževalne oziroma olajševalne okoliščine. Izrecno je navedla vodilno vlogo, ki jo je pri skrivnih dogovorih imela zlasti tožeča stranka. Komisija je v točki 228 navedla tudi, da je treba upoštevati trajanje posamične udeležbe vsakega od podjetij v navedenih kartelih, kot je to navedeno v točki 220 za vsak vitamin in za vsakega udeleženca. Jasno je torej, da je Komisija v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah navedla pravne in dejanske elemente, na katere se je oprla pri izračunu zneska glob, izrečenih tožeči stranki, tako da je bila v tem smislu pravica tožeče stranke do zaslišanja na prvi pogled ustrezno spoštovana. Vendar pa je treba preučiti tudi, v kolikšni meri lahko konkretne trditve tožeče stranke v okviru prvega in drugega tožbenega razloga ta sklep izpodbijejo. To ne velja za trditev, da naj bi imelo obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah poseben namen, če je naslovljeno na podjetje, ki je polno sodelovalo s Komisijo in ni izpodbijalo dejanskega stanja (glej zgoraj navedeno točko 39). Kot utemeljeno navaja tožena stranka, se namen obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah ne razlikuje glede na konkreten položaj podjetja, ki je njegov naslovnik. Kljub sodelovanju tega podjetja ostaja namen tega v tem, da se podjetjem ali združenjem podjetij sporoči vse elemente za to, da se lahko učinkovito branijo, preden Komisija sprejme končno odločitev (zgoraj v točki 46 navedeni sodbi Ahlström Osakeyhtiö proti Komisiji, točka 42, in Mo och Domsjö proti Komisiji, točka 63). S tega vidika dejstvo, da je tožeča stranka sodelovala s Komisijo in priznala, da je storila protipravna dejanja in jih opisala, v ničemer ne zmanjšuje njene pravice in interesa, da od Komisije prejme akt, ki natančno navaja vse očitke, ki jih ima tazoper njo, vključno s tistimi, ki se lahko opirajo na izjave in dokaze, ki so jih predložila druga vpletena podjetja. Trditev tožeče stranke pa tudi ni brez nasprotij, saj jasno temelji na okoliščini, to je neizpodbijanju dejanskega stanja s strani tožeče stranke, ki logično predpostavlja predhoden obstoj obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, ki navaja obtožbe Komisije in dejansko stanje, na katero se slednja opira ter na katerega značaj in namen naj nikakor ne bi vplivala takšna kasnejša okoliščina. Trditev, ki – še vedno v okviru drugega tožbenega razloga – izhaja iz bistvene spremembe politike Komisije na področju glob brez primere, ki naj bi jo predstavljala Odločba (glej zgoraj navedeno točko 40), prav tako ne more uspeti. Treba je spomniti – ne da bi bilo treba preučiti, ali in v kakšni meri predstavljajo globe, izrečene v Odločbi, glede na svojo višino dejansko novo fazo v tej politiki –, da Komisiji skladno s sodno prakso v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah ni treba navesti mogoče spremembe svoje politike glede splošne višine glob, kar je odvisno od splošnih dejavnikov politike konkurence brez neposredne zveze s posebnimi okoliščinami obravnavane zadeve (v točki 48 zgoraj navedeni sodbi Musique diffusion française in drugi proti Komisiji, točka 22, in Lögstör Rör proti Komisiji, točka 203). Komisiji namreč ni treba podjetij vnaprej opozoriti o svoji nameri o zvišanju splošne višine glob (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 10. marca 1992 v zadevi Solvay proti Komisiji, T-12/89, Recueil, str. II-907, točka 311, in zgoraj v točki 48 navedena sodba Lögstör Rör proti Komisiji, točka 203). Prav tako ni utemeljena trditev, ki je še posebej zmedena in je še vedno v okviru drugega tožbenega razloga, namreč da v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah ni ustrezne obrazložitve dveh, po mnenju tožeče stranke „izjemno pomembnih“, dejavnikov, ki ju navaja Odločba pri izračunu zneska glob, in sicer stoodstotnega zvišanja zaradi odvračilnosti in pripisovanja vodilne vloge tožeči stranki (glej zgoraj navedeno točko 41). Tožeča stranka glede drugega od teh dveh elementov v bistvu ne izpodbija pomanjkanja zadostne obrazložitve v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah, ampak neskladje med obvestilom o ugotovljenih kršitvah in Odločbo, saj naj tega elementa, ki je naveden v Odločbi, ne bi bilo v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah. V zvezi s tem je treba ugotoviti – kot je bilo to storjeno v zgoraj navedeni točki 54 –, da obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah v točki 228 izrecno navaja vlogo vodje, ki jo je imela tožeča stranka, tako da ni domnevnega neskladja, na katero se ta sklicuje. Glede prvega elementa iz zgoraj navedene točke 60 pa ni bila dolžnost Komisije, da v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah tožeči stranki najavi obseg morebitnega zvišanja globe zaradi zagotovitve odvračilnosti globe. Komisija namreč ni dolžna – potem ko navede pravne in dejanske dejavnike, na katere bo oprla izračun zneska glob – navesti načina, na katerega bo uporabila vsakega od teh dejavnikov pri določitvi višine globe. Če bi navedla ocene glede višine predvidenih glob, podjetja pa še niso bila pozvana k predložitvi stališč o očitkih zoper njih, bi to pomenilo neprimerno predvidevanje odločitve Komisije (zgoraj v točki 48 navedena sodba Musique diffusion française in drugi proti Komisiji, točka 21, in sodba Sodišča z dne 9. novembra 1983 v zadevi Michelin proti Komisiji, 322/81, Recueil, str. 3461, točka 19, ter zgoraj v točki 48 navedena sodba Lögstör Rör proti Komisiji, točka 200). Nadalje je treba preučiti trditve tožeče stranke v okviru prvega tožbenega razloga in njihov vpliv na začasni sklep iz zgoraj navedene točke 56. Tožeča stranka s tem tožbenim razlogom očita Komisiji, da ji ni dovolila predložiti stališč glede drugega posebnega dejavnika, ki je po njenem mnenju imel precejšen kaznovalni vpliv na izračun zneska glob v Odločbi, to je Komisijine presoje, po kateri so očitana ravnanja pomenila več ločenih kršitev in ne ene same kršitve. V zvezi s tem je treba najprej relavitivizirati velikost škode, ki bi jo ta presoja Komisije lahko povzročila tožeči stranki. Tožeča stranka izhaja iz teze, da če bi Komisija v obravnavani zadevi sklepala o obstoju ene same kršitve, potem bi ji izrekla samo eno globo, katere izhodiščni znesek bi bil skladno s Smernicami v višini 20 milijonov eurov, izhodiščni znesek osmih glob, ki so bile dejansko naložene v plačilo tožeči stranki, pa naj bi bil osemkrat višji od predvidenega izhodiščnega zneska za eno samo globo. Ta teza je posledica napačnega razumevanja Smernic. Skladno z drugim odstavkom oddelka 1A teh so ,,mogoči zneski“ za ,,zelo resne kršitve“, kot so ,,horizontalne omejitve, kot so cenovni karteli in kvote o delitvah trga“ v višini ,,nad 20 milijonov [eurov]“. Iz tega dela besedila Smernic torej nikakor ne izhaja, da mora biti izhodiščni znesek globe, ki jo je treba izreči podjetju za tovrstno kršitev, načeloma omejen na 20 milijonov eurov. Ugotoviti je treba, da je Komisija v uvodni navedbi 675 Odločbe pojasnila, da je za določitev izhodiščnega zneska glob upoštevala velikost različnih trgov zadevnih vitaminskih proizvodov. Tudi če bi Komisija v Odločbi sklenila, da obstaja samo ena kršitev, ki zajema vse trge zadevnih vitaminskih proizvodov, bi lahko skladno z merilom, opisanim v uvodni navedbi 675 Odločbe, pri določitvi izhodiščnega zneska edine globe upoštevala skupno vrednost teh trgov. Izhodiščni znesek bi se tako običajno določil v precej višjem znesku kot 20 milijonov eurov, kar je minimalni okvirni prag za zelo resno kršitev. Glede na to, da je znesek 20 milijonov eurov po Smernicah okvirni ,,spodnji“ in ne ,,zgornji“ prag za zelo resne kršitve, nič ne kaže na to, da bi morala Komisija, če bi v Odločbi sklenila, da obstaja ena sama kršitev, kot edino globo za tožečo stranko nujno določiti izhodiščni znesek, manjši od skupnega izhodiščnega zneska, ki je bil dejansko določen za osem glob, izrečenih tožeči stranki. Res je, da kvalifikacija določenih protipravnih ravnanj, ki predstavljajo eno samo kršitev ali pa več različnih kršitev, načeloma ni brez posledic za sankcijo, ki se jo lahko izreče, saj lahko ugotovitev več različnih kršitev pomeni izrek več različnih glob, od katerih je vsaka v okviru pragov iz člena 15(2) Uredbe št. 17 (sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. junija 2005 v zadevi Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, T-71/03, T-74/03, T-87/03 in T-91/03, Recueil, str. I-0000, točka 118) in torej ob spoštovanju praga 10 % prometa v poslovnem letu pred sprejetjem odločitve. Vendar pa je treba v obravnavani zadevi ugotoviti, da to, da je Komisija ugotovljeno dejansko stanje okvalificirala za več različnih kršitev, ni imelo nobene vloge pri uporabi tega praga. Znesek tožeči stranki izrečenih glob, čeprav bi bil predviden pred uporabo bvestila o ugodni obravnavi (592,32 milijona eurov), je namreč precej pod 10-odstotnim pragom, ki se ga računa sorazmerno skupnemu prometu (zgoraj v točki 48 navedena sodba Musique diffusion française in drugi proti Komisiji, točka 119), glede na to, da je tožeča stranka v letu pred sprejetjem Odločbe, to je v letu 2000, ustvarila za 35.946 milijonov eurov skupnega prometa (glej prvo preglednico iz uvodne navedbe 123 Odločbe). Treba je še dodati, da če bi Komisija v obravnavani zadevi ugotovila obstoj samo ene kršitve, ki zajema vse vitaminske proizvode iz Odločbe, potem bi verjetno lahko za izračun globe za tožečo stranko upoštevala tudi njene skrivne dogovore v zvezi z vitaminoma B1 in H, česar pa Komisija v Odločbi ni sankcionirala, saj je menila, da gre za ločene kršitve, v zvezi s katerimi je njeno pooblastilo za sankcioniranje zastaralo skladno z Uredbo št. 2988/74. Navedene ugotovitve, katerih namen je bil oceniti trditve tožeče stranke z vidika večje celovitosti in objektivnosti, kljub vsemu niso zadostne za to, da se izključi možnost, da je Komisijina presoja, po kateri je šlo v obravnavani zadevi za več ločenih kršitev, imela kakršen koli vpliv na višino glob, izrečenih tožeči stranki. Treba je torej preučiti, ali je tožeča stranka imela možnost, da v odgovoru na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah izrazi stališče o tem, ali so dejanja, ki so ji bila očitana v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah, pomenila eno samo kršitev ali več teh. Treba je priznati, da čeprav je Komisija v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah dobro opredelila in natančno opisala dejanja, ki jih je očitala zadevnim podjetjem, ter navedla določbe (člen 81 ES in 53 Sporazuma EGP), za katere je menila, da bi lahko bile kršene s temi dejanji, pa se do tega vprašanja ni jasno opredelila. Tožeča stranka ima namreč na eni strani prav, ko opozarja na nekatere elemente iz obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, ki bi lahko kazali na to, da je Komisija menila, da so zadevna protikonkurenčna ravnanja ena sama kršitev. Najprej se je treba sklicevati na tretjo alineo točke 206 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, v kateri Komisija navaja naslednje: ,,Notwithstanding the number of producers, the variation in the participation in the meetings and the diversity of their product ranges, the complex of collusive arrangements, in practice and in effect, constituted an overall coordinated scheme to control the world market across the whole range of vitamin products with [Roche] at the centre of the network of agreements and arrangements.“ (,,Kljub številu proizvajalcev, spremembam glede sodelovanja na sestankih in različnosti njihove ponudbe proizvodov so vsi skrivni dogovori skupaj v praksi in v učinkih predstavljali neko usklajeno shemo za nadzor svetovnega trga za celo vrsto vitaminskih proizvodov, z [Roche] v središču mreže sporazumov in dogovorov.“) Predvsem je treba omeniti drugo alineo točke 212 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, v kateri je Komisija navedla: ,,Given the continuity and similarity of method, the Commission considers it appropriate to treat in one and the same procedure the complex of agreements covering the different vitamins. The Commission will consider this as one single overarching vitamin cartel with [Roche], BASF and Rhône-Poulenc forming the main ‘mass’ and the other producers adhering to, and forming a subset of, the cartel for the particular vitamins which they produce.“ (,,Glede na trajnost in podobnost metode Komisija meni, da je primerno v okviru istega postopka obravnavati vse sporazume v zvezi z različnimi vitamini. Komisija bo to štela kot samo en celovit kartel za vitamine, s tem da podjetja [Roche], BASF in Rhône-Poulenc tvorijo glavno ‘maso’, drugi proizvajalci pa se kartelu pridružujejo ali so del njega v zvezi s posameznimi vitamini, ki jih proizvajajo.“) Komisija je v tretji in četrti alinei točke 225 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah poudarila, da ni bilo mogoče z gotovostjo trditi, da je ,,kršitev“ popolnoma prenehala in da je bilo treba od podjetij, naslovnikov tega obvestila, zahtevati, naj prenehajo s ,,kršitvijo“. Tožena stranka pa na drugi strani utemeljeno ugotavlja, da lahko drugi elementi iz obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah pričajo o nasprotnem, namreč da je predvidela ugotovitev obstoja več kršitev. V zvezi s tem je treba omeniti, da je Komisija v tretji alinei točke 212 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah – ob navajanju sodbe Sodišča z dne 16. decembra 1975 v zadevi Suiker Unie in drugi proti Komisiji (od 40/73 do 48/73, 50/73, od 54/73 do 56/73, 111/73, 113/73 in 114/73, Recueil, str. 1663, točka 111) – ugotovila naslednje: ,,There is no reason at all why the Commission should not make a single decision covering several infringements, even if some of the undertakings to which it is addressed are unconnected with some of these infringements, provided that the decision permits each addressee to obtain a clear picture of the complaints made against it. […] When and if any penalty is to be assessed, the Commission will take full account of the part played by each of the participants and the size of the market for the particular vitamin concerned.“ (,,Nič ne prepoveduje Komisiji, da z eno samo odločbo ugotovi več kršitev, pa čeprav nekateri naslovniki nimajo nič z nekaterimi kršitvami, če odločba vsakemu od naslovnikov omogoča natančno seznanitev z očitki zoper njega […] Ko in če bi bila predvidena globa, bi Komisija v celoti upoštevala vlogo vsakega udeleženca in velikost trga posamičnega zadevnega vitamina.“) Tretja alinea točke 212 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah se glasi: ,,The Commission considers that the complex of infringements in this case present all the characteristics of a full agreement in the sense of Article 81.“ (,,Komisija meni, da ima celota kršitev v tej zadevi značilnosti pravega sporazuma v smislu člena 81 [ES].“) Tretja alinea točke 225 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah navaja: ,,The infringements continued for most products long after the start of the investigations.“ (,,Kršitve so se pri večini proizvodov nadaljevale še dolgo po začetku preiskave.“) Komisija je v četrti alinei točke 226 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah glede uporabe obvestila o ugodni obravnavi navedla, da bo upoštevala vsakršno sodelovanje s strani proizvajalcev ,,za vsak proizvod ločeno“ (,,in relation to each product separately“). Stranki v tem sporu navajata več drugih elementov iz besedila obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, ki po njunem mnenju potrjujejo njuno razlago tega v zvezi z vprašanjem, ali je šlo za eno ali več različnih kršitev. Ti elementi, ki zadevajo zlasti uporabo besed, kot je ,,dogovor“, ,,sporazum“ ali ,,kartel“ v ednini ali množini, se zdijo manj pomembni. Tako tožena stranka na eni strani poudarja, da uporaba besed ,,celota sporazumov“ (,,complex of agreements“), ,,celota sporazumov in dogovorov“ (,,complex of agreements and arrangements“), ,,kartelni sporazumi" (,,cartel agreements“), ,,skrivni sporazumi“ (,,collusive agreements“) v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah kaže na to, da je Komisija menila, da v obravnavani zadevi obstaja več ločenih kršitev. Navedenih izrazov in izraza ,,skrivni dogovori“ (,,collusive arrangements“), ki se prav tako pojavlja v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah, ni mogoče razlagati na način, da nujno pomenijo natančno pravno kvalifikacijo v smislu več kršitev. Iz sodne prakse namreč izhaja, da lahko več dejanj z istim protikonkurenčnim namenom, od katerih je vsako ,,sporazum", ,,usklajeno ravnanje" ali "odločitev združenja podjetij" v smislu člena 81(1) ES, predstavlja različne pojavne oblike samo ene kršitve tega člena (sodba Sodišča z dne 8. julija 1999 v zadevi Komisija proti Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Recueil, str. I-4125, točka 113). Tožeča stranka na drugi strani navaja številne odlomke iz besedila obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, v katerih je Komisija uporabila izraz ,,kartel“, ne da bi se sklicevala na en ali drug vitamin, zlasti ko je v točki 195 navedenega obvestila ob potrditvi svoje pristojnosti v obravnavani zadevi navedla, da ,,je imel kartel precejšen vpliv na trgovino med državami članicami ES in na konkurenco na skupnem trgu“ (,,the cartel had an appreciable effect on trade between EC Member States and competition in the Common Market“). Vendar pa, prvič, uporaba izraza ,,kartel“ ne pomeni nujno, da se predvideva obstoj enega samega kartela v smislu člena 81 ES. Ta izraz lahko namreč pomeni horizontalni kartel, lahko pa se uporablja tudi splošno za označevanje neke strukture, organizacije, ki je odgovorna za protipravna ravnanja glede na pravila o konkurenci. Ni mogoče torej izključiti, da se izraz ,,kartel“ v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah uporablja za označevanje celotne organizacije, ki je bila vzpostavljena s strani proizvajalcev vitaminov, ne da bi to prejudiciralo možnost ugotovitve več kartelov in torej več kršitev. Drugič, nekatere navedbe iz obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah v zvezi s ,,kartelom“, kot je tista glede njegovega vpliva na trgovino med državami članicami iz točke 195 ali tista glede naklepnosti kršitve členov 81 ES in 53 Sporazuma EGP iz točke 227, se lahko razume tudi v tem smislu, da se z njimi želi dejansko opisati skupne značilnosti vseh kartelov, na katere se nanaša obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah, tako da bi se izognili nepotrebnemu ponavljanju značilnosti za vsak posamičen kartel. Glede strukture obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, na katero se opira tožena stranka, je to organizirano tako, da pod naslovom C, z naslovom ,,Kartel“, posebej in podrobno opisuje skrivne sporazume v zvezi z vsakim posamičnim vitaminom, skupaj obravnava edino vitamina A in E, za katera pa je sicer navedeno, da pripadata različnim trgom. Komisija je s to rahlo izjemo v vsakem oddelku navedenega naslova C preučila po en vitaminski proizvod, njegove značilnosti, proizvajalce in trg (ki je bil opredeljen kot ločen trg), poreklo, trajanje, temeljni mehanizem, sestanke in delovanje kartela v zvezi z zadevnim vitaminom ter tudi njegove udeležence. Kljub naslovu v ednini (,,Kartel“) je iz naslova C obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah mogoče jasno sklepati o več ločenih kartelih. Tako se ob upoštevanju celotnega obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah kažejo jasni dvomi Komisije glede natančne pravne kvalifikacije očitanih dejanj v smislu ene ali več kršitev, kljub njihovemu jasnemu nasprotju s členom 81(1) ES in členom 53(1) Sporazuma EGP. Iz obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah torej jasno ne izhaja, ali je Komisija nameravala ugotoviti obstoj ene kršitve ali več teh. Ta ugotovitev pa vendarle ne pomeni, da je Komisija s tem, ko je v Odločbi ugotovila obstoj ločenih kršitev za vsakega od zadevnih vitaminov, kršila pravico do obrambe tožeče stranke. Res je, da je Sodišče v sodbi z dne 3. julija 1991 v zadevi AKZO proti Komisiji (C-62/86, Recueil, str. I-3359, točka 29), na katero se sklicuje tožeča stranka, navedlo da ,,je treba v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah jasno navesti dejansko stanje, na katero se opira Komisija, kot tudi kvalifikacijo tega“. Vendar pa je prav tako koristno opozoriti na to, da za odločbo o ugotovitvi kršitve ni treba, da je dobeseden prepis obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah. Komisija mora namreč imeti možnost v odločbi upoštevati odgovore zadevnih podjetij na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah. V zvezi s tem mora imeti možnost ne le sprejeti ali zavrniti trditve zadevnih podjetij, ampak tudi analizirati dejansko stanje, ki so ga navedla, zaradi opustitve očitkov, ki se niso izkazali za utemeljene ali zaradi spremembe ali dopolnitve, tako dejanske kot pravne, argumentacije v podporo očitkov, ki jih bo ohranila (zgoraj v točki 47 navedena sodba ACF Chemiefarma proti Komisiji, točki 91 in 92, zgoraj v točki 80 navedena sodba Suiker Unie in drugi proti Komisiji, točki 437 in 438, ter sodba Sodišča z dne 29. oktobra 1980 v zadevi Van Landewyck in drugi proti Komisiji, od 209/78 do 215/78 in 218/78, Recueil, str. 3125, točka 68). Treba je zlasti ugotoviti, da presoja dejanskega stanja izhaja iz akta odločanja in da se pravica do zaslišanja nanaša na vse pravne ali dejanske elemente, ki predstavljajo temelj akta odločanja, ne pa na končno stališče, ki ga namerava sprejeti upravni organ (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 21. januarja 1999 v zadevi Neue Maxhütte Stahlwerke in Lech-Stahlwerke proti Komisiji, T-129/95, T-2/96 in T-97/96, Recueil, str. II-17, točka 231, in z dne 3. decembra 2003 v zadevi Audi proti UUNT, T-16/02, Recueil, str. II-5167, točka 75). Tako je na eni strani pravica do obrambe zaradi neskladja med obvestilom o ugotovljenih kršitvah in končno odločbo kršena samo, če neki očitek iz nje v obvestilu ni bil naveden v taki meri, da bi imeli naslovniki možnost, da bi se branili. Na drugi strani pa je pravna kvalifikacija dejanskega stanja v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah že po definiciji lahko le začasna, kasnejše odločbe Komisije pa ni mogoče razglasiti za nično samo zato, ker končno sprejeti sklepi, ki izhajajo iz tega dejanskega stanja, ne ustrezajo popolnoma tej začasni kvalifikaciji. Komisija mora namreč zaslišati naslovnike obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah in po potrebi upoštevati njihova stališča v odgovor na očitke ter spremeniti svojo analizo prav zaradi spoštovanja njihove pravice do obrambe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi Mannesmannröhren-Werke proti Komisiji, T-44/00, Recueil, str. I-0000, točke od 98 do 100). V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da je Komisija v Odločbi samo prilagodila in pojasnila pravno argumentacijo, na katero je oprla očitke, in da zato tožeči stranki ni onemogočila, da izrazi stališče o teh očitkih, preden je bila Odločba sprejeta (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 10. marca 1992 v zadevi Hüls proti Komisiji, T-9/89, Recueil, str. II-499, točke od 59 do 65). Tožeča stranka bi bila morala pri branju obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah upoštevati, da Komisija ni izključila možnosti ugotovitve obstoja več ločenih kršitev. Komisija bi se res lahko izognila obžalovanja vredni zmedi in neskladjem v pravni presoji iz obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah glede vprašanja, ali je šlo za eno kršitev ali več teh, če bi le jasneje opredelila alternativo v zvezi s tem, glede katere bi si pridržala obravnavo za končno odločbo. Kljub temu pa navedena zmeda in neskladja tožeči stranki niso onemogočila izraziti stališča o tem vprašanju v odgovoru na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah. Poleg tega iz tega odgovora izhaja, kot je utemeljeno opozorila tožena stranka, da se je tožeča stranka zavedala vsaj tega, da bi se upravni postopek lahko nanašal na več kršitev. Tožeča stranka je namreč na strani 5 navedenega odgovora pri opisovanju ukrepov, ki jih je sprejela za preprečitev prihodnjih kršitev prava konkurence s svoje strani, opozorila na to, da je ,,nemudoma prenehala s kršitvami, ki so predmet tega postopka“ (,,immediatly brought to an end the infringements which are subject of this proceedings“). To, da je bila ta navedba del konteksta, s katerim se je želelo Komisijo prepričati, da v korist tožeče stranka prizna olajševalne okoliščine, na kar se sklicuje tožeča stranka, v ničemer ne onemogoča sklepanja, da se je tožeča stranka v tej fazi upravnega postopka zavedala, da je bilo mogoče po koncu tega postopka v zvezi z njo ugotoviti več kršitev. Poleg tega tožena stranka utemeljeno navaja, da je podjetje Roche – v nasprotju s tožečo stranko –, ki je bilo naslovnik istega obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, v odgovoru na to obvestilo predložilo stališča glede vprašanja, ali je šlo za eno kršitev ali več teh. V zvezi s tem ni pomembno, da je podjetje Roche želelo pojasniti, da bi morala po njegovem mnenju Komisija ugotoviti obstoj več ločenih kršitev. V nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, iz stališč podjetja Roche v tej smeri ni mogoče sklepati, da je to podjetje obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah razumelo tako, da se je njegovim naslovnikom očital samo en svetovni kartel. Kakor koli, o vprašanju, kako si je lahko Roche razlagalo obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah, sploh ni treba razpravljati, saj je pomembna objektivna vsebina tega obvestila. V zvezi s tem tožeča stranka napačno trdi, da se ji je v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah očitalo sodelovanje pri samo enem svetovnem kartelu. Obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah je poleg elementov v tej smeri vsebovalo tudi številne elemente v smeri, ki jo je Komisija v končni fazi potrdila v Odločbi. V teh okoliščinah bi tožeča stranka lahko, kot je to storilo podjetje Roche, Komisijino pravno analizo usmerila v smer, ki jo je želela, saj se je zdela Komisija glede vprašanja, ali so očitana dejanja predstavljala eno kršitev ali več teh, očitno še vedno dovolj odprta. Dvoumnosti v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah je pri tem nikakor niso ovirale. To, da tožeča stranka v odgovoru na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah ni navedla argumentov glede tega vprašanja, je bila torej popolnoma njena odločitev. Tako Komisija s tem, ko je sprejela jasno in popolno končno odločitev glede pravne kvalifikacije očitanih protipravnih dejanj, in sicer je tožeči stranki pripisala toliko kršitev člena 81(1) ES in člena 53(1) Sporazuma EGP, kot je bilo vitaminov, ki so jih zadevala ta dejanja, ni kršila pravice tožeče stranke do zaslišanja. Iz vsega navedenega izhaja, da je treba prvi in drugi tožbeni razlog zavrniti. Končno, kolikor je tožeča stranka na obravnavi kot zaključno pripombo v okviru predstavitve argumentov v podporo prvemu tožbenemu razlogu namigovala, da vprašanje, ki ga zadeva ta tožbeni razlog, ni le postopkovno vprašanje, in je navedla, da Smernice predvidevajo, da lahko Komisija samo pri kartelih, ki zadevajo več proizvodov, globe pomnoži s številom teh proizvodov, je treba ugotoviti, da tak očitek – pri predpostavki, da se je s tem želelo Komisiji očitati, da je s tem, ko je v Odločbi ugotovila obstoj toliko kršitev, kolikor je bilo zadevnih vitaminskih proizvodov, in je tako tožeči stranki izrekla prav toliko glob, kršila tudi Smernice – očitno presega domet navedenega tožbenega razloga in je nov nedopustni tožbeni razlog v smislu člena 48(2) Poslovnika, saj ne temeljni na nobenem pravnem ali dejanskem elementu, ki bi bil predložen v sodnem postopku. B – Tretji tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti in enakega obravnavanja pri določanju izhodiščnega zneska nekaterih glob, izrečenih tožeči stranki 1. Trditve strank Tožeča stranka izpodbija izhodiščne zneske glob, ki ji jih je določila Komisija zaradi teže kršitev, in sicer naj bi bili ti arbitrarni, nesorazmerni in v nasprotju z načelom enakega obravnavanja. Opozarja na to, da je v uvodnih navedbah 680 in 681 Odločbe jasno navedeno, da je bil pri izračunu izhodiščnega zneska glob za vsako podjetje upoštevan sorazmeren pomen vsakega od njih na upoštevnih trgih proizvodov, natančneje pa tudi njegov svetovni promet za vsakega od vitaminov. Vendar pa naj Komisija ne bi sledila temu merilu in naj ne bi z dveh glavnih vidikov skladno izračunala izhodiščnih zneskov glob. Prvič, izhodiščni zneski glob, izrečeni tožeči stranki, naj ne bi bili sorazmerni glede na zneske, določene za druge udeležence istih kartelov. Tožeča stranka tako opozarja na to, da je izhodiščni znesek globe, izrečene tožeči stranki za kršitve v zvezi z vitamini B5, C in E, betakarotenom in s karotenidi, izražen kot odstotek svetovnega prometa podjetja za zadevni vitamin, precej višji od zneska za podjetje Roche, čeprav je bil tržni delež Roche v vseh primerih precej višji od tržnega deleža tožeče stranke in čeprav je bila vodilna vloga podjetja Roche pri kartelih celo po mnenju Komisije zelo drugačna od vloge tožeče stranke. Drugič, izhodiščni zneski nekaterih glob, izrečenih tožeči stranki, naj bi bili nesorazmerno različni glede na različne kršitve, medtem ko so bili tržni deleži tožeče stranke za različne zadevne vitamine zelo podobni. Tako tožeča stranka opozarja na to, da je bila pri vitaminih A in B2 uvrščena v drugo kategorijo (za podjetjem Roche), ker je imela 32- oziroma 29-odstotni tržni delež, medtem ko je bila pri vitaminu E uvrščena v prvo kategorijo (skupaj s podjetjem Roche), čeprav je bil njen tržni delež (29 %) enak ali nižji od njenega tržnega deleža pri vitaminih A in B2 in kljub podobnosti v strukturi teh treh trgov. Tožeča stranka zaključuje, da bi jo bilo treba uvrstiti v drugo kategorijo za vse kršitve in da to različno obravnavanje, za katero naj Komisija ne bi podala nobene obrazložitve, ni utemeljeno. Tožena stranka odgovarja, da so izhodiščni zneski glob, izrečeni tožeči stranki, znotraj razpona, v katerem jih lahko izreka skladno s pooblastilom odločanja po prostem preudarku, in da so objektivno utemeljeni. Tožena stranka naj bi pri opredelitvi kategorij v zvezi z vsako kršitvijo za ustrezno tehtanje glob upoštevala velikost, namesto da bi se oprla na aritmetične formule. Natančneje, kot naj bi izhajalo iz uvodnih navedb 685, 689 in 691 Odločbe, naj bi bila podjetja uvrščena v drugo kategorijo za podjetjemRoche, če so bili njihovi tržni deleži občutno nižji od deležev podjetja Roche, kot naj bi veljalo za tožečo stranko pri kršitvah v zvezi z vitaminoma B5 in C. Vendar pa naj bi bilo za kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi ob upoštevanju značilnosti teh dveh trgov, ki ju v glavnem obvladujeta podjetji BASF in Roche, odločeno, da imata ti dve podjetji enako ,,specifično težo“ pri delovanju kartela in da razlika v tržnih deležih na teh dveh trgih ni veljaven indic niti za vlogo, ki jo je vsako od podjetij imelo pri kršitvi, niti za njuno velikost. Zaradi tega naj za te kršitve ne bi bila ustvarjena nobena posebna kategorija, izhodiščni znesek glob pa naj bi bil določen samo glede na velikost trga. Tožena stranka je v okviru izvajanja ukrepov procesnega vodstva, ki jih je odredilo Sodišče prve stopnje, podala nekatera pojasnila glede metode, ki jo je uporabila pri določanju izhodiščnih zneskov glob, izrečenih v Odločbi. Natančneje, tožena stranka je navedla, da je za prilagoditev izhodiščnega zneska teži vsake od kršitev glede na velikost vsakega od trgov vitaminskih proizvodov (v nadaljevanju: splošni izhodiščni znesek) uporabila podatke v zvezi z velikostjo trga EGP za zadnje zaključeno leto kršitve. Prav tako je te podatke pojasnila za vsakega od zadevnih vitaminskih proizvodov in navedla, da so ostali splošni izhodiščni zneski tam, kjer je Komisija opravila razvrstitve v kategorije, vezani na prvo kategorijo za vsako kršitev. Tožena stranka je v istem kontekstu pojasnila, kako je določila natančen izhodiščni znesek, ki se je – za vsako od kršitev, za katere je udeležence kartela skladno s četrtim in šestim odstavkom oddelka 1A Smernic razvrstila v kategorije – uporabil za podjetja, uvrščena v drugo kategorijo. V zvezi s tem je pojasnila, da je izhodiščni znesek za drugo kategorijo izračunala glede na razmerje med povprečjem svetovnega prometa s proizvodom (v nadaljevanju: upoštevni promet) za podjetja v tej kategoriji in povprečjem upoštevnega prometa za podjetja, uvrščena v prvo kategorijo, v zaokroženih vrednostih. Podatki, uporabljeni v ta namen, naj bi bili podatki za zadnje zaključeno koledarsko leto kršitve, kot so navedeni brez narekovajev v prvem stolpcu preglednic v zvezi z različnimi trgi vitaminskih proizvodov iz uvodne navedbe 123 Odločbe. Tako je bilo na primer podjetju Roche, ki je bilo uvrščeno v prvo kategorijo, za kršitev v zvezi z vitaminom A glede na velikost evropskega trga za ta vitamin izrečen splošni izhodiščni znesek v višini 30 milijonov eurov, za podjetji BASF in Aventis, ki sta bili uvrščeni v drugo kategorijo, pa je bil ta prilagojen na 18 milijonov eurov, to je 60 % od 30 milijonov eurov, glede na to, da je bilo povprečje upoštevnega prometa teh dveh podjetij 60,64 % upoštevnega prometa podjetja Roche. Tožeča stranka je po seznanitvi s temi pojasnili – za katera meni, da so bistvena, in za katera obžaluje, da jih ni v Odločbi in da jih kljub večkratnim prošnjam glede tega pred vložitvijo te tožbe od Komisije ni prejela pravočasno – na obravnavi izrazila dodatne očitke zoper izhodiščne zneske, ki so ji bili določeni v Odločbi. Tako je, prvič, tožeča stranka navedla – s tem da je najprej opozorila na to, da nekateri podatki v zvezi z velikostjo evropskih trgov vitaminskih proizvodov in splošnimi izhodiščnimi zneski, ki jih je Komisija predložila v okviru ukrepov procesnega vodstva, niso ustrezali podatkom iz Odločbe –, da je Komisija za manjše trge pri prilagajanju splošnih izhodiščnih zneskov glede na velikost evropskih trgov zadevnih proizvodov določila znesek, ki je – izražen v odstotku velikosti trga – precej višji kot tisti za večje trge. Komisiji je torej očitala, da ni predložila nobenega dokaza za utemeljitev te okoliščine. Drugič, tožeča stranka je navedla, da je bil vir napak Komisijina metoda vzpostavitve kategorij in izračuna izhodiščnih zneskov za drugo kategorijo glede na razmerje med povprečjem upoštevnega prometa podjetij, uvrščenih v to kategorijo, in povprečjem upoštevnega prometa podjetij iz prve kategorije. Ta metoda naj bi vodila v to, da so bili tožeči stranki za kršitve v zvezi v vitamini B5, C in E izrečeni izhodiščni zneski, ki so bili precej višji od zneskov, ki bi ji bili lahko izrečeni po ,,klasični, preprosti in razumnejši“ metodi, in sicer tako, da bi se ti zneski izračunali neposredno kot odstotek izhodiščnega zneska, izrečenega vodilnemu subjektu, in to na podlagi razmerja med upoštevnim prometom tožeče stranke in tistim navedenega subjekta. Po mnenju tožeče stranke ta metoda kategorij in povprečij ni združljiva s Smernicami, ki takih povprečij nikjer ne omenjajo, ter naj tudi ne bi bila indic za specifično težo in zato tudi za dejanski vpliv ravnanja posameznega podjetja, udeleženca kartela. Tožena stranka je na obravnavi na te dodatne očitke odgovorila z navedbo, da je v Odločbi pravno zadostno pojasnjeno, kako so bili izračunani izhodiščni zneski glob, da splošni izhodiščni znesek ni bil vezan na vodili subjekt, ampak na prvo kategorijo in torej na vsa podjetja iz te kategorije, in da – čeprav so mogoči tudi drugi pristopi – je pristop, uporabljen v obravnavani zadevi, razumen in skladen. 2. Presoja Sodišča prve stopnje a)     Uvodne ugotovitve Najprej je treba ugotoviti, da iz uvodnih navedb od 655 do 775 Odločbe izhaja, da je Komisija globe zaradi kršitev člena 81(1) ES in člena 53(1) Sporazuma EGP izrekla na podlagi člena 15(2) Uredbe št. 17 ter da je – čeprav se Odločba ne sklicuje izrecno na Smernice – zneske glob določila z uporabo metode iz Smernic. Čeprav ima Komisija pri določanju zneska vsake globe pooblastilo za presojo po prostem preudarku, ne da bi ji bilo treba pri tem uporabiti natančno matematično formulo (sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. aprila 1995 v zadevi Martinelli proti Komisiji, T-150/89, Recueil, str. II-1165, točka 59), pa ne more mimo pravil, ki si jih je sama določila (glej po analogiji sodbo Sodišča prve stopnje z dne 17. decembra 1991 v zadevi Hercules Chemicals proti Komisiji, T-7/89, Recueil, str. II-1711, točka 53, po pritožbi potrjena s sodbo Sodišča z dne 8. julija 1999 v zadevi Hercules Chemicals proti Komisiji, C-51/92 P, Recueil, str. I-4235). Glede na to, da so Smernice akt, ki je namenjen temu, da se ob spoštovanju pravnih pravil višje veljave določi merila, ki jih namerava Komisija uporabljati pri izvajanju pooblastila za odločanje po prostem preudarku v zvezi z določanjem glob, mora Komisija pri določanju zneskov glob dejansko upoštevati določila Smernic, zlasti elemente, ki so zavezujoči (sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi JFE Engineering in drugi proti Komisiji, T-67/00, T-68/00, T-71/00 in T-78/00, Recueil, str. I-0000, točka 537). Komisija po metodi, opredeljeni v Smernicah, za izhodišče izračuna zneskov glob, ki naj se izrečejo zadevnim podjetjem, vzame znesek, določen glede na težo kršitve. Pri oceni teže kršitve je treba upoštevati značaj kršitve, njen dejanski vpliv na trg, če je merljiv, in obseg zadevnega geografskega trga (točka 1A, prvi odstavek). V tem okviru se kršitve uvrščajo v tri kategorije, in sicer so to ,,lažje kršitve“, za katere je predvideni znesek glob od 1000 do milijona eurov, ,,resne kršitve“, za katere je predvideni znesek glob od milijona do 20 milijonov eurov, ter ,,zelo resne kršitve“, za katere je predvideni znesek glob nad 20 milijonov eurov (oddelek 1A, drugi odstavek, od prve do tretje alinee). Znotraj vsake od kategorij omogoča razpon glob skladno s Smernicami različno obravnavanje podjetij glede na značaj storjenih kršitev (točka 1A, tretji odstavek). Poleg tega je treba po Smernicah upoštevati tudi dejansko gospodarsko sposobnost kršiteljev, da precej škodujejo drugim subjektom, zlasti potrošnikom, in znesek globe določiti v višini, ki jih omogoča zadosten odvračilni učinek (oddelek 1A, četrti odstavek). Znotraj vsake od navedenih treh kategorij kršitev je skladno s Smernicami v nekaterih primerih ustrezno ponderirati določeni znesek, tako da se upošteva specifično težo in torej dejanski vpliv protipravnega ravnanja vsakega od podjetij na konkurenco, zlasti kadar obstaja bistveno odstopanje v velikosti podjetij, ki so storila enako kršitev, in zato tudi prilagoditi izhodišče za osnovni znesek globe glede na posebne lastnosti vsakega od podjetij (oddelek 1A, šesti odstavek, v nadaljevanju: izhodiščni znesek). Tožeča stranka v obravnavani zadevi ne izpodbija niti značaja kršitev, ki se ji v Odločbi očitajo kot zelo resne, niti presoje, na katero se je Komisija oprla, ko je sklenila, da gre za zelo resne kršitve glede na njihov značaj, dejanski vpliv na trg in obseg zadevnega geografskega trga (uvodne navedbe od 662 do 674 Odločbe). Tožeča stranka tudi ne izpodbija merila, ki ga je Komisija uporabila v obravnavani zadevi (uvodna navedba 675), in sicer ko je pri določitvi izhodiščnega zneska glob upoštevala velikost različnih trgov zadevnih vitaminskih proizvodov. To merilo pomeni v bistvu prilagoditev splošnega izhodiščnega zneska glede na velikost vsakega zadevnega trga, ki je bil nato, če je bila uporabljena različna obravnava, skladno s četrtim in šestim odstavkom oddelka 1A Smernic, vezan na prvo kategorijo podjetij, ki jo je za vsako kršitev določila Komisija, ali če take različne obravnave ni bilo, na vsa vpletena podjetja. Poleg tega tožeča stranka med pisnim postopkom nikoli ni izpodbijala absolutne višine splošnih izhodiščnih zneskov. Tožeča stranka tudi glede kršitev v zvezi z betakarotenom in s karotenidi, pri katerih Komisija ni opravila nobenega razvrščanja v kategorije, med navedenim postopkom ni uveljavljala absolutne pretiranosti zneska 20 milijonov eurov, ki je bil določen za podjetje Roche in zanjo, ampak nerazlikovanje med tema dvema podjetjema glede zneska ali, z drugimi besedami, pretiranost zneska, ki ji je bil določen, v razmerju do zneska, ki je bil določen za podjetje Roche. Kljub temu pa je tožeča stranka na obravnavi in na podlagi pojasnil, ki jih je v okviru ukrepov procesnega vodstva predložila tožena stranka, izpodbijala način, na katerega je Komisija dejansko izvedla prilagoditev splošnih izhodiščnih zneskov. S trditvami, predstavljenimi v zgoraj navedeni točki 115, se je sklicevala na domnevna neskladja med podatki, za katere tožena stranka trdi, da se je nanje oprla, in podatki v Odločbi ter tudi na pomanjkanje obrazložitve okoliščine, da je za manjše trge splošni izhodiščni znesek, izražen kot odstotek velikosti trga, precej višji kot tisti za večje trge. Pred presojo očitkov v zvezi z izhodiščnimi zneski, ki so bili konkretno določeni za tožečo stranko, je treba presoditi o dopustnosti v smislu člena 48(2) Poslovnika in po potrebi o utemeljenosti navedenih novih očitkov glede prilagoditve splošnih izhodiščnih zneskov glede na velikost prizadetega trga. b)     Prilagoditev splošnih izhodiščnih zneskov glede na velikost prizadetega trga Ugotoviti je treba, da so očitki, ki jih je v zvezi s prilagoditvijo splošnih izhodiščnih zneskov glede na velikost prizadetega trga tožeča stranka uveljavljala na obravnavi, dopustni, kolikor temeljijo na podatkih, ki jih je tožena stranka že razkrila med postopkom. Natančneje, treba je opozoriti na to, da Komisija v uvodni navedbi 675 Odločbe s tem, ko je izjavila, da ,,je za določitev izhodiščnih zneskov glob upoštevala velikost različnih trgov zadevnih vitaminskih proizvodov“, ni pojasnila, ali misli na trge EGP ali svetovni trg, niti tega, katero je bilo upoštevno obdobje pri oceni velikosti trgov; to sta vprašanji, ki ju je tožena stranka pojasnila v okviru ukrepov procesnega vodstva (glej zgoraj navedeno točko 110). Kljub temu pa ti očitki niso utemeljeni. Glede upoštevnih podatkov dejansko obstaja neskladje med trditvami iz odgovora tožene stranke na pisna vprašanja in Odločbo, in sicer glede velikosti trga vitamina B5 na ravni EGP leta 1998 ter splošnih izhodiščnih zneskov, določenih za kršitve v zvezi z vitamini A, B2 in C. To neskladje pa kljub temu nima nobene konkretne posledice, saj je očitno posledica redakcijskih napak tožene stranke pri pripravi navedenega odgovora, kar je ta na obravnavi tudi priznala, ko je pojasnila, da so pravilni podatki tisti iz Odločbe. Glede pomanjkanja obrazložitve dejstva, da je za manjše trge splošni izhodiščni znesek, izražen kot odstotek velikosti trga, precej višji od tistega za večje trge, pa preučitev podatkov iz Odločbe, ki so za vsakega od osmih zadevnih trgov navedeni v preglednici spodaj (z navedbo velikosti trga na ravni EGP za zadnje zaključeno leto kršitve in splošnega izhodiščnega zneska, izraženega v absolutni vrednosti in kot odstotek velikosti trga), res kaže na to, da trditev tožeče stranke ni neutemeljena na dejstvih. Trg Velikost trga EGP (A) (v milijonih eurov) Splošni izhodiščni znesek (B) (v milijonih eurov) B kot odstotek A Vitamin E 12,63 % Vitamin C 18,07 % Vitamin A 18,98 % Betakaroten 31,74 % Vitamin B5 37,04 % Vitamin B2 44,44 % Karotenidi 47,62 % Vitamin D3 45,45 % Kolikor tožeča stranka uveljavlja neustrezno obrazloženost prilagoditve splošnih izhodiščnih zneskov, je za zavrnitev tega očitka dovolj opozoriti na to, da čeprav je res, da Odločba ne navaja metode, po kateri je Komisija prišla do teh konkretnih zneskov glede na velikost različnih zadevnih trgov, pa je Sodišče razsodilo, da je zahteva po bistveni formalnosti, kar je dolžnost obrazložitve, izpolnjena, če Komisija v odločbi navede elemente presoje, ki so ji omogočili izmeriti težo in trajanje kršitve, ne da bi morala v njej navesti podrobnejšo analizo ali številčne podatke v zvezi z načinom izračuna globe (sodbi Sodišča z dne 16. novembra 2000 v zadevi Cascades proti Komisiji, C-279/98 P, Recueil, str. I-9693, točke od 39 do 47, in z dne 15. oktobra 2002 v zadevi Limburgse Vinyl Maatschappij in drugi proti Komisiji, imenovana ,,PVC II“, C-238/99 P, C-44/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, od C-250/99 P do C-252/99 P in C-254/99 P, Recueil, str. I-8375, točki 463 in 464, glej tudi sodbo Sodišča prve stopnje z dne 29. aprila 2004 v zadevi Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, T-236/01, T-239/01, od T-244/01 do T-246/01, T-251/01 in T-252/01, Recueil, str. I-0000, točka 252). Poleg tega pa je imela tožeča stranka po tem, ko je tožena stranka med postopkom navedla podatke, ki jih je uporabila za oceno velikosti trgov, možnost presoditi o utemeljenosti navedene prilagoditve in po potrebi v zvezi s tem uveljavljati očitke. Kolikor tožeča stranka s trditvijo iz zgoraj navedene točke 130 v resnici izpodbija utemeljenost navedene prilagoditve, pa je treba ugotoviti, da njen očitek ni dovolj dokazan, saj tožeča stranka ne navaja, zakaj naj Odločba ne bi bila zakonita zato, ker je splošni izhodiščni znesek za manjše trge, izražen kot odstotek velikosti trga, precej višji kot tisti za večje trge. Kakor koli, tudi če tožeča stranka misli uveljavljati kršitev načela sorazmernosti, načela enakega obravnavanja ali Smernic, je treba ugotoviti, da ni nujno, da splošni izhodiščni znesek v vseh primerih zelo resnih kršitev predstavlja enak odstotek prizadetega trga, izražen kot celotni promet. Nasprotno, Smernice kot izhodišče za izračun glob določajo neki določen znesek v okviru lestvice za različne stopnje teže kršitev (glej ,,mogoče zneske“ v drugem odstavku oddelka 1A Smernic), ki ni povezan z upoštevnim prometom. Tožeča stranka tej metodi, ki je dejansko glavna inovacija Smernic in torej v bistvu pomeni tarifikacijo glob, pa če je še tako relativna in prilagodljiva (zgoraj v točki 48 navedena sodba Dansk Rørindustri in drugi proti Komisiji, točka 225), ne nasprotuje. Ta metoda nikakor ne nalaga – pa tudi ne prepoveduje – upoštevanja velikosti prizadetega trga pri določanju splošnega zneska, sploh pa ne nalaga Komisiji, naj ta znesek določi glede na fiksen odstotek vsega prometa na trgu. Poleg tega pa, čeprav bi morala Komisija – kadar v isti odločbi ugotovi več zelo resnih kršitev in se odloči prilagoditi splošne izhodiščne zneske, da bi tako upoštevala velikost različnih prizadetih trgov – strogo spoštovati sorazmerje med temi zneski in velikostjo teh trgov, v obravnavani zadevi nič ne kaže na to, da bi bili splošni izhodiščni zneski, določeni za kršitve, ki zadevajo manjše trge, previsoki. Uporaba takega merila bi namreč prav lahko privedla tudi do določitve še višjih splošnih izhodiščnih zneskov za kršitve, ki zadevajo največje trge. Tožeča stranka, natančneje, ni navedla niti dokazala, da načelo sorazmernosti nalaga določitev enakega splošnega izhodiščnega zneska za vse kršitve v obravnavani zadevi, kot je to bilo storjeno za kršitev v zvezi z vitaminom E, in sicer v višini 12,63 % velikosti prizadetega trga. Preučitev upoštevnih podatkov kaže bolj na to, da je tožena stranka prilagoditev splošnih izhodiščnih zneskov glede na velikost trga izvedla razumno in skladno. Iz preglednice iz zgoraj navedene točke 130 namreč izhaja, da je Komisija določila toliko višje splošne izhodiščne zneske, kolikor večji je bil trg (glej stolpca 2 in 3), ne da bi se ravnala po natančni matematični formuli, kar pa ji niti ni bilo treba (glej v tem smislu zgoraj v točki 119 navedeno sodbo Martinelli proti Komisiji, točka 383). Tako je bil za daleč največji trg, to je trg vitamina E, splošni izhodiščni znesek določen na 35 milijonov eurov; za naslednja dva trga po velikosti, to je trga vitaminov C in A, ki sta praktično enako velika, je bil splošni izhodiščni znesek določen na 30 milijonov eurov; za ostale trge, ki so precej manjši, pa je Komisija – čeprav Smernice za zelo resne kršitve predvidevajo mogočo določitev zneska, ki je zaradi teže kršitve, ,,višji od 20 milijonov [eurov] “ – ocenila, da ta znesek primerno omejiti na 20 milijonov eurov, za najmanjši trg, katerega velikost je bila v višini 20 milijonov eurov, pa ga je znižala na do 10 milijonov eurov. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da trditve tožeče stranke ne razkrivajo nobene napake, ki bi vplivala na zakonitost prilagoditve splošnih izhodiščnih zneskov glede na velikost različnih prizadetih trgov, kot je bila izvedena v Odločbi. c)     Konkretni izhodiščni zneski, izrečeni tožeči stranki Nadalje je treba preučiti očitke tožeče stranke zoper izhodiščne zneske, kot so ji bili konkretno izrečeni za kršitve v zvezi z vitamini B5, C in E, betakarotenom in s karotenidi, iz njenih pisanj (glej zgoraj navedene točke od 104 do 106) in z obravnave (glej zgoraj navedeno točko 116). Tožeča stranka nasprotuje dejstvu, da ti izhodiščni zneski v nasprotju s tem, kar je Komisija najavila v uvodnih navedbah 680 in 681, niso bili določeni kot odstotek izhodiščnih zneskov, ki so bili določeni za glavni subjekt podjetje Roche, in sicer kot razmerje med upoštevnim prometom tožeče stranke in podjetjem Roche ali, z drugimi besedami, dejstvo, da izhodiščni zneski podjetij BASF in Roche ne predstavljajo enakega odstotka njunega upoštevnega prometa. Tožeča stranka opozarja na to, da čeprav je bil pri vitaminu E izhodiščni znesek za podjetje Roche in njo enak, in sicer 35 milijonov eurov, pa ta znesek predstavlja 14 % njenega upoštevnega prometa v zadnjem zaključenem koledarskem letu kršitve (1998) in samo 10 % ustreznega prometa podjetja Roche. Tako naj bi bil izhodiščni znesek, določen za tožečo stranko in izražen kot odstotek upoštevnega posamičnega prometa, za 40 % višji kot tisti, določen za Roche, čeprav je bil svetovni tržni delež tega podjetja za vitamin E za okoli 50 % višji od tržnega deleža tožeče stranke. Podobna anomalija naj bi se zgodila pri vitaminih B5 in C ter v še večji meri pri betakarotenu in karotenidih, saj naj bi bili izhodiščni zneski za tožečo stranko, še vedno kot odstotek njenega upoštevnega prometa, za vsakega od zadnjih dveh proizvodov trikrat višji od izhodiščnih zneskov za podjetje Roche, pa čeprav je bil tržni delež podjetja Roche na teh dveh trgih za okoli trikrat višji od tržnega deleža tožeče stranke. V zvezi s tem je treba najprej opozoriti na to, da je bil pri kršitvah v zvezi z vitaminom E, betakarotenom in s karotenidi izhodiščni znesek za tožečo stranko v absolutni vrednosti enak znesku podjetja Roche. To je posledica uvrstitve podjetij Roche in BASF v isto (prvo) kategorijo, če je Komisija podjetja razvrščala v kategorije (vitamin E), ali nerazvrstitve podjetij v kategorije ali kakršne koli druge oblike razlikovalnega obravnavanja (betakaroten in karotenidi). Nasprotno pa je bil pri kršitvah v zvezi z vitaminoma B5 in C izhodiščni znesek za tožečo stranko v absolutni vrednosti nižji od zneska podjetja Roche. To je posledica uvrstitve tožeče stranke v ločeno in nižjo (drugo) kategorijo, kot je bila tista, v katero je bil uvrščeno podjetje Roche. Na eni strani je treba ugotoviti, enako kot tožena stranka, da Komisija v uvodnih navedbah 680 in 681 Odločbe ni navedla, da bo izhodiščne zneske glob določila neposredno glede na upoštevni promet zadevnih podjetij, na primer v sorazmerju s tem prometom. Iz navedenih dveh uvodnih navedb nasprotno izhaja, da naj bi se upoštevni promet uporabil za presojo sorazmerne velikosti vsakega od podjetij na zadevnem trgu za razvrščanje podjetij v kategorije, s čimer se je želelo splošni izhodiščni znesek – opredeljen glede na značaj kršitve, njen vpliv na zadevni trg, obseg zadevnega geografskega trga in velikost zadevnega trga – prilagoditi, da bi se tako skladno s četrtim in šestim odstavkom oddelka 1A Smernic, upoštevalo ,,dejansko gospodarsko zmožnost kršiteljev, da povzročijo večjo škodo drugim subjektom“ in ,,specifično težo“ vsakega od podjetij ,,in tako dejanski vpliv njegovega protipravnega ravnanja na konkurenco“ (glej zgoraj navedeni točki 11 in 12). Poleg tega glede kršitev v zvezi z betakarotenom in s karotenidi iz uvodnih navedb 682, 695 in 696 jasno izhaja, da je bilo merilo, ki mu je Komisija sledila pri določanju izhodiščnih zneskov, prav nerazlikovanje teh dveh edinih podjetij, ki sta bili vpleteni v te kršitve (glej zgoraj navedeno točko 113). Na drugi strani pa je treba ugotoviti, da metoda za izračun izhodiščnih zneskov glob iz Smernic ne temelji na prometu zadevnih podjetij in da Smernice tudi ne odstopajo od člena 15 Uredbe št. 17, kot ga je razlagala sodna praksa (sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. marca 2002 v zadevi LR AF 1998 proti Komisiji, T-23/99, Recueil, str. II-1705, točka 282, glede tega potrjena z zgoraj v točki 48 navedeno sodbo Dansk Rørindustri in drugi proti Komisiji, točke od 254 do 257 in 261). Po sodni praksi namreč Komisiji pri določanju zneskov glob glede na težo in trajanje zadevne kršitve ni treba opraviti izračuna globe glede na zneske, ki temeljijo na prometu zadevnih podjetij, niti zagotoviti, da če se globe izrečejo več podjetjem, vpletenim v isto kršitev, končni zneski glob za zadevna podjetja, do katerih pripelje njen izračun, izražajo razlikovanje med njimi glede na njihov celotni promet ali njihov promet na trgu zadevnega proizvoda (zgoraj v točki 144 navedena sodba LR AF 1998 proti Komisiji, točka 278, glede tega potrjena z zgoraj v točki 48 navedeno sodbo Dansk Rørindustri in drugi proti Komisiji, točki 255 in 312). V zvezi s tem je treba opozoriti na uveljavljeno sodno prakso, po kateri je treba težo kršitve ugotoviti glede na številne elemente, kot so na primer posebne okoliščine zadeve, njen kontekst in odvračilnost glob (sklep Sodišča z dne 25. marca 1996 v zadevi SPO in drugi proti Komisiji, C-137/95 P, Recueil, str. I-1611, točka 54, in sodba Sodišča z dne 17. julija 1997 v zadevi Ferriere Nord proti Komisiji, C-219/95 P, Recueil, str. I-4411, točka 33, ter zgoraj v točki 144 navedena sodba LR AF 1998 proti Komisiji, točka 279). Tako je res, da lahko Komisija pri določanju zneska globe kot element presoje teže kršitve upošteva promet s proizvodi, ki so predmet kršitve, vendar pa temu prometu ne gre pripisovati nesorazmernega pomena v razmerju do drugih elementov presoje, saj določitev zneska globe ne more biti samo rezultat izračuna na podlagi tega prometa (zgoraj v točki 48 navedena sodba Musique diffusion française in drugi proti Komisiji, točki 120 in 121, in zgoraj v točki 144 navedena sodba LR AF proti Komisiji, točka 280). Sicer pa Smernice, čeprav ne predvidevajo, da bi se znesek glob izračunaval glede na upoštevni promet, ne prepovedujejo tega, da bi se ta promet upošteval pri določitvi zneska globe za spoštovanje splošnih načel prava Skupnosti in če okoliščine tako zahtevajo. Smernice poleg tega poudarjajo, da lahko načelo enake sankcije za enako ravnanje, če okoliščine tako zahtevajo, vodi v izrek različnih zneskov za zadevna podjetja, ne da bi se za to razlikovanje uporabil aritmetični izračun (oddelek 1A, sedmi odstavek) (tgoraj v točki 144 navedena sodba LR AF 1998 proti Komisiji, točke od 283 do 285, glede tega potrjena z zgoraj v točki 48 navedeno sodbo Dansk Rørindustri in drugi proti Komisiji, točki 258 in 259). Načeli sorazmernosti in enakega obravnavanja, na kateri se sklicuje tožeča stranka, pa tudi ne zahtevata, da predstavlja izhodiščni znesek globe za vse udeležence kartela enak odstotek posamičnega prometa (glej v tem smislu zgoraj v točki 48 navedeno sodbo Lögstör Rör proti Komisiji, točka 303). Dejstvo, da izhodiščni znesek globe za vse udeležence kartela ne predstavlja nujno enakega odstotka njihovega prometa, pa je sicer značilno za metodo razvrščanja podjetij v kategorije, ki pomeni enotnost izhodiščnega zneska, ki se določi podjetjem iz iste kategorije. Sodišče prve stopnje je že razsodilo, da take metode, čeprav zanemarja razlike v velikosti podjetij iz iste kategorije, načeloma ne gre zavračati (sodba Sodišča prve stopnje z dne 19. marca 2003 v zadevi CMA CGM in drugi proti Komisiji, T-213/00, Recueil, str. II-913, točka 385, in zgoraj v točki 131 navedena sodba Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, točka 217). Iz tega sledi sledi, da dejstvo, da je za nekatere globe, izrečene v Odločbi, odstotek upoštevnega prometa podjetja BASF, ki predstavlja konkretni izhodiščni znesek tega podjetja, višji od odstotka prometa podjetja Roche, ki predstavlja konkretni izhodiščni znesek le-tega, ne pomeni, da je Komisija kršila načeli sorazmernosti in enakega obravnavanja. Enako velja, če se upošteva – kot to uveljavlja tožeča stranka – razlike med tema podjetjema glede svetovnega tržnega deleža, saj tako razlikovanje ne prispeva k primerjavi tožeče stranke med konkretnimi izhodiščnimi zneski, izraženimi kot odstotek upoštevnega prometa. Ta primerjava namreč, kolikor temelji na svetovnem prometu teh dveh podjetij za zadevni proizvod, že upošteva razliko med njunima svetovnima tržnima deležema, glede na to, da sta ta tržna deleža posledica tega prometa. Vendar pa je mogoče trditve tožeče stranke, ki temeljijo na primerjavi med izhodiščnimi zneski, izrečenimi njej, in tistimi, izrečenimi podjetju Roche, razumeti tako, da se z njimi želi v bistvu ugotoviti, da: a)      bi bilo treba tožeči stranki glede kršitve v zvezi z vitaminom E, za katerega je bil podjetju Roche in tožeči stranki zaradi njune uvrstitve v isto kategorijo določen enak izhodiščni znesek, na podlagi merila upoštevnega prometa, ki se navaja v uvodni navedbi 681 Odločbe, določiti nižji izhodiščni znesek kot podjteju Roche ter jo zato uvrstiti v ločeno in nižjo kategorijo glede na tisto, v katero je bilo uvrščeno podjetje Roche; b)       je bila glede kršitev v zvezi z vitaminoma B5 in C, v zvezi s katerima je bila tožeča stranka uvrščena v ločeno in nižjo kategorijo od tiste, v katero je bilo uvrščeno podjetje Roche, in ji je bil torej določen nižji izhodiščni znesek kot podjetju Roche, tako da določeni izhodiščni zneski ne izražajo ustrezno položaja teh dveh podjetij, ki se razlikujeta glede na zgoraj navedeno merilo; c)      bi bila morala Komisija glede kršitev v zvezi z betakarotenom in s karotenidi, v zvezi s katerimi je bil podjetju Roche in tožeči stranki zaradi uvrstitve podjetij v kategorije ali katere koli druge oblike razlikovalnega obravnavanja določen enak izhodiščni znesek, ob upoštevanju istega merila ti dve podjetji obravnavati različno in tožeči stranki določiti nižje izhodiščne zneske od podjetja Roche. Najprej je treba trditev pod (a) preučiti skupaj s trditvijo tožeče stranke, s katero izpodbija svojo uvrstitev v prvo kategorijo kršitev v zvezi z vitaminom E ter ki izhaja iz primerjave med to uvrstitvijo in njeno uvrstitivjo glede kršitev v zvezi z vitaminoma A in B2 (glej zgoraj navedeno točko116). Trditev pod (b) bo obravnavana na drugem mestu, in sicer skupaj z očitkom tožeče stranke z obravnave (glej zgoraj navedeno točko 116), ki je dopusten skladno s členom 48(2) Poslovnika, ker temelji na elementih, razkritih med postopkom, glede metode določanja izhodiščnega zneska za uvrstitev v drugo kategorijo na podlagi povprečja, s tem da očitek zoper metodo, po kateri so bile vzpostavljene kategorije, ki je bil prav tako predstavljen na obravnavi, skladno z navedenim členom ni dopusten in je kakor koli pojasnjen z zgoraj v točki 150 navedenim sklepom, in fine . Trditev pod (c) glede kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi bo preučena kot tretja. Vitamin E Kolikor tožeča stranka izpodbija način, na katerega je Komisija glede kršitve v zvezi z vitaminom E konkretno razvrstila podjetja v katergorije, je treba ugotoviti, da je treba pri razvrščanju v kategorije upoštevati načelo enakega obravnavanja, po katerem je prepovedano enake položaje obravnavati različno in različne položaje obravnavati enako, razen če je tako obravnavanje objektivno utemeljeno. Poleg tega mora biti znesek glob vsaj sorazmeren glede na elemente, upoštevane pri presoji teže kršitve (zgoraj v točki 131 navedena sodba Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, točka 219, in navedena sodna praksa). Sodišče prve stopnje pa mora pri preverjanju – ali je razvrstitev udeležencev kartela v kategorije skladna z načelom enakega obravnavanja in sorazmernosti, v okviru nadzora nad zakonitostjo izvajanja pooblastila za odločanje po prostem preudarku, ki ga ima Komisija na tem področju – omejiti nadzor na to, da je ta razvrstitev skladna in objektivno utemeljena (zgoraj v točki 150 navedena sodba CMA CGM in drugi proti Komisiji, točki 406 in 416, ter zgoraj v točki 131 navedena sodba Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, točki 220 in 222), ne da bi pri tem takoj s svojo presojo nadomestilo presojo Komisije. V obravnavani zadevi je Komisija – če se pusti ob strani kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi, za katere je menila, da jih ni treba razvrstiti v kategorije (glej uvodni navedbi 695 in 696 Odločbe) – podjetja za vsako od kršitev, ugotovljenih v Odločbi, razvrstila v dve kategoriji: v prvo kategorijo, v kateri je vodilni proizvajalec ali so vodilni proizvajalci zadevnega vitamina na svetovnem trgu, in v drugo kategorijo, v kateri je (so) drug(i) proizvajalec(lci) tega vitamina, „katerih tržni deleži so bili bistveno manjši“ (glej uvodne navedbe 683, 685, 687, 689, 691 in 693 Odločbe). Ugotoviti je treba, da je razvrstitev proizvajalcev v dve kategoriji, na vodilne in ostale, razumen način upoštevanja njihovega sorazmernega pomena na trgu zaradi prilagoditve konkretnih izhodiščnih zneskov, saj ne vodi v bistveno izkrivljeno sliko zadevnega trga. Glede uporabe te metode po posameznih kršitvah v Odločbi je treba ugotoviti, da čeprav je Komisija v uvodni navedbi 681 Odločbe navedla, da je upoštevala „podatke v zvezi s svetovnim prometom za zadevni proizvod za zadnje zaključeno koldedarsko leto kršitve“, pa je vendarle v okviru ostalih delov Odločbe očitno – tožena stranka pa je to v bistvu potrdila v odgovoru na eno od pisnih vprašanj, ki ga je Sodišče prve stopnje postavilo v okviru ukrepov procesnega vodtva –, da se je Komisija za razvrstitev podjetij v kategorije v resnici oprla na svetovne tržne deleže teh podjetij v celotnem obdobju kršitve. Uvodna navedba 682 Odločbe namreč navaja, da so ,,dejavniki, ki so bili uporabljeni za razvrstitev proizvajalcev v različne kategorije,“ navedeni ,,ločeno za vsakega od vitaminov“ v uvodnih navedbah od 683 do 696. Iz navedenih uvodnih navedb izhaja, da je Komisija glede kršitev v zvezi z vitamini A, E, B2, B5, C in D3 vzpostavila dve kategoriji ,,na podlagi merila sorazmernega pomena teh podjetij na trgu“ in izhodiščne zneske določila ,,ob upoštevanju [teh] kategorij“. Komisija se je za uvrstitev vsakega podjetja v prvo ali drugo kategorijo za vsako kršitev oprla na podatke v zvezi s tržnim deležem. Vendar pa se ob upoštevanju podatkov iz uvodnih navedb 691 in 693 Odločbe izkaže, da ti tržni deleži niso bili pridobljeni na podlagi svetovnega prometa za zadevni proizvod za zadnje zaključeno koledarsko leto kršitve (naveden zunaj narekovajev v drugem stolpcu preglednice v zvezi z različimi trgi vitaminskih proizvodov v uvodni navedbi 123 Odločbe), ampak v bistvu predstavljajo povprečje tržnih deležev teh podjetij v celotnem obdobju kršitve (ti povprečni tržni deleži so navedeni v narekovajih v drugem stolpcu navedene preglednice). V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da je sklicevanje na zadnje zaključeno koledarsko leto kršitve iz uvodne navedbe 681 Odločbe, ki je posledica redakcijske napake, brez posledic in torej ni sestavni del obrazložitve, ki je podlaga za razvrstitev podjetij v eno ali drugo kategorijo. Tako je Komisija, s tem da se je oprla na svetovne tržne deleže, ki neposredno izhajajo iz svetovnega prometa s proizvodom za celotno obdobje kršitve, podjetja razdelila v dve zgoraj navedeni kategoriji, kot sledi: Prva kategorija Vodilni proizvajalec(ci) (tržni delež) Druga kategorija Drug(i) proizvajalec(ci) (tržni delež) Vitamin A 44 % 32 %–20 % Vitamin E 43 %–29 % 14 %–10 % Vitamin B2 47 % 29%–12 % Vitamin B5 36 %–29 % 21 % Vitamin C 40 %–24 % 8 % – 6% Vitamin D3 40 %–32 % 15 %–9 % Iz navedenih podatkov izhaja, da je Komisija še vedno postavila prag tam, kjer je največja razlika, čeprav znaša razlika eno odstotno točko. Kategorija vodilnih proizvajalcev je bila omejena na eno podjetje samo, če je imelo to zelo velik tržni delež (44 %–47 %). Res je, da so se tržni deleži v višini 29 % prišteli ali v prvo ali v drugo kategorijo, vendar je bil sorazmerni položaj podjetja s takimi deleži drugačen: uvrstitev v drugo kategorijo je pomenila razliko 18 odstotnih točk do vodilnega proizvajalca (vitamin B2), v primerjavi z razliko samo od 7 do 14 odstotnih točk pri uvrstitvi v prvo kategorijo (vitamina B5 in E). Samo pri 24-odstotnem tržnem deležu je bila utemeljena razvrstitev podjetja kot ,,vodilnega proizvajalca“ (vitamin C), ker je bila razlika do vodilnega na trgu samo 16 odstotnih točk, ostalih proizvajalci pa so bili v marginalnemu položaju (8 % in 6 %). Glede kršitve v zvezi z vitaminom E je majhna razlika med podjetjem Roche, vodilnim proizvajalcem, in tožečo stranko (14 odstotnih točk), ob upoštevanju ne posebno velikega tržnega deleža podjetja Roche, Komisiji omogočala skladno in objektivno ter torej brez kršitve načel enakega obravnavanja in sorazmernosti tožečo stranko obravnavati enako kot vodilni subjekt (v nasprotju s tretjim in četrtim proizvajalcem) kot ,,vodilnega proizvajalca“ ter tako zanjo določiti enak izhodiščni znesek, kot je bil izhodiščni znesek podjetja Roche. Drugič, glede primerjave tožeče stranke glede njenega položaja pri kršitvi v zvezi z vitaminom E ter položaja pri kršitvah v zvezi z vitaminoma A in B2 (glej zgoraj navedeno točko 106) ta ne more voditi k ugotovitvi, da je bilo kršeno načelo enakega obravnavanja, ki predpostavlja, da se neko osebo ali kategorijo oseb diskriminira glede na neko drugo osebo ali kategorijo oseb. Ta primerjava lahko poleg tega vodi le do ugotovitve, da je bila v enem ali drugem primeru s strani Komisije storjena napaka v presoji pri uporabi merila, določenega za razvrstitev v kategorije. Vendar pa, čeprav bi to veljalo, razlika v obravnavi, ki jo uveljavlja tožeča stranka, ne omogoča identifikacije ustrezne obravnave, ki jo je treba nameniti tožeči stranki pri razvrstitvi podjetij v kategorije za te tri kršitve, in ne bi zadostovala za utemeljitev uvrstitve tožeče stranke v drugo kategorijo kršitev v zvezi z vitaminom E. Trditve tožeče stranke so torej brez posledic. Kakor koli, kot je utemeljeno navedla tožena stranka, ni mogoče trditi, da so bili položaji, na katere se sklicuje tožeča stranka, primerljivi zato, ker je imela na vsakem od zadevnih trgov enak ali zelo podoben tržni delež. Ker je Komisija morala presoditi o sorazmernem pomenu podjetij na vsakem trgu, te okoliščine, na katero se sklicuje tožeča stranka, ni mogoče presoditi brez upoštevanja razdelitve tržnih deležev. Ta razdelitev pa na trgu vitamina E ni bila primerljiva s tisto na trgih vitaminov A in B2. Prvič, položaj vodilnega subjekta je bil na teh dveh trgih močnejši. Drugič, v nasprotju s trgoma vitaminov A in B2 je bil na trgu vitamina E tržni delež podjetja BASF bližji tržnemu deležu vodilnega subjekta kot tržnemu deležu tretjega subjekta, in sicer je BASF od enega oziroma drugega ločilo 14 in 15 odstotnih točk. Drugačna uvrstitev BASF pri kršitvi v zvezi z vitaminom E kot tista pri kršitvah v zvezi z vitaminoma A in B2 torej ni brez objektivne utemeljitve. Iz tega sledi, da tožeča stranka ni izkazala, da je bil konkretni izhodiščni znesek globe, ki ji je bil izrečen za kršitev v zvezi z vitaminom E, določen v nasprotju z načeloma sorazmernosti in enakega obravnavanja. Vitamina B5 in C Ker tožeča stranka meni, da je glede na razlike med posamičnim upoštevnim prometom razlikovanje med izhodiščnimi zneski za kršitve v zvezi z vitaminoma B5 in C, določenimi zanjo in za podjetje Roche, je treba preučiti, ali je metoda, ki jo je Komisija izbrala za izračun teh zneskov, skladna z načeloma sorazmernosti in enakega obravnavanja. V zvezi s tem mora Komisija, čeprav ji zneskov glob ni treba določiti na podlagi natančne matematične formule, kljub temu svoje pooblastilo za odločanje po prostem preudarku izvajati skladno in objektivno utemeljeno (zgoraj v točki 150 navedena sodba CMA CGM in drugi proti Komisiji, točka 431). Opozoriti je treba na to, da je Komisija enako kot pri vitaminu E in ostalih vitaminih podjetja, vpletena v kartele v zvezi z vitaminoma B5 in C, razvrstila v kategorije na podlagi sorazmernega pomena vsakega od njih na zadevnem trgu, o čemer je presodila ob pomoči povprečnih tržnih deležev na trgu v obdobju kršitve. Primerno je spomniti tudi na to, da je izhodiščni znesek za prvo kategorijo za vsako kršitev splošni izhodiščni znesek, to je tisti, ki v Odločbi izhaja iz presoje, da so ugotovljene kršitve zelo resne, in upoštevanja velikosti zadevnega trga na ravni EGP. Glede na to, da niti Odločba niti pisanja tožene stranke ne razkrivajo metode, ki je bila uporabljena za izračun natančnih izhodiščnih zneskov, ki so bili za vsako od kršitev uporabljeni za drugo kategorijo podjetij, ki jo je vzpostavila Komisija, je Sodišče prve stopnje v okviru ukrepov procesnega vodstva pozvalo toženo stranko, naj to metodo, ki temelji na sistemu povprečij, pojasni, povzeta pa je v zgoraj navedenih točkah 112 in 113. Tožeča stranka ta sistem povprečij izpodbija, in sicer navaja, da bi moral biti njen konkretni izhodiščni znesek izračunan izključno glede na razmerje med njenim upoštevnim prometom in upoštevnim prometom podjetja Roche kot vodilnega subjekta. Kolikor se želi s tem izpodbijanjem v resnici izpodbiti ali poenotenje izhodiščnih zneskov za podjetja, ki pripadajo isti kategoriji, in torej samo metodo razvrstitve v kategorije, za katero je tako poenotenje značilno, ali domnevno nezadostno število kategorij, ki jih je v obravnavani zadevi vzpostavila Komisija, tega ni mogoče sprejeti, in sicer iz že predstavljenih razlogov v zgoraj navedenitočki 150 oziromav zgoraj navedenih točkah 159, 164 in 165. Kolikor je – brez izpodbijanja poenotenja izhodiščnih zneskov za podjetja, ki pripadajo isti kategoriji ali števila kategorij, ki jih je v obravnavani zadevi vzpostavila Komisija – to izpodbijanje naperjeno samo proti dejstvu, da je Komisija za pridobitev konkretnih izhodiščnih zneskov za podjetja v drugi kategoriji uporabila povprečen promet za vsako kategorijo, je treba ugotoviti, da tožeča stranka ni izkazala, v čem naj tak pristop ne bi bil skladen ali brez objektivne utemeljitve, na prvi pogled se namreč zdi, da omogoča logično in uravnoteženo tehtanje izhodiščnih zneskov v zvezi z drugo kategorijo. Iz tega sledi, da tožeča stranka ni izkazala, da so bili konkretni izhodiščni zneski glob, ki so ji bili izrečeni za kršitve v zvezi z vitaminoma B5 in C, določeni v nasprotju z načeloma sorazmernosti in enakega obravnavanja. Betakaroten in karotenidi Kolikor, končno, tožeča stranka Komisiji očita, da je ni obravnavala drugače kot podjetje Roche glede konkretnih izhodiščnih zneskov za kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi, je treba spomniti na to, da drugi odstavek oddelka 1A Smernic, ,,če kršitev vključuje več podjetij (npr. kartele)“ predvideva, da je ,,v nekaterih primerih potrebno uporabljati ponderje za zneske, določene znotraj vsake izmed treh kategorij, da bi upoštevali specifično težo in zato dejanski vpliv kršitev vsakega podjetja na konkurenco“. Glede na ta odstavek je tak pristop primeren, ,,zlasti če obstaja znatno neskladje med velikostjo podjetij, ki zagrešijo kršitve iste vrste“. Komisija je v obravnavani zadevi v uvodnih navedbah 695 in 696 Odločbe navedla, da ji glede na to, da sta bila svetovna trga betakarotena in karotenidov“ v bistvu v rokah dveh velikih proizvajalcev“, za določitev izhodiščnih zneskov glob ni bilo treba vzpostaviti ločenih kategorij podjetij. Podjetji Roche in BASF sta v obdobju kršitve skupaj obvladovali 100 % vsakega od teh dveh trgov, tako da je bil za vsako od teh dveh zadevnih kršitev določen izhodiščni znesek 20 milijonov eurov (glej zgoraj navedeno točko 13). V zvezi s tem iz uporabe besedne zveze ,,v nekaterih primerih“ in besede ,,zlasti“ iz šestega odstavka točke 1A Smernic izhaja, da ponderiranje glede na posamično velikost podjetij ni sistematična faza pri izračunu, ki bi si jo naložila Komisija, ampak prilagodljivost, ki si jo je pridržala v zadevah, kjer je to potrebno. V tem kontekstu je primerno spomniti na sodno prakso, po kateri ima Komisija pooblastilo za odločanje po prostem preudarku, ki ji omogoča, da pri določanju zneskov glob, ki jih namerava izreči, glede na okoliščine zadeve nekatere elemente upošteva ali pa ne (glej v tem smislu zgoraj v točki 146 navedeno sodno prakso). Ob upoštevanju zgoraj navedenega besedila šestega odstavka točke 1A Smernic je treba ugotoviti, da si je Komisija glede možnosti ponderiranja glob glede na velikost vsakega od podjetij pridržala določeno polje presoje po prostem preudarku (zgoraj v točki 119 navedena sodba JFE Engineering in drugi proti Komisiji, točka 553). Glede na to pa, da lahko na trgu, na katerem sta prisotna samo dva subjekta, kartel obstaja samo, če v njem sodelujeta ta subjekta, je treba ugotoviti, enako kot tožena stranka, da je sodelovanje drugega subjekta glede na tržni delež enako nujno za obstoj kartela kot sodelovanje prvega subjekta. Poleg tega je šlo v obravnavani zadevi za velika proizvajalca. V teh okoliščinah je Komisija lahko kljub nedvomni razliki med upoštevnima prometoma in tržnimi deleži teh dveh podjetij v obdobju kršitve, kot to izhaja iz preglednice v zvezi s trgoma betakarotena in karotenidov iz uvodne navedbe 123 Odločbe, ne da bi s tem presegla pooblastilo za odločanje po prostem preudarku, opustila razlikovanje pri obravnavi tožeče stranke in podjetja Roche glede izhodiščnih zneskov glob, ki jima jih je izrekla za kršitve, storjene na teh dveh trgih. Iz tega sledi, da tožeča stranka ni izkazala, da so bili konkretni izhodiščni zneski glob, ki so ji bili izrečeni za kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi, določeni v nasprotju z načeloma sorazmernosti in enakega obravnavanja. Iz vsega navedenega izhaja, da je treba tretji tožbeni razlog v celoti zavrniti. C – Četrti tožbeni razlog, ki zadeva zvišanje izhodiščnih zneskov glob, izrečenih tožeči stranki, in sicer zaradi odvračilnosti 1. Trditve strank Tožeča stranka izpodbija zvišanje izhodiščnega zneska svoje celotne globe z 128,5 na 267 milijonov eurov zaradi odvračilnosti. Meni, da to zvišanje ni bilo dovolj obrazloženo in da je posledica različnih pravnih napak. a)     Prvi del: stoodstotno zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“ ni dovolj obrazloženo Tožeča stranka trdi, da stoodstotno zvišanje izhodiščnega zneska glob ,,zaradi odvračilnosti“ ni dovolj obrazloženo. V Odločbi naj namreč ne bi bilo obrazloženo, niti zakaj je bila glede nje potrebna odvračilnost niti zakaj je bilo potrebno tako veliko zvišanje. Izjava, da je bilo to zvišanje potrebno zaradi velikosti podjetja ali zaradi uporabe splošnega koncepta odvračilnosti, naj ne bi pomenila obrazložitve za tako veliko zvišanje zaradi odvračilnosti. Tožeča stranka poudarja, da je nezadostnost obrazložitve odvračilnosti v Odločbi še bolj očitno, če se to obrazložitev primerja s Komisijino podrobnejšo obrazložitvijo utemeljitve uporabe dejavnika odvračilnosti iz Odločbe 1999/60/ES z dne 21. oktobra 1998 o postopku na podlagi člena 85 Pogodbe ES (IV/35.691/E-4 – izolirane cevi, UL 1999, L 24, str. 1, v nadaljevanju: Odločba izolirane cevi). Tožena stranka meni, da je v Odločbi res dobro obrazloženo, zakaj je treba izhodiščni znesek glob zvišati za 100 % pri podjetjih BASF, Roche in Aventis. Sklicuje se na uvodno navedbo 698 Odločbe, v kateri naj bi bilo pojasnjeno, da je bilo treba znesek zvišati zaradi velikosti in celotnih sredstev teh podjetij. To uvodno navedbo naj bi bilo treba brati v kontekstu s splošno obrazložitvijo iz Odločbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. maja 1998 v zadevi Cascades proti Komisiji, T-308/94, Recueil, str. II-925, točka 156), ki naj bi na dolgo obrazložila vpliv protipravnega ravnanja teh podjetij na različne trge vitaminov. b)     Drugi del: v primeru tožeče stranke ni bilo potrebno nikakršno zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“ Po mnenju tožeče stranke Odločba ne razlikuje dovolj med kaznovalnimi in odvračilnimi nameni glob. Po njenem mnenju bi morala Komisija za preučitev, ali je utemeljeno kakršno koli zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“, preveriti, ali bi bilo podjetje brez zvišanja izrečene globe iz naslova teže in trajanja kršitve ,,zaradi odvračilnosti“ odvrnjeno od prihodnje storitve kršitve. Dodatna globa za podjetje zaradi odvračilnosti samo zato, ker je veliko, naj ne bi bila potrebna. Politika dodatnih glob za velika podjetja brez dodatne obrazložitve naj bi bila v nasprotju z razumnostjo nediskriminacije. Skladno s sodno prakso Sodišča in Sodišča prve stopnje naj bi morala Komisija preveriti, ali je na podlagi presoje verjetnosti vrnitve s strani podjetja odvračilnost glede njega potrebna (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. julija 2001 v zadevi Tate & Lyle in drugi proti Komisiji, T-202/98, T-204/98 in T-207/98, Recueil, str. II-2035, točka 134). Med svetovnim prometom podjetja in zahtevo po odvračilnosti pa naj ne bi bilo nobene razumne povezave, saj ta promet ni indic za verjetno vrnitev tega podjetja. Tudi same Smernice naj bi v ločenih odstavkih oddelka 1A jasno razlikovale med velikostjo podjetij in odvračilnostjo. Tožeča stranka navaja, da naj bi Komisija v obravnavani zadevi pri presoji, da je treba globe za tožečo stranko zvišati ,,zaradi odvračinosti“, ravnala napačno, ker ni preučila vrste okoliščin, ki bi jo morale pripeljati do sklepa, da zvišanje ni potrebno. Prvič, tožeča stranka naj bi sprejela izredno stroge ukrepe s tem, ko je odpustila tri zelo visoke uslužbence, ki so bili neposredno odgovorni za kartel, in je vse ostale uslužbence celovito obvestila o tej odpustitvi, kot tudi o zelo resnih notranjih in zunanjih posledicah, ki bi doletele uslužbence, ki bi izvajali podobne protipravne dejavnosti. Drugič, tožeča stranka naj bi prostovoljno priznala, da je bila udeležena v kartelu, in naj bi polno sodelovala pri Komisijini preiskavi. Tretjič, tožeča stranka naj bi plačala globe v skupni višini okoli 270 milijonov eurov za kartel v jurisdikcijah zunaj EGP (Združene države, Kanada in Avstralija) in naj bi pričakovala, da bo civilna odškodnina, ki bi jo morala plačati, samo v Združenih državah dosegla več sto milijonov eurov. Četrtič, odvračilni učinek naj bi bil že zajet v izhodiščnem znesku celotne globe, določene v višini 128,5 milijona eurov in torej zelo visoke, tako da naj dodatno zvišanje zaradi odvračilnosti ne bi bilo potrebno. Petič, tožeča stranka naj bi v podjetju izvedla izredne ukrepe za povečanje ozaveščenosti in za spoštovanje pravil konkurence, kar naj bi kazalo na njen namen, da prepreči bodoče kršitve (sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. marca 2002 v zadevi ABB Asea Brown Bover proti Komisiji, T-31/99, Recueil, str. II-1881, točka 221). Tožena stranka pojasnjuje, da v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, stoodstotno zvišanje ne temelji na svetovnem prometu podjetja. Gre za približno prilagoditev, ki upošteva velikost podjetja BASF na vsakem od različnih trgov vitaminov in njegova celotna sredstva. Tožena stranka opozarja na to, da če bi bila razlaga tožeče stranke pravilna, potem bi moralo biti zvišanje pri podjetju BASF veliko večje, saj je bil njegov svetovni promet višji od prometa podjetja Roche, ki je utrpelo enako zvišanje. Nasprotuje temu, da je imel že izhodiščni znesek odvračilen učinek. V zvezi s tem opozarja na to, da številka 128,5 milijona eurov, ki jo uporablja tožeča stranka, ni omenjena nikjer v Odločbi in je zavajajoča, saj predstavlja vsoto izhodiščnih zneskov osmih glob, izrečenih za različne kršitve, pri katerih je sodelovala tožeča stranka. Nadalje tožena stranka navaja, da okoliščine, ki naj bi po mnenju tožeče stranke izključevale potrebo po zvišanju izhodiščnih zneskov zaradi odvračilnosti (kot so predstavljene v zgoraj navedeni točki 192), niso upoštevne. c)     Tretji del: stoodstotno zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“ je v nasprotju s Smernicami in z legitimnimi pričakovanji, ki iz njih izhajajo Tako zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“ je po mnenju tožeče stranke v nasprotju s Smernicami in njenimi legitimnimi pričakovnaji, ki iz njih izhajajo. Smernice naj bi določale, da je odvračilnost eden od elementov, ki jih lahko Komisija po potrebi uporabi za ugotavljanje, ali bi morala biti globa nižja ali višja od 20 milijonov eurov, ki je določena za zelo resne kršitve. Vendar pa naj nič v Smernicah ne bi kazalo na to, da Komisija lahko ali mora šteti odvračilnost kot dodaten in ločen element, ki utemeljuje zvišanje izhodiščnega zneska globe za 100 %, v obravnavani zadevi pa za nič manj kot 128,5 milijona eurov. Trdi, da če bi Komisija želela izreči globe na podlagi izhodiščnega zneska, višjega od 120 milijonov eurov, in ta znesek zvišati za 100 %, tako da bi zaradi tega v primeru tožeče stranke osnovni znesek zaradi teže znašal 257 milijonov eurov, bi morala sprejeti nove Smernice. Tako visoki zneski naj namreč na podlagi sedanjih Smernic ne bi bili mogoči, Komisija pa naj ne bi razumno in utemeljeno trdila, da so tako visoke globe, izračunane na navedeni način, združljive z njimi. Tožena stranka odgovarja, da s stoodstotnim zvišanjem izhodiščnih zneskov glob, izrečenih tožeči stranki, ni kršila Smernic. Te naj poleg tega ne bi bile podlaga za legitimna pričakovanja glede glob, saj naj bi jih Komisija upravičeno in po prostem preudarku lahko zvišala v okviru omejitev iz Uredbe št. 17. d)     Četrti del: stoodstotno zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“ je pretirano in ni sorazmerno Po mnenju tožeče stranke lahko Komisija neodvisno od Smernic izreče globo ,,zaradi odvračilnosti“ samo, kolikor je ta sorazmerna za preprečitev storitve nove kršitve s strani določenega podjetja. V obravnavani zadevi pa naj Komisija tega načela ne bi spoštovala in naj bi zvišala globo in terrorem . stoodstotno zvišanje izhodiščnega zneska globe samo zaradi splošne odvračilnosti naj bi bilo pretirano in naj ne bi bilo sorazmerno. V zvezi s tem tožeča stranka ugotavlja, da to zvišanje realno predstavlja več kot 40 % celotne globe, ki ji je bila izrečena po uporabi obvestila o ugodni obravnavi, in da ji je bila globa zvišana za 100 % za vse kršitve, ki jih je storila, in torej brez povezave s prometom, ki ga je ustvarila na različnih trgih vitaminskih zadevnih proizvodov in z različnim trajanjem teh različnih kršitev. Tožena stranka navaja, da morajo biti globe sorazmerne glede na težo in trajanje kršitve. Ni pomembno torej, da predstavlja izvedeno zvišanje zaradi odvračilnosti 40 % celotne globe, izrečene tožeči stranki po uporabi obvestila o ugodni obravnavi. Poleg tega ponovno trdi, da nikakor ni zavezana določiti končnega zneska glob glede na promet podjetij. e)     Peti del: odvračilni učinek bi moral biti presojan glede na celotno globo in ne glede na izhodiščni znesek globe Tožeča stranka navaja, da je Komisija storila napako s tem, ko je presojala potrebo po odvračilnosti, preden je izračunala celotno globo glede na težo, trajanje ter obteževalne in olajševalne okoliščine. Šele takrat bi namreč lahko Komisija ugotovila, ali bo imela globa zadosten odvračilen učinek in ali je treba izvesti dodatno zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“. Po mnenju tožeče stranke je teža kršitve odvisna samo do narave in trajanja kršitve in ne od zunanjih dejavnikov, kot je potreba po odvračanju od bodočega ravnanja. Navaja točko 119 zgoraj v točki 190 navedene sodbe Tate & Lyle in drugi proti Komisiji, iz katere naj bi izhajalo, da teža kršitve izhaja izključno iz okoliščin, v katerih je bila kršitev storjena, in da je treba odvračilnost presojati za vsako podjetje posebej ter po tem, ko je znesek globe že izračunan glede na vse ostale dejavnike. Tožena stranka opozarja na to, da je Sodišče prve stopnje potrdilo, da je upoštevanje odvračilnega učinka globe eden od dejavnikov, ki se jih uporablja pri ugotavljanju teže kršitve (zgoraj v točki 192 navedena sodba ABB Asea Brown Boveri proti Komisiji, točka 167). Poleg tega poudarja, da je upoštevanje odvračilnega učinka navedeno v oddelku 1A Smernic v zvezi s težo kršitve in da zgoraj v točki 190 navedena sodba Tate & Lyle in drugi proti Komisiji nikakor ne kaže na to, da odvračilnega učinka ni treba upoštevati pri ugotavljanju teže kršitve. 2. Presoja Sodišča prve stopnje a)     Spoštovanje dolžnosti obrazložitve (prvi del) Iz obrazložitve, ki jo zahteva člen 253 ES, mora biti jasno in nedvoumno razvidno razlogovanje organa Skupnosti, ki je avtor spornega akta, tako da se zainteresirani lahko seznanijo z razlogi za sprejeti ukrep, pristojno sodišče pa lahko izvaja nadzor. Zahtevo po obrazložitvi je treba presojati glede na okoliščine zadeve, zlasti glede na vsebino akta, značaj navedenih razlogov in interes za obrazložitev, ki ga lahko imajo naslovniki ali druge osebe, ki jih akt neposredno in posamično zadeva. Ne zahteva se, da se v obrazložitvi navede vse upoštevne dejanske in pravne elemente, saj je treba vprašanje, ali obrazložitev nekega akta izpolnjuje zahteve iz člena 253 ES, presojati ne samo glede na njegovo besedilo, ampak tudi glede na njegov kontekst in vsa pravna pravila, ki urejajo zadevno področje (sodba Sodišča z dne 2. aprila 1998 v zadevi Komisija proti Sytraval in Brink's France, C-367/95 P, Recueil, str. I-1719, točka 63). Glede odločbe, s katero se več podjetjem izreče globe za kršitev pravil Skupnosti o konkurenci, je treba, natančneje, obseg dolžnosti obrazložitve ugotoviti o upoštevanju dejstva, da je treba težo kršitev ugotoviti glede na veliko število elementov, kot so na primer posebne okoliščine zadeve, njen kontekst in odvračilnost glob, in to brez zavezujočega ali izčrpnega seznama meril, ki bi jih bilo treba obvezno upoštevati (zgoraj v točki 146 navedeni sklep SPO in drugi proti Komisiji, točka 54, in zgoraj v točki 131 navedena sodba PVC II, točka 465, ter zgoraj v točki 192 navedena sodba ABB Asea Brown Boveri proti Komisiji, točka 252). V obravnavani zadevi je treba glede stoodstotnega zvišanja izhodiščnih zneskov glob za tožečo stranko ugotoviti, da je Komisija v uvodni navedbi 697 Odločbe navedla, da „[ona] odloča, ali je treba zaradi zadostne odvračilnosti globe prilagoditi izhodiščni znesek za katero koli od zadevnih podjetij“. Nadalje, Komisija je v uvodni navedbi 698 ocenila, da je bilo treba za podjetja BASF, Roche in Aventis ,,izhodiščni znesek globe, izračunan na podlagi sorazmernega pomena na zadevnem trgu, zvišati ter tako upoštevati velikost in vsa sredstva teh podjetij“ Končno, Komisija je v uvodni navedbi 699 ločeno za vsako od podjetij in za vsako od kršitev navedla stopnje zvišanja ,,zaradi zagotovitve odvračilnega učinka“. Te stopnje so znašale v vseh primerih stoodstotnega izhodiščnega zneska globe. Iz navedenih uvodnih navedb, ki so v delu Odločbe z naslovom ,,Zadosten odvračilni učinek“, izhaja, da je Komisija presodila, da je treba izhodiščne zneske, določene za tožečo stranko, zvišati in tako zagotoviti zadosten odvračilni učinek glob glede na njeno velikost in sredstva. Res je sicer, da se v tem delu Odločbe ne pojasnjuje natančneje, na podlagi katerih podatkov je Komisija ocenila velikost in sredstva tožeče stranke. Vendar pa iz Odločbe pravno zadostno izhaja, da se je Komisija – česar tožeča stranka nikjer ne izpodbija – v zvezi s tem oprla na svetovni promet teh podjetij, kot je naveden v prvi preglednici iz uvodne navedbe 123 Odločbe. Komisija je namreč v uvodni navedbi 123 Odločbe navedla, da dajejo preglednice iz te uvodne navedbe ,,predstavo o sorazmernem pomenu vsakega od podjetij na svetovnem trgu in na trgu EGP ter o njihovi velikosti“. Prva od teh preglednic prikazuje ves svetovni promet, ki ga je v letu 2000 ustvarilo vsako od podjetij, ki so naslovniki Odločbe, naslednje preglednice pa za vsakega od vitaminskih proizvodov navajajo promet za zadnje zaključeno koledarsko leto kršitve ter tržne deleže za obdobje kršitve na svetovni ravni in na ravni EGP za proizvajalce, ki so poslovali na tem trgu. Glede na to, da je iz Odločbe razvidno, da je Komisija sorazmeren pomen za vsako od podjetij na zadevnem trgu presodila na podlagi podatkov v zvezi s svetovnim trgom zadevnega vitaminskega proizvoda (promet ali tržni delež: v zvezi s tem glej analizo zgoraj navedenega tretjega tožbenega razloga), in glede na to, da so bili ti podatki že izčrpani za določitev izhodiščnih zneskov glob, promet na trgu EGP pa v tem kontekstu ni upošteven (glej v tem smislu zgoraj v točki 131 navedeno sodbo Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, točka 246), je treba ugotoviti, da je Komisija velikost in sredstva podjetij – ki jih je upoštevala pri zvišanju izhodiščnih zneskov – presodila na podlagi svetovnega prometa iz prve preglednice iz uvodne navedbe 123 v zvezi z letom 2000. Ta preglednica poleg tega prikazuje, da je bil prav svetovni promet podjetij BASF, Roche in Aventis najvišji med podjetji, ki so naslovniki Odločbe. Poleg tega iz ustaljene sodne prakse izhaja, da daje svetovni promet približno in nepopolno predstavo o velikosti ter gospodarski moči podjetja (zgoraj v točki 48 navedena sodba Musique diffusion française in drugi proti Komisiji, točka 121, sodbi Sodišča z dne 12. novembra 1985 v zadevi Krupp Stahl proti Komisiji, 183/83, Recueil, str. 3609, točka 37, in z dne 17. decembra 1998 v zadevi Baustahlgewebe proti Komisiji, C-185/95 P, Recueil, str. I-8417, točka 139, sodbe Sodišča prve stopnje z dne 14. julija 1994 v zadevi Parker Pen proti Komisiji, T-77/92, Recueil, str. II-549, točka 94; z dne 14. maja 1998 v zadevi SCA Holding proti Komisiji, T-327/94, Recueil, str. II-1373, točka 176, in z dne 9. julija 2003 v zadevi Cheil Jedang proti Komisiji, T-220/00, Recueil, str. II-2473, točka 61). Nasprotno pa upoštevnost ostalih elementov, na katere se sklicuje tožena stranka v pisanjih (vpliv posamičnega protipravnega ravnanja, velikost na vsakem od različnih trgov vitaminov, velikost v sektorju vitaminov v celoti, sposobnost podjetij Roche in BASF, da zmanjšata marže svojih strank, ki enako kot onidve poslujejo na prodajnem trgu premiksov, ali vpletenost poslovodij podjetij Roche, BASF in Aventis v nezakonite kartele), kot indicev za velikost in sredstva, ki so kot edini dejavniki navedeni v uvodni navedbi 698 Odločbe, ni takoj razvidna in noben del Odločbe, v nasprotju s svetovnim prometom, ne daje podlage za sklep, da so bili ti elementi dejansko upoštevani pri zvišanju izhodiščnih zneskov glob zaradi odvračilnosti. Tožena stranka je na obravnavi končno potrdila, da je pri presoji velikosti in celotnih sredstev zadevnih podjetij v uvodni navedbi 698 res uporabila samo svetovni promet iz uvodne navedbe 123 Odločbe. Kolikor tožeča stranka v tem delu uveljavlja pomanjkanje obrazložitve tudi glede zneska zadevnega zvišanja (100 % ali večkratnik dve), ki je bil v uvodni navedbi 699 Odločbe določen v enaki višini za vse kršitve, je treba ugotoviti, da čeprav je res, da v Odločbi ni navedena metoda, po kateri je Komisije prišla do tega zneska, pa je Sodišče razsodilo, da je zahteva po bistveni formalnosti, kar obrazložitev je, izpolnjena, če Komisija v odločbi navede elemente presoje, ki so ji omogočili izmeriti težo in trajanje kršitve, ne da bi ji bilo treba v njej navesti podrobnejšo obrazložitev ali številčne podatke v zvezi z načinom izračuna globe (glej zgoraj v točki 131 navedeno sodno prakso). Natančneje, iz zgoraj v točki 131 navedeni sodbi Cascades proti Komisiji (točki 47 in 48) izhaja, da je navedba številčnih podatkov, ki so bili posebej v zvezi z odvračilnim učinkom upoštevani pri izvajanju Komisijinega pooblastila za odločanje po prostem preudarku pri določitvi glob, možnost, za katero je zaželeno, da jo Komisija izkoristi, ni pa to zahteva iz dolžnosti obrazložitve. Jasno je torej, da je Komisija v Odločbi navedla elemente, ki jih je med drugim v zvezi s tožečo stranko upoštevala pri zvišanju izhodiščnih zneskov glob zaradi odvračilnosti, in tako tožeči stranki omogočila seznanitev z utemeljitvijo tega zvišanja in uveljavljanje njenih pravice, sodišču Skupnosti pa izvajanje nadzora. Vprašanje, ali je ta obrazložitev zadostna pravna podlaga za tako zvišanje, je vsebinsko vprašanje, ki bo presojano pri analizi ostalih delov obravnavanega tožbenega razloga (zlasti drugega in petega dela). Ker je bilo zvišanje zaradi odvračilnosti izhodiščnih zneskov glob, izrečenih tožeči stranki, v uvodnih navedbah od 697 do 699 v zvezi z uvodno navedbo 123 Odločbe zadostno obrazloženo, je treba ta del zavrniti. b)     Utemeljenost stoodstotnega zvišanja zaradi odvračilnosti (drugi do peti del) Tožeča stranka z drugim, s tretjim, četrtim in petim delom obravnavanega tožbenega razloga izpodbija utemeljenost navedenega zvišanja. Sodišče prve stopnje bo najprej preučilo drugi del, s katerim tožeča stranka izpodbija potrebo po zvišanju ,,zaradi odvračilnosti“ v zvezi z njo, in sicer skupaj s petim delom, s katerim tožeča stranka Komisiji očita, da je to potrebo preučila prezgodaj pri izračunu glob. Nato bo analiziralo tretji in četrti del, s katerima se želi izpodbijati obseg zadevnega zvišanja. Drugi in peti del –       Upoštevanje odvračilnosti pri določitvi zneska globe Spomniti je treba na to, da je namen sankcij iz člena 15 Uredbe št. 17 kaznovati protipravno ravnanje in preprečiti njegovo ponovitev (zgoraj v točki 47 navedena sodba ACF Chemiefarma proti Komisiji, točka 173, sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. aprila 1999 v zadevi Limburgse Vinyl Maatschappij in drugi proti Komisiji, od T-305/94 do T-307/94, od T-313/94 do T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 in T-335/94, Recueil, str. II-931, točka 1166, in zgoraj v točki 119 navedena sodba JFE Engineering in drugi proti Komisiji, točka 543). Odvračilnost je torej eden od namenov globe. Smernice ta namen navajajo v oddelku 1A, ki obravnava ,,težo“. Natančneje, četrti odstavek te točke navaja, da bo treba ,,določiti kazen na ravni, ki naj zagotavlja, da ima dovolj odvračilen učinek“. V obravnavani zadevi je ta zahteva navedena v naslovu enega od poglavij Odločbe (,,Zadosten odvračilni učinek“) in dvakrat v uvodnih navedbah iz tega poglavja (uvodna navedba 697: ,,za zagotovitev zadostne odvračilnosti globe [...]“; uvodna navedba 699: ,,[...] Komisija meni, da je treba zaradi zagotovitve odvračilnega učinka [...]“). Komisija je zaradi njene izpolnitve ocenila za primerno, da za tri podjetja, med katerimi je bila tudi tožeča stranka, konkretne izhodiščne zneske glob, ki so bili določeni glede na presojo teže kršitve v celoti, upoštevanje velikosti trga in po potrebi sorazmernega pomena vsakega od podjetij na trgu, pomnoži z določenim količnikom (v obravnavani zadevi s količnikom dve, to je 100 %). Ta korak je pri izračunu zneska glob pred obravnavo trajanja kršitve iz oddelka 1B Smernic ter obteževalnih in olajševalnih okoliščin iz oddelkov 2 in 3 Smernic. Tožeča stranka navedeno poglavje Odločbe, s tem da se opira na besedilo, navedeno v zgornji uvodni navedbi 221, razlaga tako, da je Komisija v njem izvedla preverjanje primernosti izhodiščnih zneskov, kot jih je določila v predhodnem poglavju Odločbe, z vidika odvračilnosti. S tega vidika Komisiji očita, prvič, da ni konkretno preverila verjetnosti vrnitve z njene strani in da je odvračilnost preučila na podlagi neupoštevnih meril, to je velikosti in sredstev podjetja, ter, drugič, da je navedeno presojo opravila prezgodaj pri izračunu globe in tako napačno zanemarila dodatno odvračilnost, ki izhaja iz dodatnih zneskov, ki ji jih je izrekla Komisija iz naslova trajanja kršitev, ter obteževalne okoliščine, da je imela vlogo vodje in pobudnika pri teh kršitvah. Ni sporno, da Komisija pri zvišanju izhodiščnih zneskov glob za tožečo stranko in drugi zadevni podjetji (Roche in Aventis) ni preverjala verjetnosti vrnitve z njihove strani. Kot izhaja iz uvodnih navedb od 697 do 699 Odločbe, je upoštevala samo velikost in sredstva teh podjetij. Kljub temu pa je treba ugotoviti, da nepreveritev verjetnosti vrnitve s strani tožeče stranke nikakor ne vpliva na zakonitost tega zvišanja. Treba je namreč ugotoviti, da je glede na to, da je odvračilnost eden od namenov globe, zahteva po njeni zagotovitvi splošna zahteva, ki mora voditi Komisijo ves čas postopka izračuna globe in ne pomeni nujno, da mora biti njen posebni del tudi skupna ocena vseh upoštevnih okoliščin zaradi doseganja tega namena. Tako Smernice, čeprav se v četrtem odstavku oddelka 1A in torej v kontekstu določitve zneska globe zaradi teže kršitve sklicujejo na potrebo po ,,določitvi kazni na ravni, ki naj zagotavlja, da ima dovolj odvračilen učinek“, med obteževalnimi okoliščinami navajajo ,,potrebo po povečanju globe z namenom preseči znesek dobičkov, pridobljenih protipravno kot rezultat kršitve, ko je objektivno možno oceniti ta znesek“ (peta alinea oddelka 2). Upoštevanje gospodarske ali finančne koristi, ki so jo morda pridobili kršitelji – kar je tudi v oddelku 5(b) Smernic navedeno kot ,,objektivni dejavnik“, ki ga je treba upoštevati po izračunih iz predhodnih točk Smernic, ,,in globe je potrebno prilagoditi v skladu s tem“ –, temelji prav na odvračilnem namenu globe. Odvračilni učinek glob bi se namreč zmanjšal, če bi podjetja, ki so kršila pravo konkurence, lahko pričakovala, da bo njihovo ravnanje kaznovano z globo, ki bo nižja od dobička, ki bi ga lahko imela od navedenega ravnanja (sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. marca 2002 v zadevi HFB in drugi proti Komisiji, T-9/99, Recueil, str. II-1487, točka 456, po pritožbi potrjena glede tega z zgoraj v točki 48 navedeno sodbo Dansk Rørindustri in drugi proti Komisiji, točka 292). Podobno je zahteva po odvračilnosti temeljni razlog za zvišanje zneska zaradi ,,ponovljene kršitve iste vrste in istega(-ih) podjetja(-ij)“, kar je v smislu Smernic (prvi odstavek oddelka 2) tudi oteževalna okoliščina (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 30. septembra 2003 v zadevi Michelin proti Komisiji, T-203/01, Recueil, str. II-4071, točka 293). Glede na to, da obstoj odvračilnosti ni poseben element presoje, ki bi bil del določene faze pri izračunu globe, trditev tožeče stranke, da je odvračilnost treba presojati ob upoštevanju verjetnosti vrnitve, ne zadostuje za izpodbijanje zvišanja izhodiščnih zneskov, ki ga je v obravnavani zadevi opravila Komisija. Navedeno zvišanje je namreč zvišanje zaradi velikosti in vseh sredstev podjetij, s tem da je odvračilni namen glob bistveni razlog, na katerega se sklicuje Odločba pri upoštevanju velikosti in vseh sredstev podjetij za določitev zneska glob (glej uvodno navedbo 698 Odločbe). Z drugimi besedami, tudi če Komisija ne bi napačno upoštevala dejavnikov, ki bi po mnenju tožeče stranke lahko vodili v zmanjšanje tveganja njene vrnitve (glej zgoraj navedeno točko 192), taka opustitev ne bi vplivala na zakonitost načela zvišanja iz uvodnih navedb od 697 do 699 Odločbe, ki je odvisna izključno od vprašanja, ali je merilo, ki ga je uporabila Komisija, to je merilo velikosti in vseh sredstev podjetij, upoštevno za zagotovitev odvračilnega učinka glob. Taka opustitev pa bi, nasprotno, upravičila to, da Sodišče prve stopnje navedene dejavnike upošteva ločeno od analize zakonitosti navedenega zvišanja. Poleg tega je Sodišče prve stopnje glede točke 134 zgoraj v točki 190 navedene sodbe Tate & Lyle in drugi proti Komisiji (po pritožbi potrjena s sodbo Sodišča z dne 29. aprila 2004 v zadevi British Sugar proti Komisiji, C-359/01 P, Recueil, str. I-4933), na katero se sklicuje tožeča stranka, v njej ugotovilo, da ima Komisija pooblastilo za odločanje o globah z vidika krepitve njihove odvračilnosti, če so določene kršitve, čeprav je bila njihova nezakonitost ugotovljena že od začetka politike Skupnosti s področja konkurence, še vedno sorazmerno pogoste zaradi dobička, ki ga lahko nekatera od zadevnih podjetij od tega pridobijo. V nasprotju s trditvami tožeče stranke iz navedene ugotovitve nikakor ne izhaja, da je odvračilnost globe mogoče uveljavljati izključno, če bi imelo zadevno podjetje namero ponoviti kršitev. Treba je torej preučiti vprašanje, ali je merilo velikosti in vseh sredstev podjetij upoštevno za zagotovitev odvračilnega učinka glob (glej v nadaljevanju navedene točke od 233 do 236), in če je tako, preveriti, kako je bilo to merilo uporabljeno v primeru tožeče stranke (glej v nadaljevanju navedene točke od 237 do 245). Samo v drugem primeru se bo treba vprašati, ali so okoliščine, na katere se sklicuje tožeča stranka in ki naj bi bile indici za šibko verjetnost vrnitve z njene strani, upoštevne pri izračunu globe in utemeljujejo uporabo dejavnikov znižanja zneska globe (glej v nadaljevanju navedene točke od 264 do 271). –       Upoštevnost upoštevanja velikosti in vseh sredstev podjetij za zagotovitev odvračilnega učinka glob Ugotoviti je treba, da je sodna praksa Skupnosti že večkrat potrdila upoštevnost velikosti in gospodarske moči podjetja kot elementov presoje pri določanju zneska globe, ki se jo izreka po členu 15 Uredbe št. 17. Razsojeno je bilo, na primer, da se ta elementa lahko uporabita kot indica za vpliv, ki ga je zadevno podjetje lahko imelo na trgu (glej v tem smislu zgoraj v točki 48 navedeno sodbo sodišča Musique diffusion française in drugi proti Komisiji, točka 120, sodbo z dne 8. novembra 1983 v zadevi IAZ in drugi proti Komisiji, od 96/82 do 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 in 110/82, Recueil, str. 3369, točka 52, in zgoraj v točki 212 navedeno sodbo SCA Holding proti Komisiji, točka 176), skladno s petim odstavkom točke 1A Smernic pa tudi kot indica za seznanjenost podjetja z zahtevami in s posledicami prava konkurence (zgoraj v točki 192 navedena sodba ABB Asea Brown Boveri proti Komisiji, točka 169). Vendar pa je v Odločbi upoštevanje velikosti in vseh sredstev podjetij utemeljena s potrebo po zagotovitvi odvračilnega učinka globe. Povezave med velikostjo in vsemi sredstvi podjetij na eni strani ter navedeno potrebo na drugi ni mogoče izpodbijati. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da lahko veliko podjetje, ki ima precejšnja finančna sredstva glede na druge udeležence kartela, lažje pridobi potrebna sredstva za plačilo globe, kar z vidika zadostne odvračilnosti globe utemeljuje izrek sorazmerno višje globe, med drugim z uporabo določenega multiplikatorja, kot se jo za isto kršitev izreče podjetju, ki takih sredstev nima (glej v tem smislu zgoraj v točki 131 navedeno sodbo Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, točki 241 in 243; glej tudi zgoraj v točki 192 navedeno sodbo ABB Asea Brown Boveri proti Komisiji, po pritožbi potrjena z zgoraj v točki 48 navedeno sodbo Dansk Rørindustri in drugi proti Komisiji ter zgoraj v točki 119 navedeno sodbo JFE Engineering in drugi proti Komisiji, točka 244). Čeprav torej tožeča stranka ne izpodbija pravilno upoštevnosti velikosti in vseh sredstev podjetij kot elementov presoje pri odločanju o uporabi dejavnika zvišanja zaradi odvračilnosti, pa je treba nasprotno tudi ugotoviti, da ni nasprotovala upoštevnosti podatkov, ki jih je Komisija v obravnavani zadevi uporabila za presojo velikosti in vseh sredstev sankcioniranih podjetij, to je – kot je bilo ugotovljeno v zgoraj navedenih točkah 210 in 211 – skupnega prometa, ki so ga ta podjetja ustvarila v letu (2000) pred dnem sprejetja Odločbe. –       Faza izračuna globe, v kateri bi bilo treba upoštevati velikost in vsa sredstva podjetij zaradi odvračilnosti Tožeča stranka s petim delom obravnavanega tožbenega razloga želi v bistvu doseči ugotovitev, da je treba na podlagi končnega zneska globe, ki izhaja iz presoje teže, trajanja ter obteževalnih in olajševalnih okoliščin, ne pa na podlagi izhodiščnega zneska globe, preveriti, ali je treba globo zvišati zaradi zagotovitve njene odvračilnosti. Kot izhaja iz uvodnih navedb, navedenih zgoraj v točkah od 226 do 229, zahteva po odvračilnosti ni predmet ločene presoje, ki bi se opravila na podlagi vseh upoštevnih okoliščin v neki določeni fazi izračuna glob, ampak je to podlaga celotnega postopka določanja zneska globe. Kolikor se želi s tem delom v vsakem primeru izpodbijati fazo izračuna globe, v kateri je Komisija upoštevala velikost in vsa sredstva podjetij zaradi odvračilnosti, temu ni mogoče slediti, saj temelji na napačni tezi, in sicer da je določen znesek globe primeren za doseganje njenega odvračilnega namena z vidika velikosti in vseh sredstev podjetij. Že uvodna navedba 699 Odločbe kaže na to, da Komisija upoštevanja velikosti in vseh sredstev zaradi odvračilnosti ni štela za tako presojo. Zneski, ki so bili določeni na podlagi navedenega, se namreč za isto podjetje precej razlikujejo glede na različne kršitve, ki so mu bile očitane. Na primer, izhodiščni znesek globe, izrečene tožeči stranki, je bil za vitamin E 70 milijonov eurov (izhodiščni znesek 35 milijonov eurov, zvišan za 100 %) in le 8 milijonov eurov (izhodiščni znesek 4 milijone, zvišan za 100 %) za vitamin D3. Težko je razumeti, zakaj bi Komisija menila, da izhodiščni znesek 35 milijonov eurov, določen glede vitamina E, ni zadostno odvračilen glede na skupni promet tožeče stranke, zaradi česar ga je bilo treba zvišati na 70 milijonov eurov, sočasno pa bi v zvezi z vitaminom D3 menila, da je znesek 8 milijonov eurov zadosten za zagotovitev odvračilnosti. Komisija z zvišanjem izhodiščnih zneskov iz uvodne navedbe 699 Odločbe, kljub višini teh zneskov, dejansko ni storila nič drugega kot to, da je zaradi zagotovitve odvračilnega namena globe različno obravnavala udeležence istega kartela, da bi tako upoštevala način, na katerega jih globa dejansko prizadeva. To razlikovanje je opravila s pomočjo multiplikatorjev, ki so bili določeni glede na velikost in vsa sredstva podjetij, ne glede na višino zneskov, za katere so ti multiplikatorji veljali. Ta pristop, ki je skladen s pravilom, navedenim zgoraj v točki 235, pomeni, da na odločitev glede potrebe po uporabi dejavnika odvračilnosti zaradi velikosti in vseh virov, kolikor se ne nanaša na primernost določenega zneska, ne vpliva faza izračuna globe, v kateri se izvede. Poleg tega pa je treba ugotoviti, da če bi bil pri izračunu, ki temelji – kot v Odločbi – na uporabi multiplikatorjev ali delilnikov – za to v bistvu gre pri zviševanju ali zniževanju, izraženem v odstotnih točkah –, zadevni faktor zvišanja stoodstotno uporabljen v fazi, ki jo predlaga tožeča stranka, to je po presoji glede trajanja ter obteževalnih in olajševalnih okoliščin, ne pa pred njo, končni znesek globe ne bi bil drugačen od tistega, do katerega je v Odločbi prišla Komisija. –       Potreba po zvišanju globe zaradi odvračilnosti v primeru tožeče stranke zaradi njene velikosti in vseh sredstev Ugotoviti je treba, da je Komisija očitno utemeljeno menila, da je treba ob upoštevanju velikosti in vseh sredstev tožeče stranke, ocenjenih s pomočjo skupnega prometa iz leta 2000, zaradi odvračilnosti za tožečo stranko zvišati globo. Iz prve preglednice iz uvodne navedbe 123 Odločbe namreč izhaja, da je bil skupni promet tožeče stranke 35.946 milijonov eurov, kar potrjuje precejšnjo velikost tega podjetja, ki bistveno presega velikost vseh ostalih naslovnikov Odločbe. Trditev tožeče stranke, da je že znesek 128,5 milijona eurov dovolj odvračilen, ne more zmanjšati utemeljenosti tega sklepa. Tako kot na to opozarja tožena stranka, se v Odločbi na eni strani ne določa nobenega izhodiščnega zneska, ki ga ni v Odločbi in ki izvira samo iz seštevka izhodiščnih zneskov vseh glob, ki so bile izrečene tožeči stranki zaradi različnih kršitev z njene strani, in ga je opravila tožeča stranka, s tem da je najvišji teh zneskov dejansko znašal 35 milijonov eurov. Na drugi strani pa, kar je bistveno in je bilo tudi že navedeno zgoraj v točkah od 239 do 241, zadevna operacija ne temelji na presoji, da določen izhodiščni znesek globe ustreza odvračilnemu namenu globe, tako da celo znesek 35 milijonov eurov v tem kontekstu nima pomena. Iz navedenega izhaja, da nič v obravnavani zadevi ne omogoča sklepa, da je Komisija s tem, ko je menila, da je bilo treba glede na velikost in vsa sredstva tožeče stranke zaradi odvračilnosti zvišati konkretne izhodiščne zneske, določene zanjo, napačno uporabila Smernice ali načelo enakega obravnavanja oziroma katero koli pravno pravilo ali načelo, ki ureja izračun zneska glob. Tretji in četrti del S tretjim in četrtim delom tožeča stranka v bistvu izpodbija po njenem mnenju pretirano zvišanje izhodiščnih zneskov v zvezi z njo iz uvodne navedbe 699 Odločbe. Na eni strani navaja, da stoodstotnega zvišanja, ki v obravnavani zadevi ustreza znesku 128,5 milijona eurov in pripelje do osnovnega zneska za težo v višini 257 milijonov eurov, na podlagi Smernic ni bilo mogoče razumno pričakovati. Na drugi strani pa naj zadevno zvišanje – glede katerega tožeča stranka poudarja, da predstavlja 40 % vse globe, ki ji je bila izrečena po uporabi obvestila o ugodni obravnavi – ne bi bilo sorazmerno za preprečevanje storitve nove kršitve, in glede na to, da je enako za vse kršitve, brez zveze s prometom podjetja BASF na različnih trgih vitaminov in z različnim trajanjem teh kršitev. Najprej je treba enako kot tožena stranka vztrajati pri tem, da znesek 128,5 milijona eurov, na katerega se sklicuje tožeča stranka, ni absolutna vrednost zvišanja izhodiščnega zneska globe, ki je bil določen za določeno kršitev, ampak je seštevek vseh zvišanj za odvračilnost ter zaradi velikosti in vseh sredstev za številne kršitve tožeče stranke, sankcionirane z Odločbo. Največje zvišanje glede tožeče stranke v absolutni vrednosti iz uvodne navedbe 699 Odločbe je zvišanje za 35 milijonov eurov za vitamin E. Smernice ne nasprotujejo temu, da se pri ,,zelo resnih“ kršitvah, kot so bile te v obravnavani zadevi, globa zviša za tak absolutni znesek ali za 100%. V zvezi s tem je treba opozoriti na to, kot je pojasnjeno v preambuli Smernic, da se želi z načeli, ki jih te vsebujejo, ,,zagotavljati preglednost in nepristranskost odločb Komisije, v očeh podjetij in prav tako Sodišča Evropskih skupnosti, kadar potrjuje pooblastila, ki so Komisiji podeljena v okviru ustrezne zakonodaje za določanje glob v mejah 10 % celotnega prometa“. Namen Smernic je torej preglednost in nepristranskost, ne pa predvidljivost višine glob. Poleg tega se Smernice posebej glede kršitev, ki jih je treba kvalificirati kot ,,zelo resne“, omejujejo na navedbo, da so mogoči zneski glob ,,nad 20 milijonov eurov“. Edine meje, ki jih omenjajo Smernice in veljajo za take kršitve, so splošna 10-odstotna omejitev vsega prometa, ki jo določa člen 15(2) Uredbe št. 17 (glej preambulo in oddelek 5(a) Smernic) – katere kršitev se v obravnavani zadevi ne uveljavlja – in meje v zvezi z dodatnim zneskom, ki se lahko določi zaradi trajanja kršitve (glej drugo in tretjo alineo prvega odstavka oddelka 1B Smernic), katerih kršitev se prav tako ne uveljavlja v obravnavani zadevi. Tako na podlagi Smernic ne more nastati nobeno legitimno pričakovanje glede višine izhodiščnega zneska, dodatnih zneskov k temu znesku iz drugih naslovov, kot je trajanje kršitve, in torej tudi glede končnih zneskov glob, ki jih je treba izreči za zelo resne kršitve. Enako velja glede deleža končne globe, ki ga lahko predstavlja dodatni znesek pri izračunu. Poleg tega to, da je Komisija uporabila multiplikator, s katerim je želela upoštevati velikost in vsa sredstva podjetij zaradi odvračilnosti, ni izključeno zato, ker tega Smernice izrecno ne določajo. Četrti odstavek točke 1A v kontekstu ocene teže kršitve omenja potrebo po določitvi zneska globe v taki višini, ki ji zagotavlja zadostno odvračilnost. Kot izhaja iz zgoraj navedenih točk 235 in 236, lahko upoštevanje velikosti in celotnih sredstev podjetij prispeva k zadostitvi te potrebe in to tako z neposredno določitvijo izhodiščnega zneska, ki te elemente upošteva, kot tudi s prilagoditvijo zaradi upoštevanja velikosti in vseh sredstev podjetij pri določitvi izhodiščnega zneska glede na druge elemente (kot je značaj kršitve ali vpliv posamičnega protipravnega ravnanja). Ta druga metoda, ki ji je sledila Odločba, ne le da ne krši Smernic, ampak glede na prvo metodo celo povečuje preglednost Komisijinega izračuna. Glede trditve tožeče stranke, da zadevno zvišanje ni sorazmerno glede na zahtevo po odvračanju od ponovitve kršitve z njene strani, je bilo že pri analizi drugega dela obravnavanega tožbenega razloga (glej zgoraj navedene točke od 218 do 236) razsojeno, da zvišanje iz uvodne navedbe 699 Odločbe temelji na upoštevanju velikosti in vseh sredstev podjetij, ne pa na presoji verjetnosti vrnitve z njihove strani, in da tega pristopa ni mogoče izpodbijati. Iz tega izhaja, da je treba sorazmernost tega zvišanja presojati izključno glede na velikost in vsa sredstva. Ugotovljeno je že bilo, da je Komisija v Odločbi ocenila velikost in vsa sredstva zadevnih podjetij s pomočjo podatkov v zvezi z vsem prometom v letu 2000, to je podatkov, katerih upoštevnosti v navedenem kontekstu tožeča stranka ni izpodbijala. V teh okoliščinah to, da je bil za vse kršitve tožeče stranke ter neodvisno od njenega upoštevnega prometa in trajanja kršitve uporabljen enak multiplikator, ni nič čudnega in ne kaže na nobeno kršitev načela sorazmernosti. Končno, glede natančne številke tega multiplikatorja (to je dve oziroma 100 %) je treba ugotoviti, da je tožeča stranka daleč največje podjetje med podjetji, ki jih zadeva Odločba. Njen promet v letu 2000 je znašal 35.946 milijonov eurov. Čeprav ima dvakrat večji celotni promet kot podjetje Roche (17.678 milijonov eurov) in precej višjega kot podjetje Aventis (22.304 milijonov eurov), je bil za tožečo stranko uporabljen enak multiplikator kot za drugi podjetji. Poleg tega pa je treba spomniti na to, da je bil v odločbi Izolirane cevi, navedeni zgoraj v točki 187 in sprejeti leta 1998, ki je bila predmet zgoraj v točki 192 navedene sodbe ABB Asea Brown Boveri proti Komisiji (glej točke od 162 do 172), za holdinško podjetje ABB, katerega skupina je leta 1997 poročala o konsolidiranem prometu 27.600 milijonov eurov, uporabljen multiplikator 2,5 (to je 150-odstotno zvišanje). Sodišče prve stopnje v navedeni sodbi ni podvomilo v sorazmernost takega multiplikatorja, ki ga je navedeno podjetje izpodbijalo. Nadalje, Sodišče prve stopnje je v zgoraj v točki 131 navedeni sodbiTokai Carbon in drugi proti Komisiji (točke od 245 do 249) nasprotno sklenilo, da je multiplikator 2,5 zaradi upoštevanja velikosti in vseh sredstev podjetja Showa Denko KK (v nadaljevanju: SDK), ki je bilo po odločbi, izpodbijani v navedeni zadevi (Odločba Komisije 2002/271/ES z dne 18. julija 2001 o postopku na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP – Zadeva COMP/E-1/36.490 – Grafitne elektrode; UL 2002, L 100, str. 1, v nadaljevanju: odločba Grafitne elektrode) ,,daleč največje od zadevnih podjetij“, pretiran. Sodišče prve stopnje je pretiranost multiplikatorja ugotovilo na podlagi primerjave med njim in multiplikatorjem 1,25 (to je 25-odstotnim zvišanjem izhodiščnega zneska), ki je bil uporabljen za enega od udeležencev kartela, za katerega je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da je bil ves njegov promet (3693 milijonov eurov v letu 2000) polovico manjši od prometa SDK (7508 milijonov eurov v letu 2000). Sodišče prve stopnje je torej pri izvajanju pooblastila za odločanje v okviru polne jurisdikcije sklenilo, da je treba izhodiščni znesek za SDK multiplicirati samo za 1,5-krat (to je 50-odstotno zvišanje). V obravnavani zadevi je ves promet podjetja BASF v letu 2000, upoštevan v Odločbi, približno petkrat večji od prometa podjetja SDK v letu 2000, upoštevanega v zgoraj v točki 258 navedeni odločbi Grafitne elektrode , ki je bila sprejeta nekaj mesecev pred Odločbo, ter v zgoraj v točki 131 navedeni sodbi Tokai Carbon in drugi proti Komisiji. Poleg tega je za okoli 30 % večji od prometa ABB v letu 1997, upoštevanega v zgoraj v točki 187 navedeni odločbi Izolirane cevi, ki je bila sprejeta leta 1998, in v zgoraj v točki 192 navedeni sodbi ABB Asea Brown Boveri proti Komisiji. Multiplikator dve, ki je bil v obravnavani zadevi uporabljen za tožečo stranko, se torej po primerjavi z navedenimi precedensi ne zdi pretiran. Zato v obravnavani zadevi ni mogoče sklepati, da je zvišanje konkretnih izhodiščnih zneskov za tožečo stranko iz uvodne navedbe 699 Odločbe v nasprotju s Smernicami, z načelom zaupanja v pravo, ki ga lahko ima tožeča stranka na njihovi podlagi, in z načelom sorazmernosti. Iz tega sledi, da je treba tretji in četrti del obravnavanega tožbenega razloga zavrniti. Sklep o zvišanju glob iz uvodne navedbe 699 Odločbe Ob upoštevanju navedenih ugotovitev glede stoodstotnega zvišanja globe za tožečo stranko, s katerim se je želelo zaradi odvračilnosti upoštevati njeno velikost in vsa njena sredstva, ni mogoče ničesar očitati. Kljub temu pa ta sklep ne prejudicira vprašanja, ali bi bila morala Komisija za znižanje globe upoštevati okoliščine, na katere se sklicuje tožeča stranka v drugem delu obravnavanega tožbenega razloga in s katerimi želi izkazati majhno verjetnost, da bi kršitev ponovila. Okoliščine, ki domnevno kažejo na majhno verjetnost vrnitve tožeče stranke Okoliščine, ki naj bi po mnenju tožeče stranke zmanjševale potrebo po specialni prevenciji v zvezi z njo, so odpustitev visokih uslužbencev, vpletenih v protipravna dejanja, sprejetje notranjega programa uskladitve s pravili konkurence in pobude za povečanje ozaveščenosti uslužbencev v zvezi s tem, sodelovanje tožeče stranke med Komisijino preiskavo ter plačilo ali obveznost plačila globe in odškodnine zaradi izvršitve sodnih odločb iz tretjih držav, sprejetih zaradi skrivnih dogovorov v zvezi z vitaminskimi proizvodi (glej zgoraj navedeno točko 192). Čeprav iz predhodne analize izhaja, da navedene okoliščine niso ovira za zvišanje globe tožeči stranki, s katerim se je želelo zaradi odvračilnosti upoštevati njeno velikost in vsa njena sredstva, je treba preveriti, v kolikšni meri bi morala Komisija zaradi njih v zvezi s tožečo stranko znižati globo. –       Ukrepi, ki jih je tožeča stranka sprejela za preprečitev povratništva Glede ukrepov, ki jih je tožeča stranka sprejela po prenehanju kršitev za preprečitev svojega povratništva (odpustitev visokih uslužbencev, vpletenih v protipravna dejanja, sprejetje notranjega programa uskladitve s pravili konkurence in pobude za povečanje ozaveščenosti uslužbencev v zvezi s tem), je treba ugotoviti, da čeprav je res pomembno, da podjetje sprejme ukrepe za preprečitev storitve ponovnih kršitev prava konkurence s strani svojih uslužbencev, pa to ne vpliva na dejstvo, da je bila kršitev storjena. Samo to, da je Komisija v nekaterih predhodnih primerih iz svoje prakse upoštevala izvajanje programa uskladitve kot olajševalno okoliščino, ne pomeni, da mora tako ravnati v vsakem primeru (zgoraj v točki 120 navedena sodba Hercules Chemicals proti Komisiji, točka 357, sodbi Sodišča prve stopnje z dne 10. marca 1992 v zadevi ICI proti Komisiji, T-13/89, Recueil, str. II-1021, točka 395, in z dne 20. marca 2002 v zadevi Sigma Tecnologie proti Komisiji, T-28/99, Recueil, str. II-1845, točka 127, ter zgoraj v točki 144 navedena sodba LR AF 1998 proti Komisiji, točka 345, glede tega po pritožbi potrjena z zgoraj v točki 48 navedeno sodbo Dansk Rørindustri in drugi proti Komisiji, točka 373). Tako preventivni ukrepi, za katere tožeča stranka trdi, da jih je sprejela, Komisije nikakor ne zavezujejo k znižanju globe. –       Sodelovanje s Komisijo med preiskavo Glede na to, da je Komisija priznala sodelovanje tožeče stranke v preiskavi in to nagradila z znižanjem glob v okviru uporabe obvestila o ugodni obravnavi, je treba vprašanje, ali bi morda to sodelovanje zaslužilo večje znižanje glob, treba presoditi pri analizi trditev tožeče stranke iz šestega in sedmega tožbenega razloga, ki zadevajo prav sodelovanje tožeče stranke v Komisijini preiskavi. –       Obsodbe v tretjih državah Glede vprašanja, ali mora Komisija pri presoji odvračilnosti v zvezi s podjetjem, ki ga je treba kaznovati za kršitev pravil Skupnosti o konkurenci, upoštevati obsodbe za iste skrivne dogovore v tretjih državah, je treba ugotoviti, da je namen odvračilnosti, ki ga lahko Komisija zasleduje pri določitvi zneska globe, zagotoviti, da podjetja pri poslovanju v Skupnosti ali EGP spoštujejo pravila konkurence iz Pogodbe. Zato odvračilnosti globe, izrečene zaradi kršitve pravil Skupnosti o konkurenci, ni mogoče določati niti samo glede na posebni položaj obsojenega podjetja niti glede na to, ali spoštuje pravila konkurence v tretjih državah zunaj EGP (sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Archer Daniels Midland in Archer Daniels Midland Ingredients proti Komisiji, T-224/00, Recueil, str. II-2597, točka 110, in zgoraj v točki 131 navedena sodba Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, točka 147). Zato Komisiji ni mogoče očitati mnenja, da zaradi obsodb tožeče stranke v tretjih državah zaradi skrivnih dogovorov v zvezi z vitaminskimi proizvodi ni mogoče znižati zneska glob, ki ji jih je izrekla. –       Sklep glede okoliščin, na katere se sklicuje tožeča stranka Iz predhodne analize izhaja ne samo, da okoliščine, na katere se sklicuje tožeča stranka za izkazovanje majhne verjetnosti za svojo vrnitev, niso ovira za zvišanje globe tožeči stranki, s katerim se je želelo zaradi odvračilnosti upoštevati njeno velikost in vsa njena sredstva, zaradi njih pa Komisiji tudi ni bilo treba znižati globe v korist tožeče stranke. c)     Sklep glede četrtega tožbenega razloga in glede izhodiščnih zneskov, izrečenih tožeči stranki Iz vsega navedenega izhaja, da je treba četrti tožbeni razlog v celoti zavrniti. D – Peti tožbeni razlog: napake v presoji pri pripisovanju vloge vodje in pobudnika glede kršitev v zvezi z vitamini A, E, B5, C in D3, betakarotenom in s karotenidi tožeči stranki 1. Uvodna splošna vprašanja a)     Trditve strank Tožeča stranka navaja, da je Komisija s tem, ko je ugotovila, da je bilo podjetje BASF skupaj s podjetjem Roche vodja in pobudnik glede kršitev v zvezi z vitamini A, E, B5, C in D3, betakarotenom in s karotenidi, storila napako. Navaja, da je bila njena vloga pri teh kršitvah precej manjša kot vloga podjetja Roche in ni bila pomembnejša kot vloga katerega koli vpletenega podjetja, za katero se ni štelo, da je vodja ali pobudnik. V kontekstu kartela ima vlogo vodje podjetje, ki igra odločilno vlogo pri vzpostavitvi kartela, na primer s tem da zasnuje kartel ali vanj pritegne druga podjetja, ki predlaga pomembne mehanizme za delovanje kartela, na primer ureditev na področju določanja cen in količin, in ki nadzoruje delovanje kartela, zlasti s sankcioniranjem drugih podjetij zaradi nespoštovanja dogovorjenega. Po tem merilu naj bi bila dejanja vodenja, ki jih navaja Komisija, pri podjetju BASF v resnici samo dejanja sodelovanja pri smeri delovanja, ki jo je bilo zasnovalo, razdelalo in nadziralo podjetje Roche. Tožeča stranka opozarja na to, da če bi se strinjali s Komisijino razlago, potem bi za vse udeležence kartela morali šteti, da so že samo zaradi sodelovanja vodje kartela. Po mnenju tožeče stranke je tako samo ravnanje podjetja Roche mogoče šteti za ravnanje vodje in torej podejtju BASF zaradi vloge vodje ni mogoče zvišati globe. Komisijina analiza v zvezi s tem naj bi bila napačna z več vidikov in naj ne bi zadostila dokaznim standardom iz sodne prakse, ki naj bi od Komisije zahtevali, da z opustitvijo upoštevnih besed, predložitvijo nepopolnih, nepravilnih ali nezadostnih dokazov v podporo svojih trditev ali z napačno analizo dokumentov, na katere se sklicuje, ne izkrivlja pomena dokumentov ali dokazov (Sodba sodišča prve stopnje z dne 10. marca 1992 v zadevi SIV in drugi proti Komisiji, T-68/89, T-77/89 in T-78/89, Recueil, str. II-1403, točke 95, 223, 228, 271 in 281). Poudarja, da se način, na katerega se v Odločbi obravnava vprašanje vloge vodje kartela, bistveno razlikuje od načina obravnave iz obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah. Obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah naj bi v bistvu potrjevalo, da je bilo podjetje Roche skupni vodja kartela, podjetja BASF, Aventis in Takeda Chemical Industries Ltd. (v nadaljevanju: Takeda) pa so imela le manjše vloge. Nasprotno pa naj se v Odločbi na podlagi v bistvu istega dejanskega stanja ne bi več omenjalo vloge vodje, ki je bila pred tem pripisana podjetjema Aventis in Takeda, in naj bi se kot vodjo kartela navedlo podjetje BASF, skupaj s podjetjem Roche. To neskladje v pristopu Komisije, ki naj bi bilo očitna pravna napaka, naj bi bilo še posebej očitno pri kršitvah v zvezi z vitaminoma A in E. Tožeča stranka opozarja na pomembnost vpliva Komisijine presoje njene vloge voditelja kartelov na višino celotne globe, ki ji je bila izrečena, saj se je Komisija na to presojo oprla, prvič, pri zvišanju izhodiščnega zneska te globe za 35 % (ali za več kot 153 milijonov eurov) ter, drugič, pri zavrnitvi večjega znižanja globe tožeči stranki na podlagi oddelkov B ali C Obvestila o ugodni obravnavi. Tožena stranka opozarja na to, da je Sodišče prve stopnje že potrdilo, da lahko Komisija različno zviša izhodiščne zneske glob in tako upošteva različne vloge podjetij (zgoraj v točki 144 navedena sodba LR AF 1998 proti Komisiji, točka 204). Poudarja, da se pri vseh kršitvah, na katere se sklicuje tožeča stranka v okviru obravnavanega tožbenega razloga, razlika med vlogama podjetij Roche in BASF izraža v različnih zvišanjih njunih glob, to je 50-odstotno zvišanje za Roche in samo 35-odstotno za BASF. Tožena stranka poudarja, da je dejansko analizirala razpoložljive dokaze in da je lahko na podlagi vrste indicev ali dokazov, štetih kot celote, utemeljeno ugotovila, da je imelo podjetje BASF vlogo vodje v vsakem od zadevnih kartelov. V zvezi s tem opozarja na to, da je treba skladno z ustaljeno sodno prakso obrazložitev odločbe razumeti v kontekstu ravnanja strank med upravnim postopkom (sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. septembra 1998 v zadevi European Night Services in drugi proti Komisiji, T-374/94, T-375/94, T-384/94 in T-388/94, Recueil, str. II-3141, točka 95) in na to, da tožeča stranka niti v svojem odgovoru na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah niti na zaslišanju ni izpodbijala trditve iz navedenega obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, da je imela vlogo vodje pri kršitvah, ki so se ji očitale. Tožena stranka nasprotno poudarja, da je tožeča stranka v odgovoru na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah celo potrdila, da sprejema Komisijino splošno presojo zadeve. b)     Presoja Sodišča prve stopnje Uvodne ugotovitve Če je kršitev storilo več podjetij, je treba pri določanju zneska glob preučiti težo sodelovanja vsakega od njih (zgoraj v točki 80 navedena sodba Suiker Unie in drugi proti Komisiji, točka 623, ter sodba Sodišča z dne 7. januarja 2004 v zadevi Aalborg Portland in drugi proti Komisiji, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P in C-219/00 P, Recueil, str. I-123, točka 92), kar pomeni zlasti ugotovitev njihovih vlog pri kršitvi v obdobju sodelovanja pri njej (glej zgoraj v točki 86 navedeno sodbo Komisija proti Anic Partecipazioni, točka 150, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 17. decembra 1991 v zadevi Enichem Anic proti Komisiji, T-6/89, Recueil, str. II-1623, točka 264). Iz tega sledi, da je treba vlogo ,,vodje“ enega ali več podjetij v kartelu upoštevati pri izračunu zneska globe, saj morajo podjetja, ki so imela tako vlogo, zaradi tega nositi posebno odgovornost glede na ostala podjetja (sodbi Sodišča prve Stopnje z dne 14. maja 1998 v zadevi Mayr Melnhof proti Komisiji, T-347/94, Recueil, str. II-1751, točka 291, in z dne 29. aprila 2004 v zadevi Tokai in drugi proti Komisiji, navedena v točki 131 zgoraj, točka 301). Skladno z navedenimi načeli oddelek 2 Smernic pri oteževalnih okoliščinah vsebuje neizčrpen seznam okoliščin, ki lahko vodijo v zvišanje osnovnega zneska globe, med njim je tudi ,,vloga vodje ali pobudnika kršitve“ (tretja alinea). Komisija je v uvodni navedbi 712 Odločbe menila, da ,,sta bili Roche in BASF skupaj vodji in pobudnika skrivnih sporazumov glede vrste vitaminskih proizvodov, ki sta jih proizvajala“, in da ,,je [bilo] treba zato njuno vlogo pri različnih kršitvah šteti za oteževalno okoliščino“. Osnovni zneski glob, ki so bili določeni glede na težo (v smislu oddelka 1A Smernic) in trajanje (v smislu oddelka 1B Smernic) kršitev so bili zato zvišani za 50 % za Roche in 35 % za BASF (uvodna navedba 718 Odločbe). Iz uvodnih navedb od 712 do 717 Odločbe izhaja, da je Komisija pri podjetjih Roche in BASF vlogo vodje in pobudnika upoštevala pri osmih kršitvah, ki so vodile v izrek glob, in sicer iz dveh vrst razlogov. Prvič, Odločba z napotitvijo iz opombe iz uvodne navedbe 712 na več uvodnih navedb iz tistega dela Odločbe, ki vsebuje opis dejanskega stanja v zvezi z vsako kršitvijo (oddelek 1.4), navaja vrsto dejanskih okoliščin, ki naj bi utemeljevale presojo Komisije glede vloge, ki sta jo imeli podjetji Roche in BASF pri različnih kršitvah. Drugič, uvodne navedbe od 713 do 717 vsebujejo splošne ugotovitve, ki veljajo za vse kršitve in ne temeljijo na natančnih dejanskih okoliščinah, ampak na koristih, ki sta jih lahko imeli podjetji Roche in BASF zaradi palete vitaminskih proizvodov, ki sta jih ponujali na ,,skupni fronti“, ki naj bi jo vzpostavili s pripravo in z izvedbo skrivnih sporazumov, in s skupnimi cilji, s katerimi sta želeli izriniti konkurenco v tem sektorju vitaminov. Sodišče prve stopnje bo, potem ko bo analiziralo uvodni vprašanji (v nadaljevanju navedene točke od 290 do 294), preučilo upoštevnost ugotovitev iz uvodnih navedb od 713 do 717 Odločbe (v nadaljevanju navedene točke od 295 do 302), nato upoštevnost dejanskih okoliščin, na katere se sklicuje Odločba kot na dokaze za vlogo tožeče stranke kot vodje in/ali pobudnika, o katerih stranki razpravljata v argumentaciji v zvezi z vsako od kršitev iz Odločbe (v nadaljevanju navedene točke od 305 do 464). Poleg tega pa je treba ugotoviti, da tožeča stranka izpodbija svojo vlogo vodje ali pobudnika tudi glede sedmih od osmih kršitev, za katere ji je bila izrečena globa. Ne uveljavlja namreč ugovorov glede zvišanja globe, ki ji je bila izrečena, v zvezi z vlogo vodje in pobudnika pri kršitvi v zvezi z vitaminom B2. Neskladje med obvestilom o ugotovitvah o možnih kršitvah in Odločbo glede vloge vodje kartelov Zavrniti je treba trditev tožeče stranke, da je Komisija glede vloge vodje kartelov v Odločbi spremenila pristop iz obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah (glej zgoraj navedeno točko 277), da bi tako dokazala, da je Komisija storila očitno pravno napako. Ta trditev namreč očitno ni utemeljena na dejanskem stanju, saj podobno kot trditev, s katero se je želelo doseči ugotovitev kršitve pravice do obrambe iz zgoraj navedenih točk 41, 60 in 61, ki jo je Sodišče prve stopnje že zavrnilo, zadeva presojo vloge tožeče stranke pri kršitvah. Kot je bilo že ugotovljeno v zgoraj navedeni točki 61, obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah v točki 228 izrecno navaja vlogo vodje, ki jo je imela tožeča stranka. Kakor koli, ugotoviti je treba očitno dejstvo, da to, da je Komisija pravno presojo glede vodilne vloge pri kartelih v Odločbi lahko spremenila glede na tisto, po definiciji začasno, ki jo je opredelila v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah, ne kaže na nikakršno vsebinsko napako v Odločbi. Neizpodbijanje vloge vodje s strani tožeče stranke v upravnem postopku Tožena stranka, ne da bi formalno uveljavljala nedopustnost tega tožbenega razloga, kljub temu ugotavlja, da tožeča stranka niti v odgovoru na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah niti med zaslišanjem med upravnim postopkom ni izpodbijala trditve iz obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, da je imela vodilno vlogo pri kršitvah, ki so se ji očitale. Tožeča stranka naj bi nasprotno v odgovoru na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah celo potrdila, da sprejema Komisijino splošno presojo zadeve (glej zgoraj navedeno točko 280). V zvezi s tem je treba skleniti, da glede vprašanja pravne kvalifikacije dejanskega stanja neizpodbijanje tega s strani tožeče stranke v končni fazi upravnega postopka ni ovira za to, da se tako izpodbijanje uveljavlja v sodnem postopku. Obravnavani tožbeni razlog je torej dopusten. Splošne ugotovitve iz uvodnih navedb od 713 do 717 Odločbe Ugotoviti je treba, da bi morala Komisija, ko je v Odločbi ugotovila več različnih kršitev in jih sankcionirala z različnimi globami, zaradi uporabe obteževalne okoliščine iz tretje alinee oddelka 2 Smernic za vsako od kršitev z navajanjem in dokazovanjem dejanskega stanja, značilnega za vsako podjetje, izkazati, da je imel eden ali drugi udeleženec različnih kartelov vlogo vodje ali pobudnika. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da ugotovitve iz uvodnih navedb od 713 do 717 Odločbe ne zadostujejo za zadostitev temu dokaznemu bremenu, ki je na strani Komisije. Glede dejstva, navedenega v uvodnih navedbah od 713 do 716, da sta podjetji Roche in BASF proizvajali ,,široko paleto vitaminov na ločenih, vendar tesno povezanih trgih proizvodov“, to ne dokazuje, da sta imeli ti podjetji vlogo vodij ali pobudnikov pri kršitvah. Komisija poleg tega ni pojasnila niti v navedenih uvodnih navedbah niti pred Sodiščem prve stopnje razmerja med obsegom palete vitaminskih proizvodov in dejansko vlogo pri kršitvah. V resnici iz navedenih uvodnih navedb jasno izhaja, da sta imeli podjetji Roche in BASF zaradi široke palete vitaminskih proizvodov koristi – kot na primer močnejši položaj v razmerju do strank, prilagodljivost pri strukturi cen, akcijah in popustih, ekonomije obsega pri trženju, večjo kredibilnost pri grožnjah z zavrnitvijo dobave –, ki so povečevale njuno ,,celotno sposobnost izvedbe in ohranjanja protikonkurenčnih sporazumov“. Jasno je torej, da je Komisija pod naslovom vodje in pobudnika v navedenih uvodnih navedbah navajala okoliščine, na podlagi katerih ni mogoče dejansko ugotoviti vloge, ki sta jo imeli podjetji Roche in BASF pri kršitvah, ni pa iz njih izključeno, da bi kot indici za ,,gospodarsko sposobnost dejansko škodovati drugim subjektom“ ali za ,,specifično težo“ posamičnega protipravnega ravnanja lahko predstavljale dejavnik teže kršitve v smislu oddelka 1A Smernic. Nasprotno pa na podlagi okoliščine, da sta podjetji Roche in BASF proizvajali široko paleto proizvodov ali koristi, ki sta jih zaradi tega imeli, ni mogoče domnevati, da sta imeli ti podjetji v obravnavani zadevi dejansko vlogo vodje ali pobudnika pri kršitvah. Tako upoštevanje navedene okoliščine ali koristi za odgovor na vprašanje, ali je imela tožeča stranka vlogo vodje ali pobudnika pri različnih kršitvah, ki se ji očitajo v Odločbi, ali ne, poleg tega lahko služi samo za to, da se konkretna ravnanja, ki jih je Komisija uveljavljala zoper tožečo stranko kot dokaze za vlogo vodje ali pobudnika kartela, postavi v kontekst. Take dokaze je treba presojati glede na kontekst zadeve, zlasti glede na položaj na trgu, ki so ga imela podjetja, in sredstev, ki so jih imela na razpolago (glej v tem smislu zgoraj v točki 269 navedeno sodbo Archer Daniels Midland in Archer Daniels Midland Ingredients proti Komisiji, točka 241). Enako velja za zelo splošne ugotovitve Komisije iz uvodne navedbe 717 Odločbe. ,,Skupna fronta“, ki naj bi jo predstavljali podjetji Roche in BASF, in njun cilj ,,izriniti vso dejansko konkurenco med [njima] v Skupnosti in EGP za skoraj vso paleto glavnih vitaminov“ sta namreč dejavnika, ki lahko razkrijeta motivacijo teh dveh podjetij za skrivne dogovore, ne potrjujeta pa tega, da sta ti podjetji nosili posebno in posamično odgovornost pri vzpostavitvi in delovanju zadevnih kartelov. Poleg tega pa je namen vzajemno izriniti konkurenco značilen za sodelovanje vsakega podjetja pri protipravnem kartelu in to, da naj bi ta namen zajemal celotno paleto vitaminov podjetij BASF in Roche, samo kaže obseg te palete, tako da brez podrobnejših pojasnil nima posebnega pomena. Sicer pa je treba tudi ugotoviti, da je tožena stranka pred Sodiščem prve stopnje glede uporabe zadevne obteževalne okoliščine v bistvu obrambo oprla na sklicevanje na konkretne dejanske okoliščine, ki bi lahko po njenem mnenju razkrivale vlogo podjetja BASF kot vodje in/ali pobudnika pri različnih kršitvah. Dejanske okoliščine, na katere se sklicuje tožena stranka kot na dokaz za vlogo tožeče stranke kot vodje in/ali pobudnika pri vsaki od kršitev Opozoriti je treba na to, da Komisija v Odločbi ni podrobneje analizirala vloge tožeče stranke pri vsaki od osmih kršitev, za katere je bila sankcionirana, ampak se je, kot je bilo navedeno v zgoraj navedenih točkah 286 in 287, oprla na splošne ugotovitve (uvodne navedbe od 713 do 717) in na napotitev na tiste uvodne navedbe iz Odločbe, ki v kontekstu opisa dejanskega stanja v zvezi z vsako kršitvijo navajajo nekatere dejanske okoliščine (opomba iz uvodne navedbe 712). Vendar pa se je tožena stranka v pisanjih, vsaj za nekatere kršitve v obravnavani zadevi, sklicevala tudi na dodatne dejanske okoliščine, ki so tudi večinoma navedene v Odločbi in po njenem mnenju prispevajo k dokazovanju, da je imela tožeča stranka vlogo vodje ali pobudnika. Ker pa se v delu Odločbe v zvezi z zadevno obteževalno okoliščino na te okoliščine ni sklicevala, tudi ne posredno s sklicevanjem, jih bo Sodišče prve stopnje upoštevalo samo, če bi ugotovilo napako, ki bi vplivala na zakonitost tega dela Odločb, in tako izvedlo svoje pooblastilo za odločanje v okviru neomejene pristojnosti v smislu člena 229 ES in člena 17 Uredbe št. 17. 2. Presoja vloge tožeče stranke pri različnih kršitvah a)     Kršitve v zvezi z vitaminoma A in E Trditve strank Tožeča stranka opozarja na to, da Odločba v opombi iz uvodne navedbe 712 v podporo sklepu, da je bilo podjetje BASF skupaj s podjetjem Roche vodja pri kršitvi v zvezi z vitaminoma A in E, navaja dve ločeni okoliščini. Prva okoliščina, navedena v uvodni navedbi 183 Odločbe, to je dejstvo, da je podjetje Roche včasih prosilo BASF, naj prvo zviša cene, naj ne bi bila primerljiva s številnimi dejanji podjetja Roche pri zasnovi, organizaciji in izvajanju kartela ter naj ne bi pomenila več kot to, da je lahko podjetje BASF na prošnjo podjetja Roche zvišalo majhno število cen, da bi tako prikrilo dejstvo, da je to povzročilo podjteje Roche. Tožeča stranka opozarja na to, da je bil skupni sklep Komisije iz uvodne navedbe 569 Odločbe, da je podjetje BASF sledilo navodilom podjetja Roche. Tako ravnanje podjetja BASF pa naj ne bi bilo združljivo z vlogo vodje. Druga okoliščina, navedena v uvodni navedbi 160 Odločbe, to je dejstvo, da je podjetje BASF sodelovalo pri razpravi o osnovnem mehanizmu dogovorov, naj bi veljala tudi za podjetje Aventis, to pa je bilo upravičeno do imunitete, med drugim zato, ker ni bilo vodja. Na navedeno okoliščino se naj torej po mnenju tožeče stranke ne bi bilo mogoče sklicevati v podporo sklepu, da je bilo podjetje BASF vodja. V resnici naj bi bila vloga podjetja BASF v bistvu enaka vlogi podjetja Aventis. Tožeča stranka torej meni, da bi bila morala Komisija skleniti, kot je to utemeljeno storila za podjetje Aventis, da je bilo podjetje BASF pri kršitvi v zvezi z vitamonoma A in E udeleženec in ne vodja. Tožena stranka odgovarja, da na vlogo podjetja BASF kot pobudnika in vodje v kartelih v zvezi z vitaminoma A in E kaže več dejavnikov iz Odločbe, ne samo tisti, na katere se sklicuje tožeča stranka. V zvezi s tem omenja zlasti nalogo tožeče stranke, da je določila osebe, ki so običajno sodelovale pri sestankih v zvezi s trženjem proizvoda na regionalni ravni (uvodna navedba 177). Poudarja, da dejstvo, da sta bili podjetji BASF in Roche pobudnika teh kartelov, s tem da sta med seboj prvi vzpostavili stike in imeli 7. junija 1989 prvi sestanek, potrjujejo izjave podjetij Aventis in Takeda v upravnem postopku. Tožena stranka zavrača tezo tožeče stranke, da sta bili vlogi podjetja Aventis in tožeče stranke pri zadevnih kartelih primerljivi. Opozarja na to, da sta podjetji BASF in Roche skupaj pristopili k Aventis in da je BASF in ne Aventis objavilo večje, čeprav občasno, zvišanje cen. Tožeča stranka se v svoji repliki sklicuje na opise, ki sta jih v upravnem postopku predložili podjetji Roche in Aventis glede dogovorov v zvezi z vitaminoma A in E, iz katerih naj bi izhajalo, da je Roche zasnovalo in organiziralo te dogovore in da sta bili vlogi podjetij BASF in Aventis enakovredni in drugotni. Natančneje poudarja, da iz opisa podjetja Roche izhaja, da je to organiziralo nekatere pripravljalne sestanke zaradi razprave o okviru teh dogovorov, od katerih naj bi bil prvi tisti s podjetjem Aventis v Baslu 24. aprila 1989, šele kasneje pa naj bi mu 7. junija 1989 sledil sestanek med podjetjema Roche in BASF, prav tako v Baslu. Poleg tega pa naj izjave podjetja Takeda ne bi podpirale trditev tožene stranke, saj naj ne bi vsebovale ničesar glede časovnega zaporedja sestankov in udeležencev na njih, med katerimi tudi sicer ni bilo podjetja Takeda, saj ni proizvajalo vitaminov A in E. Kakor koli, tožeča stranka navaja, da mora Komisija predložiti dokaze o vlogi vodje, ne pa to vlogo utemeljiti samo na podlagi časovnega zaporedja sestankov. Glede domnevne naloge določanja oseb, ki so sodelovale pri sestankih v zvezi s trženjem proizvoda na regionalni ravni, tožeča stranka opozarja na to, da se v upoštevni uvodni navedbi Odločbe, to je v uvodni navedbi 178, navaja samo, da je podjetje BASF v okviru sodelovanja s Komisijo pri preiskavi tej predložil seznam imen udeležencev teh sestankov, tako da iz tega ni mogoče resno sklepati, da je bilo podjetje BASF odgovorno za organizacijo teh sestankov. Glede objave zvišanja cen tožeča stranka poudarja, da je podjetje Roche v opisu jasno navedlo, da je bilo med udeleženci dogovorjeno, da mora eden od njih prvi objaviti zvišanje cen in da mu bodo ostali sledili. Poleg tega naj trditev tožene stranke, da sta samo podjetji BASF in Roche izvajali take objave, ne bi bila pravilna, saj iz izjav podjetja Aventis izhaja, da je to prvo objavilo zvišanje cen 1. januarja 1997. Tožena stranka je v dupliki navedla, da glede na besedilo opisa podjetja Roche, na katero se sklicuje tožeča stranka, to ne more biti točen in objektiven opis dogodkov. Kakor koli, ta opis naj nikakor ne bi kazal na to, da je bilo podjetje Roche edini pobudnik za sestanke med proizvajalci ali da sta bili vlogi podjetij BASF in Aventis enakovredni in drugotni. Glede opisa podjetja Aventis naj bi se tožeča stranka nanj sklicevala selektivno in nepravilno, saj naj bi iz navedenega dokumenta izhajalo zlasti to, da je podjetje BASF objavilo cene več kot enkrat, Aventis pa ne. Sestanek med podjetjema Roche in BASF 24. aprila 1989 naj ne bi bil upošteven za ugotavljanje, kdo je bil vodja kartelov, saj naj bi se zgodil pred datumom, ki je v Odločbi določen za začetek kršitve (september 1989). Presoja Sodišča prve stopnje Spomniti je treba na to, da so trije evropski proizvajalci Roche, BASF in Aventis sodelovali pri kartelih v zvezi z vitaminoma A in E, pri vitaminu E pa tudi japonski proizvajalec Eisai Co. Ltd. Ti dve kršitvi naj bi se začeli septembra 1989 v primeru treh evropskih proizvajalcev, medtem ko naj bi se podjetje Eisai temu kartelu v zvezi z vitaminom E pridružilo šele januarja 1991 (uvodne navedbe od 701 do 703 Odločbe). Kot je tožena stranka v pisanjih večkrat navedla in tako kot izhaja iz besedila tretje alinee oddelka 2 Smernic, je treba pri presoji vloge tožeče stranke pri zadevnih kršitvah razlikovati med pojmom vodja in pobudnik kršitve ter opraviti dve ločeni analizi, ali je tožeča stranka imela eno ali drugo od navedenih vlog. Medtem ko se namreč vloga pobudnika nanaša na vzpostavitev ali širitev kartela, se vloga vodje nanaša na delovanje kartela. Tožena stranka v pisanjih trdi, da je v Odločbi izkazala, da je bila tožeča stranka pobudnik in tudi vodja pri obeh zadevnih kartelih. Opomba iz uvodne navedbe 712 se med drugim sklicuje na uvodni navedbi 160 in 183 Odločbe, ki zadevata nastanek in delovanje teh kartelov. Iz tega je treba torej sklepati, da 35-odstotno zvišanje izhodiščnega zneska glob, izrečenih tožeči stranki za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E, temelji na ugotovitvi, da je bila tožeča stranka pobudnik in vodja pri teh kršitvah. –       Vloga pobudnika Vloga pobudnika, ki jo je imela tožeča stranka skupaj s podjetjem Roche pri kršitvah v zvezi z vitaminoma A in E, naj bi po mnenju tožene stranke izhajala iz uvodne navedbe 160 Odločbe, ki je tožeča stranka ne izpodbija in ki opisuje nastanek obeh kartelov, potrjevali pa naj bi jo izjavi podjetij Aventis in Takeda iz upravnega postopka. Dokazano naj bi bilo, natančneje, da naj bi do prvih stikov prišlo med podjetjema Roche in BASF, medtem ko naj bi do stikov s podjetjem Aventis prišlo šele kasneje, na skupno pobudo podjetij Roche in BASF. Čeprav je uvodna navedba 160 med tistimi, ki so naštete v opombi iz uvodne navedbe 712 Odločbe, tako da se za okoliščine, na katere se nanaša, lahko šteje za podlago obrazložitve Komisijine presoje, da je bilo podjetje BASF pobudnik pri kartelih v zvezi z vitaminoma A in E, pa je treba ugotoviti, da ta presoja ne prestane preizkusa. Navedene okoliščine, če se jih presoja ob upoštevanju izjav podjetij Aventis in Takeda, na kateri se sklicuje tožena stranka, in izjave podjetja Roche, na katero se sklicuje tožeča stranka, namreč ne dokazujejo, da je imelo podjetje BASF tako vlogo pri zgoraj navedenih kartelih. Ugotoviti je treba, da mora podjetje zato, da se ga šteje za pobudnika kartela, pritiskati na druga podjetja ali jih spodbujati k ustanovitvi kartela oziroma k temu, da se mu pridružijo. Ne zadostuje pa, da je bilo podjetje samo med ustanovitelji kartela. Tako na primer v kartelu, ki sta ga vzpostavili samo dve podjetji, ni utemeljeno teh dveh podjetij samodejno šteti za pobudnika. Taka kvalifikacija mora veljati za podjetje, ki je dalo pobudo, s tem da je na primer drugemu podjetju predlagalo možnost za skrivno dogovarjanje ali s tem da ga je poskusilo prepričati o tem. V uvodni navedbi 160 Odločbe se navaja tri sestanke, ki so se zgodili leta 1989: prvi sestanek med podjetjema Roche in BASF 7. junija v Baslu, drugi sestanek med poletjem tega leta v Zürichu, na katerem je sodelovalo podjetje Aventis, in tretji sestanek med podjetji Roche, BASF in Aventis septembra. Po Odločbi (glej zlasti uvodno navedbo 162) je slednji sestanek, ki je prav tako potekal v Zürichu, pomenil nastanek obeh kartelov. Odločilna okoliščina, na katero se opira Odločba pri ugotovitvi vloge podjetja BASF kot pobudnika pri kartelih v zvezi z vitaminoma A in E, torej temelji na tem, da naj bi se prvi pripravljalni sestanek za ta kartela zgodil izključno med podjetjema Roche in BASF. Izjava podjetja Aventis z dne 19. maja 1999 v točkah 3.1 in 3.2, na kateri se sklicuje tožena stranka, omenja da sta predstavnika podjetij Roche in BASF v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja prišla v stik s predstavnikom podjetja Aventis, da bi se pogovarjali o dejavnostih v sektorju vitaminov, da so se stiki med temi tremi podjetji v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ohranjali, niso pa bili na njihovi podlagi sklenjeni sporazumi o vplivu na trg, in da je bilo podjetje Aventis proti koncu leta 1989, ko je bil njegov položaj na trgu utrjen, povabljeno na sestanek s podjetjema BASF in Roche, da bi se pogovarjali o velikosti trga, na tem sestanku pa naj bi bili sklenjeni tudi protikonkurenčni sporazumi. Navedene informacije ne pomenijo, da je bila tožeča stranka tista, ki je dala pobudo za nastanek kartelov v zvezi z vitaminoma A in E septembra 1989. Res je, da točka 2.5 navedene izjave, na katero pa se sicer tožena stranka v pisanjih ne sklicuje, omenja, da ,,sta Roche in BASF proti koncu leta 1989 stopili v stik z Aventis zaradi sodelovanja pri [protikonkurenčnih] dejanjih“. Vendar pa si je podjetje Roche v poročilu o kartelu v zvezi z vitaminom E, ki je v prilogi 5 k odgovoru podjetja Roche z dne 16. julija 1999 na zahtevo Komisija po informacijah z dne 26. maja 1999 (v nadaljevanju: odgovor podjetja Roche z dne 16. julija 1999), pripisalo odgovornost za to, da je bilo edini pobudnik sestanka med predstavniki teh treh podjetij zaradi vzpostavitve kartela, ki naj bi se mu v drugi fazi pridružil še japonski proizvajalec Eisai (točka 1 na drugi strani navedene priloge 5). Poleg tega pa je podjetje Roche v tem poročilu navedlo tudi dvostranska pripravljalna sestanka, ki naj bi se zgodila leta 1989 v Baslu (sedež podjetja Roche), in sicer na ravni najvišjih poslovodij sektorja vitaminov iz vsakega podjetja: sestanek s 7. junija 1989 med podjetjema Roche in BASF, ki je naveden tudi v uvodni navedbi 160 Odločbe, in predhodni sestanek s 24. aprila 1989 med podjetjema Roche in Aventis (tretja stran navedene priloge 5). Iz poročila podjetja Roche o kartelu v zvezi z vitaminom A, ki je v prilogi 1 k odgovoru podjetja Roche z dne 16. julija 1999 (glej od druge do četrte strani), izhaja, da se je na teh sestankih govorilo tudi o vitaminu A. Točki 32 in 33 odgovora podjetja Takeda z dne 5. oktobra 2000 na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah, na kateri se prav tako opira tožena stranka, ne vsebujeta informacij, ki bi lahko podprle njeno stališče. Iz njiju namreč izhaja samo to, da so bili prvi protikonkurenčni sporazumi glede vitaminov tisti iz leta 1989 med podjetji Roche, BASF in Aventis, in sicer v zvezi z vitaminoma A in E. Ta okoliščina, ki pa sicer zadeva tudi podjetje Aventis, ki ga Komisija v Odločbi kljub temu ni kvalificirala kot pobudnika, nikakor ne omogoča presoje, ali je imelo podjetje BASF pri teh sporazumih vlogo pobudnika. Podjetje Takeda bi poleg tega težko dalo verodostojne informacije glede tega, saj glede na to, da ni proizvajalo vitaminov A in E, ni bilo stranka sporazumov v zvezi s tema dvema vitaminoma. Nasprotno pa je v točki 30 odgovora podjetje Takeda splošno navedeno, da ,,je bilo jasno, da je bilo Roche [...] pobudnik sodelovanja med proizvajalci“. Tako se za trditev tožene stranke, da sta podjetji BASF in Roche skupaj dali pobudo za to, da se stopi v stik s podjetjem Aventis – za to trditev se zdi, da jo potrjuje izjava podjetja Aventis z dne 19. maja 1999 –, zdi, da ji poročilo podjetja Roche o sestankih iz njegovega odgovora z dne 16. julija 1999 zmanjšuje utemeljenost, še posebej pa dvostranski sestanek z dne 24. aprila 1989 med podjetjema Roche in Aventis. Glede zadnjega sestanka tožena stranka, prvič, ugovarja, da poročilo podjetja Roche ne more biti natančen in objektiven opis dogajanja, saj je podjetje Roche v odgovoru z dne 16. julija 1999 izjavilo, da ,, [predložene] informacije ne vsebujejo popolnoma vseh podrobnosti, ampak izražajo najboljše, kar je ohranjeno v osebnem spominu zadevnih uslužbencev podjetja Roche“. Drugič, navedeni sestanek po mnenju tožene stranke ni upošteven za ugotavljanje, kdo je bil vodja kartelov, saj naj bi se zgodil pred datumom, ki je v Odločbi določen za začetek kršitve (september ). Tem ugovorom tožene stranke ni mogoče slediti. Glede prvega ugovora je treba ugotoviti, da je podjetje Roche pravilno navedlo datum (24. april 1989), kraj (Basel) in imena sodelujočih na navedenem dvostranskem sestanku ter da Komisija v Odločbi ni ugovarjala verodostojnosti informacij, ki jih je predložilo podjetje Roche, ampak je nasprotno celo priznala, da so informacije, ki jih je predložilo Roche glede kršitev v zvezi z vitaminoma A in E, ,,zelo izčrpne“ (uvodna navedba 743), zato je podjetju Roche še posebej za te kršitve na podlagi prve alinee drugega odstavka oddelka D obvestila o ugodni obravnavi za 50 % znižala globo. Poleg tega podjetje Roche v primerjavi s podjetjem Aventis, ki bi lahko imelo interes za zmanjšanje svoje vloge pri vzpostavitvi kartelov s tem, da bi izpostavilo navedeno odgovornost podjetij Roche in BASF, ni imelo posebnega interesa, da to odgovornost pripiše izključno sebi. Drugi ugovor, v katerem je tožena stranka v nasprotju s svojim splošnim pristopom zamešala vlogi vodje in pobudnika, ni utemeljen, saj se tožeča stranka zaradi dokazovanja, da ni bila pobudnik, sklicuje na sestanek z dne 24. aprila med podjetjema Roche in Aventis. Sicer pa, tudi če bi bil ta ugovor utemeljen, bi to pomenilo tudi razveljavitev sklicevanja tožene stranke na sestanek z dne 7. junija 1989 med Roche in BASF, ki ga omenja v uvodni navedbi 160 Odločbe in se je prav tako zgodil pred začetkom kršitve. Iz tega sledi, da dokazi tožene stranke ne omogočajo sklepa, da je bila tožeča stranka pobudnik, zlasti v razmerju do podjetja Aventis, pri vzpostavitvi kartelov v zvezi z vitaminoma A in E. Glede vpletenosti japonskega proizvajalca Eisai v kartel v zvezi z vitaminom E pa morebitna vloga tožeče stranke v zvezi s tem ni bila obravnavana v pisanjih tožene stranke. Nobena uvodna navedba Odločbe, ki opisuje vpletenost podjetja Eisai (uvodna navedbe od 212 do 220), ni navedena v opombi iz uvodne navedbe 712. Tudi sicer iz uvodnih navedb 212 in 234 izhaja, da je podjetje Roche samo komuniciral s podjetjem Eisai, da bi se le-tomordai pridružilo navedenemu kartelu. V teh okoliščinah je treba skleniti, da je presoja iz Odločbe, po kateri je bila tožeča stranka pobudnik pri kršitvah v zvezi z vitaminoma A in E, ni zadostno dokazana. Glede na to, da Odločba v tej točki ni zakonita in da je Komisija izrekla tožeči stranki enkratno 35-odstotno zvišanje osnovnega zneska globe zaradi obteževalne okoliščine iz tretje alinee oddelka 2 Smernic, mora Sodišče prve stopnje zapresojo vloge tožeče stranke pri zadevnih kršitvah izvršiti svoje pooblastilo za odločanje v okviru polne jurisdikcije, da bi tako potrdilo, razveljavilo ali spremenilo navedeno zvišanje globe. Glede na to, da tožena stranka pred Sodiščem prve stopnje kot dokaz vloge tožeče stranke kot pobudnika pri obeh zadevnih kršitvah v zvezi z okoliščinami, navedenimi v uvodni navedbi 160 Odločbe, ni predložila nobenega nadaljnjega dokaza, se bo Sodišče prve stopnje osredotočilo na domnevno vlogo tožeče stranke kot vodje pri navedenih kršitvah. –       Vloga vodje Tožena stranka se v podporo svoji presoji, da je bila tožeča stranka vodja pri kartelih v zvezi z vitaminoma A in E, sklicuje na dve vrsti dejanj tožeče stranke pri izvajanju protipravnih sporazumov, ki naj bi bili navedeni v Odločbi. Prvič, tožena stranka se sklicuje na nalogo podjetja BASF, da določi osebe, ki bodo običajno sodelovale pri sestankih na regionalni ravni trženja proizvodov, ki naj bi izhajala iz uvodne navedbe 177 Odločbe. Drugič, tožena stranka se sklicuje na zvišanje cen, ki jih je tožeča stranka javno objavila, in v zvezi s tem navaja uvodni navedbi 183 in 224 Odločbe. Glede domnevne naloge določanja oseb, ki so sodelovale pri nekaterih sestankih, upoštevna uvodna navedba Odločbe, to je uvodna navedba 178 – omenjanje uvodne navedbe 177 s strani tožene stranke je namreč očitna redakcijska napaka – navaja, da je ,,BASF imenovalo osebe, ki bodo običajno sodelovale pri sestankih v zadevnem obdobju“. Te uvodne navedbe tožena stranka v pisanjih ni pravilno razlagala. Kot navaja tožeča stranka in kot izhaja iz dokumentov iz upravnega spisa, ki jih je tožena stranka predložila v okviru izvedbe ukrepov procesnega vodstva, ki jih je odredilo Sodišče prve stopnje, se v uvodni navedbi 178 Odločbe samo omenja, da je tožeča stranka pri sodelovanju v Komisijini preiskavi poimensko določila posameznike, ki so v imenu podjetij sodelovali pri sestankih. Tožena stranka na zahtevo Sodišča prve stopnje, naj predloži dokaze za to, da je bila naloga tožeče stranke v okviru zadevnih kartelov določitev udeležencev sestankov na ravni regionalnega trženja proizvodov, teh dokazov ni predložila. Glede zvišanja cen, objavljenega s strani tožeče stranke, se tožena stranka opira zlasti na uvodno navedbo 183 Odločbe, na katero se sicer sklicuje opomba iz uvodne navedbe 712 in ki se glasi: ,,Če je bilo odločeno, da se bodo cene zvišale, je bilo Roche običajno prvo, ki je to objavilo (čeprav je očitno včasih prosilo BASF, naj zvišanje objavi prvo).“ Tožeča stranka ne izpodbija tega, da je včasih na prošnjo podjetja Roche prva objavila zvišanje cen, dogovorjenih v okviru kartelov v zvezi z vitaminoma A in E. Navaja, da iz tega ni mogoče sklepati, da je bila vodja teh kartelov. Tej tezi tožeče stranke ni mogoče slediti. Res je, da iz uvodne navedbe 201 Odločbe izhaja, da ,,so bili direktorji trženja ‚vitaminov‘ tisti, ki so se na občasnih sestankih odločali o zvišanju cen, ob odločitvi za zvišanje pa tudi o tem, kdaj in za koliko se bodo cene zvišale“. Podobno uvodna navedba 203 na podlagi trditev iz priloge 5 k odgovoru podjetja Roche z dne 16. julija 1999, na katere se sklicuje tožeča stranka, navaja da ,,so se stranke običajno dogovorile, da bo eden od proizvajalcev prvi ‚objavil‘ zvišanje ali v poklicni reviji ali prek neposredne komunikacije z glavnimi strankami“ in da ,,ko je eden od udeležencev kartela objavil zvišanje cen, so mu ostali običajno sledili“. Vendar pa to, da se je o zvišanju cen odločalo s soglasjem na sestankih med udeleženci kartela, vključno z njegovim obsegom, datumom in mehanizmom izvedbe, ne more razbremeniti posamične odgovornosti enega ali drugega podjetja, ko se je odločilo, da bo prvo izvedlo dogovorjeno zvišanje. S prevzemom take pobude, ne da bi bilo zanjo poimensko ali posebej zadolženo z dogovorom o zvišanju cen na sestanku kartela, je podjetje prostovoljno dalo temeljni signal za izvršitev tega dogovora, tako da ni ostal le mrtva črka na papirju, ampak je dejansko imel učinke na trgu. Tožeča stranka, v zvezi s katero ni sporno, da je tako pobudo prevzela več kot enkrat, se ne more izogniti tej odgovornosti s trditvijo, da je to vsaj enkrat storilo tudi podjetje Aventis. Dokaz, na katerega se opira tožeča stranka, in sicer da je podjetje Aventis enkrat prvo objavilo zvišanje cen, dogovorjenih v okviru kartela, namreč temelji na izjavi podjetja Aventis z dne 19. maja 1999 (točka 3.4), v kateri to navaja, da je prevzelo tako pobudo ,,samo enkrat“, kar za kršitve, ki so trajale devet let in šest mesecev, kot to velja za zadevne, ne more predstavljati zadostnega indica za kvalifikacijo podjetja Aventis kot vodje. Poleg tega iz navedenega dejanskega stanja v Odločbi glede kartela v zvezi z vitaminom E izhaja, da vloge tožeče stranke ne gre enačiti z vlogo podjetja Aventis. V zvezi s tem je treba omeniti, prvič, da je tožeča stranka, podobno kot podjetje Roche pred njo, potem ko je tovarna podjetja Avensis prenehala delovati zaradi požara decembra 1990, podjetju Aventis dobavila vitamin E, dokler ta tovarna ni začela spet delovati (glej uvodni navedbi 216 in 220); drugič, tožeča stranka je leta 1997, tako kot Roche, pri podjetju Aventis opravila kompenzacijski nakup vitamina E za prehrano živali, da bi temu omogočila ohranitev 16-odstotnega tržnega deleža, ki je bil zanj dogovorjen na skupnem trgu vitamina E, in to kljub povečanju povpraševanja po vitaminu E za prehrano ljudi, pri katerem pa podjetje Aventis ni bilo prisotno (glej uvodno navedbo 225). Te okoliščine – ki so navedene že v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah (točke 53, 55 in 58), tožena stranka pa je nanje opozorila v odgovoru na tožbo (točka 81) –, ki jih tožeča stranka ne izpodbija, označujejo položaj podjetja Aventis v kartelu kot položaj podjetja, odvisnega od podpore podjetij Roche in BASF, ter razkrivajo odločenost le-teh k temu, da se zagotovi stabilnost in uspeh protipravnih sporazumov. Glede okoliščine iz uvodne navedbe 224 Odločbe, namreč objave 5-odstotnega zvišanja cen vitaminov A in E, ki jo je 14. februarja 1994 prek poslovnega tiska izvedla tožeča stranka, ta ne prispeva ničesar k temu, kar izhaja iz uvodne navedbe 183, saj tudi če bi bila ta objava pred podobnimi objavami ostalih udeležencev kartela – kar pa tožena stranka ni niti zatrjevala niti dokazala –, to tudi sicer ne more biti konkreten primer ravnanja tožeče stranke iz te uvodne navedbe. Glede na navedeno je treba skleniti, da Komisija s tem, ko je v Odločbi sklenila, da je imela tožeča stranka vlogo vodje pri kršitvah v zvezi z vitaminoma A in E, ni storila napak pri presoji. –       Sklep glede uporabe obteževalne okoliščine za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E Čeprav Komisija na podlagi dokazov, na katere se je sklicevala, ni mogla utemeljeno sklepati, da je bila tožeča stranka pobudnik pri kršitvah v zvezi z vitaminoma A in E, pa lahko Sodišče prve stopnje po preučitvi spisa in ob upoštevanju trditev strank v okviru svojega pooblastila za odločanje v okviru polne jurisdikcije sklene, da je bilo 35-odstotno zvišanje osnovnega zneska glob za podjetje BASF za njegove kršitve popolnoma utemeljeno, ob upoštevanju vodilne vloge, ki jo je podjetje BASF skupaj s podjetjem Roche imelo pri njih, pa čeprav v manjši meri kot le-to. b)     Kršitev v zvezi z vitaminom B5 Trditve strank Tožeča stranka glede kršitve v zvezi z vitaminom B5 opozarja na to, da Odločba, prvič, v uvodni navedbi 296 potrjuje, da je bil kartel ,,organiziran, orkestriran in nadziran s strani Roche“ in, drugič, priznava da BASF ni bilo pobudnik protipravnih dogovorov. Tožeča stranka navaja, da sta podjetji Roche in Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd (v nadaljevanju: Daiichi) na sestanku decembra 1990 razpravljali o ustanovitvi kartela in o mehanizmih določanja cen ter razdelitvi kvot, in da je bilo podjetje BASF pozvano k sodelovanju s strani podjetja Roche na zahtevo podjetja Daiichi (uvodna navedba 298 Odločbe). Podjetje Roche naj bi bilo zelo dejavno pri organizaciji, orkestraciji in nadzoru kartela, s tem da je vzpostavilo temeljno strukturo za to, organiziralo ločene sestanke z vsakim udeležencem, zbiralo podatke glede cen in količin vsakega udeleženca ter se pritoževalo, kadar stranke sporazuma niso spoštovale. Nasprotno pa naj bi Odločba navajala samo en primer, ko je podjetje BASF svoje cene objavilo, in naj ne bi vsebovala nobenega dokaza za to, da je podjetje BASF imelo vlogo vodje ali dejavno vlogo pri upravljanju kartela. Tožeča stranka meni, da njena vloga ni bila pomembnejša, temveč manj pomembna, kot je bila vloga podjetja Daiichi, ki pa ni bilo kvalificirano kot vodja. V zvezi s tem poudarja, da je podjetje Daiichi spodbujalo k širitvi dogovorov na nove udeležence in pritiskal na Roche, naj BASF pozove k sodelovanju (uvodna navedba 298 Odločbe). Podjetje Daiichi naj bi skupaj s podjetjem Roche organiziralo vse sestanke na vrhu in operativne sestanke v zvezi z vitaminom B5, kar naj bi pomenilo, da je imel trajno in dejavno vlogo delitve vodilnih odgovornosti skupaj s podjetjem Roche. Tožena stranka meni, da je v Odločbi dokazala vlogo podjetja BASF kot vodje kartela v zvezi z vitaminom B5, čeprav je bila ta manj pomembna kot vloga podjetja Roche. Navaja to, da se Odločba sklicuje na sestanek na vrhu med podjetjema Roche in BASF, ki se je zgodil junija 1992, to je pred sestanki na vrhu med vsemi tremi udeleženci kartela (uvodna navedba 314). Pojasnjuje, da obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah in Odločba (uvodna navedba 319) navajata, da sta podjetji Roche in BASF občasno podjetju Daiichi povedali, da bo eno ali drugo zvišalo cene, ga obvestila o datumu zvišanja in pozvala, naj sledi tej pobudi. Iz Odločbe naj bi bila razvidna tudi skupna fronta podjetij Roche in BASF v razmerju do ostalih proizvajalcev, saj navaja, da sta bili sposobni kadar koli dejansko zvišati cene, pa čeprav je podjetje Daichii temu nasprotovalo (uvodne navedba od 321 do 324). Tožena stranka poleg tega meni, da vloge podjetja Daichiija v kartelu v zvezi z vitaminom B5 nikakor ni mogoče šteti kot vodilne. Tožeča stranka v repliki zanika, da bi lahko bil sestanek junija 1992 med podjetjema Roche in BASF indic za vlogo podjetja BASF kot vodje ali pobudnika. Glede dejstva, da sta podjetji Roche in BASF izmenično objavljali zvišanja cen, naj to nikakor ne bi kazalo na to, kdo je to predlagal in ali je bil na ostale udeležence, ki se z zvišanjem niso strinjali, izvršen pritisk. To naj torej ne bi bilo pomembno za presojo, kdo je vodil kartel. Tožeča stranka glede skupne fronte, ki naj bi jo podjetji Roche in BASF imeli v razmerju do podjetja Daiichi glede zvišanja cen, opozarja na to, da je skupna značilnost kartelov to, da udeleženci nimajo vedno enakih interesov. To, da bi lahko bili interesi Roche in BASF glede cen drugačni od interesov Daiichi, naj nikakor ne bi vplivalo na to, kdo je vodja kartela. Poleg tega naj bi dejansko ravnanje teh treh udeležencev ob objavljenem zvišanju cen za pomlad 1998 kazalo na to, da ni bilo vodje kartela, saj naj bi vsak od udeležencev sledil svoji politiki za doseganje svojih ciljev, tako da naj zvišanje na trgu ne bi bilo uspešno (uvodne navedbe od 323 do 325 Odločbe). Tožeča stranka v zvezi s tem opozarja na to, da je tožena stranka v odgovoru na tožbo (točka 95) priznala, da je mogoče govoriti o vlogi vodje kartela takrat, ko delovanje kartela kaže na to, da določeno podjetje na trgu dejansko ravna po nareku drugih podjetij. Tožena stranka v dupliki pojasnjuje, da Odločba nikoli ni trdila, da je podjetje BASF spodbudilo nastanek kartela v zvezi z vitaminom B5. Dodaja, da vloga vodje na trgu ne pomeni nujno, da podjetje ravna tudi kot pobudnik kartela. Zato naj trditve tožeče stranke, s katerimi želi doseči ugotovitev, da sta bili podjetji Roche in Daiichi pobudnika kartela, ne bi bile upoštevne. Presoja Sodišča prve stopnje Spomniti je treba, da so skladno z Odločbo v kartelu v zvezi z vitaminom B5 sodelovali podjetj Roche in BASF ter japonski proizvajalec Daiichi. Nadalje je treba ugotoviti, da tožena stranka glede podjetja BASF v pisanjih navaja izključno njegovo vlogo vodje pri tej kršitvi, ne pa tudi vloge pobudnika. V zvezi s tem, čeprav se v uvodni navedbi 712 Odločbe navaja vloga podjetij Roche in BASF kot vodij in pobudnikov, pa je to splošno navajanje v zvezi z vsemi kršitvami, opomba iz navedene uvodne navedbe pa glede kartela v zvezi z vitaminom B5 napotuje samo na uvodni navedbi 319 in 322, ki pa se ne nanašata na vzpostavitev ali širitev tega kartela, ampak na zvišanje cen tega vitamina v okviru izvajanja kartela. Skleniti je torej treba, da 35-odstotno zvišanje izhodiščnega zneska globe tožeči stranki za kršitev v zvezi z vitaminom B5 temelji izključno na njeni domnevni vlogi vodje. Sodišče prve stopnje mora torej v okviru nadzora nad zakonitostjo navedenega zvišanja analizo omejiti na dejanske okoliščine iz Odločbe kot dokaze za vodilno vlogo BASF, ki zadevajo zvišanje cen vitamina B5 v okviru izvajanja kartela. Uvodna navedba 319 Odločbe navaja, da ,,je Roche ali BASF, po trditvah podjetja Daiichi, slednjemu občasno povedalo, da bo eno od njiju zvišalo ceno, ga obvestiloo datumu zvišanja, in ga pozvalo, naj ‘sledi’“, ,,te objave“ pa so bile ,,pogosto opravljene prek specializiranega tiska“. Uvodni navedbi 321 in 322 Odločbe navajata skupne razloge, ki so podjetji Roche in BASF vodili v zvišanje cen vitamina B5, to je, prvič, interes za zmanjšanje marž njunih konkurentov na prodajnem trgu za premikse, da bi jih s tem izrinila s trga, in, drugič, potreba po izognitvi temu, da bi valutna nihanja vodila v razlike med cenami po regijah in v izkrivljanje trgovine v obliki pretovora s strani distributerjev. Kot na to opozarja tožena stranka, iz uvodnih navedb od 323 do 325 Odločbe izhaja tudi, da sta podjetji Roche in BASF cene zvišali tudi, če je podjetje Daiichi temu zvišanju nasprotovalo. Tožeča stranka ne izpodbija okoliščin iz uvodnih navedb, navedenih v prejšnjih dveh točkah. Uvodno navedbo 319 razlaga tako, da sta podjetji Roche in BASF izmenično objavljali zvišanje cen, in poudarja, da naj ta okoliščina nikakor ne bi kazala na to, kdo je predlagal zvišanja. Iz te uvodne navedbe izhaja – kot sicer tudi iz tretjega odstavka točke 101 obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah ter upoštevnega odlomka izjave podjetja Daiichi z dne 19. julija 1999, ki jo je tožena stranka vložila v spis v okviru izvajanja ukrepov procesnega vodstva –, da se tožeča stranka ali podjetje Roche nista omejevala na to, da sta samo prva objavila zvišanja cen, ampak sta se odločila taka zvišanja izvesti in o tem obvestila podjetje Daiichi. V nasprotju s tem, kar je bilo navedeno glede kartelov v zvezi z vitaminoma A in E (glej zgoraj navedeno točko 348), Odločba pri opisu dejanskega stanja glede kartela v zvezi z vitaminom B5 ne navaja, da so se udeleženci kartela na občasnih sestankih dogovorili o zvišanju cen, njegovi višini in datumu njegove izvedbe. Uvodna navedba 317 Odločbe omenja „vrsto usklajenih zvišanj cen“, uvodna navedba 319 pa opisuje mehanizem, ki ga je Komisiji razkrilo podjetje Daiichi in za kateri je podjetje Roche ali BASF prevzelo pobudo za zvišanje cen in o tem vnaprej obvestilo podjetje Daiichi ter ga pozval, naj se s tem uskladi. Jasno je torej, da je bilo dejansko uresničenje usklajenih zvišanj res odvisno od posamične pobude podjetja Roche ali BASF glede objave, višine in časa zvišanja. Kakor koli, tudi če bi se stranke vnaprej dogovorile ne le o osnovnem mehanizmu uskladitve cen (posamična pobuda, predhodno obvestilo drugim proizvajalcem, uskladitev teh), ampak tudi, odvisno od primera, o tem, kolikkšno zvišanje cen izvesti, o njegovi višini in času izvedbe, potem to ne bi bilo nič manj odvisno od prostovoljne pobude podjetja Roche ali BASF (v temi smisl glej uvodne navedbe iz zgoraj navedene točke 349). Delitev odgovornosti med podjetjema Roche in BASF na tem področju je sicer mogoče razložiti tudi v okviru podobnih interesov obeh podjetij, kot so opisani v uvodni navedbi 321 in predvsem v uvodni navedbi 322 Odločbe, in skupne fronte obeh, kot je bila pojasnjena med drugim ob zvišanju cen, na katero se nanašata uvodni navedbi 324 in 325, to je dejavnikov, ki so značilni za kontekst te zadeve in glede na katere je treba presojati dokaze za vlogo vodje (glej v tem smislu zgoraj v točki 269 navedeno sodbo Archer Daniels Midland in Archer Daniels Midland Ingredients proti Komisiji, točka 241). Glede dejstva, na katero se sklicuje tožeča stranka, namreč da se podjetje Daiichi v nasprotju s podjetjem Roche ni uskladilo glede zgoraj navedenega zvišanja cen in da to zvišanje na trgu na koncu ni uspelo (uvodne navedbe od 323 do 325 Odločbe), to v smislu spodbujanja protipravnega ravnanja udeležencev kartela ne zmanjšuje odgovornosti tožeče stranke, tako kot podjetjeRoche, ki jo je prevzela s pobudo za zvišanje cen vitamina B5 na način, opisan v uvodni navedbi 319 Odločbe. V nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, je treba ugotoviti, da to, da neko podjetje pritiska na druge udeležence kartela ali celo narekuje njihovo ravnanje, ni nujni pogoj za to, da bi lahko to podjetje kvalificirali za vodjo kartela. Dovolj je namreč, da je bilo podjetje gonilna sila kartela, kar se lahko sklepa zlasti iz tega, da je razdelalo in predlagalo ravnanje drugim udeležencem kartela, pri čemer ni nujno, da jim je zmožno tako ravnanje vsiliti. Komisija je torej v Odločbi na podlagi okoliščine iz uvodne navedbe 319 utemeljeno sklepala, da je bila tožeča stranka, tako kot Roche, čeprav v manjši meri, posebej odgovorna za delovanje kartela v zvezi z vitaminom B5. Utemeljenost te odgovornosti se ne more zmanjšati zato, ker je podjetje Daiichi lahko imelo vlogo pobudnika kartela ali ker je organiziralo določeno število sestankov kartela. Zato je treba skleniti, da tožeča stranka ni dokazala napačnosti Komisijine presoje, da je imelo podjetje BASF skupaj s podjetjem Roche vlogo vodje pri kršitvi v zvezi z vitaminom B5. Zato je treba obravnavani tožbeni razlog, kolikor je naperjen zoper to presojo, zavrniti, s tem da je treba ugotoviti tudi, da tožeča stranka v njem ni predložila nobenega očitka glede odstotka zvišanja globe, ki jih je bila izrečena v zvezi s tem. c)     Kršitev v zvezi z vitaminom C Trditve strank Tožeča stranka glede kršitve v zvezi z vitaminom C trdi, da dokazi iz Odločbe ne dokazujejo, da je bila pobudnica protipravnih dogovorov s podjetjem Roche ali da je te dogovore vodila skupaj z njim. Odločba naj bi, gledano v celoti, jasno kazala na to, da je Roche samostojno vodilo kartel v zvezi z vitaminom C. Edini dokazi zoper tožečo stranko, ki se navajajo v Odločbi, naj bi bili, da je v svojih prostorih gostila dva sestanka z drugimi udeleženci kartela zaradi razprave na temo izzivov, ki jih predstavljajo kitajski proizvajalci, na katerih naj bi poleg tega podjetje Roche in ne BASF predlagalo zvišanje cen ter zmanjšanje količin. Tožeča stranka prav tako navaja, da je bilo podjetje Takeda najmanj tako vpleteno pri zasnovi protipravnih dogovorov glede vitamina C in pri spodbujanju k njihovi sklenitvi kot ona, če ne celo bolj. Ugotavlja pa, da podejtje Takeda ni bilo okvalificiran za vodjo. Tožena stranka navaja, da je njena presoja, po kateri je imela tožeča stranka pri kartelu v zvezi z vitaminom C vlogo vodje, pravilna, vključno v zvezi z vlogo podjetja Takeda. Tožeča stranka naj bi pozabila omeniti druge pomembne odlomke iz Odločbe, ki naj bi dokazovali, da se je moralo podjetje Takeda soočiti z enovitim blokom evropskih proizvajalcev, med njimi sta bili tudi podjetji Roche in BASF. Tožena stranka v zvezi s tem opozarja zlasti na to, da uvodna navedba 433 navaja, da je bilo podjetje BASF tisto, ki je na enem od sestankov, ki jih je organiziralo, želelo prevzeti vlogo vodje za določanje ciljnih cen. Iz te uvodne navedbe naj bi namreč izhajalo, da je bil namen podjetja BASF – kljub predlogom podjetja Roche glede cen – določiti cene v višini 25, 26 in 27 nemških mark (DEM) za drugo, tretje in četrto četrtletje leta 1993 ter da je dalo drugim udeležencem kartela jasno vedeti, da namerava biti z določitvijo teh cen vodja na tem trgu. Poleg tega naj bi uvodna navedba 437 dokazovala, da je podjetje BASF sestavilo delovne dokumente za predstavitev svojih predlogov na sestanku 25. maja 1993. Po mnenju tožene stranke naj bi tožeča stranka celo priznala, da je vodila kartel v zvezi z vitaminom C, ko je v točki 149 tožbe navedla, da ,,je res, da je imelo podjetje BASF občasno določeno vlogo“. Tožena stranka glede domnevno enakih vlog podjetijBASF in Takeda poudarja, da za to, da se nekoga kvalificira za vodjo kartela, ne zadostuje, da ta vzpostavi stike s konkurenti (to je, da je bil pobudnik), če delovanje kartela kaže na to, da ravnanje na trgu dejansko narekujejo druga podjetja. Tak naj bi bil prav primer podjetja Takeda. Tožena stranka namreč navaja, da se je podjetje BASF strinjalo s cenovno politiko podjetja Roche (uvodna navedba 424 Odločbe) in da so evropski proizvajalci dali podjetju Takedo ultimat – moral bi zmanjšati prodajo vitamina C, sicer bi se umaknili iz sporazuma (uvodna navedba 442). Nasprotno pa podjetji Roche in BASF nista sledili zvišanju cen podjetja Takeda (uvodna navedba 425), njegove predloge pa naj bi drugi evropski proizvajalci sistematično zavračali ali jih ne bi izvajali (uvodne navedbe 446, 447 in 456 Odločbe). Podjetje Takeda naj ne bi spoštovalo kvot, ki so jih določili evropski proizvajalci in so ga zato kaznovali. Evropski proizvajalci pa naj bi imeli medsebojne sestanke brez podjetja Takeda. Presoja Sodišča prve stopnje Spomniti je treba na to, da so v kartelu v zvezi z vitaminom C skladno z Odločbo sodelovali trije evropski proizvajalci Roche, BASF in Merck KgaA ter japonski proizvajalec Takeda. Nadalje je treba ugotoviti, da je tožena stranka glede podjetja BASF v pisanjih navajala izključno to, da je bilo vodja pri tej kršitvi, ni pa ga kvalificirala kot pobudnika. Res je, da se v opombi iz uvodne navedbe 712 Odločbe med uvodnimi navedbami, ki naj bi utemeljevale, da je podjetje BASF delovalo v vlogi vodje in pobudnika pri različnih kršitvah, navaja tudi uvodna navedba 388 Odločbe, ki se izvirno nanaša na navedeni kartel. Vendar pa je treba ugotoviti, da BASF v uvodni navedbi 388 sploh ni omenjeno, pač pa ta nasprotno kaže na to, da so se prvi pripravljalni sestanki v zvezi z nastankom kartela zgodili med podjetjema Roche in Takeda. Sklicevanje na uvodno navedbo 388 v opombi iz uvodne navedbe 712 je torej očitno redakcijska napaka. Iz tega sledi, da 35-odstotno zvišanje osnovnega zneska globe, izrečene tožeči stranki za kršitev v zvezi z vitaminom C, temelji izključno na domnevni vlogi tožeče stranke kot vodje. Sodišče prve stopnje mora torej v okviru nadzora nad zakonitostjo tega zvišanja analizo omejiti na tiste dejanske okoliščine, navedene v Odločbi, ki zadevajo vodilno vlogo BASF, to je tiste iz uvodnih navedb 432, 437 in 439, ki se nanašajo na organizacijo in način poteka nekaterih sestankov kartela. Uvodna navedba 432 Odločbe zadeva sestanek s podjetjema Roche in Merck, ki ga je tožeča stranka organizirala na svojem sedežu v Ludwigshafnu v začetku leta 1993, da bi se preučilo težave v zvezi z konkurenco kitajskih proizvajalcev. Uvodna navedba 439 navaja neki drug sestanek v pisarnah tožeče stranke v Frankfurtu, in sicer med vsemi štirimi udeleženci kartela. Ugotoviti je treba, da to, da je tožeča stranka torej gostila dva sestanka kartela, ni pomembno, če se upošteva, da Odločba navaja številne dvostranske sestanke med podjetji Roche in Takeda v Baslu (sedež podjetja Roche) ali v Tokiju (sedež podjetja Takeda) (uvodne navedbe 388, 390, 391, 403, 407, 413, 418, 420, 456) ter to, da so od leta 1991 do maja 1993 četrtletni sestanki med evropskimi proizvajalci običajno potekali v Baslu (uvodna navedba 415). Uvodna navedba 437 navaja, da je tožeča stranka ,,posredovala svoje delovne dokumente za [večstranski sestanek v Zürichu 25. maja 1993], ki podrobno predstavljajo predlog za 5-odstotno zmanjšanje [kvot] in doseženi kompromis“. Glede na določeno dvoumnost navedene povedi, na katero se tožena stranka opira v pisanjih, jo je Sodišče prve stopnje v okviru ukrepov procesnega vodstva pozvalo, naj predloži te delovne dokumente in pojasni, ali je s to povedjo hotela ugotoviti, da je podjetje BASF navedene dokumente posredovalo drugim udeležencem kartela v zvezi s sestankom 25. maja 1993. Tožena stranka je v odgovor na ta poziv predložila dokument, ki ji ga je predložilo podjetje BASF v upravnem postopku in ki zadeva kvote glede vitamina C za razdelitev v letu 1993 (v nadaljevanju: dokument o kvotah 1993). Pojasnila je tudi, da v uvodni navedbi 437 Odločbe ni nameravala ugotoviti, da je tožeča stranka ta dokument posredovala drugim udeležencem kartela, ampak navesti, da je bilo stališče podjetja BASF, ki naj bi bilo predstavljeno na sestanku 25. maja 1993, v prid 5-odstotnemu zmanjšanju kvot, in da je BASF nameravalo druge sodelujoče pozvati, naj o tem razpravljajo. Tožena stranka opozarja na to, da je po pojasnilih BASF med upravnim postopkom natipkane kvote v dokumentu o kvotah 1993 zapisalo podjetje Roche, rokopisne kvote pa je dodal predstavnik podjetja BASF in so ustrezale predlaganemu dogovoru, o katerem je potekala razprava na navedenem sestanku. Ta pojasnila tožene stranke so nekoliko zmedena in ne omogočajo razumeti tega, ali je podjetje BASF na sestanku 25. maja 1993 podprlo predlog podjetja Roche ali pa je že od začetka predlagalo drugim udeležencem kartela alternativo, ki jo predstavljajo rokopisno zapisne kvote v dokumentu o kvotah 1993. Prav tako iz spisa ne izhaja, da je te rokopisno zapisane kvote v tem dokumentu dodal predstavnik podjetja BASF pred sestankom 25. maja 1993 in ne med sestankom ali po njem. Nasprotno pa iz uvodnih navedb 436 in 437 Odločbe jasno izhaja, da je bilo podjetje Roche tisto, ki je na sestanku predlagalo splošno 5-odstotno zmanjšanje kvot za leto 1993, da je podjetje Takeda temu predlogu nasprotovalo in je predložilo protipredlog ter da je bila najdena kompromisna rešitev, in sicer da evropski proizvajalci kvote zmanjšajo za 2,5 %, Takeda pa za 2,2 %. Tudi če bi podjetje BASF tako rešitev pripravilo pred sestankom in bi jo na navedenemu sestanku predlagalo, taka okoliščina ob upoštevanju konteksta ne more biti pomemben dokaz za vlogo tožeče stranke kot vodje. Ta kontekst namreč kaže na to, da je podjetje Roche stalo za pobudo o omejitvi proizvodnje leta 1993 (glej v tem smislu tudi uvodni navedbi 432 in 434 Odločbe) in da so vsaj trije proizvajalci predložili podrobne predloge glede obsega zmanjšanja kvot. To, da je bila na koncu sprejeta rešitev, ki jo je predlagalo podjetje BASF kot kompromis med stališčema podjetij Roche in Takeda, ne more tožeče stranke kvalificirati za vodjo kartela. Dejanske okoliščine, ki so v Odločbi navedene kot dokaz vodilne vloge podjetja BASF v kartelu v zvezi z vitaminom C, tudi če bi jih presojali v okviru konteksta zadeve, dejansko niso pomembne za pripisovanje vodilne vloge tožeči stranki. Iz tega sledi, da Odločba v tem smislu ni zakonita, zaradi česar lahko Sodišče izvrši pooblastilo za odločanje v okviru polne jurisdikcije in v okviru vseh upoštevnih okoliščin zadeve (glej v tem smislu zgoraj v točki 62 navedeno sodbo Michelin proti Komisiji, točka 111, in sodbo Sodišča z dne 18. septembra 2003 v zadevi Volkswagen proti Komisiji, C-338/00 P, Recueil, str. I-9189, točka 151) ugotovi, ali je mogoče tožečo stranko kljub temu šteti za vodjo zadevnega kartela in ali je treba zato izhodiščni znesek globe, ki ji je bil izrečen zaradi sodelovanja v kartelu, znižati zaradi te obteževalne okoliščine. Tožena stranka se je v podporo svojemu sklepu, da je tožeča stranka dejansko imela tako vlogo v pisanjih sklicevala tudi na dejanske okoliščine, ki so navedene v tistih uvodnih navedbah Odločbe, na katere se ne sklicuje opomba iz uvodne navedbe 712. V zvezi s tem, kar zadeva najprej sklicevanje tožene stranke na uvodno navedbo 433 za dokazovanje, da je imela tožeča stranka vlogo vodje pri določanju ciljnih cen, je treba ugotoviti, da to ni upoštevno. Uvodna navedba 433 navaja, da je podjetje BASF posredovalo podrobno zabeležko o sestanku, ki ga je organiziralo na svojem sedežu v Ludwigshafnu v začetku leta 1993 (glej zgoraj navedeno točko 387), in da ta zabeležka prikazuje ciljne cene za zadnja tri četrtletja v letu 1993. Tožena stranka je kot odziv na poziv Sodišča prve stopnje v okviru ukrepov procesnega vodstva predložila to zabeležko in pojasnila, da ta dokazuje vodilno vlogo podjetja BASF, saj jo je to pripravilo, ni je izpodbijalo, iz nje pa izhaja tudi, da je nameravalo podjetje BASF določiti ciljne cene na 24, 25 oziroma 26 DEM za vsako od navedenih četrtletij. V zvezi s tem je treba, ob tem da se želi v uvodni navedbi 433 s tem, ko se navaja, da je navedeno zabeležko posredovalo podjetje BASF, očitno sporočiti to, da jo je tožeča stranka predložila Komisiji med upravnim postopkom, in ne to, da jo je tožeča stranka posredovala drugim udeležencem kartela pred sestankom v Ludwigshafnu, ugotoviti – enako kot tožeča stranka –, da uvodna navedba 432 jasno navaja, da je na tem sestanku podjetje Roche predlagalo zvišanje cen v zgoraj navedenih četrtletjih. Tožena stranka poleg tega ni pojasnila, v čem naj bi ta zabeležka, za katero ni dokazano, ali jo je podjetje BASF sestavilo pred navedenim sestankom, med njim ali po njem, pričala o posebnem namenu podjetja BASF glede višine ciljnih cen ali o njegovi posebni vlogi pri določanju teh ciljev. Ugotoviti je treba, da je tožeča stranka s tem, ko je Komisiji v prilogi dopisa z dne 23. junija 1999 predložila to zabeležko, v pojasnilu (stran 4428 upravnega spisa) navedla samo, da ta zabeležka izraža ,,dogovor v zvezi z vitaminom C“. Tožena stranka se torej ne opira pravilno na uvodno navedbo 433 Odločbe za dokazovanje, da je želela tožeča stranka na navedenem sestanku prevzeti vlogo vodje pri določanju ciljnih cen. Drugič, glede okoliščin, ki po mnenju tožene stranke kažejo na soglasje med evropskimi proizvajalci v zvezi z razvojem cen in prodajo ter spor med njimi in podjetjemTakeda (glej zgoraj navedeno točko 382), je treba ugotoviti, da usklajenost interesov, ciljev in stališč v okviru določenega kartela s strani skupine njegovih udeležencev ne pomeni nujno niti pripisovanja vodilne vloge udeležencem te skupine niti razširitve te kvalifikacije – ki jo je treba glede na druge okoliščine uporabiti za enega izmed njih – na vse druge. Poleg tega pa je bilo podjetje Merck tudi del tega ,,celovitega bloka“ evropskih proizvajalcev, na katerega se sklicuje tožeča stranka, vendar pa zato ni bilo kvalificirano kot vodja. Res je, da Odločba omenja več obremenilnih okoliščin zoper podjetje BASF kot zoper podjetje Merck – organizacija dveh sestankov (glej zgoraj navedeno točko 387) in obljuba podjetja Roche glede spremembe lokalne organizacije, če bi Roche ugotovilo, da bi lahko cenovna politika podjetja BASF na lokalni ravni destabilizirala trg (uvodna navedba 424 Odločbe) –, vendar pa te okoliščine niso dovolj pomembne, da bi utemeljile bistveno drugačno obravnavo podjetij Merck in BASF glede zadevne oteževalne okoliščine. Glede primerjave z vlogo podjetja Takeda pa iz tega – čeprav je res, da iz Odločbe izhaja, da je moralo to formalno sprejeti ohranitev izvirnih sporazumov o kvotah, kar so zahtevali evropski proizvajalci – izhaja tudi, da se glede na dejansko stanje podjetje Takeda ni držalo tega kompromisa in da tudi sicer (kot na primer na sestanku 25. maja 1993 v Zürichu, navedenem v uvodnih navedbah 436 in 437) ni sprejemalo danih predlogov ter je uspelo izsiliti kompromis. Splošneje pa je treba skleniti, enako kot tožeča stranka, da okoliščine v zvezi z nasprotji med evropskimi proizvajalci in podjetjem Takeda, na katere se sklicuje tožeča stranka, pričajo samo o nestabilnosti kartela po veliki in nepričakovani rasti prodaje kitajskih proizvajalcev ter o vročih pogajanjih, ki so potekala med udeleženci kartela – ki so vsi res imeli določeno dejavno, ne pa tudi vodilne vloge – in to ves čas zaradi odprave težav, ki so nastale zaradi kitajske konkurence. Iz uvodnih navedb 439 in 440 Odločbe na primer izhaja, da je vsak od štirih udeležencev kartela predložil predloge. Poleg tega namen ultimatov, ki so ga evropski proizvajalci postavili podjetju Takeda (poleg tistega, ki ga navaja tožena stranka v uvodni navedbi 442, glej tudi podoben ultimat, ki naj bi ga podjetje Takeda postavilo podjetjema BASF in Merck po posredovanju podjetja Roche in je naveden v uvodnih navedbah 444 in 446), ni bil v kakšnem posebnem kaznovanju, ampak preprosto v umiku iz kartela, kljub temu pa iz uvodne navedbe 425 Odločbe izhaja, da je tudi podjetje Takeda postavilo ultimat podjetjema Roche in BASF kot ,,protiukrep“, če se ne bi uskladili z njegovimi cenami. V teh okoliščinah ostaja edino podjetje, ki bi ga bilo mogoče kvalificirati kot vodjo, Roche, ki je organiziralo precejšnje število sestankov (uvodna navedba 415), ki se je ločeno sestajalo s podjetjema BASF in Merck (uvodni navedbi 415 in 432) ter s podjetjem Takeda (uvodne navedbe 403, 407, 412, 413, 415, 418, 419, 420, 443 in 456), ki je zastopalo podjetji BASF in Merck pri pogajanjih s podjetjem Takeda (uvodni navedbi 444 in 456) ter podjetje Takeda pri četrtletnih sestankih med evropskimi proizvajalci (uvodna navedba 416), ki je zbiral prodajne podatke udeležencev kartela ter jih obveščal o skupnih rezultatih po podjetjih (uvodna navedba 417). Poleg tega je podjetje Roche tisti udeleženec kartela, za katerega iz Odločbe izhaja, da se je najpogosteje vključeval s svojimi predlogi v zvezi z delovanjem kartela (Roche je na primer predlagalo, naj udeleženci kartela kot dobavitelji uskladijo stališča v razmerju do stranke Coca-Cola: uvodna navedba 410; na dvostranskem sestanku s podjetjem Takeda 15. in 16. maja 1991 je predlagalo določitev evropskih prodajnih kvot za leto 1991 po državah: uvodna navedba 423; na sestankih v začetku leta 1993 in 25. maja 1993 je predlagalo omejitev proizvodnje in/ali zvišanje cen: uvodne navedbe od 432 do 434 in 436; na sestanku 10. novembra 1993 s podjetjem Takeda v Tokiu je predlagal nov sistem kvot za leto 1994: uvodna navedba 445). Poleg tega trditev iz točke 149 tožbe, da je ,,BASF občasno imelo določeno vlogo“, nikakor ne pomeni priznanja tožeče stranke glede njene vodilne vloge, saj je istočasno v navedeni točki pojasnila, da ni vodila ali upravljala dogovorov. Glede na navedene ugotovitve je treba skleniti, da Komisija niti v Odločbi niti pred Sodiščem prve stopnje ni zadostno pravno dokazala, da je imela tožeča stranka skupaj s podjetjem Roche vodilno vlogo pri kršitvi v zvezi z vitaminom C. Zato je treba 35-odstotno zvišanje osnovnega zneska globe, izrečene tožeči stranki za to kršitev, razveljaviti. d)     Kršitev v zvezi z vitaminom D3 Trditve strank Tožeča stranka glede kršitve v zvezi z vitaminom D3 navaja, da je Komisija v uvodni navedbi 461 Odločbe priznala, da ni mogla določiti, katero od podjetij Roche, BASF in Solvay Pharmaceuticals BV (v nadaljevanju: Solvay) je bilo pobudnik te kršitve. Tožeča stranka opozarja na to, da je bila kljub temu skupaj z Roche kvalificirana za pobudnika in vodjo, medtem ko Solvay ni bilo. Komisija naj ne bi predložila nobenega dokaza v podporo temu sklepu glede tožeče stranke. Odločba naj bi se namreč glede tega opirala samo na uvodni navedbi 459 in 460, ki pa dokazujeta samo to, da je Roche izjavilo, da je Solvay prevzelo pobudo pri dogovorih, in da je Solvay izjavilo, da ni bilo pobudnik, ampak je bilo zadnje podjetje, ki se je pridružilo kartelu. Te okoliščine naj nikakor ne bi omogočale sklepa, da je bilo podjetje BASF pobudnik ali vodja teh dogovorov. Tožeča stranka poudarja, da je njena vloga v nasprotju z vlogama dejavnih vodij, ki sta ju imeli podjetji Roche in Solvay ter izhajata iz več okoliščin, na katere se sklicuje Odločba. Tožena stranka pojasnjuje, da v zvezi z vitaminom D3 glede tožeče stranke ni ugotovila vloge pobudnika, ampak vlogo vodje, to je dejavno vlogo pri delovanju kartela. Smernice o globah naj bi poleg tega navajale, da je mogoče zvišanje uporabiti za vodje in pobudnike kartela. Sicer pa naj ne bi bilo nobenega dokaza za to, da je bilo podjetje Solvay pobudnik kartela, pa tudi če bi bilo to dokazano, naj to, da Komisija ni napačnozvišala globe podjetja Solvay iz naslova vloge pobudnika, ne bi pomenilo, da je storila napako z zvišanjem globe, izrečene tožeči stranki, zaradi vloge vodje v kartelu. Opozarja na to, da uvodna navedba 472 Odločbe navaja, da so proizvajalci na prvem sestanku januarja 1994 določili ,,kataloške“ in najnižje cene za vsako regijo ter da iz rokopisnega komentarja iz neke zabeležke podjetja Solvay izhaja, da naj bi podjetje BASF prvo objavilo ceno. Poleg tega naj bi na vodilno vlogo podjetij BASF in Roche v kartelu v zvezi z vitaminom D3 v odgovoru na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah opozorilo podjetje Solvay, podjetje Roche pa naj bi priznalo, da se je ta kartel začel z vzpostavitvijo dvostranskih stikov s podjetjem BASF. Odločba naj bi pri analizi ciljnih kvot (uvodna navedba 476) upoštevala sorazmerno šibkejši položaj podjetja Solvay glede na druga dva proizvajalca. Poleg tega naj bi navajala, da je prvo zvišanje cen vodilo BASF in da je Solvay šele kasneje tudi vodilo eno (uvodne navedbe 472, 473 in 479). Na podlagi teh dokazov naj bi tožena stranka ocenila, da čeprav je BASF imelo manj pomembno vodilno vlogo kot Roche, je bila ta še vedno pomembnejša od vloge podjetja Solvay. Tožeča stranka je v repliki odgovorila, da dokazi, na katere se sklicuje tožena stranka, ne dokazujejo, da je imela vlogo vodje pri kartelu v zvezi z vitaminom D3. Presoja Sodišča prve stopnje Spomniti je treba na to, da so v kartelu v zvezi z vitaminom D3 skladno z Odločbo sodelovala podjetja Roche, Solvay, BASF in Aventis. Tožena stranka je v pisanjih pojasnila, da tožeči stranki v zvezi s tem kartelom ne očita vloge pobudnika, ampak vlogo vodje (glej zgoraj navedeno točko 411). Vendar pa navaja, da naj bi Roche priznalo, da se je kartel začel v vzpostavitvijo dvostranskih stikov s podjetjem BASF (glej zgoraj navedeno točko 413). Ugotoviti je treba, da čeprav uvodna navedba 712 splošno in glede vseh kršitev navaja vlogo podjetij Roche in BASF kot vodij in pobudnikov, pa opomba iz te uvodne navedbe ne napotuje na nobeno uvodno navedbo Odločbe, ki bi opisovala dejansko stanje v zvezi s kartelom glede vitamina D3. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da obrazložitev 35-odstotnega zvišanja osnovnega zneska globe, izrečene tožeči stranki zaradi sodelovanja pri kartelu, iz naslova obteževalnih okoliščin, ni zadostna, saj iz nje ni mogoče razumeti, ali je bilo to zvišanje izrečeno zaradi vloge pobudnika ali vloge vodje oziroma celo obeh vlog hkrati, ki naj bi ju podjetje BASF imelo pri tej kršitvi. Poleg tega pa obrazložitev v vsakem od navedenih primerov temelji izključno na splošnih ugotovitvah iz uvodnih navedb od 713 do 717 Odločbe, za katere pa je bilo že v zgoraj navedenih točkah od 296 do 301 razsojeno, da ne morejo utemeljiti pripisovanja vloge vodje ali pobudnika tožeči stranki v zvezi s kršitvami, ki se ji očitajo v obravnavani zadevi. Glede na to, da zvišanje globe torej ni zakonito, mora Sodišče prve stopnje glede vloge tožeče stranke pri kršitvi v zvezi v vitaminom D3 izvršiti svoje pooblastilo za odločanje v okviru polne jurisdikcije in tako potrditi, razveljaviti ali spremeniti navedeno zvišanje. –       Vloga pobudnika Kljub temu, kako je treba razumeti stališče tožene stranke glede vprašanja, ali je tožeča stranka imela vlogo pobudnika v kartelu v zvezi z vitaminom D3 ali ne, je treba ugotoviti, enako kot tožeča stranka, da noben dokaz, predložen Sodišču prve stopnje, ne omogoča sklepa, da je tožeča stranka imela tako vlogo. Iz uvodnih navedb Odločbe v zvezi z izvorom tega kartela, to je uvodne navedbe od 459 do 463, nikakor ne izhaja taka vloga podjetja BASF, ampak je mogoče iz njih razbrati nasprotujoče si navedbe podjetij Roche in Solvay glede tega, katero podjetje je prevzelo pobudo pri ustanavljanju kartela, s tem da je podjetje Roche pripisalo to odgovornost podjetju Solvay, ki pa je to zanikalo. Komisija je v uvodni navedbi 461 vprašanje, katero podjetje je bilo pobudnik za nastanek kartela, celo izrecno pustila odprto. Trditev tožene stranke, da naj bi Roche priznalo, da se je ta kartel začel z vzpostavitvijo dvostranskih stikov s podjetjem BASF, očitno ni utemeljena ob upoštevanju dokumenta, ki ga je predložilo Roche in na katerega tožena stranka opira to trditev. Izvleček dopisa podjetja Roche Komisiji z dne 30. julija 1999, ki ga je predložila tožena stranka v tem kontekstu, namreč ne vsebuje nobenega takega priznanja podjetja Roche, ampak dvakrat navaja, da je bilo Duphar (podjetje iz skupine Solvay) tisto, ki je prevzelo pobudo (,,Duphar took the initiative“; ,,Duphar invigorated its attempts to organise a cartel agreement with Roche and BASF“). Tožeča stranka torej utemeljeno trdi, da ni dokazano, da je imela vlogo pobudnika v kartelu v zvezi z vitaminom D3. –       Vloga vodje Tožeča stranka se, da bi podprla svoje stališče, po katerem je imela tožeča stranka skupaj s podjetjem Roche vlogo vodje v zadevnem kartelu, v bistvu sklicuje na štiri elemente. Prvič, sklicuje se na določitev ,,kataloških“ in najnižjih cen za drugo četrtletje leta 1994 na prvem sestanku kartela v januarju 1994, kot je navedeno v uvodni navedbi 472 Odločbe. Tožena stranka v zvezi s tem opozarja na to, da rokopisni komentar v zabeležki podjetja Solvay, ki je bila sestavljena na tem sestanku, navaja, da ,,bo BASF prvo objavilo cene“ in da je šlo pri tem za prvo zvišanje cen kartela. Ta element za pripisovanje vodilne vloge tožeči stranki ni pomemben. Ugotoviti je namreč treba, da dejstva, da je bil udeleženec kartela prvi, ki je objavil novo ceno ali zvišanje cene, ne gre šteti za dokaz njegove vloge vodje kartela, če okoliščine zadeve kažejo na to, da je bila zadevna cena ali njeno zvišanje predhodno določena v soglasju z drugimi udeleženci kartela in da so ti tudi odločili, kdo izmed njih jo bo objavil prvi, taka določitev pa pomeni, da je to, da nekdo prvi objavi ceno ali njeno zvišanje, samo dejanje, s katerim se strogo spoštuje prej soglasno sprejeto ureditev, in ne prostovoljna pobuda, ki daje zagon kartelu. Ravno to se je zgodilo v tem primeru, v nasprotju s tem, kar je bilo ugotovljeno glede zvišanja cen pod vodstvom podjetja BASF v okviru kartela v zvezi z vitamini A, E in B5 (glej zgoraj navedeni točki 349 in 373). Zabeležka podjetja Solvay, na katero se sklicuje tožena stranka in ki je bila sestavljena na sestanku januarja 1994, namreč navaja dogovorjeno višino ,,kataloških“ in najnižjih cen, zadevni rokopisni komentar pa kaže ravno na to, da je bilo o dejstvu, da bo BASF prvo objavilo te cene razpravljano in odločeno na tem sestanku, tako da iz tega ni mogoče sklepati o kakršni koli večji pobudniški vlogi tožeče stranke. Poleg tega je treba ugotoviti, da Odločba (uvodni navedbi 478 in 479) navaja tudi zvišanje cen, ki ga je prvo objavilo podjetje Solvay in je bilo dogovorjeno med podjetji Solvay in Roche (BASF pa ga je potrdilo) glede višine, trenutka objave in podjetja (Solvay), ki ga bo prvo objavilo (ki pa ga Komisija kljub temu ni kvalificirala za vodjo). Glede dejstva, da je nove cene prvo objavilo BASF, navedeno v uvodni navedbi 472, kar naj bi bile prve dogovorjene cene v okviru kartela, to v nobenem primeru ne more razlikovati položaja tožeče stranke, z vidika vodilne vloge, od položaja drugih udeležencev kartela, kot je podjetje Solvay, za katere se je tudi izkazalo, da so prvi objavili zvišanje cen v okviru izvajanja večletnega kartela, kot je ta v obravnavani zadevi. Drugič, tožena stranka navaja, da je na vodilno vlogo podjetij Roche in BASF opozorilo podjetje Solvay, in sicer v odgovoru z dne 2. oktobra 2000 na obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah pri navedbah o povezavi med zadevno kršitvijo in kršitvami v zvezi z vitaminoma A in E. Tej trditvi ni mogoče slediti. Podjetje Solvay ni v odgovoru niti Roche niti BASF pripisal vodilne vloge, ampak je želel dokazati, da je bilo v nasprotju s tem, kar je izjavilo Roche v prilogi 3 k dopisu Komisiji z dne 30. julija 1999, tudi v interesu podjetja Roche, tako kot podjetij BASF in Aventis, da se kartel v zvezi z vitaminom D3 vzpostavi in deluje. S tem dokazovanjem podjetja Solvay se je želelo v bistvu izpodbiti tezo podjetja Roche iz navedene priloge, da je Solvay prevzelo pobudo za nastanek kartela v zvezi z vitaminom D3, Roche, ki mu ni bilo v interesu zvišati cene tega vitamina, pa se je izkazalo kot neposlušno. Solvay v odgovoru poudarja povezavo, ki je po njegovem mnenju obstajala med karteli v zvezi z vitaminoma A in E na eni strani ter vitaminom D3 na drugi in naj bi bila razvidna iz trditve podjetja Roche iz navedene priloge 3, po kateri, ,,ko so se Roche, BASF in [Aventis] tristransko sestajala glede vitamina A ali vitamina E, so na teh sestankih povzeli tudi cenovno politiko za vitamin D3“ (,,when Roche, BASF and [Aventis] had trilateral gatherings regarding Vitamine A or Vitamine E, the pricing policies of Vitamin D 3 were also summarized at these meetings“). Navedene trditve podjetja Roche, na katere se sklicuje podjetje Solvay, da bia priznalo majhno odgovornost v razmerju do odgovornosti preostalih treh proizvajalcev, vpletenih v kršitev v zvezi z vitaminom D3, ne izkazujejo, da je podjetje BASF imelo kakršno koli vodilno vlogo pri tej kršitvi, še toliko manj zato, ker iz navedb podjetja Roche iz priloge 3 k njegovemu dopisu z dne 30. julija 1999 implicitno vendar jasno izhaja, da čeprav se je na tristranskih sestankih med podjetji Roche, BASF in Aventis glede vitaminov A in E povzemalo cenovno politiko v zvezi z vitaminom D3, to ni bilo v kontekstu odločanja o vitaminu D3 brez podjetja Solvay, ampak zaradi opozarjanja na odločitve, sprejete na sestankih glede vitamina D3 brez podjetja Aventis, ki ga je zastopalo podjetje Solvay. Tretjič, tožena stranka navaja, da je podjetje Roche v navedeni prilogi 3 priznalo, da se je kartel v zvezi z vitaminom D3 začel z vzpostavitvijo dvostranskih stikov s podjetjem BASF. Ta trditev, o kateri je bilo že v zgoraj navedeni točki 422 razsojeno, da nima podlage v dejanskem stanju, poleg tega za odgovor na vprašanje, ali je bila tožeča stranka vodja navedenega kartela, tudi ni upoštevna, saj je tožena stranka sama utemeljeno opozorila na razliko med konceptoma pobudnika in vodje. Četrtič, tožena stranka se, da bi dokazala, da je bila v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, vloga podjetja Roche v kartelu pomembnejša od vloge podjetja Solvay, sklicuje tudi na tiste uvodne navedbe Odločbe, v katerih so analizirane ciljne kvote (zlasti uvodna navedba 476), ki naj bi kazale na sorazmerno šibkejši položaj podjetja Solvay v razmerju do položaja podjetij Roche in BASF. Ta trditev ni utemeljena. Uvodna navedba 476, kot tudi uvodni navedbi 463 in 474 Odločbe, kaže na to, da so bile kvote, dodeljene podjetju Solvay – ki so sicer vključevale tudi del podjetja Aventis (glej uvodno navedbo 483) –, praktično dvakrat višje od tistih, dodeljenih podjetju BASF, kar je sicer izražalo razmerje med tržnimi deleži proizvajalcev, ki so jih s soglasjem izračunala podjetja Roche, BASF in Solvay na prvem sestanku kartela 11. januarja 1994 (glej uvodno navedbo 462). Nasprotno pa je treba ugotoviti, enako kot tožeča stranka, da z vidika vodilne vloge v zadevnem kartelu v Odločbi obstajajo pomembnejši obremenilni dokazi zoper podjetji Roche in Solvay. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da iz uvodne navedbe 478 izhaja, da je podjetje Roche na enem od dvostranskih sestankov med podjetjema Roche in Solvay v Baslu predlagalo zvišanje cen, pri katerem naj bi bilo v Evropi vodja Solvay, in da se je zavezalo poskrbeti za to, da se bosta ostala dva udeleženca kartela (BASF in Aventis) s tem uskladila. Glede podjetja Solvay iz Odločbe izhaja, da se je ločeno sestajalo s podjetjem Aventis, ki ni sodelovalo na sestankih z drugimi proizvajalci iz kartela in od katerega je zbiralo podatke za uporabo na teh sestankih, nato pa je Aventis sporočilo rezultate z njih (uvodni navedbi 468 in 482). Podjetju Solvay so bile dodeljene proizvodne kvote za račun podjetja Aventis (uvodna navedba 483), zbiralo pa je tudi podatke in distribuiralo zbrane rezultate po tem, ko se sestanki po začetku ameriških preiskav niso več odvijali (uvodna navedba 480). Glede na navedeno iz dokazov iz spisa ni mogoče sklepati, da je imela tožeča stranka skupaj s podjetjem Roche vodilno vlogo pri kršitvi v zvezi z vitaminom D3. Zato je treba zvišanje izhodiščnega zneska globe, izrečene tožeči stranki za to kršitev, razveljaviti. e)     Kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi Trditve strank Tožeča stranka glede kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi navaja, da Odločba ne ponuja nobenega dokaza v podporo sklepu, da je podjetje BASF skupaj s podjetjem Roche zasnovalo in prevzelo pobudo pri dogovorih ter jih vodil. Dokazi naj bi namreč kazali na to, da je podjetje Roche in ne podjetje BASF imelo dejavno vlogo pri vodenju in usmerjanju teh dogovorov. Natančneje, tožeča stranka glede pobude in zasnove dogovorov navaja, da Odločba, čeprav v uvodnih navedbah 520 in 521 vsebuje sklicevanji na začetne sestanke med podjetjema Roche in BASF, ne navaja nobenega upoštevnega dokaza za to, katera od strank je bila pobudnik teh sestankov. Trdi, da kartel ni bil skupno zasnovan in spodbujan s strani vseh udeležencev, ki so sodelovali na prvem sestanku. Tožeča stranka glede usmerjanjs dogovorov navaja vrsto okoliščin iz Odločbe (uvodne navedbe od 520 do 522, 525 in 526), ki po njenem mnenju dokazujejo dejavno vlogo podjetja Roche v zvezi s tem. Tožeča stranka tako opozarja na to, da je podjetje Roche organiziralo prvi sestanek, četrtletne sestanke in sestanek, na katerem se je želelo razširiti področje kartela v zvezi z betakarotenom tako, da bi vključeval rdeče karotenide, saj je podjetje Roche želelo omejiti tržni delež podjetja BASF. Vodilni položaj podjetja Roche naj bi izhajal tudi iz tega – kar je navedeno v uvodni navedbi 525 Odločbe –, da je podjetje BASF menilo, da brez odobritve podjetja Roche ne more vstopiti na trg rožnatega astaksantina. Tožena stranka navaja, da obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah in Odločba na podlagi izjav tožeče stranke med upravnim postopkom navajata, da so sporazumi o betakarotenu in karotenidih odražali strukturo sporazumov o vitaminih A in E (zlasti uvodni navedbi 522 in 530). Tako naj bi bile ugotovitve glede delovanja teh sporazumov iz uvodnih navedb od 175 do 188 Odločbe upoštevne tudi za sporazume o betakarotenu in karotenidih. Tožena stranka se še posebej sklicuje na uvodno navedbo 183, v kateri se navaja, da če je bilo odločeno o zvišanju cen, je bilo podjetje Roche običajno prvo, ki jih je objavilo, je pa včasih prosilo podjetje BASF, naj jih objavi prvo. Ta dejstva, ki jih tožeča stranka ne izpodbija, naj bi torej dokazovala, da je imelo tudi podjetje BASF vodilno vlogo v kartelih v zvezi z betakarotenom in s karotenidi, čeprav je bila ta vloga le občasna in manj pomembna od vloge podjetja Roche. Tožeča stranka v repliki opozarja, prvič, da v okviru obravnavane tožbe izpodbija Komisijino presojo, po kateri je bila vodja pri kršitvah v zvezi z vitaminoma A in E. Drugič, navaja, da Komisija ni zadostila dokaznemu bremenu glede vodilne vloge, ki ji jo pripisuje za kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi. Komisija naj bi bila namreč morala izrecno dokazati, da je podjetje BASF to vlogo izvajalo s svojimi dejanji, tako da naj ne bi bilo dovolj samo ponavljanje trditev iz konteksta ostalih kršitev ali napotovanje na opis delovanja protipravnega sporazuma. Tretjič, navaja, da teza tožene stranke ni logična, saj naj edina udeleženca kartela ne bi mogla biti oba vodji, obstoj vodje namreč zahteva tudi obstoj vsaj enega podrejenega. Tožena stranka v dupliki zavrača navedeno trditev tožeče stranke z ugotovitvijo, da je pri dolgotrajnih kršitvah, kot so te iz obravnavane zadeve mogoče, da je v različnih obdobjih delovanja kartela eno ali drugo podjetje vodja, kar naj bi bilo mogoče ustrezno izraziti z različnimi zvišanji glob zaradi upoštevanja različnih vlog teh podjetij (zgoraj v točki 144 navedena sodba LR AF 1998 proti Komisiji, točka 204). Presoja Sodišča prve stopnje Spomniti je treba na to, da sta skladno z Odločbo v kartelu v zvezi z betakarotenom in s karotenidi sodelovali samo podjetji Roche in BASF. Tožena stranka se v pisanjih sklicuje samo na vodilno vlogo, ki naj bi jo podjetje BASF imelo v teh kartelih, ne da bi mu pripisovala tudi vlogo pobudnika. Poleg tega se dejavniki, ki jih navaja v obrambo uporabe zadevne obteževalne okoliščine za ti dve kršitvi zoper tožečo stranko, nanašajo na delovanje in ne na nastanek kartela. Ugotoviti je treba, da se opomba iz uvodne navedbe 712 ne sklicuje na nobeno uvodno navedbo Odločbe, ki opisuje dejansko stanje v zvezi s karteloma glede betakarotena in karotenidov. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, podobno kot je bilo razsojeno v zgoraj navedeni točki 418 glede kršitve v zvezi z vitaminom D3, da obrazložitev 35-odstotnega zvišanja osnovnega zneska globe, izrečene tožeči stranki zaradi sodelovanja pri kartelu, iz naslova obteževalnih okoliščin, ni zadostna, saj iz nje ni mogoče razumeti, ali je bilo to zvišanje izrečeno zaradi vloge pobudnika ali vloge vodje oziroma celo obeh vlog hkrati, ki naj bi ju podjetje BASF imelo pri tej kršitvi. Poleg tega pa v vsakem od navedenih primerov obrazložitev temelji izključno na splošnih ugotovitvah iz uvodnih navedb od 713 do 717 Odločbe, za katere pa je bilo že v zgoraj navedenih točkah od 295 do 300 razsojeno, da ne morejo utemeljiti pripisovanja vloge vodje ali pobudnika tožeči stranki v zvezi s kršitvami, ki se ji očitajo v obravnavani zadevi. Glede na to, da torej zvišanje izhodiščmega zneska glob tožeči stranki za kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi ni zakonito, mora Sodišče prve stopnje za presojo vloge tožeče stranke pri vsaki od navedenih kršitev izvršiti pooblastilo za odločanje v okviru neomejene pristojnosti in tako potrditi, razveljaviti ali spremeniti navedeno zvišanje. Kot je bilo ugotovljeno v zgoraj navedeni točki 451, tožena stranka ne navaja, da je imelo podjetje BASF vlogo pobudnika pri teh kršitvah. Poleg tega pa, kot utemeljeno navaja tožeča stranka, noben podatek iz spisa na kaže na to, da je tako vlogo imela, ob tem da za to, da je podjetje pobudnik kartela, ne zadostuje to, da je bilo med njegovimi ustanovitelji (glej zgoraj navedeno točko 321 ). Tožena stranka se v podporo presoji, da je imela tožeča stranka skupaj s podjetjem Roche vodilno vlogo pri obeh zadevnih kršitvah, sklicuje na ugotovitve iz uvodnih navedb od 175 do 188 Odločbe glede kartelov v zvezi z vitaminoma A in E. Tožena stranka namreč na podlagi izjav podjetja BASF iz poročila, ki ga je poslala Komisiji z dopisom z dne 15. junija 1999, pojasnjuje da je v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah (točka 186) in v Odločbi (uvodna navedba 522) navedla, da sta pri betakarotenu in karotenidih, tako kot pri vitaminih A in E, ,,stranki pripravili podroben ‘proračun’, primerjali dejansko prodajo s kvotami iz ‘proračuna’, izdelali ocene prihodnje rasti trga ter se sporazumeli o časovnici in višini zvišanj cen“. Odločba naj bi prav tako navajala, da ,,so četrtletni sestanki o betakarotenu potekali v Baslu na istem kraju in času kot sestanki kartela za vitamina A in E“ (uvodna navedba 522) ter da ,,so sestanki glede karotenidov potekali vsako četrtletje sočasno s sestanki v zvezi z betakarotenom, na njih pa so bile v bistvu prisotne iste osebe“ (uvodna navedba 530). Izrecno sklicevanje na delovanje kartelov v zvezi z vitaminoma A in E naj bi omogočalo sklep, da je imelo podjetje BASF vodilno vlogo v kartelih v zvezi z betakarotenom in s karotenidi, iz okoliščin, navedenih v uvodnih navedbah od 175 do 188 Odločbe, ki naj bi dokazovale vodilno vlogo podjetja BASF v kartelih v zvezi z vitaminoma A in E. Tožena stranka se še posebej sklicuje na uvodno navedbo 183 v zvezi z mehanizmom objavljanja zvišanj cen za vitamina A in E (glej zgoraj navedeno točko 344). Navedenemu razlogovanju tožene stranke ni mogoče slediti. Prvič, to, da so lahko sestanki v zvezi z betakarotenom in s karotenidi potekali sočasno kot sestanki v zvezi z vitaminoma A in E in da so v bistvu sledili istemu sistemu (dodelitev kvot, nadzor nad njihovim spoštovanjem, ocena prihodnje rasti trga, dogovor o cenah), ne prejudicira odgovora na vprašanje, katero podjetje je dejansko imelo vodilno vlogo pri vsakem od navedenih kartelov. Tako na podlagi navedenih podobnosti med obema skupinama zadevnih kartelov ni mogoče domnevati, da je podjetje BASF tudi pri kartelih v zvezi z betakarotenom in s karotenidi prvo objavljalo zvišanja cen, kar je občasno počelo v okviru kartelov v zvezi z vitaminoma A in E ter zaradi česar je bilo utemeljeno 35-odstotno zvišanje osnovnega zneska glob, izrečenih tožeči stranki zaradi sodelovanja pri navedenih kartelih (glej zgoraj navedene točke od 344 do 354). Drugič, čeprav je res, kot navaja tožena stranka, da imajo lahko pri dolgotrajni kršitvi, kot je zadevna, udeleženci kartela v različnih obdobjih izmenično vodilno vlogo – tako da ni mogoče izključiti, da bi se lahko za vsakega od njih uporabila obteževalna okoliščina zaradi vodenja –, kljub temu pa je treba v obravnavani zadevi ugotoviti, da tožena stranka nikjer ni trdila niti dokazala, da sta oziroma kdaj sta podjetji BASF in Roche tako ravnali v kartelih v zvezi z betakarotenom in s karotenidi. Tretjič, kot je poudarila tožeča stranka, opis dejanskega stanja v zvezi z obema zadevnima kršitvama v Odločbi (uvodne navedbe od 520 do 534) omenja nekaj okoliščin, ki bi jih lahko razlagali kot dokaze za vodilno vlogo podjetja Roche. Tako iz Odločbe izhaja, da je več sestankov med podjetji Roche in BASF v zvezi z betakarotenom in s karotenidi potekalo v Baslu, na sedežu podjetja Roche (uvodne navedbe 520, 522, 526), in da je to podjetju BASF dobavilo astaksantin (karotenid), ki ga je to potrebovalo za trženjske dejavnosti in poskuse v predproizvodni fazi, medtem ko je gradilo svojo tovarno za proizvodnjo astaksantina (uvodna navedba 528). Nasprotno pa se v uvodnih navedbah od 520 do 534 ne navaja nobene konkretne okoliščine, ki bi lahko bila dokaz za vodilno vlogo tožeče stranke. V teh okoliščinah je treba skleniti, da dokazi iz spisa ne omogočajo kvalifikacije tožeče stranke za vodjo pri kršitvi v zvezi z betakarotenom in s karotenidi. Zato je treba zvišanje izhodiščnega zneska globe, izrečene tožeči stranki za te kršitve, razveljaviti. 3. Sklep glede zvišanja osnovnega zneska glob, izrečenih tožeči stranki zaradi obteževalnih okoliščin Iz navedene analize izhaja, da se glede kršitev v zvezi z vitamini A, E in B5 potrdi 35-odstotno zvišanje osnovnega zneska glob, izrečenih tožeči stranki v Odločbi zaradi vodilne ali pobudniške vloge – poleg kršitve v zvezi z vitaminom B2, na katero se obravnavani tožbeni razlog ne nanaša –, razveljavi pa se to za kršitve v zvezi z vitaminoma C in D3, betakarotenom in s karotenidi. E – Šesti tožbeni razlog: kršitev oddelka B obvestila o ugodni obravnavi in legitimnih pričakovanj, ki so pri tožeči stranki nastala na podlagi navedenega obvestila 1. Trditve strank Tožeča stranka navaja, da je Komisija s tem, ko je odločila, da tožeča stranka ni upravičena do večjega znižanja glob na podlagi oddelka B obvestila o ugodni obravnavi, storila napako. Tožeča stranka namreč meni, da je za vse kršitve, za katere ji je bila izrečena globa, zadostila vsem pogojem iz tega oddelka, in sicer od (a) do (e), Komisija pa je menila, da za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E ni izpolnila pogoja pod (b), ker naj bi podjetje Aventis s pisnima izjavama 19. in 25. maja 1999 prvo predložilo odločilne dokaze za te kršitve, glede drugih kršitev pa da ne izpolnjuje pogoja pod (c), ker je bila skupaj s podjetjem Roche vodja ali pobudnik kartelov. Tožeča stranka glede pogoja pod (b), v povezavi s kršitvami v zvezi z vitaminoma A in E navaja, da je skupaj s podjetjem Roche prva obvestila Komisijo o kartelu v sektorju vitaminov in ji predložila podrobnosti glede zadevnih vitaminov, udeleženih podjetij in trajanja kartela. Ta dokaz naj bi bil Komisiji dan ustno na sestanku 17. maja 1999 in naj bi bil ,,odločilen“ v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi, saj je zadostoval za ugotovitev obstoja kartela, skladno z merilom, ki ga je Komisija vzpostavila v Odločbah 2001/418/ES z dne 7. junija 2000 o postopku na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/36.545/F3 – Aminokisline, UL 2001, L 152, str. 24, uvodna navedba 409) ter 2002/742/ES z dne 5. decembra 2001 o postopku na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva COMP/E-1/36.604 – Citronska kislina, UL 2002, L 239, str. 18, uvodna navedba 306, v nadaljevanju: odločba Citronska kislina). Tožeča stranka opisuje kontekst in potek navedenega sestanka na naslednji način. Podjetje BASF naj bi z dopisom 6. maja 1999 K. Van Mierta, ki je bil v tistem času član Komisije, zadolžen za zadeve na področju konkurence, obvestilo Komisijo o obstoju kartela v sektorju vitaminov ter sebe in podjetje Roche opredelilo kot udeleženca protipravnih dogovorov, prosilo pa je tudi za sestanek zaradi razgovora s Komisijo o teh dogovorih, da bi tako z njo sodelovalo in bilo deležno ugodne obravnave po obvestilu o ugodni obravnavi. Tožeča stranka dodaja, da je istega dne J. Scholz iz pravne službe podjetja BASF po telefonu poklical kabinet K. Van Mierta, da bi se dogovoril za sestanek, na katerem bi se o tem podrobneje pogovorili. Po določenih težavah z iskanjem primernega datuma za Komisijo, naj bi se predstavniki podjetja BASF, med njimi J. Scholz, podjetja Roche in Komisije sestali 17. maja 1999. Podjetje BASF naj bi na sestanku opisalo več protipravnih skrivnih dogovorov v sektorju vitaminov na svetovni ravni, s podrobnostmi glede zadevnih vitaminskih proizvodov, z imeni glavnih udeleženih podjetij in s trajanjem kršitve. Prav tako naj bi izrazilo trdno namero o sodelovanju pri kakršni koli preiskavi Komisije glede teh dejavnosti, jo obvestilo o skorajšnji sklenitvi poravnave (,,plea agreement“) z Department of Justice (ministrstvo za pravosodje) Združenih držav in naj bi se zavezalo predložiti kopije te poravnave, ko bi bila predložena pristojnemu ameriškemu sodišču. Tožeča stranka je v prilogi tožbe predložila izjavo J. Scholza (v nadaljevanju: Scholzeva izjava), ki povzema dane izjave in raven sodelovanja, ponujene s strani podjetja BASF na navedenem sestanku. Tožeča stranka vztraja, da bi podatki, ki jih je ustno sporočila na navedenem sestanku, Komisiji omogočili dokazati zadevne kršitve, zlasti tiste v zvezi z vitaminoma A in E, tudi če podjetje BASF kasneje ne bi več sodelovalo s Komisijo. Komisija naj bi namreč v zgoraj v točki 467 navedeni odločbi Citronska kislina (uvodna navedba 305) navedla, da je mogoče odločilne dokaze predložiti ustno. Poleg tega nič v besedilu obvestila o ugodni obravnavi ne kaže na to, da je treba dokaze predložiti pisno. Tožeča stranka namreč opozarja na to, da oddelek B navedenega obvestila s tem, ko razlikuje med ,,podatki“, ,,dokumenti“ in ,,dokazi“, kaže na to, da odločilni dokazi niso nujno pisni dokazi. Poleg tega ni nobenega razloga z vidika pravne varnosti ali upravne učinkovitosti, zaradi katerega ustni dokazi ne bi zadostovali. Komisija lahko po mnenju tožeče stranke hrani zapisnike sestankov in zaradi pravne varnosti v soglasju z udeleženci sestavi različico teh sestankov. Tako po mnenju tožeče stranke to, da je za zahtevo Komisije tej naknadno predložila pisno poročilo z dodatnimi podrobnostmi o kršitvah, ni bistveno za uporabo obvestila o ugodni obravnavi in je samo v administrativno pomoč Komisiji. Zato tožeča stranka meni, da je Komisija s tem, ko je menila, da so ji bili s pisnimi izjavami, ki jih je 19. in 25. maja 1999 predložilo podjetje Aventis, predloženi prvi odločilni dokazi za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E, storila napako. Tožeča stranka podredno – če se ustno pričanje podjetja BASF na sestanku 17. maja 1999 ne bi štelo za odločilno – navaja, da naj bi bilo tako v glavnem zato, ker je Komisija vzrajno zahtevala pisne dokaze, kar naj bi bilo v nasprotju z načelom učinkovitega upravljanja. Tožeča stranka na eni strani navaja, da Komisija ni sprejela dodatni dokazov podjetja BASF na tem sestanku in še posebej ni sprejela dodatnih pričevanj, ki naj bi ji bila lahko ponujena v kratkem. Meni, da bi bili razgovori z vodilnimi uslužbenci podjetja BASF, vpletenimi v vitaminski kartel, hiter, učinkovit in praktičen način zbiranja dokazov o vitaminskem kartelu in da želje Komisije po tem, da si prihrani delo, ni mogoče uporabiti zoper tožečo stranko, prav tako to ne bi smelo vplivati na njen pravni položaj. Komisija še posebej ne bi smela zavrniti ponujenih dokazov, če bi lahko taka zavrnitev za neko podjetje pomenila, da ne bi bilo prvo, ki bi predložilo odločilne dokaze v smislu obvestila o ugodni obravnavi. Na drugi strani pa tožeča stranka navaja, da če je Komisija menila, da samo pisne izjave zadostujejo za obvestilo o ugodni obravnavi, potem bi bila morala o tem obvestiti podjetje BASF, saj je po njegovem dopisu z dne 6. maja 1999 vedela, da želi to priznati svojo udeležbo v vitaminskem kartelu in sodelovati pri preiskavi Komisije, da bi bilo tako upravičeno do ugodne obravnave po navedenem obvestilu. Komisija pa naj ne bi nikoli navedla, da ustne izjave s sestanka z dne 17. maja 1999 v ta namen ne zadostujejo, dokler niso pisno potrjene. Tožeča stranka opozarja na to, da bi v nasprotnem primeru lahko takoj pisno potrdila izjave z navedenega sestanka. Poleg tega pa, če bi bilo podjetje BASF pred sestankom obveščeno o tem, da Komisija sprejema samo pisne dokaze, bi lahko predložilo pisno izjavo že na tem sestanku. Tožeča stranka glede pogoja pod (e) v povezavi z vsemi kršitvami, za katere ji je bila izrečena globa, ponavlja in se pri tem sklicuje na trditve iz petega tožbenega razloga, da jo je Komisija napačno štela za vodjo ali pobudnika kartelov. Tožena stranka navaja, da za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E tožeča stranka ni bila prva, ki ji je predložila odločilne dokaze v smislu obvestila o ugodni obravnavi, in da je utemeljeno menila, da je bilo to podjetje Aventis. Dokazi, za katere tožeča stranka trdi, da jih je predložila ustno na sestanku 17. maja 1999 med podjetjema Roche in BASF ter Komisijo, namreč niso ustno podani odločilni dokazi v smislu navedenega obvestila. Kot naj bi bilo navedeno v uvodni navedbi 127 Odločbe, naj bi podjetji Roche in BASF na tem sestanku samo najavili svojo namero o sodelovanju, ne da bi Komisiji predložila dokaze, potrebne za dokazovanje obstoja kršitev. Tožena stranka opozarja na to, da če je menila, da je bilo podjetje Aventis in ne podjetje BASF tisto, ki je izpolnilo pogoj iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi, je bilo to zato, ker je Aventis predložilo odločilne dokaze 19. maja 1999, to je skoraj mesec dni pred tem, ko je BASF predložilo prvi dokument, ki bi bil lahko upoštevan v okviru navedenega obvestila, to je izjavo z dne 15. junija 1999 (uvodne navedbe 125, 132, 741 in 743 Odločbe). Po mnenju tožene stranke Scholzeva izjava, ki je datirana dva dneva pred vložitvijo te tožbe pred Sodiščem prve stopnje, nikakor ni prepis sestanka z dne17. maja 1999 in ne more utemeljiti trditev tožeče stranke. Samo predlog podjetja BASF, o katerem se govori v Scholzevi izjavi, da Komisiji daje na razpolago pričanje uslužbencev, ne more biti odločilen dokaz, saj Komisiji ni omogočil dokazati kršitve. Tožena stranka pojasnjuje, da kolikor se spominja poteka sestanka 17. maja 1999, tožeča stranka na navedenem sestanku ni mogla navesti vsebine protipravnih sporazumov v zvezi z vitaminoma A in E. Tožeča stranka naj bi celo izjavila, da bi bilo mogoče druge dokumente predložiti šele, ko bi se končale skupinske tožbe (,,class actions“) zoper njo pred pravdnimi sodišči. Zastopniki Komisije, prisotni na sestanku, naj bi torej utemeljeno vztrajali pri predložitvi podrobnih dokazov po sestanku, saj je tožeča stranka tudi sama izjavila, da ima dokumente, ki jih lahko predloži šele kasneje. Glede na to, da te okoliščine v Scholzevi izjavi ni, tožena stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj skladno s členoma 65(2)(a) in (c) ter 66 Poslovnika zasliši osebe, ki so se udeležile sestanka 17. maja 1999 in so navedene v točki 179 tožbe. Končno, tožena stranka glede pogoja iz oddelka b(e) obvestila o ugodni obravnavi v povezavi z vsemi kršitvami, za katere je bila tožeči stranki izrečena globa, ugotavlja, prvič, da tožeča stranka ne izpodbija tega, da je bila vodja ali pobudnik pri kartelu v zvezi z vitaminom B2, in drugič, da je vodilna ali pobudniška vloga tožeče stranka pri ostalih kartelih v Odločbi ustrezno dokazana. V teh okoliščinah naj tožeča stranka ne bi mogla trditi, da Komisija ni pravilno uporabila obvestila o ugodni obravnavi. Tožeča stranka v repliki na podlagi odgovora na tožbo navaja tri ugotovitve, za katere meni, da so pomembne. Prvič, poudarja, da tožena stranka ne izpodbija vsebine opisa sestanka z dne 17. maja 1999 iz Scholzove izjave in še posebej dejstva, da je podjetje BASF opisalo pomembne elemente dogovorov, vključno s tistimi v zvezi z vitaminoma A in E, udeleženci pri teh dogovorih in njihovim trajanjem. Drugič, ugotavlja, da Komisija ne nasprotuje njeni tezi, da lahko ustne informacije predstavljajo odločilne dokaze v smislu obvestila o ugodni obravnavi. Tretjič, opozarja na to, da je v nasprotju z dobro prakso in s tem, kar naj bi se zgodilo v zadevi, ki je bila predmet zgoraj v očki 467 navedene odločbe Citronska kislina, zdaj jasno, da Komisija nima zapisnika s sestanka in pozneje ni poskrbela za to, da bi z udeleženci sestavila usklajeno različico tega sestanka. Tožeča stranka za pojem odločilnih dokazov navaja, da v kontekstu zapletenega, dolgotrajnega in večstranskega kartela, kot je ta, ki je predmet Odločbe, ni nujno, da podjetje ustno predloži podrobnosti o vsakem sestanku, ampak zadostuje, da se obstoj sporazuma prizna in pojasni tako, da lahko Komisija, kot je to storila v obravnavani zadevi, izvrši pooblastila, ki ji jih za pridobitev podrobnosti daje Uredba št. 17. Tožeča stranka opozarja na to, da tožena stranka v odgovoru na tožbo ne izpodbija tega, da zahteva po informacijah z dne 26. maja 1999 po členu 11 temelji na informacijah, ki jih je BASF predložilo na sestanku 17. maja 1999. Tožena stranka v dupliki pojasnjuje, da mora v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, odločilen dokaz Komisiji omogočiti sprejetje odločbe o ugotovitvi kršitve, ne pa samo tega, da pošlje zahtevo po informacijah skladno s členom 11 Uredbe št. 17. Trdi, da je tožeča stranka na sestanku samo priznala, da je sodelovala pri kartelu ter navedla druge udeležence in nekaj podrobnosti. To naj bi bilo razvidno iz Scholzeve izjave (točka 9) in tudi iz internih pisnih zabeležk upravitelja spisa, katerih natipkana različica je v prilogi D.3 k dupliki in ki naj bi bile sestavljene po sestanku ter naj bi predstavljale pisni zapis tega. Po mnenju tožene stranke ji torej informacije, predložene na tem sestanku, niso omogočale drugega kot tega, da je poslala zahteve po informacijah skladno s členom 11 Uredbe št. 17. 2. Presoja Sodišča prve stopnje Tožeča stranka z obravnavanim tožbenim razlogom hkrati izpodbija Komisijino presojo, da ni izpolnila pogoja iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E in da ni izpolnila pogoja pod (e) istega oddelka glede osmih kršitev, za katere ji je Komisija izrekla globo. a)     Ali je tožeča stranka izpolnila pogoj iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E Najprej je treba ugotoviti, da je Komisija v obvestilu o ugodni obravnavi opredelila pogoje, pod katerimi se lahko podjetja, ki sodelujejo z njo pri preiskavi kartela, oprosti plačila globe ali so upravičena do znižanja zneska globe, ki bi jo morala sicer plačati (glej oddelek A(3) navedenega obvestila). Kot je navedeno v oddelku E(3) obvestila o ugodni obravnavi, je to ustvarilo legitimna pričakovanja, na katera se opirajo podjetja, ki želijo Komisijo obvestiti o obstoju kartela. Glede na legitimna pričakovanja, ki so jih podjetja, ki bi želela sodelovati s Komisijo, lahko imela na podlagi navedenega obvestila, se je morala torej Komisija po tem ravnati, ko je v okviru določitve izhodiščnega zneska globe za tožečo stranko presojala o sodelovanju te (glej v tem smislu zgoraj v točki 227 navedeno sodbo HFB in drugi proti Komisiji, točka 608, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8 julija 2004 v zadevi Corus UK proti Komisiji, T-48/00, Recueil, str. I-0000, točki 192 in 193). Ob tem pojasnilu je treba opozoriti še na to, da je skladno z oddelkom B obvestila o ugodni obravnavi ,,do vsaj 75-odstotnega znižanja zneska globe ali celo popolne oprostitve plačila globe, ki mu bi bila izrečena, če ne bi sodelovalo“ upravičeno podjetje, ki: ,,a)  Komisijo obvesti o tajnem kartelu, preden Komisija po odločbi to preišče pri udeležencih kartela in če že nima zadostnih informacij za dokaz obstoja prijavljenega kartela; b)       prvo predloži odločilne dokaze za obstoj kartela; c)       preneha sodelovati pri protipravni dejavnosti najkasneje takrat, ko prijavi kartel; d)       Komisiji predloži vse uporabne informacije ter vse dokumente in dokaze, ki ji ima v zvezi z kartelom, ter trajno in celovito sodeluje skozi celotno preiskavo; e)       drugega podjetja ni prisililo k sodelovanju v kartelu niti ni bilo pobudnik ali imelo kakšne odločilne vloge pri protipravni dejavnosti.“ Tožeča stranka natančneje glede pogoja pod (b) navaja, da je bila skupaj s podjetjem Roche za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E prvo podjetje, ki je predložilo odločilne dokaze za obstoj kartela, in sicer naj bi to storilo ustno na sestanku s službami Komisije 17. maja 1999, to je dva dneva pred predložitvijo prvega pisanja podjetja Aventis. Pojem ,,odločilni dokazi“ v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi Po mnenju tožeče stranke, ki je stališče o tem pojasnila v odgovoru na pisno vprašanje Sodišča prve stopnje v okviru ukrepov procesnega vodstva, ne more biti niti najmanjšega dvoma o tem, da Komisija, ko ima prostovoljno priznanje o obstoju protipravnega dogovora, zadevne proizvode, vpletena podjetja, geografski obseg in trajanje, razpolaga z ,,odločilnimi dokazi“ o obstoju kartela v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi. Pojem odločilni dokaziv se po njenem mnenju ne more nanašati na vse dokaze, ki jih Komisija potrebuje za to, da pripravi določbo, s katero ugotovi kršitev, ampak na dokaze, ki ji omogočajo, da se seznani z obstojem kartela, da uporabi pooblastila za preiskavo in da pridobi vse dodatne informacije, za katere meni, da so potrebne za obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah in kasneje za odločbo. Tožena stranka nasprotno navaja, da je dokaz odločilen, če Komisiji omogoči sprejetje odločbe o ugotovitvi kršitve, in ne, če ji omogoča samo to, da pošlje zahteve po informacijah. V zvezi s tem je treba skleniti, da, prvič, v nasprotju s tem, kar trdi tožena stranka, pojem odločilnih dokazov ne pomeni dokazov, ki zadostujejo za ugotovitev obstoja kartela, kot to izhaja iz primerjave z izrazi iz oddelka B(a) obvestila o ugodni obravnavi, ki vsebujejo pridevnik ,,zadosten“, ki pa ni uporabljen v oddelku B(b) navedenega obvestila (glej v tem smislu zgoraj v točki 70 navedeno sodbo Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, točka 362). Drugič, čeprav za dokaze iz oddelka B(b) navedenega obvestila ni nujno, da zadoščajo za dokaz obstoja kartela, pa morajo biti kljub temu za to odločilni. Ne gre torej samo za vir usmerjanja preiskave Komisije, ampak tudi za podatke, ki bi se lahko neposredno uporabili kot glavni dokazi za odločitev o ugotovitvi kršitve. V okviru tako razumljenega pojma ,,odločilni dokazi“ je treba preučiti, ali je tožeča stranka v obravnavani zadevi izpolnila pogoj iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi. Ali se lahko odločilne dokaze v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi predloži ustno Tožena stranka je glede vprašanja, ali je mogoče odločilne dokaze v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi predložiti ustno, ne da bi izrecno izpodbijala to možnost, v odgovoru na pisno vprašanje Sodišča prve stopnje v okviru ukrepov procesnega vodstva pojasnila, da je treba ustno sporočene dokaze potrditi pisno, da se jih lahko upošteva za navedeni oddelek. To stališče, ki ga je tožena stranka ponovila na obravnavi in naj bi bilo utemeljeno s potrebo po tem, da lahko druga podjetja izrazijo stališče o vsakem dokazu, ki naj bi ga Komisija uporabila zoper njih, ni brez nejasnosti, saj tožena stranka ne pojasni, ali mora biti pisna potrditev za to, da podjetje izpolni pogoje iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi, predložena pred morebitnimi dokazi drugih podjetij – ki želijo biti upravičena do ugodne obravnave po navedenem obvestilu – ki so predloženi po ustnem posredovanju dokazov s strani navedenega podjetja. V zvezi s tem je Sodišče prve stopnje, kot je na to utemeljeno na obravnavi opozorila tožeča stranka, v zgoraj v točki 131 navedeni sodbi Tokai Carbon in drugi proti Komisiji (točka 431) potrdilo, pa čeprav v kontekstu uporabe prve alinee oddelka D(2) obvestila o ugodni obravnavi, da se lahko ustno posredovanje podatkov Komisiji upošteva za pridobitev ugodne obravnave po navedenem obvestilu. Sodišče prve stopnje je opozorilo na to, da zgoraj navedena določba predvideva, da so lahko ,,dokumenti“ in ,,informacije“ ,,dokazi“, ki prispevajo k potrditvi obstoja storjene kršitve, in je iz tega sklepalo, da navedenih informacij ni treba nujno predložiti v dokumentarni obliki. Navedene ugotovitve so smiselno upoštevne tudi v kontekstu uporabe oddelka B obvestila o ugodni obravnavi, saj se pogoj pod (b) sklicuje na ,,odločilne dokaze“ in ne na dokumente, pogoj pod (d) pa našteva ,,uporabne informacije“, ,,dokumente“ in ,,dokaze“. Poleg tega ustno posredovanje informacij ne predstavlja nobene večje slabosti v smislu pravne varnosti, saj se ustno podano informacijo upravnemu organu na sestanku običajno hrani v obliki zvočenga zapisa in/ali pisno v obliki zapisnika. Trditev tožene stranke z obravnave, da naj Komisiji ne bi bilo treba sestavljati zapisnikov sestankov, ki jih ima z osebami ali s podjetji, je treba oceniti. Res je, da tožena stranka nima take splošne obveznosti (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 28. aprila 1999 v zadevi Endemol proti Komisiji, T-221/95, Recueil, str. II-1299, točka 94, in z dne 30. septembra 2003 v zadevi Atlantic Container Line in drugi proti Komisiji, T-191/98, T-212/98 in T-214/98, Recueil, str. II-3275, točka 351). Vendar pa neobstoj izrecne določbe o sestavi zapisnika ne izključuje tega, da je lahko Komisija v določenem primeru zavezana zapisati izjave, ki jih prejme. Taka obveznost lahko namreč glede na posebne okoliščine zadeve izhaja neposredno iz načela učinkovitega upravljanja, na katero se je sklicevala tožeča stranka v ustnih stališčih, in je del garancij, ki jih zagotavlja pravni red Skupnosti v upravnih postopkih (glej zgoraj v točki 192 navedeno sodbo ABB Asea Brown Boveri proti Komisiji, točka 99, in navedeno sodno prakso). Skleniti je treba, da je treba – če neko podjetje stopi v stik s Komisijo in želi z njo sodelovati na način, ki ga upravičuje do nagrade po obvestilu o ugodni obravnavi, v tem kontekstu pa se med službami Komisiji in tem podjetjem organizira sestanek – skladno z načelom učinkovitega upravljanja sestaviti zapisnik takega sestanka, ki povzema bistvene dele tistega, o čemer se je na sestanku razpravljalo, ali vsaj sestanek snemati, če to najkasneje na začetku sestanka zahteva zadevno podjetje. Ustno posredovane informacije res imajo to slabost, da mora Komisija pri njihovem posredovanju sodelovati in morajo zato njeni uslužbenci za to imeti čas in potrebna sredstva (sejne sobe, naprave za snemanje itn.). Vendar pa ta slabost ni odločilna pri odgovoru na vprašanje, ali se lahko ustne informacije sprejmejo za uporabo oddelka B obvestila o ugodni obravnavi. Prvič, če več podjetij prosi za sestanek z uslužbenci Komisije, da bi sodelovala za pridobitev imunitete ali znižanje globe, potem Komisija lahko in mora poskrbeti za to, da sama ni dejavnik, ki bi vplival na konkurenco med podjetji, ki je značilna za uporabo pogoja iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi. Drugič, posredovanje ustnih informacij je treba prav zaradi potrebe po sodelovanju Komisije šteti za načeloma počasnejši način sodelovanja, kot je pisno posredovanje informacij, ki ne zahteva nobenega sodelovanja Komisije in torej ni odvisno od razpoložljivih njenih sredstev. Zadevno podjetje mora zato, če se odloči za ustno posredovanje informacij, vedeti da se izpostavlja tveganju, da bi lahko neko drugo podjetje Komisiji pisno in prej poslalo odločilne dokaze za obstoj kartela. Skleniti je torej treba, da je mogoče odločilne dokaze v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi predložiti tudi ustno. Ali je tožeča stranka na sestanku s službami Komisije 17. maja 1999 predložila odločilne dokaze za obstoj kartelov v zvezi z vitaminoma A in E Tožeča stranka je, preden se je sklicevala na sestanek z dne 17. maja 1999, trdila, da je Komisijo z dopisom z dne 6. maja 1999 K. Van Miertu obvestila o obstoju protipravnega kartela v sektorju vitaminov ter podjetje Roche in sebe identificirala kot udeleženca v teh dogovorih. V resnici pa besedilo tega dopisa kaže na to, da se je tožeča stranka omejila na navajanje obstoja preiskav zoper proizvajalce vitaminov v Združenih državah, med katerimi je bila tudi tožeča stranka, in sicer ,,zaradi suma kartelov v sektorju vitaminov, ki kršijo pravo konkurence“. Tako je treba ugotoviti, da tožeča stranka z navedenim dopisom Komisije ni obvestila o tem, da v sektorju vitaminov obstajajo protipravni karteli, pri katerih naj bi sodelovala, ampak se je samo sklicevala na ,,preiskave […], ki potekajo […] v Združenih državah“ in na ,,sum kartelov“, kar pa ni priznanje kršitve z njene strani. To, da je tožeča stranka navedla tudi, da podpira ameriško preiskavo in želi tako kot podjetje Roche o zadevi razpravljati s Komisijo ,,zaradi sodelovanja v okviru programa Skupnosti o ugodni obravnavi“, te ugotovitve nikakor ne spremeni. Ob teh pojasnilih je treba opredeliti informacije, ki jih je tožeča stranka posredovala Komisiji na sestanku 17. maja 1999. Ni sporno, da ni bil niti istega dne niti kasneje sestavljen noben zapisnik navedenega sestanka in da se sestanek ni snemal, tako da bi bilo mogoče narediti prepis. Tožeča stranka očita Komisiji, da teh formalnosti ni opravila, ne navaja pa, ali je to od Komisije dejansko zahtevala. V teh okoliščinah Komisiji ni mogoče očitati take opustitve. Poleg tega v obravnavani zadevi taka opustitev, tudi če bi bila napačna, ne utemeljuje trditev tožeče stranke. Iz pisanj tožeče stranke namreč jasno izhaja (glej zlasti točki 180 in 183 tožbe ter točki 117 in 120 replike), da je ta trdila, da je Komisijo na sestanku 17. maja 1989 obvestila: a)       o obstoju protipravnih dogovorov glede določenega števila vitaminskih proizvodov, med katerimi sta bila vitamina A in E, ki vplivajo na trg EGP; b)       o glavnih udeležencih teh dogovorov, med katerimi so bili štirje vpleteni v kartela v zvezi z vitaminoma A in E (Roche, BASF, Aventis, in Eisai); c)       o značaju teh dogovorov, to je sporazumih o določitvi cen ter delitvi prodaje in kapacitet; d)       o obdobju trajanja teh dogovorov (od 1989 do 1999). Tožena stranka ni izpodbijala tega, da ji je tožeča stranka navedene dokaze sporočila na navedenem sestanku, čeprav meni, da ti dokazi niso ,,odločilni“ v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi. Tožeča stranka nasprotno ni trdila, da so na tem sestanku njeni predstavniki Komisiji posredovali konkretne informacije glede delovanja prijavljenih kartelov, sestankih med proizvajalci in natančne vsebine tega, o čemer so se dogovorili na teh sestankih. Poleg tega iz Scholzeve izjave izhaja, da je sestanek trajal le okoli eno uro, kar je verjetno prekratko za to, da bi lahko obe podjetji podrobno opisali kartele. Prav tako je treba ugotoviti, da iz prepisa rokopisnih zabeležk, ki naj bi jih za interne potrebe na tem sestanku sestavil uslužbenec, ki je bil zadolžen za spis, in ga je predložila tožena stranka (v nadaljevanju: rokopisne zabeležke), tudi ne izhaja, da je razprava na sestanku 17. maja 1999 med uslužbenci Komisije ter predstavniki podjetij Roche in BASF vključevala posredovanje teh informacij. Ugotoviti je treba, da tožeča stranka, čeprav se pritožuje, da kljub številnim prošnjam Komisiji ni prejela kopije navedenega dokumenta pred vložitvijo tožbe, ni izpodbijala niti njegovega obstoja niti vsebine in je celo trdila, da ta dokument z več vidikov podpira njene dejanske in pravne trditve glede tega sestanka. Rokopisne zabeležke poleg tega pričajo o tem, da se je navedena razprava – poleg predložitve dokazov, naštetih v zgoraj navedeni točki 511 – nanašala bolj na način sodelovanja obeh podjetij kot na zadevne kartele. Zabeležke še posebej razkrivajo določeno previdnost predstavnikov podjetij Roche in BASF ter njihovo zadržanost do tega, da Komisiji posredujejo natančnejše informacije ali dokumente, preden bi se končale skupinske tožbe (glej zgoraj navedeno točko 481), ki so bile zoper njiju vložene v Združenih državah. Glede podjetja Roche iz teh zabeležk izhaja, da naj bi njegovi predstavniki celo izjavili, da ne razpolagajo z dejanskimi dokazi in da naj bi jih poskušali pridobiti od ameriških odvetnikov podjetja Roche. Kakor koli, Sodišču prve stopnje ni treba odločati o tem, ali je tožeča stranka – kot navaja tožena stranka – na sestanku 17. maja 1999 izrazila nepripravljenost predložiti dokumente pred zaključkom skupinskih tožb, saj je pomembno le to, katere dokaze je tožeča stranka dejansko predložila na tem sestanku in ali je mogoče te dokaze šteti za ,,odločilne“ pri dokazovanju obstoja zadevnih kršitev. V zvezi s tem, čeprav je lahko Komisija na podlagi dokazov, za katere tožeča stranka trdi, da jih je predložila na sestanku 17. maja 1999 in so našteti v zgoraj navedeni točki 511, poslala zahteve po informacijah in celo odredila preiskavo, pa je Komisiji ostala vsa naloga, da rekonstruira dejansko stanje in ga dokaže kljub priznanju tožeče stranke, kar pa očitno ni bilo tako pri podrobnem opisu protipravnih dejavnosti v zvezi z vitaminoma A in E s strani podjetja Aventis v njegovi izjavi z dne 19. maja 1999. Ne da bi bilo treba glede domnevne nepripravljenosti tožeče stranke, da predloži dokumente pred zaključkom skupinskih tožb, zaslišati priče, kar je predlagala tožena stranka, je treba ob upoštevanju ugotovitev iz zgoraj navedenih točk od 492 do 494 skleniti, da navedenih dokazov ni mogoče šteti za ,,odločilne za obstoj“ kartelov v zvezi z vitaminoma A in E v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi. Tako je treba skleniti, da tožeča stranka ni dokazala, da je izpolnila pogoj, ki ga postavlja navedena določba glede navedenih kršitev. Ali je Komisija neupravičeno zavlačevala pri pridobivanju informacij od tožeče stranke Podredna argumentacija tožeče stranke, po kateri naj bi ji nezakonita zahteva Komisije po predložitvi pisnih dokazov preprečila predložitev odločilnih dokazov za obstoj kršitev v zvezi z vitaminoma A in E na sestanku 17. maja 1999 (glej zgoraj navedene točke od 472 do 474), ima v bistvu dva dela. Prvič, tožeča stranka kritizira to, da Komisija domnevno ni sprejela dodatnih dokazov, ki naj bi jih podjetje BASF predlagalo na sestanku 17. maja 1999, in da, natančneje, v kratkem času ni zaslišala njenih vodilnih uslužbencev, vpletenih v kartele. Drugič, Komisiji očita, da je ni opozorila na nezadostnost ustnih izjav za uporabo pogoja iz oddelka B (b) obvestila o ugodni obravnavi. Glede na to, da je mogoče, kot je bila navedeno zgoraj v točkah od 495 do 506, ta pogoj izpolniti tudi z ustnim posredovanjem informacij, je drugi del podrejene argumentacije tožeče stranke brezpredmeten. Kolikor pa tožeča stranka želi s tem delom doseči tudi ugotovitev, da bi jo morala Komisija v vsakem primeru opozoriti na nezadostnost informacij, posredovanih na sestanku 17. maja 1999, za uporabo pogoja iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi, in jo tako opozoriti na to, da je treba te informacije nemudoma dopolniti, pa je treba ugotoviti, tako kot je že tožena stranka, da to ni bila Komisijina obveznost. Oddelek E(2) navedenega obvestila namreč določa, da “bo Komisija šele takrat, ko bo sprejela svojo odločbo, presojala o tem, ali so pogoji iz [oddelkov] B, C ali D izpolnjeni“. Glede prvega dela podrejene argumentacije tožeče stranke je treba najprej opozoriti na to, da predlog podjetja, da so Komisiji za pričanje na razpolago njeni uslužbenci, tudi če ga mora Komisija sprejeti, ne more zadoščati za to, da podjetje izpolni pogoj iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi. Ta pogoj namreč zahteva, da se odločilni dokazi Komisiji dejansko predložijo, samo ponudba ali navedba vira, kje se jih lahko pridobi, ne zadostuje. Čeprav tožeča stranka v točki 189 tožbe navaja, da ,,Komisija ni sprejela dodatnih dokazov, ki jih je na sestanku predlagalo BASF“, pa ne navaja, da naj bi uslužbenci Komisije preprečili ali odvrnili njene predstavnike od tega, da na tem sestanku predložijo dodatne informacije, zaradi katerih bi lahko dokazi, ki jih je tožeča stranka predložila na sestanku, postali odločilni v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi. Tožeča stranka pojasnjuje samo to, da Komisija ni sprejela dodatnih pričanj v kratkem času, in navaja odlomke iz Scholzeve izjave, ki ne omenja nobene druge vrste dokazov kot predlagana pričanja. Poleg tega tožeča stranka ni pojasnila značaja dodatnih informacij, ki naj bi jih njeni predstavniki lahko dali na sestanku in naj jih ne bi dali zato, ker so uslužbenci Komisije domnevno zahtevali pisne dokaze. Treba je torej preučiti, ali je lahko zavrnitev pričanja, česar tožena stranka ne izpodbija, vplivala na nezakonitost tega, da je neko drugo podjetje (Aventis) prehitelo tožečo stranko pri posredovanju odločilnih dokazov za obstoj zadevnih kršitev Komisiji, s tem da ta zavrnitev nikakor ne more biti vzrok za to, da tožeča stranka odločilnih dokazov ni predložila na sestanku 17. maja 1999. V zvezi s tem je treba, ne da bi bilo treba odločiti o tem, ali so ustna pričanja, ki jih je na sestanku 17. maja 1999 predlagala tožeča stranka, kot trdi tožena stranka, zunaj Komisijinih pooblastil po Uredbi št. 17 in Uredbi št. 2842/98, skleniti, da Komisijina zavrnitev pričanj ni bila neutemeljena. Tožeči stranki namreč nič ni preprečevalo, da bi sama zaslišala zadevne uslužbence in Komisiji nemudoma pisno posredovala tako pridobljene informacije. Tožeča stranka za zbiranje informacij pri svojih uslužbencih ni potrebovala sodelovanja Komisije, saj ta v nobenem primeru ni imela pooblastil za odreditev pričanja teh oseb. V teh okoliščinah je lahko Komisija pozvala tožečo stranko, naj tako postopa, da ne bi skladno z načelom ekonomičnosti in učinkovitega upravljanja po nepotrebnem obremenila dela Komisije. Glede na to, da poleg tega zadevna pričanja, tako kot posredovaje informacij na sestanku 17. maja 1999, predstavljajo ustno posredovanje informacij Komisiji, jih je bilo treba iz razlogov, navedenih zgoraj v točki 506, v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, šteti za počasnejši način, kot je pisno posredovanje informacij, tako da Komisiji ni mogoče očitati tega, da je tožečo stranko pozvala, naj sledi temu drugemu načinu. V obravnavani zadevi torej nič ne kaže na to, da je bilo to, da je podjetje Aventis pri posredovanju odločilnih dokazov za obstoj kartelov v zvezi z vitaminoma A in E Komisiji prehitelo tožečo stranko, posledica napačnega ravnanja Komisije. Sklep Iz vsega navedenega izhaja, da tožeča stranka ni dokazala, da je Komisija s tem, ko je v Odločbi sklepala, da podjetje BASF glede kršitve v zvezi z vitaminoma A in E ni upravičeno do ugodne obravnave po oddelku B obvestila o ugodni obravnavi, ker ni izpolnilo pogoja pod (b) navedenega oddelka, storila kakršno koli napako v presoji. b)     Ali je tožeča stranka izpolnila pogoj iz oddelka B(e) obvestila o ugodni obravnavi glede osmih kršitev, zaradi katerih ji je bila izrečena globa Komisija je v uvodni navedbi 744 Odločbe ugotovila, da sta ,,Roche in BASF imeli vlogo pobudnika ali odločilno vlogo pri protipravnih dejavnostih v zvezi s trgi vitaminov A, E, B2, B5, C in D3, betakarotena in karotenidov, kot je to opisano v [uvodnih navedbah od 567 do 569 in 584]“, ter sklenila, da ti dve podjetji zato ne izpolnjujeta pogoja iz oddelka B (e) obvestila o ugodni obravnavi. Navedbe tožeče in tožene stranke iz njunih pisanj glede te Komisijine presoje, ki se ji očita v okviru obravnavanega tožbenega razloga, se omejujejo na sklicevanje na trditve, ki sta jih navedli v okviru analize petega tožbenega razloga za zavrnitev in potrditev vloge podjetja BASF kot vodje ali pobudnika pri teh kartelih, zaradi katere so bili osnovni zneski glob, izrečenih temu, zvišani za 35 % (glej zgoraj navedeni točki 476 in 483). Vendar pa je treba ugotoviti, da je Komisija v Odločbi (uvodna navedba 744) presojo, da podjetji BASF in Roche ne izpolnjujeta pogoja iz oddelka B(e) obvestila o ugodni obravnavi, obrazložila tako, da se je sklicevala na vlogo pobudnika ali odločino vlogo teh dveh podjetij pri kršitvah, kot naj bi bila opisana v uvodnih navedbah od 567 do 569 in 584 Odločbe, medtem ko je Komisija vlogo podjetij BASF in Roche kot vodje ali pobudnika v smislu obteževalne okoliščine obravnavala v uvodnih navedbah od 712 do 718, ne da bi se sklicevala na uvodne navedbe od 567 do 569 in 584. Uvodne navedbe od 567 do 569 in 584 pa, kolikor konkretno zadevajo tožečo stranko, pri opisu ,,značaja kršitev v obravnavani zadevi“ vsebujejo: –        splošne ugotovitve, podobne tistim iz uvodnih navedb od 713 do 717 (o tem, da sta bili podjetji Roche in BASF vodilna svetovna proizvajalca vitaminov, o ,,skupni fronti“ podjetij Roche in BASF pri pripravi in izvajanju dogovorov ter o njunem skupnem cilju razdelitve vseh različnih trgov vitaminov) in drugim splošnim ugotovitvam (Roche in BASF sta prodajali velik del svoje proizvodnje v obliki premiksov z vsebnostjo več vitaminov); –        splošno presojo vloge podjetij Roche in BASF (,,pobudnik in glavni pridobitelj koristi“ skrivnih dogovorov je bilo podjetje Roche; podjetje BASF ,,je imelo zelo pomembno vlogo pri sledenju podjetju Roche“); –        sklicevanje na dejansko okoliščine ali ugotovitve, povezane z dejanskimi okoliščinami, na katere se je posebej sklicevalo (,,svetovni kartel je v resnici sočasno začel delovati za vitamine B1, B2, B5, B6 in C ter za folno kislino, to je ob obisku visokih uslužbencev podjetij Roche in BASF na Japonskem 30. in 31. januarja 1991“; ,,Roche in BASF sta skupaj poskrbeli za to, da se je njunemu ‘klubu’ za vitamin E pridružilo Eisai“). Tožena stranka je, ko je bila v okviru ukrepov procesnega vodstva pozvana, naj pojasni dokaze, na katere se je oprla pri obrambi utemeljenosti svoje presoje, da BASF ni izpolnilo pogojev iz oddelka B(e) obvestila o ugodni obravnavi, opozorila na to, da na različne dejanske okoliščine iz Odločbe, na katere je oprla obrambo zoper peti tožbeni razlog in ki naj bi utemeljevale uporabo obteževalne okoliščine vloge vodje in/ali pobudnika za tožečo stranko. Nasprotno pa se v odgovoru ni sklicevala na nobeno ugotovitev, presojo ali dejansko okoliščino iz uvodnih navedb od 567 do 569 in 584 Odločbe, na katere se sklicuje uvodna navedba 744. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da je tožena stranka pred Sodiščem prve stopnje na novo obrazložila presojo, da sta imeli podjetji Roche in BASF vlogo pobudnika ali odločilno vlogo pri kršitvah iz obravnavane zadeve. Sodišče prve stopnje bo to novo obrazložitev upoštevalo samo, če bo prišlo do ugotovitve nezakonitosti presoje, kot je bila obrazložena v Odločbi, in bo moralo zato uporabiti pooblastilo za odločanje v okviru polne jurisdikcije. Ugotoviti je treba, da medtem ko oddelek B(e) obvestila o ugodni obravnavi omenja vlogo pobudnika ali odločilno vlogo pri protipravni dejavnosti, pa tretja alinea oddelka 2 Smernic kot oteževalno okoliščino omenja vlogo vodje ali pobudnika pri kršitvi. Skleniti je treba, da imajo izrazi, uporabljeni v teh dveh določbah, v bistvu enako področje uporabe. Poleg tega je tožena stranka, ko je bila v okviru ukrepov procesnega vodstva pozvana, naj se v zvezi s tem izjasni, med drugim navedla, da sta bila izraza ,,vloga vodje“ in ,,odločilna vloga“ v Odločbi uporabljena kot sopomenki, ni pa pritrdilno odgovorila na vprašanje Sodišča prve stopnje, ali je mogoče vlogo BASF pri kršitvah v obravnavani zadevi šteti za ,,odločilno“ v smislu oddelka B(e) obvestila o ugodni obravnavi, tudi če ga ne bi bilo mogoče šteti za vodjo. Kot je bilo že razsojeno v zgoraj navedenih točkah od 296 do 300, splošne ugotovitve iz prve alinee zgoraj navedene točke 532 niso dovolj kot dokaz za to, da je imela tožeča stranka pri kršitvah v obravnavani zadevi vlogo pobudnika ali vodje. Enako velja za trditev, da je imelo BASF ,,zelo pomembno vlogo pri sledenju podjetja Roche“, za katero se zdi, da se ga želi pokazati, da je bila tožeča stranka bolj slednik kot vodja. Glede ugotovitve, da je ,,svetovni kartel [...] v resnici sočasno začel delovati za vitamine B1, B2, B5, B6 in C ter za folno kislino, to je ob obisku visokih uslužbencev podjetij Roche in BASF na Japonskem 30. in 31. januarja 1991“, ne le da se zdi v nasprotju s splošnim pristopom iz Odločbe, po katerem je obstajal ločen kartel za vsakega od vitaminskih proizvodov, ampak v obravnavanem kontekstu nima pomena, saj to, da so predstavniki podjetij Roche in BASF januarja 1991 odšli na Japonsko, ne more pomeniti tega, da sta bili ti podjetji ponudnika ali vodji pri kršitvah v zvezi z zgoraj navedenimi proizvodi. Tožeča stranka poleg tega sploh ni sodelovala pri kartelih v zvezi z vitaminom B6 in folno kislino. Končno, glede trditve, da naj bi podjetji Roche in BASF skupaj poskbeli za to, da se je podjetje Eisai pridružilo kartelu v zvezi z vitaminom E, je bilo že v zgoraj navedeni točki 336 ugotovljeno, prvič, da se Komisija v Odločbi na to ni oprla, ko je za potrebe zvišanja globe zaradi obteževalnih okoliščin ugotovila, da je tožeča stranka imela vlogo pobudnika, in, drugič, da je Roche, kot izhaja iz uvodnih navedb 212 in 234 Odločbe, samo pristopilo k podjetju Eisai glede njegove morebitne pridružitve k navedenemu kartelu. Iz navedenega izhaja, da obrazložitev, na podlagi katere je Komisija v odločbi sklenila, da tožeča stranka glede vseh kršitev iz obravnavane zadeve ni izpolnila pogoja iz oddelka B(e) obvestila o ugodni obravnavi, ni pravilna, zaradi česar torej Odločba glede tega ni zakonita. Sodišče prve stopnje mora torej v okviru izvršitve pooblastila za odločanje v okviru polne jurisdikcije, ki sledi iz navedene ugotovitve nezakonitosti, upoštevati dejanske okoliščine, na katere se pred njim sklicuje tožena stranka, da bi dokazala, da je imela tožeča stranka vlogo pobudnika ali odločilno vlogo – z drugimi besedami, vlogo pobudnika ali vodilno vlogo – pri kršitvah iz obravnavane zadeve in da zato ni izpolnila zgoraj navedenega pogoja. Sodišče prve stopnje je te okoliščine že preučilo pri analizi petega tožbenega razloga (glej zgoraj navedene točke od 304 do 463) in sklenilo, da zadostno pravno dokazujejo, da je imela tožeča stranka vodilno vlogo pri kršitvah v zvezi z vitamini A, E in B5, medtem ko pravno zadostno ne dokazujejo, da je imela vlogo vodje ali pobudnika pri kršitvah v zvezi z vitaminoma C, D3 ter betakarotenom in s karotenidi. Poleg tega ni zatrjevano niti ne izhaja iz spisa, da je tožeča stranka druga podjetja prisilila k sodelovanju pri navedenih kršitvah. Glede na to, da tožeča stranka v tej tožbi ne izpodbija svoje vloge vodje ali pobudnika pri kršitvi v zvezi z vitaminom B2, je treba torej skleniti, da glede kršitev v zvezi z vitamini A, E, B2 in B5 ni izpolnjevala pogoja iz oddelka B(e) obvestila o ugodni obravnavi, je pa izpolnjevala ta pogoj pri kršitvah v zvezi z vitaminoma A, D3, betakarotenom in s karotenidi. Iz tega sledi, da tožeča stranka glede kršitev v zvezi z vitamini A, E, B2 in B5 ne more biti upravičena do ugodne obravnave po oddelku B navedenega obvestila. Nasprotno pa mora Sodišče prve stopnje glede kršitrv v zvezi z vitaminoma C, D3,betakarotenom in s karotenidi v okviru izvrševanja pooblastila za odločanje v okviru polne jurisdikcije presoditi o tem, ali je tožeča stranka izpolnjevala tudi druge kumulativno določene pogoje iz oddelka B obvestila o ugodni obravnavi, da bi morda tožeči stranki podelilo ugodnost nenaložitve globe ali ,,zelo velikega“ znižanja zneska globe na podlagi navedenega oddelka. c)     Ali je tožeča stranka izpolnila pogoje iz oddelka B(a) do (d) obvestila o ugodni obravnavi glede kršitev v zvezi z vitaminoma C, D3, betakarotenom in s karotenidi Pogoji pod (a), (c) in (d) Pogoj iz oddelka B(c) obvestila o ugodni obravnavi je na podlagi informacij glede trajanja kršitev iz Odločbe za vsako od kršitev v zvezi z vitaminoma C, D3, betakarotenom in s karotenidi očitno izpolnjen. Iz člena 1(2)(b) izreka Odločbe še posebej izhaja, da so se vse štiri kršitve končale najkasneje decembra 1998, torej pred sodelovanjem tožeče stranke pri Komisijini preiskavi. Tožena stranka je glede pogoja pod (a) in (d) navedenega oddelka v okviru izvajanja ukrepov procesnega vodstva, ki jih je odredilo Sodišče prve stopnje, navedla, da jih je tožeča stranka za štiri zadevne kršitve izpolnila. V spisu ni nobenega dokaza, ki bi utemeljil odstopanje Sodišče prve stopnje od navedene presoje. Pogoj pod (b) Končno je glede pogoja iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi treba opozoriti na to, da je Komisija v prvem stavku uvodne navedbe 743 Odločbe ugotovila, da sta bili podjetji ,,Roche in BASF z dokumenti, predloženimi njenim službam med 2. junijem 1999 in 30. julijem 1999, prvi, ki sta ji posredovali odločilne dokaze za obstoj skrivnih dogovorov v zvezi s trgom vitaminov B2, B5, C in D3, betakarotena in z karotenidov“. Iz besedila tega stavka ni mogoče razbrati, ali je Komisija menila, da sta podjetji Roche in BASF skupaj izpolnili pogoj iz oddelka B(b) za vsako od navedenih kršitev. Poleg tega se želi s to povedjo samo utemeljiti sklep iz prvega stavka uvodne navedbe 745, da ostala zadevna podjetja tega pogoja niso mogla izpolniti. Glede na besedilo oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi, po katerem je treba samo podjetje, ki je v resnici bilo „prvo“, ki je predložilo odločilne dokaze, nagraditi z zelo velikim znižanjem globe (glej v tem smislu zgoraj v točki 70 navedeno sodbo Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, točka 365), ni mogoče trditi, da sta podjetji Roche in BASF za vsako od kršitev v zvezi z vitaminoma C, D3, betakarotenom in s karotenidi skupaj izpolnili pogoj iz oddelka B(b), saj iz spisa izhaja, da teh dokazov nista mogli predložiti sočasno. Prvič, kot je bilo že razsojeno v zgoraj navedenih točkah 515 in 518 gledekršitev v zvezi z vitaminoma A in E, in sicer na podlagi ugotovitev, ki so upoštevne tudi glede drugih kršitev iz obravnavane zadeve, podjetji Roche in BASF na sestanku 17. maja 1999 v prostorih Komisije, ki sta se ga skupaj udeležili, nista predložili odločilnih dokazov za katero koli kršitev. Drugič, iz spisa izhaja, da podjetji Roche in BASF v obdobju med 2. junijem in 30. julijem 1999, ki ga omenja uvodna navedba 743 Odločbe, nista nikoli sočasno posredovali informacij. Sodišče prve stopnje mora torej pri izvrševanju pooblastila za odločanje v okviru neomejene pristojnosti preveriti, katero podjetje je prvo predložilo odločilne dokaze za obstoj kršitev v zvezi z vitaminoma C, D3, betakarotenom in s karotenidi. –       Kršitev v zvezi z vitaminom D3 Iz spisa izhaja, da je edini prispevek glede kršitve v zvezi z vitaminom D3, ki jo je podjetje BASF posredovalo Komisiji po sestanku 17. maja 1999 v prostorih te institucije, izjava z dne 15. junija 1999, ki jo je Komisija prejela istega dne. Ta prispevek je opredelitev trajanja navedene kršitve („od leta 1993 do 1997“) in še 16 vrstic, od katerih se jih samo 9 nanaša na kartel, iz katerih je poleg navedenega trajanja mogoče razbrati samo udeležence kartela in „splošno idejo“ o kartelu, to je o neširitvi tržnih deležev. Navedena so imena predstavnikov treh vpletenih podjetij, ni pa nobene informacije glede konkretnega dejanskega stanja, ki bi ga lahko šteli za kršitev. Poleg tega se opis dejanskega stanja v zvezi s tem kartelom iz uvodnih navedb od 459 do 483 Odločbe v bistvu opira na dokaze, ki jih je predložilo Roche in predvsem Solvay. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da tožeča stranka ni dokazala, da je Komisiji v upravnem postopku predložila odločilne dokaze za obstoj kršitve v zvezi z vitaminom D3. Skleniti je torej treba, da tožeča stranka glede te kršitve ni izpolnila pogoja iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi in tako ne more uveljavljati tega oddelka. –       Kršitve v zvezi z vitaminom C, betakarotenom in s karotenidi Ugotoviti je treba, da je tožeča stranka po sestanku 17. maja 1999 Komisiji prvič pisala 21. maja 1999 dopis, ki ga je le-ta prejela istega dne in v katerem ji je, kot je bilo dogovorjeno na navedenem sestanku, posredovala kopijo poravnave (glej zgoraj navedeno točko 468), ki jo je 20. maja 1999 sklenila s pravosodnim ministrstvom Združenih držav, in obrazložitveni memorandum v zvezi s tem. Tožeča stranka pa s to dokumentacijo Komisiji ni predložila odločilnih dokazov za obstoj kartelov v zvezi z vitaminom C, betakarotenom in s karotenidi. Prvič, dopis z dne 21. maja 1999 se namreč omejuje na objavo, da je BASF začelo s pripravo izčrpnega poročila o ravnanju, ki je vplivalo na evropski trg, in da bo ponovno stopilo v stik s Komisijo, ko bo dokončalo to poročilo. Drugič, iz poravnave in obrazložitvenega memoranduma – tudi če bi ju upoštevali v tem kontekstu, kljub javni objavi njune vsebine s strani ministrstva za pravosodje Združenih držav že 20. maja 1999, kar potrjujeta sporočili za javnost v prilogah D.4 in D.5 k dupliki – glede skrivnih dogovorov izhaja samo njihov značaj, obdobje in zadevni vitaminski proizvodi (med katerimi pa kakor koli ni bilo karotenidov), poleg tega pa posredno še imena nekaterih vpletenih uslužbencev podjetja BASF, ni pa bilo navedeno nobeno konkretno dejstvo, ki bi lahko predstavljalo kršitev. Nasprotno pa je treba ugotoviti, da je tožeča stranka z naslednjim prispevkom, to je z izjavo z dne 15. junija 1999, Komisiji predložila odločilne dokaze za obstoj kartelov v zvezi z vitaminom C, betakarotenom in s karotenidi, saj so se ti dokazi nanašali ne le na udeležence, značaj in trajanje kršitev, ampak tudi na konkretna dejstva, ki lahko predstavljajo kršitev. Za kartel v zvezi z vitaminom C ta izjava namreč poleg udeležencev kartela in obdobja kršitve navaja tudi določeno število sestankov, kraj in udeležence teh sestankov, opisuje razvoj kartela in podrobno navaja vsebino razprav na različnih naštetih sestankih (s številčnimi podatki glede dodeljenih kvot), kar izhaja tudi iz nasprotij med podjetjem Takeda in evropskimi proizvajalci. Za kartel v zvezi z betakarotenom in s karotenidi dokazi, predloženi z izjavo podjetja BASF z dne 15. junija 1999, vsebujejo za vsako od obeh kršitev splošen opis kartela s podrobnostmi o udeležencih in trajanju kartela, položaju na trgu v času nastanka kartela, motive strank, datum, kraj in udeležence ustanovitvenega sestanka kartela, sporazum, ki je bil takrat sklenjen glede prodajnih kvot (s številčnimi podrobnostmi o dodeljenih kvotah), pogostost, kraj, zbirni predmet in udeležence nadaljnjih sestankov. Tožena stranka ne izpodbija prostovoljnosti posredovanja vseh teh dokazov Komisiji, pa tudi sicer to ni mogoče, kljub zahtevi Komisije za informacije z dne 26. maja 1999, naslovljeni na tožečo stranko. Izjava podjetja BASF z dne 15. junija 1999 je namreč sledila temu, kar je to objavilo na sestanku 17. maja 1999, na katerem se je že sklicevalo na obstoj kartelov, ki so vplivali na trg vitamina C in betakarotena. Poleg tega se zahteva Komisije za informacije z dne 26. maja 1999 ni nanašala na kartel v zvezi s karotenidi. Kot je bilo opisano v zgoraj navedeni točki 556, je BASF v dopisu Komisiji z dne 21. maja 1999 poleg tega potrdilo, da je začel pripravljati celovito poročilo o kršitvah, ki so vplivale na evropski trg, in da bo ponovno stopil v stik s Komisijo, ko bo to poročilo dokončalo. Iz spisa prav tako izhaja, da je edini prispevek, ki ga je Roche posredovalo Komisiji po sestanku 17. maja 1999 in pred 15. julijem 1999, njegova izjava z dne 2. junija 1999, ki jo je Komisija prejela 4. junija 1999. Predmet te izjave, katere nezaupno različico je tožena stranka vložila v spis v okviru izvršitve ukrepov procesnega vodstva, ki jih je na obravnavi odredilo Sodišče prve stopnje, so samo kršitve v zvezi z vitamini A, E in C. Glede na to, da izjava podjetja Roche z dne 2. junija 1999 tako ne vsebuje nobenega dokaza glede kartelov v zvezi z betakarotenom in s karotenidi, je treba ugotoviti, da je bila tožeča stranka z izjavo z dne 15. junija 1999 dejansko prva, ki je predložila odločilne dokaze za obstoj teh kartelov. Glede kršitev v zvezi s tema proizvodoma je torej tožeča stranka izpolnila tudi pogoj iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi. Iz tega sledi, da bi bila morala biti tožeča stranka, kot trdi, za te kršitve upravičena do ugodne obravnave po tem oddelku. Nasprotno pa se glede kršitve v zvezi z vitaminom C vsiljuje nasproten sklep, saj je treba ob upoštevanju nezaupne različice izjave podjetja Roche z dne 2. junija 1999, ki jo je predložila tožena stranka, ugotoviti, da je bilo Roche s to izjavo prvo, ki je predložilo odločilne dokaze za obstoj kartela v zvezi z navedenim vitaminom. Čeprav je namreč res, da navedena izjava podjetja Roche za navedeni kartel res vsebuje manj informacij, kot jih je v izjavi podjetja BASF z dne 15. junija 1999, pa kljub temu identificira določeno število sestankov, kraj in udeležence teh sestankov in, sicer zelo povzeto, navedbo namena teh sestankov. Ob tem, da je treba spomniti na to, da pojma odločilnih dokazov ne gre razlagati tako, da se sklicuje na dokaze, ki zadostujejo kot dokaz kršitve (glej zgoraj navedeno točko 492), pa je treba ugotoviti, da kolikor je Roche z navedeno izjavo predložilo konkretna dejstva, ki lahko predstavljajo kršitev, je bilo glede kršitve v zvezi z vitaminom C prvo podjetje, ki je predložilo odločilne dokaze v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi. Poudariti je treba, da tožeča stranka v svojih ugotovitvah glede dokumentacije, ki jo je predložila tožena stranka po obravnavi in zadeva sodelovanje podjetja Roche, s tem ko je podrejeno predvidela možnost, da Sodišče prve stopnje ne bo potrdilo njene glavne teze, da sta podjetji BASF in Roche na sestanku 17. maja 1999 skupaj predložili odločilne dokaze, kartela v zvezi z vitaminom C ni prištela h kartelom, za katere bi jo morali šteti za prvo, ki je predložila odločilne dokaze, saj je bil navedeni kartel že zajet z izjavo podjetja Roche z dne 2. junija 1999. Tožeča stranka ne izpodbija prostovoljnosti sodelovanja podjetja Roche iz te izjave, na katero pa iz enakih razlogov, kot so bili navedeni zgoraj v točki 562 glede izjave podjetja BASF z dne 15. junija 1999, ne more vplivati Komisijina zahteva po informacijah z dne 26. maja 1999, ki je bila poslana podjetju Roche. Zato tožeča stranka, ker ni izpolnila pogoja iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi gledee kršitve v zvezi z vitaminom C, glede te kršitve ne more uveljavljati tega oddelka. d)     Uporaba oddelka B obvestila o ugodni obravnavi v zvezi s tožečo stranko glede kršitev v zvezi z betakarotenom in s karotenidi Zaradi zagotovitve varstva legitimnih pričakovanj, ki so lahko nastala pri tožeči stranki na podlagi oddelka B obvestila o ugodni obravnavi, mora Sodišče prve stopnje za kršitev v zvezi z betakarotenom in s karotenidi v okviru izvrševanja pooblastila za odločanje v okviru neomejene pristojnosti na podlagi navedenega oddelka določiti ustrezno znižanje zneska globe (glej v tem smislu zgoraj v točki 190 navedeno sodbo Tate & Lyle in drugi proti Komisiji, točke od 162 do 166, zgoraj v točki 192 navedeno sodbo ABB Asea Brown Boveri proti Komisiji, točke 244, 245, 260 in 261, sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Daesang in Sewon proti Komisiji, T-230/00, Recueil, str. II-2733, točki 144 in 145, in zgoraj v točki 131 navedeno sodbo Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, točke od 416 do 418, 440 in 455). Sodišče prve stopnje v zvezi s tem ugotavlja, da je tožeča stranka prve stike s Komisijo vzpostavila precej po začetku preiskave organov za varstvo konkurence Združenih držav glede skrivnih dogovorov v sektorju vitaminov in malo po sklenitvi poravnave. Tako je na sodelovanje podjetja BASF, čeprav je bilo prostovoljno, saj ni bilo posledica izvajanja preiskovalnih pooblastil Komisije zoper tožečo stranko, kljub temu vplivala prisila v obliki sklenjene poravnave in tveganje posledičnih ukrepov Komisije. Čeprav je res – v nasprotju s skrivnimi dogovori v zvezi z betakarotenom, na katere se ameriška preiskava jasno nanaša, kot izhaja s strani 3 in 4 obrazložitvenega memoranduma, priloženega k poravnavi –, da skrivni dogovori v zvezi s karotenidi niso pritegnili pozornosti ministrstva za pravosodje Združeni držav, pa njihovo razkritje v okviru morebitne preiskave Komisije, ki bi jo spodbudila sklenitev in objava poravnave, prav gotovo ne more biti izključeno. Poleg tega je treba v zvezi s tema kršitvama upoštevati dejstvo, da čeprav vloga podjetja BASF ni bila preprečiti temu podjetju, da izpolni pogoj iz oddelka B(e) obvestila o ugodni obravnavi, pa njegov pomen v kartelu samo dveh podjetij ostaja očiten. Dejavna vloga podjetja BASF pri teh kršitvah izhaja tudi iz dejstva, da je pri podjetju Roche izvajalo kompenzacijske nakupe, ko je bilo ugotovljeno, da je preseglo skupno dodeljeno kvoto za betakaroten (glej strani 15 in 16 izjave podjetja BASF z dne 15. junija 1999 ter uvodno navedbo 521 Odločbe), in iz dejstva, da se je s podjetjem Roche uspelo dogovoriti o vstopu na trg astaksantina, rožnatega karotenida (glej strani 16 in 17 izjave podjetja BASF z dne 15. junija 1999 ter uvodni navedbi 525 in 527 Odločbe). Glede na navedene okoliščine Sodišče prve stopnje ugotavlja, da je primerno tožeči stranko na podlagi oddelka B obvestila o ugodni obravnavi odobriti 75-odstotno znižanje zneska glob, izračunanega pred uporabo navedenega obvestila, in sicer za globe, ki so ji bile izrečene za kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi. e)     Sklep glede šestega tožbenega razloga Po preučitvi obravnavanega tožbenega razloga in izvršitvi pooblastila za odločanje v okviru polne jurisdikcije Sodišča prve stopnje, do katere je pripeljala navedena preučitev, je treba, prvič, potrditi izključitev tožeče stranke iz ugodne obravnave po oddelku B obvestila o ugodni obravnavi za kršitve v zvezi z vitamini A, E, B2, B5, C in D3 ter, drugič, tožeči stranki odobriti 75-odstotno znižanje zneska glob, izračunanega pred uporabo navedenega obvestila, in sicer za globe, ki so ji bile izrečene za kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi. F – Sedmi tožbeni razlog, ki kljub obvestilu o ugodni obravnavi izhaja iz nezadostnosti znižanja zneska glob, odobrenega tožeči stranki zaradi sodelovanja 1. Trditve strank Tožeča stranka očita Komisiji, da ji kljub obvestilu o ugodni obravnavi ni odobrila višjega znižanja zneska globe zaradi sodelovanja pri preiskavi Komisije, ki je bilo po njenem mnenju zgledno, saj je bilo pravočasno, celovito in trajno. Tako poudarja, da je bila prvo podjetje, ki je ponudilo sodelovanje pred začetkom Komisijine preiskave, in da je z njo v celoti sodelovala ves čas preiskave, zlasti s tem, da ji je v kratkem času dala na razpolago visoke uslužbence podjetja BASF, da ji je predložila podrobno in celovito poročilo o protipravni dejavnosti ter uporabna, poglobljena in celo nezahtevana pojasnila in informacije ter da ji je pošiljala natančno pripravljena poročila, ki so bila podlaga za velik del Odločbe. Pomen dokazov, ki jih je predložilo BASF, naj bi bil potrjen v različnih delih Odločbe, ki naj bi v uvodni navedbi 745 izrecno priznavala, da so bili odločilni za vzpostavitev kršitev v zvezi z vitamini A, E, B2, B5, C in D3, betakarotenom in s karotenidi. Tožeča stranka poleg tega opozarja na to, da je šla prek tega, kar se zahteva po oddelkih B in C obvestila o ugodni obravnavi, saj je prevzela pobudo brez primere in odpustila več vodilnih uslužbencev, neposredno odgovornih za kartel, in izvedla dodatne programe za spoštovanje zakonodaje o konkurenci in ozaveščanje o njej, ki so presegali po njenem mnenju že tako precejšnja predhodna prizadevanja v zvezi s tem. Opozarja na to, da ima Sodišče prve stopnje neomejeno pristojnost za spreminjanje zneskov glob in ni vezano na Smernice ali na obvestilo o ugodni obravnavi, ter se v zvezi s tem sklicuje na zgoraj v točki 190 navedeno sodbo Tate & Lyle in drugi proti Komisiji (točka 163). Še posebej ugotavlja, da je Sodišče v navedeni sodbi (točka 165) razsodilo, da 50-odstotno znižanje zneska globe, ki bi bila izrečena, če ne bi bilo sodelovanja, za Tate & Lyle glede na pomen ter trajnost in celovitost sodelovanja tega ni bilo zadostno, zato je Sodišče odobrilo 60-odstotno znižanje, kljub pomembni vlogi podjetja Tate & Lyle v okviru kartela in določenim pomanjkljivostim v njegovem sodelovanju. Tožeča straka torej predlaga Sodišču prve stopnje, naj izvrši pooblastilo za odločanje po prostem preudarku in dodatno zniža znesek njej izrečenih glob zaradi njenega sodelovanja s Komisijo. Tožena stranka meni, da predlog tožeče stranke za znižanje njenih glob za več kot 50 % zunaj področja uporabe obvestila o ugodni obravnavi ni utemeljen, prvič, ker se je v Odločbi že upoštevalo ravnanje tožeče stranke s tem, da ji je bilo na podlagi oddelka D navedenega obvestila odobreno znižanje, in, drugič, ker tožeča stranka v nobenem primeru ne more biti upravičena do znižanja glob zunaj področja uporabe navedenega obvestila. 2. Presoja Sodišča prve stopnje Skladno s prvim stavkom oddelka A(3) obvestila o ugodni obravnavi to ,,opredeljuje pogoje, pod katerimi se lahko podjetja, ki sodelujejo s Komisijo pri preiskavi kartela, oprosti plačila globe ali so upravičena do znižanja zneska globe, ki bi jo morala sicer plačati“. Oddelek D(1) navedenega obvestila predvideva od 10- do 50-odstotno znižanje zneska,,globe, ki bi mu bila izrečena, če ne bi sodelovalo“ v korist zadevnega podjetja. Tožena stranka, ki ji je bilo za vse kršitve, za katere ji je bila izrečena globa, na podlagi oddelka D obvestila o ugodni obravnavi odobreno 50-odstotno znižanje, v bistvu Sodišču prve stopnje predlaga, naj presodi in nagradi njeno sodelovanje kljub določbam navedenega obvestila, ki naj Sodišča prve stopnje ne bi vezale. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je nadzor nad odločbo – s katero Komisija ugotovi kršitev člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP ter izreče globe –, h kateremu je Sodišče prve stopnje pozvano, omejen na zakonitost navedene odločbe, pristojnost odločanja v okviru polne jurisdikcije, ki jo ima Sodišče prve stopnje po členu 229 ES, in člena 17 Uredbe št. 17, pa je mogoče po potrebi izvajati samo na podlagi ugotovitve nezakonitosti odločbe, zoper katero se v svoji tožbi pritožuje zadevno podjetje, da bi se tako popravilo posledice te nezakonitosti glede določitve zneska izrečene globe, po potrebi z razveljavitvijo ali s spremembo le-te. V obravnavani zadevi tožeča stranka s trenutno obravnavanim tožbenim razlogom Komisiji ne očita, da njena presoja sodelovanja tožeče stranke pri upravni preiskavi na podlagi obvestila o ugodni obravnavi ni bila zakonita, niti ne uveljavlja nezakonitosti navedenega obvestila, za katero ni sporno, da ga je Komisija uporabila v zvezi z njo. Poleg tega argumentacija tožeče stranke nima podpore v zgoraj v točki 190 navedeni sodbi Tate & Lyle in drugi proti Komisiji. Čeprav je namreč Sodišče prve stopnje v navedeni sodbi (glej točke od 157 do 165) res razsodilo, da 50-odstotno znižanje zneska globe, ki ga je Komisija odobrila podjetju Tate & Lyle, glede na pomen ter trajnost in celovitost sodelovanja tega podjetja ni bilo zadostno, zaradi česar je bilo treba stopnjo znižanja zvišati na 60 %, pa se je to zgodilo zaradi napake Komisije pri uporabi pogoja iz oddelka B(b) navedenega obvestila. Navedene sodbe, v kateri je bilo ugotovljeno, da Komisija ni pravilno presodila obseg sodelovanja zadevnega podjetja glede na obvestilo o ugodni obravnavi, nikakor ni mogoče šteti za precedens, s katerim je Sodišče prve stopnje prestopilo mejo navedenega obvestila ter po svoji presoji presojalo in nagradilo sodelovanje navedenega podjetja. Vendar pa je treba opozoriti na to, da je možnost odobritve znižanja globe določenemu podjetju, ki je sodelovalo s Komisijo v postopku zaradi kršitve pravil o konkurenci, zunaj okvira obvestila o ugodni obravnavi v Smernicah priznana, saj šesta alinea oddelka 3 Smernic predvideva upoštevanje ,,učinkovitega sodelovanja podjetij v postopkih izven področja uporabe [obvestila o ugodni obravnavi]“ kot olajševalne okoliščine. Tudi če bi lahko obravnavani tožbeni razlog razlagali – kljub pomanjkanju izrecnega sklicevanja na šesto alineo oddelka 3 Smernic – tako, da se z njim želi doseči ugotovitev, da bi bila morala Komisija na podlagi navedene določbe tožeči stranki odobriti nadaljnje znižanje globe, pa je treba ugotoviti, da kršitve iz obravnavane zadeve sodijo v področje uporabe obvestila o ugodni obravnavi, katerega prvi pododstavek oddelka A(1) se sklicuje na tajne kartele za določanje cen, proizvodnih ali prodajnih kvot, delitev trgov ali prepoved uvoza ali izvoza. Zato tožeča stranka ne more utemeljeno očitati Komisiji, da ni upoštevala stopnje njenega sodelovanja kot olajševalne okoliščine zunaj pravnega okvira obvestila o ugodni obravnavi (glej v tem smislu zgoraj v točki 227 navedeno sodbo HFB in drugi proti Komisiji, točka 227, točki 609 in 610, po pritožbi še posebej glede tega potrjena z zgoraj v točki 48 navedeno sodbo Dansk Rørindustri in drugi proti Komisiji, točke od 380 do 382). Poleg tega pa takega pristopa Komisiji ne bi bilo mogoče očitati tudi, če bi priznali, da se lahko sodelovanje pri preiskavi horizontalnih kartelov za določanje cen in razdelitev prodaje nagradi po šesti alinei oddelka 3 Smernic. V takem primeru bi namreč znižanje po tej določbi nujno pomenilo, da zadevnega sodelovanja ni mogoče nagraditi po obvestilu o ugodni obravnavi in da je bilo dejansko, to je da je Komisiji olajšalo ugotavljanje in sankcioniranje kršitev pravil Skupnosti o konkurenci (zgoraj v točki 260 navedena sodba Archer Daniels Midland in Archer Daniels Midland Ingredients proti Komisiji, točka 300, in zgoraj v točki 95 navedena sodba Mannesmannröhren-Werke proti Komisiji, točka 308). Tožeča stranka pa se v obravnavani zadevi, prvič, sklicuje na okoliščine – to je poročila, pojasnila in dokaze, ki jih je predložila med postopkom –, zaradi katerih ji je bilo, kot je utemeljeno opozorila tožena stranka, odobreno največje znižanje, ki se ga lahko odobri po oddelku D obvestila o ugodni obravnavi (50 %), in drugič, na okoliščine – odpuščanje več vodilnih uslužbencev, vpletenih v kartele, in izvajanje dodatnih programov za spoštovanje zakonodaje o konkurenci in ozaveščanje o njej –, ki niso bile take, da bi Komisiji olajšale ugotavljanje in sankcioniranje zadevnih kršitev. Polega tega pa ni mogoče nobenega posebnega pomena pripisovati predlogu Komisiji o dajanju vodilnih uslužbencev na razpolago za pričanje, saj bi tožeča stranka informacije, ki bi jih njeni uslužbenci Komisiji v tem kontekstu lahko posredovali, morala ali vsaj lahko vključila v poročila, ki jih je Komisiji predložila med postopkom. V teh okoliščinah je treba obravnavani tožbeni razlog zavrniti. G – Osmi tožbeni razlog: kršitev poklicne tajnosti in načela učinkovitega upravljanja 1. Trditve strank Tožeča stranka navaja, da je Komisija s tem, ko je medijem pred sprejetjem Odločbe razkrila pomembne dele Odločbe glede skupne izrečene globe podjetju BASF, kršila dolžnost varovanja poslovne skrivnosti iz člena 287 ES in dolžnost učinkovitega upravljanja. V časniku Financial Times je bilo namreč 21. novembra 2001, to je pred sejo komisarjev, objavljeno zelo podrobno poročilo z navedbo rekordne globe, ki naj bi bila izrečena podjetju BASF. Ta članek naj bi bil prejšnji dan objavljen tudi na spletni strani časnika Financial Times. Med 20. in 21. novembrom 2001 naj bi bili objavljeni tudi drugi podobni članki. Tožeča stranka opozarja na to, da je Sodišče prve stopnje v sodbi z dne 6. julija 2000 v zadevi Volkswagen proti Komisiji (T-62/98, Recueil, str. II-2707, točka 281) razsodilo, da sodita značaj in višina predlagane sankcije v postopkih, v katerih se lahko izreče globa, v okvir poslovne skrivnosti, dokler sankcija ni dokončno potrjena in razglašena. Dodaja, da v smislu navedene sodbe to načelo izhaja zlasti iz potrebe po spoštovanju ugleda in dostojanstva zainteresirane osebe, dokler ni bila obsojena, ter ne ustreza samo dolžnosti spoštovanja poklicne tajnosti, ampak tudi dolžnosti učinkovitega upravljanja. Tožeča stranka opozarja na to, da lahko prezgodnje razkritje globe povzroči razglasitev ničnosti zadevne odločbe, če se dokaže, da bi bila lahko vsebina navedene odločbe drugačna, če ne bi bilo te nepravilnosti (zgoraj v točki 80 navedena sodba Suiker Unie in drugi proti Komisiji, točka 91, sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. julija 1994 v zadevi Dunlop Slazenger proti Komisiji, T-43/92, Recueil, str. II-441, točka 29, in zgoraj v točki 593 navedena sodba Volkswagen proti Komisiji, točka 283). Vendar pa naj bi bilo v obravnavani zadevi od tožeče stranke preveliko breme zahtevati, naj to dokaže, saj je ni bilo na seji komisarjev in ni imela dostopa do zapisnika ali dokumentov, ki povzemajo razpravo s te seje. Tožeča stranka tako navaja, da je primerneje, da se Komisijo zaveže k dokazovanju, da predčasna razkritja v medijih nikakor niso vplivala na postopek odločanja, sicer so sodni praksi Sodišča in Sodišča prve stopnje v zvezi s tem ter končno tudi člen 287 ES in dolžnost učinkovitega upravljanja, ki jo ima Komisija, brez učinka. Kakor koli, predčasno razkritje podrobnih informacij glede skupne globe, ki naj bi se izrekla podjetju BASF, naj bi bilo kršitev postopka, katere učinek je to, da Komisija ni mogla ustrezno in neodvisno oceniti zadeve. Zaradi tega razkritja je bilo po mnenju tožeče stranke komisarjem zelo težko sprejeti nižjo globo, saj bi bilo treba spremembo zneska globe obrazložiti in naj bi pomenila neprijetnost za njihovega kolega, komisarja za konkurenco. Tožena stranka, prvič, opozarja na to, da izvlečki člankov iz različnih časnikov, objavljeni v medmrežju, ki jih je tožeča stranka vložila v spis, nikakor ne kažejo na to, da so bili deli Odločbe v zvezi s tožečo stranko objavljeni predčasno. Ti izvlečki so po njenem mnenju navajali samo približen končni znesek skupne globe, izrečene obema vodilnima proizvajalcema Roche in BASF. Drugič, tožena stranka navaja, da mora tožeča stranka skladno s stališčem Sodišča prve stopnje v zgoraj v točki 592 navedeni sodbi Volkswagen proti Komisiji (točka 283) dokazati, da bi bila vsebina Odločbe drugačna, če tega razkritja informacij medijem ne bi bilo. Tožeča stranka pa naj ne bi dokazala, da je to, da so bile pred sprejetjem Odločbe objavljene približne ocene zneska glob, vplivalo na postopek odločanja Komisije v obravnavani zadevi. Tožeča stranka v repliki opozarja na to, da so si k tožbi priloženi članki iz tiska glede skupne globe, ki naj bi se ji izrekla, zelo podobni in skladni, njihov učinek pa je bil v objavi te globe pred sprejetjem Odločbe. Večina člankov naj bi navajala globo, visoko,,skoraj 300 milijonov eurov“, eden od člankov pa je celo navajal znesek 296 milijonov eurov. Tožena stranka v dupliki opozarja na to, da tožeča stranka v repliki prvič navaja, da naj bi bilo razkritje predvidene globe medijem kršitev člena 287 ES in ne, kot je bilo navedeno v tožbi, razkritje delov ali pomembnih odlomkov Odločbe. Tožena stranka meni, da je treba, kolikor je ta trditev nov tožbeni razlog, tega skladno s členom 48(2) Poslovnika razglasiti za nedopustnega. Vsebinsko pa tožena stranka navaja, da tožeča stranka še posebej ni dokazala, da so informacije o globi, ki so bile objavljene v tisku, kot trdi, prišle od Komisije, medtem ko to ni bilo sporno glede predčasno razkritih informacij v zadevi, v kateri je bila izdana zgoraj v točki 592 navedena sodba Volkswagen proti Komisiji. 2. Presoja Sodišča prve stopnje Najprej je treba ugovor nedopustnosti tožene stranke po členu 48(2) Poslovnika zoper trditev tožeče stranke, da naj bi bilo razkritje skupnega predvidenega zneska globe medijem kršitev člena 287 ES, zavrniti kot očitno neutemeljenega. V nasprotju s tem, kar trdi tožena stranka, tožeča stranka te trditve v repliki ni navedla prvič. Res je sicer, da je tožeča stranka v tožbi ponekod (točki 204 in 205) omenjala razkritje,,delov“ Odločbe v zvezi z globo, izrečeno podjetju BASF. Vendar pa je iz točk 204 do 208 tožbe jasno, da tožeča stranka z obravnavanim tožbenim razlogom ni zajela navajanja delov Odločbe niti skupnega zneska globe, ki naj bi se ji izrekla, (v zvezi s tem glej zlasti naslov obravnavanega tožbenega razloga pred točko 204 – ,,Komisijino razkritje globe, izrečene BASF, medijem“ –, podnaslov pred točko 205 – ,,Mediji so poznali podrobnosti glede globe, izrečene tožeči stranki [...]“ – in prvi stavek točke 207 – ,,Razkritje podrobnosti glede ‘rekordne’ globe, ki naj bi se izrekla podjetju BASF [...]“). Prav tako je z vidika vsebine jasno, da ugotovitev tožene stranke, po kateri izvlečki iz tiska, ki jih je predložila tožeča stranka, ne kažejo na predčasno objavo odlomkov iz Odločbe v zvezi s tožečo stranko, ampak samo na objavo približnih ocen končnega zneska glob, ki naj bi se izrekle tožeči stranki, nima posledic. Glede na to, da tožena stranka v resnici ne izpodbija predčasnega razkritja predvidenega izreka globe za podjetje BASF in precej natančnega zneska predvidenega skupnega zneska globe, je treba preučiti, kakšne posledice ima to. Spomniti je treba na to, da se poklicna tajnost nanaša na značaj in višino predlagane sankcije v kontradiktornih postopkih, ki lahko vodijo v obsodbo, dokler sankcija ni dokončno potrdjena in razglašena. To načelo izhaja še posebej iz potrebe po spoštovanju ugleda in dostojanstva zainteresiranih oseb, dokler niso obsojene. Poleg tega naloga Komisije, da medijem ne razkrije informacij o konkretni predvideni sankciji, ne ustreza samo njeni dolžnosti spoštovanja poklicne tajnosti, ampak tudi njeni dolžnosti po učinkovitem upravljanju (zgoraj v točki 592 navedena sodba Volkswagen proti Komisiji, točka 281, po pritožbi potrjena z zgoraj v točki 394 navedeno sodbo Volkswagen proti Komisiji). V obravnavani zadevi ni dokazano, da so službe Komisije odgovorne za odtok informacij, o katerem pričajo članki v tisku, na katere se sklicuje tožeča stranka. Takega vira odtoka informacij pa tudi ni mogoče domnevati. Kakor koli, tudi če bi bile službe Komisije odgovorne za ta odtok, lahko ta nepravilnost skladno z ustaljeno sodno prakso povzroči razglasitev ničnosti zadevne odločbe samo, če se dokaže, da navedena odločba ne bi bila sprejeta ali da bi imela drugačno vsebino, če te nepravilnosti ne bi bilo (glej zgoraj v točki 80 navedeno sodbo Suiker Unie in drugi proti Komisiji, točka 91; zgoraj v točki 594 navedeno sodbo Dunlop Slazenger proti Komisiji, točka 29; zgoraj v točki 188 navedeno sodbo Cascades proti Komisiji, točka 58; zgoraj v točki 592 navedeno sodbo Volkswagen proti Komisiji, točka 283, in zgoraj v točki 227 navedeno sodbo HFB in drugi proti Komisiji, točka 370). Skladno z navedeno sodno prakso mora tožeča stranka predložiti vsaj indice v podporo takemu predlogu. V nasprotju s trditvami tožeče stranke učinek merila, po katerem lahko nepravilnost, ki izhaja iz predčasnega razkritja določenega elementa odločbe, povzroči razglasitev ničnosti te samo, če se dokaže, da bi bila vsebina navedene odločbe drugačna, če te nepravilnosti ne bi bilo, ni v tem, da take nepravilnosti praktično niso bile kaznovane. Kljub možnosti razglasitve ničnosti zadevne odločbe bi imela zainteresirana oseba, če bi se storjena nepravilnost izrazila v njeni vsebini, podlago za uveljavljanje odgovornosti zadevne institucije zaradi škode, ki naj bi ji bila povzročena zaradi take nepravilnosti (zgoraj v točki 394 navedena sodba Volkswagen proti Komisiji, točka 165). V obravnavani zadevi tožeča stranka z elementi, ki jih navaja v pisanjih, ni zadostila dokaznemu bremenu, ki ga ima. Navaja, da je bil učinek predčasnega razkritja podrobnih informacij glede skupne globe, ki naj bi se ji izrekla, v tem, da Komisija ni mogla ustrezno in neodvisno oceniti zadeve. Zaradi tega razkritja naj bi bilo po mnenju tožeče stranke namreč komisarjem zelo težko sprejeti nižjo globo, saj naj bi bilo treba spremembo zneska globe obrazložiti in naj bi pomenila neprijetnost za njihovega kolega, komisarja za konkurenco. Jasno je, prvič, da komisarjev nič ni zavezovalo k temu, da obrazložijo odločitev za nižji znesek globe od tistega, objavljenega v tisku. Drugič, ker morajo biti odločbe Komisije skladne z načelom kolegialnosti, na katero se utemeljeno sklicuje tožena stranka, ni mogoče domnevati, da je svoboda komisarjev pri odločanju odvisna od neprimernega občutka solidarnosti do kolega, ki je zadolžen za konkurenco. Zato glede na to, da nič ne kaže na to, da bi komisarji spremenili predlagani znesek globe ali vsebino odločbe, če predvideni skupni znesek globe, ki naj bi se izrekel tožeči stranki, ne bi bil razkrit, obravnavanemu tožbenemu razlogu ne gre slediti. H – Sklep glede zneska glob, izrečenih tožeči stranki Po preučitvi tožbenih razlogov, ki jih uveljavlja tožeča stranka, in po izvršitvi pooblastila za odločanje v okviru polne jurisdikcije, do katere je ponekod vodila ta presoja, je treba: –        potrditi znesek glob, izrečenih tožeči stranki v členu 3(b) Odločbe za kršitve v zvezi z vitamini A, E, B2 in B5; spremeniti znesek glob, ki so ji bile izrečene za kršitve v zvezi z vitaminoma C in D3, in sicer z razveljavitvijo 35-odstotnega zvišanja osnovnega zneska zaradi obteževalnih okoliščin; –        spremeniti znesek glob, ki so ji bile izrečene za kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi, in sicer z razveljavitvijo 35-odstotnega zvišanja osnovnega zneska zaradi obteževalnih okoliščin ter z od 50- do 75‑odstotnim večjim znižanjem globe na podlagi obvestila o ugodni obravnavi; Zaradi te spremembe se znesek glob, izrečenih tožeči stranki v členu 3(b) Odločbe za kršitve v zvezi z vitaminoma C in D3, betakarotenom in s karotenidi zniža, kot sledi: –        kršitev v zvezi z vitaminom C: 10, 875 milijonov eurov; –        kršitev v zvezi z vitaminom D3: 5,6 milijona eurov; –        kršitev v zvezi z betakarotenom: 16 milijonov eurov; –        kršitev v zvezi s karotenidi: 15,5 milijonov eurov. Zaupnost nekaterih podatkov iz Odločbe Ugotoviti je treba, da so v preglednicah iz uvodne navedbe 123 objavljene različice Odločbe nekateri podatki v zvezi s svetovnim prometom z zadevnim proizvodom v zadnjem koledarskem letu kršitve in o tržnih deležih v obdobju kršitve zaradi varstva poklicne tajnosti izpuščeni ali nadomeščeni okvirnimi vrednostmi. Natančneje, gre za podatke v zvezi s trgom vitaminov A, E, B5, betakarotena in karotenidov. Niti tožeča stranka niti Komisija v začetku nista predlagali Sodišču prve stopnje, naj tem podatkom zagotovi zaupnost. Glede na to, da člen 17(4) Navodil sodnemu tajniku Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti, sprejetih 3. marca 1994 (UL 1994, L 78, str. 32), nazadnje spremenjenih 5. junija 2002 (UL 2002, L 160, str. 1), določa da ,,se na predlog ene od strank ali po uradni dolžnosti [...] nekaterih podatkov ne objavi v objavah v zvezi z zadevo, če obstaja legitimen interes za to, da [...] se tem podatkom zagotovi zaupnost“, je Sodišče prve stopnje v okviru ukrepov procesnega vodstva pozvalo stranki, naj se izjavita o tem, ali po njunem mnenju še obstaja legitimni interes za to, da se pri objavah v zvezi z obravnavano zadevo ohrani zaupnost podatkov iz zgoraj navedene točke 614. Tožeča stranka je odgovorila, da podatkom v zvezi z njo zaradi njihove starosti v objavah Sodišča prve stopnje v zvezi z obravnavano zadevo ni treba več zagotavljati zaupnosti. Tožena stranka pa je ob tem, da se je strinjala s tem, da se lahko objavijo podatki v zvezi s tožečo stranko, če se ta s tem strinja, pojasnila, da pa se nasprotno podatki v zvezi z drugimi podjetji ne morejo razkriti, saj so poslovne skrivnosti, navedena podjetja pa so zahtevala njihovo zaupnost pri objavi Odločbe. Ker se zadevni podatki nanašajo na obdobja (do 1998), ki so že vsaj šest let nazaj, in ker poleg tega niso strateški, Sodišče prve stopnje meni, da so zato zdaj pridobili zgodovinski značaj (glej v tem smislu sklep Sodišča prve stopnje z dne 19. junija 1996 v zadevi NMH Stahlwerke in drugi proti Komisiji, T-134/94, od T-136/94 do T 138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 in T-157/94, Recueil, str. II-537, točki 25 in 32), in razsoja, da jim pri objavah v zvezi z obravnavano zadevo ni treba zagotavljati zaupnosti. Tako se lahko nekatere podatke v zvezi s trgi vitaminov A, E, B5, betakarotenom in karotenidov, vključno s podatki o drugih podjetjih poleg tožeče stranke, objavijo v tej sodbi ali se lahko o njih posredno sklepa in se tako pripomore k boljšemu razumevanju razlogovanja Sodišča prve stopnje v zvezi s tretjim tožbenim razlogom obravnavane tožbe. Stroški V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. V skladu s prvim pododstavkom člena 87(3) istega Poslovnika lahko Sodišče prve stopnje stroške razdeli, če stranke niso uspele z enim predlogom ali več teh. Glede na to, da tožeča stranka v obravnavani zadevi ni uspela z veliko predlogi, je treba po pravični presoji okoliščin zadeve odločiti, da plača štiri petine svojih stroškov in štiri petine stroškov Komisije in da le-ta plača petino svojih stroškov in petino stroškov tožeče stranke. Iz teh razlogov je SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat) razsodilo: 1) 1. Znesek glob, izrečenih tožeči stranki za kršitve v zvezi z vitaminoma C in D3, betakarotenom in s karotenidi v členu 3(b) Odločbe Komisije 2003/2/ES z dne 21. novembra 2001 o postopku na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (Zadeva COMP/E-1/37.512 – Vitamini) se določi, kot sledi: –        kršitev v zvezi z vitaminom C: 10,875 milijonov eurov; –        kršitev v zvezi z vitaminom D3: 5,6 milijonov eurov; –        kršitev v zvezi z betakarotenom: 16 milijonov eurov; –        kršitev v zvezi s karotenidi: 15,5 milijonov eurov. 2) 2. V ostalem delu se tožba zavrne. 3) 3. Tožeča stranka plača štiri petine svojih stroškov in štiri petine stroškov Komisije, le-ta pa plača petino svojih stroškov in petino stroškov tožeče stranke. Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 15. marca 2006. Sodni tajnik Predsednik H. Jung H. Legal Stvarno kazalo Dejansko stanje Postopek in predlogi strank Predlog za razglasitev ničnosti celotne globe ali njeno znižanje A –  Prvi in drugi tožbeni razlog: kršitev pravice do obrambe 1.  Trditve strank a)  Prvi tožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve pravice do obrambe zaradi pomanjkanja predhodnega obvestila o presoji Komisije, da obstaja več različnih kartelov b)  Drugi tožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve pravice do obrambe zaradi nezadostne obrazložitve dejavnikov, ki jih je Komisija nameravala upoštevati pri izračunu glob, v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah 2.  Presoja Sodišča prve stopnje B –  Tretji tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti in enakega obravnavanja pri določanju izhodiščnega zneska nekaterih glob, izrečenih tožeči stranki 1.  Trditve strank 2.  Presoja Sodišča prve stopnje a)  Uvodne ugotovitve b)  Prilagoditev splošnih izhodiščnih zneskov glede na velikost prizadetega trga c)  Konkretni izhodiščni zneski, izrečeni tožeči stranki Vitamin E Vitamina B5 in C Betakaroten in karotenidi C –  Četrti tožbeni razlog, ki zadeva zvišanje izhodiščnih zneskov glob, izrečenih tožeči stranki, in sicer zaradi odvračilnosti 1.  Trditve strank a)  Prvi del: stoodstotno zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“ ni dovolj obrazloženo b)  Drugi del: v primeru tožeče stranke ni bilo potrebno nikakršno zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“ c)  Tretji del: stoodstotno zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“ je v nasprotju s Smernicami in z zaupanjem v pravo, ki iz njih izhaja d)  Četrti del: stoodstotno zvišanje ,,zaradi odvračilnosti“ je pretirano in ni sorazmerno e)  Peti del: odvračilni učinek bi moral biti presojan glede na celotno globo in ne glede na izhodiščni znesek globe 2.  Presoja Sodišča prve stopnje a)  Spoštovanje dolžnosti obrazložitve (prvi del) b)  Utemeljenost stoodstotnega zvišanja zaradi odvračilnosti (drugi do peti del) Drugi in peti del –  Upoštevanje odvračilnosti pri določitvi zneska globe –  Upoštevnost upoštevanja velikosti in vseh sredstev podjetij za zagotovitev odvračilnega učinka glob –  Faza izračuna globe, v kateri bi bilo treba upoštevati velikost in vsa sredstva podjetij zaradi odvračilnosti –  Potreba po zvišanju globe zaradi odvračilnosti v primeru tožeče stranke zaradi njene velikosti in vseh sredstev Tretji in četrti del Sklep o zvišanju glob iz uvodne navedbe 699 Odločbe Okoliščine, ki domnevno kažejo na majhno verjetnost vrnitve tožeče stranke –  Ukrepi, ki jih je tožeča stranka sprejela za preprečitev vrnitve –  Sodelovanje s Komisijo med preiskavo –  Obsodbe v tretjih državah –  Sklep glede okoliščin, na katere se sklicuje tožeča stranka c)  Sklep glede četrtega tožbenega razloga in glede izhodiščnih zneskov, izrečenih tožeči stranki D –  Peti tožbeni razlog: napake v presoji pri pripisovanju vloge vodje in pobudnika glede kršitev v zvezi z vitamini A, E, B5, C in D3, betakarotenom in s karotenidi tožeči stranki 1.  Uvodna splošna vprašanja a)  Trditve strank b)  Presoja Sodišča prve stopnje Uvodne ugotovitve Neskladje med obvestilom o ugotovitvah o možnih kršitvah in Odločbo glede vloge vodje kartelov Neizpodbijanje vloge vodje s strani tožeče stranke v upravnem postopku Splošne ugotovitve iz uvodnih navedb od 713 do 717 Odločbe Dejanske okoliščine, na katere se sklicuje tožena stranka kot na dokaz za vlogo tožeče stranke kot vodje in/ali pobudnika pri vsaki od kršitev 2.  Presoja vloge tožeče stranke pri različnih kršitvah a)  Kršitve v zvezi z vitaminoma A in E Trditve strank Presoja Sodišča prve stopnje –  Vloga pobudnika –  Vloga vodje –  Sklep glede uporabe obteževalne okoliščine za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E b)  Kršitev v zvezi z vitaminom B5 Trditve strank Presoja Sodišča prve stopnje c)  Kršitev v zvezi z vitaminom C Trditve strank Presoja Sodišča prve stopnje d)  Kršitev v zvezi z vitaminom D3 Trditve strank Presoja Sodišča prve stopnje –  Vloga pobudnika –  Vloga vodje e)  Kršitve v zvezi z betakarotenom in s karotenidi Trditve strank Presoja Sodišča prve stopnje 3.  Sklep glede zvišanja osnovnega zneska glob, izrečenih tožeči stranki zaradi obteževalnih okoliščin E –  Šesti tožbeni razlog: kršitev oddelka B obvestila o ugodni obravnavi in zaupanja v pravo, ki je pri tožeči stranki nastalo na podlagi navedenega obvestila 1.  Trditve strank 2.  Presoja Sodišča prve stopnje a)  Ali je tožeča stranka izpolnila pogoj iz oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi za kršitve v zvezi z vitaminoma A in E Pojem ,,odločilni dokazi“ v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi Ali se lahko odločilne dokaze v smislu oddelka B(b) obvestila o ugodni obravnavi predloži ustno Ali je tožeča stranka na sestanku s službami Komisije 17. maja 1999 predložila odločilne dokaze za obstoj kartelov v zvezi z vitaminoma A in E Ali je Komisija neupravičeno zavlačevala pri pridobivanju informacij od tožeče stranke Sklep b)  Ali je tožeča stranka izpolnila pogoj iz oddelka B(e) obvestila o ugodni obravnavi glede osmih kršitev, zaradi katerih ji je bila izrečena globa c)  Ali je tožeča stranka izpolnila pogoje iz oddelka B(a) do (d) obvestila o ugodni obravnavi glede kršitev v zvezi z vitaminoma C, D3, betakarotenom in s karotenidi Pogoji pod (a), (c) in (d) Pogoj pod (b) –  Kršitev v zvezi z vitaminom D3 –  Kršitve v zvezi z vitaminom C, betakarotenom in s karotenidi d)  Uporaba oddelka B obvestila o ugodni obravnavi v zvezi s tožečo stranko glede kršitev v zvezi z betakarotenom in s karotenidi e)  Sklep glede šestega tožbenega razloga F –  Sedmi tožbeni razlog, ki kljub obvestilu o ugodni obravnavi izhaja iz nezadostnosti znižanja zneska glob, odobrenega tožeči stranki zaradi sodelovanja 1.  Trditve strank 2.  Presoja Sodišča prve stopnje G –  Osmi tožbeni razlog: kršitev poklicne tajnosti in načela učinkovitega upravljanja 1.  Trditve strank 2.  Presoja Sodišča prve stopnje H –  Sklep glede zneska glob, izrečenih tožeči stranki Zaupnost nekaterih podatkov iz Odločbe Stroški * Jezik postopka: angleščina.

62008TJ0505

fr

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2008, telle que rectifiée le 5 février 2009 (affaire R 1733/2007‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Hunter comme marque communautaire. Données relatives à l'affaire Demandeur de la marque communautaire : Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development Marque communautaire concernée : Marque verbale Hunter pour des produits des classes 18 et 25 – demande n° 4829347 Décision de l’examinateur : Refus de l’enregistrement Décision de la chambre de recours : Rejet du recours Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development est condamnée aux dépens.

62004CJ0213

it

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 56 CE. 2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso presentato dal sig. Burtscher, proprietario di una abitazione e di un terreno situati nel comune di Sonntag, al fine di ottenere lo sfratto del sig. Stauderer, titolare di un contratto di locazione di lunga durata relativo a questi beni immobili e che rivendica un diritto all’acquisto di questi ultimi. Contesto normativo La normativa comunitaria 3       L’art. 56, n. 1, CE recita: «Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi». Normativa austriaca 4       La legge di revisione della Costituzione federale (Bundes-Verfassungsgesetznovelle, BGBl 276/1992) 5 giugno 1992 ha autorizzato i Länder a introdurre controlli amministrativi sulle operazioni immobiliari relative a terreni edificabili. 5       Ai sensi dell’art. VII della legge del 1974 recante modifica della Costituzione federale (Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974, BGBl 444/1974), i Länder sono parimenti legittimati ad assoggettare a restrizioni amministrative le operazioni immobiliari nell’interesse generale della conservazione, consolidazione o creazione di un sufficiente livello di vita della popolazione agricola. 6       Per quanto riguarda il Land del Vorarlberg, la legge 23 settembre 1993 sulle operazioni immobiliari (Vorarlberger Grundverkehrsgesetz; LGBl 61/1993), come modificata (LGBl 29/2000; in prosieguo: il «VGVG»), stabilisce all’art. 7, intitolato «Acquisto non soggetto ad autorizzazione, dichiarazione»: «1.      Gli acquisti di terreni edificati, in conformità dell’art. 6, n. 1, non sono soggetti ad autorizzazione dell’autorità competente in materia di negozi fondiari se l’acquirente fornisce alla commissione del Land incaricata dei negozi fondiari o al comune sul cui territorio il terreno è situato una dichiarazione scritta in conformità dei numeri 2‑4. 2.       L’acquirente dichiara che a)      il terreno è edificato, b)       è cittadino austriaco o – nel caso in cui non si tratti di una persona fisica – che non è considerato come straniero ai sensi all’art. 2, n. 4, punti b)‑d), o che soddisfa una delle condizioni di cui all’art. 3, nn. 1 e 2, e che c)       l’acquisto è o meno inteso a stabilire una dimora di villeggiatura. 3.       Nella sua dichiarazione, l’acquirente fornisce informazioni che dimostrano la propria identità e la propria cittadinanza o da cui risulti che non è considerato straniero ai sensi dell’art. 2, n. 4, punti b)‑d), o che vi è equiparato in conformità dell’art. 3. Sono presentate attestazioni nei limiti del possibile. […]». 7       L’art. 17 del VGVG è così formulato: «1.       La richiesta di autorizzazione dell’autorità competente in materia di operazioni immobiliari è fatta per iscritto. La richiesta comprende le indicazioni e i documenti necessari per la decisione, in particolare quelli che riguardano la finalità dell’acquisto del diritto, nonché una copia certificata conforme ai documenti attestante il diritto dell’acquirente. 2.       La richiesta può essere depositata anche prima della stipulazione del contratto che costituisce la base dell’acquisto soggetto ad autorizzazione. Essa contiene, all’occorrenza, i punti essenziali del negozio di cui trattasi e porta la firma di tutte le parti. Se il contratto costituisce il fondamento del diritto, la richiesta di autorizzazione è proposta o la dichiarazione fornita nei tre mesi che seguono la stipulazione del contratto. […]». 8       L’art. 29 del VGVG prevede quanto segue: «1.       Fintantoché l’autorizzazione o la dichiarazione richiesta per legge non è stata accordata o fornita, il negozio in esame non può essere eseguito; in particolare, il diritto non può essere iscritto nel registro fondiario. Il detto negozio vincola nondimeno le parti. 2.       Se l’autorizzazione viene rifiutata o se, due anni dopo la scadenza del termine di cui all’art. 17, n. 2, ultima frase, l’autorizzazione non è stata sollecitata o la dichiarazione di cui all’art. 7 non è stata fornita, il negozio è retroativamente nullo». 9       Ai sensi dell’art. 32 del VGVG: «1.       Se un negozio relativo ad un rifiuto di autorizzazione è nullo a causa del rifiuto dell’autorizzazione o della scadenza del termine stabilito dall’art. 29, n. 2, il venditore può rifiutare la restituzione all’acquirente se egli non sapeva o se non era tenuto a sapere che l’atto era soggetto ad autorizzazione o a dichiarazione ai sensi dell’art. 7 o che non sussistevano i presupposti relativi all’autorizzazione o all’emissione della dichiarazione. 2.       Se il negozio viene annullato, il venditore può esigere l’estinzione dei diritti registrati che non sono stati acquisiti considerando di buona fede l’effetto del diritto da estinguersi a norma dell’art. 31, n. 5, in particolare dopo una notifica ai sensi dell’art. 31, n. 2. […]» La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale 10     Il sig. Burtscher possiede un terreno edificato nel comune di Sonntag, che sua madre gli ha ceduto nel 1995. 11     Il sig. Stauderer, di cittadinanza tedesca, aveva convenuto nel 1974 con i genitori del sig. Burtscher, allora proprietari di tale terreno, di acquistarlo al prezzo di scellini austriaci (ATS) 250 000. Il sig. Stauderer ha avviato a partire da tale data importanti lavori di ripristino del bene. Egli utilizza da allora tale proprietà come dimora di villeggiatura. 12     Nel 1975, i genitori del sig. Burtscher e il sig. Stauderer hanno stipulato due accordi simultaneamente. Da un lato, è stato firmato un «contratto di locazione», per una durata di 99 anni, senza possibilità di recesso. Tale contratto, che stabiliva che i diritti e gli obblighi che esso comportava sarebbero stati trasmessi agli aventi diritto delle parti, prevedeva il versamento di un canone di locazione mensile di ATS 291 nonché di un acconto sulla locazione di ATS 350 000. Con lo stesso accordo, l’acquirente si impegnava ad assumersi tutti gli oneri, ivi compresi quelli fiscali, collegati all’utilizzo del bene. Dall’altro, è stato stipulato un accordo, ai sensi del quale, se il locatario otteneva la possibilità di acquistare tale bene, cosa che la legislazione allora in vigore gli impediva, i locatari si obbligavano a cedergli quest’ultimo al prezzo di ATS 350 000. 13     Al momento della cessione del detto bene nel 1995 al sig. Burtscher, quest’ultimo ha dichiarato di far propri tutti i diritti e obblighi derivanti dal contratto di locazione concluso tra i suoi genitori e il sig. Stauderer. 14     Con decisione 12 luglio 1994, il comune di Sonntag ha vietato al sig. Stauderer di utilizzare il bene in oggetto come dimora di villeggiatura. Basandosi sulle norme della legge che modifica la legge sulla pianificazione del territorio del Land di Vorarlberg (Vorarlberger Raumplanungsgesetznovelle, LGBl 27/1993), esso ha considerato che il contratto di locazione menzionato produceva gli stessi effetti di un contratto di vendita e che era stato concluso per aggirare le norme legislative attinenti all’acquisto di proprietà fondiarie per gli stranieri. 15     Il sig. Stauderer ha presentato un reclamo amministrativo contro tale decisione, che è stato respinto dalla Bezirkshauptmannschaft (autorità amministrativa cantonale). Il ricorso presentato dall’interessato dinanzi al Verwaltungsgerichtshof è stato parimenti respinto. 16     L’11 settembre 2000, il sig. Burtscher ha chiesto al Bezirksgericht Bludenz (tribunale cantonale di Bludenz) di ordinare lo sfratto del sig. Stauderer dal terreno di cui trattasi, affermando che gli accordi stipulati nel 1975 erano atti fraudolenti, viziati da nullità ab initio. Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda, facendo valere i diritti derivati da detti accordi. 17     Tale domanda di convalida dello sfratto è stata respinta dal Bezirksgericht, ma, adito in appello dall’attore, il Landesgericht Feldkirch ha annullato la sentenza di primo grado e rinviato la causa dinanzi al Bezirksgericht. L’Oberster Gerichtshof ha respinto il ricorso presentato contro la decisione del detto Landesgericht. 18     Tanto il Landesgericht quanto l’Oberster Gerichtshof hanno considerato che gli atti aventi ad oggetto l’elusione della legge dovevano essere assoggettati alle norme applicabili all’atto realmente interessato e i loro effetti sospesi finché le dette norme non fossero rispettate. Orbene, le nuove disposizioni che riguardano l’acquisto di terreni edificati, adottati a seguito della firma dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), non esigono più dagli acquirenti che essi ottengano un’autorizzazione preliminare dall’autorità competente in materia di operazioni immobiliari. Dopo l’entrata in vigore del VGVG nella versione pubblicata nel LGBl 61/1993, gli acquirenti devono soltanto presentare, entro un termine di due anni, una dichiarazione alla detta autorità, conformemente all’art. 7, n. 2, del VGVG, salvo nullità retroattiva del negozio. 19     Poiché il sig. Stauderer non ha fornito tale dichiarazione entro un termine di due anni, da calcolare, al più tardi, a partire dall’entrata in vigore del VGVG, nella versione pubblicata nel LGB1 29/2000, il Landesgericht e l’Oberster Gerichtshof ne hanno dedotto, nel caso di specie, che gli accordi del 1975 dovevano essere considerati nulli e che, pertanto, il sig. Stauderer doveva lasciare i luoghi. 20     Nell’ambito di un secondo procedimento, il Bezirksgericht ha stabilito in EUR 38 280,57 l’importo delle addizioni effettuate dal sig. Stauderer per tale terreno e ordinato a quest’ultimo di evacuare la proprietà come contropartita del versamento di tale somma. Il Landesgericht ha confermato tale giudizio e ha dichiarato che nei confronti della propria sentenza non era possibile proporre ricorso ordinario per cassazione. Esso ha rilevato che tale secondo procedimento si limitava all’importo da restituire a titolo di ripetizione dell’indebito, il quale non sollevava ulteriori questioni rilevanti. 21     Il sig. Stauderer ha proposto un ricorso straordinario per cassazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof. Egli ha sostenuto che l’analisi sviluppata da tale giudice nella sua prima sentenza non aveva natura vincolante, tenuto conto della giurisprudenza recente della Corte. Questa avrebbe dichiarato e statuito, nella sentenza 15 maggio 2003, causa C‑300/01, Salzmann (Racc. pag. I-4899), che il regime di autorizzazione preliminare istituito dal VGVG era contrario alla libertà di circolazione dei capitali garantita dall’art. 56, n. 1, CE. La stessa conclusione si imporrebbe riguardo alla sanzione di nullità del negozio cui si accompagna il regime di dichiarazione preliminare previsto dall’art. 7, n. 2, del VGVG. 22     L’Oberster Gerichtshof precisa che la legge che modifica il VGVG e pubblicata nel BGBl 29/2000 ha permesso, per quanto riguarda le dimore di villeggiatura, l’acquisto dei terreni edificati attraverso dichiarazione. Esso considera che tale procedimento, a differenza del regime di autorizzazione preliminare, ha per oggetto di informare le autorità competenti dell’acquisto fondiario. Esso osserva tuttavia che il sig. Stauderer ha fornito la dichiarazione richiesta soltanto nel gennaio 2003, dopo la scadenza del termine di due anni che gli era stato impartito, e che la sanzione di nullità del negozio si applica ugualmente in caso di dichiarazione semplicemente tardiva. Nessun elemento permetterebbe infatti di pensare che il legislatore austriaco abbia inteso limitare la sanzione di nullità alle ipotesi di rifiuto di autorizzazione o di mancanza di ogni iniziativa presso le autorità competenti. 23     Il giudice del rinvio precisa che, nell’ambito del primo procedimento, esso ha affermato, alla luce della sentenza 1 o giugno 1999, causa C‑302/97, Konle, (Racc. pag. I‑3099), che una normativa come quella del VGVG, che prevede un regime di dichiarazione accompagnato a possibilità di sanzione che possono arrivare fino al divieto del negozio, non era contraria alla libera circolazione dei capitali, in quanto le condizioni di un divieto erano sufficientemente determinate da tale legge per escludere ogni rischio di discriminazione nei riguardi di un acquirente straniero. 24     Tuttavia, il detto giudice considera che la sentenza Salzmann, citata, pronunciata nel frattempo dalla Corte e che esso deve tenere in considerazione, potrebbe mettere in discussione tale analisi. Egli esprime in particolare dubbi sul carattere proporzionale delle norme dell’art. 29, n. 2, del VGVG, che sanzionano la violazione di una norma formale con la perdita di un diritto. 25     In tale contesto l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’art. 56 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale [il VGVG] secondo la quale, in caso di acquisto di un bene fondiario con un atto giuridico che non richiede l’autorizzazione dell’autorità competente in materia di operazioni immobiliari, comporta la nullità retroattiva del negozio giuridico il fatto di fornire oltre il termine impartito la dichiarazione dell’acquirente secondo cui il terreno è edificato, l’acquisto non ha avuto luogo al fine di stabilirvi una dimora per le ferie ed egli è cittadino austriaco o a questo dev’essere equiparato» Sulla ricevibilità Argomenti del convenuto nella causa principale 26     Il sig. Stauderer sostiene che la questione pregiudiziale è irricevibile sotto più profili. 27     Innanzitutto, i giudici austriaci non sarebbero competenti per statuire sulla controversia nella causa principale, dato che non è applicabile al caso di specie l’art. 16 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). 28     Inoltre, la detta questione sarebbe priva di rilevanza. Il regime di dichiarazione di acquisto previsto all’art. 7, n. 2, del VGVG, esteso nel 2000 alle dimore di villeggiatura, non sarebbe applicabile agli acquirenti stranieri. L’art. 3, n. 2, del VGVG disporrebbe infatti che «quando l’acquisto ha luogo al fine di stabilire una dimora di villeggiatura, non risulta dalla libera circolazione dei capitali alcuna eccezione alle regole che riguardano i negozi fondiari con gli stranieri». Il sig. Stauderer non avrebbe dunque potuto, comunque, beneficiare della procedura di dichiarazione e fornire la dichiarazione richiesta. 29     Infine, dopo il 1 o giugno 2004, tale procedura sarebbe stata abrogata. Poiché il giudice del rinvio dovrà decidere sulla base del diritto in vigore alla data in cui emanerà la propria sentenza nella controversia nella causa principale, la questione pregiudiziale sarebbe priva di oggetto. Giudizio della Corte 30     Per quanto riguarda l’asserita incompetenza del giudice a quo, occorre ricordare che non spetta alla Corte verificare se l’ordinanza di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura (v. sentenze 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina, Racc. pag. 33, punti 7 e 8; 20 ottobre 1993, causa C‑10/92, Balocchi, Racc. pag. I-5105, punti 16 e 17, e 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 24). 31     La Corte non è competente neanche ad esaminare se il giudice del rinvio sia stato adito della controversia nella causa principale nel rispetto delle norme di competenza giurisdizionale enunciate dalla Convenzione di Bruxelles, a meno che le condizioni di applicazione delle dette norme costituiscano l’oggetto stesso del rinvio pregiudiziale (v. in tal senso sentenza 5 giugno 1997, causa C‑105/94, Celestini, Racc. pag. I-2971, punto 20). 32     La Corte deve attenersi al provvedimento di rinvio emesso da un giudice di uno Stato membro, fintantoché questo provvedimento non sia stato revocato a seguito dell’esperimento di rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale (citate sentenze Reina, punto 7, Balocchi, punto 17, e SFEI e a., punto 24). 33     Per quanto riguarda gli altri motivi di irricevibilità fatti valere dal sig. Stauderer, attinenti alla normativa nazionale, va ricordato, da una parte, che ai sensi dell’art. 234 CE, la Corte è competente a pronunciarsi, a titolo pregiudiziale, su questioni di diritto comunitario che le sono sottoposte da un giudice di uno degli Stati membri. Tale procedimento non è diretto all’interpretazione di norme legislative o regolamentari nazionali. Eventuali inesattezze contenute nella descrizione delle disposizioni nazionali litigiose operata, nella sentenza di rinvio, dal giudice nazionale non possono avere la conseguenza di privare la Corte della competenza a risolvere la questione pregiudiziale proposta da detto giudice (v., in particolare, sentenza 30 aprile 1986, cause riunite da 209/84 a 213/84, Asjes e a., Racc. pag. 1425, punto 12). 34     D’altra parte, come la Corte afferma costantemente, in linea di principio spetta unicamente ai giudici nazionali valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale sia la sua rilevanza (v., in tal senso, in particolare, sentenze 5 marzo 2002, cause riunite C‑515/99, da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99, Reisch e a., Racc. pag. I-2157, punto 25, e Salzmann, cit., punto 30). 35     Ne discende che le questioni proposte dal giudice nazionale, nel contesto che esso definisce sotto la propria responsabilità sia in diritto sia in fatto e della cui esattezza non spetta alla Corte giudicare, godono di una presunzione di rilevanza (v. sentenze 7 settembre 1999, causa C‑355/97, Beck e Bergdorf, Racc. pag. I‑4977, punti 22-24, e Salzmann, cit., punto 31). 36     Orbene, nel presente caso, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto comunitario sia priva di rilevanza per il giudice del rinvio. 37     Dalle considerazioni precedenti risulta che la questione pregiudiziale è ricevibile. 38     Pertanto, si deve esaminare se l’art. 56, n. 1, CE osti all’applicazione di una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, ai sensi della quale il deposito tardivo della richiesta dichiarazione di acquisto determina richiesta determina la nullità retroattiva del negozio. Sul merito 39     Come la Corte ha già stabilito, una normativa, come il VGVG di cui alla causa principale, che ha per oggetto di vietare o di sottoporre a condizioni specifiche l’acquisto della proprietà fondiaria al fine di stabilirvi dimore secondarie, è soggetta alle disposizioni del Trattato CE riguardanti la libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, citate sentenze Konle, punto 22, Reisch e a., punto 28, e Salzmann, punto 39). 40     Si deve dunque esaminare la portata della misura nazionale in esame nella causa principale rispetto alle norme dell’art. 56, n. 1, CE, come chiesto alla Corte dal giudice del rinvio. 41     Secondo le spiegazioni fornite dal governo austriaco, nel regime di acquisto della proprietà fondiaria stabilito dal VGVG, l’effettività dei negozi è subordinata al deposito della dichiarazione prevista all’art. 7, n. 2, del detto VGVG. La natura automatica della sanzione di nullità retroattiva del negozio intende limitare nel tempo l’effetto giuridico della dichiarazione presso l’autorità competente a quello di una «condizione sospensiva» che colpisce il negozio in esame. 42     Emerge da tali spiegazioni che la detta dichiarazione, anche se non condiziona l’attuazione materiale del negozio, costituisce nondimeno una formalità obbligatoria preliminare alla trascrizione giuridica dell’atto di vendita nel libro fondiario, sola in grado di garantire l’effettività di tale atto nei confronti dell’autorità pubblica e dei terzi. Inoltre, ai sensi dell’art. 12, n. 1, prima frase, del VGVG, tale dichiarazione si accompagna all’obbligo di non sfruttare il terreno ad altri fini rispetto a quelli dichiarati. 43     Un tale regime di dichiarazione, in considerazione del suo stesso oggetto, ha dunque per effetto di restringere la libera circolazione dei capitali (v., in questo senso, a proposito di un regime di dichiarazione/autorizzazione preliminare all’acquisto di beni immobili, sentenza Reisch, cit., punto 32). 44     Tali restrizioni possono nondimeno essere ammesse a condizione che le misure nazionali interessate perseguano un obiettivo di interesse generale, siano applicate in modo non discriminatorio e rispettino il principio di proporzionalità, ovvero che siano idonee a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e che non eccedano quanto necessario al suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenze Konle, cit., punto 40; 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I‑607, punto 33; e citate sentenze Reisch e a., punto 33, e Salzmann, punto 42). 45     Per quanto riguarda, innanzitutto, la condizione relativa alla soddisfazione di uno scopo di interesse generale, il governo austriaco sostiene che, instaurando la menzionata procedura di dichiarazione, il Landtag Vorarlberg persegue un obiettivo di pianificazione del territorio, in quanto lo sfruttamento più razionale possibile delle aree fondiarie comporta limiti all’insediamento di dimore secondarie, e cerca di conciliare i dettami di controllo da parte delle autorità competenti del rispetto delle norme urbanistiche e l’esigenza di certezza del diritto dei negozi fondiari. 46     A tale riguardo, secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni all’insediamento di residenze secondarie in una zona geografica determinata che uno Stato membro introduce al fine di mantenere, in un’ottica di pianificazione del territorio, una popolazione permanente e un’attività economica autonoma rispetto al settore turistico possono essere considerate funzionali a un obiettivo d’interesse generale (v. citate sentenze Konle, punto 40, Reisch e a., punto 34, e Salzmann, punto 44). Non si può mettere in dubbio neanche che la preoccupazione delle autorità nazionali di assicurare l’applicazione delle norme urbanistiche nel rispetto dell’esigenza di certezza del diritto dei negozi costituisca uno scopo di interesse generale. 47     Per quanto riguarda, inoltre, la condizione di applicazione non discriminatoria della normativa nazionale interessata, condizione che nel caso di specie dev’essere esaminata rispetto alla procedura di dichiarazione nel suo complesso, il sig. Stauderer sostiene che il VGVG ha un carattere discriminatorio, in quanto escluderebbe che i cittadini di un altro Stato membro possano acquistare una dimora secondaria. Il governo spagnolo considera nello stesso modo che il VGVG presenta un carattere formalmente discriminatorio, in quanto obbliga gli acquirenti cittadini di un altro Stato membro a menzionare la loro cittadinanza, senza per questo precisare quali conseguenze derivino da tale menzione al momento dell’esame sul merito della dichiarazione. 48     Emerge tuttavia dalle osservazioni del governo austriaco, come dalla decisione di rinvio, che, nella causa principale, la normativa nazionale relativa alle dimore secondarie si applica indistintamente ai cittadini austriaci e ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (in prosieguo: lo «SEE»). 49     Infatti, tanto i cittadini di un altro Stato membro dell’Unione, come il sig. Stauderer, quanto quelli di uno Stato dello SEE sono assoggettati alla procedura di dichiarazione e possono acquistare un bene immobile rispettando le stesse formalità a cui sono tenuti i cittadini austriaci. 50     Inoltre, l’obbligo per l’acquirente di menzionare la propria cittadinanza nella dichiarazione che egli fornisce ha per oggetto di distinguere le rispettive posizioni dei cittadini di uno Stato dell’Unione europea o di quelli dello SEE, i cui diritti all’acquisto sono identici a quelli dei cittadini austriaci, da quella dei cittadini di Stati terzi, che non possono acquistare beni immobili alle stesse condizioni. Tale obbligo di menzionare la cittadinanza e quello di indicare nella dichiarazione, all’occorrenza, che il terreno sarà utilizzato come dimora di villeggiatura non mirano dunque a impedire l’acquisto di dimore secondarie da parte di cittadini di altri Stati membri ma soltanto, come ha precisato il governo austriaco, a garantire il rispetto delle condizioni speciali di stabilimento di tali dimore. 51     Per quanto riguarda, infine, la condizione di proporzionalità, il governo austriaco afferma che la dichiarazione di cui all’art. 7, n. 2, del VGVG, contrariamente a ciò che afferma il giudice del rinvio, non ha solo un carattere formale. Risulterebbe dai lavori preparatori del VGVG, come pubblicato nel LGBl 61/1993 (e come pubblicato nel LGBl 29/2000), che la dichiarazione non è soltanto destinata a informare le autorità competenti di un progetto di acquisto ma ha per oggetto altresì di garantire che il terreno edificato sarà utilizzato per i fini menzionati nella detta dichiarazione, in particolare che un eventuale utilizzo come dimora di villeggiatura risponda alle condizioni specifiche a tale tipo di utilizzo. I controlli svolti a posteriori da tali autorità non colpirebbero l’attuazione del progetto di acquisto, poiché la trascrizione nel libro fondiario sarebbe conseguente al solo deposito della dichiarazione. Quanto alla sanzione di nullità prevista in caso di mancata dichiarazione nel termine di due anni, essa permetterebbe, automaticamente, di garantire una corretta informazione alle dette autorità competenti degli acquisti di terreni edificati e di mettere tali autorità in grado di prendere, in un termine ragionevole, le misure di controllo necessarie. Tale sanzione sarebbe dunque proporzionata all’obiettivo di impedire l’utilizzo illegale dei terreni come dimore di villeggiatura. Una sanzione amministrativa che si sostituisse a quella della nullità del contratto non sarebbe necessariamente meno gravosa per l’acquirente, poiché potrebbe essere irrogata allo scadere di un termine di tre mesi e sarebbe meno efficace. 52     A tale proposito, è vero che un regime di dichiarazione preliminare, quando è accompagnato da misure giuridiche adeguate, può effettivamente costituire una misura proporzionata all’obiettivo di interesse generale perseguito. La Corte ha in tal modo già dichiarato che un tale regime può consentire di eliminare l’obbligo di un’autorizzazione preliminare, in linea generale più restrittiva della libera circolazione dei capitali, senza con ciò nuocere all’efficacia degli scopi perseguiti dall’autorità pubblica (v., in tal senso, sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C‑163/94, C‑165/94 e C‑250/94, Sanz de Lera e a., Racc. pag. I-4821, punto 27, e citate sentenze Konle, punti 46 e 47, e Salzmann, punto 50). Come giustamente sostiene la Commissione delle Comunità europee, un tale regime di dichiarazione non può costituire in sé una misura sproporzionata. 53     Ciononostante, la questione pregiudiziale non verte sulla procedura di dichiarazione stabilita dal VGVG, presa nel suo insieme, ma unicamente sulla misura di sanzione prevista in caso di deposito tardivo della dichiarazione richiesta, vale a dire l’annullamento retroattivo del negozio fondiario. 54     Orbene, una tale sanzione non è proporzionata agli scopi di interesse generale perseguiti nel caso di specie. 55     Infatti, da un lato, essa è pronunciata automaticamente, a seguito di un semplice superamento del termine di deposito della dichiarazione richiesta, quali che siano le ragioni del ritardo del deposito. Così, nella controversia nella causa principale, sembra che il deposito tardivo della dichiarazione da parte del sig. Stauderer sia stato in parte legato all’incertezza giuridica in cui quello versava, poiché il giudice del rinvio, aveva, in un precedente procedimento, rilevato che era comunque troppo tardi affinché l’interessato assolvesse tale obbligo. 56     Dall’altro, una tale sanzione rimette radicalmente in discussione, senza ragioni relative alla violazione delle disposizioni di merito applicabili, un accordo che esprime le intenzioni delle parti e non può, perciò, corrispondere alle esigenze di certezza del diritto, particolarmente importanti in materia di acquisto fondiario. La circostanza che il termine sia, come afferma la Commissione, «generosamente calcolato», non è dunque sufficiente affinché la detta sanzione sia considerata proporzionata agli scopi mirati. 57     Certamente, la Corte ha ammesso che un’azione di nullità di un contratto di vendita poteva costituire una misura di sanzione proporzionata, nell’ambito di un regime di dichiarazione preliminare (citata sentenza Salzmann, punto 51). Allo stesso modo la Corte ha già osservato che taluni obiettivi di pianificazione del territorio, come il sostegno e lo sviluppo di un'agricoltura stabile attraverso il controllo dell’evoluzione delle strutture fondiarie agricole, potevano non venire raggiunti da un semplice sistema di dichiarazione preliminare e che, quindi, a determinate condizioni, anche un regime di autorizzazione preliminare poteva essere compatibile con la libera circolazione dei capitali (v., in tale senso, in particolare sentenza 23 settembre 2003, causa C‑452/01, Ospelt e Schlössle Weissenberg, Racc. pag. I‑9743, punti 41-45). 58     Non è quindi escluso in via di principio che un regime di dichiarazione preliminare, meno restrittivo della libera circolazione dei capitali di un regime di autorizzazione preliminare, possa accompagnare la pronuncia a posteriori di misure sanzionatorie rigorose, sufficientemente dissuasive affinché le finalità di pianificazione del territorio e di urbanizzazione siano effettivamente rispettate. 59     Tuttavia, se una sanzione come quella di cui alla causa principale può essere ammessa in caso di violazione delle disposizioni di merito stabilite dalla normativa di cui trattasi, debitamente constatata dall’autorità competente alla luce del complesso delle circostanze della pratica, una tale misura è eccessiva se fa discendere conseguenze automatiche da un deposito tardivo della dichiarazione, impedendo alla detta autorità competente di esaminare se, sul merito, il progetto di acquisto sia conforme alle norme urbanistiche applicabili. 60     Altre misure, dagli effetti meno invasivi, come le ammende, potrebbero sanzionare il deposito tardivo di una dichiarazione. L’art. 34 del VGVG comporta peraltro una lista di fatti che giustificano l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Potrebbe anche essere previsto di fornire al richiedente la possibilità di spiegare le ragioni del suo ritardo o di riconoscere all’autorità competente la possibilità, in particolare se i diritti dei terzi non sono coinvolti, di accettare, a certe condizioni, anche una dichiarazione tardiva o di conservare, parimenti a determinate condizioni, la validità dell’accordo. 61     Una sanzione come quella in esame nella causa principale non può quindi essere ritenuta indispensabile per assicurare il rispetto dell’obbligo di dichiarazione di acquisto e per raggiungere lo scopo di interesse generale perseguito dal VGVG. 62     Si deve dunque rispondere al giudice del rinvio che l’art. 56, n. 1, CE osta all’applicazione di una normativa nazionale come il VGVG, in forza della quale il semplice deposito tardivo della richiesta dichiarazione di acquisto produce la nullità retroattiva del negozio fondiario di cui trattasi. Sulle spese 63     Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’art. 56, n. 1, CE osta all’applicazione di una normativa nazionale come la legge 23 settembre 1993 sulle operazioni immobiliari (Vorarlberger Grundverkehrsgesetz), nella sua versione modificata, in forza della quale il semplice deposito tardivo della richiesta dichiarazione di acquisto produce la nullità retroattiva del negozio fondiario di cui trattasi. Firme * Lingua processuale: il tedesco.

62012CJ0104

cs

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 17 odst. 2 písm. a) a čl. 22 odst. 3 písm. b) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně ( Úř. věst. L 145, s. 1 ; Zvl. vyd. 09/01, s. 23), ve znění směrnice Rady 2001/115/ES ze dne 20. prosince 2001 ( Úř. věst. L 15, s. 24 , Zvl. vyd. 09/01, s. 24, dále jen „šestá směrnice“). Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Finanzamt Köln-Nord (dále jen „Finanzamt“) a W. Beckerem, jehož předmětem je nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) zaplacené W. Beckerem na vstupu z odměny advokáta vztahující se k trestnímu řízení, které bylo proti W. Beckerovi zahájeno jakožto proti jednateli a hlavnímu společníkovi společnosti s ručením omezeným. Právní rámec Unijní právo Článek 17 odst. 2 písm. a) šesté směrnice, ve znění vyplývajícím z jejího článku 28f, stanoví: „Jsou-li zboží a služby použity pro účely jejích zdanitelných plnění, je osoba povinná k dani oprávněna odpočíst od daně, kterou je povinna odvést: a) [DPH], která je splatná nebo byla odvedena s ohledem na zboží nebo služby, jež jí byly nebo mají být dodány v tuzemsku jinou osobou povinnou k dani“. Článek 18 odst. 1 písm. a) šesté směrnice stanoví: „Pro uplatnění nároku na odpočet daně musí osoba povinná k dani: a) při odpočtu daně podle čl. 17 odst. 2 písm. a) vlastnit fakturu vystavenou v souladu s čl. 22 odst. 3“. Podle čl. 22 odst. 3 písm. b) páté odrážky šesté směrnice, ve znění vyplývajícím z jejího článku 28h, se na fakturách vystavovaných podle ustanovení této směrnice pro účely DPH povinně uvádějí plné jméno a adresa osoby povinné k dani a jejího zákazníka. Německé právo Podle § 15 odst. 1 první věty bodu 1 zákona z roku 2005 o dani z obratu (Umsatzsteuergesetz 2005, BGBl. 2005 I, p. 386, dále jen „UStG“) může podnikatel z titulu daní zaplacených na vstupu odpočíst daň splatnou ze zákona za plnění, která byla jeho podniku poskytnuta jiným podnikatelem. Odpočet daně je podle § 15 odst. 2 první věty bodu 1 UStG vyloučen pro plnění používaná podnikatelem pro účely plnění osvobozených od daně. Spor v původním řízení a předběžné otázky V době, kdy nastaly skutkové okolnosti věci v původním řízení, byl W. Becker fyzickou osobou – podnikatelem a většinovým společníkem A-GmbH (dále jen „A“), společnosti s ručením omezeným založené podle německého práva. Wolfram Becker a X byli jednateli společnosti A, jejímž předmětem činnosti bylo poskytování stavebních prací, jež podléhaly DPH, za úplatu. Prokuristou a později rovněž jednatelem společnosti A byl P. Wolfram Becker a společnost A tvořili ve smyslu UStG daňovou jednotku. Na základě toho byli W. Becker a společnost A považováni za jedinou osobu povinnou k dani, přičemž W. Becker, jakožto takzvaný „Organträger“ (zastřešující podnik), plnil daňové povinnosti skupiny podniků tvořené jím jakožto podnikatelem – fyzickou osobou a společností A. Poté, co společnost A za úplatu provedla zdanitelnou stavební zakázku, která ji byla zadána, zahájilo příslušné státní zastupitelství vůči W. Beckerovi a P trestní vyšetřování. Existovalo totiž podezření, že společnost A získala před zadáním této zakázky důvěrné informace o nabídkách předložených konkurenčními podniky, a mohla tak předložit nejvýhodnější nabídku. Společnost A měla k získání těchto informací použít finančních darů, což lze z hlediska trestního práva kvalifikovat v případě W. Beckera a P jako „podplácení“ nebo napomáhání k tomuto trestnému činu a v případě příjemce těchto darů jako přijetí úplatku. Trestní řízení zahájená proti W. Beckerovi a P byla na základě ustanovení německého trestního řádu zastavena splněním podmínky zaplacení narovnávacích částek. V průběhu trestního vyšetřování byli W. Becker i P. zastupováni každý svým advokátem. Podle ustanovení dohod o odměně uvedených advokátů byli klienty advokáta, jehož si najal W. Becker, W. Becker jakožto obviněný a společnost A, zatímco klienty advokáta, jehož si najal P., byli P. jakožto obviněný a rovněž společnost A. Obě tyto dohody byly na straně klientů podepsány pouze za společnost A, zastoupenou W. Beckerem a P jakožto jednateli, a opatřeny razítkem společnosti A. Advokáti vystavovali faktury na společnost A. Z uvedených faktur uplatnil W. Becker, jakožto Organträger společnosti A., v daňovém roce 2005, který je předmětem sporu, odpočet DPH. Jak vyplývá ze spisu předloženého Soudnímu dvoru Finanzamt měl za to, že dotčená DPH není odpočitatelná, a vydal tedy v případě W. Beckera daňový výměr. Vzhledem k tomu, že odvolání, jež W. Becker podal k Finanzamt, bylo zamítnuto, podal jmenovaný žalobu k Finanzgericht Köln, který jeho žalobě vyhověl. Bundesfinanzhof, k němuž Finanzamt podal „Revision“, ve svém předkládacím rozhodnutí připomíná, že podle ustálené judikatury Soudního dvora předpokládá uplatnění nároku na odpočet existenci přímé souvislosti mezi plněními na vstupu a plněními na výstupu. Finanzamt má však pochybnosti o tom, zda se taková souvislost určuje podle objektivního obsahu přijímaného plnění, nebo podle důvodu přijetí tohoto plnění. Z judikatury Soudního dvora totiž podle Bundesfinanzhof vyplývá, že existence přímé a bezprostřední souvislosti závisí na „objektivních okolnostech“ (rozsudek ze dne 8. června 2000, Midland Bank, C-98/98, Recueil, s. I-4177 , bod 32), jakož i na „objektivní povaze dotčeného plnění“ (rozsudek ze dne 6. dubna 1995, BLP Group, C-4/94, Recueil, s. I-983 , bod 24). Pokud jde o objektivní povahu plnění poskytnutých v projednávaném případě advokátem, je nutno konstatovat, že cílem tohoto plnění bylo přímo a bezprostředně chránit soukromé zájmy obou obviněných. Kromě toho bylo trestní stíhání vedeno pouze proti nim jakožto fyzickým osobám, a nikoli proti společnosti A, i když by stíhání proti společnosti A bylo rovněž právně možné. Mimoto Soudní dvůr podle názoru Bundesfinanzhof rozhodl, že je také třeba zkoumat, zda přijímané plnění má svůj důvod výlučně ve zdanitelných činnostech osoby povinné k dani (rozsudek ze dne 8. února 2007, Investrand, C-435/05, Sb. rozh. s. I-1315 , bod 33). Podle předkládajícího soudu tak tomu ve věci v původním řízení je, neboť daná plnění by nebyla oběma dotčenými advokáty poskytnuta, pokud by společnost A nevykonávala činnost vytvářející obrat, tedy činnost zdanitelnou. Lze tedy mít za to, že uvedená plnění mají přímou a bezprostřední souvislost s celkovou hospodářskou činností společnosti A. V takové situaci měl W. Becker jakožto Organträger společnosti A nárok odpočíst DPH zaplacenou na vstupu. S přihlédnutím k těmto úvahám se Bundesfinanzhof rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: „1) Určuje se přímá a bezprostřední souvislost, kterou považuje judikatura Soudního dvora za rozhodující při výkladu pojmu ‚pro účely jejích zdanitelných plnění‘ ve smyslu čl. 17 odst. 2 písm. a) [šesté směrnice], — podle objektivního obsahu plnění přijatého osobou povinnou k dani (v projednávaném případě činnost obhájce v trestním řízení směřující k tomu, aby nedošlo k odsouzení fyzické osoby) nebo — podle důvodu přijatého plnění (v projednávaném případě hospodářská činnost osoby povinné k dani, při které fyzická osoba údajně spáchala trestný čin)? 2) V případě, že je rozhodným důvod přijatého plnění: Má osoba povinná k dani, která spolu s jedním ze zaměstnanců objedná plnění, podle čl. 17 odst. 2 písm. a) [šesté směrnice] nárok na úplný nebo částečný odpočet daně na vstupu, a jaké požadavky na vystavení faktury musí být dodrženy při přijetí plnění několika příjemci podle čl. 22 odst. 3 písm. b) páté odrážky [šesté směrnice ]?“ K předběžným otázkám K první otázce Za účelem odpovědi na první otázku je třeba především připomenout, že podle rozhodnutí Soudního dvora je existence přímé a bezprostřední souvislosti mezi konkrétním plněním na vstupu a jedním nebo několika plněními na výstupu, jež zakládají nárok na odpočet, v zásadě nezbytná k tomu, aby nárok na odpočet DPH na vstupu byl osobě povinné k dani přiznán a aby mohl být zjištěn rozsah takového nároku (viz výše uvedený rozsudek Midland Bank, bod 24; rozsudek ze dne 22. února 2001, Abbey National, C-408/98, Recueil, s. I-1361 , bod 26, a výše uvedený rozsudek Investrand, bod 23). Nárok na odpočet DPH, která zatížila pořízení zboží nebo služeb na vstupu, předpokládá, že náklady vynaložené na takové pořízení jsou součástí prvků spoluurčujících cenu plnění zdaněných na výstupu, která zakládají nárok na odpočet (viz výše uvedené rozsudky Midland Bank, bod 30, a Abbey National, bod 28). Nárok na odpočet je nicméně rovněž přiznán osobě povinné k dani i v případě neexistence přímé a bezprostřední souvislosti mezi konkrétním plněním na vstupu a jedním nebo několika plněními na výstupu, jež zakládají nárok na odpočet, pokud jsou náklady na dotčené služby součástí obecných výdajů této osoby povinné k dani a jsou jako takové prvkem spoluurčujícím cenu jejího zboží nebo služeb. Takové náklady mají totiž přímou a bezprostřední souvislost s celkovou hospodářskou činností osoby povinné k dani (v tomto smyslu zejména viz výše uvedený rozsudek Midland Bank, bod 31, a rozsudek ze dne 26. května 2005, Kretztechnik, C-465/03, Sb. rozh. s. I-4357 , bod 36). Dále je třeba uvést, že pokud jde o povahu „přímé a bezprostřední souvislosti“, která musí existovat mezi plněním na vstupu a plněním na výstupu, Soudní dvůr došel k závěru, že není realistické pokoušet se dosáhnout v tomto ohledu přesnější formulace. S ohledem na rozmanitost plnění v rámci obchodní a profesní činnosti je totiž nemožné poskytnout vhodnější odpověď, pokud jde o způsob, jak určit ve všech případech vztah, který musí existovat mezi plněními na vstupu a plněními uskutečněnými na výstupu, aby byla DPH odvedená na vstupu odpočitatelná (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Midland Bank, bod 25). Konečně z judikatury Soudního dvora vyplývá, že při použití kritéria přímé souvislosti, což přísluší daňovým orgánům a vnitrostátním soudům, musí tyto orgány a soudy zohlednit všechny okolnosti, za nichž proběhla dotčená plnění (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Midland Bank, bod 25) a přihlédnout pouze k plněním, která objektivně souvisí se zdanitelnou činnosti osoby povinné k dani. Povinnost nezohledňovat pouze objektivní obsah dotčeného plnění totiž nejvíce odpovídá cíli sledovanému společným systémem DPH, jímž je zajištění právní jistoty a usnadnění úkonů spojených s uplatňováním uvedené DPH (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek BLP Group, bod 24; rozsudek ze dne 9. října 2001, Cantor Fitzgerald International, C-108/99, Recueil, s. I-7257 , bod 33, a rozsudek ze dne 29. října 2009, SKF, C-29/08, Sb. rozh. s. I-10413 , bod 47). Soudní dvůr dále rozhodl, že existenci přímé a bezprostřední souvislosti mezi použitým zbožím nebo službami a zdanitelným plněním uskutečněným na výstupu, nebo výjimečně zdanitelným plněním uskutečněným na vstupu, lze rovněž určit s ohledem na jejich objektivní obsah (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Midland Bank, bod 32, a per analogiam , pokud jde o prvky, které je třeba uvážit za účelem prokázání deklarovaného záměru osoby povinné k dani přiřadit určené zboží k plnění podléhajícímu DPH, rozsudek ze dne 14. února 1985, Rompelman, 268/83, Recueil, s. 655 , bod 24). Výklad, podle kterého je třeba za účelem určení existence „přímé a bezprostřední souvislosti“ mezi daným plněním a celkovou zdanitelnou činností ve smyslu výše uvedené judikatury zohlednit objektivní prvky přijatého zboží nebo služeb, není zpochybněn okolností, že Soudní dvůr v bodech 33 a 36 svého výše uvedeného rozsudku Investrand v podstatě došel k závěru, že vzhledem k tomu, že provádění zdanitelné činnosti nepřestavuje výlučný důvod vynaložení určitých výdajů a nákladů, nelze u těchto výdajů a nákladů mít za to, že mají s touto činností přímou a bezprostřední souvislost. Jak totiž vyplývá z bodů 25 až 34 daného rozsudku, Soudní dvůr právě s ohledem na všechny okolnosti, za nichž proběhla plnění dotčená ve věci, v níž byl vydán uvedený rozsudek, a zejména skutečnosti vyplývající ze spisu, který mu byl předložen, došel k závěru, že společnost Investrand BV neuskutečnila na výstupu žádné specifické plnění zdanitelné z titulu DPH, které by vyvolalo náklady dotčené ve věci v původním řízení. A kromě toho rozhodl, že jelikož společnost Investrand BV neprokázala, že by tyto výdaje nevynaložila, kdyby nevykonávala hospodářskou činnost podléhající dani, nemohou být tyto výdaje považovány za výdaje vynaložené pro potřeby celkových zdanitelných činností. Soudní dvůr mohl v bodě 34 výše uvedeného rozsudku Investrand rozhodnout, že postavení společnosti Investrand BV je srovnatelné s postavením soukromého držitele akcií, a mohl dojít k závěru, že tato plnění nemohou spadat do působnosti šesté směrnice pouze proto, že v rámci přezkumu, který provedl, zohlednil objektivní obsah dotčených plnění. V tomto ohledu je třeba upřesnit, že Soudní dvůr ve svém výše uvedeném rozsudku Investrand nevyloučil, že dotčená plnění mohou být za jiných okolností s ohledem na svůj obsah přiřazena ke zdanitelné hospodářské činnosti. Soudní dvůr pouze uvedl, jak vyplývá z bodu 33 uvedeného rozsudku, že i kdyby společnost Investrand BV nevykonávala zdanitelnou činnost, stejně by vynaložila dotčené výdaje, takže tyto výdaje nelze považovat za výdaje zapříčiněné zdanitelnými činnostmi této společnosti. Za těchto podmínek, jak uvedla německá vláda, okolnost, že určení přímé a bezprostřední souvislosti existující mezi poskytnutím služeb a celkovou zdanitelnou hospodářskou činností musí být provedeno s ohledem na objektivní obsah tohoto plnění, nevylučuje, že bude zohledněn i výlučný důvod dotčeného plnění, přičemž na tento důvod musí být nahlíženo tak, že tvoří kritérium pro určení objektivního obsahu. Je-li tedy prokázáno, že plnění nebylo uskutečněno pro účely zdanitelných činností osoby povinné k dani, nemůže být toto plnění považováno za plnění, jež má přímou a bezprostřední souvislost s jejími činnostmi ve smyslu judikatury Soudního dvora, i když je toto plnění s ohledem na svůj objektivní obsah zdanitelné DPH. V projednávaném případě, zaprvé, podle informací předložených předkládajícím soudem bylo cílem služeb advokáta ve věci v původním řízení přímo a bezprostředně chránit soukromé zájmy obou obviněných, kteří byli trestně stíháni za protiprávní jednání způsobené jejich osobním jednáním. Jak již bylo upřesněno v bodě 16 tohoto rozsudku, toto trestní stíhání bylo ostatně vedeno pouze proti těmto obviněným jakožto fyzickým osobám, a nikoli proti společnosti A, i když by stíhání proti společnosti A bylo rovněž právně možné. Tento soud z toho správně vyvodil, že náklady na tato plnění nemohou být s ohledem na jejich objektivní obsah považovány za náklady vynaložené pro účely celkových zdanitelných činností společnosti A. Zadruhé předkládající soud uvádí, že jelikož plnění by nebyla oběma dotyčnými advokáty poskytnuta, pokud by společnost A nevykonávala činnost vytvářející obrat, tedy činnost zdanitelnou, existuje mezi náklady na tato plnění a celkovou hospodářskou činností společnosti A příčinná souvislost. Je však třeba konstatovat, že nelze mít za to, že tato příčinná souvislost tvoří přímou a bezprostřední souvislost ve smyslu judikatury Soudního dvora. Jak uvedl předkládající soud, mezi trestním stíháním a společností A neexistuje právní vztah, takže tato plnění je třeba považovat za plnění poskytnutá zcela mimo rámec zdanitelných činností společnosti A. V tomto ohledu je třeba dodat, že okolnost, že vnitrostátní občanské právo ukládá takovému podniku, o jaký se jedná ve věci v původním řízení, nést náklady spojené s obhajobou zájmů jeho orgánů v trestním řízení, je pro výklad a uplatnění ustanovení týkajících se společného systému DPH irelevantní. S ohledem na objektivní režim DPH zavedený tímto systémem je totiž určující pouze objektivní vztah mezi poskytnutými plněními a zdanitelnou hospodářskou činností osoby povinné k dani (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. prosince 2010, RBS Deutschland Holdings, C-277/09, Sb. rozh. s. I-13805 , bod 54), jinak by totiž bylo vážně narušeno jednotné uplatňování unijního práva v dané oblasti. Na první otázku je tedy třeba odpovědět tak, že existence přímé a bezprostřední souvislosti mezi daným plněním a celkovou činností osoby povinné k dani pro účely určení toho, zda byly zboží a služby použity touto osobou „pro účely jejích zdanitelných plnění“ ve smyslu čl. 17 odst. 2 písm. a) šesté směrnice, závisí na objektivním obsahu zboží nebo služby přijatých touto osobou. V projednávané věci nevzniká na základě plnění advokáta, jejichž cílem je zabránit trestním sankcím vůči fyzickým osobám jednajícím za podnik, jež je osobou povinnou k dani, tomuto podniku nárok na to, aby si jakožto daň na vstupu odpočetl daň z přidané hodnoty, kterou je povinen z poskytnutých plnění odvést. Ke druhé otázce S ohledem na odpověď poskytnutou na první otázku není na místě odpovídat na druhou otázku. K nákladům řízení Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují. Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto: Existence přímé a bezprostřední souvislosti mezi daným plněním a celkovou činností osoby povinné k dani pro účely určení toho, zda byly zboží a služby použity touto osobou „pro účely jejích zdanitelných plnění“ ve smyslu čl. 17 odst. 2 písm. a) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 2001/115/ES ze dne 20. prosince 2001, závisí na objektivním obsahu zboží nebo služby přijatých touto osobou. V projednávané věci nevzniká na základě plnění advokáta, jejichž cílem je zabránit trestním sankcím vůči fyzickým osobám jednajícím za podnik, jež je osobou povinnou k dani, tomuto podniku nárok na to, aby si jakožto daň na vstupu odpočetl daň z přidané hodnoty, kterou je povinen z poskytnutých plnění odvést. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: němčina.

62010CJ0307

en

This reference for a preliminary ruling concerns the interpretation of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks ( OJ 2008 L 299, p. 25 ). The reference has been made in the course of proceedings between The Chartered Institute of Patent Attorneys (‘CIPA’) and the Registrar of Trade Marks (‘the Registrar’) concerning the latter’s refusal to register as a national trade mark the word sign ‘IP TRANSLATOR’. Legal context International law Trade-mark law is governed at international level by the Convention for the Protection of Industrial Property signed in Paris on 20 March 1883, as last revised at Stockholm on 14 July 1967 and amended on 28 September 1979 (United Nations Treaties Series, No 11851, vol. 828, p. 305, ‘the Paris Convention’). All the Member States are signatories to the Convention. Under Article 19 of the Paris Convention, the States to which it applies reserve the right to make separately between themselves special agreements for the protection of industrial property. That provision served as a basis for the adoption of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, concluded at the Nice Diplomatic Conference on 15 June 1957, last revised in Geneva on 13 May 1977 and amended on 28 September 1979 (United Nations Treaty Series, Vol. 1154, No I 18200, p. 89; ‘the Nice Agreement’). Article 1 of that agreement provides: ‘(1)   The countries to which this Agreement applies constitute a Special Union and adopt a common classification of goods and services for the purposes of the registration of marks (hereinafter designated as “the [Nice] Classification”). (2)   The Classification consists of: (i) a list of classes, together with, as the case may be, explanatory notes; (ii) an alphabetical list of goods and services (hereinafter designated as “the alphabetical list”) with an indication of the class into which each of the goods or services falls. …’ Article 2 of the Nice Agreement, entitled ‘Legal Effect and Use of the Classification’, is worded as follows: ‘(1)   Subject to the requirements prescribed by this Agreement, the effect of the Classification shall be that attributed to it by each country of the Special Union. In particular, the Classification shall not bind the countries of the Special Union in respect of either the evaluation of the extent of the protection afforded to any given mark or the recognition of service marks. (2)   Each of the countries of the Special Union reserves the right to use the Classification either as a principal or as a subsidiary system. (3)   The competent Office of the countries of the Special Union shall include in the official documents and publications relating to registrations of marks the numbers of the classes of the Classification to which the goods or services for which the mark is registered belong. (4)   The fact that a term is included in the alphabetical list in no way affects any rights which might subsist in such a term.’ The Nice Classification is maintained by the World Intellectual Property Organisation (WIPO). Since 1 January 2002, the list of classes of that classification has contained 34 classes of products and 11 classes of services. Each class is designated by one or more general indications, commonly called ‘class headings’, which indicate in a general manner the fields to which the goods and services in principle belong. The alphabetical list of goods and services contains approximately 12000 entries. According to the Guidance for the User of the Nice Classification, in order to ascertain the correct classification of each individual product or service, the alphabetical list of goods and services and the explanatory notes, relating to the various classes, should be consulted. If a product or service cannot be classified with the aid of the list of classes, the explanatory notes or the alphabetical list of goods and services, the general remarks set forth the criteria that should be applied. According to the WIPO database, of the Member States of the European Union, only the Republic of Malta and the Republic of Cyprus are not party to the Nice Agreement, but nevertheless use the Nice Classification. The Nice Classification is revised every five years by a committee of experts. The ninth edition, which was applicable at the time of the facts in the main proceedings, was replaced, as of 1 January 2012, by the 10th edition. European Union law Directive 2008/95 Directive 2008/95 replaced First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks ( OJ 1989 L 40, p. 1 ). According to recitals 6, 8, 11 and 13 in the preamble to Directive 2008/95 ‘(6) Member States should … remain free to fix the provisions of procedure concerning the registration, the revocation and the invalidity of trade marks acquired by registration. … (8) Attainment of the objectives at which this approximation of laws is aiming requires that the conditions for obtaining and continuing to hold a registered trade mark be, in general, identical in all Member States. … (11) The protection afforded by the registered trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin, should be absolute in the case of identity between the mark and the sign and the goods or services. … (13) All Member States are bound by the Paris Convention …. It is necessary that the provisions of this Directive should be entirely consistent with those of the said Convention. The obligations of the Member States resulting from that Convention should not be affected by this Directive. …’ Article 3(1) and (3) of Directive 2008/95 provides: ‘1.   The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: … (b) trade marks which are devoid of any distinctive character; (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or services; … 3.   A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1(b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.’ Article 4(1)(a) of that directive provides: ‘A trade mark shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: (a) if it is identical with an earlier trade mark, and the goods or services for which the trade mark is applied for or is registered are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.’ Communication No 4/03 Communication No 4/03 of the President of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) of 16 June 2003 concerning the use of class headings in lists of goods and services for Community trade mark applications and registrations (OJ OHIM 2003, p. 1647) is intended, according to point I thereof, to explain and clarify the practice of OHIM ‘regarding the use of class headings and the consequences of such use when Community trade mark applications or registrations are restricted or partially surrendered or are involved in opposition or cancellation proceedings’. According to the second paragraph of Point III of that Communication: ‘It constitutes a proper specification of goods and services in a [Community Trade Mark] application if the general indications or the whole class headings provided for in the Nice Classification are used. The use of these indications allows a proper classification and grouping. [OHIM] does not object to the use of any of the general indications and class headings as being too vague or indefinite, contrary to the practice which is applied by some national offices in the European Union and in third countries in respect of some of the class headings and general indications.’ The first paragraph of Point IV of Communication No 4/03 provides: ‘The 34 classes for goods and the 11 classes for services comprise the totality of all goods and services. As a consequence of this, the use of all the general indications listed in the class heading of a particular class constitutes a claim to all the goods or services falling within this particular class.’ National law Directive 89/104 was transposed into the national law of the United Kingdom by the Trade Marks Act 1994 (‘the 1994 Act’). Under Section 32(2)(c) of that Act, the application for registration must contain inter alia ‘a statement of the goods and services for which it is sought to register the trade mark’. Under section 34 of the Act: ‘1.   Goods and services shall be classified for the purposes of the registration of trade marks according to a prescribed system of classification. 2.   Any questions arising as to the class within which any goods or services fall shall be determined by the registrar, whose decision shall be final.’ The 1994 Act is supplemented by the Trade Marks Rules 2008 (‘the 2008 Rules’) which deal with practice and procedure before the UK Intellectual Property Office (UKIPO). Under Rule 8(2)(b) of those rules, the applicant must specify the goods or services for which the national trade mark is sought in such a way as to indicate clearly the nature of those goods or services. The dispute in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling On 16 October 2009, CIPA applied under Section 32 of the 1994 Act to register the designation ‘IP TRANSLATOR’ as a trade mark. To identify the services covered by that registration CIPA used the general terms of the heading of Class 41 of the Nice Classification, that is to say, ‘Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities’. The Registrar refused that application, by decision of 12 February 2010, on the basis of the national provisions corresponding to Article 3(1)(b) and (c) of Directive 2008/95. The Registrar interpreted the application in accordance with Communication No 4/03 and concluded that it covered not only services of the kind specified by CIPA, but also every other service falling within Class 41 of the Nice Classification, including translation services. For these latter services the designation IP TRANSLATOR lacked distinctive character and was descriptive in nature. Moreover, there was no evidence that the word sign IP TRANSLATOR had acquired a distinctive character through use in relation to translation services prior to the date of the application for registration. There was also no request by CIPA for such services to be excluded from its trade mark application. On 25 February 2010, CIPA appealed to the Appointed Person (‘the referring court’), contending that its application for registration did not specify, and therefore did not cover, translation services in Class 41. For that reason, it submitted, the Registrar’s objections to registration were misconceived and CIPA’s application for registration had been wrongly refused. According to the referring court, it is clear that translation services are not normally regarded as a subcategory of services relating to ‘education’, ‘providing of training’‘entertainment’‘sporting activities’ or ‘cultural activities’. Moreover, according to the order for reference, in addition to the alphabetical list which contains 167 listings for the itemisation of services falling within Class 41 of the Nice Classification, the database maintained by the Registrar for the purposes of the 1994 Act contains more than 2000 listings for the itemisation of services falling within Class 41 and the Euroace database maintained by OHIM for the purposes of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark ( OJ 2009 L 78, p. 1 ) contains more than 3000 listings. The referring court points out that, if the Registrar’s approach were correct, all such itemisations, which include translation services, would be covered by CIPA’s application for registration. In that case, the coverage of the application would extend to goods and services not mentioned in the application or in any resulting registration. It takes the view that that interpretation is incompatible with the requirement for the various goods and services covered by a trade mark application to be identified with clarity and precision. The referring court also refers to a survey conducted in 2008 by the Association of European Trade Mark Owners (Marques), which indicated that practice varies among the Member States, with some competent authorities applying the approach to interpretation envisaged by Communication No 4/03 and others following a different approach. In those circumstances the Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘In the context of [Directive 2008/95] ...: 1. Is it necessary for the various goods or services covered by a trade mark application to be identified with any, and if so what particular, degree of clarity and precision? 2. Is it permissible to use the general words of the class headings of the [Nice Classification] for the purpose of identifying the various goods or services covered by a trade mark application? 3. Is it necessary or permissible for such use of the general words of the Class Headings of [the Nice Classification] to be interpreted in accordance with Communication No 4/03 ...?’ Admissibility of the reference for a preliminary ruling In its written observations, OHIM argues that the reference for a preliminary ruling must be declared inadmissible on the ground that it is artificial, with the result that the answer of the Court to the questions referred has no relevance as regards the outcome of the dispute in the main proceedings. The European Commission also expresses doubt as to the real need for the registration at issue. In that regard, it must be observed that, according to settled case-law, the procedure provided for by Article 267 TFEU is an instrument of cooperation between the Court of Justice and the national courts, by means of which the Court provides the national courts with the points of interpretation of Community law which they need in order to decide the disputes before them (see Case C-83/91 Meilicke [1992] ECR I-4871 , paragraph 22, and Case C-445/06 Danske Slagterier [2009] ECR I-2119 , paragraph 65). In the context of that cooperation, questions concerning EU law enjoy a presumption of relevance. The Court may refuse to rule on a question referred by a national court only where it is quite obvious that the interpretation of EU law that is sought is unrelated to the actual facts of the main action or its purpose, where the problem is hypothetical, or where the Court does not have before it the factual or legal material necessary to give a useful answer to the questions submitted to it (see Case C-421/01 Traunfellner [2003] ECR I-11941 , paragraph 37; Joined Cases C-94/04 and C-202/04 Cipolla and Others [2006] ECR I-11421 , paragraph 25; and Joined Cases C-570/07 and C-571/07 Blanco Pérez and Chao Gómez [2010] ECR I-4629 , paragraph 36). However, that is not so in the present case. It is clear that the application for registration of the trade mark was actually lodged and that the Registrar rejected it, even if he departed from his usual practice. Moreover, the interpretation of European Union law sought by the national body does actually respond to an objective need inherent in the outcome of a case pending before it (see, to that effect, Case C-144/04 Mangold [2005] ECR I-9981 , paragraph 38). It follows that the reference for a preliminary ruling must be considered to be admissible. The questions referred for a preliminary ruling By its three questions, which should be considered together, the referring court essentially asks whether Directive 2008/95 must be interpreted as meaning thatit requires that the goods and services for which protection by a trade mark is sought should be identified with a certain degree of clarity and precision. If so, the referring court seeks to know whether, given those requirements of clarity and precision, Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that it precludes an applicant for a national trade mark from identifying those goods and services by means of the general indications of the class headings of the Nice Classification and precludes the use of all the general indications of the heading of a particular class of the Nice Classification from being considered to be a claim with regard to all the goods and services in that particular class. It should first be recalled that, as is stated in recital 11 in the preamble to Directive 2008/95, the function of the protection afforded by a trade mark is in particular to guarantee the mark to the consumer or end-user as an indication of origin of the product or services denoted by the trade mark, by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the product or service from others which have another origin (see, to that effect, Case C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507 , paragraph 28; Case C-273/00 Sieckmann [2002] ECR I-11737 , paragraphs 34 and 35; and Case C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [2009] ECR I-4893 , paragraph 45). It follows that the registration of a sign as a trade mark must always be applied for in relation to certain goods or services. Although, the function of the graphic representability requirement is, in particular, to define the mark itself in order to determine the precise subject of the protection afforded by the registered mark (see Sieckmann , paragraph 48) the extent of that protection is determined by the nature and the number of goods and services identified in that application. The requirements of clarity and precision for identifying goods and services As a preliminary point it must be observed that there is no provision of Directive 2008/95 which directly governs the question of the identification of the goods and services concerned. However, that observation is not sufficient to support a finding that the determination of goods and services for the purposes of registration of a national trade mark is a matter which does not fall within the scope of Directive 2008/95. Although it is apparent from recital 6 of the preamble to Directive 2008/95 that the Member States remain free to fix the provisions of procedure concerning, inter alia, the registration of trade marks (see, to that effect, Case C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte [2005] ECR I-5873 , paragraph 30, and Case C-246/05 Häupl [2007] ECR I-4673 , paragraph 26), the fact remains that the Court has held that determination of the nature and content of the goods and services eligible for protection by a registered trade mark is subject, not to the provisions on registration procedures, but to the substantive conditions for acquiring the right conferred by the trade mark ( Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte , paragraph 31). In that regard, recital 8 of the preamble to Directive 2008/95 emphasises that attainment of the objectives at which the approximation of the laws of the Member States is aiming requires that the conditions for obtaining and continuing to hold a registered trade mark be, in general, identical in all Member States (see, to that effect, Sieckmann , paragraph 36; Case C-363/99 Koninklijke KPN Nederland [2004] ECR I-1619 , paragraph 122; and Case C-482/09 Budějovický Budvar [2011] ECR I-8701 , paragraph 31). As regards the requirement of clarity and precision for the identification of the goods and services covered by an application to register a sign as a trade mark, it must be held that the application of certain provisions of Directive 2008/95 depends to a great extent on whether the goods or services covered by a registered trade mark are indicated with sufficient clarity and precision. In particular, the question of whether or not any of the grounds for refusal or invalidity set out in Article 3 of the Directive apply to the mark must be assessed specifically by reference to the goods or services in respect of which registration is sought (see Koninklijke KPN Nederland , paragraph 33, and Case C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy [2007] ECR I-1455 , paragraph 31). Similarly, further grounds for refusal or invalidity concerning conflicts with earlier rights provided for by Article 4(1) of the directive presuppose the identity or similarity of the goods or services designated by the two conflicting marks. Moreover, the Court has held that, although it is not necessary to specify in detail the service(s) for which registration is sought, since, to identify those services, it is sufficient to use general wording, the applicant must conversely be required to specify the goods or types of goods to which those services relate by means, for example, of other more specific details. Such details will make it easier to apply the articles of Directive 2008/95 referred to in the previous paragraphs, without appreciably limiting the protection afforded to the trade mark (see, by analogy, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte , paragraphs 49 to 51). In that connection, it must be recalled that the entry of the mark in a public register has the aim of making it accessible to the competent authorities and to the public, particularly to economic operators ( Sieckmann , paragraph 49, and Case C-49/02 Heidelberger Bauchemie [2004] ECR I-6129 , paragraph 28). On the one hand, the competent authorities must know with clarity and precision the nature of the signs of which a mark consists in order to be able to fulfil their obligations in relation to the prior examination of applications for registration and the publication and maintenance of an appropriate and precise register of trade marks (see, by analogy, Sieckmann , paragraph 50, and Heidelberger Bauchemie , paragraph 29). On the other hand, economic operators must be able to acquaint themselves, with clarity and precision, with registrations or applications for registration made by their actual or potential competitors, and thus to obtain relevant information about the rights of third parties ( Sieckmann , paragraph 51, and Heidelberger Bauchemie , paragraph 30). Accordingly, Directive 2008/95 requires the goods and services for which the protection of the trade mark is sought to be identified by the applicant with sufficient clarity and precision to enable the competent authorities and economic operators, on that basis alone, to determine the extent of the protection sought. Use of the general indications of the class headings of the Nice Classification Directive 2008/95 contains no reference to the Nice Classification and, consequently, imposes no obligation or prohibition on Member States with regard to its use for the purposes of registration of national trade marks. However, the obligation to use that instrument stems from Article 2(3) of the Nice Agreement which provides that the competent Office of the countries of the Special Union, which encompasses almost all the Member States, is to include in the official documents and publications relating to registrations of marks the numbers of the classes of the Nice Classification to which the goods or services for which the mark is registered belong. Since the Nice Agreement was adopted pursuant to Article 19 of the Paris Convention and Directive 2008/95, according to recital 13, was not intended to affect the obligations of the Member States resulting from that Convention, it must be held that that directive does not preclude the competent national authorities from requiring or agreeing that an applicant for a national trade mark should identify the goods and services for which he is seeking the protection conferred by the trade mark by using the Nice Classification. However, in order to guarantee the effectiveness of Directive 2008/95 and the smooth functioning of the system for the registration of trade marks, such identification must meet the requirements of clarity and precision which, as held in paragraph 49 of the present judgment , are laid down by the directive,. In that connection, it must be observed that some of the general indications in the class headings of the Nice Classification are, in themselves, sufficiently clear and precise to allow the competent authorities to determine the scope of the protection conferred by the trade mark, while others are not such as to meet that requirement where they are too general and cover goods or services which are too variable to be compatible with the trade mark’s function as an indication of origin. It is therefore for the competent authorities to make an assessment on a case-by-case basis, according to the goods or services for which the applicant seeks the protection conferred by a trade mark, in order to determine whether those indications meet the requirements of clarity and precision. Accordingly, Directive 2008/95 does not preclude the use of the general indications of the class headings of the Nice Classification to identify the goods and services for which the protection of the trade mark is sought, provided that such identification is sufficiently clear and precise to allow the competent authorities and economic operators to determine the scope of the protection sought. The extent of the protection resulting from the use of all the general indications of a particular class heading It must be recalled that the Court has held that it is possible to apply for registration of a mark either in respect of all the goods or services falling within a class, or in respect of only some of those goods or services (see, to that effect, Koninklijke KPN Nederland , paragraph 112). According to the order for reference and to the observations submitted to the Court there are currently two approaches to the use of the general indications of the class headings of the Nice Classification, namely the approach corresponding to that derived from Communication No 4/03, according to which the use of all the general indications listed in the class heading of a particular class constitutes a claim to all the goods or services falling within that particular class, and the literal approach, which seeks to give the terms used in those indications their natural and usual meaning. In that regard, most of the parties present at the hearing pointed out, in reply to a question put by the Court, that the existence, in parallel, of those two approaches was liable to affect the smooth functioning of the system for the registration of trade marks in the Union. In particular, it was emphasised that the two approaches may lead to a difference in the extent of the protection of a national trade mark if it is registered in several Member States, but also of the protection of the same mark if it is also registered as a Community trade mark. Such a difference might affect, inter alia, the outcome of an action for infringement, as such an action may have greater success in the Member States which follow the approach of Communication No 4/03. Moreover, a situation in which the extent of the protection conferred by the trade mark depends on the approach to interpretation adopted by the competent authority and not on the actual intention of the applicant runs the risk of undermining legal certainty both for the applicant and for third party economic operators. Accordingly, in order to respect the requirements of clarity and precision mentioned above, an applicant for a national trade mark who uses all the general indications of a particular class heading of the Nice Classification to identify the goods or services for which the protection of the trade mark is sought must specify whether its application for registration is intended to cover all the goods or services included in the alphabetical list of the particular class concerned or only some of those goods or services. If the application concerns only some of those goods or services, the applicant is required to specify which of the goods or services in that class are intended to be covered. An application for registration which does not make it possible to establish whether, by using a particular class heading of the Nice Classification, the applicant intends to cover all or only some of the goods in that class cannot be considered sufficiently clear and precise. Thus, in the case in the main proceedings, it is for the referring court to determine whether, when it used all the general indications of the heading of Class 41 of the Nice Classification, CIPA specified in its application whether or not it covered all the services in that class and, in particular, whether or not its application was intended to cover translation services. Therefore, the answer to the questions referred is that: — Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that it requires the goods and services for which the protection of the trade mark is sought to be identified by the applicant with sufficient clarity and precision to enable the competent authorities and economic operators, on that basis alone, to determine the extent of the protection conferred by the trade mark; — Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that it does not preclude the use of the general indications of the class headings of the Nice Classification to identify the goods and services for which the protection of the trade mark is sought, provided that such identification is sufficiently clear and precise; — an applicant for a national trade mark who uses all the general indications of a particular class heading of the Nice Classification to identify the goods or services for which the protection of the trade mark is sought must specify whether its application for registration is intended to cover all the goods or services included in the alphabetical list of that class or only some of those goods or services. If the application concerns only some of those goods or services, the applicant is required to specify which of the goods or services in that class are intended to be covered. Costs Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (Grand Chamber) hereby rules: Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that it requires the goods and services for which the protection of the trade mark is sought to be identified by the applicant with sufficient clarity and precision to enable the competent authorities and economic operators, on that basis alone, to determine the extent of the protection conferred by the trade mark. Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that it does not preclude the use of the general indications of the class headings of the Classification referred to in Article 1 of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, concluded at the Nice Diplomatic Conference on 15 June 1957, last revised in Geneva on 13 May 1977 and amended on 28 September 1979, to identify the goods and services for which the protection of the trade mark is sought, provided that such identification is sufficiently clear and precise. An applicant for a national trade mark who uses all the general indications of a particular class heading of the Classification referred to in Article 1 of the Nice Agreement to identify the goods or services for which the protection of the trade mark is sought must specify whether its application for registration is intended to cover all the goods or services included in the alphabetical list of that class or only some of those goods or services. If the application concerns only some of those goods or services, the applicant is required to specify which of the goods or services in that class are intended to be covered. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: English.

61991CJ0327

de

1 Die Französische Republik hat mit Klageschrift, die am 16. Dezember 1991 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingereicht worden ist, gemäß Artikel 173 Absatz 1 EWG-Vertrag und Artikel 33 EGKS-Vertrag beantragt, das von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika unterzeichnete Abkommen über die Anwendung ihrer Wettbewerbsgesetze, unterzeichnet am 23. September 1991 (Abkommen), für nichtig zu erklären. 2 Das Abkommen wurde in Washington von Attorney General W. P. Barr und der Präsidentin der Federal Trade Commission L. Steiger im Namen der Regierung der Vereinigten Staaten und vom Vizepräsidenten der Kommission Sir Leon Brittan im Namen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften unterzeichnet. 3 Nach Artikel 1 Absatz 2 ist unter "Wettbewerbsgesetz(e)" zu verstehen: "(i) für die Europäischen Gemeinschaften: Artikel 85 bis 90 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die Verordnung Nr. 4064/89 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, Artikel 65 und 66 des Vertrages über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und ihre Durchführungsbestimmungen, insbesondere die Entscheidung Nr. 24/54 der Hohen Behörde, (ii) für die Vereinigten Staaten von Amerika: Sherman Act (15 U.S.C. §§ 1 bis 7), Clayton Act (15 U.S.C. §§ 12 bis 27), Wilson Tariff Act (15 U.S.C. §§ 8 bis 11) und Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. §§ 41 bis 68) mit Ausnahme der Bestimmungen über den Verbraucherschutz". 4 Für "Wettbewerbsbehörden" gilt folgende Definition: "... (i) für die Europäischen Gemeinschaften: die Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Wettbewerbsregeln der Europäischen Gemeinschaften, (ii) für die Vereinigten Staaten: die Antitrust Division des United States Department of Justice und die Federal Trade Commission. ..." 5 Ziel des Abkommens ist die Förderung der Zusammenarbeit sowie die Einschränkung der Möglichkeiten für Meinungsunterschiede und der Auswirkungen von Abweichungen zwischen den Parteien bei der Durchführung ihrer Wettbewerbsgesetze (Artikel I Absatz 1). 6 Zu diesem Zweck sieht es vor, daß die Parteien einander mitteilen, wenn ihre Wettbewerbsbehörden der Auffassung sind, daß deren Anwendungsmaßnahmen wichtige Belange der anderen Partei berühren könnten (Artikel II), ferner den Austausch gewisser Informationen über Fragen von gegenseitigem Interesse bei der Anwendung der Wettbewerbsgesetze (Artikel III), die Abstimmung im Bereich der Anwendungsmaßnahmen (Artikel IV) sowie gegenseitige Konsultationsverfahren (Artikel VII). 7 Artikel V sieht darüber hinaus eine Zusammenarbeit bei wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen im Gebiet einer Partei vor, welche wichtige Belange der anderen Partei beeinträchtigen (positive comity). In einem solchen Fall kann die Partei, deren wichtige Belange beeinträchtigt sind, dies der anderen Partei mitteilen und diese ersuchen, ihre Wettbewerbsbehörden anzuweisen, geeignete Anwendungsmaßnahmen zu ergreifen. Um Konflikte zu vermeiden, sieht Artikel VI vor, daß die Parteien sich bemühen, die wichtigen Belange der jeweils anderen Partei in allen Stufen ihrer Anwendungsmaßnahmen zu berücksichtigen (traditional comity). 8 Die Vertraulichkeit der Informationen wird durch Artikel VIII gewährleistet, nach dem die Parteien nicht verpflichtet sind, Informationen an die andere Partei weiterzuleiten, wenn die Weiterleitung gesetzlich verboten ist oder mit wichtigen Belangen der Partei, die im Besitz dieser Informationen ist, unvereinbar wäre. 9 Nach Artikel IX darf das Abkommen "nicht auf eine Weise ausgelegt werden, die mit den bestehenden Gesetzen unvereinbar wäre oder Änderungen an den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika oder der Europäischen Gemeinschaften oder ihrer Bundesstaaten bzw. Mitgliedstaaten erfordern würde". 10 Artikel X regelt die Form des Mitteilungsaustausches: mündlich, fernmündlich, schriftlich oder durch Telefax. 11 Nach Artikel XI Absatz 1 tritt das Abkommen mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Nach Absatz 2 endet es 60 Tage, nachdem eine Partei der anderen Partei schriftlich mitgeteilt hat, daß sie die Beendigung begehrt. Nach Absatz 3 überprüfen die Parteien die Funktionsweise des Abkommens spätestens 24 Monate nach seinem Inkrafttreten. 12 Das Abkommen wurde nicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Zulässigkeit 13 Die Kommission wirft in der Klagebeantwortung die Frage auf, ob die Französische Republik nicht anstelle des Abkommens selbst die Entscheidung hätte angreifen müssen, mit der sie ihren Vizepräsidenten zur Unterzeichnung des Abkommens mit den Vereinigten Staaten in ihrem Namen ermächtigt habe. 14 Nach Artikel 173 Absatz 1 EWG-Vertrag ist eine Klage bereits dann zulässig, wenn die angefochtene Handlung die Handlung eines Organs ist und Rechtswirkungen erzeugt (vgl. Urteil vom 31. März 1971 in der Rechtssache 22/70, Kommission/Rat, AETR, Slg. 1971, 263). 15 Das Abkommen soll seinem Wortlaut nach Rechtswirkungen erzeugen. Folglich muß die Handlung, durch die die Kommission das Abkommen schließen wollte, mit der Nichtigkeitsklage anfechtbar sein. 16 Die Ausübung der Kompetenzen, die den Gemeinschaftsorganen im internationalen Verkehr zustehen, darf nämlich der gerichtlichen Rechtmässigkeitskontrolle nach Artikel 173 EWG-Vertrag nicht entzogen werden. 17 Die Klage der Französischen Republik ist als Klage gegen die Handlung zu sehen, mit der die Kommission das Abkommen schließen wollte. Diese Klage ist damit zulässig. Begründetheit 18 Die Französische Republik stützt ihre Klage auf drei Rügen. Die Kommission sei zum Abschluß eines solchen Abkommens nicht zuständig; das Abkommen sei nicht begründet, die Rechtssicherheit verletzt; auch liege ein Verstoß gegen das gemeinschaftliche Wettbewerbsrecht vor. Die erste Rüge 19 Artikel 228 Absatz 1 EWG-Vertrag in der maßgeblichen Fassung lautete wie folgt: "Soweit dieser Vertrag den Abschluß von Abkommen zwischen der Gemeinschaft und einem oder mehreren Staaten oder einer internationalen Organisation vorsieht, werden diese Abkommen von der Kommission ausgehandelt. Sie werden vorbehaltlich der Zuständigkeiten, welche die Kommission auf diesem Gebiet besitzt, durch den Rat geschlossen; dieser hört zuvor das Europäische Parlament in allen Fällen, in denen der Vertrag dies vorsieht." 20 Die Französische Republik macht zunächst geltend, diese Bestimmung behalte die Kompetenz für den Abschluß völkerrechtlicher Verträge ausdrücklich dem Rat vor. Die Kommission verfüge auf diesem Gebiet nur über eine Verhandlungsbefugnis. Mit dem Abschluß des Abkommens habe sie daher ihre Kompetenzen überschritten. 21 Die Kommission hält dem entgegen, das Abkommen sei in Wirklichkeit ein Verwaltungsabkommen, für dessen Abschluß sie zuständig sei. Eine Nichterfuellung des Abkommens könne angesichts der mit dem Abkommen begründeten Verpflichtungen nicht zu einer völkerrechtlichen Haftung der Gemeinschaft führen, sondern zu seinem schlichten Erlöschen. 22 Artikel IX des Abkommens verbiete darüber hinaus den Parteien, das Abkommen in einer Weise auszulegen, die mit den bestehenden Gesetzen (bei den Europäischen Gemeinschaften zudem auch mit dem Recht der Mitgliedstaaten) unvereinbar wäre oder Änderungen an den Gesetzen erfordern würde. 23 Wie bereits festgestellt, erzeugt das Abkommen Rechtswirkungen. 24 Nur die Gemeinschaft, die gemäß Artikel 210 EWG-Vertrag Rechtspersönlichkeit besitzt, kann sich durch den Abschluß von Abkommen mit einem Drittstaat oder einer internationalen Organisation verpflichten. 25 Ganz zweifelsfrei kann das Abkommen daher nur die Europäischen Gemeinschaften binden. Es handelt sich somit sehr wohl um eine internationale Übereinkunft zwischen einem Staat und einer internationalen Organisation im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a) i) des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge zwischen Staaten und internationalen Organisationen oder zwischen internationalen Organisationen. Sollte die Kommission das Abkommen nicht durchführen, könnte dies somit die Haftung der Gemeinschaft auf völkerrechtlicher Ebene auslösen. 26 Damit ist zu prüfen, ob die Kommission gemeinschaftsrechtlich zum Abschluß eines solchen Abkommens befugt war. 27 Wie der Gerichtshof im Gutachten 1/75 vom 11. November 1975 (Slg. 1975, 1355) dargelegt hat, ist der Begriff "Abkommen" in Artikel 228 EWG-Vertrag in einem allgemeinen Sinne zu verstehen und soll jede von Völkerrechtssubjekten eingegangene bindende Verpflichtung ungeachtet ihrer Form erfassen. 28 Wie der Generalanwalt in Nr. 37 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, stellt Artikel 228 zudem für den Abschluß von Verträgen eine eigene, allgemeine Bestimmung von verfassungsmässiger Bedeutung insofern dar, als er den Gemeinschaftsorganen bestimmte Kompetenzen verleiht. Zur Schaffung eines Gleichgewichts zwischen diesen Organen sieht er vor, daß die Abkommen zwischen der Gemeinschaft und einem oder mehreren Staaten von der Kommission ausgehandelt und dann durch den Rat abgeschlossen werden; dieser hat zuvor das Europäische Parlament in den Fällen zu hören, in denen der EWG-Vertrag dies vorsieht. Jedoch steht die Vertragsabschlußkompetenz dem Rat "vorbehaltlich der Zuständigkeiten [zu], welche die Kommission auf diesem Gebiet besitzt". 29 Die Französische Republik trägt vor, die Zuständigkeiten, welche die Kommission besitze, beschränkten sich auf die Abkommen, die die Kommission zur Anerkennung der Reiseausweise der Gemeinschaft schließen könne (Artikel 7 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften). Sie könnten sich vielleicht auch noch auf den Abschluß von Abkommen erstrecken, die als Verwaltungs- oder Arbeitsabkommen anzusehen seien; zu diesen zählten etwa die Anknüpfung von Beziehungen zu den Organen der Vereinten Nationen und zu anderen internationalen Organisationen, die in Artikel 229 EWG-Vertrag erwähnt seien. 30 Die Kommission stützt sich demgegenüber auf die Praxis von Abkommen, die sie als internationale Verwaltungsabkommen einstuft. Sie trägt zunächst vor, die in Artikel 228 vorgesehene Ausnahmeregelung dürfe nicht so eng ausgelegt werden, wie dies die Französische Republik tü. Hätten die Verfasser des EWG-Vertrags nämlich ihre Vertragsabschlußkompetenz tatsächlich beschränken wollen, so hätte Artikel 228 in seiner französischen Fassung dem Rat die Kompetenz "sous réserve des compétences attribuées [übertragen] à la Commission" und nicht "reconnüs [zuerkannt] à la Commission" eingeräumt. 31 Die Verwendung des Ausdrucks "reconnüs" in der französischen Fassung belege, daß der Kommission Kompetenzen aus anderen Quellen als dem EWG-Vertrag, etwa aus der Organpraxis, zuwachsen könnten. Ausserdem ergebe sich aus einer Analogie zu Artikel 101 Absatz 3 EAG-Vertrag, daß die Kommission Abkommen und Vereinbarungen, deren Durchführung keine Mitwirkung des Rates erfordere und im Rahmen des betreffenden Haushaltsplans möglich sei, von der Kommission allein ausgehandelt und abgeschlossen würden, sofern keine neuen finanziellen Lasten für die Gemeinschaft begründet würden; jedoch sei der Rat ständig zu unterrichten. 32 Dem ist nicht zu folgen. 33 Zum einen stellt der Ausdruck "sous réserve des compétences reconnüs à la Commission" eine Ausnahme zu der Regel dar, daß der Rat zum Abschluß völkerrechtlicher Abkommen zuständig ist. 34 Dann handelt nach Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 EWG-Vertrag "jedes Organ ... nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse". Damit kann der Ausdruck "reconnüs" in der französischen Fassung des Artikels 228 EWG-Vertrag nichts anderes bedeuten als "attribuées". 35 Weiter verwenden andere Sprachfassungen des Artikels 228 Ausdrücke, die dem Begriff der Übertragung näherstehen als dem der Zuerkennung. Das gilt insbesondere für die dänische ("som paa dette omraade er tillagt Kommissionen"), die deutsche ("der Zuständigkeit, welche die Kommission auf diesem Gebiet besitzt"), die niederländische ("van de aan de Commissie te dezer zake tögekende bevögdheden") und die englische ("the powers vested in the Commission in this field") Fassung. 36 Schließlich kann jedenfalls eine schlichte Praxis die Vorschriften des EWG-Vertrags nicht überspielen. 37 Dem kann die Kommission nicht entgegenhalten, Artikel 228 EWG-Vertrag erkenne ihr eine Kompetenz ähnlich der ihr in Artikel 101 Absatz 3 EAG-Vertrag zuerkannten zu. 38 Wie der Generalanwalt in Nr. 26 seiner Schlussanträge zu Recht ausgeführt hat, sieht diese Bestimmung ein völlig anderes Verfahren als Artikel 228 EWG-Vertrag vor. 39 Zudem wurden der EWG- und der EAG-Vertrag parallel ausgehandelt und am selben Tag unterzeichnet, so daß die Verfasser der beiden Verträge, wenn sie der Kommission dieselben Kompetenzen hätten zuweisen wollen, dies ausdrücklich getan hätten. 40 Die Kommission hält der Rüge der Französischen Republik ein letztes Argument entgegen. Ihre Zuständigkeit zum Abschluß völkerrechtlicher Abkommen sei im vorliegenden Fall besonders klar, da der EWG-Vertrag ihr im Wettbewerbsrecht besondere Kompetenzen zuweise. Kraft des Artikels 89 EWG-Vertrag und der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962, Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 85 und 86 des Vertrages (ABl. 1962, 13, S. 204), achte die Kommission auf die Verwirklichung der in den Artikeln 85 und 86 EWG-Vertrag niedergelegten Grundsätze sowie auf die Einhaltung der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (ABl. 1990, L 247, S. 14). 41 Auch dem ist nicht zu folgen. Selbst wenn die Kommission intern die Zuständigkeit zum Erlaß von Einzelmaßnahmen zur Durchführung der Wettbewerbsregeln hat ° dieses Gebiet wird vom Abkommen erfasst °, so ändert diese interne Kompetenz doch nichts an der Kompetenzaufteilung zwischen den Gemeinschaftsorganen beim Abschluß völkerrechtlicher Abkommen, die Artikel 228 EWG-Vertrag regelt. 42 Der Rüge, die Kommission sei zum Abschluß des streitigen Abkommens nicht zuständig gewesen, ist somit stattzugeben. 43 Ohne daß die übrigen Klagegründe der Französischen Republik noch geprüft zu werden bräuchten, ist daher die Handlung, mit der die Kommission das Abkommen mit den Vereinigten Staaten über die Anwendung der Wettbewerbsgesetze der Europäischen Gemeinschaften und der Vereinigten Staaten schließen wollte, für nichtig zu erklären. Kostenentscheidung Kosten 44 Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung trägt die unterliegende Partei die Kosten. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften ist mit ihrem Vorbringen unterlegen. Sie hat daher ihre eigenen Kosten ebenso wie diejenigen der Französischen Republik zu tragen. 45 Nach Artikel 69 § 4 der Verfahrensordnung tragen das Königreich Spanien und das Königreich der Niederlande, die zur Unterstützung der Anträge der Französischen Republik beigetreten sind, ihre eigenen Kosten. Tenor Aus diesen Gründen hat DER GERICHTSHOF für Recht erkannt und entschieden: 1) Die Handlung, mit der die Kommission der Europäischen Gemeinschaften das Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika über die Anwendung der Wettbewerbsgesetze der Europäischen Gemeinschaften und der Vereinigten Staaten, unterzeichnet und in Kraft getreten am 23. September 1991, schließen wollte, wird für nichtig erklärt. 2) Die Kommission trägt ihre eigenen Kosten ebenso wie diejenigen der Französischen Republik. 3) Das Königreich Spanien und das Königreich der Niederlande tragen ihre eigenen Kosten.

62007TJ0074

fr

Par décision C(95) 2271 du 28 septembre 1995, la Commission a accordé un concours financier communautaire à un programme opérationnel, lancé dans le cadre de l’initiative communautaire Interreg II, concernant les régions de la Sarre, de la Lorraine et du Palatinat occidental. L’article 2 de la décision d’octroi prévoit que les « modalités d’octroi du concours financier, y compris la participation des fonds aux différents sous-programmes et mesures qui font partie du présent programme […] sont précisées dans le plan de financement du programme annexé » à ladite décision. Alors que le corps de la décision d’octroi fait ainsi référence au troisième niveau de la programmation (ci-après les « mesures ou groupe de mesures ») par le terme « mesure », le plan de financement qui y est annexé fait référence à ce niveau par l’expression « groupe de mesures ». Le plan de financement indique, en outre, dans l’intitulé des colonnes reprenant respectivement les contributions communautaire et nationale, que chacune de ces contributions représente 50 % des coûts totaux de chaque axe prioritaire et de chaque mesure ou groupe de mesures. La décision d’octroi a été modifiée par deux décisions de la Commission des 7 avril 1998 et 29 décembre 1999. Dans sa version résultant de cette dernière modification, la décision d’octroi prévoyait un coût total de 66898400 euros dont 23726800 euros à la charge du FEDER et 42171600 euros à la charge des autorités nationales. Une annotation en bas de page du plan de financement annexé à chacune de ces décisions de modification indiquait qu’il était garanti que les fonds communautaires ne dépassaient pas 50 % des dépenses publiques totales. Aux termes des modalités de mise en œuvre du programme, prévues par la décision d’octroi du concours, ladite mise en œuvre incombait au comité de suivi qui devait être institué dans le cadre du partenariat. Le comité de suivi devait notamment veiller au respect de la réglementation, y compris de celle qui a trait à l’éligibilité des actions et des projets ainsi que préparer et délibérer sur les propositions éventuelles de modification de l’intervention. Toutes les questions essentielles relatives à la mise en œuvre du programme devaient être décidées à l’unanimité. La Commission était représentée au sein du comité de suivi avec un droit de vote. Par lettre du 12 mai 1999, la Commission a demandé que les modifications du programme lui soient soumises pour approbation avant le 31 juillet 1999 dans la mesure où elles impliquaient une augmentation du montant global ou des transferts entre les fonds. Cette demande a été traitée pendant la réunion du comité de suivi du 17 juin 1999. Au cours de cette réunion, le représentant de la Commission a ajouté qu’il convenait d’arrêter définitivement le montant total des concours du FEDER pour le programme opérationnel. Compte tenu de la clôture, le 31 décembre 1999, des programmes financés par les fonds structurels et concernant la période de programmation 1994-1999, la Commission a adopté le 9 septembre 1999 les lignes d’orientation pour la clôture financière des interventions opérationnelles (1994-1999) des fonds structurels (ci-après les « lignes d’orientation ») et les a communiquées aux États membres. Les lignes d’orientation, dans leur version en langue allemande, énoncent notamment : « 6. Plans de financement 6.1. Le plan de financement ne peut pas faire l’objet de modifications après la date finale pour les engagements. 6.2. La clôture financière des programmes doit être effectuée sur la base de la version du plan de financement en vigueur (il s’agit, en général, du plan de financement avec une ventilation à trois niveaux, soit programme, sous-programme, mesure). Les décomptes introduits par les États membres doivent présenter le même niveau de détail que les plans de financement annexés aux décisions portant approbation des interventions opérationnelles et, donc, doivent en général présenter un état des dépenses effectives encourues ventilées au niveau des mesures. Un dépassement de 20 % de la contribution de chaque fonds par mesure peut être accepté pourvu que le montant total du sous-programme, tel qu’établi dans le plan de financement en vigueur, ne soit pas augmenté. […] 7. Liquidation finale 7.1. Les États membres sont obligés d’assurer le transfert de la totalité du concours communautaire qu’ils reçoivent aux bénéficiaires fina[ux]. Compte tenu du fait qu’à cet égard quelques problèmes ont été constatés dans le passé, au moment du décompte final, la contribution communautaire, calculée conformément aux modalités visées au point 6.2, est limitée au plus bas des deux montants suivants : a) le montant résultant de l’application aux dépenses déclarées du taux de cofinancement communautaire découlant du plan de financement en vigueur pour la mesure ; b) le montant du concours communautaire effectivement dû aux bénéficiaires finaux (payé et restant à payer dans le cadre de la mesure) […] » Au cours de la procédure écrite faisant suite à la réunion du comité de suivi du 10 novembre 1999, la direction générale « Politique régionale et cohésion » de la Commission a indiqué, par lettre du 3 mai 2000, qu’elle n’avait aucune objection contre les modifications proposées concernant les projets approuvés au titre du programme en cause et a demandé à ne plus être informée des modifications ultérieures des projets, sauf s’il existait une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure (objet des projets, coûts, bénéficiaires, etc.), au sens de l’article 24 du règlement n o 4253/88, et/ou un impact sur le budget communautaire. Les documents de clôture ont été transmis à la Commission par lettre du 20 mars 2003 avec la demande de paiement du solde. Dans leur demande de paiement, les autorités allemandes ont considéré que la participation communautaire totale devait être calculée en additionnant la participation communautaire à chacun des projets réalisés laquelle, à son tour, devait être calculée en appliquant aux coûts totaux du projet le taux de participation décidé par le comité de suivi et qui était proche de 50 % pour la plupart des projets, sauf pour ceux très coûteux pour lesquels un taux de participation inférieur avait été fixé. Étant donné, cependant, que, pour une partie des projets, les coûts globaux éligibles avaient été inférieurs à ce qui avait été prévu, les montants mentionnés dans la demande de paiement ne coïncidaient pas avec les montants indiqués dans le plan de financement annexé à la dernière décision de modification. Ainsi, le montant sollicité à titre de contribution du FEDER au programme opérationnel était inférieur au montant figurant dans ledit plan de financement pour tous les axes prioritaires et pour toutes les mesures ou groupes de mesures à l’exception de la mesure ou du groupe de mesures 3.2, pour lequel le montant sollicité à titre de participation du FEDER était légèrement supérieur au montant figurant dans le plan de financement. Par décision C(2006) 7271, du 27 décembre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a réduit le concours du FEDER accordé au programme opérationnel mis en œuvre dans le cadre de l’initiative communautaire Interreg II dans les régions de la Sarre, de la Lorraine et du Palatinat occidental de 933691,04 euros. Dans cette décision, la Commission a motivé la réduction des concours communautaires en cause de la manière suivante. Elle indique que les programmes subventionnés par les fonds communautaires doivent être mis en œuvre conformément aux décisions d’octroi du concours et aux tableaux financiers qui ont été approuvés par elle et qu’aucune modification n’était possible après le 31 décembre 1999, date limite pour les engagements, dès lors que la période de programmation était déjà achevée. Elle indique que, alors que dans la décision d’octroi du concours la participation du FEDER était fixée à 50 % des dépenses publiques pour tout le programme, la décision de modification du 7 avril 1998 avait prévu des taux de financement différents pour chaque mesure ou groupe de mesures. Elle note que les dépenses globales effectives ainsi que les montants de participation du FEDER correspondant à chaque mesure ou groupe de mesures ne coïncident pas avec les montants figurant dans le plan de financement en vigueur. Elle explique, cependant, que, étant donné que, dans les lignes d’orientation, elle a renoncé à traiter certains écarts à la hausse ou à la baisse par rapport au plan de financement comme des modifications importantes, elle accepte, conformément au point 6.2 desdites lignes, les écarts à la hausse en appliquant une certaine flexibilité par voie de compensation à l’intérieur du même axe prioritaire. En revanche, en cas d’écarts uniquement à la baisse, elle applique le point 7 des lignes d’orientation et limite la contribution communautaire au plus bas de deux montants : celui résultant de l’application du taux de financement pour chaque mesure ou groupe de mesures aux coûts effectifs ou celui effectivement dû aux bénéficiaires. Ainsi, s’agissant des mesures ou groupes de mesures 1.2, 2.2, 3.1, 4.1 et 4.2, la Commission refuse de payer le montant demandé par les autorités allemandes, correspondant au montant dû aux bénéficiaires, au motif que son paiement aurait pour effet de donner lieu à un dépassement des taux de financement prévus pour ces mesures ou groupes de mesures dans le plan de financement en vigueur et donc à une modification de ce dernier. Procédure et conclusions des parties Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2007, la République fédérale d’Allemagne a introduit le présent recours. La République fédérale d’Allemagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : — annuler la décision attaquée ; — condamner la Commission aux dépens. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : — rejeter le recours ; — condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens. En droit La République fédérale d’Allemagne soulève, en substance, trois moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 24 du règlement n o 4253/88, d’un défaut de motivation et du non-respect du « partenariat » prévu à l’article 4 du règlement n o 2052/88. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 24 du règlement n o 4253/88 Arguments des parties La République fédérale d’Allemagne fait valoir que la Commission a violé l’article 24 du règlement n o 4253/88 en ce qu’elle a réduit le concours financier en cause sans que les conditions prévues par cette disposition soient remplies. Elle estime, en effet, d’une part, que les écarts entre les coûts globaux prévus dans le plan de financement et les coûts globaux finaux, ainsi que les changements qui en résultent dans le rapport entre la contribution du FEDER et les coûts globaux, ne peuvent pas être considérés comme des « modifications importantes » au sens de l’article 24 du règlement n o 4253/88 et que, en tout état de cause, la Commission a donné son approbation préalable et, d’autre part, que cette dernière a omis d’exercer le pouvoir d’appréciation que cette disposition lui conférait pour décider si le concours communautaire se justifiait. S’agissant, en premier lieu, du caractère important de la modification, la République fédérale d’Allemagne fait valoir, premièrement, que les plans de financement étant indicatifs et n’ayant, de par leur nature, qu’un caractère provisoire, il n’y a pas lieu de considérer chaque modification comme une modification importante. Elle conteste ainsi l’affirmation de la Commission, au considérant 12 de la décision attaquée, selon laquelle elle est habilitée à « considérer comme irrecevable la présentation d’une demande de paiement du solde dès lors qu’une ou plusieurs mesures présentent des écarts par rapport au plan de financement final ». Elle fait valoir à cet égard que, dès lors que les montants du concours du FEDER figurant dans le plan de financement sont des valeurs maximales, la minoration d’un montant ne saurait être considérée comme un écart. La République fédérale d’Allemagne fait valoir, deuxièmement, que, indépendamment de la définition de l’expression « modification importante », il n’y a pas eu de telles modifications dans la mise en œuvre du programme en cause dès lors que celui-ci a été exécuté conformément à la dernière version de la décision d’octroi et aux décisions du comité de suivi. Elle fait valoir à cet égard que le plan de financement en vigueur prévoyait uniquement, d’une part, un montant maximal de contribution du FEDER et, d’autre part, un taux maximal de participation du FEDER égal à 50 % des coûts totaux qui serait applicable à tous les niveaux du programme et, notamment, au niveau des projets individuels et fait observer que ces limites ont été respectées. Elle conteste l’affirmation de la Commission, figurant aux considérants 2 et 13 de la décision attaquée, selon laquelle les décisions de modification de la décision d’octroi ont modifié le plan de financement en ce sens qu’il prévoirait des taux de financement maximaux applicables au niveau des mesures ou groupes de mesures et inférieurs à 50 %. Elle considère que lesdites décisions ne visaient qu’à augmenter ou à diminuer le montant maximal du concours pour chaque mesure ou groupe de mesures, mais que le taux de participation prévu, 50 % au maximum des coûts totaux, était resté inchangé, comme cela résulterait des annotations contenues dans les plans de financement annexés auxdites décisions selon lesquelles il était garanti que les fonds communautaires ne dépasseraient pas 50 % des dépenses publiques totales (voir point 11 ci-dessus). Elle affirme que, malgré le fait que lesdits plans prévoyaient une augmentation des dépenses nationales, cette augmentation avait abouti seulement à une baisse comptable de la quote-part de financement par les fonds du FEDER et non à une fixation de taux spécifiques pour chaque mesure ou groupe de mesures. Elle fait valoir, par conséquent, que les taux indiqués par la Commission aux considérants 1 er et 13 de la décision attaquée n’ont pas été fixés par les décisions de modification et résultent simplement du fait que, pour certains projets, le concours du FEDER a été fixé par le comité de suivi en dessous du plafond de 50 %, de sorte que les valeurs cumulées indiquées dans les plans financiers des décisions de modification pour les différentes mesures ou groupes de mesures sont nécessairement inférieures à ce taux plafond. La République fédérale d’Allemagne fait valoir, troisièmement, que la Commission ne peut pas se fonder, comme elle le fait aux considérants 17 et 21 de la décision attaquée, sur le point 7a des lignes d’orientation pour décider que les écarts entre les coûts prévus et les coûts effectifs des projets constituent une modification importante au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n o 4253/88 dès lors que les lignes d’orientation ne font pas référence à cette disposition et ne peuvent donc constituer la base juridique d’une réduction du concours du FEDER. Elle ajoute à cet égard que, lesdites lignes n’ayant été adoptées qu’en septembre 1999, il n’était donc plus possible de remanier totalement un programme qui était en cours depuis le 4 novembre 1994. En outre, la Commission elle-même soulignerait, au considérant 24 de la décision attaquée, le caractère interne des lignes d’orientation. En tout état de cause, elle estime que, même en acceptant l’application du point 7a des lignes d’orientation, la réduction ne serait pas justifiée en l’espèce. Elle rappelle à cet égard que le choix du montant le moins élevé, préconisé aux points 7a ou 7b, est nécessaire, selon le point 7.1 des lignes d’orientation, pour garantir « que le concours communautaire soit intégralement versé aux bénéficiaires finaux ». Elle en déduit que le montant visé au point 7a ne constitue que la valeur de référence par rapport au montant qui est effectivement versé au bénéficiaire final et considère que ce point ne comporte ainsi aucune réglementation propre relative à la réduction du concours. Elle affirme que, cependant, dans le programme litigieux, la valeur de référence correspond au concours du FEDER accordé à la condition que le taux de financement n’excède pas 50 % des coûts globaux. Dans ces circonstances, elle soutient que, en l’espèce, la Commission prend en compte trois montants distincts pour ne retenir, à chaque fois, que le moins élevé. Elle fait valoir, quatrièmement, que la Commission elle-même ne considérait pas, au cours de la mise en œuvre du programme, que les écarts de coûts au niveau des projets étaient importants, puisque, dans sa lettre du 12 mai 1999 (voir point 13 ci-dessus), elle aurait indiqué que les modifications qui devaient lui être soumises étaient uniquement celles qui impliquaient une augmentation du montant total de la participation des fonds ou des transferts entre ceux-ci. En outre, dans sa lettre du 3 mai 2000 (voir point 15 ci-dessus), la Commission aurait affirmé que les modifications habituelles des projets ne constituaient pas une « modification importante » au sens de l’article 24 du règlement n o 4253/88. S’agissant, en deuxième lieu, du prétendu accord de la Commission, la République fédérale d’Allemagne fait valoir que, même à supposer que les modifications en cause constituent des modifications importantes nécessitant l’approbation de la Commission, elles devraient être considérées comme ayant été approuvées par celle-ci dès lors qu’elles résultent de l’accord du comité de suivi, au sein duquel siège un représentant de la Commission, agissant dans l’exercice des compétences de celle-ci. Elle soutient à cet égard que l’article 17, paragraphe 4, du règlement n o 4253/88, qui autorise la conclusion d’accords concernant des projets individuels, n’interdit pas au comité de suivi de fixer des concours du FEDER en collaboration avec la Commission. S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’absence d’exercice par la Commission de son pouvoir d’appréciation, la République fédérale d’Allemagne soutient que, même si les différences entre le plan de financement et la demande de paiement devaient être considérées comme des modifications importantes non approuvées par la Commission, le fait de n’avoir pas demandé à celle-ci son approbation constitue simplement une violation des règles de procédure et ne serait pas de nature, conformément au principe de proportionnalité, à justifier la réduction du concours financier du FEDER et le refus de versement du reliquat. Elle estime ainsi que la Commission aurait dû tenir compte de l’impact de sa décision sur les projets subventionnés qui se sont déroulés comme prévu. Elle ajoute que la Commission n’a pas expliqué pourquoi les concours du FEDER accordés par le comité de suivi et mentionnés dans la demande de paiement n’étaient plus justifiés, que ce soit au niveau des mesures ou groupes de mesures ou au niveau des projets. La Commission conteste l’ensemble de ces arguments. Appréciation du Tribunal Compte tenu des arguments de la République fédérale d’Allemagne, il convient d’examiner successivement si l’absence de coïncidence entre les montants prévus dans le plan de financement et ceux de la demande de paiement constitue une modification importante au sens de l’article 24 du règlement n o 4253/88, si la Commission a donné son approbation préalable à cette modification en l’espèce et, enfin, si elle a omis d’exercer le pouvoir d’appréciation que cette disposition lui conférait pour décider si le concours communautaire se justifiait. S’agissant, en premier lieu, de l’existence de modifications importantes au sens de l’article 24 du règlement n o 4253/88, la République fédérale d’Allemagne fait valoir, en substance, que les écarts entre les coûts prévus dans le plan de financement et les coûts effectifs ne constituent pas des modifications importantes au motif, premièrement, que le plan de financement annexé à la décision d’octroi n’est qu’indicatif, deuxièmement, que ces écarts ne violent pas les conditions prévues par la décision d’octroi dans sa dernière version et par le comité de suivi, troisièmement, que le point 7a des lignes d’orientation ne permet pas de définir les écarts litigieux comme des modifications importantes et, enfin, que la Commission aurait reconnu que les écarts au niveau des projets ne constituaient pas des modifications importantes. Pour ce qui est, premièrement, du caractère prétendument indicatif et provisoire du plan de financement annexé à la décision d’octroi, il convient de renvoyer aux points 60 à 64 de l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Allemagne/Commission ( T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 et T-332/07, Rec. p. II-2181 ), dans lesquels une argumentation substantiellement identique à celle avancée par la République fédérale d’Allemagne dans la présente affaire a été rejetée (voir, en ce sens, s’agissant de la faculté pour le juge communautaire de motiver une décision par renvoi à une décision antérieure statuant sur des questions substantiellement identiques, arrêt de la Cour du 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank, C-229/04, Rec. p. I-9273 , points 47 à 49, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T-47/03, non publié au Recueil, point 102). Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré qu’il ressortait de la législation applicable telle qu’interprétée par la jurisprudence que tout concours financier octroyé par les fonds structurels devait être mis en œuvre conformément à la décision qui l’avait approuvé et, notamment, au tableau financier annexé à cette décision et que, par conséquent, les modifications d’un plan de financement approuvé par la Commission réalisées sans l’assentiment de celle-ci entraînaient, en principe, la réduction du concours octroyé au programme en cause. À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel le comité de suivi peut modifier le plan de financement sans soumettre ces modifications à la Commission lorsque celles-ci n’exigent pas l’octroi de ressources supplémentaires au programme. En effet, force est de constater qu’il ressort clairement de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n o 4253/88 que toute modification du plan de financement est soit communiquée pour confirmation à la Commission et à l’État membre concerné dès son adoption par le comité de suivi, soit directement adoptée par la Commission elle-même, en collaboration avec l’État membre, et après avis du comité de suivi. Il en résulte qu’aucune modification du plan de financement ne peut intervenir sans l’approbation, préalable ou a posteriori, de la Commission. Pour ce qui est, deuxièmement, de l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel les différences entre les montants figurant dans le plan de financement et les montants finaux ne violent pas les conditions prévues par la décision d’octroi dans sa dernière version, dès lors que notamment le taux de participation appliqué ne dépasse pas le taux plafond de 50 % des coûts totaux, il convient de constater que, par cet argument, la République fédérale d’Allemagne cherche à contester l’affirmation figurant dans la décision attaquée selon laquelle la décision d’octroi dans sa dernière version prévoit des taux de participation spécifiques pour chaque mesure ou groupe de mesures inférieurs, dans la plupart des cas, à 50 %. À cet égard, il convient de relever que les taux de participation auxquels la Commission fait référence dans la décision attaquée résultent du rapport entre les montants du concours du FEDER et les coûts totaux prévus pour chaque mesure ou groupe de mesures par le plan de financement. Force est de constater que, en calculant les taux de participation du FEDER à partir des montants prévus par le plan de financement, la Commission s’est bornée à appliquer l’article 17, paragraphe 2, du règlement n o 4253/88 en vertu duquel la participation financière du FEDER est fixée en pourcentage et est calculée soit par rapport aux coûts totaux, soit par rapport à l’ensemble des dépenses publiques éligibles telles qu’elles apparaissent dans le plan de financement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 juin 2007, Nuova Gela Sviluppo/Commission, T-65/04, non publié au Recueil, point 82). S’il est, certes, vrai que l’article 17, paragraphe 2, du règlement n o 4253/88 part du principe d’un taux de participation unique pour l’ensemble de l’action (programme opérationnel, régime d’aides, etc.), l’article 17, paragraphe 4, dudit règlement autorise expressément la fixation de taux de participation pour des mesures individuelles ou spécifiques, étant entendu que les « mesures individuelles » au sens de cette disposition doivent nécessairement correspondre à un niveau de programmation figurant dans le plan de financement. En effet, il ressort de la jurisprudence que le taux de participation communautaire constitue l’une des modalités du concours précisées au moment de son octroi, dont la modification ultérieure est soumise aux procédures prévues à l’article 25, paragraphe 5, du règlement n o 4253/88 (arrêt Nuova Gela Sviluppo/Commission, point 39 supra, point 92). Cette interprétation est, par ailleurs, la seule compatible avec l’article 25, paragraphe 5, du règlement n o 4253/88, lequel prévoit que les adaptations des plans de financement annexés aux décisions d’octroi entraînent la modification des taux d’intervention et laisse ainsi clairement comprendre que de tels taux d’intervention sont effectivement prévus par tout plan de financement et que leur modification découle automatiquement des autres modifications introduites dans le plan. En outre, force est de constater que ce n’est que de cette manière que, dans un cas comme celui de l’espèce, où les coûts finaux sont inférieurs à ce qui est prévu dans le plan de financement, cette réduction de coûts peut être répartie entre la Communauté et les États membres dans la même proportion que celle dans laquelle ils auraient contribué aux coûts si ceux-ci avaient été à la hauteur de ce qui était prévu dans le plan de financement établi dans le cadre du partenariat. Il en résulte que la République fédérale d’Allemagne ne saurait prétendre que la modification des contributions nationale et communautaire aux différentes mesures ou groupes de mesures, décidée dans les décisions de modification, n’a pas eu comme conséquence de modifier le taux de participation du FEDER pour chaque mesure ou groupe de mesures donnant lieu ainsi à des taux différents et, dans la plupart des cas, inférieurs à 50 %. Faire droit à son allégation selon laquelle seul un taux maximal et unique de 50 % aurait été fixé reviendrait à considérer que le taux de participation définitif du FEDER ne peut être déterminé qu’au moment de la clôture du programme, contrairement à ce qui est prévu par la réglementation telle qu’interprétée par la jurisprudence (voir point 39 ci-dessus). Dans ces circonstances, le fait que la motivation des décisions de modification n’indique pas expressément que le nouveau rapport entre les coûts totaux prévus et la contribution communautaire implique que des taux spécifiques pour chaque mesure ou groupe de mesures soient substitués au taux unique de 50 % est sans pertinence dès lors que cette substitution découle directement de la législation. Par ailleurs, force est de constater que, comme le fait observer la Commission, les motifs des décisions en cause faisaient référence à l’article 25, paragraphe 5, du règlement n o 4253/88. Enfin, il convient d’observer que la fixation d’un taux de participation spécifique pour chaque mesure ou groupe de mesures n’implique pas que les décisions de modification aient donné lieu à une réduction du concours du FEDER dès lors que, comme la Commission le souligne, celui-ci aurait été payé dans sa totalité si les coûts finaux du programme avaient été à la hauteur de ce qui avait été prévu dans le plan de financement résultant de ces décisions. Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la République fédérale d’Allemagne tirés notamment du fait que, en l’espèce, d’une part, il était indiqué dans les plans de financement annexés aux décisions de modification qu’il était garanti que les fonds communautaires ne devaient pas dépasser 50 % des dépenses publiques totales et, d’autre part, le programme opérationnel avait été mis en œuvre conformément aux décisions du comité de suivi. Concernant l’argument tiré de l’annotation figurant dans les plans de financement annexés aux décisions de modification aux termes de laquelle il était garanti que les fonds communautaires ne devaient pas dépasser 50 % des dépenses publiques totales, il convient de relever que, comme le fait observer la Commission, cette indication n’empêche pas de considérer que la décision d’octroi telle que modifiée par lesdites décisions prévoyait des taux de participation inférieurs à 50 % pour certaines des mesures ou groupes de mesures, dès lors que ce taux plafond de 50 % devait être respecté au niveau des projets individuels. Ainsi, il n’aurait pas été possible de financer un projet à un taux très supérieur à 50 % et de prévoir des taux très inférieurs pour d’autres projets relevant de la même mesure ou groupe de mesures, même si le taux global prévu pour la mesure ou le groupe de mesures avait été respecté. Concernant l’argument selon lequel le programme opérationnel aurait été mis en œuvre conformément aux décisions du comité de suivi, il suffit de constater qu’il ressort clairement de la décision attaquée, ainsi que du tableau qui y est annexé, que le programme opérationnel en cause n’a pas été mis en œuvre conformément à ces décisions dès lors qu’une partie des fonds alloués audit programme n’a finalement pas été utilisée. En effet, comme la Commission le fait observer, c’est précisément le fait que le programme n’a pas été complètement exécuté comme prévu qui est à l’origine du présent litige, les parties étant en désaccord sur la façon dont doit être calculée la contribution de la Communauté lorsque les coûts totaux du programme sont inférieurs à ce qui était prévu. Le fait que les projets réalisés l’aient été correctement est certes important mais ne suffit pas pour considérer que le plan a été correctement exécuté, le respect de l’ensemble des conditions fixées par la décision d’octroi, y compris les taux de participation, étant également indispensable à cette fin. Pour ce qui est, troisièmement, de l’argument selon lequel le point 7a des lignes d’orientation ne permet pas de définir les écarts litigieux comme des modifications importantes, il convient, d’abord, de constater que, ainsi que cela ressort du deuxième visa et du considérant 28 de la décision attaquée, la Commission n’a pas fondé sa décision de réduction sur les lignes d’orientation, mais sur l’article 24 du règlement n o 4253/88. Dans les lignes d’orientation, la Commission n’a fait que rappeler aux États membres son interprétation des dispositions applicables et les informer que, conformément à la marge d’appréciation que l’article 24 du règlement n o 4253/88 lui conférait, elle avait décidé, comme elle l’indique au considérant 15 de sa décision, d’accepter les écarts remplissant certaines conditions. Certes, s’étant engagée à travers la communication aux États membres à utiliser sa marge d’appréciation pour appliquer l’article 24 du règlement n o 4253/88 conformément aux critères prévus par les lignes d’orientation, la Commission a motivé la décision attaquée en faisant référence à celles-ci, mais cela n’implique pas que la base juridique de la décision attaquée soit constituée par les lignes d’orientation. Ensuite, le fait que les lignes d’orientation n’ont été adoptées qu’en septembre 1999 n’implique pas, contrairement à ce que prétend la République fédérale d’Allemagne, que leur adoption exigeait un remaniement des programmes en cours. En effet, conformément à ce qui a été jugé aux points 36 à 46 ci-dessus, le caractère obligatoire du plan de financement et l’existence d’un taux de participation fixe par mesure ou groupe de mesures résultent des dispositions législatives applicables de sorte que le point 7 des lignes d’orientation, dont le contenu ne semble d’aucune manière contraire à ces dispositions, n’exigeait aucune modification des programmes. En tout état de cause, force est de constater que la Commission n’a pas appliqué de manière erronée le point 7 des lignes d’orientation en l’espèce dès lors que, comme il résulte des points 39 à 46 ci-dessus, « le taux de cofinancement découlant du plan de financement » auquel fait référence le point 7a des lignes d’orientation ne peut être compris que comme faisant référence aux taux de financement calculés en fonction du rapport entre la contribution communautaire et les coûts totaux prévus, dans le plan de financement, pour chaque mesure ou groupe de mesures et indiqués par la Commission au considérant 1 de la décision attaquée et non comme faisant référence à un taux maximal et unique de 50 %. Pour ce qui est, enfin, de l’argument selon lequel la Commission aurait reconnu que les écarts au niveau des projets ne constituaient pas des modifications importantes, il y a lieu de constater que le fait que la Commission ait demandé dans sa lettre du 12 mai 1999 (voir point 13 ci-dessus) que les modifications comportant une augmentation du montant global ou des transferts entre les fonds lui soient soumises pour approbation avant une certaine date n’implique pas qu’elle ait considéré que des modifications autres que celles-ci pouvaient être librement introduites dans le programme par les autorités nationales, malgré l’obligation du comité de suivi, prévue à l’article 25, paragraphe 5, du règlement n o 4253/88, de notifier toute modification à la Commission et d’attendre sa confirmation. De même, il ne ressort pas de la lettre du 3 mai 2000 (voir point 15 ci-dessus) que les modifications des projets n’entrent jamais dans le champ d’application de l’article 24 du règlement n o 4253/88. Au contraire, dans cette lettre, la Commission indique clairement que ce n’est que s’il n’existe pas une modification importante et s’il n’y a pas d’effet sur le budget communautaire que les modifications relatives aux projets ne doivent pas lui être communiquées. Ainsi, comme la Commission le souligne, les écarts au niveau des projets entreront dans le champ d’application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n o 4253/88 uniquement lorsqu’ils entraînent des écarts par rapport aux montants figurant dans le plan de financement. S’agissant, en deuxième lieu, du fait que la Commission aurait prétendument approuvé les modifications en cause, il convient de rejeter l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel la présence d’un représentant de la Commission dans le comité de suivi du programme opérationnel et sa participation active à l’exécution dudit programme vaudraient approbation par la Commission des modifications réalisées. En effet, il découle clairement de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n o 4253/88 que, bien que le comité de suivi soit, en principe, compétent pour adapter le plan de financement lorsque cela n’implique pas une augmentation des coûts totaux du programme, toute modification qu’il réalise doit être immédiatement notifiée à la Commission et à l’État membre concerné et n’est applicable que dès qu’elle est confirmée par eux. Force est de constater que cette disposition ne peut être interprétée qu’en ce sens que le représentant de la Commission au sein du comité de suivi n’est pas la « Commission » au sens de ladite disposition dès lors que, étant donné qu’il fait partie du comité de suivi, l’obligation de notifier la modification après la prise de décision par le comité de suivi et l’obligation d’attendre la confirmation de la Commission n’auraient aucun sens. Par ailleurs, il est incontestable que les deux décisions de modification de la décision d’octroi, adoptées en vertu du troisième alinéa de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n o 4253/88 dès lors qu’elles échappent à la compétence du comité de suivi, ont été adoptées par la Commission en tant qu’organe collégial et non par son représentant au sein du comité de suivi. Or, la référence à la « Commission » figurant dans l’article 25, paragraphe 5, du règlement n o 4253/88 ne saurait être interprétée comme visant alternativement l’organe collégial ou son représentant au sein du comité de suivi selon l’alinéa de cette disposition dont il s’agit. Dans ces circonstances, il convient de considérer qu’il ne peut être affirmé que la Commission a approuvé une modification décidée par le comité de suivi que si celle-ci lui a été communiquée formellement à cette fin (voir, en ce sens, arrêt Nuova Gela Sviluppo/Commission, point 39 supra, points 64 et 66 ; voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 novembre 2006, Italie/Commission, T-282/04, non publié au Recueil, points 72 et 78). La République fédérale d’Allemagne n’ayant pas communiqué à la Commission les modifications en cause en l’espèce, elle ne saurait, par conséquent, prétendre que celles-ci ont été approuvées. S’agissant, en troisième et dernier lieu, de l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel la Commission n’aurait pas exercé le pouvoir d’appréciation que l’article 24 du règlement n o 4253/88 lui confère et, plus particulièrement, de son argument selon lequel le fait de ne pas avoir demandé l’approbation des modifications constatées par la Commission constitue uniquement une violation des règles de procédure et ne justifie pas que celle-ci réduise le concours financier et mette en danger le financement des projets correctement exécutés, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la violation de dispositions nationales ou communautaires régissant un concours des fonds communautaires, y compris celles de caractère financier, justifie la réduction ou la suppression du concours octroyé (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, Irlande/Commission, C-199/03, Rec. p. I-8027 , points 29 à 34, et du 19 janvier 2006, Comunità montana della Valnerina/Commission, C-240/03 P, Rec. p. I-731 , points 76 et 97). Ainsi, il y a lieu d’observer que, dans son arrêt Italie/Commission, point 52 supra (points 72 et 78), relatif aux plans de développement rural financés par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), le Tribunal a considéré que le non-respect par la République italienne d’une disposition dont le contenu est très analogue à celui de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n o 4253/88 entraînait la réduction du concours octroyé au programme opérationnel. Il convient d’observer qu’admettre, comme le demande la République fédérale d’Allemagne, que, étant donné qu’elle n’a commis qu’une violation des règles de procédure, la Commission ne pouvait pas réduire le concours, parce que cela affecterait les projets correctement exécutés, reviendrait à laisser sans conséquence la violation par la République fédérale d’Allemagne de son obligation d’exécuter le programme opérationnel conformément au plan de financement approuvé par la Commission. Cette solution viderait ainsi cette obligation de son contenu dès lors qu’il suffirait aux autorités nationales de prouver la bonne réalisation de certains projets pour obtenir la totalité du financement octroyé indépendamment du respect des dispositions financières sur lesquelles elles se sont mises d’accord avec la Commission. En tout état de cause, force est de constater que la décision attaquée n’est pas susceptible de mettre en danger le financement des projets exécutés. En effet, dès lors que les coûts du programme opérationnel en cause sont inférieurs à ce qui était prévu, les autorités nationales peuvent utiliser une partie des fonds nationaux ainsi épargnés pour compléter le financement des projets correctement exécutés. À cet égard, la circonstance, invoquée par la République fédérale d’Allemagne lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, selon laquelle, s’agissant en l’espèce d’un programme élaboré dans le cadre de l’initiative communautaire Interreg II, la contribution nationale relève du budget de trois autorités nationales différentes, est dépourvue de pertinence. Le fait que, dans le cadre des relations entre les différentes autorités nationales, les projets non réalisés doivent être financés par l’une des autorités nationales et les projets exécutés par une autre n’empêche pas de considérer que la partie des fonds nationaux épargnée comme conséquence de la non-réalisation de certains projets puisse être utilisée pour compléter le financement des projets exécutés. En effet, si les projets en cause ont un véritable intérêt transfrontalier, comme cela devrait être le cas de tout projet destiné à être financé dans le cadre d’un programme opérationnel relevant de l’initiative communautaire Interreg II, l’autorité nationale dont les projets n’ont pas été exécutés, ou se sont révélés moins coûteux, peut prendre en charge une partie de la contribution nationale aux projets qui ont été exécutés conformément aux prévisions. En tout état de cause, il convient d’observer que les demandes de subvention pour un programme opérationnel sont présentées de manière conjointe par l’ensemble des autorités nationales compétentes sur les territoires concernés par ledit programme et que les décisions d’octroi ne font la distinction qu’entre la contribution communautaire et la contribution nationale sans faire la différence entre celle de chacune des autorités nationales. Au vu de tout ce qui précède, le premier moyen de la République fédérale d’Allemagne est rejeté. Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation Arguments des parties La République fédérale d’Allemagne fait valoir, s’agissant de la référence faite par la Commission, au considérant 16 de la décision attaquée, au point 6.2 des lignes d’orientation, que celle-ci n’explique pas pourquoi un écart à la « hausse » par rapport aux dépenses prévues dans le plan de financement relèverait des lignes d’orientation alors qu’un écart à la « baisse » constituerait une modification importante au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n o 4253/88. Elle considère que, si la Commission avait appliqué la flexibilité de 20 % prévue par les lignes d’orientation en l’espèce, aucune réduction n’aurait été opérée. Elle ajoute à cet égard que la non-application de cette flexibilité par la Commission est particulièrement incompréhensible dès lors que, selon la Commission, la totalité du concours du FEDER aurait pu être payée, même sans avoir recours à cette règle, si elle avait été dûment demandée (considérant 20 de la décision attaquée). Elle affirme ne pas comprendre pourquoi la Commission, qui a accordé dans la décision attaquée une importance fondamentale aux taux de financement prévus par le plan de financement pour chaque mesure ou groupe de mesures, n’accepte pas l’application des lignes d’orientation pour permettre, au lieu d’un dépassement de 20 % du concours prévu par le plan, un dépassement de la même importance du taux de financement, et ce alors même que le montant demandé reste inférieur au concours prévu par le plan. S’agissant du tableau figurant en annexe de la décision attaquée, la République fédérale d’Allemagne fait valoir qu’il est incompréhensible et considère que cela pourrait être dû au fait que ni les explications ni les titres des colonnes ne sont rédigés en allemand, la langue de procédure. Elle soutient ainsi que la violation de l’article 3 du règlement n o 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( JO 1958, 17, p. 385 ), est à l’origine d’une autre erreur de motivation. Elle conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle les formules mathématiques contenues dans le tableau sont claires. La Commission conteste que la décision attaquée soit entachée d’un défaut de motivation. Appréciation du Tribunal S’agissant du considérant 16 de la décision attaquée, la République fédérale d’Allemagne fait valoir, en premier lieu, que la Commission n’explique pas pourquoi un écart à la « hausse » par rapport aux dépenses prévues dans le plan de financement pourrait être admis alors qu’un écart à la « baisse » constituerait une modification importante au sens de l’article 24 du règlement n o 4253/88. Or, il convient de noter que la Commission indique, aux considérants 12 et 15 de la décision attaquée, que tout écart, que ce soit à la hausse ou à la baisse, constitue une modification importante. Elle indique, ensuite, au considérant 16 de ladite décision, que les écarts à la hausse peuvent être admis à condition toutefois que leur importance soit limitée (à 20 % du montant de la mesure en cause) et qu’ils soient compensés à l’intérieur du sous-programme/axe prioritaire par un écart à la baisse équivalent de sorte que « le montant du sous-programme […] ne soit pas augmenté ». Dans ces circonstances, force est de constater que la Commission n’a pas considéré que les écarts à la « hausse » étaient toujours admis alors que les écarts à la « baisse » ne l’étaient pas et que, par conséquent, la décision attaquée ne pouvait pas contenir de motivation à cet égard. La République fédérale d’Allemagne fait valoir, en deuxième lieu, que la Commission n’explique pas pourquoi elle n’a pas appliqué, en l’espèce, la marge de flexibilité de 20 %, prévue au point 6 des lignes d’orientation. À cet égard, il convient de constater qu’il ressort du point 6.2 des lignes d’orientation ainsi que du considérant 19 de la décision attaquée que la flexibilité de 20 % a été appliquée, contrairement à ce que prétend la République fédérale d’Allemagne, mais qu’elle n’a pu l’être que dans le cadre de l’axe prioritaire 3, parce que ce n’est que dans cet axe que figure une mesure ou un groupe de mesures pour lesquels le montant prévu par le plan de financement a été dépassé. Il résulte clairement de cette motivation que le point 6.2 des lignes d’orientation ne pouvait pas être appliqué pour les autres axes dès lors que l’une des conditions de son application, à savoir le dépassement du montant prévu pour au moins une des mesures ou groupes de mesures, n’était pas satisfaite. La République fédérale d’Allemagne affirme, en troisième lieu, ne pas comprendre pourquoi la Commission n’applique pas les lignes d’orientation en ce sens qu’un dépassement de 20 % du taux de participation fixé pour une mesure ou un groupe de mesures peut être accepté s’il n’implique pas un dépassement du concours prévu pour l’axe prioritaire de la même manière qu’un dépassement du montant du concours prévu pour une mesure ou un groupe de mesures est admis, en vertu du point 6.2 desdites lignes, s’il n’implique pas un dépassement du montant du concours prévu pour l’axe prioritaire. Il convient d’observer à cet égard que la République fédérale d’Allemagne demande en quelque sorte une application par analogie des lignes d’orientation. La Commission a cependant indiqué, au considérant 24 de la décision attaquée, que les lignes d’orientation devraient, en tant qu’instructions adressées à ses services, être mises en œuvre conformément au principe d’égalité de traitement de sorte qu’elle ne pouvait pas les appliquer aux programmes de la République fédérale d’Allemagne d’une manière différente de celle de laquelle elle les applique aux programmes d’autres États membres. Il en résulte que la décision attaquée est suffisamment motivée à cet égard. S’agissant, ensuite, du tableau annexé à la décision attaquée, la République fédérale d’Allemagne estime qu’il est incompréhensible, parce que ni les explications ni les titres des colonnes ne sont rédigés en allemand et conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle les formules mathématiques qu’il contient sont faciles à comprendre. Or, il suffit de constater que, comme le relève la Commission, il ressort des références au contenu du tableau que la République fédérale d’Allemagne fait dans la requête qu’elle l’a compris correctement. En outre, il y a lieu d’observer que la motivation figurant dans le corps de la décision attaquée permet de comprendre le calcul réalisé pour chaque mesure ou groupe de mesures et les raisons pour lesquelles le montant demandé par la République fédérale d’Allemagne a été ou non accepté. Dans ces circonstances, le deuxième moyen de la République fédérale d’Allemagne doit être rejeté. Sur le troisième moyen, tiré du non-respect du « partenariat » Arguments des parties La République fédérale d’Allemagne fait valoir que, alors que le programme litigieux a été élaboré conjointement et les montants de financement pour les projets ont été fixés dans le respect du programme, la Commission, en s’écartant des conditions qui y sont prévues, modifie unilatéralement le concours du FEDER et ne respecte pas le « partenariat ». Elle soutient que la méthode de calcul appliquée par la Commission implique qu’il n’existe plus de financement global garanti pour aucun de ces projets dès lors que les services compétents et les responsables des projets ne peuvent déterminer le montant du concours du FEDER avant l’expiration du délai d’incorporation des dépenses au 31 décembre 2001 et le dépôt de la demande de paiement. Elle fait valoir, en outre, que la Commission ne respecte pas non plus le « partenariat » en ce que son comportement est contraire au principe de protection de la confiance légitime dès lors que son représentant au sein du comité de suivi n’aurait pas expliqué à ses partenaires la signification des montants figurant dans les tableaux financiers avant l’expiration du délai d’engagement ni que les financements des projets décidés en comité de suivi étaient compromis. Dans la réplique, elle affirme que la Commission cherche à minimiser sa participation au sein du comité de suivi. Elle soutient que cette participation a cependant marqué la mise en œuvre du programme et affirme que la collaboration de la Commission dans la détermination des participations du FEDER aux projets, conformément au règlement intérieur du comité de suivi, est intervenue dans le respect du cadre juridique prévu. Elle considère que, en revanche, la méthode de calcul de la Commission est incompatible avec les décisions du comité de suivi et ne s’impose pas, tout au moins dans les cas où cette dernière a pris part préalablement à des décisions contraires du comité de suivi. Elle ajoute que le « partenariat » exigeait, en présence d’une divergence fondamentale de vues sur la mise en œuvre du programme, que la Commission l’autorise à rectifier la demande de paiement. La Commission conteste ces arguments. Appréciation du Tribunal Il convient de rappeler tout d’abord que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n o 2052/88 (voir point 3 ci-dessus), la notion de « partenariat » est utilisée pour souligner que « [l’action communautaire] s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents […] désignés par l’État membre ». Le partenariat porte notamment sur la préparation, le financement, le suivi et l’évaluation des actions et doit être mené en plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chacun des partenaires. Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission n’aurait pas respecté le « partenariat » en ce qu’elle aurait modifié unilatéralement les conditions du concours du FEDER, force est de constater qu’il ressort de l’examen du premier moyen, que, contrairement à ce qu’affirme la République fédérale d’Allemagne, la Commission ne s’est pas écartée des conditions prévues par la décision d’octroi dans sa dernière version et, par conséquent, n’a pas modifié unilatéralement le concours du FEDER. En outre, étant donné que les taux de financement sont fixés par la décision d’octroi du concours, il ne peut pas non plus être affirmé que la méthode de calcul appliquée par la Commission, conformément aux dispositions applicables et à la décision d’octroi, implique qu’il ne soit pas possible de déterminer à l’avance le montant du concours communautaire. S’agissant de l’argument selon lequel le comportement de la Commission serait contraire au principe de protection de la confiance légitime en raison de l’attitude de son représentant au sein du comité de suivi, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la naissance de la confiance légitime implique que des assurances précises et conformes aux dispositions applicables aient été données par une personne habilitée à le faire (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T-203/97, RecFP p. I-A-129 et II-705 , point 70, et du 30 juin 2005, Branco/Commission, T-347/03, Rec. p. II-2555 , point 102). Or, en l’espèce, outre le fait que l’absence d’avertissement de la part du représentant de la Commission au sein du comité de suivi sur l’existence des taux de financement au niveau des mesures ou groupes de mesures ne peut pas être considérée comme des assurances précises, d’autant plus qu’il ressort du dossier que celui-ci a affirmé qu’il s’abstiendrait de voter lors des prises de décisions sur les projets afin de ne pas anticiper sur le jugement du contrôle financier interne de la Commission, ces « assurances » ne seraient pas, en tout état de cause, conformes au droit applicable comme il résulte de l’examen ci-dessus. Enfin, s’agissant de l’argument de la République fédérale d’Allemagne selon lequel la Commission devrait l’autoriser à rectifier sa demande de paiement, il convient de constater que la République fédérale d’Allemagne, loin d’accepter l’interprétation de la Commission et de lui demander de l’autoriser à présenter une nouvelle demande, sollicitant le paiement d’un montant plus élevé pour les mesures ou groupes de mesures pour lesquels la demande initiale prévoyait un montant inférieur à celui résultant de l’application du taux de financement prévu par le plan de financement, a introduit le présent recours pour contester cette interprétation. Dans ces circonstances, la Commission ne pouvait pas, à supposer que cela soit admis par la réglementation applicable, autoriser de sa propre initiative la rectification de la demande. Dans ces circonstances, il convient de rejeter le présent moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble. Sur les dépens Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République fédérale d’Allemagne ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens. Czúcz Labucka Frimodt Nielsen Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2009. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

62021CJ0200

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288, in popravek v UL 2019, L 214, str. 25). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med osebama TU in SU na eni strani ter družbama BRD Groupe Société Générale SA (v nadaljevanju: BRD) in Next Capital Solutions Ltd (v nadaljevanju: NCS) na drugi glede ugovora zoper izvršbo obveznosti vračila v zvezi s posojilno pogodbo, sklenjeno med osebama TU in SU na eni strani ter družbo BRD na drugi, pri čemer je bila terjatev navedene družbe pozneje prenesena na družbo NCS. Pravni okvir Pravo Unije V štiriindvajseti uvodni izjavi Direktive 93/13 je navedeno, da „morajo imeti sodišča ali upravni organi držav članic na voljo ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nepoštenih pogojev v potrošniških pogodbah“. Člen 6(1) te direktive določa: „Države članice določijo, da nepošteni pogoji, uporabljeni v pogodbi, ki jo s potrošnikom sklene prodajalec ali ponudnik, kakor je določeno z nacionalnim pravom, niso zavezujoči za potrošnika in da pogodba še naprej zavezuje obe stranki na podlagi teh pogojev, če je nadaljnji obstoj mogoč brez nepoštenih pogojev.“ Člen 7(1) navedene direktive določa: „Države članice zagotovijo, da v interesu potrošnikov in konkurentov obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nepoštenih pogojev v pogodbah, ki jih s potrošniki sklenejo prodajalci ali ponudniki.“ Romunsko pravo Člen 638(1), točka 4, Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (zakon št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku) v različici, ki se uporablja za spor o glavni stvari (v nadaljevanju: zakonik o civilnem postopku), določa: „Prav tako so izvršilni naslovi in so lahko predmet izvršbe: […] 4. dolžniški vrednostni papirji in drugi dokumenti, za katere zakon določa, da so izvršljivi.“ Člen 638(2) zakonika o civilnem postopku določa: „Odlog izvršbe naslovov iz odstavka 1, točki 2 in 4, je mogoče predlagati tudi v okviru tožbe za razglasitev ničnosti teh naslovov. Smiselno se uporabljajo določbe člena 719.“ Člen 713(2) zakonika o civilnem postopku določa: „Če se izvršba opravlja na podlagi izvršilnega naslova, ki ni odločba sodišča, se lahko dejanski ali pravni razlogi, ki se nanašajo na utemeljitev pravice iz izvršilnega naslova, v podporo ugovoru navedejo le, če zakon za razglasitev ničnosti tega […] naslova ne določa nobenega posebnega pravnega sredstva.“ Člen 715(1), točka 3, zakonika o civilnem postopku določa: „Razen če zakon določa drugače, se lahko ugovor zoper izvršbo vloži v petnajstih dneh od dneva, ko: […] 3.      je dolžnik, ki izpodbija sámo izvršbo, prejel odločbo o dovolitvi izvršbe ali nalog, ali od datuma, ko je bil seznanjen s prvim aktom iz izvršilnega postopka, če ni prejel niti odločbe o dovolitvi izvršbe niti naloga ali če se izvršba izvede brez naloga. […]“ Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje Osebi TU in SU sta oktobra 2007 z družbo BRD sklenili kreditno pogodbo (v nadaljevanju: zadevna kreditna pogodba). Ta družba je junija 2009 terjatev, ki izhaja iz te pogodbe, odstopila družbi IFN Next Capital Finance SA, ki je avgusta istega leta to terjatev prenesla na družbo NCS. Družba NCS je 23. februarja 2015 pri sodnem izvršitelju vložila predlog za prisilno izterjavo navedene terjatve v breme osebe TU na podlagi zadevne kreditne pogodbe, ki je v romunskem pravu izvršilni naslov. Ta izvršitelj je v tem okviru osebi TU izdal plačilni nalog, v katerem je tej osebi naložil, naj plača preostale zneske, dolgovane na podlagi zadevne kreditne pogodbe, in stroške izvršbe. Izvršitelj je istega dne odredil rubež finančnih sredstev na računih, ki jih je oseba TU imela pri več bančnih ustanovah. Ti različni akti o izvršbi so bili zadevni osebi sporočeni 2. marca 2015. Sodni izvršitelj je z aktom z dne 6. marca 2015 pri delodajalcu osebe TU izvedel rubež na plačo. Ta je bil prav tako obveščen o tem ukrepu 13. marca 2015. Oseba TU je 17. marca 2015 pri izvršitelju izpodbijala zneske, ki so se zahtevali od nje, nato pa je 5. avgusta 2015 zaprosila za odobritev načrta obročnega odplačevanja za šest mesecev. Pozneje, 25. maja 2016, je sodni izvršitelj ponovno odredil rubež dela plače osebe TU. Izvršitelj je 6. decembra 2018 izdal nov plačilni nalog glede preostalih zneskov, dolgovanih družbi NCS, skupaj s stroški izvršbe, z zagroženo izvršbo na lastniškem deležu osebe TU na nepremičnini v Bukarešti (Romunija). Oseba TU je 28. decembra 2018 pri Judecătoria sectorului 1 București (prvostopenjsko sodišče prvega okrožja v Bukarešti, Romunija) vložila ugovor zoper to izvršbo, pri čemer se je sklicevala na zastaranje pravice do predlaganja izvršbe. To sodišče je s pravnomočno sodbo z dne 18. aprila 2019 ugotovilo, da je bil ugovor zoper izvršbo vložen prepozno. Osebi TU in SU sta 17. februarja 2020 pri navedenem sodišču vložili nov ugovor zoper izvršbo, pri čemer sta se sklicevali na nepoštenost dveh pogojev zadevne kreditne pogodbe, ki sta se nanašala na obračunavanje provizije za uvedbo kreditnega postopka oziroma mesečne provizije za vodenje kredita. Osebi TU in SU sta s predlogom predlagali tudi razglasitev ničnosti aktov o izvršbi in vračilo zneskov, ki jih je družba NCS zaradi nepoštenosti teh pogojev prejela neupravičeno. Osebi TU in SU sta se v utemeljitev tega novega ugovora sklicevali na sklep z dne 6. novembra 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti in Secapital (C‑75/19, neobjavljen, EU:C:2019:950), s katerim je Sodišče presodilo, da je treba Direktivo 93/13 razlagati tako, da nasprotuje pravilu nacionalnega prava, kakršen je člen 713(2) zakonika o civilnem postopku, na podlagi katerega potrošnik, proti kateremu poteka postopek prisilne izvršbe, po izteku petnajstdnevnega roka od vročitve prvih aktov tega postopka ne more uveljavljati obstoja nepoštenih pogojev v pogodbi, katere izvršba se zahteva, za ugovarjanje temu postopku, in to tudi, če ta potrošnik lahko na podlagi nacionalnega prava pri sodišču vloži tožbo za ugotovitev obstoja nepoštenih pogojev, za katero ne velja noben rok, vendar katere izid nima učinka na izid postopka prisilne izvršbe, ki lahko zavezuje potrošnika pred izidom tožbe za ugotovitev obstoja nepoštenih pogojev. Judecătoria sectorului 1 București (prvostopenjsko sodišče prvega okrožja v Bukarešti) je s sodbo z dne 3. julija 2020 ugodilo ugovoru družb BRD in NCS, ki se je nanašal na prepozno vložitev tega ugovora. To sodišče meni, da čeprav je Sodišče v sklepu z dne 6. novembra 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti in Secapital (C‑75/19, neobjavljen, EU:C:2019:950), razsodilo, da mora imeti potrošnik možnost, da nepoštenost pogodbenih pogojev uveljavlja v okviru ugovora zoper izvršbo zadevne pogodbe, ostaja dejstvo, da te pravice ni mogoče učinkovito uveljavljati kadar koli, ne da bi zanjo veljali zakonsko določeni roki. Osebi TU in SU sta zoper to sodbo pri predložitvenem sodišču, Tribunalul Bucureşti (okrožno sodišče v Bukarešti, Romunija), vložili pritožbo, s katero sta predlagali, naj to sodišče spremeni prvostopenjsko odločbo, s katero je bilo ugodeno ugovoru prepozne vložitve navedenega ugovora, ker naj bi bilo v obrazložitvi Judecătoria sectorului 1 București (prvostopenjsko sodišče prvega okrožja v Bukarešti) napačno uporabljeno pravo. Predložitveno sodišče navaja, da sta si zadeva, o kateri odloča, in zadeva, v kateri je bil izdan sklep z dne 6. novembra 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti in Secapital (C‑75/19, neobjavljen, EU:C:2019:950), podobni. Vendar se sprašuje, ali lahko okoliščina, da ima sodišče, pri katerem bi potrošnik morebiti vložil tožbo občega prava, možnost, da izvršbo pogodbe odloži do odločitve o tej tožbi, kot izhaja iz člena 638(2) zakonika o civilnem postopku, vpliva na ugotovitve iz tega sklepa. Poleg tega se predložitveno sodišče za primer, da to ne bi bilo tako in da pravil nacionalnega prava o izvršbi ne bi bilo mogoče razlagati v skladu s pravom Unije, torej tako, da se potrošniku omogoči, da s sklicevanjem na nepoštenost pogojev iz pogodbe ugovor zoper izvršbo zadevne pogodbe vloži po izteku petnajstdnevnega roka, sprašuje o posledicah, ki bi jih moralo izpeljati iz tega. V teh okoliščinah je Tribunalul București (okrožno sodišče v Bukarešti) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje: „Ali Direktiva 93/13 nasprotuje nacionalni ureditvi, kot izhaja iz člena 712 in naslednjih […] zakonika o civilnem postopku, ki določa petnajstdnevni rok, v katerem se lahko dolžnik v ugovoru zoper izvršbo sklicuje na nepošten pogodbeni pogoj [v pogodbi], ki je izvršilni naslov, glede na to, da ni določen rok za [vložitev tožbe za] izpodbijanje obstoja nepoštenih pogojev [pogodbe, ki je izvršilni naslov], dolžnik pa ima v skladu s členom 638(2) zakonika o civilnem postopku [v okviru take tožbe možnost] vložiti zahtevo za odložitev izvršbe […]?“ Vprašanje za predhodno odločanje Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba Direktivo 93/13 razlagati tako, da nasprotuje določbi nacionalnega prava, ki izvršilnemu sodišču, ki odloča o ugovoru zoper izvršbo pogodbe, ki je sklenjena med potrošnikom in prodajalcem ali ponudnikom in je izvršilni naslov, zunaj petnajstdnevnega roka, določenega s to določbo, ne dovoljuje, da po uradni dolžnosti ali na predlog potrošnika preuči nepoštenost pogojev te pogodbe, čeprav ima ta potrošnik poleg tega na voljo tožbo za meritorno odločitev, ki mu omogoča, da sodišču, ki odloča o tej tožbi, predlaga, naj opravi tak nadzor in v skladu z drugo določbo tega nacionalnega prava do odločitve o navedeni tožbi odredi odlog izvršbe. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča sistem varstva, ki se izvaja z Direktivo 93/13, temelji na predpostavki, da je potrošnik v razmerju do prodajalca ali ponudnika v podrejenem položaju glede pogajalske moči in ravni obveščenosti (glej zlasti sodbo z dne 26. januarja 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, točka 40 in navedena sodna praksa). Glede na ta podrejeni položaj člen 6(1) te direktive določa, da nepošteni pogoji za potrošnika niso zavezujoči. Gre za kogentno določbo, katere namen je formalno ravnotežje med pravicami in obveznostmi sopogodbenikov, ki je določeno s pogodbo, zamenjati z dejanskim ravnotežjem, tako da se med sopogodbeniki spet vzpostavi enakost (glej zlasti sodbi z dne 21. decembra 2016, Gutiérrez Naranjo in drugi, C‑154/15, C‑307/15 in C‑308/15, EU:C:2016:980, točki 53 in 55, ter z dne 26. januarja 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, točka 41). Sodišče je v okviru tega že večkrat ugotovilo, da mora nacionalno sodišče po uradni dolžnosti preizkusiti nepoštenost pogodbenega pogoja, ki spada na področje uporabe Direktive 93/13, in tako izravnati neravnotežje med potrošnikom in prodajalcem ali ponudnikom, in to takoj, ko ima vse za to potrebne pravne in dejanske elemente (sodbe z dne 14. marca 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, točka 46 in navedena sodna praksa; z dne 21. decembra 2016, Gutiérrez Naranjo in drugi, C‑154/15, C‑307/15 in C‑308/15, EU:C:2016:980, točka 58, in z dne 26. januarja 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, točka 43). Poleg tega Direktiva 93/13 – kot izhaja iz njenega člena 7(1) v povezavi z njeno štiriindvajseto uvodno izjavo – državam članicam nalaga, da zagotovijo ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nepoštenih pogojev v pogodbah, ki jih s potrošniki sklenejo prodajalci ali ponudniki (sodba z dne 26. junija 2019, Addiko Bank, 407/18, EU:C:2019:537, točka 44 in navedena sodna praksa). Čeprav je Sodišče tako že večkrat in ob upoštevanju zahtev iz člena 6(1) in člena 7(1) Direktive 93/13 navedlo, kako mora nacionalno sodišče zagotavljati varstvo pravic, ki jih imajo potrošniki na podlagi te direktive, pa se v pravu Unije postopki, ki se uporabljajo za preučitev domnevne nepoštenosti pogodbenega pogoja, načeloma ne harmonizirajo in ti postopki torej spadajo v notranji pravni red držav članic, vendar le, če niso manj ugodni od tistih, ki urejajo podobne položaje v nacionalnem pravu (načelo enakovrednosti), in če v praksi ne onemogočajo ali pretirano otežujejo uresničevanja pravic, ki jih potrošnikom podeljuje pravo Unije (načelo učinkovitosti) (glej v tem smislu sodbo z dne 26. junija 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, točki 45 in 46 ter navedena sodna praksa). Poleg tega je Sodišče pojasnilo, da obveznost držav članic, da zagotovijo učinkovitost pravic, ki jih imajo pravni subjekti na podlagi prava Unije, med drugim v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz Direktive 93/13, vključuje zahtevo po zagotovitvi učinkovitega sodnega varstva, ki je potrjena v členu 7(1) te direktive in določena tudi v členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter ki med drugim velja za opredelitev postopkovnih pravil v zvezi s tožbami, ki temeljijo na takih pravicah (glej v tem smislu sodbo z dne 10. junija 2021, BNP Paribas Personal Finance, od C‑776/19 do C‑782/19, EU:C:2021:470, točka 29 in navedena sodna praksa). Sodišče je v zvezi s tem že presodilo, da če se postopek izvršbe konča, preden sodišče, ki vsebinsko odloča o zadevi, izda sodbo, s katero se ugotovi nepoštenost pogodbenega pogoja, ki je podlaga za to izvršbo, in posledično razveljavi postopek izvršbe, bi ta odločba navedenemu potrošniku zagotovila le naknadno odškodninsko varstvo, ki bi bilo nepopolno in nezadostno ter ne bi bilo niti ustrezno niti učinkovito sredstvo za prenehanje uporabe tega pogoja, kar je v nasprotju s tem, kar določa člen 7(1) Direktive 93/13 (sklep z dne 6. novembra 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala București in Secapital, C‑75/19, neobjavljen, EU:C:2019:950, točka 32 in navedena sodna praksa). Tako je Sodišče v točki 34 sklepa z dne 6. novembra 2019, BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti in Secapital (C‑75/19, neobjavljen, EU:C:2019:950), na katerega se sklicuje predložitveno sodišče, presodilo, da je treba Direktivo 93/13 razlagati tako, da nasprotuje pravilu nacionalnega prava, na podlagi katerega potrošnik, ki je s kreditno institucijo podpisal kreditno pogodbo in proti kateremu je ta institucija sprožila postopek izvršbe, po izteku petnajstdnevnega roka od vročitve prvih aktov tega postopka ne more uveljavljati obstoja nepoštenih pogojev za ugovarjanje temu postopku, in to tudi, če ta potrošnik lahko na podlagi nacionalnega prava pri sodišču vloži tožbo za ugotovitev obstoja nepoštenih pogojev, za katero ne velja noben rok, vendar katere izid nima učinka na izid postopka prisilne izvršbe, ki lahko zavezuje potrošnika pred izidom tožbe za ugotovitev obstoja nepoštenih pogojev. Vendar se predložitveno sodišče sprašuje, ali ta razlaga velja tudi, če je sodišče, ki odloča o tožbi v glavni stvari, pristojno za odlog izvršbe. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da možnost potrošnika, da pri sodišču, ki vsebinsko odloča o zadevi, vloži tožbo občega prava, s katero želi doseči nadzor nad morebitno nepoštenostjo pogojev pogodbe, katere izvršba se zahteva, in v okviru katere lahko od tega sodišča doseže, da to izvršbo odloži, načeloma lahko omogoči, da se prepreči tveganje, da bi se postopek izvršbe končal pred izidom tožbe za ugotovitev obstoja nepoštenih pogojev. Vendar je treba poudariti, da je Sodišče po vložitvi tega predloga za sprejetje predhodne odločbe izdalo sodbo z dne 17. maja 2022, Impuls Leasing România (C‑725/19, EU:C:2022:396). V točki 60 te sodbe je Sodišče odločilo, da je treba člen 6(1) in člen 7(1) Direktive 93/13 razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni zakonodaji, s katero izvršilnemu sodišču, pri katerem je bil vložen ugovor zoper izvršbo, ni dovoljeno, da po uradni dolžnosti ali na predlog potrošnika preizkusi nepoštenost pogojev pogodbe, sklenjene med potrošnikom in prodajalcem ali ponudnikom, ki je izvršilni naslov, če lahko sodišče, ki vsebinsko odloča o zadevi, pri katerem je mogoče vložiti ločeno tožbo občega prava za preučitev morebitne nepoštenosti pogojev take pogodbe, postopek izvršbe do sprejetja meritorne odločitve prekine le proti plačilu varščine, višina zneska katere bi potrošnika lahko odvrnila od vložitve take tožbe in vztrajanja pri njej. Predložitveno sodišče, ki mu je bilo glede na to sodbo postavljeno vprašanje o ohranitvi tega predloga za sprejetje predhodne odločbe, je navedlo, da navedena sodba vsebuje odgovor na podobno vprašanje v zvezi z enakim pravnim problemom. Res je, da v sporu o glavni stvari, v katerem je bila izdana sodba z dne 17. maja 2022, Impuls Leasing România (C‑725/19, EU:C:2022:396), sodišče, ki je odločalo o ugovoru zoper izvršbo, ni imelo možnosti nadzirati morebitne nepoštenosti pogodbenih pogojev, ki so bili podlaga za to izvršbo, medtem ko navedeno sodišče v okoliščinah zadeve, v kateri je bil vložen ta predlog za sprejetje predhodne odločbe, to možnost ima, vendar le, če mu je bila zadeva predložena v roku petnajstih dni, po izteku katerega je potrošnik prekludiran. Vendar je v obeh primerih bistveno vprašanje, ali je z možnostjo potrošnika, da vloži tožbo za meritorno odločitev, v okviru katere lahko predlaga odlog izvršbe, ob upoštevanju pogojev takega odloga zagotovljena učinkovitost varstva, ki se želi doseči z Direktivo 93/13. Iz predložitvene odločbe je razvidno, da za tak odlog veljajo določbe člena 719 zakonika o civilnem postopku. Zdi se, da je postopkovni okvir v zvezi s tem enak tistemu iz točke 57 sodbe z dne 17. maja 2022, Impuls Leasing România (C‑725/19, EU:C:2022:396), v kateri je Sodišče navedlo, da mora potrošnik, ki v primeru ločene tožbe pred sodiščem, ki vsebinsko odloča o zadevi, predlaga prekinitev postopka izvršbe, plačati varščino, ki se izračuna glede na vrednost predmeta tožbe. Vsebina člena 719 zakonika o civilnem postopku, kot je bila povzeta v stališču, ki ga je Evropska komisija predložila v okviru tega predloga za sprejetje predhodne odločbe, to ugotovitev potrjuje. Zato je treba poudariti, da je Sodišče v točki 58 sodbe z dne 17. maja 2022, Impuls Leasing România (C‑725/19, EU:C:2022:396), opozorilo na sodno prakso, v skladu s katero stroški sodnega postopka v primerjavi z zneskom izpodbijanega dolga ne smejo biti taki, da bi potrošnika odvrnili od tega, da bi pri sodišču vložil tožbo za preizkus morebitne nepoštenosti pogodbenih pogojev. V točki 59 te sodbe pa je ugotovilo, da je zelo verjetno, da dolžnik, ki je v zamudi s plačilom, nima finančnih sredstev, potrebnih za zagotovitev zahtevane varščine. Zato je treba ugotoviti, da z možnostjo, ki jo ima potrošnik, da brez obveznosti spoštovanja roka vloži tožbo za meritorno odločitev, v okviru katere lahko s položitvijo varščine predlaga prekinitev postopka izvršbe, ni mogoče zagotoviti učinkovitosti varstva, ki se želi doseči z Direktivo 93/13, če je višina zneska, ki se zahteva za to varščino, taka, da bi tega potrošnika lahko odvrnila od vložitve take tožbe in vztrajanja pri njej, kar mora preveriti predložitveno sodišče. Poleg tega je predložitveno sodišče navedlo, da je del njegovega predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki je naveden v točkah 23 in 24 predložitvene odločbe in se nanaša na to, kako mora nacionalno sodišče ravnati, če nacionalnega prava ne more razlagati v skladu s pravom Unije, še vedno pomemben. V zvezi s tem je treba opozoriti, da morajo nacionalna sodišča – če nacionalne ureditve ni mogoče razlagati in uporabiti tako, da bi bila ta v skladu z zahtevami Direktive 93/13 – po uradni dolžnosti preizkusiti, ali so določila, o katerih sta se stranki dogovorili, nepoštena, pri čemer, če je treba, ne uporabijo nacionalnih določb in nacionalne sodne prakse, ki bi takemu preizkusu nasprotovale (sodba z dne 7. novembra 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 in C‑483/18, EU:C:2019:930, točka 76 in navedena sodna praksa). Iz tega sledi, da je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba Direktivo 93/13 razlagati tako, da nasprotuje določbi nacionalnega prava, ki izvršilnemu sodišču, ki odloča o ugovoru zoper izvršbo pogodbe, ki je sklenjena med potrošnikom in prodajalcem ali ponudnikom in je izvršilni naslov, zunaj petnajstdnevnega roka, določenega s to določbo, ne dovoljuje, da po uradni dolžnosti ali na predlog potrošnika preuči nepoštenost pogojev te pogodbe, čeprav ima ta potrošnik poleg tega na voljo tožbo za meritorno odločitev, ki mu omogoča, da sodišču, ki odloča o tej tožbi, predlaga, naj opravi tak nadzor in v skladu z drugo določbo tega nacionalnega prava do odločitve o navedeni tožbi odredi odlog izvršbe, če je ta odlog mogoč le proti plačilu varščine, katere višina bi potrošnika lahko odvrnila od vložitve take tožbe in vztrajanja pri njej, kar mora preveriti predložitveno sodišče. Če nacionalno sodišče, ki odloča o ugovoru zoper izvršbo take pogodbe, nacionalne zakonodaje ne more razlagati in uporabiti tako, da bi bila ta v skladu z zahtevami te direktive, mora po uradni dolžnosti preveriti, ali so pogoji te pogodbe nepošteni, pri čemer po potrebi ne uporabi nacionalnih določb, ki takemu preizkusu nasprotujejo. Stroški Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (deveti senat) razsodilo: Direktivo Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da nasprotuje določbi nacionalnega prava, ki izvršilnemu sodišču, ki odloča o ugovoru zoper izvršbo pogodbe, ki je sklenjena med potrošnikom in prodajalcem ali ponudnikom in je izvršilni naslov, zunaj petnajstdnevnega roka, določenega s to določbo, ne dovoljuje, da po uradni dolžnosti ali na predlog potrošnika preuči nepoštenost pogojev te pogodbe, čeprav ima ta potrošnik poleg tega na voljo tožbo za meritorno odločitev, ki mu omogoča, da sodišču, ki odloča o tej tožbi, predlaga, naj opravi tak nadzor in v skladu z drugo določbo tega nacionalnega prava do odločitve o navedeni tožbi odredi odlog izvršbe, če je ta odlog mogoč le proti plačilu varščine, katere višina bi potrošnika lahko odvrnila od vložitve take tožbe in vztrajanja pri njej, kar mora preveriti predložitveno sodišče. Če nacionalno sodišče, ki odloča o ugovoru zoper izvršbo take pogodbe, nacionalne zakonodaje ne more razlagati in uporabiti tako, da bi bila ta v skladu z zahtevami te direktive, mora po uradni dolžnosti preveriti, ali so pogoji te pogodbe nepošteni, pri čemer po potrebi ne uporabi nacionalnih določb, ki takemu preizkusu nasprotujejo. Podpisi * Jezik postopka: romunščina.

61996CJ0138

de

1 Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat mit Klageschrift, die am 25. April 1996 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, Klage erhoben auf Feststellung, daß die Bundesrepublik Deutschland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 92/116/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992 zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 71/118/EWG zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim Handelsverkehr mit frischem Gefluegelfleisch (ABl. 1993, L 62, S. 1; im folgenden: Richtlinie) und aus dem EG-Vertrag verstossen hat, daß sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um dieser Richtlinie nachzukommen. 2 Nach Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie hatten die Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um der Richtlinie nachzukommen, spätestens am 1. Januar 1994 zu erlassen, und zwar mit Ausnahme von u. a. in den neuen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Betrieben, die in Umstrukturierungspläne einbezogen sind; für diese sollte die Umsetzung der Richtlinie spätestens am 1. Januar 1995 erfolgen. Nach Artikel 3 Absatz 2 hatten die Mitgliedstaaten die Kommission von den erlassenen Vorschriften unverzueglich in Kenntnis zu setzen. 3 Da die Kommission von der Bundesrepublik Deutschland keine Mitteilung über die Umsetzung der Richtlinie erhalten hatte, sandte sie ihr am 10. Februar 1994 gemäß Artikel 169 EG-Vertrag ein Schreiben, in dem sie die deutsche Regierung ersuchte, sich binnen zwei Monaten nach Erhalt des Schreibens zu äussern. 4 Mit Schreiben vom 28. April 1994 teilte die deutsche Regierung der Kommission mit, daß der Entwurf des zur Umsetzung der Richtlinie vorgesehenen Gefluegelfleischhygienegesetzes noch im ersten Halbjahr 1994 dem Bundestag zugeleitet werden solle. 5 Da die Kommission in der Folgezeit von der deutschen Regierung keine weiteren Mitteilungen erhielt, richtete sie an diese mit Schreiben vom 5. Oktober 1994 eine mit Gründen versehene Stellungnahme, worin der deutschen Regierung eine Verletzung ihrer sich aus der Richtlinie und dem EG-Vertrag ergebenden Verpflichtungen vorgeworfen und sie aufgefordert wurde, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um der Stellungnahme innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Bekanntgabe nachzukommen. 6 Auf diese mit Gründen versehene Stellungnahme hin teilte die deutsche Regierung der Kommission mit Schreiben vom 12. Dezember 1994 mit, daß der für die Verabschiedung des Gesetzes vorgesehene und in der Mitteilung vom 28. April 1994 angekündigte Zeitplan nicht habe eingehalten werden können; der Gesetzentwurf sei inzwischen vom Bundesrat beraten worden, und die Befassung des Bundestages mit ihm sei für Anfang 1995 vorgesehen, so daß mit einer Verabschiedung des Gesetzes im Frühjahr 1995 zu rechnen sei. Als Anlage zu dieser Mitteilung übermittelte die Bundesregierung der Kommission den Gesetzentwurf zur näheren Information. 7 In einer weiteren Mitteilung vom 15. August 1995 unterrichtete die deutsche Regierung die Kommission davon, daß die Verkündung des Gesetzes wegen der aufgetretenen Probleme voraussichtlich erst im ersten Quartal 1996 erfolgen könne. 8 Da die Kommission keine weiteren Informationen erhalten hatte, anhand deren sie hätte feststellen können, daß die Bundesrepublik Deutschland ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie inzwischen erfuellt hatte, hat sie die vorliegende Vertragsverletzungsklage erhoben. 9 Die deutsche Regierung bestreitet die ihr zur Last gelegte Vertragsverletzung nicht. Sie trägt jedoch vor, das Gefluegelfleischhygienegesetz sei am 23. Juli 1996 veröffentlicht worden (BGBl. I S. 991) und das Verfahren zum Erlaß der Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes und damit die Umsetzung der Richtlinie werde spätestens Ende 1996 abgeschlossen sein. 10 Die deutsche Regierung ist darüber hinaus der Ansicht, daß durch die nicht fristgerechte Umsetzung der Richtlinie keine Handelshemmnisse im Binnenmarkt bewirkt würden, und hat beantragt, das vorliegende Verfahren bis zum Erlaß der nationalen Durchführungsverordnung auszusetzen. Dieser Antrag ist zurückgewiesen worden. 11 Da die Umsetzung der Richtlinie nicht innerhalb der darin festgesetzten Frist erfolgt ist, ist die Klage der Kommission begründet. 12 Es ist daher festzustellen, daß die Bundesrepublik Deutschland dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie verstossen hat, daß sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um der Richtlinie nachzukommen. Kostenentscheidung Kosten 13 Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr die Kosten aufzuerlegen. Tenor Aus diesen Gründen hat DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie 92/116/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992 zur Änderung und Aktualisierung der Richtlinie 71/118/EWG zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim Handelsverkehr mit frischem Gefluegelfleisch verstossen, daß sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um dieser Richtlinie nachzukommen. 2. Die Bundesrepublik Deutschland trägt die Kosten des Verfahrens.

62010CJ0116

es

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 15, punto 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991 (DO L 376, p. 1) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»). Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Gran Ducado de Luxemburgo y la administration de l’enregistrement et des domaines (en lo sucesivo, «administración tributaria»), por un lado, y el Sr. Feltgen, administrador concursal de Bacino Charter Company SA, sociedad luxemburguesa (en lo sucesivo, «Bacino»), y dicha sociedad, por otro, relativo al abono por esta última del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») resultante de las liquidaciones tributarias correspondientes a los ejercicios 1998 y 1999. Marco jurídico Normativa de la Unión Bajo la rúbrica «Exención de las operaciones de exportación fuera de la Comunidad, de las operaciones asimiladas y de los transportes internacionales», el artículo 15 de la Sexta Directiva dispone: «Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros eximirán, en las condiciones por ellos fijadas y a fin de asegurar la aplicación correcta y simple de las exenciones previstas a continuación y de evitar todo posible fraude, evasión o abuso: [...] 4.      Las entregas de bienes destinadas al avituallamiento de buques: a)      dedicados a la navegación en alta mar y que efectúen un tráfico remunerado de viajeros o desarrollen una actividad comercial, industrial o pesquera; b)      de salvamento y de asistencia marítima, o dedicados a la pesca de bajura, con exclusión en cuanto a estos últimos de las provisiones de a bordo; [...] 5.      Las entregas, transformaciones, reparaciones, [mantenimiento], fletamentos y arrendamientos de los buques marítimos señalados en las letras a) y b) del apartado 4, así como las entregas, arrendamientos, reparaciones y mantenimiento de los objetos –incluido el armamento de pesca– incorporados a estos buques o que se utilicen para su explotación. [...]» Normativa nacional El ordenamiento jurídico luxemburgués fue adaptado a la Sexta Directiva mediante la Ley de 12 de febrero de 1979 del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «Ley luxemburguesa»). El artículo 43, apartado 1, letra i), segundo guión, de dicha Ley, en su versión aplicable al tiempo de los hechos del litigio principal, establece que las prestaciones de servicios efectuadas para las necesidades de la navegación marítima quedarán exentas del IVA dentro de los límites y en las condiciones que se establezcan mediante reglamento granducal. El artículo 7, apartado 2, letra a), primer guión, del Reglamento granducal de 16 de junio de 1999 relativo a la exención del impuesto sobre el valor añadido para las operaciones de exportación fuera de la Comunidad, las entregas intracomunitarias de bienes y otras operaciones, precisa que se entenderá por prestaciones de servicios efectuadas para las necesidades de la navegación marítima, en el sentido del citado artículo 43, los fletamentos y arrendamientos de buques, a excepción de los yates y de otros buques y embarcaciones de recreo y deportivos, dedicados a la navegación marítima y que efectúen un tráfico remunerado de personas o de bienes o desarrollen una actividad comercial, industrial o pesquera. El litigio principal y la cuestión prejudicial Entre el de 10 de julio de 1998 y el 8 de agosto de 1999, Bacino puso regularmente una embarcación de la que era propietaria y una tripulación a disposición de personas físicas que navegaban con fines de recreo en alta mar, a cambio de una remuneración. La sociedad consideró que dicha operación estaba exenta del IVA, por lo que no abonó dicho impuesto. La administración tributaria consideró que no procedía aplicar la exención del IVA prevista en el artículo 43, apartado 1, letra i), segundo guión, de la Ley luxemburguesa, dado que la citada embarcación no era un buque mercante, sino un yate en el sentido del Reglamento granducal citado en el apartado 5 de la presente sentencia, por lo que, en el año 2001, notificó a Bacino las liquidaciones tributarias correspondientes a los ejercicios 1998 y 1999, en las que figuraban las cantidades que dicha sociedad adeudaba en concepto de IVA. Después de presentar una reclamación que no prosperó, Bacino recurrió dicha imposición fiscal ante el tribunal d’arrondissement de Luxembourg (tribunal de distrito de Luxemburgo), alegando que la operación descrita está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 43, apartado 1, letra i), segundo guión, de la Ley luxemburguesa. Tras la desestimación de ese recurso, Bacino interpuso recurso de apelación ante la cour d’appel, la cual estimó el recurso de la sociedad. Dicho órgano jurisdiccional apreció, en particular, la existencia de una prestación principal de arrendamiento de buque con tripulación y una prestación accesoria de transporte. Consideró que la embarcación propiedad de Bacino estaba dedicada a la navegación en alta mar y que el tráfico de viajeros era remunerado, por lo que el arrendamiento de dicha embarcación constituía una operación comercial y, consiguientemente, declaró que se cumplían los dos requisitos establecidos en el artículo 15, punto 5, de la Sexta Directiva. La administración tributaria interpuso recurso de casación ante la Cour de cassation, la cual, al considerar que la resolución del litigio principal requiere una interpretación del Derecho de la Unión, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «Las prestaciones de servicios efectuadas por el propietario de un buque que, a cambio de una remuneración, lo pone a disposición de personas físicas, junto con una tripulación, para que dichos clientes realicen viajes de recreo en alta mar, ¿pueden quedar exentas al amparo del artículo 15, punto 5, de la [Sexta Directiva] si se consideran a la vez constitutivas de una prestación de arrendamiento de buque y de una prestación de transporte?» Sobre la cuestión prejudicial Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15, punto 5, de la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que la exención del IVA prevista en dicho precepto se aplica a las prestaciones de servicios consistentes en la puesta a disposición, a cambio de una remuneración, de un buque con tripulación a favor de personas físicas para la realización de viajes de recreo en alta mar. A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse, entre otras, la sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, Rec. p. 3781, apartado 12; de 1 de marzo de 2007, Schouten, C‑34/05, Rec. p. I‑1687, apartado 25, y de 3 de diciembre de 2009, Yaesu Europe, C‑433/08, Rec. p. I‑0000, apartado 24). A este respecto, ha de señalarse que el propio tenor del artículo 15, punto 5, de la Sexta Directiva, que se remite al punto 4, letra a), del mismo artículo, contempla el arrendamiento de buques dedicados a la navegación en alta mar y que efectúen un tráfico remunerado de viajeros o desarrollen una actividad comercial, industrial o pesquera. Para que dicha prestación de arrendamiento pueda quedar exenta al amparo del citado precepto, es necesario que el arrendatario del buque en cuestión lo utilice para el ejercicio de una actividad económica. De ello se deduce que, si, como sucede en el litigio principal, se arrienda un buque a personas que lo utilizan exclusivamente con fines de recreo y sin ánimo de lucro, al margen de cualquier actividad económica, la prestación de arrendamiento no cumple los requisitos explícitos para la exención del IVA establecidos en el artículo 15, punto 5, de la Sexta Directiva. Por otro lado, debe señalarse que el artículo 15, punto 5, de la Sexta Directiva exime igualmente, mediante remisión al punto 4, letra b), del mismo artículo, el arrendamiento de buques de salvamento y de asistencia marítima, o dedicados a la pesca de bajura, con exclusión en cuanto a estos últimos de las provisiones de a bordo. Sin embargo, los supuestos de hecho contemplados por dichos preceptos son manifiestamente distintos de los hechos controvertidos en el litigio principal. La interpretación expuesta en los apartados 13 y 14 de la presente sentencia se ve confirmada, asimismo, por el objetivo del régimen de exenciones establecido en el artículo 15 de la Sexta Directiva, que consiste, con respecto a las operaciones de exportación, las operaciones asimiladas y los transportes internacionales, en respetar el principio de imposición de los bienes o servicios de que se trate en su lugar de destino (véase la sentencia de 18 de octubre de 2007, Navicon, C‑97/06, Rec. p. I‑8755, apartado 29). Dadas las circunstancias, la exención prevista en el artículo 15, punto 5, de la Sexta Directiva no puede aplicarse a un servicio consistente en el arrendamiento de un buque a arrendatarios que tienen la intención de utilizarlo para fines estrictamente privados, en condición de consumidores finales. Además, es preciso señalar que la exposición de motivos de la propuesta de Sexta Directiva del Consejo en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo de las Comunidades Europeas el 29 de junio de 1973 indicaba expresamente que los buques de recreo quedaban excluidos de la exención prevista en el artículo 15, punto 5, de esa Directiva, y que los servicios prestados para el consumo final que guardaran relación con dichos buques debían estar sujetos al IVA. Esa exposición confirma que las prestaciones de arrendamiento de buques a los consumidores finales que los destinan a fines de ocio o de recreo están excluidas del ámbito de aplicación de esa exención. Además, conforme a reiterada jurisprudencia las exenciones del IVA se han de interpretar estrictamente, dado que constituyen excepciones al principio general de que dicho impuesto se percibe por cada prestación de servicios efectuada a título oneroso por un sujeto pasivo y está sujeta al impuesto sobre el volumen de negocios (véanse, en particular, las sentencias de 26 de junio de 1990, Velker International Oil Company, C‑185/89, Rec. p. I‑2561, apartado 19, y de 14 de septiembre de 2006, Elmeka, C‑181/04 a C‑183/04, Rec. p. I‑8167, apartado 15). Por otra parte, la interpretación enunciada en los apartados 13 y 14 de la presente sentencia no puede desvirtuarse por la calificación de las prestaciones objeto del litigio principal según el Derecho nacional, la cual carece de incidencia en la respuesta que debe darse a la cuestión planteada por el tribunal nacional. En efecto, se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en particular de los apartados 27 y 28 de la sentencia Navicon, antes citada, que precisamente tenia como objeto la interpretación del artículo 15, punto 5, de la Sexta Directiva, que la sujeción al IVA de una determinada operación o su exención no pueden depender de su calificación en Derecho nacional, puesto que, conforme a reiterada jurisprudencia, aunque en virtud de la frase introductoria del artículo 15 de la Sexta Directiva, los Estados miembros fijan las condiciones de las exenciones a fin de asegurar su aplicación correcta y simple y de evitar todo posible fraude, evasión o abuso, dichas condiciones no pueden afectar a la definición del contenido de las exenciones previstas. Por el conjunto de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 15, punto 5, de la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que la exención del IVA prevista en dicho precepto no se aplica a las prestaciones de servicios consistentes en la puesta a disposición, a cambio de una remuneración, de un buque con tripulación a favor de personas físicas para la realización de viajes de recreo en alta mar. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: El artículo 15, punto 5, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, debe interpretarse en el sentido de que la exención del impuesto sobre el valor añadido prevista en dicho precepto no se aplica a las prestaciones de servicios consistentes en la puesta a disposición, a cambio de una remuneración, de un buque con tripulación a favor de personas físicas para la realización de viajes de recreo en alta mar. Firmas * Lengua de procedimiento: francés.

61983CJ0052

en

1 BY APPLICATION LODGED AT THE COURT REGISTRY ON 30 MARCH 1983 , THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES BROUGHT AN ACTION PURSUANT TO THE SECOND SUBPARAGRAPH OF ARTICLE 93 ( 2 ) OF THE EEC TREATY FOR A DECLARATION THAT THE FRENCH REPUBLIC , BY NOT COMPLYING WITHIN THE PERIOD PRESCRIBED WITH COMMISSION DECISION NO 82/245/EEC OF 12 JANUARY 1983 ON AN AID SCHEME IN FAVOUR OF THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY IN FRANCE ( OFFICIAL JOURNAL , L 137 , 26 . 5 . 1983 , P . 24 ), HAD FAILED TO FULFIL AN OBLIGATION UNDER THE TREATY . 2 IT APPEARS FROM THE FILE THAT , ON 19 FEBRUARY 1982 , THE FRENCH GOVERNMENT NOTIFIED THE COMMISSION , IN PURSUANCE OF ARTICLE 93 ( 3 ) OF THE TREATY , OF A DRAFT ORDER FOR THE ESTABLISHMENT OF AN AID SCHEME IN FAVOUR OF THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY UNDER WHICH THE STATE WAS TO TAKE OVER PART OF THE SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS PAYABLE BY EMPLOYERS IN THE INDUSTRY . THAT AID SCHEME WAS LATER ESTABLISHED BY ORDER NO 82-204 OF 1 MARCH 1982 , PUBLISHED IN OFFICIAL JOURNAL OF THE FRENCH REPUBLIC NO 51 OF 2 MARCH 1982 . MEASURES FOR ITS IMPLEMENTATION WERE NOTIFIED TO THE COMMISSION ON 16 APRIL 1982 AND BROUGHT INTO FORCE BY DECREE NO 82-340 OF THE SAME DATE , PUBLISHED IN THE OFFICIAL JOURNAL OF THE FRENCH REPUBLIC NO 90 OF 17 APRIL 1982 . 3 ACCORDING TO ARTICLE 5 OF THE AFOREMENTIONED ORDER NO 82-204 , THE TAKING OVER BY THE STATE OF PART OF THE SOCIAL SECURITY CONTRIBUTION IS TO BE SUBJECT TO THE CONCLUSION BETWEEN THE STATE AND THE EMPLOYER OF A CONTRACT FOR A PERIOD OF 12 MONTHS SPECIFYING THE PROPORTION OF CONTRIBUTIONS TAKEN OVER AND THE COMMITMENTS ENTERED INTO BY THE EMPLOYER WITH REGARD TO THE MAINTENANCE OR CREATION OF EMPLOYMENT AND ATTAINING A CERTAIN LEVEL OF INVESTMENT . THE ARTICLE ALSO PROVIDES THAT NO CONTRACT MAY BE CONCLUDED AFTER 31 DECEMBER 1982 , BUT CONTRACTS CONCLUDED BEFORE THAT DATE MAY BE RENEWED FOR A FURTHER PERIOD OF 12 MONTHS . 4 THE COMMISSION GAVE THE FRENCH GOVERNMENT FORMAL NOTICE TO SUBMIT ITS OBSERVATIONS AND SUBSEQUENTLY , PURSUANT TO THE FIRST SUBPARAGRAPH OF ARTICLE 93 ( 2 ) OF THE TREATY TOOK THE AFORMENTIONED DECISION WHICH LED TO THIS ACTION . 5 ARTICLE 1 OF THAT DECISION PROVIDES : ' ' THE FRENCH REPUBLIC SHALL , WITHIN ONE MONTH OF NOTIFICATION OF THIS DECISION , ABOLISH THE AID SCHEME IN FAVOUR OF THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY UNDER WHICH THE STATE TAKES OVER RESPONSIBILITY FOR PART OF THE SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS PAYABLE BY EMPLOYERS IN THE INDUSTRY , INTRODUCED BY ORDER NO 204 OF 1 MARCH 1982 , THE IMPLEMENTING RULES FOR WHICH WERE LAID DOWN BY DECREE NO 82-340 OF 16 APRIL 1982 . FURTHERMORE , THE FRENCH REPUBLIC SHALL CEASE TO GRANT AID UNDER THE SCHEME IN QUESTION FROM THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS DECISION . 6 THE DECISION WAS NOTIFIED TO THE FRENCH REPUBLIC ON 21 JANUARY 1983 AND THE FRENCH GOVERNMENT DID NOT BRING AN ACTION WITHIN THE PERIOD PRESCRIBED BY THE THIRD PARAGRAPH OF ARTICLE 173 OF THE TREATY FOR A DECLARATION THAT IT WAS VOID . 7 ON 23 FEBRUARY 1983 , THE FRENCH GOVERNMENT SENT TO THE COMMISSION A COMMUNIQUE STATING THAT THE PROCEDURE FOR ' ' EMPLOYMENT-INVESTMENT ' ' CONTRACTS WOULD BE RE-IMPLEMENTED , DEGRESSIVELY , FOR A SECOND AND FINAL YEAR . THE COMMISSION TOOK THE VIEW THAT THE ISSUE OF THE COMMUNIQUE WAS TANTAMOUNT TO A REFUSAL BY THE FRENCH GOVERNMENT TO COMPLY WITH ITS DECISION AND ACCORDINGLY BROUGHT THIS ACTION . 8 THE FRENCH GOVERNMENT MAINTAINS THAT IT HAS FULLY COMPLIED WITH THE COMMISSION ' S DECISION . IT RECALLS THAT THE DECISION WAS ADOPTED AFTER THE PERIOD PRESCRIBED FOR THE CONCLUSION OF CONTRACTS HAD EXPIRED . CONSEQUENTLY , NO CONTRACT WAS CONCLUDED AFTER THE NOTIFICATION OF THE DECISION . THE GOVERNMENT ADMITS , ON THE OTHER HAND , THAT THE FRENCH AUTHORITIES CONTINUED TO FULFIL UNDERTAKINGS INTO WHICH THEY HAD ENTERED BY THE CONTRACTS ALREADY CONCLUDED . HOWEVER , IT IS OF THE VIEW THAT IT WAS ENTITLED TO INTERPRET THE COMMISSION ' S DECISION IN A MANNER WHICH WOULD PERMIT IT TO OBSERVE THE PRINCIPLE OF THE PROTECTION OF LEGITIMATE EXPECTATION , WHICH THE FRENCH AUTHORITIES WOULD HAVE BREACHED IF THEY HAD UNILATERALLY ABROGATED CONTRACTS ALREADY CONCLUDED . THE COURT ITSELF , IT IS CLAIMED , RECOGNIZED THE EXISTENCE OF THAT PRINCIPLE IN SIMILAR CIRCUMSTANCES IN ITS JUDGMENT OF 12 JULY 1973 ( IN CASE 70/72 COMMISSION V GERMANY ( 1973 ) ECR 813 ). 9 IT MUST BE OBSERVED THAT , IN CONTRAST TO THE DECISION WHICH LED TO CASE 70/72 , THE COMMISSION ' S DECISION OF 12 JANUARY 1983 INDICATED CLEARLY AND UNEQUIVOCALLY THE OBLIGATIONS THEREBY IMPOSED ON THE FRENCH REPUBLIC . IT REQUIRED THE LATTER , FROM THE DATE OF NOTIFICATION , NO LONGER TO GRANT ANY AID UNDER THE SCHEME IN QUESTION AND , WITHIN A PERIOD OF ONE MONTH , TO ABOLISH THE SCHEME . HOWEVER , IT IS COMMON GROUND THAT THE FRENCH REPUBLIC CONTINUED TO PAY THE AID FOR WHICH THE SCHEME PROVIDED TO ANY EMPLOYER WHO HAD MADE A CONTRACT AND THAT THE FRENCH GOVERNMENT TOOK NO STEPS TO ABOLISH THE AID SCHEME WITHIN THE PERIOD PRESCRIBED BY THE DECISION . 10 MOREOVER , THE FRENCH GOVERNMENT ' S ARGUMENT WITH REGARD TO THE PRINCIPLE OF THE PROTECTION OF LEGITIMATE EXPECTATION DOES NOT RELATE TO THE INTERPRETATION OF THE DECISION , BUT CONSTITUTES A CONTENTION RELATING TO ITS VALIDITY , WHICH COULD ONLY HAVE BEEN RAISED IN SUPPORT OF AN APPLICATION FOR A DECLARATION THAT IT WAS VOID . IN FACT , AS THE COURT HAS ALREADY STRESSED IN ITS JUDGMENT OF 12 OCTOBER 1978 ( CASE 156/77 COMMISSION V BELGIUM , ( 1978 ) ECR 1881 ), TO ALLOW A MEMBER STATE TO WHICH A DECISION ADOPTED UNDER THE FIRST SUBPARAGRAPH OF ARTICLE 93 ( 2 ) HAS BEEN ADDRESSED A FURTHER OPPORTUNITY TO CALL IN QUESTION THE VALIDITY OF THAT DECISION ON THE OCCASION OF AN APPLICATION REFERRED TO IN THE SECOND SUBPARAGRAPH OF THAT ARTICLE , IN SPITE OF THE EXPIRY OF THE PERIOD LAID DOWN IN THE THIRD PARAGRAPH OF ARTICLE 173 OF THE TREATY , WOULD BE IMPOSSIBLE TO RECONCILE WITH THE PRINCIPLES GOVERNING THE LEGAL REMEDIES ESTABLISHED BY THE TREATY AND WOULD JEOPARDIZE THE STABILITY OF THAT SYSTEM AND THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY UPON WHICH IT IS BASED . 11 IN THOSE CIRCUMSTANCES , IT MUST BE DECLARED THAT THE MEMBER STATE IN QUESTION HAS FAILED TO FULFIL ITS OBLIGATIONS , AS CONTENDED IN THE COMMISSION ' S CONCLUSIONS . Decision on costs COSTS 12 UNDER ARTICLE 69 ( 2 ) OF THE RULES OF PROCEDURE THE UNSUCCESSFUL PARTY IS TO BE ORDERED TO PAY THE COSTS . SINCE THE DEFENDANT HAS FAILED IN ITS SUBMISSIONS IT MUST BE ORDERED TO PAY THE COSTS . Operative part ON THOSE GROUNDS , THE COURT HEREBY : 1 . DECLARES THAT THE FRENCH REPUBLIC , BY NOT COMPLYING WITHIN THE PERIOD PRESCRIBED WITH COMMISSION DECISION NO 83/245 OF 12 JANUARY 1983 ON AN AID SCHEME IN FAVOUR OF THE TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY IN FRANCE , HAS FAILED TO FULFIL ONE OF ITS OBLIGATIONS UNDER THE TREATY ; 2 . ORDERS THE FRENCH REPUBLIC TO PAY THE COSTS .

62011CJ0335

hu

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv ( HL L 303., 16. o. ; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.) 1., 2. és 5. cikkének értelmezésére vonatkoznak. E kérelmeket az egyrészt a J. Ring nevében eljáró HK Danmark (a továbbiakban: HK) és a Dansk almennyttigt Boligselskab (a továbbiakban: DAB) között, másrészt az L. Skouboe Werge nevében eljáró HK és a csődeljárás alatt álló Pro Display A/S (a továbbiakban: Pro Display) nevében eljáró Dansk Arbejdsgiverforening között J. Ring, és L. Skouboe Werge elbocsátásának jogszerűsége tárgyában folyamatban lévő jogvitában terjesztették elő. Jogi háttér A nemzetközi jog A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, amelyet az Európai Közösség nevében a 2009. november 26-i 2010/48/EK tanácsi határozat ( HL 2010. L 23., 35. o. , a továbbiakban: ENSZ-egyezmény) hagyott jóvá, az alábbiakat mondja ki az e) preambulumbekezdésében: „elismerve, hogy a fogyatékosság egy változó fogalom, továbbá, hogy a fogyatékosság a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok kölcsönhatásának következménye, amely gátolja őket a társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben”. Ezen egyezmény 1. cikke szerint: „A jelen Egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása. Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.” Az említett egyezmény 2. cikkének negyedik bekezdése szerint „az »ésszerű alkalmazkodás« az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és változtatásokat jelenti, amelyek nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, és adott esetben szükségesek, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak a mindenkit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és gyakorlását”. Az uniós jog A 2000/78 irányelv (6) és (8) preambulumbekezdése szerint: „(6) A munkavállalók alapvető szociális jogairól szóló közösségi charta elismeri a hátrányos megkülönböztetés [helyesen: a bármilyen formában megvalósuló hátrányos megkülönböztetés] elleni küzdelem fontosságát, beleértve annak szükségességét, hogy az idős és fogyatékos személyek társadalmi és gazdasági beilleszkedése érdekében megfelelő intézkedéseket hozzanak. [...] (8) Az Európai Tanács 1999. december 10–11-i helsinki ülésén elfogadott 2000. évi foglalkoztatási irányvonalak hangsúlyozzák a szociális integrációt ösztönző munkaerőpiac kialakításának szükségességét egymást követő, egymásra épülő intézkedések meghozatala által, amelyek a csoportok, mint például a fogyatékos személyek csoportjának hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelmet célozzák. Hangsúlyozzák ezenkívül, hogy külön figyelmet kell fordítani az idősebb munkavállalók támogatására azért, hogy munkaerő-piaci részvételük fokozódjon.” Az említett irányelv (16) és (17) preambulumbekezdése szerint: „(16) A fogyatékos személyek szükségleteinek [helyesen: a fogyatékos személyek munkavégzés során felmerülő szükségleteinek] kielégítését célzó rendelkezések fontos szerepet játszanak a fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben. (17) Ez az irányelv nem kívánja meg olyan személy felvételét, előléptetését, továbbfoglalkoztatását vagy képzését, aki nem alkalmas, nem képes vagy nem vehető igénybe az adott állás alapvető feladatainak ellátására vagy a megfelelő képzés elvégzésére, a fogyatékos személyek érdekében hozott megfelelő intézkedések megtételére vonatkozó kötelezettség sérelme nélkül.” Ugyanezen irányelv (20) és (21) preambulumbekezdése az alábbiak szerint fogalmaz: „(20) Megfelelő, azaz hatékony és gyakorlati intézkedéseket kell tenni azért, hogy a munkahelyeket a fogyatékosok igényeinek megfelelően alakítsák ki, például az épületek és a munkaeszközök megfelelő átalakításával, a munkaidő beosztásának és a feladatok szétosztásának a fogyatékosok igényeihez igazításával, illetve a képzés vagy beilleszkedés biztosításával. (21) Annak meghatározása érdekében, hogy a kérdéses intézkedések nem jelentenek-e aránytalanul nagy terhet, figyelembe kell venni a felmerülő pénzügyi és egyéb költségeket, a szervezet vagy vállalkozás nagyságát és pénzügyi erőforrásait, valamint a köztámogatások vagy bármely más támogatás lehetőségét.” A 2000/78 irányelv 1. cikke szerint ezen irányelv „célja a valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló, foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem általános kereteinek a meghatározása az egyenlő bánásmód elvének a tagállamokban történő megvalósítására tekintettel”. Az említett irányelvnek „A hátrányos megkülönböztetés fogalma” című 2. cikke szerint: „(1)   Ezen irányelv alkalmazásában az »egyenlő bánásmód elve« azt jelenti, hogy az 1. cikkben említett okok alapján nem szabad semmiféle közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést tenni. (2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában: a) közvetlen hátrányos megkülönböztetés akkor áll fenn, ha egy személy egy másikhoz képest kedvezőtlenebb elbánásban részesül, részesült vagy fog részesülni egy hasonló helyzetben az 1. cikkben hivatkozott okok bármelyike alapján; b) közvetett hátrányos megkülönböztetés akkor áll fenn, ha egy látszólag semleges előírás, feltétel vagy gyakorlat egy bizonyos vallású vagy meggyőződésű, egy bizonyos fogyatékosságú, egy bizonyos életkorú vagy egy bizonyos szexuális irányultságú személyt más személyekkel szemben hátrányos helyzetbe hoz, kivéve ha: i. az előírás, feltétel vagy gyakorlat törvényes cél által objektíve igazolható, és a cél elérésére irányuló eszközök megfelelők és szükségesek; vagy ha ii. bizonyos fogyatékossággal rendelkező személyek vonatkozásában a munkáltatónak vagy bármely más személynek vagy szervezetnek, akire ez az irányelv vonatkozik, a nemzeti jogszabályok értelmében megfelelő intézkedéseket kell hoznia az 5. cikkben meghatározott elvekkel összhangban, hogy megszüntesse az ilyen előírásból, feltételből vagy gyakorlatból eredő hátrányokat. [...]” Ugyanezen irányelvnek „A fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű alkalmazkodás” című 5. cikke az alábbiak szerint fogalmaz: „Az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő végrehajtása céljából ésszerű intézkedéseket kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy a munkaadóknak meg kell tenniük a megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve, ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a munkaadóra. Ezt a terhet nem lehet aránytalanul nagynak tekinteni, amennyiben az adott tagállam fogyatékügyi politikájának intézkedései ezt kielégítően ellensúlyozzák.” A dán jog A munkáltatók és az alkalmazottak közötti jogviszonyról szóló törvény (lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, a továbbiakban: FL) 2. §-a kimondja: „(1)   A munkáltató és a munkavállaló közötti munkaszerződés csak az alábbi szabályok betartása mellett biztosított felmondási idő alkalmazásával szüntethető meg. E rendelkezések alkalmazandók a határozott ideig tartó munkaszerződés időtartamának lejártát megelőző megszüntetésére is. (2)   A munkaszerződés munkáltatói felmondása esetén biztosítani kell legalább: 1) a munkaviszony első hat hónapja során a hónap végétől számított egy hónap felmondási időt; 2) hat hónapot meghaladó munkaviszony esetén a hónap végétől számított három hónap felmondási időt. (3)   A (2) bekezdés 2. pontja szerinti felmondási idő minden három év munkaviszony elteltével további egy hónappal nő, azonban nem haladhatja meg a hat hónapot.” Az FL 5. §-a, amely többek között a munkavállaló betegség miatti távolléte esetére a teljes munkabérének fenntartását biztosítja, az alábbiak szerint rendelkezik: „(1)   Amennyiben a munkavállaló betegség miatt képtelen a munkavégzésre, a munkából való távolmaradást jogszerű távolmaradásnak kell tekinteni, kivéve ha a foglalkoztatás ideje alatt szándékosan vagy vétkes hanyagságból hozzájárult a betegség kialakulásához, vagy ha a munka elvállalása időpontjában neki felróhatóan nem közölte, hogy ebben a betegségben szenved. (2)   Mindazonáltal az egyéni írásbeli munkaszerződésben kiköthető, hogy a munkavállaló elbocsátható a hónap végétől számított egy hónap felmondási idő mellett abban az esetben, ha a munkavállaló a legutóbbi 12 hónap alatt összesen 120 nap fizetett betegszabadságot vett igénybe. A felmondás érvényessége attól függ, hogy közvetlenül a 120 nap betegséget követően közlik-e, miközben a munkavállaló még mindig beteg, érvényességét azonban nem érinti az a tény, hogy a munkavállaló a felmondást követően visszatér a munkahelyére.” A 2000/78 irányelvet a nemzeti jogba a munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény módosításáról szóló, 2004. december 22-i 1417. sz. törvény (lov nr. 1417 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m. v.) (a továbbiakban: a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény) ültette át. A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény 2a. §-a szerint: „A munkáltatóknak meg kell tenniük a megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a munkaadóra. Ezt a terhet nem lehet aránytalanul nagynak tekinteni, amennyiben közigazgatási intézkedések ezt kielégítően ellensúlyozzák.” Az alapeljárások és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések J. Ring 1996-tól állt alkalmazásban a lyngbyi (Dánia) Boligorganisationen Samvirke nevű, szociális lakásokat építő társaságnál, majd 2000. július 17-től az e társaságot átvevő DAB nevű társaságnál. J. Ring 2005. június 6. és 2005. november 24. között számos alkalommal hiányzott a munkából. Az orvosi igazolások többek között azt mutatják, hogy J. Ring az ágyéki csigolyáit érintő állandó fájdalomban szenved, amely nem kezelhető. A teljes munkaidős szakmai tevékenység újrakezdésének reményét illetően semmilyen prognózist nem lehetett felállítani. A DAB 2005. november 24-i levelében arról tájékoztatta J. Ringet, hogy az FL 5. §-ának (2) bekezdése alapján elbocsátja. A Bíróság rendelkezésére álló aktából az tűnik ki, hogy az elbocsátás után a munkavégzés helyét átalakították. A DAB 2008. szeptember 3-án költségelőirányzatot terjesztett elő egy „hozzávetőleg 305000 DKK (+ eltérés)” teljes költségvetésről, amely a következőkre vonatkozott: „egy ügyfélablak és néhány hátsó íróasztal”, valamint „a padlóburkolat cseréje” és „magasságban állítható munkaasztalok” elhelyezése. J. Ring 2006. február 1-jén újból munkába állt recepciósként az ADRA Danmark társaságnál, heti húsz óra munkaidővel. A C-335/11. sz. ügyben az alapeljárásban részt vevő felek egyetértenek azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy a munkahelye egyszerű volt, és az többek között egy állítható magasságú íróasztalt is magában foglalt. L. Skouboe Werge 1998-ban lépett munkába a Pro Display-nél irodai asszisztensi minőségben. 2003. december 19-én közlekedési baleset érte, és „ostorcsapás-sérülést” szenvedett. Ennek következtében három hétig betegszabadságon volt. L. Skouboe Werge ezt követően csak néhány napot volt távol betegség miatt. 2004. november 4-én a Pro Display ügyvezető igazgatója elektronikus levélben tájékoztatta a személyi állományt arról, hogy L. Skouboe Wergét közös megállapodás alapján négy hétre részmunkaidős betegállományba helyezik, amely időszak során naponta hozzávetőleg négy órát dolgozik. A Pro Display megtéríttette L. Skouboe Werge fizetéséből a betegségi napidíj összegét. 2005. január 10-én L. Skouboe Werge teljes idős betegszabadságra küldték. A 2005. január 14-i elektronikus levélben közölte a Pro Display ügyvezető igazgatójával, hogy még mindig rosszul érzi magát, és ugyanaznap tanácsot kell kérnie egy szakorvostól. A 2005. január 17-én kiállított orvosi jelentés megállapítja, hogy ezen a napon orvosi vizsgálaton volt, és 2005. január 10-től munkaképtelennek nyilvánították. Az orvos úgy vélte, hogy ez a munkaképtelenség még egy hónapig tart majd. A 2005. február 23-án kelt orvosi jelentésben ez az orvos megállapítja, hogy nem tud véleményt mondani a munkaképtelenség időtartamáról. A 2005. április 21-i levélben arról tájékoztatták Skouboe Wergét, hogy a 2005. május 31-én lejáró, egy hónapos felmondási idő mellett elbocsátják. L. Skouboe Werge részt vett egy felmérési eljárásban a Randers munkaügyi központban, ahol heti mintegy nyolc órás lassú munkavégzésben határozták meg a munkavégző képességét. 2006 júniusában a munkaképtelensége miatt rokkantsági nyugdíjba helyezték. 2007-ben az Arbejdsskadestyrelsen (munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek hivatala) L. Skouboe Werge rokkantságának fokát 10%-ban, munkaképességének csökkenését pedig 50%-ban, majd az újraértékelése során 65%-ban határozta meg. Az alapeljárás két felperesének nevében és javára eljárva a HK nevű munkavállalói szakszervezet a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvényen alapuló jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Sø- og Handelsretten előtt a felperesek munkáltatóival szemben. A HK azt állítja, hogy ez a két munkavállaló fogyatékos személy, és a munkaadóik kötelesek számukra munkaidő-csökkentést felajánlani, a 2000/78 irányelv 5. cikkében előírt intézkedési kötelezettségük alapján. A HK azt állítja továbbá, hogy e két munkavállalóval szemben nem lehet alkalmazni az FL 5. §-ának (2) bekezdését, mivel a betegség miatti távolléteik a fogyatékosságaikból erednek. A munkáltatók mindkét alapügyben vitatják, hogy az alapügyek felpereseinek egészségi állapota a 2000/78 irányelv értelmében vett „fogyatékosság” fogalma alá tartozna, mivel az őket érintő egyetlen károsodás, hogy nem képesek a teljes munkaidős munkavégzésre. Azt is vitatják, hogy a munkaidő csökkentése az ezen irányelv 5. cikkében kilátásba helyezett intézkedésekhez tartozna. Végül a munkáltatók úgy érvelnek, hogy a fogyatékosságból eredő betegség miatti távollét esetén a fogyatékos munkavállalónak az FL 5. §-ának (2) bekezdése alapján való elbocsátása nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, tehát az nem ellentétes az említett irányelvvel. A kérdést előterjesztő bíróság rámutat, hogy a Bíróság a C-13/05. sz. Chacón Navas-ügyben 2006. július 11-én hozott ítéletének (EBHT 2006., I-6467. o.) 45. pontjában kimondta, hogy ahhoz, hogy a szakmai életben való részvételre való képesség korlátozottsága a „fogyatékosság” fogalma alá tartozzon, valószínűsíthetően hosszú időtartamúnak kell lennie. E körülmények között a Sø- og Handelsretten felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatal céljából az alábbi, a C-335/11. és a C-337/11. ügyekben azonos módon megfogalmazott kérdéseket terjesztette a Bíróság elé: „1. a) A »fogyatékosság« [...] 2000/78 […] irányelv szerinti fogalmának hatálya alá tartozik-e az a személy, aki fizikai, mentális vagy pszichológiai sérülés miatt nem, vagy csak korlátozottan képes a munkavégzésre [a fent hivatkozott Chacón Navas-ügyben hozott] ítélet 45. pontjában meghatározott időtartamnak megfelelő időszakban? b) A fogyatékosság irányelv szerinti fogalmának hatálya alá tartozik-e az orvosilag gyógyíthatatlannak minősített betegség által okozott kóros állapot? c) A fogyatékosság irányelv szerinti fogalmának hatálya alá tartozik-e az orvosilag gyógyíthatónak minősített, betegség által okozott kóros állapot? 2. A 2000/78 […] irányelv szerinti értelemben tekinthető-e fogyatékosságnak az a megváltozott munkaképesség, amely nem igényel különös vagy más hasonló eszközöket, csupán azt jelenti, hogy az érintett személy teljes munkaidőben nem képes a munkavégzésre? 3. A 2000/78 […] irányelv 5. cikke szerinti intézkedések közé tartozik-e a munkaidő csökkentése? 4. A 2000/78 […] irányelvvel ellentétes-e a nemzeti jog azon előírásának alkalmazása, amelynek értelmében a munkáltató rövidebb felmondási idő alkalmazása mellett elbocsáthatja azt a munkavállalót, aki a legutóbbi 12 hónap alatt összesen 120 nap fizetett betegszabadságot vesz igénybe, abban az esetben, ha a munkavállalót az irányelv szerint fogyatékosnak kell tekinteni, valamint: a) a távolléteinek oka a fogyatékosság vagy b) a távolléteket az okozta, hogy a munkáltató nem alkalmazott a különös helyzetnek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékos személy el tudja végezni a munkáját?” A Bíróság elnöke 2011. augusztus 4-i végzésével egyesítette a C-335/11. sz. és a C-337/11. sz. ügyeket az írásbeli és a szóbeli szakasz lefolytatása, valamint az ítélethozatal céljából. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről Előzetes megjegyzések Előzetesen emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások az EUMSZ 216. cikk (2) bekezdése szerint kötelezőek az Unió intézményeire és tagállamaira, következésképpen az uniós aktusokkal szemben elsőbbségük van (a C-366/10. sz., Air Transport Association of America és társai ügyben 2011. december 21-én hozott ítélet (EBHT 2011., I-13755. o.) 50. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Emlékeztetni kell arra is, hogy az Unió által megkötött nemzetközi megállapodásoknak a másodlagos joggal szembeni elsőbbsége azt írja elő, hogy az utóbbi szövegét úgy kell értelmezni, hogy az lehetőleg összhangban legyen e megállapodásokkal (a C-320/11., C-330/11., C-382/11. és C-383/11. sz., Digitalnet és társai egyesített ügyekben 2012. november 22-én hozott ítélet 39. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A 2010/48 határozatból kitűnik, hogy az Unió jóváhagyta az ENSZ-egyezményt. Következésképpen ezen egyezmény rendelkezései, az egyezmény hatálybalépésétől az uniós jogrend szerves részét képezik (lásd ebben az értelemben a 181/73. sz. Haegeman-ügyben 1974. április 30-án hozott ítélet [EBHT 1974., 449. o.] 5. pontját). Egyébiránt az említett határozat II. mellékletének függelékéből az tűnik ki, hogy az önálló életvitel és a társadalmi befogadás, a munka és a foglalkoztatás területén a 2000/78 irányelv az ENSZ-egyezmény hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos uniós jogi aktusok közé tartozik. Ebből következik, hogy a 2000/78 irányelvet lehetőség szerint az említett egyezménnyel összhangban kell értelmezni. E megfontolások fényében kell megválaszolni a kérdést előterjesztő bíróság által a Bíróságnak feltett kérdéseket. Az első és a második kérdésről Az első és a második kérdésével, amelyeket együttesen kell megvizsgálni, a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, hogy a 2000/78 irányelvben foglalt „fogyatékosság” fogalmát úgy kell-e értelmezni, hogy az magában foglalja az olyan személy egészségi állapotát, aki testi, mentális vagy pszichológiai sérülés miatt, egy valószínűsíthetően hosszú időszak során vagy tartós jelleggel nem, vagy csak korlátozottan képes a munkavégzésre. Ezenkívül arra vár választ, hogy ezt a fogalmat úgy kell-e értelmezni, hogy e fogalom alá tartozhat-e az orvosilag gyógyíthatatlannak minősített betegség által okozott kóros állapot, és hogy az említett fogalom alá tartozhat-e az orvosilag gyógyíthatónak minősített betegség által okozott kóros állapot is, továbbá meghatározó-e azon intézkedések természete, amelyeket a munkáltatónak meg kell hoznia annak megállapítása során, hogy valamely személy egészségi állapota ugyanezen fogalom alá tartozik. Előzetesen rá kell mutatni, hogy a 2000/78 irányelv célja – mint ez 1. cikkéből kitűnik – az e cikkben felsorolt okokon, így többek között a fogyatékosságon alapuló, foglalkoztatás és munkavégzés során alkalmazott hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem általános kereteinek meghatározása (lásd a fent hivatkozott Chacón Navas-ügyben hozott ítélet 41. pontját). A 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján – az Európai Unióra átruházott hatáskörök korlátain belül – ezt az irányelvet minden személyre alkalmazni kell többek között az elbocsátás feltételeit illetően. Emlékeztetni kell arra, hogy maga a 2000/78 irányelv nem határozza meg a „fogyatékosság” fogalmát. A Bíróság ezért a fent hivatkozott Chacón Navas-ügyben hozott ítélet 43. pontjában kimondta, hogy e fogalom alatt olyan korlátozottságot kell érteni, amely különösen valamilyen testi, szellemi vagy lelki ártalmon alapul, és az érintettet akadályozza a szakmai életben való részvételben. Az ENSZ-egyezmény, amelyet az Európai Unió a 2009. november 26-i határozatával – azaz a fent hivatkozott Chacón Navas-ügyben hozott ítélet után – ratifikált az e) preambulumbekezdésében, elismeri, hogy „a fogyatékosság egy változó fogalom, továbbá, hogy a fogyatékosság a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok kölcsönhatásának következménye, amely gátolja őket a társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben”. Ily módon ezen egyezmény 1. cikkének második bekezdése úgy rendelkezik, hogy fogyatékos személy „aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását”. A jelen ítélet 28–32. pontjában említett megfontolásokra tekintettel a „fogyatékosság” fogalma olyan korlátozottságként értendő, amely különösen valamilyen testi, szellemi vagy lelki ártalmon alapul, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a szakmai életben. Az ENSZ-egyezmény 1. cikkének második bekezdéséből kitűnik továbbá, hogy a testi, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodásnak „hosszan tartónak” kell lennie. Ehhez még hozzá kell tenni, amint arra a főtanácsnok az indítványának 32. pontjában rámutatott, hogy nem állapítható meg, hogy a 2000/78 irányelv csak veleszületett vagy balesetből származó fogyatékosságokra lenne alkalmazható, és kizárná azokat, amelyek betegségből erednek. Ezen irányelvnek az egyenlő bánásmód megvalósítására törekvő céljával ugyanis ellentétes lenne az, ha a fogyatékosság okai alapján különbözőképpen állapítanák meg az irányelv hatályát. Ennélfogva meg kell állapítani, hogy ha valamely gyógyítható vagy gyógyíthatatlan betegség korlátozottsággal jár, amely különösen valamilyen testi, szellemi vagy lelki ártalmon alapul, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a szakmai életben, és ha ez a korlátozottság hosszan tartó, az ilyen betegség a 2000/78 irányelv értelmében vett „fogyatékosság” fogalma alá tartozhat. Nem tartozik azonban a 2000/78 irányelv értelmében vett „fogyatékosság” fogalma alá az a betegség, amely nem jár ilyen korlátozással. A betegséget ugyanis önmagában nem lehet olyan további oknak tekinteni, amellyel kiegészítendőek azok, amelyek alapján történő hátrányos megkülönböztetést tiltja a 2000/78 irányelv (lásd a fent hivatkozott Chacón Navas-ügyben hozott ítélet 57. pontját). Az a körülmény, hogy az érintett személy csak korlátozottan képes a munkavégzésre, nem gátolja meg, hogy e személy egészségi állapota a „fogyatékosság” fogalma alá tartozzon. A DAB és a Pro Display érvelésével ellentétben a fogyatékosság nem feltétlenül jár a munkából vagy a szakmai életből való teljes kizárással. Ebben a tekintetben meg kell állapítani, hogy a „fogyatékosság” fogalmát, amint az a jelen ítélet 38. pontjából kitűnik, úgy kell értelmezni, hogy az a szakmai tevékenység végzésének zavarára vonatkozik, nem pedig – amint azt a DAB és a Pro Display állítja – az ilyen tevékenység végzésének lehetetlenségére. Az akár csak részmunkaidőben munkaképes fogyatékos személy egészségi állapota tehát a „fogyatékosság” fogalma alá tartozhat. A DAB és a Pro Display által javasolthoz hasonló értelmezés egyébiránt összeegyeztethetetlen a 2000/78 irányelv célkitűzésével, amely célkitűzés többek között arra irányul, hogy a fogyatékos személy hozzáférhessen valamely munkához, illetve azt végezhesse. Ezenkívül a fogyatékosság megállapítása nem függ az olyan alkalmazkodási intézkedések jellegétől, mint a különös eszközök használata. Ebben a tekintetben meg kell állapítani, hogy a 2000/78 irányelv 1. cikke értelmében vett „fogyatékosság” fogalmának meghatározása megelőzi az irányelv 5. cikkében foglalt megfelelő alkalmazkodási intézkedések meghatározását és értékelését. A 2000/78 irányelv (16) preambulumbekezdésének megfelelően az ilyen intézkedések a fogyatékos személyek szükségleteinek figyelembevételére irányulnak. Azok tehát következményei, nem pedig alkotóelemei a fogyatékosság fogalmának. Ehhez hasonlóan ezen irányelv (20) preambulumbekezdésében foglalt intézkedések vagy alkalmazkodások lehetővé teszik az említett irányelv 5. cikkéből eredő kötelezettségek betartását, de azok csak fogyatékosság fennállása esetén alkalmazandók. A fenti megfontolásokból következően azt a választ kell adni az első és a második kérdésre, hogy a 2000/78 irányelvben foglalt „fogyatékosság” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja az orvosilag gyógyíthatónak, illetve gyógyíthatatlannak minősített betegség által okozott kóros állapotot, mivel ez a betegség olyan korlátozottsággal jár, amely különösen valamilyen testi, szellemi vagy lelki ártalmon alapul, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a szakmai életben, és ez a korlátozottság hosszan tartó. Azon intézkedések természete, amelyeket a munkáltatónak meg kell hoznia, nem meghatározó annak vizsgálata során, hogy valamely személy egészségi állapota e fogalom alá tartozik-e. A harmadik kérdésről A harmadik kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, hogy a 2000/78 irányelv 5. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy a munkaidő csökkentése az e cikkben meghatározott alkalmazkodási intézkedésnek minősülhet. Amint azt az említett cikk kimondja, a munkaadóknak meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket, többek között, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való részvétel, vagy az előmenetel. Ebben a tekintetben az említett irányelv (20) preambulumbekezdése tartalmazza ezen intézkedések nem kimerítő felsorolását, amely intézkedések fizikai, szervezési és/vagy képzési jellegűek lehetnek. Rá kell mutatni, hogy sem a 2000/78 irányelv 5. cikke, sem annak (20) preambulumbekezdése nem tesz említést a munkaidő csökkentéséről. Mindazonáltal szükség van az említett preambulumbekezdésben szereplő „munkaidő-beosztás” fogalmának értelmezésére annak meghatározása érdekében, hogy e fogalom alá tartozhat-e a munkaidő kialakítása. A DAB és a Pro Display ebben a vonatkozásban úgy érvelnek, hogy az említett fogalom olyan elemekre vonatkozik, mint a munkaidő-beosztás szervezése és a munkatempó például a termelési eljárás keretében, valamint a szünetek, hogy a lehető legnagyobb mértékben könnyítsen a fogyatékos munkavállaló terhén. Mindazonáltal a 2000/78 irányelvnek sem a (20) preambulumbekezdéséből, sem egyetlen más rendelkezéséből nem tűnik ki, hogy az uniós jogalkotó a „munkaidő-beosztás” fogalmát ezekre az elemekre kívánta volna korlátozni, vagy abból ki kívánta volna zárni a munkaidő kialakítását, és különösen a teljes munkaidős munkavégzésre nem vagy már nem képes fogyatékos személyek azon lehetőségét, hogy a munkájukat részmunkaidőben végezzék. Az ENSZ-egyezmény 2. cikkének negyedik bekezdése szerint az „ésszerű alkalmazkodás”„az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és változtatásokat jelenti, amelyek nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, és adott esetben szükségesek, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak a mindenkit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és gyakorlását”. Ebből következően az említett rendelkezés az „ésszerű alkalmazkodás” fogalmának tág meghatározását szorgalmazza. Ily módon a 2000/78 irányelvet illetően ezt a fogalmat úgy kell értelmezni, hogy annak azon különféle akadályok megszüntetése a célja, amelyek korlátozzák a fogyatékos személy teljes, hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a szakmai életben. Amennyiben egyrészt a 2000/78 irányelv (20) preambulumbekezdése és az ENSZ-egyezmény 2. cikkének negyedik bekezdése nemcsak tárgyi, hanem szervezési intézkedéseket is magában foglal, másrészt a munkaidő „beosztása” kifejezésen azt a tempót vagy sebességet kell érteni, amellyel a munkát elvégzik, nem lehet kizárni, hogy a munkaidő csökkentése az ezen irányelv 5. cikke szerinti alkalmazkodási intézkedésnek minősülhet. Egyébiránt rá kell mutatni, hogy a 2000/78 irányelv (20) preambulumbekezdésében található, a munkahelyek fogyatékosok igényeinek megfelelő kialakítására irányuló intézkedések felsorolása nem kimerítő, következésképpen a munkaidő-csökkentést – jóllehet az nem tartozik a „munkaidő-beosztás” fogalmához – az ezen irányelv 5. cikkében foglalt alkalmazkodási intézkedésnek lehet tekinteni azokban az esetekben, amikor a munkaidő-csökkentés a munkavállaló számára lehetővé teszi, hogy az említett cikk célkitűzésével összhangban továbbra is végezhesse a munkáját. Mindazonáltal emlékeztetni kell arra, hogy a 2000/78 irányelv a (17) preambulumbekezdése szerint nem kívánja meg olyan személy felvételét, előléptetését vagy továbbfoglalkoztatását, aki nem alkalmas, nem képes vagy nem vehető igénybe az adott állás alapvető feladatainak ellátására a fogyatékos személyek érdekében hozott megfelelő intézkedések megtételére vonatkozó kötelezettség sérelme nélkül, amely intézkedések között szerepel az esetleges munkaidő-csökkentés is. Egyébiránt rá kell mutatni, hogy az említett irányelv 5. cikkének megfelelően a fogyatékos személyek által igényelhető intézkedéseknek ésszerűeknek kell lenniük abban az értelemben, hogy azok a munkáltató számára nem jelenthetnek aránytalan terhet. Az alapügyekben tehát a nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy a munkaidő-csökkentés mint alkalmazkodási intézkedés aránytalan terhet jelent-e a munkáltatók számára. Amint az a 2000/78 irányelv (21) preambulumbekezdéséből kitűnik, ebben a tekintetben figyelembe kell venni az ilyen intézkedések miatt felmerülő pénzügyi és egyéb költségeket, a vállalkozás nagyságát és pénzügyi erőforrásait, valamint a köztámogatások vagy bármely más támogatás lehetőségét. Emlékeztetni kell arra, hogy az EUMSZ 267. cikkben említett eljárás keretében, amely a nemzeti bíróságok és a Bíróság feladatainak világos szétválasztásán alapul, az ügy konkrét tényállásának megítélése a nemzeti bíróság hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor a célból, hogy hasznos választ adhasson ez utóbbi kérdésére, a Bíróság a nemzeti bíróságokkal való együttműködés szellemében megadhat számára minden, általa szükségesnek ítélt iránymutatást (a C-433/05. sz. Sandström-ügyben 2010. április 15-én hozott ítélet [EBHT 2010., I-2885. o.] 35. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). E vizsgálat szempontjából lényeges elemnek minősülhet az a körülmény – amelyre a kérdést előterjesztő bíróság mutatott rá –, hogy közvetlenül J. Ring elbocsátását követően a DAB álláshirdetést jelentetett meg, amely részmunkaidős, azaz heti 22 órás, irodai alkalmazotti állásra vonatkozott a lyngbyi regionális irodájában. A Bíróság elé terjesztett iratokból semmilyen adat alapján nem állapítható meg, hogy J. Ring nem lett volna képes ezt az állást részmunkaidőben betölteni, illetve nem érthetőek meg az azt igazoló okok, amelyek miatt azt nem neki ajánlották fel. Ezenkívül a kérdést előterjesztő bíróság megjelölte, hogy J. Ring, kis idővel az elbocsátása után recepciósként újra munkába állt egy másik társaságnál, és hogy a tényleges munkaideje heti húsz óra volt. Egyébiránt, amint arra a dán kormány a tárgyalás során rámutatott, a dán jog rendelkezik arról a lehetőségről, hogy a vállalkozásoknak állami támogatást adjanak a fogyatékos személyek munkaerőpiachoz való hozzáférésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekért; ezek többek között olyan kezdeményezések, amelyeknek az a céljuk, hogy a munkáltatókat fogyatékosságban szenvedő személyek alkalmazására és alkalmazásuk fenntartására ösztönözzék. A fentiekre tekintettel a harmadik kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2000/78 irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a munkaidő csökkentése az e cikkben meghatározott alkalmazkodási intézkedésnek minősülhet. A nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy az alapügyek körülményei között a munkaidő csökkentése mint alkalmazkodási intézkedés aránytalan terhet jelent-e a munkáltatók számára. A negyedik kérdés b) pontjáról A negyedik kérdése b) pontjával a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ, hogy a 2000/78 irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti rendelkezés, amely szerint a munkáltató rövidebb felmondási idő alkalmazása mellett elbocsáthatja az érintett fogyatékos munkavállalót, aki a legutóbbi 12 hónap alatt összesen 120 napig fizetett betegszabadságot vesz igénybe, abban az esetben, ha ezek a távollétek abból erednek, hogy a munkáltató – az ezen irányelv 5. cikke szerinti ésszerű alkalmazkodások megtételére vonatkozó kötelezettsége ellenére – nem hozta meg a megfelelő intézkedéseket. Meg kell állapítani, hogy az a körülmény, hogy a munkáltató nem hozta meg az említett intézkedéseket, a 2000/78 irányelv 5. cikkéből eredő kötelezettségre tekintettel azzal következménnyel járhat, hogy a fogyatékos munkavállaló távolléteit nem a munkavállaló fogyatékosságának, hanem a munkáltató mulasztásának tudják be. Abban az esetben, ha a nemzeti bíróság azt állapítaná meg, hogy a jelen esetben a munkavállalók távolléte annak tudható be, hogy a munkáltató nem fogadta el a megfelelő alkalmazkodási intézkedéseket, akkor az alapügyekben szóban forgóhoz hasonló nemzeti rendelkezés alkalmazása ellentétes a 2000/78 irányelvvel. A fenti megfontolásokra tekintettel azt a választ kell adni a negyedik kérdés b) pontjára, hogy a 2000/78 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti rendelkezés, amely szerint a munkáltató rövidebb felmondási idő alkalmazása mellett elbocsáthatja az érintett fogyatékos munkavállalót, aki a legutóbbi 12 hónap alatt összesen 120 napig fizetett betegszabadságot vett igénybe, abban az esetben, ha ezek a távollétek abból erednek, hogy a munkáltató – az ezen irányelv 5. cikke szerinti ésszerű alkalmazkodások megtételére vonatkozó kötelezettsége ellenére – nem hozta meg a megfelelő intézkedéseket. A negyedik kérdés a) pontjáról A negyedik kérdés a) pontjával a kérdést előterjesztő bíróság lényegében arra vár választ a 2000/78 irányelvet úgy kell-e értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti rendelkezés, amely szerint a munkáltató rövidebb felmondási idő alkalmazása mellett elbocsáthatja az érintett fogyatékos munkavállalót, aki a legutóbbi 12 hónap alatt összesen 120 napig fizetett betegszabadságot vett igénybe, abban az esetben, ha ezek a távollétek a munkavállaló fogyatékosságából erednek. Meg kell állapítani, hogy ezzel a kérdéssel a kérdést előterjesztő bíróság arra az esetre céloz, amelyben az FL 5. §-ának (2) bekezdését valamely fogyatékos személyre alkalmazzák a betegség miatti távollétét követően, amely távollét részben vagy egészben a fogyatékosságából, nem pedig abból ered, hogy a munkáltató – a 2000/78 irányelv 5. cikke szerinti ésszerű alkalmazkodások megtételére vonatkozó kötelezettsége ellenére – nem hozta meg a megfelelő intézkedéseket. Amint azt a Bíróság a fent hivatkozott Chacón Navas-ügyben hozott ítéletének 48. pontjában kimondta, a fogyatékosságon alapuló hátrányos bánásmód csak akkor ellentétes a 2000/78 irányelvben írt védelemmel, ha az irányelv 2. cikkének (1) bekezdése értelmében hátrányos megkülönböztetésnek minősül. Az ezen irányelv hatálya alá tartozó fogyatékos munkavállalót ugyanis meg kell védeni a nem fogyatékos munkavállalóval szembeni minden hátrányos megkülönböztetéstől. Felmerül tehát annak a kérdése, hogy az alapügyekben szóban forgóhoz hasonló nemzeti rendelkezés eredményezhet-e a fogyatékos személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetést. Azon kérdést illetően, hogy az alapügyekben szóban forgó rendelkezés magában foglal-e a fogyatékosságon alapuló eltérő bánásmódot, rá kell mutatni, hogy az FL 5. §-ának (2) bekezdése – amely a betegség miatti távollétekre vonatkozik – egyformán alkalmazandó azokra a fogyatékos és a nem fogyatékos személyekre, akik betegség miatt több mint 120 napot voltak távol. E körülmények között nem lehet megállapítani, hogy ez a rendelkezés a 2000/78 irányelv 1. cikke és 2. cikke (2) bekezdése a) pontja együttes rendelkezésének értelmében vett, fogyatékosságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést vezetne be. Ebben a tekintetben meg kell állapítani, hogy az a személy, akinek a munkáltatója a munkaviszonyát rövidebb felmondási idővel szünteti meg – kizárólag betegség miatt –, nem tartozik a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 2000/78 irányelvvel létrehozott általános keretének hatálya alá (lásd analógia útján a fent hivatkozott Chacón Navas-ügyben hozott ítélet 47. pontját). Ennélfogva meg kell állapítani, hogy az FL 5. §-ának (2) bekezdése nem tartalmaz fogyatékosságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést, amennyiben az olyan szempontot vesz alapul, amely nem elválaszthatatlanul kapcsolódik a fogyatékossághoz. Azon kérdést illetően, hogy az említett rendelkezés eredményezhet-e fogyatékosságon alapuló közvetett eltérő bánásmódot, rá kell mutatni, hogy a betegség miatti távolléti napok kiszámítása során a fogyatékossághoz kapcsolódó betegség miatti távolléti napok figyelembevétele a fogyatékossághoz kapcsolódó betegségnek a betegség általános fogalmával való azonosítását jelenti. Márpedig, amint azt a Bíróság a fent hivatkozott Chacón Navas-ügyben hozott ítéletének 44. pontjában kimondta, a „fogyatékosság” és a „betegség” fogalmát nem lehet pusztán és egyszerűen egybemosni. Ebben a tekintetben meg kell állapítani, hogy egy fogyatékos munkavállaló jobban ki van téve annak a veszélynek, hogy vele szemben az FL 5. §-ának (2) bekezdése szerinti rövidebb felmondási időt alkalmazzák, mint a nem fogyatékos munkavállaló. Ugyanis, amint arra a főtanácsnok az indítványának 67. pontjában rámutatott, a nem fogyatékos munkavállalókkal összehasonlítva a fogyatékos munkavállalók ki vannak téve a fogyatékosságukhoz kapcsolódó betegség további veszélyének is. A fogyatékos munkavállaló tehát fokozottan ki van téve annak a veszélynek, hogy a betegség miatti távolléti napjai felhalmozódnak, következésképpen elérik az FL 5. §-ának (2) bekezdése szerinti 120 napot. Úgy tűnik tehát, hogy az e rendelkezés szerinti 120 napos szabály hátrányos helyzetbe hozhatja a fogyatékos munkavállalókat, és így a 2000/78 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében vett fogyatékosságon alapuló közvetett eltérő bánásmódot eredményezhet. Az említett rendelkezés i. alpontjának megfelelően azt kell megvizsgálni, hogy ez az eltérő bánásmód objektív módon igazolható-e törvényes céllal, e cél elérésének eszközei megfelelőek-e, és nem haladják-e meg a dán jogalkotó által elérni kívánt cél megvalósításához szükséges mértéket. Az FL 5. §-ának (2) bekezdését illetően a dán kormány hangsúlyozza, hogy az arra irányul, hogy a munkáltatókat olyan munkavállalók alkalmazására és alkalmazásának fenntartására ösztönözze, akiknél különösen nagy a betegség miatti ismételt távollétek kockázata, lehetővé téve számukra, hogy az utóbbi munkavállalókat később rövidebb felmondási idővel bocsássák el, ha a távollét nagyon hosszú időtartamú. Ennek fejében ezek a munkavállalók a betegségük időtartama alatt megtarthatják az alkalmazásukat. A dán kormány rámutat, hogy az említett szabály összhangba hozza a munkáltató és a munkavállaló érdekeit, és az közvetlenül illeszkedik a dán munkaerőpiac általános szabályozásába, amely egyrészt a rugalmasságnak és a szerződési szabadságnak, másrészt a munkavállalók védelmének kombinációján alapul. A DAB és a Pro Display kifejti, hogy az FL 5. §-ának (2) bekezdése szerinti 120 napos szabály a beteg munkavállalókat védi, mivel az ezen szabály alkalmazhatóságához hozzájáruló munkáltató általában tovább hajlandó várni az ilyen munkavállaló elbocsátása előtt. Emlékeztetni kell arra, hogy a tagállamokat, és nem csupán valamely szociális és foglalkoztatáspolitikai célkitűzés meghatározása, hanem az e cél elérésére alkalmas intézkedések megválasztása során is széles mérlegelési mozgástér illeti meg (lásd ebben az értelemben a C-141/11. sz. Hörnfeldt-ügyben 2012. július 5-én hozott ítélet 32. pontját és a C-152/11. sz. Odar-ügyben 2012. december 6-án hozott ítélet 47. pontját). A Bíróság már kimondta, hogy az alkalmazás előmozdítása vitathatatlanul a tagállamok legitim szociális vagy foglalkoztatáspolitikai céljának minősül, és hogy ezt a megállapítást nyilvánvalóan alkalmazni kell a nemzeti munkaerő-piaci politika eszközeire, amely politika célja egyes munkavállalói kategóriák bevonása az aktív keresők körébe (lásd a C-411/05. sz. Palacios de la Villa ügyben 2007. október 16-án hozott ítélet [EBHT 2007., I-8531. o.] 65. pontját). Ehhez hasonlóan a munkaerőpiac rugalmasságának előmozdítása érdekében hozott intézkedéseket foglalkoztatáspolitikai intézkedéseknek kell tekinteni. Következésképpen az olyan természetű célkitűzéseket, mint amelyeket a dán kormány ismertetett, főszabály szerint úgy kell tekinteni, hogy azok a 2000/78 irányelv 2. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában foglaltaknak megfelelően a nemzeti jog keretében objektív módon igazolhatják az olyan, fogyatékosságon alapuló eltérő bánásmódot, mint amely az FL 5. §-ának (2) bekezdésében szerepel. Meg kell továbbá vizsgálni, hogy az e célok elérésének eszközei megfelelőek és szükségesek-e, továbbá nem haladják-e meg a célok eléréséhez szükséges mértéket. A dán kormány úgy véli, hogy az FL 5. §-ának (2) bekezdése a legmegfelelőbb módon teszi lehetővé, egyrészt az azon személyek alkalmazására és alkalmazásuk fenntartására vonatkozó cél elérését, akik legalábbis potenciálisan csökkent munkaképességűek, másrészt a rugalmas, szerződéses megállapodáson alapuló és biztonságos munkaerőpiac magasabb rendű céljának elérését. A DAB és a Pro Display ebben a tekintetben megjegyzik, hogy a betegségi napidíjról szóló dán szabályozás szerint a betegszabadságon lévő munkavállalónak munkabért fizető munkáltató a munkavállaló lakóhelye szerinti önkormányzati hatóságnál jogosult a betegségi napidíj megtérítésére. Mindazonáltal a napidíjhoz való jog 52 hétre korlátozott, és az összege a tényleges munkabérnél alacsonyabb. Ilyen feltételek mellett az FL 5. §-a (2) bekezdésének rendelkezései a munkavállaló és a munkáltató egymással ellentétes érdekei közötti ésszerű egyensúlyt biztosítanak a betegség miatti távollétet illetően. Tekintettel arra a széles mérlegelési mozgástérre, amely a tagállamokat, nem csupán valamely szociális és foglalkoztatáspolitikai célkitűzés meghatározása, hanem az e cél elérésére alkalmas intézkedések megválasztása során megilleti, nem tűnik ésszerűtlennek, hogy olyan intézkedést, mint az FL 5. §-ának (2) bekezdése szerinti 120 napos szabály a tagállamok a fent hivatkozott célok elérésére megfelelőnek tekintsék. Feltehető, hogy az említett szabály, azáltal hogy jogosultságot ad a betegség miatt több mint 120 napot távol lévő munkavállalók rövidebb felmondási idővel történő elbocsátására, a munkáltatók vonatkozásában ösztönző hatással van az alkalmazásra és az alkalmazásban való fenntartásra. Annak vizsgálata céljából, hogy az FL 5. §-ának (2) bekezdése szerinti 120 napos szabály meghaladja-e az elérni kívánt cél megvalósításához szükséges mértéket, e rendelkezést vissza kell helyezni azon összefüggésbe, amely a hátterét képezi, és tekintetbe kell venni azt a sérelmet, amelyet az érintett személyeknek okozhat (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Odar-ügyben hozott ítélet 65. pontját). Ebben a tekintetben a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy a dán jogalkotó azon jogszerű célok követésével, amelyek egyrészt a beteg személyek felvételének, másrészt a betegség miatti távollétet illetően a munkavállaló és a munkáltató egymással ellentétes érdekei közötti ésszerű egyensúlynak az előmozdítására vonatkoznak, elmulasztotta-e figyelembe venni azokat a releváns elemeket, amelyek különösen a fogyatékos munkavállalókra vonatkoznak. Ebben a tekintetben nem szabad figyelmen kívül hagyni a fogyatékkal élő személyeket érintő kockázatot, akik a munkaerőpiacra történő beilleszkedés tekintetében általában több nehézséggel találják szemben magukat, mint a nem fogyatékos munkavállalók, és az állapotuk miatt megkövetelt védelemhez kapcsolódóan sajátos szükségleteik vannak (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Odar-ügyben hozott ítélet 68. és 69. pontját). A fenti megfontolásokra tekintettel azt a választ kell adni a negyedik kérdés a) pontjára, hogy a 2000/78 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti rendelkezés, amely szerint a munkáltató rövidebb felmondási idő alkalmazása mellett elbocsáthatja az érintett fogyatékos munkavállalót, aki a legutóbbi 12 hónap alatt összesen 120 napig fizetett betegszabadságot vett igénybe, abban az esetben, ha ezek a távollétek a munkavállaló fogyatékosságából erednek, kivéve ha ez a rendelkezés jogszerű cél elérésére irányul, és nem haladja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. A költségekről Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg. A fenti indokok alapján a Bíróság (második tanács) a következőképpen határozott: 1) A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvben foglalt „fogyatékosság” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja az orvosilag gyógyíthatónak, illetve gyógyíthatatlannak minősített betegség által okozott kóros állapotot, mivel ez a betegség olyan korlátozottsággal jár, amely különösen valamilyen testi, szellemi vagy lelki ártalmon alapul, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és más munkavállalókkal egyenlő szerepvállalását a szakmai életben, és ez a korlátozottság hosszan tartó. Azon intézkedések természete, amelyeket a munkáltatónak meg kell hoznia, nem meghatározó annak vizsgálata során, hogy valamely személy egészségi állapota e fogalom alá tartozik-e. 2) A 2000/78 irányelv 5. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a munkaidő csökkentése az e cikkben meghatározott alkalmazkodási intézkedésnek minősülhet. A nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy az alapügyek körülményei között a munkaidő csökkentése mint alkalmazkodási intézkedés aránytalan terhet jelent-e a munkáltatók számára. 3) A 2000/78 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti rendelkezés, amely szerint a munkáltató rövidebb felmondási idő alkalmazása mellett elbocsáthatja az érintett fogyatékos munkavállalót, aki a legutóbbi 12 hónap alatt összesen 120 napig fizetett betegszabadságot vett igénybe, abban az esetben, ha ezek a távollétek abból erednek, hogy a munkáltató – az ezen irányelv 5. cikke szerinti ésszerű alkalmazkodások megtételére vonatkozó kötelezettsége ellenére – nem hozta meg a megfelelő intézkedéseket. 4) A 2000/78 irányelvet úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a nemzeti rendelkezés, amely szerint a munkáltató rövidebb felmondási idő alkalmazása mellett elbocsáthatja az érintett fogyatékos munkavállalót, aki a legutóbbi 12 hónap alatt összesen 120 napig fizetett betegszabadságot vett igénybe, abban az esetben, ha ezek a távollétek a munkavállaló fogyatékosságából erednek, kivéve ha ez a rendelkezés jogszerű cél elérésére irányul, és nem haladja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: dán.

62008TJ0591

sk

Jednak návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie zo 17. októbra 2008, ktorým bola žalobkyňa zaradená ako druhý zmluvný partner v zostupnom poradí, pokiaľ ide o jej ponuky pre časti 2 a 3 podané v rámci verejného obstarávania s názvom „Štatistické informačné technológie“ týkajúceho sa poradenských služieb a vývoja v súvislosti s formátom výmeny štatistických údajov a metaúdajov (SDMX) (Ú. v. EÚ 2008/S 120-159017), ako aj všetkých s tým súvisiacich rozhodnutí vrátane rozhodnutia o pridelení zákazky úspešnému uchádzačovi zaradenému na prvé miesto v zostupnom poradí, a jednak návrh na náhradu škody Výrok 1. Žaloba sa zamieta. 2. Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

61984CJ0161

fr

1 PAR ORDONNANCE DU 15 MAI 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 25 JUIN SUIVANT , LE BUNDESGERICHTSHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ET DU REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION , DU 22 MARS 1967 , CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , A DES CATEGORIES D ' ACCORDS D ' EXCLUSIVITE ( JO 1967 , P . 849 ) AFIN QU ' IL SOIT EXAMINE SI CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX CONTRATS DE FRANCHISE . 2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE LA SOCIETE PRONUPTIA DE PARIS GMBH DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ( CI-APRES LE FRANCHISEUR ), FILIALE D ' UNE SOCIETE FRANCAISE DU MEME NOM , ET MME SCHILLGALIS DE HAMBOURG QUI EXPLOITE UN COMMERCE SOUS LE NOM PRONUPTIA DE PARIS ( CI-APRES LE FRANCHISE ), LITIGE QUI PORTE SUR L ' OBLIGATION DU FRANCHISE DE PAYER AU FRANCHISEUR DES ARRIERES DE REDEVANCES SUR SON CHIFFRE D ' AFFAIRES DES ANNEES 1978 A 1980 . 3 LA SOCIETE MERE FRANCAISE DU FRANCHISEUR DISTRIBUE SOUS LA MARQUE ' PRONUPTIA DE PARIS ' DES ROBES DE MARIEE ET D ' AUTRES VETEMENTS PORTES A L ' OCCASION DE MARIAGES . EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LA DISTRIBUTION DE CES PRODUITS EST ASSUREE SOIT DANS DES MAGASINS EXPLOITES DIRECTEMENT PAR SA FILIALE , SOIT DANS DES MAGASINS APPARTENANT A DES DETAILLANTS INDEPENDANTS QUI SONT LIES A ELLE PAR DES CONTRATS DE FRANCHISE CONCLUS EN SON NOM PAR SA FILIALE , AGISSANT EN MEME TEMPS EN SON NOM PROPRE . 4 PAR TROIS CONTRATS QUI ONT ETE SIGNES LE 24 FEVRIER 1980 , LE FRANCHISE A OBTENU UNE FRANCHISE POUR TROIS ZONES DISTINCTES , CELLES DE HAMBOURG , D ' OLDENBOURG ET DE HANOVRE . CES TROIS CONTRATS SONT REDIGES EN TERMES PRATIQUEMENT IDENTIQUES . ILS COMPORTENT PLUS PRECISEMENT LES DISPOSITIONS SUIVANTES . 5 LE FRANCHISEUR : - ACCORDE AU FRANCHISE POUR UN CERTAIN TERRITOIRE , QUI EST DELIMITE DANS UNE CARTE ANNEXEE AU CONTRAT , LE DROIT EXCLUSIF A L ' UTILISATION DU SIGNE PRONUPTIA DE PARIS EN VUE DE LA VENTE DE SES PRODUITS ET DE SES SERVICES , AINSI QUE LE DROIT D ' EFFECTUER DE LA PUBLICITE DANS CE TERRITOIRE ; - S ' ENGAGE A N ' OUVRIR AUCUN AUTRE MAGASIN PRONUPTIA DANS LE TERRITOIRE EN QUESTION ET A NE FOURNIR AUCUN PRODUIT OU SERVICE A DES TIERS DANS CE TERRITOIRE ; - S ' ENGAGE A ASSISTER LE FRANCHISE EN CE QUI CONCERNE LES ASPECTS COMMERCIAUX ET PUBLICITAIRES DE SON COMMERCE , L ' AMENAGEMENT ET LA DECORATION DU MAGASIN , LA FORMATION DU PERSONNEL , LES TECHNIQUES DE VENTE , LA MODE ET LES PRODUITS , L ' ACHAT , LE MARKETING ET , DE MANIERE GENERALE , POUR TOUT CE QUI , D ' APRES SON EXPERIENCE , POURRAIT CONTRIBUER A AMELIORER LE CHIFFRE D ' AFFAIRES ET LA RENTABILITE DU COMMERCE DU FRANCHISE . 6 LE FRANCHISE , QUI RESTE SEUL PROPRIETAIRE DE SON COMMERCE ET EN ASSUME LES RISQUES , EST TENU : - DE NE VENDRE LES MARCHANDISES EN UTILISANT LE NOM COMMERCIAL ET LA MARQUE PRONUPTIA DE PARIS QUE DANS LE MAGASIN SPECIFIE DANS LE CONTRAT , LEQUEL DOIT AVOIR ETE AMENAGE ET DECORE PRINCIPALEMENT POUR LA VENTE D ' ARTICLES DE MARIAGE , SELON LES INDICATIONS DU FRANCHISEUR , DANS LE BUT DE METTRE EN VALEUR L ' IMAGE DE MARQUE DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION PRONUPTIA ET NE PEUT ETRE TRANSFERE A UN AUTRE EMPLACEMENT OU TRANSFORME QU ' AVEC L ' ACCORD DU FRANCHISEUR ; - D ' ACHETER AUPRES DU FRANCHISEUR 80 % DES ROBES ET ACCESSOIRES DE MARIEE AINSI QU ' UNE PROPORTION A DETERMINER PAR LE FRANCHISEUR LUI-MEME DE TENUES DE COCKTAIL ET DE RECEPTION ET A NE S ' APPROVISIONNER POUR LE RESTE QU ' AUPRES DE FOURNISSEURS AGREES PAR LE FRANCHISEUR ; - DE PAYER AU FRANCHISEUR , EN CONTREPARTIE DES AVANTAGES CONSENTIS , UN DROIT D ' ENTREE UNIQUE POUR LE TERRITOIRE CONTRACTUEL DE 15 000 DM ET , PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONTRAT , UNE REDEVANCE EGALE A 10 % DE L ' ENSEMBLE DU CHIFFRE D ' AFFAIRES REALISE PAR LA VENTE DE PRODUITS PRONUPTIA OU DE TOUTES AUTRES MARCHANDISES , LES TENUES DE SOIREE ACHETEES AUPRES D ' AUTRES FOURNISSEURS QUE PRONUPTIA N ' ETANT CEPENDANT PAS SOUMISES A CETTE REDEVANCE ; - DE CONSIDERER , SANS PREJUDICE DE SA LIBERTE DE FIXER LUI-MEME SES PRIX DE REVENTE , LES PRIX PROPOSES PAR LE FRANCHISEUR COMME DES RECOMMANDATIONS POUR LA REVENTE ; - DE NE MENER DE PUBLICITE DANS LE TERRITOIRE CONCEDE QU ' AVEC L ' ACCORD DU FRANCHISEUR , ET , EN TOUTE HYPOTHESE , D ' ALIGNER CETTE PUBLICITE SUR CELLE EFFECTUEE AU PLAN INTERNATIONAL ET NATIONAL PAR LE FRANCHISEUR , DE DIFFUSER DE LA FACON LA PLUS CONSCIENCIEUSE POSSIBLE LES CATALOGUES ET AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES FOURNIS PAR LE FRANCHISEUR ET , DE MANIERE GENERALE , D ' APPLIQUER LES METHODES COMMERCIALES QUI LUI SONT COMMUNIQUEES PAR LE FRANCHISEUR ; - DE S ' ASSIGNER POUR OBJECTIF PRINCIPAL LA VENTE D ' ARTICLES DE MARIAGE ; - DE S ' ABSTENIR DE TOUT ACTE DE CONCURRENCE AVEC UN COMMERCE PRONUPTIA , ET EN PARTICULIER DE NE PAS OUVRIR UN COMMERCE AYANT UN OBJET IDENTIQUE OU SIMILAIRE A CELUI EXERCE DANS LE CADRE DU CONTRAT NI DE PARTICIPER , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , A UN TEL COMMERCE , DANS LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , Y COMPRIS BERLIN-OUEST OU DANS UN TERRITOIRE OU PRONUPTIA EST REPRESENTEE D ' UNE MANIERE QUELCONQUE , ET CE TANT PENDANT LA DUREE DU CONTRAT QUE PENDANT UNE PERIODE D ' UN AN APRES LA FIN DE CELUI-CI ; - DE NE CEDER A DES TIERS NI LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT NI SON COMMERCE SANS ACCORD PREALABLE DU FRANCHISEUR , ETANT ENTENDU QUE CELUI-CI MARQUERA SON ACCORD SI LA CESSION INTERVIENT POUR DES RAISONS DE SANTE ET SI LE NOUVEAU CONTRACTANT ETABLIT SA SOLVABILITE ET PROUVE QU ' IL N ' EST PAS , SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT , UN CONCURRENT DU FRANCHISEUR . 7 CONDAMNE EN PREMIERE INSTANCE AU PAIEMENT DE 158 502 DM AU TITRE D ' ARRIERES DE REDEVANCES SUR SON CHIFFRE D ' AFFAIRES DES ANNEES 1978 A 1980 , LE FRANCHISE A INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT DEVANT L ' OBERLANDESGERICHT DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , EN FAISANT VALOIR , POUR ECHAPPER AU PAIEMENT DE CES ARRIERES , QUE LES CONTRATS EN CAUSE VIOLAIENT L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ET NE BENEFICIAIENT PAS DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIE ACCORDEE AUX ACCORDS D ' EXCLUSIVITE PAR LE REGLEMENT NO 67/67 PRECITE DE LA COMMISSION . PAR ARRET DU 2 DECEMBRE 1982 , L ' OBERLANDESGERICHT A FAIT DROIT A L ' ARGUMENTATION DU FRANCHISE . IL A JUGE QUE LES ENGAGEMENTS D ' EXCLUSIVITE RECIPROQUE CONSTITUAIENT DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , LE FRANCHISEUR NE POUVANT APPROVISIONNER AUCUN AUTRE COMMERCANT DANS LE TERRITOIRE SOUS CONTRAT ET LE FRANCHISE NE POUVANT ACHETER ET REVENDRE D ' AUTRES MARCHANDISES EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES QUE DE MANIERE LIMITEE . NE BENEFICIANT PAS D ' UNE EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , CES CONTRATS DEVAIENT , SELON LUI , ETRE CONSIDERES COMME NULS EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 2 . SOUS LE RAPPORT DE L ' EXEMPTION , L ' OBERLANDESGERICHT A ESTIME EN PARTICULIER QU ' IL N ' ETAIT PAS NECESSAIRE POUR LUI DE DECIDER SI LES CONTRATS DE FRANCHISE SONT EXCLUS PAR PRINCIPE DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 67/67 , PRECITE , DE LA COMMISSION . EN EFFET , SELON L ' OBERLANDESGERICHT , LES CONTRATS EN CAUSE COMPORTENT EN TOUTE HYPOTHESE DES ENGAGEMENTS QUI VONT AU-DELA DE CEUX DECRITS DANS L ' ARTICLE 1ER DE CE REGLEMENT ET QUI SONT CONSTITUTIFS DE RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE NON COUVERTES PAR L ' ARTICLE 2 . 8 LE FRANCHISEUR A INTRODUIT CONTRE CET ARRET UN POURVOI EN REVISION DEVANT LE BUNDESGERICHTSHOF EN CONCLUANT AU MAINTIEN DU JUGEMENT RENDU EN PREMIERE INSTANCE . LE BUNDESGERICHTSHOF A ESTIME QUE LA DECISION A PRENDRE SUR LE POURVOI EN REVISION DEPENDAIT DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . IL A , EN CONSEQUENCE , DEMANDE A LA COUR DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR LES QUESTIONS SUIVANTES : ' 1 ) L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE EST-IL APPLICABLE AUX CONTRATS DE FRANCHISE , TELS QUE LES CONTRATS ENTRE LES PARTIES AU LITIGE , AYANT POUR OBJET L ' APPLICATION D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION PARTICULIER DANS LEQUEL LE FRANCHISEUR CEDE AU FRANCHISE NON SEULEMENT LES MARCHANDISES , MAIS AUSSI LE NOM COMMERCIAL , LA MARQUE , DES MARQUES NON DEPOSEES SUR DES MARCHANDISES ET D ' AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES? 2 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION , LE REGLEMENT NO 67/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 22 MARS 1967 , CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE A DES CATEGORIES D ' ACCORDS D ' EXCLUSIVITE , EST-IL APPLICABLE A DE TELS CONTRATS? 3 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA DEUXIEME QUESTION : A ) LE REGLEMENT D ' EXEMPTION PAR CATEGORIES EST-IL EGALEMENT APPLICABLE DANS LE CAS OU PARTICIPENT D ' UN COTE AU CONTRAT PLUSIEURS ENTREPRISES JURIDIQUEMENT AUTONOMES , MAIS ECONOMIQUEMENT LIEES ENTRE ELLES , QUI FORMENT AU REGARD DU CONTRAT UNE ENTITE ECONOMIQUE? B)LE REGLEMENT D ' EXEMPTION PAR CATEGORIES , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , SOUS C ), RECOUVRE-T-IL L ' OBLIGATION INCOMBANT AU FRANCHISE DE NE FAIRE DE LA PUBLICITE QU ' APRES APPROBATION DU FRANCHISEUR , EN ACCORD AVEC LA PUBLICITE DE CELUI-CI ET EN UTILISANT LE MATERIEL PUBLICITAIRE MIS A SA DISPOSITION PAR LE FRANCHISEUR , ET EN GENERAL D ' APPLIQUER LES METHODES COMMERCIALES DU FRANCHISEUR? LE FAIT QUE LE MATERIEL PUBLICITAIRE DU FRANCHISEUR MENTIONNE DES PRIX INDICATIFS EST-IL IMPORTANT DANS CE CONTEXTE? C ) LE REGLEMENT D ' EXEMPTION PAR CATEGORIES , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 1ER , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), 2 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), ET 2 , PARAGRAPHE 2 , SOUS B ), RECOUVRE-T-IL L ' OBLIGATION INCOMBANT AU FRANCHISE DE DISTRIBUER LES PRODUITS VISES AU CONTRAT EXCLUSIVEMENT OU AU MOINS EN MAJEURE PARTIE DANS UN LOCAL COMMERCIAL PRECIS , SPECIALEMENT AMENAGE A CET EFFET? D ) LE REGLEMENT D ' EXEMPTION PAR CATEGORIE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), RECOUVRE-T-IL L ' OBLIGATION INCOMBANT AU FRANCHISE , TENU PRINCIPALEMENT DE S ' APPROVISIONNER EXCLUSIVEMENT AUPRES DU FRANCHISEUR , DE NE S ' APPROVISIONNER , POUR LA PART ' LIBRE ' DES PRODUITS VISES AU CONTRAT , QU ' AUPRES DE FOURNISSEURS AGREES PAR LE FRANCHISEUR? E ) LE REGLEMENT D ' EXEMPTION PAR CATEGORIE ADMET-IL L ' OBLIGATION INCOMBANT AU FRANCHISEUR DE SOUTENIR LE FRANCHISE EN MATIERE COMMERCIALE , PUBLICITAIRE ET PROFESSIONNELLE? ' SUR LA PREMIERE QUESTION 9 LA SOCIETE PRONUPTIA DE PARIS GMBH DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , LE FRANCHISEUR , A FAIT VALOIR QU ' UN SYSTEME DE CONTRATS DE FRANCHISE PERMET DE COMBINER LES AVANTAGES D ' UNE FORME DE DISTRIBUTION QUI SE PRESENTE DE FACON HOMOGENE VIS-A-VIS DE L ' EXTERIEUR ( TELLE QUE LES FILIALES ) AVEC LA DISTRIBUTION PAR DES REVENDEURS INDEPENDANTS ASSUMANT EUX-MEMES LE RISQUE DE LA VENTE . CONSTITUE D ' UN RESEAU D ' ACCORDS VERTICAUX QUI VISENT A GARANTIR LA PRESENTATION UNIFORME VIS-A-VIS DE L ' EXTERIEUR , CE SYSTEME DE CONTRATS RENFORCERAIT LA CAPACITE CONCURRENTIELLE DU FRANCHISEUR AU PLAN HORIZONTAL , C ' EST-A-DIRE A L ' EGARD D ' AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION . IL RENDRAIT POSSIBLE , POUR UNE ENTREPRISE QUI NE DISPOSERAIT PAS AUTREMENT DES MOYENS FINANCIERS NECESSAIRES , LA MISE EN PLACE D ' UN RESEAU DE DISTRIBUTION SUPRAREGIONAL , RESEAU AUQUEL PARTICIPERAIENT , EN QUALITE DE FRANCHISEES , DE PETITES ENTREPRISES DONT L ' AUTONOMIE SERAIT PRESERVEE . AU VU DE CES AVANTAGES , L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , NE S ' APPLIQUERAIT PAS LORSQUE LES CONTRATS DE FRANCHISE NE COMPORTENT PAS DE RESTRICTIONS A LA LIBERTE DES PARTIES CONTRACTANTES DEPASSANT CELLES QUI DECOULENT DE LA NATURE D ' UN SYSTEME DE FRANCHISE . DES OBLIGATIONS EXCLUSIVES DE LIVRAISON ET D ' APPROVISIONNEMENT , DANS LA MESURE OU ELLES VISENT A ASSURER DES ASSORTIMENTS UNIFORMES , DES OBLIGATIONS DE PUBLICITE HOMOGENE ET D ' AMENAGEMENT UNIFORME DES LOCAUX COMMERCIAUX ET L ' INTERDICTION DE VENDRE DANS D ' AUTRES MAGASINS LES MARCHANDISES LIVREES DANS LE CADRE DU CONTRAT SERAIENT INHERENTES A LA NATURE MEME DU CONTRAT DE FRANCHISE ET ECHAPPERAIENT A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . 10 MME SCHILLGALIS , LE FRANCHISE , SUGGERE DE REPONDRE PAR L ' AFFIRMATIVE A LA QUESTION POSEE . LES CONTRATS LITIGIEUX SE CARACTERISERAIENT PAR LA PROTECTION TERRITORIALE ACCORDEE AU FRANCHISE . ILS NE SAURAIENT ETRE ASSIMILES A DES CONTRATS AVEC DES REPRESENTANTS DE COMMERCE , ETANT DONNE QU ' A LA DIFFERENCE DE CES DERNIERS , LES FRANCHISES AGISSENT EN LEUR NOM ET POUR LEUR PROPRE COMPTE ET ASSUMENT LES RISQUES DE LA VENTE . LE SYSTEME DU CONTRAT DE FRANCHISE EN CAUSE ENTRAINERAIT DES RESTRICTIONS SENSIBLES DE LA CONCURRENCE , EU EGARD AU FAIT QUE PRONUPTIA EST , COMME ELLE LE PROCLAME ELLE-MEME , LE LEADER MONDIAL FRANCAIS DES ROBES ET ACCESSOIRES DE MARIEE . 11 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS EXPOSE , POUR SA PART , QUE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EST SUSCEPTIBLE DE S ' APPLIQUER AUX CONTRATS DE FRANCHISE QUI SONT DES ACCORDS PORTANT SUR LA DISTRIBUTION D ' UN PRODUIT CONCLUS AVEC DES NEGOCIANTS INDEPENDANTS , MAIS NE S ' Y APPLIQUE PAS NECESSAIREMENT , EU EGARD AUX ASPECTS POSITIFS DE CES CONTRATS . 12 LA COMMISSION SOULIGNE QUE LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , N ' EST PAS LIMITE A CERTAINS TYPES DE CONTRATS , CE DONT ELLE DEDUIT QUE LORSQUE SES CONDITIONS SONT REUNIES , L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , S ' APPLIQUE EGALEMENT A DES CONTRATS QUI , OUTRE LA LIVRAISON DE MARCHANDISES , ONT POUR OBJET LA CESSION D ' UN NOM COMMERCIAL ET D ' UNE MARQUE , DEPOSEE OU NON , DE PRODUITS AINSI QUE LA PRESTATION DE SERVICES . 13 IL Y A LIEU DE NOTER D ' ABORD QUE LES CONTRATS DE FRANCHISE , DONT LA LEGALITE N ' A PAS ETE JUSQU ' A PRESENT SOUMISE A L ' EXAMEN DE LA COUR , SONT D ' UNE GRANDE DIVERSITE . IL RESSORT DES DEBATS DEVANT LA COUR QU ' IL FAUT DISTINGUER DIFFERENTES ESPECES DE CONTRATS DE FRANCHISE ET , NOTAMMENT : LES CONTRATS DE FRANCHISE DE SERVICE EN VERTU DESQUELS LE FRANCHISE OFFRE UN SERVICE SOUS L ' ENSEIGNE ET LE NOM COMMERCIAL , VOIRE LA MARQUE , DU FRANCHISEUR ET EN SE CONFORMANT AUX DIRECTIVES DE CE DERNIER ; LES CONTRATS DE FRANCHISE DE PRODUCTION EN VERTU DESQUELS LE FRANCHISE FABRIQUE LUI-MEME , SELON LES INDICATIONS DU FRANCHISEUR , DES PRODUITS QU ' IL VEND SOUS LA MARQUE DE CELUI-CI ; ET , ENFIN , LES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION EN VERTU DESQUELS LE FRANCHISE SE BORNE A VENDRE CERTAINS PRODUITS DANS UN MAGASIN QUI PORTE L ' ENSEIGNE DU FRANCHISEUR . LA COUR NE SE PRONONCERA QUE SUR CETTE TROISIEME ESPECE DE CONTRATS A LAQUELLE SE RAPPORTE EXPRESSEMENT LA QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE . 14 IL IMPORTE D ' OBSERVER ENSUITE QUE LA COMPATIBILITE DES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , NE PEUT ETRE APPRECIEE DE FACON ABSTRAITE , MAIS QU ' ELLE EST FONCTION DES CLAUSES CONTENUES DANS CES CONTRATS . POUR RENDRE SA REPONSE PLEINEMENT UTILE A LA JURIDICTION NATIONALE , LA COUR ENVISAGERA DES CONTRATS QUI ONT UN CONTENU TEL QUE CELUI QUI A ETE DECRIT CI-AVANT . 15 DANS UN SYSTEME DE FRANCHISES DE DISTRIBUTION TEL QUE CELUI-LA , UNE ENTREPRISE QUI S ' EST INSTALLEE DANS UN MARCHE COMME DISTRIBUTEUR ET QUI A AINSI PU METTRE AU POINT UN ENSEMBLE DE METHODES COMMERCIALES ACCORDE , MOYENNANT REMUNERATION , A DES COMMERCANTS INDEPENDANTS , LA POSSIBILITE DE S ' ETABLIR DANS D ' AUTRES MARCHES EN UTILISANT SON ENSEIGNE ET LES METHODES COMMERCIALES QUI ONT FAIT SON SUCCES . PLUTOT QUE D ' UN MODE DE DISTRIBUTION , IL S ' AGIT D ' UNE MANIERE D ' EXPLOITER FINANCIEREMENT , SANS ENGAGER DE CAPITAUX PROPRES , UN ENSEMBLE DE CONNAISSANCES . CE SYSTEME OUVRE PAR AILLEURS A DES COMMERCANTS DEPOURVUS DE L ' EXPERIENCE NECESSAIRE L ' ACCES A DES METHODES QU ' ILS N ' AURAIENT PU ACQUERIR QU ' APRES DE LONGS EFFORTS DE RECHERCHE ET LES FAIT PROFITER DE LA REPUTATION DU SIGNE . LES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION SE DIFFERENCIENT EN CELA DES CONTRATS DE CONCESSION DE VENTE OU DE CEUX LIANT DES REVENDEURS AGREES DANS UN SYSTEME DE DISTRIBUTION SELECTIVE QUI NE COMPORTENT NI UTILISATION D ' UNE MEME ENSEIGNE , NI APPLICATION DE METHODES COMMERCIALES UNIFORMES , NI PAIEMENT DE REDEVANCES EN CONTREPARTIE DES AVANTAGES CONSENTIS . UN TEL SYSTEME , QUI PERMET AU FRANCHISEUR DE TIRER PARTI DE SA REUSSITE , NE PORTE PAS ATTEINTE EN SOI A LA CONCURRENCE . POUR QU ' IL PUISSE FONCTIONNER , UNE DOUBLE CONDITION DOIT ETRE REMPLIE . 16 PREMIEREMENT , LE FRANCHISEUR DOIT POUVOIR COMMUNIQUER AUX FRANCHISES SON SAVOIR-FAIRE ET LEUR APPORTER L ' ASSISTANCE VOULUE POUR LES METTRE EN MESURE D ' APPLIQUER SES METHODES , SANS RISQUER QUE CE SAVOIR-FAIRE ET CETTE ASSISTANCE PROFITENT , NE SERAIT-CE QU ' INDIRECTEMENT , A DES CONCURRENTS . IL EN RESULTE QUE LES CLAUSES QUI SONT INDISPENSABLES POUR PREVENIR CE RISQUE NE CONSTITUENT PAS DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . IL EN VA AINSI DE L ' INTERDICTION FAITE AU FRANCHISE D ' OUVRIR , PENDANT LA DUREE DU CONTRAT OU PENDANT UNE PERIODE RAISONNABLE APRES L ' EXPIRATION DE CELUI-CI , UN MAGASIN AYANT UN OBJET IDENTIQUE OU SIMILAIRE , DANS UNE ZONE OU IL POURRAIT ENTRER EN CONCURRENCE AVEC UN DES MEMBRES DU RESEAU . IL EN VA DE MEME DE L ' OBLIGATION IMPOSEE AU FRANCHISE DE NE PAS CEDER SON MAGASIN SANS L ' ACCORD PREALABLE DU FRANCHISEUR : CETTE CLAUSE TEND A EVITER QUE LE BENEFICE DU SAVOIR-FAIRE TRANSMIS ET DE L ' ASSISTANCE APPORTEE N ' AILLE INDIRECTEMENT A UN CONCURRENT . 17 DEUXIEMEMENT , LE FRANCHISEUR DOIT POUVOIR PRENDRE LES MESURES PROPRES A PRESERVER L ' IDENTITE ET LA REPUTATION DU RESEAU QUI EST SYMBOLISE PAR L ' ENSEIGNE . IL EN RESULTE QUE LES CLAUSES QUI ORGANISENT LE CONTROLE INDISPENSABLE A CETTE FIN NE CONSTITUENT PAS NON PLUS DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . 18 IL EN VA AINSI D ' ABORD DE L ' OBLIGATION POUR LE FRANCHISE D ' APPLIQUER LES METHODES COMMERCIALES MISES AU POINT PAR LE FRANCHISEUR ET D ' UTILISER LE SAVOIR-FAIRE TRANSMIS . 19 TEL EST LE CAS ENCORE DE L ' OBLIGATION DU FRANCHISE DE NE VENDRE LES MARCHANDISES VISEES AU CONTRAT QUE DANS UN LOCAL AMENAGE ET DECORE SELON LES INSTRUCTIONS DU FRANCHISEUR , LAQUELLE A POUR OBJET DE GARANTIR UNE PRESENTATION UNIFORME REPONDANT A CERTAINES EXIGENCES . LES MEMES EXIGENCES S ' APPLIQUENT A L ' EMPLACEMENT DU MAGASIN DONT LE CHOIX EST EGALEMENT DE NATURE A INFLUENCER LA REPUTATION DU RESEAU . AINSI S ' EXPLIQUE QUE LE FRANCHISE NE PUISSE PAS TRANSFERER SON MAGASIN DANS UN AUTRE EMPLACEMENT SANS L ' ASSENTIMENT DU FRANCHISEUR . 20 L ' INTERDICTION POUR LE FRANCHISE DE CEDER LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT SANS L ' ACCORD DU FRANCHISEUR SAUVEGARDE LE DROIT POUR CELUI-CI DE CHOISIR LIBREMENT LES FRANCHISES DONT LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES SONT UNE CONDITION POUR ETABLIR ET PRESERVER LA REPUTATION DU RESEAU . 21 GRACE AU CONTROLE EXERCE PAR LE FRANCHISEUR SUR L ' ASSORTIMENT OFFERT PAR LE FRANCHISE , LE PUBLIC POURRA TROUVER AUPRES DE CHAQUE FRANCHISE DES MARCHANDISES DE MEME QUALITE . IL PEUT ETRE IMPRATICABLE DANS CERTAINS CAS , COMME DANS LE DOMAINE DES ARTICLES DE MODE , DE FORMULER DES SPECIFICATIONS DE QUALITE OBJECTIVES . VEILLER AU RESPECT DE CES SPECIFICATIONS PEUT EGALEMENT , EN RAISON DU GRAND NOMBRE DE FRANCHISES , ENTRAINER UN COUT TROP ELEVE . UNE CLAUSE PRESCRIVANT AU FRANCHISE DE NE VENDRE QUE DES PRODUITS PROVENANT DU FRANCHISEUR OU DE FOURNISSEURS SELECTIONNES PAR LUI DOIT , DANS DE TELLES CONDITIONS , ETRE CONSIDEREE COMME NECESSAIRE A LA PROTECTION DE LA REPUTATION DU RESEAU . ELLE NE PEUT TOUTEFOIS ABOUTIR A EMPECHER LE FRANCHISE DE SE PROCURER CES PRODUITS AUPRES D ' AUTRES FRANCHISES . 22 ENFIN , COMME LA PUBLICITE CONTRIBUE A DETERMINER L ' IMAGE QU ' A LE PUBLIC DU SIGNE SYMBOLISANT LE RESEAU , LA CLAUSE QUI SUBORDONNE TOUTE PUBLICITE DU FRANCHISE A L ' ASSENTIMENT DU FRANCHISEUR EST EGALEMENT INDISPENSABLE A LA PRESERVATION DE L ' IDENTITE DU RESEAU , POURVU QU ' ELLE NE CONCERNE QUE LA NATURE DE LA PUBLICITE . 23 IL CONVIENT , EN REVANCHE , DE SOULIGNER QUE LOIN D ' ETRE NECESSAIRES A LA PROTECTION DU SAVOIR-FAIRE TRANSMIS OU A LA PRESERVATION DE L ' IDENTITE ET DE LA REPUTATION DU RESEAU , CERTAINES CLAUSES RESTREIGNENT LA CONCURRENCE ENTRE LES MEMBRES DE CELUI-CI . TEL EST LE CAS DES CLAUSES QUI REALISENT UN PARTAGE DES MARCHES ENTRE FRANCHISEUR ET FRANCHISES OU ENTRE FRANCHISES OU QUI EMPECHENT CEUX-CI DE SE LIVRER A UNE CONCURRENCE DE PRIX ENTRE EUX . 24 IL IMPORTE , A CET EGARD , D ' ATTIRER L ' ATTENTION DE LA JURIDICTION NATIONALE SUR LA CLAUSE QUI OBLIGE LE FRANCHISE A NE VENDRE LES MARCHANDISES VISEES AU CONTRAT QU ' A PARTIR DU LOCAL DESIGNE DANS CELUI-CI . CETTE CLAUSE INTERDIT AU FRANCHISE D ' OUVRIR UN SECOND MAGASIN . SA PORTEE REELLE APPARAIT SI ON LA MET EN RELATION AVEC L ' ENGAGEMENT QUE PREND LE FRANCHISEUR A L ' EGARD DU FRANCHISE D ' ASSURER A CELUI-CI , DANS UN CERTAIN TERRITOIRE , L ' EXCLUSIVITE DE L ' UTILISATION DU SIGNE CONCEDE . POUR RESPECTER LA PROMESSE FAITE AINSI A UN FRANCHISE , LE FRANCHISEUR DOIT NON SEULEMENT S ' OBLIGER A NE PAS S ' ETABLIR LUI-MEME DANS CE TERRITOIRE , MAIS ENCORE EXIGER DES AUTRES FRANCHISES L ' ENGAGEMENT DE NE PAS OUVRIR UN AUTRE MAGASIN EN DEHORS DU LEUR . LA JUXTAPOSITION DE CLAUSES DE CE TYPE ABOUTIT A UN CERTAIN PARTAGE DE MARCHES ENTRE LE FRANCHISEUR ET LES FRANCHISES OU ENTRE LES FRANCHISES ET RESTREINT AINSI LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU RESEAU . AINSI QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DU 13 JUILLET 1966 ( CONSTEN ET GRUNDIG/COMMISSION , 56 ET 58/64 , REC . P . 429 ), CE TYPE DE RESTRICTION CONSTITUE UNE LIMITATION DE CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DES LORS QU ' IL CONCERNE UN SIGNE DEJA TRES REPANDU . IL EST CERTES POSSIBLE QU ' UN CANDIDAT FRANCHISE NE PRENDRAIT PAS LE RISQUE DE S ' INTEGRER A LA CHAINE EN PROCEDANT A UN INVESTISSEMENT PROPRE , EN PAYANT UN DROIT D ' ENTREE RELATIVEMENT ELEVE ET EN S ' ENGAGEANT A ACQUITTER UNE REDEVANCE ANNUELLE IMPORTANTE , S ' IL NE POUVAIT , GRACE A UNE CERTAINE PROTECTION CONTRE LA CONCURRENCE DU FRANCHISEUR ET D ' AUTRES FRANCHISES , ESPERER QUE SON COMMERCE PUISSE ETRE RENTABLE . CETTE CONSIDERATION NE PEUT TOUTEFOIS JOUER QUE DANS LE CADRE DE L ' EXAMEN EVENTUEL DE L ' ACCORD AU REGARD DES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 . 25 SI DES CLAUSES QUI PORTENT ATTEINTE A LA FACULTE DU FRANCHISE DE DETERMINER SES PRIX EN TOUTE LIBERTE SONT RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE , IL N ' EN EST PAS DE MEME DU FAIT POUR LE FRANCHISEUR DE COMMUNIQUER AUX FRANCHISES DES PRIX INDICATIFS , A LA CONDITION TOUTEFOIS QU ' IL N ' Y AIT PAS , ENTRE LE FRANCHISEUR ET LES FRANCHISES OU ENTRE LES FRANCHISES , DE PRATIQUE CONCERTEE EN VUE DE L ' APPLICATION EFFECTIVE DE CES PRIX . IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE VERIFIER LA REALISATION DE CETTE CONDITION . 26 IL IMPORTE DE PRECISER , ENFIN , QUE LES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION QUI CONTIENNENT DES CLAUSES REALISANT UN PARTAGE DES MARCHES ENTRE FRANCHISEUR ET FRANCHISES OU ENTRE FRANCHISES SONT EN TOUT ETAT DE CAUSE SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , MEME S ' ILS SONT CONCLUS ENTRE ENTREPRISES ETABLIES DANS LE MEME ETAT MEMBRE , DANS LA MESURE OU ILS EMPECHENT LES FRANCHISES DE S ' ETABLIR DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . 27 AU VU DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE : 1 ) LA COMPATIBILITE DES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EST FONCTION DES CLAUSES QUE CONTIENNENT CES CONTRATS ET DU CONTEXTE ECONOMIQUE DANS LEQUEL ILS S ' INSERENT ; 2 ) LES CLAUSES QUI SONT INDISPENSABLES POUR EMPECHER QUE LE SAVOIR-FAIRE TRANSMIS ET L ' ASSISTANCE APPORTEE PAR LE FRANCHISEUR PROFITENT A DES CONCURRENTS NE CONSTITUENT PAS DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ; 3 ) LES CLAUSES QUI ORGANISENT LE CONTROLE INDISPENSABLE A LA PRESERVATION DE L ' IDENTITE ET DE LA REPUTATION DU RESEAU QUI EST SYMBOLISE PAR L ' ENSEIGNE NE CONSTITUENT PAS NON PLUS DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ; 4 ) LES CLAUSES QUI REALISENT UN PARTAGE DES MARCHES ENTRE FRANCHISEUR ET FRANCHISES OU ENTRE FRANCHISES CONSTITUENT DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ; 5 ) LE FAIT POUR LE FRANCHISEUR DE COMMUNIQUER AU FRANCHISE DES PRIX INDICATIFS N ' EST PAS CONSTITUTIF D ' UNE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE , A LA CONDITION QU ' IL N ' Y AIT PAS , ENTRE LE FRANCHISEUR ET LES FRANCHISES OU ENTRE LES FRANCHISES , UNE PRATIQUE CONCERTEE EN VUE DE L ' APPLICATION EFFECTIVE DE CES PRIX ; 6 ) LES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION QUI CONTIENNENT DES CLAUSES REALISANT UN PARTAGE DES MARCHES ENTRE FRANCHISEUR ET FRANCHISE OU ENTRE FRANCHISES SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES . SUR LA DEUXIEME QUESTION 28 LA DEUXIEME QUESTION , QUI N ' A ETE POSEE QUE POUR LE CAS OU UNE REPONSE AFFIRMATIVE SERAIT APPORTEE A LA PREMIERE , A TRAIT AU POINT DE SAVOIR SI LE REGLEMENT NO 67/67 DE LA COMMISSION , DU 22 MARS 1967 , CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE A DES CATEGORIES D ' ACCORDS D ' EXCLUSIVITE JOUE DANS LE CAS DE CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION . EU EGARD AUX CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT RELATIVES AUX CLAUSES QUI REALISENT UN PARTAGE DE MARCHE ENTRE FRANCHISEUR ET FRANCHISES ET ENTRE FRANCHISES , ELLE CONSERVE UNE PARTIE DE SON INTERET ET IL CONVIENT DES LORS DE L ' EXAMINER . 29 LA SOCIETE PRONUPTIA DE PARIS , LE FRANCHISEUR , SUGGERE A LA COUR D ' APPORTER UNE REPONSE POSITIVE A CETTE DEUXIEME QUESTION . LE REGLEMENT NO 67/67 S ' APPLIQUERAIT AUX ENGAGEMENTS EXCLUSIFS D ' APPROVISIONNEMENT ET DE LIVRAISON ALORS MEME QUE CES ENGAGEMENTS SERAIENT CONTENUS DANS DES ACCORDS COMPORTANT , EN OUTRE , CONCESSION D ' UNE LICENCE DE MARQUE OU D ' AUTRES SIGNES DISTINCTIFS DE L ' ENTREPRISE . DANS UN CONTRAT DE FRANCHISE , LES OBLIGATIONS EXCLUSIVES DE LIVRAISON ET D ' APPROVISIONNEMENT PRESENTERAIENT AUSSI LES AVANTAGES QUI SONT ENONCES AU SIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 67/67 . DES CLAUSES AUTRES QUE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 67/67 NE FERAIENT PAS OBSTACLE AU JEU DE L ' EXEMPTION , DES LORS QU ' ELLES NE RESTREINDRAIENT PAS LA CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . 30 MME SCHILLGALIS , FRANCHISEE , CONCLUT A L ' INAPPLICABILITE DU REGLEMENT NO 67/67 AUX CONTRATS DE FRANCHISE . EN PREMIER LIEU , CE REGLEMENT AURAIT ETE ELABORE SUR LA BASE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE A L ' EPOQUE PAR LA COMMISSION , EXPERIENCE QUI NE CONCERNERAIT QUE LES ACCORDS DE CONCESSION DE VENTE . EN DEUXIEME LIEU , LE FRANCHISEUR AURAIT NETTEMENT PLUS DE POUVOIRS SUR LE FRANCHISE QUE LE CONCEDANT SUR SON CONCESSIONNAIRE . EN TROISIEME LIEU , LA RESTRICTION DE CONCURRENCE INHERENTE AUX CONTRATS DE FRANCHISE SE PRODUIRAIT EGALEMENT SUR LE PLAN HORIZONTAL , LE FRANCHISEUR EXPLOITANT GENERALEMENT LUI-MEME DES FILIALES QUI INTERVIENNENT AU MEME STADE DU PROCESSUS ECONOMIQUE QUE LES FRANCHISES . 31 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS SE BORNE A DIRE QUE LE REGLEMENT NO 67/67 NE SEMBLE PAS APPLICABLE A CE TYPE DE CONTRAT . 32 LA COMMISSION ADMET D ' ABORD QU ' ELLE NE DISPOSE PAS D ' UNE EXPERIENCE SUFFISANTE POUR DELIMITER LA NOTION DE CONTRAT DE FRANCHISE . ELLE AJOUTE QUE LE REGLEMENT NO 67/67 N ' A PAS POUR BUT D ' EXEMPTER LES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE CONTENUES DANS DES ACCORDS PORTANT CONCESSION D ' UNE ENSEIGNE , D ' UN NOM COMMERCIAL OU D ' UNE MARQUE , CONCESSION QUI , AVEC LA COMMUNICATION D ' UN SAVOIR-FAIRE ET L ' ASSISTANCE COMMERCIALE , LUI PARAIT ETRE L ' ELEMENT ESSENTIEL DES CONTRATS DE FRANCHISE . TOUTEFOIS , SI DES ACCORDS DE LICENCE DE CE TYPE COMPORTAIENT DES ACCORDS SUR LA LIVRAISON DE MARCHANDISES EN VUE DE LA REVENTE ET SI CES ACCORDS DE LIVRAISON POUVAIENT ETRE DISSOCIES DES ACCORDS DE LICENCE , LE REGLEMENT NO 67/67 POURRAIT ALORS S ' APPLIQUER AUX ACCORDS DE LIVRAISON , POUR AUTANT QUE SES CONDITIONS FUSSENT REMPLIES . A CET EGARD , LE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF NE DEVRAIT PAS SE VOIR IMPOSER , EN SA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF , DES RESTRICTIONS DE CONCURRENCE AUTRES QUE CELLES VISEES A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 1 , ET A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 . DANS LES CONTRATS QUI FONT L ' OBJET DES QUESTIONS DU BUNDESGERICHTSHOF , LA CLAUSE DE LOCALISATION CONTENUE DANS LE CONTRAT DE FRANCHISE ETABLIRAIT ENTRE LES ELEMENTS DE DISTRIBU TION EXCLUSIVE ET LES ELEMENTS DE LICENCE DU CONTRAT DE FRANCHISE UN LIEN TELLEMENT ETROIT QUE CES ELEMENTS CONSTITUERAIENT UN TOUT INDIVISIBLE , CE QUI RENDRAIT L ' EXEMPTION PAR CATEGORIES INAPPLICABLE MEME A LA PARTIE DU CONTRAT RELATIVE A LA CONCESSION DE VENTE EXCLUSIVE . 33 IL CONVIENT A CET EGARD DE RELEVER PLUSIEURS ELEMENTS DANS LE TEXTE DU REGLEMENT NO 67/67 . EN PREMIER LIEU , LA CATEGORIE DE CONTRATS BENEFICIANT DE L ' EXEMPTION PAR CATEGORIES EST DEFINIE PAR REFERENCE A DES ENGAGEMENTS RECIPROQUES ( OU NON ) DE LIVRAISON ET D ' ACHAT , ET NON PAR RAPPORT A DES ELEMENTS TELS QUE L ' UTILISATION D ' UNE MEME ENSEIGNE , L ' APPLICATION DE METHODES COMMERCIALES UNIFORMES ET LE PAIEMENT DE REDEVANCES EN CONTREPARTIE DES AVANTAGES CONSENTIS QUI SONT CARACTERISTIQUES DES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION . EN DEUXIEME LIEU , LES TERMES MEMES DE L ' ARTICLE 2 NE VISENT EXPRESSEMENT QUE LES CONTRATS DE CONCESSION DE VENTE EXCLUSIVE QUI ONT , AINSI QUE CELA A ETE RELEVE CI-DESSUS , UNE NATURE DIFFERENTE DES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION . EN TROISIEME LIEU , CE MEME ARTICLE ENUMERE LES RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS QUI PEUVENT ETRE IMPOSEES AU CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF , SANS FAIRE ETAT DE CELLES QUI PEUVENT ETRE STIPULEES A CHARGE DE L ' AUTRE PARTIE AU CONTRAT , ALORS QUE , DANS LE CAS DU CONTRAT DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION , LES OBLIGATIONS ASSUMEES PAR LE FRANCHISEUR , ET SPECIALEMENT CELLES DE COMMUNIQUER SON SAVOIR-FAIRE ET D ' ASSISTER LE FRANCHISE , REVETENT UNE IMPORTANCE TOUTE PARTICULIERE . EN QUATRIEME LIEU , LA LISTE DES OBLIGATIONS A CHARGE DU CONCESSIONNAIRE DRESSEE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , NE PERMET D ' INCLURE NI L ' OBLIGATION DE PAYER DES REDEVANCES NI LES CLAUSES QUI ORGANISENT LE CONTROLE INDISPENSABLE POUR PRESERVER L ' IDENTITE ET LA REPUTATION DU RESEAU . 34 IL Y A LIEU DE CONCLURE POUR CES RAISONS QUE LE REGLEMENT NO 67/67 N ' EST PAS APPLICABLE A DES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION TELS QUE CEUX QUI ONT ETE EXAMINES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE . SUR LA TROISIEME QUESTION 35 COMPTE TENU DES REPONSES APPORTEES A LA DEUXIEME QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE , LA TROISIEME QUESTION DEVIENT SANS OBJET . Décisions sur les dépenses SUR LES DEPENS 36 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS . Dispositif PAR CES MOTIFS , LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESGERICHTSHOF , PAR ORDONNANCE DU 15 MAI 1984 , DIT POUR DROIT : 1 A ) LA COMPATIBILITE DES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EST FONCTION DES CLAUSES QUE CONTIENNENT CES CONTRATS ET DU CONTEXTE ECONOMIQUE DANS LEQUEL ILS S ' INSERENT ; B)LES CLAUSES QUI SONT INDISPENSABLES POUR EMPECHER QUE LE SAVOIR-FAIRE TRANSMIS ET L ' ASSISTANCE APPORTEE PAR LE FRANCHISEUR PROFITENT A DES CONCURRENTS NE CONSTITUENT PAS DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ; C)LES CLAUSES QUI ORGANISENT LE CONTROLE INDISPENSABLE A LA PRESERVATION DE L ' IDENTITE ET DE LA REPUTATION DU RESEAU QUI EST SYMBOLISE PAR L ' ENSEIGNE NE CONSTITUENT PAS NON PLUS DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ; D)LES CLAUSES QUI REALISENT UN PARTAGE DES MARCHES ENTRE FRANCHISEUR ET FRANCHISES OU ENTRE FRANCHISES CONSTITUENT DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ; E)LE FAIT POUR LE FRANCHISEUR DE COMMUNIQUER AU FRANCHISE DES PRIX INDICATIFS N ' EST PAS CONSTITUTIF D ' UNE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE , A LA CONDITION QU ' IL N ' Y AIT PAS ENTRE LE FRANCHISEUR ET LES FRANCHISES OU ENTRE LES FRANCHISES UNE PRATIQUE CONCERTEE EN VUE DE L ' APPLICATION EFFECTIVE DE CES PRIX ; F)LES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION QUI CONTIENNENT DES CLAUSES REALISANT UN PARTAGE DES MARCHES ENTRE FRANCHISEUR ET FRANCHISE OU ENTRE FRANCHISES SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES . 2 ) LE REGLEMENT NO 67/67 N ' EST PAS APPLICABLE A DES CONTRATS DE FRANCHISE DE DISTRIBUTION TELS QUE CEUX QUI ONT ETE EXAMINES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE .

62017CJ0076

cs

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 30 SFEU. Tato žádost byla předložena v rámci sporu, v němž stojí společnosti SC Petrotel-Lukoil SA (dále jen „Lukoil“) a paní Marií Magdalenou Georgescu proti Ministerul Economiei (ministerstvo hospodářství, Rumunsko), Ministerul Energiei (ministerstvo energetiky, Rumunsko) a Ministerul Finanţelor Publice (ministerstvo veřejných financí, Rumunsko) ohledně odmítnutí ministerstva hospodářství vrátit paušální částky zaplacené společností Lukoil Zvláštnímu fondu pro ropné produkty, zřízenému k uspokojení pohledávek bývalé Compania Română de Petrol (rumunská ropná společnost, dále jen „CRP“). Právní rámec Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere (naléhavé nařízení vlády č. 249/2000 o vytvoření a používání Zvláštního fondu pro ropné produkty, Monitorul Oficial al României, část I, č. 647, ze dne 12. prosince 2000), ve znění Legea nr. 142/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice (zákona č. 142/2006, kterým se schvaluje nařízení vlády č. 53/2005 o finančních opatřeních v oblasti rozpočtu a veřejných účtů) (dále jen „OUG č. 249/2000“), vytvořilo Zvláštní fond pro ropné produkty za účelem uhrazení všech peněžitých závazků bývalé CRP. Článek 1 OUG č. 249/2000 zní následovně: „Zřizuje se Zvláštní fond pro ropné produkty tak, že se do ceny ropných produktů distribuovaných na tuzemském i zahraničním trhu, benzínu a nafty získaných od producentů nebo zpracovatelských společností, zahrne paušální částka v [rumunských lei (RON)] odpovídající ekvivalentu částky [0,01 amerických dolarů (USD) za litr], při směnném kurzu platném posledního dne měsíce, který předchází dodání.“ Článek 2 OUG č. 249/2000 stanoví: „Zvláštní fond pro ropné produkty zřízený podle článku 1 spravuje Ministerul Industriei şi Comerţului [Ministerstvo průmyslu a obchodu, Rumunsko] a použije se k uhrazení veškerých peněžitých závazků bývalé [CRP].“ Článek 5 OUG č. 249/2000 stanoví: „Povinnost vypočítat a zaplatit částky vyplývající z použití článku 1 mají výrobci a rafinérie, které jsou právnickými osobami usazenými v Rumunsku, nezávisle na jejich organizační struktuře, povaze jejich kapitálu a určení jejich produktů, přičemž tato povinnost odpovídá kategorii užívání a typům uživatelům dotčeného produktu.“ Článek 7 OUG č. 249/2000 stanoví: „Paušální částka zahrnutá do ceny ropných produktů uvedených v článku 1 tohoto nařízení představuje odpočitatelnou daňovou povinnost.“ Spor v původním řízení a předběžné otázky Společnost Lukoil žádala od ministerstva hospodářství vrácení částek, které zaplatila z důvodu vývozu ropných produktů mezi 1. lednem 2007 a 31. březnem 2010 na základě OUG č. 249/2000. Dopisem ze dne 24. května 2010 ministerstvo hospodářství odmítlo vrácení částek, které požadovala Lukoil. Společnost Lukoil tedy podala žalobu ke Curtea de Apel București (odvolací soud v Bukurešti, Rumunsko). Tato společnost v zásadě uvedla, že na uvedené částky neexistoval nárok od přistoupení Rumunska k Evropské unii dne 1. ledna 2007, neboť jejich zaplacení bylo v rozporu s článkem 30 SFEU, protože jsou poplatkem daňové povahy jednostranně uloženým členským státem a vybíraným za zboží, které překročilo hranici. Curtea de Apel București (odvolací soud v Bukurešti) zamítl rozsudkem ze dne 12. října 2011 žalobu společnosti Lukoil. Tento soud zejména rozhodl, že částka 0,01 USD za litr zahrnutá do ceny ropných produktů byla vypočítána pro produkty dodávané jak v Rumunsku, tak mimo tento členský stát, takže jelikož tato částka nebyla splatná z důvodu překročení hranice zbožím, není předmětný poplatek ani vývozním clem ani poplatkem s rovnocenným účinkem, ale vnitrostátní daní. Doplnil, že i za předpokladu, že poplatek zavedený OUG č. 249/2000 představuje clo zakázané článkem 30 SFEU, je žádost společnosti Lukoil o vrácení tohoto poplatku neopodstatněná s ohledem na zákaz bezdůvodného obohacení, jak ho aplikoval Soudní dvůr v rozsudku ze dne 14. ledna 1997, Comateb a další ( C‑192/95 až C‑218/95 , EU:C:1997:12 ). Podle Curtea de Apel București (odvolací soud v Bukurešti) byla totiž předmětná částka podle článku 1 OUG č. 249/2000 zahrnuta do ceny benzínu a nafty dodávaných mimo Rumunsko, takže ji nenesla osoba dodávající ropné produkty, ale nabyvatel. Společnost Lukoil podala proti tomuto rozsudku ze dne 12. října 2011 kasační opravný prostředek k Înalta Curte de Casație și Justiție (Nejvyšší kasační a soudní dvůr, Rumunsko). Tento soud zrušil uvedený rozsudek a vrátil věc ke Curtea de Apel București (odvolací soud v Bukurešti). Rozsudkem ze dne 25. ledna 2016 tento posledně uvedený soud zamítl žalobu společnosti Lukoil. V tomto rozsudku Curtea de Apel București (odvolací soud v Bukurešti) měl na základě znaleckého posudku z oblasti účetnictví za to, že i když byl dotčený poplatek vypočítaný a zaplacený státu, Lukoil nepřipočítala paušální částku 0,01 USD za litr k prodejní ceně ropných produktů, které prodala mezi 1. lednem 2007 a 31. březnem 2010, ale nesla takovou částku z vlastních zdrojů. Navzdory tomuto konstatování však tento soud rozhodl, že Lukoil neprokázala, že zaplacení uvedeného poplatku jí způsobilo škodu. Společnost Lukoil totiž zavedla z vlastní iniciativy způsob platby, který není přičitatelný žalovanému orgánu, ani se nezakládá na ustanoveních OUG č. 249/2000. Uvedený soud tak rozhodl, že Lukoil nemá nárok na požadované vrácení, jelikož sporný poplatek nebyl zaplacený na základě ustanovení, která by byla s konečnou platností prohlášena za protiprávní, protože jsou v rozporu s unijním právem, nýbrž na základě mechanismu, který si zavedla samotná Lukoil a který nebyl stanoven vnitrostátní právní úpravou. Společnost Lukoil podala proti rozsudku ze dne 25. ledna 2016 kasační opravný prostředek k Înalta Curte de Casație și Justiție (Nejvyšší kasační a soudní dvůr). Tento soud uvedl, že sporný poplatek je poplatkem s účinkem rovnocenným clu, protože je peněžité povahy, je uložený jednostranně příslušným orgánem členského státu a zatěžuje zboží z důvodu, že překračuje hranici. Uvedl, že Lukoil žádala o vrácení poplatků, které zaplatila z vlastních zdrojů mezi 1. lednem 2007 a 31. březnem 2010. Soudní dvůr se přitom v souvislosti s článkem 30 SFEU nikdy nevyjádřil k otázce, zda za předpokladu, že poplatník skutečně nesl poplatek s účinkem rovnocenným clu, může požádat o vrácení zaplacených částek, i když mechanismus placení tohoto poplatku byl vnitrostátními právními předpisy koncipován takovým způsobem, že se uvedený poplatek přenáší na spotřebitele. Za těchto podmínek se Înalta Curte de Casație și Justiție (Nejvyšší kasační a soudní dvůr) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: „1) Brání ustanovení článku 30 SFEU výkladu ve smyslu, že pokud poplatník ve skutečnosti zaplatil poplatek s rovnocenným účinkem, může požádat o vrácení částek zaplacených v této souvislosti, i když mechanismus placení poplatku byl vnitrostátními právními předpisy koncipován takovým způsobem, že se poplatek přenáší na evropského spotřebitele? 2) Je vrácení částek vybraných v souvislosti s poplatkem s rovnocenným účinkem, pokud tyto částky byly ve skutečnosti zaplaceny poplatníkem (avšak nebyly přeneseny na spotřebitele), slučitelné s unijním právem?“ K předběžným otázkám Podstatou obou otázek předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda musí být unijní právo, konkrétně článek 30 SFEU, vykládáno tím způsobem, že poplatník, který skutečně nesl poplatek s rovnocenným účinkem, který je v rozporu s tímto článkem, musí mít možnost získat vrácení částek, které zaplatil z tohoto důvodu, a to i za situace, kdy byl mechanismus placení poplatku koncipován vnitrostátními právními předpisy takovým způsobem, že se tento poplatek přenáší na spotřebitele. Úvodní poznámky Okolnost, že vnitrostátní soud formuloval předběžnou otázku po formální stránce tak, že odkázal na určitá ustanovení unijního práva, nebrání tomu, aby Soudní dvůr tomuto soudu poskytl veškeré prvky výkladu, které mohou být pro rozsouzení věci, jež mu byla předložena, užitečné, ať již na ně posledně uvedený ve svých otázkách odkázal, či nikoli. V tomto ohledu přísluší Soudnímu dvoru, aby ze všech poznatků předložených vnitrostátním soudem, zejména z odůvodnění předkládacího rozhodnutí, vytěžil ty prvky unijního práva, které je s přihlédnutím k předmětu sporu třeba vyložit (viz zejména rozsudky ze dne 27. října 2009, ČEZ, C‑115/08 , EU:C:2009:660 , bod , a ze dne 29. září 2016, Essent Belgium, C‑492/14 , EU:C:2016:732 , bod ). V projednávané věci předkládající soud uvádí, že poplatek stanovený OUG č. 249/2000 je poplatkem s rovnocenným účinkem ve smyslu článku 30 SFEU. Nicméně z předkládajícího rozhodnutí vyplývá, že ministerstvo hospodářství v odpovědi na žádost společnosti Lukoil o vrácení tvrdilo, že tento poplatek není clem ani poplatkem s rovnocenným účinkem, ale vnitrostátním zdaněním, přičemž Curtea de Apel București (odvolací soud v Bukurešti), který rozhodoval meritorně ve věci v původním řízení, ve svém rozsudku ze dne 12. října 2011 tento závěr potvrdil. Rumunská vláda a Evropská komise se ve svých písemných vyjádřeních rovněž domnívají, že poplatek stanovený v OUG č. 249/2000 je vnitrostátním zdaněním ve smyslu článku 110 SFEU. S ohledem na tyto námitky je tedy třeba před zodpovězením otázek položených předkládajícím soudem poskytnout tomuto soudu poskytl veškeré prvky výkladu, které mohou být užitečné pro právní kvalifikaci uvedeného poplatku s ohledem na unijní právo. Poplatek s účinkem rovnocenným clu představuje každé jednostranně uložené finanční zatížení, byť minimální, bez ohledu na svůj název nebo způsob výběru, postihující zboží z důvodu skutečnosti, že překračuje hranici, pokud není clem ve vlastním smyslu. Naopak na finanční zátěž vyplývající z obecného režimu vnitrostátního zdanění postihujícího systematicky, podle stejných objektivních kritérií, kategorie výrobků nezávisle na jejich původu nebo jejich určení, se vztahuje článek 110 SFEU, který zakazuje diskriminační vnitrostátní zdanění (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 15. června 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 a C‑41/05 , EU:C:2006:403 , body , a , jakož i ze dne 17. července 2008, Essent Netwerk Noord a další, C‑206/06 , EU:C:2008:413 , body a ). Poplatek, který postihuje na základě shodných kritérií vnitrostátní výrobky, které jsou uvedeny na vnitrostátní trh, a vyvážené výrobky, může být nicméně Smlouvou o FEU zakázán, pokud je výnos z tohoto poplatku určen k financování činností, z nichž zvláště těží vnitrostátní výrobky uvedené na vnitrostátní trh. V tomto případě z toho totiž může vyplývat diskriminace mezi vyváženými výrobky v rozsahu, v jakém je daňová povinnost zatěžující výrobky uvedené na vnitrostátní trh neutralizována výhodami, k jejichž financování slouží, kdežto daňová povinnost zatěžující vyvezené výrobky představuje čistou zátěž (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. dubna 2002, Nygård, C‑234/99 , EU:C:2002:244 , bod , a ze dne 8. června 2006, Koornstra, C‑517/04 , EU:C:2006:375 , bod ). V tomto ohledu, pokud výhody plynoucí z určení výnosu z poplatku, který je součástí obecného režimu vnitrostátního zdanění a postihuje systematicky vnitrostátní výrobky uvedené na vnitrostátní trh a vyvezené výrobky, plně kompenzují povinnost nesenou vnitrostátními výrobky uvedenými na vnitrostátní trh při jejich uvedení na trh, je toto zdanění poplatkem s účinkem rovnocenným clu v rozporu s články 28 a 30 SFEU. Takový poplatek je naopak porušením zákazu diskriminace stanoveného v článku 110 SFEU, jestliže výhody, které s sebou nese přidělení příjmu ze zdanění pro vnitrostátní výrobky uvedené na vnitrostátní trh, kompenzují jen částečně povinnost jimi nesenou. V tomto případě musí být v zásadě legální poplatek vybíraný za vyvážené vnitrostátní výrobky zakázán v rozsahu, v němž kompenzuje uvedenou povinnost a musí být předmětem poměrného snížení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. června 2006, Koornstra, C‑517/04 , EU:C:2006:375 , body a , jakož i citovaná judikatura). Účinné a správné použití kritéria kompenzace předpokládá, že bude v průběhu určitého referenčního období ověřena peněžitá ekvivalence mezi částkami celkově vybíranými za vnitrostátní výrobky uváděné na vnitrostátní trh z titulu dotčeného poplatku a výhodami, jichž uvedené výrobky výlučně požívají. Je tedy věcí předkládajícího soudu, aby se ujistil, že vnitrostátní výrobky uvedené na vnitrostátní trh nemají z výnosu ze sporného poplatku de facto výlučný prospěch nebo poměrně větší prospěch než vyvezené vnitrostátní výrobky, který může zcela nebo částečně kompenzovat povinnost tvořenou uvedeným poplatkem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. června 2006, Koornstra, C‑517/04 , EU:C:2006:375 , body a , jakož i citovaná judikatura). V projednávané věci ze žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce vyplývá, že OUG č. 249/2000 zřídilo Zvláštní fond pro ropné produkty vytvořený pro vymáhání dluhů bývalé CRP a financovaný příspěvky všech výrobců a rafinérií ropných výrobků (benzín a nafta) se sídlem v Rumunsku. V souladu s článkem 1 OUG č. 249/2000 jsou tito poplatníci povinni do ceny produktů, které dodávají na vnitrostátní trh, jakož i mimo území Rumunska, zahrnout paušální částku ve výši 0,01 USD za každý litr ropného produktu uvedený na trh. Podle článku 5 OUG č. 249/2000 přísluší povinnost vypočítat a zaplatit částky, které z toho vyplývající, výrobcům a rafinériím, které jsou právnickými osobami se sídlem v Rumunsku, nezávisle na určení jejich produktů. I když je poplatek stanovený v článku 1 OUG č. 249/2000 jednostranně uloženou peněžní povinností, která postihuje zboží, vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím bodě se nicméně nejeví, že je splatný z důvodu překročení hranice. Tento poplatek se totiž použije stejným způsobem, ve stejné sazbě a ve stejné fázi na ropné výrobky dodávané na rumunský trh, jakož i na produkty dodávané do jiného členského státu. Skutečnost vedoucí ke vzniku poplatku stanoveného v uvedeném článku 1 tedy tvoří uvedení ropných výrobků na trh, ať již k tomu dochází v rámci Rumunska nebo v jiném členském státě. Povinnost k tomuto poplatku tedy vzniká nezávisle na skutečnosti, že dotčené ropné produkty překročí hranici. Za těchto podmínek může uvedený poplatek představovat nediskriminační vnitrostátní zdanění, které je slučitelné s unijním právem. Nicméně předkládající soud musí ještě ověřit, zda zatížení produktu tímtéž poplatkem nezvýhodňuje vnitrostátní ropné produkty uvedené na vnitrostátní trh, jelikož jeho rozhodnutí v této souvislosti neuvádí žádné skutečnosti. Okolnost, že poplatek stanovený v článku 1 OUG č. 249/2000 slouží k zaplacení dluhů bývalé CRP totiž sama o sobě neumožňuje definitivně odmítnout domněnku, podle které je výnos z tohoto poplatku ve skutečnosti určen k financování činností, z nichž zvláště nebo částečně těží tyto výrobky na úkor vnitrostátních výrobků vyvážených do jiných členských států, než je Rumunsko. Pokud z těchto ověření vyplyne, že výnos z poplatku stanoveného v článku 1 OUG č. 249/2000 nezvýhodňuje vnitrostátní produkty uváděné na vnitrostátní trh, mohl by tento poplatek být legálním vnitrostátním zdaněním. Pokud se zjistí, že je částečně zvýhodňuje nebo že je zvýhodňuje tak, že zcela kompenzuje povinnost, mohlo by se jednat buď v prvním případě o diskriminační vnitrostátní zdanění v rozporu s článkem 110 SFEU, nebo ve druhém případě o poplatek s účinkem rovnocenným clu, který je v rozporu s článkem 30 SFEU. Předkládajícímu soudu tedy přísluší, aby provedl potřebná ověření za účelem určení povahy poplatku stanoveného v článku 1 OUG č. 249/2000 a jeho slučitelnosti s unijním právem. Po těchto upřesněních a za předpokladu, že se jedná o poplatek s rovnocenným účinkem, který je v rozporu s článkem 30 SFEU, je třeba odpovědět na otázku týkající se nároku na vrácení, jak je přeformulována v bodě 16 tohoto rozsudku. K právu na vrácení Z ustálené judikatury vyplývá, že nárok na vrácení daní, jež byly v členském státě vybrány v rozporu s unijním právem, je důsledkem práv, jež přiznávají daňovým poplatníkům taková ustanovení unijního práva, jako jsou ustanovení, jež byla vyložena Soudním dvorem, a doplňuje tato práva. Členský stát je tedy v zásadě povinen vrátit daně vybrané v rozporu s unijním právem podle vnitrostátních procesních pravidel v souladu se zásadami rovnocennosti a efektivity (v tomto smyslu viz zejména rozsudky ze dne 9. listopadu 1983, San Giorgio, 199/82 , EU:C:1983:318 , bod ; ze dne 14. ledna 1997, Comateb a další, C‑192/95 až C‑218/95 , EU:C:1997:12 , bod , jakož i ze dne 12. prosince 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, C‑362/12 , EU:C:2013:834 , bod ). Odchylně od zásady vracení daní neslučitelných s právem Unie však může být navrácení daně vybrané bez řádného důvodu odmítnuto, pokud by zakládalo bezdůvodné obohacení oprávněných osob. Ochrana práv zaručených v této oblasti právním řádem Unie tedy neukládá vrácení daní, poplatků a příspěvků vybraných v rozporu s právem Unie, pokud se prokáže, že osoba, jež byla nucena tyto daně odvádět, je ve skutečnosti přenesla na další subjekty (rozsudky ze dne 9. listopadu 1983, San Giorgio, 199/82 , EU:C:1983:318 , bod ; ze dne 14. ledna 1997, Comateb a další, C‑192/95 až C‑218/95 , EU:C:1997:12 , bod , jakož i ze dne 6. září 2011, Lady & Kid a další, C‑398/09 , EU:C:2011:540 , bod ). Za těchto okolností totiž zátěž v důsledku protiprávně vybrané daně nesl nikoli hospodářský subjekt, nýbrž kupující, na něhož byla přenesena. Vrátit hospodářskému subjektu částku daně, která již byla přenesena na kupujícího, by se tak pro uvedený hospodářský subjekt rovnalo získání dvojí platby, která by mohla být kvalifikována jako bezdůvodné obohacení, aniž by tím byly napraveny důsledky, jež měla protiprávnost daně pro kupujícího (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 14. ledna 1997, Comateb a další, C‑192/95 až C‑218/95 , EU:C:1997:12 , bod , jakož i ze dne 6. září 2011, Lady & Kid a další, C‑398/09 , EU:C:2011:540 , bod ). Avšak vzhledem k tomu, že takové odmítnutí vrácení daně, kterou je zatížen prodej výrobků, je omezením subjektivního práva vyplývajícího z právního řádu Unie, je třeba je vykládat restriktivně. Přímé přenesení protiprávní daně na kupujícího tudíž představuje jedinou výjimku z práva na vrácení daní vybraných v rozporu s právem Unie (rozsudek ze dne 6. září 2011, Lady & Kid a další, C‑398/09 , EU:C:2011:540 , bod ). V projednávané věci je nesporné, že v rozporu s tím, co stanoví článek 1 OUG č. 249/2000, Lukoil nepřenesla poplatek stanovený v tomto článku na spotřebitele ropných produktů, které uvedla na trh. Předkládající soud se zabývá otázkou, zda v situaci, že je mechanismus platby tohoto poplatku koncipován vnitrostátními právními předpisy takovým způsobem, že je uvedený poplatek přenesen na spotřebitele, může mít přesto Lukoil nárok na vrácení částek, které zaplatila. V tomto ohledu je třeba uvést, že pokud Lukoil nesla částku poplatku stanoveného v článku 1 OUG č. 249/2000, vrácení této částky nezakládá u této společnosti žádné bezdůvodné obohacení. Za těchto podmínek má Lukoil nárok na vrácení poplatku, který nesla, pokud se tento kvalifikuje jako poplatek s účinkem rovnocenným clu, jelikož se v projednávané věci nejedná o jedinou výjimku ze zásady vracení poplatků neslučitelných s unijním právem, kterou Soudní dvůr uznává. Případné nesplnění povinnosti, která vyplývá z vnitrostátní právní úpravy, promítnout poplatek dotčený v původní věci do konečné ceny dotčeného produktu, nemá v tomto ohledu vliv. Nárok na vrácení tohoto poplatku, který se zakládá na unijním právu, totiž nelze odepřít z důvodu vycházejícího z vnitrostátního práva. Kromě toho je třeba upřesnit, že Lukoil má rovněž nárok na vrácení, jakkoliv částečné, poplatku, který nesla podle článku 1 OUG č. 249/2000 v případě, že by předkládající soud s ohledem na judikaturu Soudního dvora a na úvahy uvedené v bodech 21 až 25 tohoto rozsudku konstatoval, že poplatek stanovený v tomto článku je diskriminačním vnitrostátním zdaněním, které je v rozporu s článkem 110 SFEU. V tomto případě by se nárok na vrácení týkal rozdílu mezi daňovým zatížením neseným produkty uváděnými na unijní trh a daňovým zatížením neseným produkty uváděnými na vnitrostátní trh, přičemž toto posledně uvedené zatížení musí řádně zohlednit výhody, jichž uvedené výrobky výlučně požívají. S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba odpovědět na položené otázky, že unijní právo, konkrétně článek 30 SFEU, musí být vykládáno v tom smyslu, že daňový poplatník, který skutečně nesl poplatek s rovnocenným účinkem, který je v rozporu s tímto článkem, musí mít možnost získat vrácení částek, které zaplatil z tohoto důvodu, a to i za situace, kdy byl mechanismus placení poplatku koncipován vnitrostátními právními předpisy takovým způsobem, že se tento poplatek přenáší na spotřebitele. K nákladům řízení Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují. Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto: Unijní právo, konkrétně článek 30 SFEU, musí být vykládáno v tom smyslu, že daňový poplatník, který skutečně nesl poplatek s rovnocenným účinkem, který je v rozporu s tímto článkem, musí mít možnost získat vrácení částek, které zaplatil z tohoto důvodu, a to i za situace, kdy byl mechanismus placení poplatku koncipován vnitrostátními právními předpisy takovým způsobem, že se tento poplatek přenáší na spotřebitele. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: rumunština.

62003TJ0375

en

APPLICATION for annulment of Commission Decision C(2003) 1473 final of 9 July 2003 declaring the measures which the German authorities propose to take to promote the use of insulating materials produced from renewable raw materials compatible with the common market (State aid No 694/2002). Operative part The Court: 1. Dismisses the action; 2. Orders Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima – European Insulation Manufacturers Association to bear its own costs as well as those incurred by the Commission; 3. Orders the Federal Republic of Germany to bear its own costs.

62018CJ0078

lv

Ar šo prasību Eiropas Komisija lūdz Tiesu atzīt, ka Ungārija, pieņemdama a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (2017. gada Likums Nr. LXXVI par ārvalstu atbalstu saņemošo organizāciju pārskatāmību, turpmāk tekstā – “Pārskatāmības likums”) normas, kurās paredzēti reģistrēšanās, deklarēšanās un publiskošanas pienākumi dažu kategoriju pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras tieši vai netieši saņem ārvalstu atbalstu, kas pārsniedz konkrētu slieksni, un kurās paredzēta iespēja piemērot sankcijas organizācijām, kuras neizpilda šos pienākumus, ir ieviesusi diskriminējošus, neattaisnojamus un nevajadzīgus ierobežojumus attiecībā uz ārvalstu izcelsmes ziedojumiem pilsoniskās sabiedrības organizācijām un tādējādi nav izpildījusi LESD 63. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 7., 8. un 12. pantā noteiktos pienākumus. I. Ungārijas tiesību akti A. Pārskatāmības likums Pārskatāmības likuma preambulā citastarp ir norādīts, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas “veicina demokrātisku kontroli un sabiedrību interesējošo jautājumu publisku apspriešanu”, ka tām “ir izšķiroša nozīme sabiedriskās domas veidošanā” un ka “to pārskatāmība ietilpst būtisko sabiedrības interešu jomā”. Šajā preambulā ir teikts arī tas, ka “nezināmas izcelsmes ārvalstu atbalstu [pilsoniskās sabiedrības organizācijām] varētu izmantot ārvalstu interešu grupas, lai ar šo organizāciju sociālās ietekmes palīdzību Ungārijas sociālajā un politiskajā dzīvē īstenotu nevis kopējos mērķus, bet savas intereses”, un ka šis atbalsts “var apdraudēt valsts politiskās un ekonomiskās intereses, kā arī likumīgo institūciju netraucētu darbību.” Saskaņā ar šā likuma 1. pantu: “1.   Šajā likumā ārvalstu atbalstu saņemošā organizācija ir jebkura biedrība vai nodibinājums, kas saņem finansiālu iemaksu 2. punktā definētajā nozīmē (turpmāk kopā sauktas – “ārvalstu atbalstu saņemoša organizācija”). 2.   Šā likuma izpratnē jebkura naudas vai citu aktīvu iemaksa, kas tieši vai netieši nāk no ārvalstīm, neatkarīgi no tās juridiskās formas ir uzskatāma par atbalstu, kad tā – pati par sevi vai kumulatīvi – konkrētā taksācijas gadā sasniedz summu, kura divkārt pārsniedz summu, kas ir noteikta pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény [(2017. gada Likums Nr. LIII par nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu)] 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā. [..] 4.   Šā likuma piemērošanas jomā neietilpst: a) biedrības un nodibinājumi, kas nav uzskatāmi par pilsoniskās sabiedrības organizācijām; b) biedrības, kurām ir piemērojams sportról szóló 2004. évi I. törvény [(2004. gada Likums Nr. I par sportu)]; c) organizācijas, kas veic reliģisku darbību; d) mazākumtautību organizācijas un biedrības, kurām piemēro nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény [(2011. gada Likums Nr. CLXXIX par mazākumtautību tiesībām)], kā arī nodibinājumi, kuri saskaņā ar to dibināšanas dokumentu veic darbību, kas ir cieši saistīta ar mazākumtautību kultūras autonomiju, vai kuri pārstāv un aizstāv konkrētas mazākumtautības intereses.” Pārskatāmības likuma 2. pantā ir noteikts: “1.   Ikviena biedrība vai nodibinājums 1. panta 1. punkta izpratnē piecpadsmit dienu laikā paziņo par tās/tā pārtapšanu ārvalstu atbalstu saņemošā organizācijā, ja attiecīgajā gadā saņemtā atbalsta summa divkārt pārsniedz summu, kas ir noteikta 2017. gada Likuma Nr. LIII par nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā. 2.   Ārvalstu atbalstu saņemošā organizācija 1. punktā minēto deklarāciju nosūta tiesai, kurai lieta piekritīga pēc tās juridiskās adreses (turpmāk tekstā – “reģistrējošā tiesa”), un sniedz I pielikumā minēto informāciju. Reģistrējošā tiesa šo deklarāciju pievieno informācijai par minēto biedrību vai nodibinājumu, kas ietverta pilsonisko organizāciju un citu par nekomerciālām atzīto organizāciju reģistrā (turpmāk tekstā – “reģistrs”), un reģistrē biedrību vai nodibinājumu kā ārvalstu atbalstu saņemošo organizāciju. 3.   Pēc analoģijas piemērojot 1. punktā minētos noteikumus, ārvalstu atbalstu saņemošā organizācija kopā ar gada pārskatu nosūta reģistrējošajai tiesai deklarāciju ar I pielikumā minēto informāciju par iepriekšējā gadā saņemto atbalstu. Deklarācijā par attiecīgo gadu tā norāda: a) I pielikuma II daļas A) punktā minēto informāciju par katra ziedotāja sniegto atbalstu, kas nepārsniedz 500000 [Ungārijas] forintu [(HUF) jeb aptuveni 1500 EUR], b) I pielikuma II daļas B) punktā minēto informāciju par katra ziedotāja sniegto atbalstu, kas ir vienāds vai lielāks par 500000 [HUF]. 4.   Reģistrējošā tiesa līdz katra mēneša 15. datumam nosūta par pilsoniskās sabiedrības organizāciju informācijas portāla pārvaldību atbildīgajai ministrijai tās biedrības un nodibinājuma nosaukumu, juridisko adresi un nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, kas iepriekšējā mēnesī ir iekļauta reģistrā kā ārvalstu atbalstu saņemoša organizācija. Par pilsoniskās sabiedrības organizāciju informācijas portāla pārvaldību atbildīgā ministrija nekavējoties izplata nosūtīto informāciju, lai to padarītu publiski un bez maksas pieejamu šajā nolūkā izveidotajā elektroniskajā platformā. 5.   Pēc 1. punktā paredzētās deklarācijas iesniegšanas ārvalstu atbalstu saņemošā organizācija savā tīmekļvietnē un savās publikācijās, kā arī citos preses materiālos Preses brīvības likuma un plašsaziņas līdzekļu publicētajam saturam piemērojamo pamatnoteikumu izpratnē nekavējoties norāda, ka tā ir ārvalstu atbalstu saņemošā organizācija šā likuma izpratnē. 6.   Ārvalstu atbalstu saņemošajai organizācijai 5. punktā noteiktais pienākums ir saistošs tik ilgi, kamēr vien tā ir uzskatāma par ārvalstu atbalstu saņemošo organizāciju šā likuma izpratnē.” Pārskatāmības likuma 3. pantā ir noteikts: “1.   Ja biedrība vai nodibinājums nepilda šajā likumā noteiktos pienākumus, prokurors, tiklīdz tas par to uzzina, pamatojoties uz tam piemērojamajiem noteikumiem, nosūta brīdinājuma vēstuli, pieprasot biedrībai vai nodibinājumam izpildīt minētos pienākumus nākamo 30 dienu laikā. 2.   Ja ārvalstu atbalstu saņemošā organizācija neizpilda prokurora pieprasījumā norādīto pienākumu, prokurors atkārtoti pieprasa, aicinot izpildīt šajā likumā noteiktos pienākumus 15 dienu laikā. Ja 15 dienu laikā pēc šī termiņa beigām pienākumi nav izpildīti, prokurors lūdz reģistrējošo tiesu piemērot naudas sodu saskaņā ar civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény [(2011. gada Likums Nr. CLXXXI par pilsoniskās sabiedrības organizāciju reģistrāciju tiesās un tai piemērojamiem procesuālajiem noteikumiem)] 37. panta 2. punktu. 3.   Pēc tam, kad saskaņā ar 2. punktu organizācijai ir nosūtīts atkārtots pieprasījums, prokurors rīkojas, ievērojot samērīguma prasību, un pēc analoģijas piemēro tiesību normas, kas ir paredzētas egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [(2011. gada Likums Nr. CLXXV par pilsoniskās sabiedrības organizāciju biedrošanās tiesībām, sabiedriskā labuma organizācijas statusu, darbību un finansēšanu)] un 2011. gada Likumā Nr. CLXXXI par pilsoniskās sabiedrības organizāciju reģistrāciju tiesās un tai piemērojamiem procesuālajiem noteikumiem.” Pārskatāmības likuma 4. pantā ir paredzēts: “1.   Ja naudas vai citu aktīvu iemaksa, ko ārvalstu atbalstu saņemošā organizācija ir saņēmusi gadā, kas seko 2. panta 3. punktā minētajam taksācijas gadam, nav divreiz lielāka par summu, kura noteikta 2017. gada Likuma Nr. LIII par nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā, šo biedrību vai nodibinājumu vairs neuzskata par ārvalstu atbalstu saņemošo organizāciju un, piemērojot pēc analoģijas normas attiecībā uz deklarāciju, tā šo informāciju paziņo 30 dienu laikā pēc tam, kad apstiprināts šīs biedrības vai šā nodibinājuma gada pārskats par gadu, kurā tas noticis. Reģistrējošā tiesa saskaņā ar 2. panta 4. punktu arī to dara zināmu par pilsoniskās sabiedrības organizāciju informācijas portāla pārvaldību atbildīgajai ministrijai, kas no šim nolūkam izveidotās elektroniskās platformas nekavējoties dzēš informāciju par attiecīgo organizāciju. 2.   Reģistrējošā tiesa pēc 1. punktā minētās deklarācijas saņemšanas nekavējoties svītro reģistrā norādi par to, ka biedrība vai nodibinājums ir ārvalstu atbalstu saņemošā organizācija.” Pārskatāmības likuma I pielikuma I daļā ir precizēts, ka deklarācijā par pilsoniskās sabiedrības organizācijas pārtapšanu šā likuma 2. pantā minētajā ārvalstu atbalstu saņemošajā organizācijā ir jānorāda gads, kurā notikusi šāda pārtapšana, attiecīgās organizācijas nosaukums, juridiskā adrese, kā arī identifikācijas numurs. Turklāt šā I pielikuma II daļas A punktā ir paredzēts, ka gadījumā, kad no ārvalstīm saņemtā atbalsta kopsumma nesasniedz šā likuma 2. panta 3. punktā minēto slieksni, attiecīgajā deklarācijā norāda, pirmkārt, saņemto naudas kopsummu, otrkārt, citu saņemto aktīvu kopsummu un, treškārt, šā atbalsta ziedotāju kopskaitu. Visbeidzot, minētā I pielikuma II daļas B punktā ir teikts, ka gadījumā, kad no ārvalstīm saņemtā atbalsta kopsumma sasniedz vai pārsniedz šā paša likuma 2. panta 3. punktā minēto slieksni, deklarācijā ir jāsniedz ziņas par katra saņemtā atbalsta apmēru un avotu, norādot – gadījumā, ja šis avots ir fiziska persona, – viņas vārdu un uzvārdu, dzīvesvietu (valsti un pilsētu), bet juridiskas personas gadījumā – tās reģistrēto nosaukumu (firmu) un juridisko adresi. B. 2011. gada Likums Nr. CLXXV Pārskatāmības likuma 3. pantā minētā 2011. gada Likuma Nr. CLXXV par pilsoniskās sabiedrības organizāciju biedrošanās tiesībām, sabiedriskā labuma statusu, darbību un finansēšanu 3. panta 3. punktā ir noteikts: “Biedrošanās tiesību īstenošanā [..] nav pieļaujama likumpārkāpumu izdarīšana un pamudināšana izdarīt likumpārkāpumus [..].” Šā likuma 11. panta 4. punktā ir paredzēts: “Ja biedrības darbība vai aktivitātes neatbilst 3. panta 3.–5. punkta prasībām, tiesa pēc prokurora lūguma to likvidē.” C. 2011. gada Likums Nr. CLXXXI Pārskatāmības likuma 3. pantā vienlīdz minētais 2011. gada Likums Nr. CLXXXI par pilsoniskās sabiedrības organizāciju reģistrāciju tiesās un tai piemērojamiem procesuālajiem noteikumiem citastarp ietver 71/G panta 2. punktu, kurā noteikts, ka attiecīgā tiesa attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām var veikt šādus pasākumus: “a) piemērot organizācijai vai tās pārstāvim naudas sodu 10 000–900 000 HUF apmērā [(aptuveni 30–2700 EUR)] [..]; b) atcelt prettiesisku organizācijas lēmumu [..] un – vajadzības gadījumā – uzdot pieņemt jaunu lēmumu, nosakot tam atbilstīgu termiņu; c) ja ir iespējams, ka organizācijas pareizu darbību var atjaunot, sasaucot tās galveno struktūrvienību, sasaukt organizācijas lēmumpieņemšanas struktūrvienību vai uzticēt šī pienākuma izpildi atbilstošai personai vai organizācijai uz organizācijas rēķina; d) iecelt administratoru uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, ja organizācijas pareizu darbību nevar atjaunot citā veidā un ja, ņemot vērā organizācijas darbību un citus apstākļus, tas šķiet esam īpaši lietderīgi no sagaidāmā rezultāta viedokļa; e) likvidēt organizāciju.” D. 2017. gada Likums Nr. LIII 2017. gada Likuma Nr. LIII par nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu un apkarošanu 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktais apmērs, uz kuru norādīts Pārskatāmības likuma 1., 2. un 4. pantā, ir 7,2 miljoni HUF (aptuveni 20800 EUR). II. Pirmstiesas procedūra Komisija 2017. gada 14. jūlijā nosūtīja Ungārijas valdībai brīdinājuma vēstuli (turpmāk tekstā – “brīdinājuma vēstule”), kurā tā norādīja, ka šī dalībvalsts, pieņemot Pārskatāmības likumu, nav izpildījusi savus pienākumus, kas izriet no LESD 63. panta un Hartas 7., 8. un 12. panta, un kurā to lūdza viena mēneša termiņā sniegt savus apsvērumus. Ungārija 2017. gada 17. jūlijā lūdza piešķirt pagarinājumu, ko Komisija atteica. Ungārijas valdība 2017. gada 14. augustā un 7. septembrī iesniedza Komisijai divus apsvērumu kopumus attiecībā uz brīdinājuma vēstuli, apšaubot tajā izvirzīto iebildumu pamatotību. Komisija 2017. gada 5. oktobrī izdeva argumentētu atzinumu (turpmāk tekstā – “argumentētais atzinums”), kurā tā konstatēja, ka Ungārija nav izpildījusi tai LESD 63. pantā un Hartas 7., 8. un 12. pantā noteiktos pienākumus, jo ir ieviesusi diskriminējošus, nevajadzīgus un nepamatotus ierobežojumus attiecībā uz ārvalstu ziedojumiem pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pieņemot Pārskatāmības likuma normas, kurās paredzēti reģistrēšanās, deklarēšanās un publiskošanas pienākumi dažu kategoriju pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas tieši vai netieši saņem ārvalstu izcelsmes atbalstu, kurš pārsniedz konkrētu slieksni, un kurās paredzēta iespēja piemērot sankcijas organizācijām, kas šos pienākumus neizpilda. Komisija arī atvēlēja viena mēneša termiņu, kurā Ungārijai jāveic nepieciešamie pasākumi, lai panāktu atbilstību argumentētā atzinuma prasībām, vai jāiesniedz apsvērumi. 2017. gada 12. oktobrī Ungārija lūdza šā termiņa pagarināšanu, ko Komisija atteica. 2017. gada 5. decembrī Ungārija iesniedza Komisijai savus apsvērumus par argumentēto atzinumu, kuros tā apšaubīja tajā izklāstīto iebildumu pamatotību. Tā kā Komisija šos apsvērumus uzskatīja par nepārliecinošiem, 2017. gada 7. decembrī tā nolēma celt šo prasību. III. Tiesvedība Tiesā Ar dokumentu, kas Tiesas kancelejā iesniegts 2018. gada 2. augustā, Zviedrijas Karaliste lūdza atļauju iestāties lietā, lai atbalstītu Komisijas prasījumus. Ar dokumentu, kas Tiesas kancelejā iesniegts 2018. gada 22. augustā, Ungārija iesniedza savus rakstveida apsvērumus par šo lūgumu. Ar Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 26. septembra rīkojumu Komisija/Ungārija ( C‑78/18 , nav publicēts, EU:C:2018:790 ) minētais lūgums tika apmierināts. IV. Par pieņemamību A. Lietas dalībnieku argumenti Savā iebildumu rakstā Ungārija apgalvo, ka prasība ir jānoraida kā nepieņemama – pirmstiesas procedūrā pieļautās Komisijas rīcības un no tās izrietošā prettiesiskuma dēļ. Šajā ziņā Ungārija norāda, ka Komisija, pirmkārt, tai esot lūgusi sniegt apsvērumus par brīdinājuma vēstuli un pēc tam par argumentēto atzinumu – viena mēneša termiņā, nevis pirmstiesas procedūrās parasti piemērojamajā divu mēnešu termiņā, otrkārt, tās lūgumus pagarināt šo termiņu esot noraidījusi ar strupām un šabloniskām atrunām, kurās nav pamatota konkrētas steidzamības esamība, un, treškārt, esot pieņēmusi lēmumu iesniegt šo prasības pieteikumu tikai divas dienas pēc tam, kad bija saņēmusi Ungārijas apsvērumus par argumentēto atzinumu. Ungārija arī apgalvo, ka Komisijas rīcība esot izraisījusi pirmstiesas procedūras prettiesiskumu. Proti, šī rīcība apliecinot, ka šī iestāde nav centusies to pienācīgi uzklausīt, un tādējādi nav ievērots LES 4. panta 3. punktā minētais lojālas sadarbības princips un Hartas 41. pantā nostiprinātās tiesības uz labu pārvaldību. Turklāt minētā rīcība esot sarežģījusi Komisijas izvirzīto iebildumu atspēkošanu un tādējādi esot uzskatāma par tiesību uz aizstāvību neievērošanu. Savā atbildes rakstā uz repliku Ungārija arī norāda, ka Komisija cenšas attaisnot savu rīcību, norādot uz apstākli, ka Ungārijas iestādes nevēlējās atcelt Pārskatāmības likumu. Tomēr šāds apstāklis ir iespējams jebkurā valsts pienākumu neizpildes konstatēšanas procedūrā, un tātad tas nedodot iespēju konstatēt īpašas situācijas, proti, steidzamības esamību. Turklāt to nevarot izmantot, lai attaisnotu pirmstiesas procedūrā piemērojamo termiņu saīsināšanu, jo pretējā gadījumā netiktu sasniegti tās mērķi. Komisija, ko atbalsta Zviedrijas Karaliste, apšauba šīs argumentācijas pamatotību. B. Tiesas vērtējums No Tiesas judikatūras izriet: tādēļ vien, ka Komisija pirmstiesas procedūrā nosaka īsus termiņus, prasība par valsts pienākumu neizpildi vēlāk nekļūst nepieņemama (šajā nozīmē skat. spriedumu, 1984. gada 31. janvāris, Komisija/Īrija, 74/82 , EU:C:1984:34 , 12. un 13. punkts). Proti, šāda nepieņemamība ir jāatzīst vienīgi gadījumā, kad Komisijas rīcība attiecīgajai dalībvalstij ir apgrūtinājusi šīs iestādes argumentu atspēkošanu, tādējādi pārkāpjot tiesības uz aizstāvību, un šis apstāklis ir jāpierāda minētajai dalībvalstij (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2005. gada 12. maijs, Komisija/Beļģija, C‑287/03 , EU:C:2005:282 , 14. punkts, un 2010. gada 21. janvāris, Komisija/Vācija, C‑546/07 , EU:C:2010:25 , 22. punkts). Šajā lietā Ungārija nesniedz pierādījumus par to, ka Komisijas rīcība būtu apgrūtinājusi šīs iestādes iebildumu atspēkošanu. Turklāt šā sprieduma 15.–20. punktā atgādinātās pirmstiesas procedūras norises izvērtējumā ir konstatēts, ka, pirmkārt, Ungārija, Komisijas noteiktajā viena mēneša termiņā iesniegusi apsvērumus attiecībā uz brīdinājuma vēstuli, pēc trim nedēļām iesniedza jaunus apsvērumus par šo tēmu, kurus šī iestāde pieņēma. Otrkārt, apsvērumus attiecībā uz argumentēto atzinumu šī dalībvalsts iesniedza divu mēnešu termiņā, kas atbilst termiņam, kurš parasti tiek piemērots pirmstiesas procedūrā, lai gan tālab tai bija ticis atvēlēts viena mēneša termiņš, un arī šos apsvērumus Komisija pieņēma. Treškārt, izvērtējot gan pirmstiesas procedūrā veikto dokumentu apmaiņu, gan pieteikumu par lietas ierosināšanu, ir secināms, ka Komisija ir pienācīgi ņēmusi vērā visus apsvērumus, kurus Ungārija formulējusi dažādos šīs procedūras posmos. Līdz ar to nav pierādīts, ka Komisijas rīcība būtu apgrūtinājusi pret Ungāriju izvirzīto šīs iestādes iebildumu atspēkošanu, tādējādi tā nebūtu ievērojusi tiesības uz aizstāvību. Līdz ar to prasība ir pieņemama. V. Par pierādīšanas pienākumu A. Lietas dalībnieku argumenti Ungārija savā iebildumu rakstā apgalvo, ka, pat ja prasība būtu pieņemama, tā ir jānoraida a priori , jo tā neatbilst prasībām, kas piemērojamas pierādījumu iegūšanai. Proti, Komisijai esot jāpierāda, ka pienākumu neizpilde, kuras atzīšanu tā lūdz konstatēt, patiešām ir notikusi, un tā nedrīkstot balstīties tikai uz prezumpcijām. Taču šajā lietā šī iestāde neesot sniegusi pierādījumus par to, ka Pārskatāmības likumam būtu faktiska ietekme uz LESD 63. pantā garantēto kapitāla brīvu apriti. Komisija, ko atbalsta Zviedrijas Karaliste, apšauba šīs argumentācijas pamatotību. B. Tiesas vērtējums No Tiesas pastāvīgās judikatūras izriet, ka Komisijai ir jāpierāda Tiesai, ka tās apgalvotā pienākumu neizpilde ir notikusi, un tā nevar vienkārši balstīties uz kādu prezumpciju (spriedumi, 1982. gada 25. maijs, Komisija/Nīderlande, 96/81 , EU:C:1982:192 , 6. punkts, un 2014. gada 13. februāris, Komisija/Apvienotā Karaliste, C‑530/11 , EU:C:2014:67 , 60. punkts). Tomēr gadījumā, kad valsts pienākumu neizpilde izriet no tāda tiesību vai reglamentējoša akta pieņemšanas, kura esamība un piemērošana netiek noliegta, šādas neizpildes esamību var pierādīt, izmantojot šā akta normu juridisku izvērtējumu (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2010. gada 18. novembris, Komisija/Portugāle, C‑458/08 , EU:C:2010:692 , 52. un 55. punkts, kā arī 2012. gada 19. decembris, Komisija/Beļģija, C‑577/10 , EU:C:2012:814 , 35. punkts). Savukārt šajā lietā pienākumu neizpildi, ko Komisija pārmet Ungārijai, izraisīja tas, ka tika pieņemts tiesību akts, kura esamību un piemērošanu šī dalībvalsts nenoliedz un kura normas ir juridiski izvērtētas pieteikumā par lietas ierosināšanu. Līdz ar to Ungārijai nav pamata pārmest Komisijai, ka tā nebūtu sniegusi pierādījumus par Pārskatāmības likuma faktisko ietekmi uz LESD 63. pantā garantēto aprites brīvību. VI. Par lietas būtību A. Par LESD 63. pantu 1. Par kapitāla brīvas aprites ierobežojuma esamību a) Lietas dalībnieku argumenti Komisija, ko atbalsta Zviedrijas Karaliste, vispirms apgalvo, ka Pārskatāmības likums ierobežo kapitāla brīvu apriti, jo tajā esot paredzēta netieši diskriminējoša attieksme pret kapitāla apriti starp Ungāriju, no vienas puses, un pārējām dalībvalstīm vai trešajām valstīm, no otras puses. Proti, lai gan šis likums neietver norādes uz valstspiederību, tas esot piemērojams, balstoties uz šādu kritēriju – ārvalstu izcelsmes kapitāla aprites esamība, konkrētāk, finansiāls atbalsts, ko Ungārijā reģistrētām pilsoniskās sabiedrības organizācijām sniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuru dzīvesvieta vai attiecīgi juridiskā adrese atrodas citā dalībvalstī vai kādā trešajā valstī. Turpinot – Ungārijai neesot pamata apgalvot, ka šā kritērija izmantošana atspoguļo objektīvas atšķirības starp Ungārijas valstspiederīgo stāvokli un citu dalībvalstu vai trešo valstu valstspiederīgo stāvokli, jo Ungārijas kompetentajām iestādēm esot vieglāk kontrolēt finansiālo atbalstu, ko piešķīruši Ungārijas valstspiederīgie, kuriem dzīvesvieta vai juridiskā adrese atrodas šīs valsts teritorijā, nekā atbalstu, ko piešķīruši otrie minētie. Proti, mītnes vieta neesot izmantojama kā parametrs, pēc kā varētu novērtēt šo abu situāciju objektīvu salīdzināmību. Visbeidzot – Komisija un Zviedrijas Karaliste pakārtoti apgalvo – ja arī Pārskatāmības likums netiktu kvalificēts kā netieši diskriminējošs pasākums, tik un tā nāktos konstatēt, ka ar to ir ieviests tādu pienākumu kopums, ar kuriem ne tikai Ungārijā reģistrētas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, bet arī finansiālo atbalstu no citām dalībvalstīm vai trešajām valstīm tām eventuāli sniedzošās fiziskās vai juridiskās personas tiktu atturētas no LESD 63. pantā garantētās kapitāla brīvas aprites īstenošanas. Pienākums reģistrēties ar apzīmējumu “ārvalstu atbalstu saņemoša organizācija” un publiski konsekventi norādīt šo savu statusu, atturot attiecīgās organizācijas no šāda atbalsta turpmākas pieņemšanas. Turklāt ar šiem pienākumiem saistītie deklarēšanās un publiskošanas pienākumi liek minētā atbalsta piešķīrējiem atturēties no tā turpmākas piešķiršanas, un tie arī neiedrošina citas personas sākt to darīt. Savai aizstāvībai Ungārija uzsver, ka, pirmkārt, Pārskatāmības likums nevar tikt kvalificēts kā netieši diskriminējošs pasākums. Proti, tā piemērošana esot atkarīga no kritērija, kas saistīts nevis ar Ungārijā reģistrētām pilsoniskās sabiedrības organizācijām finansiālo atbalstu piešķirošo personu valstspiederību, bet gan ar šāda atbalsta izcelsmi. Turklāt šā kritērija izmantošanu attaisnojot apstāklis, ka Ungārijā reģistrētu personu sniegtais finansiālais atbalsts un atbalsts, ko piešķir ārvalstīs reģistrētas personas, atspoguļo divas atšķirīgas situācijas, jo Ungārijas kompetentajām iestādēm kontrolēt pirmās minētās ir vieglāk nekā kontrolēt otrās minētās; turklāt noteikumi par nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanas novēršanu un par pārskatāmību var arī izrādīties nepiemērojami citās dalībvalstīs vai trešajās valstīs, no kurām tiek saņemts otrais minētais atbalsts. Otrkārt, neesot arī uzskatāms, ka ar Pārskatāmības likumu ieviestajiem reģistrēšanās, deklarēšanās un publiskošanas pienākumiem un ar tiem saistītajām sankcijām būtu atturoša iedarbība uz kapitāla brīvu apriti. Proti, šie pienākumi esot formulēti objektīvi un neitrāli. Turklāt tie attiecoties vienīgi uz fiziskām vai juridiskām personām, kuras sniedz finansiālo atbalstu, kas pārsniedz konkrētus sliekšņus, turklāt viņu skaits esot neliels. b) Tiesas vērtējums Saskaņā ar LESD 63. panta 1. punktu ir aizliegti visi kapitāla aprites ierobežojumi dalībvalstu, kā arī dalībvalstu un trešo valstu starpā. Kā izriet no šīs normas formulējuma, tās pārkāpuma pašsaprotamie elementi ir gan kapitāla aprites pārrobežu mērogs, gan brīvas aprites ierobežojums. Pirmkārt, attiecībā uz kapitāla aprites esamību, no Tiesas pastāvīgās judikatūras izriet, ka, tā kā LESD līgumā jēdziens “kapitāla aprite” nav definēts, tas ir jāapsver, ņemot vērā Padomes 1988. gada 24. jūnija Direktīvas 88/361/EEK par Līguma 67. panta īstenošanu [(pants atcelts ar Amsterdamas līgumu)] ( OV 1988, L 178, 5. lpp. ) I pielikumā ietverto nomenklatūru, kas gan ir tikai indikatīva un nav izsmeļoša (spriedumi, 2009. gada 27. janvāris, Persche, C‑318/07 , EU:C:2009:33 , 24. punkts, un 2019. gada 21. maijs, Komisija/Ungārija (Lauksaimniecības zemes lietojuma tiesības), C‑235/17 , EU:C:2019:432 , 54. punkts). Tiesa jau ir nospriedusi, ka mantojumi un ziedojumi, kas ietilpst šā I pielikuma XI sadaļā “Personīgā kapitāla aprite”, ietilpst kapitāla aprites jēdzienā, izņemot gadījumus, kad to būtiskās sastāvdaļas ir saistītas tikai ar vienas dalībvalsts teritoriju (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2012. gada 26. aprīlis, van Putten, no C‑578/10 līdz C‑580/10 , EU:C:2012:246 , 29. punkts, un 2015. gada 16. jūlijs, Komisija/Francija, C‑485/14 , nav publicēts, EU:C:2015:506 , 22. punkts). Turklāt šis jēdziens aptver minētā I pielikuma VIII un IX punktā uzskaitītos finanšu aizdevumus un kredītus, kā arī nodrošinājumu un galvojumus, ko nerezidenti piešķir vai sniedz rezidentiem. Savukārt šajā lietā saskaņā ar Pārskatāmības likuma 1. panta 1. un 2. punktu – ņemot vērā šā panta 4. punktā paredzētos izņēmumgadījumus – tas ir piemērojams, tiklīdz kāda Ungārijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums saņem atbalstu, kas ir “naudas vai citu aktīvu iemaksa, kura tieši vai netieši nāk no ārvalstīm – neatkarīgi no [tās] juridiskās formas” – un kura konkrētā taksācijas gadā sasniedz konkrētu slieksni. No tā izriet, ka šis likums ir piemērojams tad, ja notiek kapitāla pārrobežu aprite, kura, ņemot vērā formulējumu, ka likums uz to attiecas “neatkarīgi no [tās] juridiskās formas”, varētu izpausties dažādos veidos, piemēram, kā fizisku vai juridisku personu piešķirtas dāvanas un piešķīrumi, mantojums, aizdevumi, kredīti, galvojumi un cits nodrošinājums. Otrkārt, attiecībā uz kapitāla brīvas aprites ierobežojuma esamību no Tiesas pastāvīgās judikatūras izriet, ka LESD 63. pantā minētais jēdziens “ierobežojums” vispārēji aptver visus ierobežojumus kapitāla apritei gan starp dalībvalstīm (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2013. gada 22. oktobris, Essent u.c., no C‑105/12 līdz C‑107/12 , EU:C:2013:677 , 39. punkts un tajā minētā judikatūra), gan starp dalībvalstīm un trešajām valstīm (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2018. gada 18. janvāris, Jahin, C‑45/17 , EU:C:2018:18 , 19. – 21. punkts, kā arī 2019. gada 26. februāris, X (Trešajā valstī reģistrētas starpnieksabiedrības), C‑135/17 , EU:C:2019:136 , 26. punkts). Konkrētāk, šis jēdziens ietver valsts pasākumus, kuriem piemīt diskriminējošs raksturs, jo ar tiem tieši vai netieši tiek īstenota atšķirīga attieksme starp kapitāla apriti vienas valsts ietvaros un kapitāla pārrobežu apriti, kuri neatbilst šo situāciju objektīvām atšķirībām (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2006. gada 12. decembris, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04 , EU:C:2006:774 , 46. punkts, kā arī 2015. gada 16. jūlijs, Komisija/Francija, C‑485/14 , nav publicēts, EU:C:2015:506 , 25. un 26. punkts) un kuri līdz ar to spēj atturēt citu dalībvalstu vai trešo valstu fiziskas vai juridiskas personas no kapitāla pārrobežu aprites īstenošanas. Šajā lietā vispirms ir konstatējams, ka ar Pārskatāmības likumu ikviena biedrība un ikviens nodibinājums, kas ietilpst tā piemērošanas jomā un saņem kādas citas dalībvalsts vai trešās valsts izcelsmes finansiālu atbalstu, ir pakļauts konkrētu pienākumu kopumam, proti, reģistrēties attiecīgajā tiesā kā “ārvalstu atbalstu saņemoša organizācija” (2. panta 1. punkts), katru gadu tai nosūtīt deklarāciju ar datiem par savu identitāti, no fiziskām vai juridiskām personām, kuru dzīvesvieta vai juridiskā adrese atrodas citā dalībvalstī vai kādā trešajā valstī, saņemto finansiālo atbalstu, kas sasniedz vai pārsniedz konkrētu apmēru, kā arī šo personu identitāti (2. panta 2. un 3. punkts), un savā tīmekļvietnē, savās publikācijās un citos preses materiālos norādīt informāciju par to, ka tā ir uzskatāma par ārvalstu atbalstu saņemošu organizāciju (2. panta 5. punkts). Turpinot – šajā likumā ir paredzēts, ka par pilsoniskās sabiedrības organizāciju informācijas portāla pārvaldību atbildīgā ministrija izplata informāciju par minētajām biedrībām un nodibinājumiem, izmantojot publiski un bez maksas pieejamu speciālu elektronisku platformu (2. panta 4. punkts). Visbeidzot – tajā ir paredzēts, ka par aplūkojamajām biedrībām un nodibinājumiem noteikto pienākumu neizpildi piemēro virkni sankciju, proti, atbildīgais prokurors izdod rīkojumu nodrošināt atbilstību, attiecīgā tiesa uzliek naudas sodu 10 000–900 000 HUF apmērā (aptuveni 30–2700 EUR), un pastāv iespēja, ka šī tiesa pēc prokurora lūguma uzdod tās/tā likvidēšanu (3. pants). Šie dažādie vienkopus un ar kopīgu mērķi ieviestie pasākumi ietver konkrētu virkni pienākumu, kas, ņemot vērā to saturu un apvienojumu, spēj apgrūtināt kapitāla brīvas aprites iespējas gan Ungārijā reģistrētajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām kā kapitāla aprites – citu dalībvalstu vai trešo valstu izcelsmes finansiāla atbalsta veidā – saņēmējām, gan fiziskām vai juridiskām personām, kas tām sniedz šādu finansiālu atbalstu un kas tātad ir minētās kapitāla aprites avots. Konkrētāk, ar šā sprieduma 50. un 54.–56. punktā minētajām normām ir ieviests regulējums, kas piemērojams vienīgi biedrībām un nodibinājumiem, kuri saņem citu dalībvalstu vai trešo valstu izcelsmes finansiālo atbalstu apmērā, kas sasniedz Pārskatāmības likumā noteiktos sliekšņus. Proti, šajā normās tās ir izceltas kā “ārvalstu atbalstu saņemošas organizācijas”, kurām ir pienākums deklarēties, reģistrēties un konsekventi norādīt šo savu statusu, un par to neizpildi ir paredzētas sankcijas, tostarp pat likvidēšana. Tādējādi stigmatizējot šīs biedrības un nodibinājumus, ar šīm normām ir iespējams izraisīt neuzticēšanās gaisotni un līdz ar to atturēt citu dalībvalstu vai trešo valstu fiziskas vai juridiskas personas no šāda finansiāla atbalsta sniegšanas. Turklāt ar šo regulējumu tiek radītas papildu formalitātes un administratīvais slogs, un tas tiek darīts tikai un vienīgi attiecībā uz minētajām biedrībām un nodibinājumiem, tādēļ ka tām sniegtajam finansiālajam atbalstam ir “ārvalstu” izcelsme. Turklāt minētās normas attiecas uz personām, kas šīm biedrībām vai šiem nodibinājumiem sniedz finansiālo atbalstu no citām dalībvalstīm vai trešajām valstīm; tajās ir paredzēts, ka ir jāpublisko informācija par šīm personām un šo finansiālo atbalstu, un arī tas spēj atturēt minētās personas no šāda atbalsta sniegšanas. Tādējādi šo normu kopums paredz atšķirīgu attieksmi ne tikai pret Ungārijā reģistrētajām biedrībām un nodibinājumiem, kas saņem citu dalībvalstu vai trešo valstu izcelsmes finansiālo atbalstu, salīdzinājumā ar biedrībām un nodibinājumiem, kas saņem Ungārijas izcelsmes finansiālo atbalstu, bet arī pret personām, kuras sniedz šīm biedrībām un nodibinājumiem finansiālo atbalstu no kādas citas dalībvalsts vai un trešās valsts, salīdzinājumā ar tām, kas to dara no dzīvesvietas vai juridiskās adreses Ungārijā. Šīs atšķirības attieksmē atkarībā no aplūkojamā finansiālā atbalsta izcelsmes – iekšzemes vai “ārvalstu” – un tātad to piešķirošās fiziskās personas dzīvesvietas vai juridiskās personas reģistrācijas vietas ir uzskatāmas par netiešu diskrimināciju valstspiederības dēļ (pēc analoģijas skat. spriedumus darba ņēmēju brīvas pārvietošanās jomā, 1998. gada 24. septembris, Komisija/Francija, C‑35/97 , EU:C:1998:431 , 38. un 39. punkts, kā arī 2011. gada 5. maijs, Komisija/Vācija, C‑206/10 , EU:C:2011:283 , 37. un 38. punkts). Pretēji tam, ko apgalvo Ungārija, minēto finansiālo atbalstu piešķirošās fiziskās vai juridiskās personas dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta pēc definīcijas nav uzskatāma par kritēriju, kas dotu iespēju konstatēt objektīvu atšķirību starp aplūkojamajām situācijām un līdz ar to izslēgt šādu netiešu diskrimināciju (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2011. gada 16. jūnijs, Komisija/Austrija, C‑10/10 , EU:C:2011:399 , 35. punkts). Līdz ar to aplūkojamās dalībvalsts normas ir uzskatāmas par netieši diskriminējošiem pasākumiem, jo tajās ir paredzēta atšķirīga attieksme, kas neatbilst šo situāciju objektīvām atšķirībām. No tā izriet, ka Pārskatāmības likuma 1. un 2. pantā noteikto “ārvalstu atbalstu saņemošo organizāciju” reģistrēšanās, deklarēšanās un publiskošanas pienākumu, kā arī šā likuma 3. pantā paredzēto sankciju kopums ir uzskatāms par kapitāla brīvas aprites ierobežojumu, kas ir aizliegts LESD 63. pantā, ja vien tas nav attaisnojams atbilstoši LESD un judikatūrai. 2. Par attaisnojumu esamību a) Lietas dalībnieku argumenti Komisija un Zviedrijas Karaliste apgalvo, ka kapitāla brīvas aprites ierobežojums, ko radījis Pārskatāmības likums, nav attaisnojams nedz ar kādu no LESD 65. pantā minētajiem apsvērumiem, nedz ar primāru vispārējo interešu apsvērumu. Šajā ziņā šī iestāde un šī dalībvalsts atzīst, ka Ungārijas norādītie mērķi, pirmkārt, pilsoniskās sabiedrības organizāciju finansējuma pārskatāmības palielināšana un, otrkārt, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzība, cīnoties pret nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un, raugoties plašāk, organizēto noziedzību, principā ir tiesiski pamatoti. Tomēr šajā lietā esot skaidrs, ka ar šiem mērķiem nav iespējams attaisnot tādus pienākumus, kādi ieviesti ar Pārskatāmības likumu. Proti, ar LESD 65. panta 1. punkta b) apakšpunktu dalībvalstis esot pilnvarotas veikt pasākumus, kas attaisnojami ar sabiedriskās kārtības vai drošības apsvērumiem, tomēr šie apsvērumi esot interpretējami šauri un nevarot attaisnot tādu tiesību aktu, kura normas principā un nediferencēti stigmatizē “ārvalstu atbalstu saņemošas organizācijas”. Turklāt Ungārija neesot pierādījusi nedz reālu, aktuālu un pietiekami smagu apdraudējumu sabiedriskajai kārtībai un drošībai, nedz to, ka ar Pārskatāmības likumu ieviestie pienākumi dotu iespēju iedarbīgi cīnīties pret nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un, raugoties plašāk, organizēto noziedzību. Mērķis – publiskajās norisēs iesaistītajām organizācijām paredzētās kapitāla aprites pārskatāmība un arī izsekojamība – varētu tikt uzskatīts par primāru vispārējo interešu apsvērumu. Tomēr Eiropas Savienībā, kas balstīta uz kopīgām vērtībām un veicina savu pilsoņu aktīvu dalību sabiedriskajās norisēs, tostarp dalībvalstī, kas nav viņu mītnes vieta, šis mērķis nevarot attaisnot tādus valsts tiesību aktus, kuri balstīti uz principu, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas izmanto finansiālu atbalstu no citās dalībvalstīs reģistrētām personām, ir turamas aizdomās. Jebkurā gadījumā Pārskatāmības likuma normas pārsniedzot to, kas ir nepieciešams un samērīgs, lai sasniegtu Ungārijas norādītos mērķus. Savai aizstāvībai šī dalībvalsts pirmām kārtām apgalvo, ka šis likums ir attaisnojams galvenokārt ar primāru vispārējo interešu apsvērumu, bet pakārtoti – ar dažiem no LESD 65. pantā minētajiem apsvērumiem. Pirmkārt, minētais likums esot pieņemts apstākļos, ko raksturo gan ar citu dalībvalstu vai trešo valstu izcelsmes kapitālu veiktā pilsoniskās sabiedrības organizāciju finansējuma apmēra pieaugums no 68,4 miljardiem HUF (aptuveni 228 miljoni EUR) 2010. gadā līdz 169,6 miljardiem HUF (aptuveni 565 miljoni EUR) 2015. gadā, gan Eiropas mērogā un šajā dalībvalstī notiekošā likumdošana, kuras mērķis ir nodrošināt kapitāla aprites ciešāku izsekojamību. Tātad tas esot attaisnojams ar primāru vispārējo interešu apsvērumu, proti, pilsoniskās sabiedrības organizāciju finansējuma pārskatāmības palielināšanu, ņemot vērā šo organizāciju ietekmi uz sabiedriskajām norisēm. Otrkārt, tas pats likums esot attaisnojams arī ar apsvērumiem saistībā ar sabiedrisko kārtību un drošību LESD 65. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, kas ietver cīņu pret nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un, raugoties plašāk, organizēto noziedzību, palielinot pārskatāmību saistībā ar finansējumu, ar kuru varētu tikt slēptas aizdomīgas darbības. Otrām kārtām Pārskatāmības likums esot nepieciešams un samērīgs ar šiem dažādajiem mērķiem. b) Tiesas vērtējums No Tiesas pastāvīgās judikatūras izriet, ka valsts pasākums, ar ko tiek ierobežota kapitāla brīva aprite, var tikt pieļauts vienīgi ar nosacījumu, ka, pirmkārt, tas ir attaisnojams ar kādu no LESD 65. pantā minētajiem apsvērumiem vai ar primāru vispārējo interešu apsvērumu, un, otrkārt, ka tas atbilst samērīguma principam, kas nozīmētu, ka ar to ir iespējams saskanīgi un sistemātiski nodrošināt izvirzītā mērķa īstenošanu, un ka tas nepārsniedz to, kas ir nepieciešams tā sasniegšanai (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2019. gada 21. maijs, Komisija/Ungārija (Lauksaimniecības zemes lietojuma tiesības), C‑235/17 , EU:C:2019:432 , 59. – 61. punkts un tajā minētā judikatūra). Turklāt attiecīgajai dalībvalstij ir pienākums pierādīt, ka šie divi kumulatīvie nosacījumi ir izpildīti (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2009. gada 10. februāris, Komisija/Itālija, C‑110/05 , EU:C:2009:66 , 62. punkts un tajā minētā judikatūra). Konkrētāk, attiecībā uz nosacījumu, ka aplūkojamajām normām ir jābūt attaisnojamām ar kādu no LESD 65. pantā minētajiem apsvērumiem vai ar primāru vispārējo interešu apsvērumu, šai dalībvalstij ir jāpierāda, ka minētās normas ir attaisnojamas konkrētajos lietas apstākļos (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2003. gada 8. maijs, ATRAL, C‑14/02 , EU:C:2003:265 , 66. – 69. punkts, kā arī 2009. gada 16. jūlijs, Komisija/Polija, C‑165/08 , EU:C:2009:473 , 53. un 57. punkts). Šajā lietā attiecībā uz attaisnojumu, ko Ungārija norāda kā galveno, Tiesa jau ir atzinusi, ka mērķis palielināt fiziskām vai juridiskām personām piešķirtā finansiālā atbalsta pārskatāmību saistībā ar Savienības piešķirtajiem publiskajiem līdzekļiem, izmantojot deklarēšanās un publiskošanas pienākumu, var – ņemot vērā atklātības un pārskatāmības principus, kuri saskaņā ar LES 1. panta otro daļu, LES 10. panta 3. punktu un LESD 15. panta 1. un 3. punktu ir jāievēro Savienības iestāžu darbībā, – tikt uzskatīts par primāru vispārējo interešu apsvērumu. Proti, ar šādu mērķi ir iespējams sekmēt iedzīvotāju informētību par šo tēmu, kā arī dot viņiem iespēju vairāk iesaistīties publiskajās debatēs (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2010. gada 9. novembris, Volker und Markus Schecke un Eifert, C‑92/09 un C‑93/09 , EU:C:2010:662 , 68. – 71. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra). Tā kā dažas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ņemot vērā to darbības mērķus un rīcībā esošos līdzekļus, varētu – gan Komisijas un Zviedrijas Karalistes, gan Ungārijas ieskatā – ievērojami ietekmēt sabiedriskās norises un publiskās debates (ECT, 2009. gada 14. aprīlis, Társaság a Szabadságjogokért pret Ungāriju, CE:ECHR:2009:0414JUD003737405, 27., 36. un 38. punkts, kā arī ECT, 2016. gada 8. novembris, Magyar Helsinki Bizottság pret Ungāriju, CE:ECHR:2016:1108JUD001803011, 166. un 167. punkts), ir uzskatāms, ka arī mērķis – šādām organizācijām piešķirtā finansiālā atbalsta pārskatāmības palielināšana – ir viens no primārajiem vispārējo interešu apsvērumiem. Turklāt no Tiesas judikatūras izriet, ka šis mērķis – biedrību finansējuma pārskatāmības palielināšana – kā primārs vispārējo interešu apsvērums varētu attaisnot tāda dalībvalstis tiesību akta pieņemšanu, kas kapitāla brīvu apriti no trešajām valstīm ierobežo lielākā mērā nekā kapitāla apriti no citām dalībvalstīm. Proti, trešās valsts izcelsmes kapitāla aprite no citu dalībvalstu izcelsmes kapitāla aprites atšķiras ar to, ka tā savā izcelsmes valstī nav pakļauta regulējuma saskaņošanas un valsts iestāžu sadarbības pasākumiem, kas piemērojami visās dalībvalstīs (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2007. gada 18. decembris, A, C‑101/05 , EU:C:2007:804 , 36. un 37. punkts, kā arī 2019. gada 26. februāris, X (Trešajā valstī reģistrētas starpnieksabiedrības), C‑135/17 , EU:C:2019:136 , 90. punkts). Šajā lietā tomēr, pirmkārt, ir jānorāda, ka reģistrēšanās, deklarēšanās un publiskošanas pienākumi, kā arī ar šā sprieduma 65. punktā minētajām Pārskatāmības likuma normām ieviestās sankcijas ir nediferencēti jāpiemēro visām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas saņem jebkuras citas dalībvalsts vai trešās valsts izcelsmes finansiālo atbalstu apmērā, kas sasniedz šajā likumā paredzētos sliekšņus. Taču Ungārija, lai arī tai ir jāpierāda attaisnojuma esamība, neizskaidro, kā tās norādītais mērķis – biedrību finansējuma pārskatāmības palielināšana – var attaisnot to, ka minētie pienākumi tiek nediferencēti piemēroti jebkuram finansiālajam atbalstam no jebkuras citas dalībvalsts vai no jebkuras trešās valsts, ja tā apmērs sasniedz Pārskatāmības likumā paredzētos sliekšņus. Turklāt tā neizklāsta apsvērumus, kāpēc šis pats mērķis attaisnotu to, ka aplūkojamie pienākumi ir nediferencēti piemērojami visām organizācijām, kas ietilpst šā likuma piemērošanas jomā, nevis tikai tām, kas, ņemot vērā to darbības mērķus un rīcībā esošos līdzekļus, faktiski varētu ievērojami ietekmēt sabiedriskās norises un publiskās debates. Otrkārt, Pārskatāmības likums paredz, ka katrai no minētajām organizācijām ir pienākums reģistrēties un konsekventi norādīt savu statusu “ārvalstu atbalstu saņemoša organizācija”. Turklāt šā likuma preambulā ir teikts, ka atbalstu, ko pilsoniskās sabiedrības organizācijām sniedz “ārvalstu” izcelsmes personas, “varētu izmantot ārvalstu interešu grupas, lai ar šo organizāciju sociālās ietekmes palīdzību Ungārijas sociālajā un politiskajā dzīvē īstenotu nevis kopējos mērķus, bet savas intereses”, un ka šis atbalsts “var apdraudēt valsts politiskās un ekonomiskās intereses, kā arī likumīgo institūciju netraucētu darbību”. No tā izriet, ka Ungārija ir vēlējusies palielināt biedrību finansējuma pārskatāmību, jo citu dalībvalstu vai trešo valstu izcelsmes finansiālo atbalstu tā uzskata par tādu, kas varētu apdraudēt šīs svarīgās intereses. Tomēr pat atzīstot, ka konkrēts citu dalībvalstu vai trešo valstu izcelsmes finansiālais atbalsts, kas piešķirts organizācijām, kurām piemērojams Pārskatāmības likums, varētu tikt uzskatīts par tādu, kas varētu apdraudēt svarīgas Ungārijas intereses, tik un tā šā sprieduma 83. punktā minētie pienākumi nav attaisnojami ar tajā norādīto pamatojumu, ko šī dalībvalsts izmanto, lai palielinātu biedrību finansējuma pārskatāmību. Proti, mērķis – biedrību finansējuma pārskatāmības palielināšana – lai cik tiesiski pamatots tas arī nebūtu, nevar attaisnot dalībvalsts tiesību aktu, kas balstīts uz principiālu un nediferencētu prezumpciju, ka ikviens finansiālais atbalsts, ko sniedz citā dalībvalstī vai kādā trešajā valstī reģistrēta fiziska vai juridiska persona, un ikviena pilsoniskās sabiedrības organizācija, kas saņem šādu finansiālu atbalstu, pašas par sevi varētu apdraudēt pirmās minētās dalībvalsts politiskās un saimnieciskās intereses, kā arī šo iestāžu netraucētu darbību. Līdz ar to nešķiet, ka šajā gadījumā Pārskatāmības likums, ņemot vērā tā saturu un nolūku, būtu attaisnojams ar mērķi palielināt biedrību finansējuma pārskatāmību. Attiecībā uz LESD 65. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem sabiedriskās kārtības un drošības apsvērumiem, uz kuriem Ungārija atsaucas pakārtoti, ir jāatgādina Tiesas judikatūras atziņa, ka uz šādiem apsvērumiem konkrētā jomā var atsaukties vienīgi tad, ja Savienības likumdevējs nav pilnīgi saskaņojis pasākumus, ar kuriem paredzēts nodrošināt šīs jomas aizsardzību (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2007. gada 23. oktobris, Komisija/Vācija, C‑112/05 , EU:C:2007:623 , 72. un 73. punkts, kā arī 2013. gada 25. aprīlis, Jyske Bank Gibraltar, C‑212/11 , EU:C:2013:270 , 60. punkts). Kā Tiesa jau norādījusi, Savienības likumdevējs tikai daļēji ir saskaņojis pasākumus, ar kuriem paredzēts cīnīties pret nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, un līdz ar to dalībvalstis saglabā tiesības norādīt uz cīņu pret nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, lai attaisnotu dalībvalsts normas, kas ierobežo kapitāla brīvu apriti, kā apsvērumu, kas saistīts ar sabiedrisko kārtību (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2013. gada 25. aprīlis, Jyske Bank Gibraltar, C‑212/11 , EU:C:2013:270 , 61. – 64. punkts, un 2018. gada 31. maijs, Zheng, C‑190/17 , EU:C:2018:357 , 38. punkts). Tāpat, tā kā organizētās noziedzības apkarošanas jomā nav veikta vispārīgāka saskaņošana, dalībvalstis var uz to atsaukties kā ar sabiedrisko drošību saistītu apsvērumu LESD 65. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Tomēr no Tiesas pastāvīgās judikatūras izriet, ka, ciktāl LESD 65. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie sabiedriskās kārtības un drošības apsvērumi ļauj atkāpties no LESD paredzētas pamatbrīvības, tie ir jāinterpretē šauri, un šā iemesla dēļ to tvērumu nevar vienpusēji noteikt katra dalībvalsts atsevišķi un bez Savienības iestāžu kontroles. Tādēļ šos apsvērumus var izmantot vienīgi tad, ja pastāv reāls, aktuāls un pietiekami smags apdraudējums, kas ietekmē plašas sabiedrības pamatintereses (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2000. gada 14. marts, Église de scientologie, C‑54/99 , EU:C:2000:124 , 17. punkts). Savukārt šajā lietā, Ungārija norāda uz apkopotiem skaitļiem par to, kā 2010.–2015. gadā ir pieaudzis tās teritorijā reģistrēto pilsoniskās sabiedrības organizāciju finansējums ar citu dalībvalstu vai trešo valstu izcelsmes kapitālu, bet nenorāda nekādus argumentus, ar kuriem būtu iespējams konkrēti pierādīt, ka šis skaitliskais pieaugums radītu šādu apdraudējumu. Proti, kā izriet no šā sprieduma 83. un 86. punkta, šķiet, ka Ungārija Pārskatāmības likumu ir pamatojusi nevis ar faktiska apdraudējuma esamību, bet ar principiālu un nediferencētu prezumpciju, ka citu dalībvalstu vai trešo valstu izcelsmes finansiālais atbalsts un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas saņem šādu finansiālo atbalstu, varētu izraisīt šādu apdraudējumu. Turklāt, pat pieņemot, ka – pretēji tam, kas izriet no šā sprieduma 91. punktā minētās judikatūras, – tad, ja būtu bijis atzīstams, ka pastāv apdraudējums, kas, lai arī nebūdams nedz reāls, nedz aktuāls, tomēr būtu potenciāls, šis apdraudējums, ņemot vērā minētajā punktā atgādināto šauras interpretācijas prasību, varētu attaisnot vienīgi šā apdraudējuma būtībai un smagumam atbilstošu pasākumu veikšanu. Taču šajā gadījumā apmēri, kādos ir noteikti finansiālie sliekšņi, no kuriem kļūst piemērojami ar Pārskatāmības likumu ieviestie pienākumi, acīmredzami nav atbilstīgi tāda plašu sabiedrības pamatinterešu pietiekami smaga apdraudējuma gadījumam, kuru ar šiem pienākumiem ir paredzēts novērst. Līdz ar to tāda reāla, aktuāla un pietiekami smaga apdraudējuma esamība, kas ietekmē plašas sabiedrības pamatintereses, kas dotu iespēju izmantot LESD 65. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos sabiedriskās kārtības un drošības apsvērumus, nav pierādīta. Līdz ar to Pārskatāmības likums nav attaisnojams nedz ar kādu primāru vispārējo interešu apsvērumu, piemēram, biedrību finansējuma pārskatāmības palielināšanu, nedz ar LESD 65. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem sabiedriskās kārtības un drošības apsvērumiem. Ņemot vērā visus iepriekš izklāstītos apsvērumus, ir secināms, ka, pieņemdama šā sprieduma 65. punktā minētās Pārskatāmības likuma normas, Ungārija nav izpildījusi LESD 63. pantā minētos pienākumus. B. Par Hartas 7., 8. un 12. pantu 1. Par Hartas piemērojamību a) Lietas dalībnieku argumenti Komisija, ko atbalsta Zviedrijas Karaliste, savos procesuālajos rakstos apgalvo, ka, tā kā Pārskatāmības likums ierobežo LESD garantētu pamatbrīvību, tam ir jāatbilst arī Hartai. Tiesas sēdē mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai, atbildot uz Tiesas uzdoto jautājumu par minētās prasības tvērumu, kas izskaidrots 2019. gada 21. maija spriedumā Komisija/Ungārija (Lauksaimniecības zemes lietojuma tiesības) ( C‑235/17 , EU:C:2019:432 ), kurš tika pasludināts pēc tiesvedības rakstveida daļas pabeigšanas šajā lietā, Komisija piebilda, ka minētā prasība nozīmē to, ka jākonstatē, vai Pārskatāmības likums ierobežo Hartā nostiprinātās tiesības un brīvības, un, ja atbilde būtu apstiprinoša, tad, balstoties uz Ungārijas izmantoto argumentāciju, jāizvērtē, vai šis likums tomēr nav attaisnojams. Tāpat tiesas sēdē mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai, atbildot uz Tiesas jautājumu par šo tēmu, Ungārija minēto spriedumu pieņēma zināšanai. b) Tiesas vērtējums No Tiesas judikatūras izriet – ja dalībvalsts apgalvo, ka kāds tās veikts pasākums, kas ierobežo LESD garantētu pamatbrīvību, ir attaisnojams, pamatojoties uz šo Līgumu vai ar Savienības tiesībās atzītu primāru vispārējo interešu apsvērumu, šāds pasākums ir jāuzskata par Savienības tiesību īstenošanu Hartas 51. panta 1. punkta izpratnē un tāpēc tam ir jāatbilst nupat minētajā normā nostiprinātajām pamattiesībām (spriedumi, 2016. gada 21. decembris, AGET Iraklis, C‑201/15 , EU:C:2016:972 , 63. un 64. punkts, kā arī 2019. gada 21. maijs, Komisija/Ungārija (Lauksaimniecības zemes lietojuma tiesības) C‑235/17 , EU:C:2019:432 , 64. un 65. punkts). Kā jau norādīts šā sprieduma 72.–74. punktā, šajā lietā Ungārija apgalvo, ka ar šā sprieduma 65. punktā minētajām Pārskatāmības likuma normām ieviestie pienākumi ir attaisnojami gan ar primāru vispārējo interešu apsvērumu, gan ar LESD 65. pantā minētajiem apsvērumiem. Tātad, kā pareizi norāda Komisija un Zviedrijas Karaliste, šā likuma normām ir jāatbilst Hartai, un šī prasība nozīmē, ka minētās normas nedrīkst radīt ierobežojumus Hartā nostiprinātajām tiesībām un brīvībām, un – gadījumā, ja šādi ierobežojumi tiek radīti, – tie būtu attaisnojami, ņemot vērā Hartas 52. panta 1. punktā minētās prasības (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2016. gada 21. decembris, AGET Iraklis, C‑201/15 , EU:C:2016:972 , 66. un 70. punkts, kā arī 2018. gada 20. marts, Menci, C‑524/15 , EU:C:2018:197 , 39. un 41. punkts). Līdz ar to ir jāpārbauda, vai šīs normas ierobežo tiesības, uz kurām norāda Komisija, un, ja atbilde būtu apstiprinoša, vai šādi ierobežojumi tomēr ir attaisnojami, kā savā atbildē apgalvo Ungārija. 2. Par Hartā nostiprināto tiesību ierobežojumu esamību a) Lietas dalībnieku argumenti Komisija, ko atbalsta Zviedrijas Karaliste, apgalvo, ka Pārskatāmības likums ierobežo, pirmkārt, Hartas 12. panta 1. punktā garantētās tiesības uz biedrošanās brīvību un, otrkārt, tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kā arī tiesības uz personas datu aizsardzību, kas minētas attiecīgi Hartas 7. pantā un 8. panta 1. punktā. Attiecībā uz tiesībām uz biedrošanās brīvību Komisija vispirms norāda, ka šo tiesību izmantošana aptver ne tikai iespēju dibināt un likvidēt biedrību, bet arī – laikā starp šīm darbībām – iespēju nodrošināt tās pastāvēšanu un darbību bez neattaisnojamas iejaukšanās no valsts puses. Turpinot – tā apgalvo, ka spēja saņemt finansiālos līdzekļus ir būtiska biedrību darbībai. Visbeidzot – tā uzskata, ka šajā lietā, pirmkārt, ar Pārskatāmības likumu ieviestie deklarēšanās un publiskošanas pienākumi varētu ievērojami sarežģīt Ungārijā reģistrēto pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību, otrkārt, pienākumi reģistrēties un izmantot tām pievienotu apzīmējumu “ārvalstu atbalstu saņemoša organizācija” spēj stigmatizēt šīs organizācijas un, treškārt, sankcijas, kas paredzētas par šo dažādo pienākumu neievērošanu, rada juridisku risku to pastāvēšanai, jo tās ietver pat iespēju tās likvidēt. Savukārt attiecībā uz tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kā arī tiesībām uz personas datu aizsardzību Komisija uzskata, ka Pārskatāmības likums šīs tiesības ierobežo, paredzot deklarēšanās un publiskošanas pienākumus, tajā skaitā saziņu ar attiecīgajām tiesām un par pilsoniskās sabiedrības organizāciju informācijas portāla pārvaldību atbildīgo ministriju, kā arī turpmāku informācijas publiskošanu, tajā skaitā attiecīgā gadījumā tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu un dzīvesvietas valsti un pilsētu vai tās juridiskās personas reģistrēto nosaukumu (firmu) un juridisko adresi, kas sniegusi kādas citas dalībvalsts vai trešās valsts izcelsmes finansiālo atbalstu apmērā, kas sasniedz konkrētus sliekšņus Ungārijā reģistrētām pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Savai aizstāvībai Ungārija, pirmkārt, apgalvo, ka Pārskatāmības likums neierobežo tiesības uz biedrošanās brīvību. Proti, šā likuma vienīgais nolūks esot noteikt kārtību, kādā veicamas Ungārijā reģistrēto pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbības, un noteikt sankcijas par tās neievērošanu. Turklāt tajā paredzētie reģistrēšanās un publiskošanas pienākumi esot formulēti neitrāli un attiecoties uz objektīviem datiem, ņemot vērā, ka šīs organizācijas saņem konkrēta apmēra finansiālo atbalstu no ārvalstīm. Visbeidzot, nedz šie pienākumi, nedz ar tiem saistītais apzīmējums “ārvalstu atbalstu saņemoša organizācija” neesot stigmatizējoši. Gluži pretēji – no Pārskatāmības likuma preambulas nepārprotami izrietot, ka ārvalstu izcelsmes finansiālā atbalsta saņemšanas fakts pats par sevi nav nosodāms. Otrkārt, dati, kuru nosūtīšana attiecīgajām tiesām un publiskošana ir paredzēta šajā likumā, paši par sevi neesot kvalificējami kā personas dati Hartas 8. panta 1. punkta izpratnē vai dati, kuru nosūtīšana un izpaušana ierobežo Hartas 7. pantā nostiprinātās tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību. Turklāt personas, kas sniedz finansiālu atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, ciktāl tās ar šādu rīcību vēlas ietekmēt sabiedriskās norises, esot jāuzskata par sabiedriskām personām, kurām pienākas vājāka tiesību aizsardzība nekā parastām fiziskām personām. b) Tiesas vērtējums Pirmām kārtām tiesības uz biedrošanās brīvību ir nostiprinātas Hartas 12. panta 1. punktā, kurā noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības uz biedrošanās brīvību visos līmeņos, it īpaši politikas, arodbiedrību un pilsoniskās sabiedrības jomā. Šīs tiesības atbilst Romā 1950. gada 4. novembrī parakstītās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 11. panta 1. punktā garantētajām tiesībām. Tātad atbilstoši Hartas 52. panta 3. punktam ir jāatzīst, ka šīm tiesībām ir tāda pati nozīme un tāds pats tvērums kā konvencijā minētajām. Vispirms šajā ziņā Eiropas Cilvēktiesību tiesas no judikatūras izriet, ka tiesības uz biedrošanās brīvību ir uzskatāmas par vienu no demokrātiskas un plurālistiskas sabiedrības pamatiem, jo tās dod pilsoņiem iespēju kopīgi rīkoties kopējo interešu jomā un tādējādi veicināt sabiedrisko norišu pienācīgu darbību (ECT, 2004. gada 17. februāris, Gorzelik u.c. pret Poliju, CE:ECHR:2004:0217JUD004415898, 88., 90. un 92. punkts, kā arī ECT, 2009. gada 8. oktobris, Tebieti Mühafize Cemiyyeti un Israfilov pret Azerbaidžānu, CE:ECHR:2009:1008JUD003708303, 52. un 53. punkts). Turpinot – šīs tiesības ietver ne vien iespēju dibināt vai likvidēt biedrību (ECT, 2004. gada 17. februāris, Gorzelik u.c. pret Poliju, CE:ECHR:2004:0217JUD004415898, 52. punkts, kā arī ECT, 2009. gada 8. oktobris, Tebieti Mühafize Cemiyyeti un Israfilov pret Azerbaidžānu, CE:ECHR:2009:1008JUD003708303, 54. punkts), bet arī šīs biedrības iespēju darboties starplaikā, kas citastarp nozīmē, ka tā varētu veikt savu darbību un darboties bez neattaisnojamas iejaukšanās no valsts puses (ECT, 2006. gada 5. oktobris, Pestīšanas Armijas Maskavas nodaļa pret Krieviju, CE:ECHR:2006:1005JUD007288101, 73. un 74. punkts). Visbeidzot no Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras izriet, ka tiesību akti – kas ievērojami apgrūtina biedrību rīcību vai darbību, vai nu nosakot stingrākas prasības attiecībā uz šo biedrību reģistrēšanos (ECT, 2011. gada 12. aprīlis, Krievijas Republikāņu Partija pret Krieviju, CE:ECHR:2011:0412JUD001297607, 79.–81. punkts), vai ierobežojot šo biedrību spēju saņemt finansiālos līdzekļus (ECT, 2007. gada 7. jūnijs, Parti Nationaliste Basque – Organisation Régionale d’Iparralde pret Franciju, CE:ECHR:2007:0607JUD007125101, 37. un 38. punkts), vai tām uzliekot tādus deklarēšanās un publiskošanas pienākumus, kuru rezultātā tām tiek radīts negatīvs tēls (ECT, 2001. gada 2. augusts, Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani pret Itāliju, CE:ECHR:2001:0802JUD003597297, 13. un 15. punkts), vai tās pakļaujot sankciju riskam, ieskaitot likvidēšanas risku (ECT, 2006. gada 5. oktobris, Pestīšanas Armijas Maskavas nodaļa pret Krieviju, CE:ECHR:2006:1005JUD007288101, 73. punkts), – lai arī tie iespējami varētu būt attaisnojami – tik un tā ir kvalificējami kā iejaukšanās tiesībās uz biedrošanās brīvību un līdz ar to kā šo Hartas 12. pantā nostiprināto tiesību ierobežojumi. Šo apsvērumu kontekstā ir jākonstatē, vai šajā lietā ar šā sprieduma 65. punktā minētajām Pārskatāmības likuma normām ieviestie pienākumi ir uzskatāmi par tiesību uz biedrošanās brīvību ierobežojumiem, it īpaši tādēļ, ka tie – kā apgalvo Komisija – ievērojami apgrūtina biedrību un nodibinājumu, uz kuriem tie attiecas, darbību. Šajā ziņā, pirmkārt, ir jānorāda, ka šajās normās noteiktie deklarēšanās un publiskošanas pienākumi spēj ierobežot aplūkojamo biedrību un nodibinājumu iespējas saņemt citu dalībvalstu vai trešo valstu izcelsmes finansiālo atbalstu, ņemot vērā šādu pienākumu un par to neizpildi paredzēto sankciju atturošo iedarbību. Otrkārt, Pārskatāmības likuma piemērošanas subjektu lokā ietilpstošajām biedrībām un ietilpstošajiem nodibinājumiem uzliktie pienākumi reģistrēties un konsekventi norādīt savu statusu “ārvalstu atbalstu saņemoša organizācija”, kā atzīst Ungārija, ir aplūkojami kopsakarā ar šā likuma preambulu, kuras saturs ir atgādināts šā sprieduma 83. punktā. Kā norādīts ģenerāladvokāta secinājumu 120.–123. punktā, šajā kontekstā aplūkojamajiem sistemātiskajiem pienākumiem varētu būt preventīva iedarbība uz citās dalībvalstīs vai trešajās valstīs dzīvojošo ziedotāju dalību to pilsoniskās sabiedrības organizāciju finansēšanā, uz kurām attiecas Pārskatāmības likums, un šādā veidā tie varētu kavēt šo organizāciju darbību, kā arī tām izvirzīto mērķu sasniegšanu. Turklāt tie spēj radīt Ungārijā vispārēju neuzticēšanās gaisotni attiecībā uz šīm biedrībām un šiem nodibinājumiem, kā arī tos stigmatizēt. Tādējādi šā sprieduma 65. punktā minētās Pārskatāmības likuma normas ierobežo Hartas 12. panta 1. punktā aizsargātās tiesības uz biedrošanās brīvību. Otrām kārtām Komisija norāda, ka ar Pārskatāmības likumā paredzētajiem deklarēšanās un publiskošanas pienākumiem esot ierobežotas arī tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību kopsakarā ar tiesībām uz personas datu aizsardzību. Saskaņā ar Hartas 7. pantu ikvienai personai ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un saziņas neaizskaramību. Turklāt saskaņā ar Hartas 8. panta 1. punktu ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Hartas 7. pantā nodrošinātās tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību atbilst Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantā garantētajām tiesībām, un līdz ar tām jāpiešķir tāda pati nozīme un tvērums (spriedumi, 2010. gada 5. oktobris, McB., C‑400/10 PPU , EU:C:2010:582 , 53. punkts, un 2019. gada 26. marts, SM (Bērns, kas nodots aizbildnībā saskaņā ar Alžīrijas kafala sistēmu), C‑129/18 , EU:C:2019:248 , 65. punkts). Eiropas Cilvēktiesību tiesa uzskata, ka šīs tiesības liek varas iestādēm atturēties no jebkādas neattaisnojamas iejaukšanās personu privātajā un ģimenes dzīvē un viņu savstarpējās attiecībās. Tādējādi tās šīm varas iestādēm uzliek negatīvu, nosacījumiem nepakļautu pienākumu, kura īstenošanai nav nepieciešamas kādas speciālās normas, tomēr šo pienākumu var papildināt arī pozitīvs pienākums veikt juridiskus pasākumus privātās un ģimenes dzīves aizsardzībai (ECT, 2004. gada 24. jūnijs, Von Hannover pret Vāciju, CE:ECHR:2004:0624JUD005932000, 57. punkts, un ECT, 2007. gada 20. marts, Tysiąc pret Poliju, CE:ECHR:2007:0320JUD000541003, 109. un 110. punkts). Tiesa ir nospriedusi, ka normas, kurās paredzēts vai atļauts nosūtīt publiskai iestādei tādus personas datus kā fiziskas personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai finansiālie līdzekļi, ja šī fiziskā persona nav devusi savu piekrišanu, neatkarīgi no aplūkojamo datu turpmākās izmantošanas ir jākvalificē kā iejaukšanās viņas privātajā dzīvē un līdz ar to kā Hartas 7. pantā garantēto tiesību ierobežojums – neizslēdzot gan to, ka šis ierobežojums varētu būt attaisnojams. Tas pats ir sakāms par normām, kurās paredzēta šādu datu publiskošana (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2003. gada 20. maijs, Österreichischer Rundfunk u.c., C‑465/00, C‑138/01 un C‑139/01 , EU:C:2003:294 , 73. – 75. un 87. – 89. punkts; 2010. gada 9. novembris, Volker und Markus Schecke un Eifert, C‑92/09 un C‑93/09 , EU:C:2010:662 , 56. – 58. un 64. punkts, kā arī 2018. gada 2. oktobris, Ministerio Fiscal, C‑207/16 , EU:C:2018:788 , 48. un 51. punkts). Turpretī juridisku personu nosaukumus un finansiālo stāvokli atspoguļojošo datu paziņošana publiskās varas iestādei, kā arī šo datu publiskošana ierobežo Hartas 7. pantā garantētās tiesības vienīgi tad, ja šo juridisko personu nosaukumos ir ietverti vienas vai vairāku fizisku personu personvārdi (spriedums, 2010. gada 9. novembris, Volker und Markus Schecke un Eifert, C‑92/09 un C‑93/09 , EU:C:2010:662 , 53. punkts). Savukārt Hartas 8. panta 1. punktā nostiprinātās tiesības uz personas datu aizsardzību, kas ir cieši saistītas ar Hartas 7. pantā garantētajām tiesībām uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2010. gada 9. novembris, Volker und Markus Schecke un Eifert, C‑92/09 un C‑93/09 , EU:C:2010:662 , 47. punkts, kā arī 2011. gada 24. novembris, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, C‑468/10 un C‑469/10 , EU:C:2011:777 , 41. punkts), liedz informāciju par identificētām vai identificējamām fiziskām personām izpaust trešajām personām – neatkarīgi no tā, vai tās ir publiskās varas iestādes vai plašāka sabiedrība – ja vien šāda izpaušana nenotiek saistībā ar tās godprātīgu apstrādi, kas atbilst Hartas 8. panta 2. punktā noteiktajām prasībām (šajā nozīmē skat. spriedumu 2010. gada 9. novembris, Volker und Markus Schecke un Eifert, C‑92/09 un C‑93/09 , EU:C:2010:662 , 49. punkts). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka ar minēto publiskošanu kā personas datu apstrādi tiek ierobežotas Hartas 8. panta 1. punktā garantētās tiesības uz personas datu aizsardzību (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2018. gada 2. oktobris, Ministerio Fiscal, C‑207/16 , EU:C:2018:788 , 51. punkts). Šajā lietā vispirms ir konstatējams, ka informācija, uz kuru attiecas Pārskatāmības likumā paredzētie deklarēšanās un publiskošanas pienākumi, ietver – kā izriet no šā sprieduma 5. un 10. punkta – ziņas gan par to fizisko personu vārdiem un uzvārdiem, kā arī dzīvesvietas valstīm un pilsētām, kuras Ungārijā reģistrētām pilsoniskās sabiedrības organizācijām piešķir finansiālo atbalstu, kura apmērs sasniedz konkrētu slieksni, gan par šā finansiālā atbalsta apmēru. Šādu finansiālu atbalstu piešķirošo juridisko personu gadījumā – kā norādīts tajos pašos punktos – šī informācija ietver ziņas ne tikai par šo personu nosaukumu un juridisko adresi, bet arī firmu, kura var ietvert fizisku personu personvārdus. Taču uz šādiem datiem attiecas Hartas 7. pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kā tas izriet no šā sprieduma 124. un 125. punktā atgādinātās judikatūras. Turpinot – kā norāda Ungārija, Eiropas Cilvēktiesību tiesa tik tiešām ir atzinusi, ka, tā kā pilsoņiem ir tiesības tikt informētiem un tā kā konkrētos apstākļos šīs tiesības varētu skart pat kādas publiskas personas, piemēram, politiķa, privātās dzīves aspektus, publiskās personas nevar pretendēt uz tādu pašu savas privātās dzīves aizsardzību kā privātas personas (ECT, 2004. gada 24. jūnijs, Von Hannover pret Vāciju, CE:ECHR:2004:0624JUD005932000, 64. punkts, un ECT, 2012. gada 7. februāris, Von Hannover pret Vāciju (Nr. 2), CE:ECHR:2012:0207JUD004066008, 110. punkts). Tomēr jēdziens “publiska persona” ir definēts šauri, jo, kā izriet no iepriekšējā punktā minētajiem spriedumiem, Eiropas Cilvēktiesību tiesa, piemēram, ir atteikusies par tādu atzīt personu, kas, lai arī būdama plaši pazīstama, neveic nekādu politisko darbību. Savukārt fiziskas vai juridiskas personas, kuru dzīvesvieta vai juridiskā adrese atrodas citā dalībvalstī vai kādā trešajā valstī, nav uzskatāmas par publiskām personām tāpēc vien, ka tās Ungārijā reģistrētām pilsoniskās sabiedrības organizācijām piešķir finansiālo atbalstu apmērā, kas sasniedz Pārskatāmības likumā noteiktos sliekšņus. Proti, pat pieņemot, ka, ņemot vērā to konkrētos mērķus, dažas no šīm organizācijām un no minētajām personām ir jāuzskata par iesaistītām Ungārijas sabiedriskajās norisēs, tomēr ir skaidrs, ka šāda finansiālā atbalsta piešķiršana nav saistīta ar politiskās darbības veikšanu. Līdz ar to Pārskatāmības likumā paredzētie deklarēšanās un publiskošanas pienākumi ierobežo Hartas 7. pantā nostiprinātās tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību. Visbeidzot, lai arī mērķis – biedrību finansējuma pārskatāmības palielināšana – varētu, kā izriet no šā sprieduma 79. punkta, tikt uzskatīts par atbilstošu vispārējām interesēm, šā mērķa īstenošanā – ja tā ietver personas datu apstrādi – tik un tā ir jāievēro Hartas 8. panta 2. punktā minētās godprātīgas apstrādes prasības. Taču šajā lietā Ungārija nemaz neapgalvo, ka normas, kurās paredzēti šie pienākumi, atbilstu šīm prasībām. Šādos apstākļos, ņemot vērā šā sprieduma 126. un 127. punktā izklāstītos apsvērumus, minētie pienākumi ir jāuzskata arīdzan par tādiem, kas ierobežo Hartas 8. panta 1. punktā garantētās tiesības uz personas datu aizsardzību. 3. Par attaisnojuma esamību a) Lietas dalībnieku argumenti Komisija un Zviedrijas Karaliste apgalvo, ka, ņemot vērā Hartas 52. panta 1. punktā minētās prasības, nešķiet, ka ar Pārskatāmības likumu ieviestie ierobežojumi attiecīgi Hartas 12. pantā, 7. pantā un 8. panta 1. punktā nostiprinātajām tiesībām, būtu attaisnojami. Proti, pat ja šie mērķi – pārskatāmība un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzība, uz kuriem norāda Ungārija, šīs normas vajadzībām principā varētu tikt uzskatīti par Savienībā atzītiem vispārējo interešu mērķiem, šajā lietā šī dalībvalsts nepierādot, ka šie mērķi attaisno tiesību uz biedrošanās brīvību, tiesību uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, kā arī tiesību uz personas datu aizsardzību ierobežošanu, kāda paredzēta Pārskatāmības likumā. Katrā ziņā šis likums neatbilstot Hartas 52. panta 1. punktā ietvertajām samērīguma prasībām. Savai aizstāvībai Ungārija norāda, ka biedrību finansējuma pārskatāmības palielināšana ir uzskatāma par Savienībā atzītu vispārējo interešu mērķi Hartas 52. panta 1. punkta izpratnē. Turklāt ar Pārskatāmības likumu ieviestie pasākumi atbilstot pārējām šajā normā minētajām prasībām. b) Tiesas vērtējums No Hartas 52. panta 1. punkta citastarp izriet, ka ikvienam Hartā atzīto tiesību un brīvību izmantošanas ierobežojumam ir faktiski jāatbilst Savienībā atzītiem vispārējo interešu mērķiem. Taču šā sprieduma 96. punktā Tiesa ir konstatējusi, ka šā sprieduma 65. punktā minētās Pārskatāmības likuma normas nav attaisnojamas ne ar vienu no Ungārijas norādītajiem Savienībā atzītajiem vispārējo interešu mērķiem. No tā izriet, ka šīs normas, ar kurām papildus LESD 63. pantā aizsargātās pamatbrīvības ierobežojumiem ieviesti arī attiecīgi Hartas 12. pantā, 7. pantā un 8. panta 1. punktā nostiprināto tiesību ierobežojumi, kā Tiesa konstatējusi šā sprieduma 119., 132. un 134. punktā, katrā ziņā neatbilst minētajiem vispārējo interešu mērķiem. No minētā izriet, ka Ungārija, pieņemdama minētās normas, nav izpildījusi no Hartas 7., 8. un 12. panta izrietošos pienākumus. C. Secinājums Ņemot vērā visus iepriekš izklāstītos apsvērumus, ir konstatējams, ka Ungārija, pieņemdama šā sprieduma 65. punktā minētās Pārskatāmības likuma normas, kurās paredzēti reģistrēšanās, deklarēšanās un publiskošanas pienākumi dažu kategoriju pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras tieši vai netieši saņem ārvalstu atbalstu, kas pārsniedz konkrētu slieksni, un kurās paredzēta iespēja piemērot sankcijas organizācijām, kas neizpilda šos pienākumus, ir ieviesusi diskriminējošus, neattaisnojamus un nevajadzīgus ierobežojumus attiecībā uz ārvalstu izcelsmes ziedojumiem pilsoniskās sabiedrības organizācijām un tādējādi nav izpildījusi LESD 63. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 12. pantā noteiktos pienākumus. VII. Par tiesāšanās izdevumiem Saskaņā ar Tiesas Reglamenta 138. panta 1. punktu lietas dalībniekam, kuram spriedums nav labvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Šajā lietā, tā kā Ungārijai spriedums ir nelabvēlīgs, ir jāpiespriež tai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus atbilstoši Komisijas prasījumiem. Saskaņā ar šā reglamenta 140. panta 1. punktu dalībvalstis un iestādes, kas iestājušās lietā, pašas sedz savus tiesāšanās izdevumus. Līdz ar to Zviedrijas Karaliste savus tiesāšanās izdevumus sedz pati. Ar šādu pamatojumu Tiesa (virspalāta) nospriež: 1) Ungārija, pieņemdama a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (2017. gada Likums Nr. LXXVI par ārvalstu atbalstu saņemošo organizāciju pārskatāmību) normas, kurās paredzēti reģistrēšanās, deklarēšanās un publiskošanas pienākumi dažu kategoriju pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras tieši vai netieši saņem ārvalstu atbalstu, kas pārsniedz konkrētu slieksni, un kurās paredzēta iespēja piemērot sankcijas organizācijām, kas neizpilda šos pienākumus, ir ieviesusi diskriminējošus, neattaisnojamus un nevajadzīgus ierobežojumus attiecībā uz ārvalstu izcelsmes ziedojumiem pilsoniskās sabiedrības organizācijām un tādējādi nav izpildījusi LESD 63. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 12. pantā noteiktos pienākumus. 2) Ungārija atlīdzina tiesāšanās izdevumus. 3) Zviedrijas Karaliste pati sedz savus tiesāšanās izdevumus. [Paraksti] ( *1 ) Tiesvedības valoda – ungāru.

62018CJ0524

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą [sveikumą] ( OL L 404, 2006, p. 9 ), iš dalies pakeisto 2008 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 107/2008 ( OL L 39, 2008, p. 8 ) (toliau – Reglamentas Nr. 1924/2006), 10 straipsnio 3 dalies išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG (toliau – Schwabe ) ir Queisser Pharma GmbH & Co. KG ginčą dėl tariamai klaidinančios maisto papildo pakuotės. Teisinis pagrindas Sąjungos teisė Reglamentas Nr. 1924/2006 Reglamento Nr. 1924/2006 1, 9, 14, 16, 17, 23 ir 29 konstatuojamosiose dalyse nurodyta: „(1) Vis daugiau maisto produktų Bendrijoje ženklinama ir reklamuojama pateikiant teiginius apie maistingumą ir sveikatingumą [sveikumą]. Siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir palengvinti jiems pasirinkimą, į rinką pateikiami produktai, įskaitant ir importuotus, turėtų būti saugūs bei atitinkamai paženklinti. <…> <…> (9) Maisto produkto sudėtyje gali būti daug maistiniu ar fiziologiniu poveikiu pasižyminčių maistinių ir kitų medžiagų, kurios gali būti minimos teiginyje, įskaitant, tačiau neapsiribojant vitaminais, mineralais su mikroelementais, amino rūgštimis, nepakeičiamomis riebalų rūgštimis, skaidulinėmis medžiagomis, įvairiais augalais ir žolių ekstraktais. Todėl turėtų būti nustatyti bendrieji principai, taikytini visiems teiginiams apie maisto produktus siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, suteikti vartotojams reikalingą informaciją, kad jie galėtų rinktis gerai žinodami faktus, taip pat sukurti vienodas konkurencijos sąlygas maisto pramonėje. <…> (14) Šiuo metu kai kuriose valstybėse narėse ženklinant ir reklamuojant maisto produktus vartojami įvairūs teiginiai, susiję su medžiagomis, kurių naudingas poveikis nebuvo įrodytas arba kurias šiuo metu mokslininkai vertina nevienareikšmiškai. Būtina užtikrinti, kad medžiagų, apie kurias pateikiamas teiginys, naudingas mitybinis ar fiziologinis poveikis būtų įrodytas. <…> (16) Svarbu, kad vartotojas suprastų teiginius apie maisto produktus, ir visus vartotojus reikėtų apsaugoti nuo klaidinančių teiginių. Tačiau po 1984 m. rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvos 84/450/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų dėl klaidinančios reklamos suderinimo [( OL L 250, 1984, p. 17 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 1 t., p. 227)] įsigaliojimo [priėmimo] Europos Bendrijų Teisingumo Teismas, nagrinėdamas reklamos bylas, nustatė būtinybę išnagrinėti poveikį nacionaliniam, tipiniam vartotojui. Laikantis proporcingumo principo ir siekiant veiksmingai taikyti šiame reglamente nustatytas apsaugos priemones, reglamente vertinimo kriterijumi pasirenkamas vidutinis vartotojas, kuris pagal Teisingumo Teismo išaiškinimą yra pakankamai gerai informuotas, atidus bei atsargus atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius, tačiau reglamente yra nuostata, skirta užkirsti kelią vartotojų, kurie dėl savo savybių yra ypač jautrūs klaidinantiems teiginiams, išnaudojimui. <…> (17) Vartojant teiginius apie maistingumą ir sveikatingumą daugiausia reikėtų atsižvelgti į mokslinį teiginių įrodymą, o tokius teiginius vartojantys maisto verslo operatoriai [maisto ūkio subjektai] turėtų juos pagrįsti. Teiginys turėtų būti moksliškai pagrįstas, atsižvelgiant į turimų mokslo duomenų visumą ir suteikiant reikšmę įrodymams. <…> (23) Bendrijoje vartoti teiginius apie sveikatingumą [sveikumą] turėtų būti leidžiama tik atlikus aukščiausio įmanomo lygio mokslinį įvertinimą. <…> <…> (29) Europos maisto saugos tarnybos [(EMST)] nuomonėje ir tolesnių procedūrų metu turėtų būti atsižvelgiama į teiginio apie sveikatingumą [sveikumą] formuluotę bei pateikimą, siekiant užtikrinti, kad teiginiai apie sveikatingumą [sveikumą] būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir padėtų vartotojui pasirenkant sveiką mitybą.“ Šio reglamento 1 straipsnio „Dalykas ir taikymo sritis“ 1 dalyje numatyta: „Šis reglamentas suderina valstybių narių teisės aktų, reglamentų arba administracinės veiklos nuostatas, susijusias su teiginiais apie maistingumą ir sveikatingumą [sveikumą], siekiant užtikrinti efektyvų vidaus rinkos veikimą ir aukštą vartotojų apsaugos lygį.“ Reglamento Nr. 1924/2006 2 straipsnio 2 dalies 5 punkte „teiginys apie sveikatingumą [sveikumą]“ apibrėžiamas kaip „teiginys, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai teigiama ar užsimenama, kad esama ryšio tarp maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos jo sudėtinių dalių ir sveikatos“. To paties reglamento II skyriuje, susijusiame su bendraisiais principais, yra 3–7 straipsniai. Reglamento Nr. 1924/2006 3 straipsnyje „Visų teiginių bendrieji principai“ numatyta: „Teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą [sveikumą] gali būti vartojami ženklinant, pristatant arba reklamuojant į Bendrijos rinką pateikiamus maisto produktus, tik jei šie teiginiai atitinka šio reglamento nuostatas. Nepažeidžiant [2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo ( OL L 109, 2000, p. 29 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 75) ir Direktyvos 84/450], teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą [sveikumą] neturi būti: a) būti melagingi [netikslūs], dviprasmiški ar klaidinantys; <…>“ Šio reglamento 5 straipsnio „Bendrosios sąlygos“ 1 ir 2 dalyse nustatyta: „1.   Vartoti teiginius apie maistingumą ir sveikatingumą [sveikumą] leidžiama tik tokiu atveju, jei tenkinamos šios sąlygos: a) įrodyta, kad maistinės ar kitos medžiagos, apie kurią pateikiamas teiginys, buvimas, nebuvimas arba mažesnis kiekis maisto produkte ar maisto produktų kategorijai priklausančiuose produktuose pasižymi naudingu maistiniu arba fiziologiniu poveikiu, įrodytu visuotinai pripažintais moksliniais [mokslo] įrodymais; <…> 2.   Vartoti teiginius apie maistingumą ir sveikatingumą [sveikumą] leidžiama tik tuo atveju, jei galima tikėtis, kad teiginiuose nurodytą teigiamą poveikį supras vidutinis vartotojas.“ Šio reglamento 6 straipsnio „Mokslinis teiginių įrodymas [Teiginių mokslo įrodymas]“ 1 ir 2 dalyse nurodyta: „1.   Teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą [sveikumą] pagrindžiami ir įrodomi visuotinai pripažintais moksliniais [mokslo] įrodymais. 2.   Teiginį apie maistingumą arba sveikatingumą [sveikumą] pateikiantis maisto verslo operatorius [maisto ūkio subjektas] pagrindžia teiginio vartojimą.“ Šio reglamento IV skyrius, susijęs su teiginiais apie sveikumą, apima 10–19 straipsnius. Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio „Konkrečios sąlygos“ 1, 3 ir 4 dalyse nustatyta: „1.   Teiginiai apie sveikatingumą [sveikumą] yra draudžiami, išskyrus atvejus, kai jie atitinka II skyriaus bendruosius ir šio skyriaus konkrečius reikalavimus bei yra leidžiami pagal šį reglamentą ir yra įtraukti į leidžiamų teiginių sąrašus, numatytus 13 ir 14 straipsniuose. <…> 3.   Nuorodą į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą, kurią ta maistinė medžiaga ar maisto produktas apskritai teikia sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai savijautai, galima daryti tik tuo atveju, jei kartu pateikiamas konkretus teiginys apie sveikatingumą [sveikumą], įtrauktas į sąrašus, numatytus 13 ir 14 straipsniuose. 4. Tam tikrais atvejais šio straipsnio įgyvendinimo gairės priimamos 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, jei būtina – konsultuojantis su suinteresuotomis šalimis, pirmiausia su maisto verslo operatoriais [maisto ūkio subjektais] ir vartotojų grupėmis.“ Šio reglamento 13 straipsnio 3 dalyje numatyta: „Komisija, pasikonsultavusi su [ EMST ], taikydama 25 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 31 d. patvirtina 1 dalyje pateiktų leistinų teiginių Bendrijos sąrašą, skirtą iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, bei visas būtinas šių teiginių vartojimo sąlygas.“ Minėto reglamento 17 straipsnio 5 dalyje nustatyta: „Bet kuris maisto verslo operatorius [maisto ūkio subjektas] gali vartoti į 13 ir 14 straipsniuose numatytus sąrašus įtrauktus teiginius apie sveikatingumą [sveikumą] laikydamasis jiems taikomų sąlygų, jei jų vartojimas nėra apribotas pagal 21 straipsnio nuostatas.“ Įgyvendinimo sprendimas 2013/63/ES 2013 m. sausio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2013/63/ES, kuriuo priimamos teiginių apie sveikumą konkrečių sąlygų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10 straipsnyje, įgyvendinimo gairės ( OL L 22, 2013, p. 25 ), priedo 3 punktas „Nuoroda į bendro pobūdžio nekonkrečią naudą sveikatai. 10 straipsnio 3 dalis“ suformuluotas taip: „Pagal 10 straipsnio 3 dalį be išankstinio leidimo, tačiau laikantis specialių sąlygų, leidžiama vartoti nesudėtingus ir patrauklius teiginius, kuriais daroma nuoroda į bendro pobūdžio nekonkrečią naudą, kurią maisto produktas apskritai teikia sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai savijautai. Tokių teiginių vartojimas gali būti naudingas vartotojams, nes jais perduodama vartotojams patrauklesnė informacija. Vis dėlto vartotojai gali neteisingai suprasti ir (arba) klaidingai aiškinti tokius teiginius ir padaryti išvadą, kad to maisto produkto teikiama nauda sveikatai yra kitokia ir (arba) geresnė, nei iš tiesų yra. Todėl darant nuorodą į bendro pobūdžio nekonkrečią naudą sveikatai būtina kartu su tokia nuoroda pateikti konkretų teiginį apie sveikumą, įtrauktą į leidžiamų vartoti teiginių sąrašus Sąjungos registre. Pagal Reglamentą konkretus leidžiamas vartoti teiginys apie sveikumą pateikiamas kartu su teiginiu apie bendro pobūdžio nekonkrečią naudą sveikatai, pateikiant jį „šalia“ arba „po“ tokio teiginio. Konkretūs teiginiai iš leidžiamų vartoti teiginių sąrašų turi turėti tam tikrą ryšį su bendro pobūdžio nuoroda. <…> kad būtų išvengta vartotojų klaidinimo, maisto ūkio subjektams tenka atsakomybė įrodyti ryšį tarp nuorodos į bendro pobūdžio nekonkrečią maisto produkto teikiamą naudą ir konkretaus kartu pateikiamo leidžiamo vartoti teiginio apie sveikumą. Atlikus kai kurių teiginių, kurių leidimo vartoti buvo paprašyta, mokslinį vertinimą, padaryta išvada, kad jie yra per daug bendro pobūdžio arba nekonkretūs, kad būtų galima juos įvertinti. Šių teiginių nebuvo leista vartoti, tad jie įtraukti į Sąjungos teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikumą Bendrijos registro atmestų teiginių sąrašą. Tai nereiškia, kad minėti teiginiai negali būti vartojami pagal 10 straipsnio 3 dalies nuostatas; jie gali būti teisėtai vartojami, jei kartu su jais pateikiamas konkretus į leidžiamų vartoti teiginių sąrašus įtrauktas teiginys pagal minėto straipsnio nuostatas.“ Vokietijos teisė Pagrindinei bylai taikomos redakcijos Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Įstatymas dėl kovos su nesąžininga konkurencija; BGBl . 2010 I, p. 254, toliau – UWG) 3 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje numatyta: „Bet kuri nesąžininga komercinė veikla yra draudžiama, jeigu ji gali gerokai pažeisti konkurentų, vartotojų arba kitų rinkos dalyvių interesus.“ UWG 5 straipsnio „Klaidinanti komercinė veikla“ 1 dalyje nurodyta: „Klaidinanti komercinė veikla yra klaidinantys komerciniai veiksmai. Komerciniai veiksmai įvykdomi pateikiant netikslius teiginius arba kitą informaciją, susijusią su: 1) pagrindiniais prekių ir paslaugų požymiais: jų prieinamumu, pobūdžiu, atlikimu, pranašumais, keliama rizika, sudėtimi, priedais, gamybos būdu ir pagaminimo data, tiekimu arba teikimu, tinkamumu naudoti, galimais panaudojimo būdais, kiekiu, savybėmis, aptarnavimu po pardavimo ir skundų nagrinėjimu, geografine arba komercine kilme, laukiamais panaudojimo rezultatais ir pagrindinėmis įvykdytų prekių ar paslaugų testų savybėmis. <…>“ Pagrindinei bylai taikytinos redakcijos Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Maisto produktų, vartojimo prekių ir pašarų kodeksas, BGBl . 2013 I, p. 1426) 11 straipsnio „Nuostatos, susijusios su apsauga nuo sukčiavimo“ 1 dalyje numatyta: „Draudžiama maisto produktus pateikti į rinką nurodant klaidinantį pavadinimą, informaciją ar pakuotę arba nuolatos ar atskirais atvejais reklamuoti maisto produktus, juos klaidinamai pristatant arba nurodant klaidinančius duomenis. Klaidinimu gali būti laikoma: 1) pavadinimų, informacijos, pakuotės, pristatymo ar kitokių duomenų naudojimas, galintis suklaidinti dėl maisto produkto savybių, ypač rūšies, savybių, sudėties, kiekio, galiojimo laiko, kilmės arba pagaminimo ar išgavimo būdo; <…>“ Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad Queisser Pharma prekiauja maisto papildu Doppelherz ® aktiv Ginkgo + B -Vitamine + Cholin , į kurio sudėtį įeina aštuonios sudėtinės dalys, tarp kurių, be kita ko, yra cinkas ir vitaminai B1 (tiaminas), B2, B5 (pantoteno rūgštis) ir B12. Priekinėje šio maisto papildo išorinės pakuotės pusėje atspausdinti tam tikri skirtingo dydžio, spalvų, šrifto elementai, tarp kurių yra toks pagrindinėje byloje nagrinėjamas teiginys: „B-Vitamine und Zink für Gehirn, Nerven, Konzentration und Gedächtnis“ (B grupės vitaminai ir cinkas smegenims, nervams, koncentracijai ir atminčiai). Galinėje išorinės pakuotės pusėje, be konkrečių teiginių, susijusių su ginkmedžiu ir cholinu, atspausdinti šie teiginiai: „Kad atmintis, koncentracija ir gebėjimas susidoroti su kasdieniais iššūkiais išliktų geri, būtina reguliari protinė veikla ir sveika mityba. Todėl smegenų kraujotaka ir nervų sistema turi būti gerai aprūpinamos maistinėmis medžiagomis. Doppelherz kapsulėse yra 100 mg cholino, B grupės vitaminų ir mikroelemento cinko. Be to, jose yra 100 mg ginkmedžio ekstrakto. Vitaminai B1 ir B12 palaiko normalią energinių medžiagų apykaitą ir nervų sistemos veiklą, turi reikšmės psichikos būklei. Vitaminas B2, kaip ir vitaminas B1, palaiko normalią energinių medžiagų apykaitą ir nervų sistemos veiklą. Be to, jis padeda apsaugoti ląsteles nuo deguonies stygiaus sindromo. Folio rūgštis taip pat prisideda prie įprastų psichologinių funkcijų ir vaidina vaidmenį ląstelių dalijimosi procese. Pantoteno rūgštis leidžia palaikyti normalią protinę veiklą ir, kaip ir folio rūgštis ir vitaminas B12, mažina nuovargį. Mikroelementas cinkas padeda palaikyti normalias kognityvines funkcijas ir apsaugoti ląsteles nuo deguonies stygiaus sindromo. <…>“ Pagal prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo konstatuotus faktus Schwabe gamina ir parduoda produktus, konkuruojančius su atitinkamais Queisser Pharma produktais. Manydama, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas teiginys, nurodytas šio sprendimo 19 punkte, pažeidžia Reglamento Nr. 1924/2006 3 straipsnio antro sakinio a punkto, 5 straipsnio 1 dalies a punkto, 6 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 1 dalies, taip pat UWG 5 straipsnio 1 dalies bei Maisto produktų, vartojimo prekių ir pašarų kodekso 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, Schwabe pateikė ieškinį Landgericht Düsseldorf (Diuseldorfo apygardos teismas, Vokietija), siekdama, be kita ko, kad Queisser Pharma būtų įpareigota nustoti reklamuoti maisto papildą tol, kol ant priekinės jo išorinės pakuotės pusės bus atspausdintas pagrindinėje byloje nagrinėjamas teiginys, nurodant, kad priešingu atveju jai bus skirta bauda. 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Landgericht Düsseldorf (Diuseldorfo apygardos teismas) atmetė šį ieškinį. Schwabe pateiktas apeliacinis skundas dėl to sprendimo buvo atmestas 2016 m. birželio 30 d. Oberlandesgericht Düsseldorf (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija) sprendimu. Schwabe dėl Oberlandesgericht Düsseldorf (Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas) priimto sprendimo pateikė kasacinį skundą Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija). Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) išreiškė abejonių dėl Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto reikalavimo, pagal kurį nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą turi būti pateikiama kartu su konkrečiu teiginiu apie sveikumą, ir, konkrečiau kalbant, dėl to, ar pagal šią nuostatą reikalaujama, kad tarp nuorodos ir konkretaus teiginio apie sveikumą būtų tiesioginė erdvinė sąsaja. Šiuo klausimu teismas nurodo, pirma, kad šis reikalavimas „kartu pateikti“ gali būti suprantamas taip, kad reikalaujama erdvinės sąsajos, kad vartotojai galėtų „nedelsiant“ suvokti konkretų leidžiamą teiginį apie sveikumą. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas vis dėlto patikslina, manantis, kad jei šis tiesioginės sąsajos reikalavimas nebūtų įvykdytas, galėtų pakakti ir nuorodos į teiginį įterpiant žvaigždutę. Kita vertus, šį reikalavimą taip pat galima aiškinti taip, kaip siūlo apeliacinis teismas, pagal kurį vidutinis vartotojas, kurio apsisprendimą pirkti produktą nulemia šio produkto sudėtis, pirmiausia perskaito šio produkto sudėtinių dalių sąrašą (2015 m. birželio 4 d. Sprendimo Teekanne, C‑195/14 , EU:C:2015:361 ). Atsižvelgiant į tai, kad toks sąrašas dažnai būna kitoje išorinės pakuotės pusėje, gali būti, kad, kiek tai susiję su tokiais produktais, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas maisto papildas, toks vartotojas galės susipažinti su galinėje išorinės pakuotės pusėje atspausdintais konkrečiais teiginiais apie sveikumą. Tokiomis aplinkybėmis Bundesgerichtshof (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: „1. Ar su nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą yra „pateikiamas kartu“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalį, konkretus teiginys apie sveikumą, įtrauktas į šio reglamento 13 ir 14 straipsniuose numatytus sąrašus, jeigu nuoroda yra priekinėje išorinės pakuotės pusėje, o leidžiamas teiginys – galinėje, ir pagal prekybos papročius šio teiginio turinys aiškiai susijęs su nuoroda, bet prie nuorodos nėra jokio aiškaus nurodymo, pavyzdžiui, žvaigždutės, kad reikia žiūrėti į galinę išorinės pakuotės pusę? 2. Ar darant nuorodą į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalį, atitinkami teiginiai turi būti įrodyti, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir 6 straipsnio 1 dalį?“ Dėl prejudicinių klausimų Pirminės pastabos Schwabe teigimu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimai grindžiami klaidinga prielaida, kad šio sprendimo 19 punkte nurodytas pagrindinėje byloje nagrinėjamas teiginys yra nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalį, nors iš tiesų tai yra konkretus teiginys apie sveikumą, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 10 straipsnio 1 dalį. Šiuo klausimu primintina, kad pagal suformuotą jurisprudenciją nacionalinio teismo pateiktiems klausimams dėl Sąjungos teisės išaiškinimo, atsižvelgiant į jo paties nurodytą teisinį pagrindą ir faktines aplinkybes, kurių tikslumo Teisingumo Teismas neprivalo tikrinti, taikoma reikšmingumo prezumpcija (2019 m. liepos 10 d. Sprendimas Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung, C‑26/18 , EU:C:2019:579 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Šios reikšmingumo prezumpcijos negali paneigti vien tai, kad viena iš pagrindinės bylos šalių ginčija tam tikrus faktus, kurių Teisingumo Teismas neprivalo tikrinti ir nuo kurių priklauso to ginčo dalyko apibrėžimas (2007 m. birželio 7 d. Sprendimo van der Weerd ir kt., C‑222/05–C‑225/05 , EU:C:2007:318 , punktas). Be to, prejudicinių klausimų esmės pakeitimas arba atsakymas į papildomus bylos šalių pastabose nurodytus klausimus būtų nesuderinamas su Teisingumo Teismo pareiga užtikrinti valstybių narių vyriausybėms ir suinteresuotosioms šalims galimybę pateikti pastabas pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnį, atsižvelgiant į tai, kad pagal šią nuostatą suinteresuotosioms šalims pranešama tik apie sprendimus dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą (šiuo klausimu žr. 2014 m. spalio 16 d. Sprendimo Welmory, C‑605/12 , EU:C:2014:2298 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Šiomis aplinkybėmis į pateiktus klausimus reikia atsakyti remiantis prielaida, kuria remiasi šis teismas, t. y. kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas teiginys yra nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą, kuris nėra konkretus, ir kad dėl to jis patenka į Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalies taikymo sritį. Dėl pirmojo klausimo Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje nustatytas reikalavimas, pagal kurį bet kokia nuoroda į maistinės medžiagos ar maisto produkto teikiamą bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą turi būti pateikta kartu su konkrečiu teiginiu apie sveikumą, įtrauktu į šio reglamento 13 ir 14 straipsniuose nurodytus sąrašus, yra įvykdytas tuo atveju, kai ant maisto papildo išorinės pakuotės priekinės pusės atspausdinta nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią maisto medžiagos ar maisto produkto naudą sveikatai, o teiginys apie sveikumą, skirtas pateikti kartu su šia nuoroda, pateikiamas tik ant galinės šios išorinės pakuotės pusės ir tarp jų nėra jokios kitos aiškios sąsajos, pateikiant, pavyzdžiui, žvaigždutę. Pagal Teisingumo Teismo suformuotą jurisprudenciją aiškinant Sąjungos teisės nuostatą reikia atsižvelgti ne tik į jos formuluotę, bet ir į kontekstą ir teisės akto, kuriame ji įtvirtinta, tikslus (žr., be kita ko, 2018 m. balandžio 17 d. Sprendimo Egenberger, C‑414/16 , EU:C:2018:257 , punktą ir 2019 m. sausio 30 d. Sprendimo Planta Tabak, C‑220/17 , EU:C:2019:76 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Visų pirma pagal Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalies formuluotę bet kokia nuoroda į maistinės medžiagos ar maisto produkto bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai turi būti „pateikiama kartu“ su konkrečiu teiginiu apie sveikumą. Antra, dėl Reglamento Nr. 1924/2006 tikslų primintina, kad šiuo reglamentu, kaip nurodyta jo 1 straipsnio 1 dalyje, siekiama užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir aukštą vartotojų apsaugos lygį. Sveikatos apsauga yra vienas iš pagrindinių minėto reglamento tikslų. Siekiant atsižvelgti į šį tikslą, reikia, be kita ko, pateikti vartotojui reikalingą informaciją, kad jis galėtų rinktis, žinodamas faktus (2016 m. liepos 14 d. Sprendimo Verband Sozialer Wettbewerb, C‑19/15 , EU:C:2016:563 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Be to, šiuo klausimu reikia priminti, kad Reglamento 1924/2006 16 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, jog svarbu, kad vartotojas suprastų teiginius, susijusius su maisto produktais, ir kad visi vartotojai turi būti apsaugoti nuo klaidinančių teiginių, nurodant, kad šiame reglamente kaip vertinimo kriterijus pasirenkamas vidutinis vartotojas, kuris yra pakankamai gerai informuotas, atidus bei atsargus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius. Galiausiai, kiek tai susiję su Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalies kontekstu, pažymėtina, kad šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies 5 punkte sąvoka „teiginys apie sveikatingumą [sveikumą]“ apibrėžiama kaip „teiginys, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai teigiama ar užsimenama, kad esama ryšio tarp maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar vienos jo sudedamųjų dalių ir sveikatos“. Be to, reikia pabrėžti, kad Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio, kuris yra šio reglamento IV skyriuje „Teiginiai apie sveikatingumą [sveikumą]“, 1 dalyje nustatyta, kad teiginiai apie sveikumą draudžiami, išskyrus atvejus, kai jie atitinka II skyriaus bendrąsias nuostatas ir IV skyriaus konkrečius reikalavimus, taip pat yra įtraukti į leidžiamų vartoti teiginių sąrašus, nurodytus šio reglamento 13 ir 14 straipsniuose. Taigi Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principinis draudimas vartoti teiginius apie sveikumą, išskyrus teiginius, įtrauktus leidžiamų teiginių sąrašus, numatytus to paties reglamento 13 ar 14 straipsniuose. Be to, iš sisteminio Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio aiškinimo matyti, kad jo 3 dalyje nustatoma nuo 1 dalyje įtvirtinto principo nukrypti leidžianti nuostata, todėl pagal Teisingumo Teismo suformuotą jurisprudenciją 3 dalyje nustatytas reikalavimas pateikti kartu turi būti aiškinamas griežtai (šiuo klausimu žr. 2017 m. kovo 16 d. Sprendimo AKM, C‑138/16 , EU:C:2017:218 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Šio reglamento 10 straipsnio 3 dalyje daromas skirtumas tarp dviejų teiginių apie sveikumą kategorijų, t. y. viena vertus, konkretaus teiginio apie sveikumą, numatyto nagrinėjamuose sąrašuose pagal minėto reglamento 10 straipsnio 1 dalį, ir, kita vertus, „bendro pobūdžio“ teiginio apie sveikumą, kuris sudaro nuorodą į šią bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą, kuri turi būti pateikiama kartu su šiuose pačiuose sąrašuose pateiktu teiginiu apie sveikumą. Įgyvendinimo sprendimo 2013/63, kurį Komisija priėmė įgyvendindama įgaliojimus, Sąjungos teisės aktų leidėjo jai suteiktus pagal Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 4 dalį ir 25 straipsnį, priedo 3 punkte šiuo klausimu nustatyta, kad pagal šio reglamento 10 straipsnio 3 dalį be išankstinio leidimo, tačiau laikantis specialių sąlygų, leidžiama vartoti nesudėtingus ir patrauklius teiginius, kuriais daroma nuoroda į tokio pobūdžio naudą, kuriuos vartotojai gali neteisingai suprasti ir (arba) klaidingai aiškinti tokius teiginius, todėl darant nuorodą į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai būtina „kartu su tokia nuoroda pateikti teiginį apie sveikumą, įtrauktą į leidžiamų vartoti teiginių sąrašus Sąjungos registre“. Tame pačiame punkte patikslinama, kad minėto reglamento tikslais leidžiamas teiginys apie sveikumą pateikiamas kartu su teiginiu apie bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai, pateikiant jį „šalia“ arba „po“ tokio teiginio. Iš šių aplinkybių matyti, kad reikalavimas „[kartu pateikti]“, kaip tai suprantama pagal minėto reglamento 10 straipsnio 3 dalį, turi būti aiškinamas taip, kad juo reikalaujama ne tik to, kad konkrečiame teiginyje apie sveikumą būtų sukonkretinamas teiginio apie sveikumą, išdėstyto vartojant bendrus terminus, turinys, bet taip pat, kad šių dviejų teiginių atspausdinimo ant atitinkamo produkto išorinės pakuotės vieta leistų vidutiniam, pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui suprasti ryšį tarp šių minėtų teiginių. Todėl reikia pripažinti, kad sąvoka „kartu pateikiamas“ pagal šią nuostatą turi būti aiškinama taip, kad ji apima tiek materialinę, tiek vaizdinę išraišką. Taigi, viena vertus, atsižvelgiant į sąvokos „kartu pateikiamas“ materialinę išraišką, pagal ją reikalaujama, kad turinys atitiktų bendrojo pobūdžio teiginį dėl sveikumo ir konkretų teiginį dėl sveikumo, o tai iš esmės reiškia, kad antrasis teiginys turi visiškai pagrįsti pirmąjį. Kita vertus, priešingai, nei teigia atsakovė pagrindinėje byloje, Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalyje numatyto reikalavimo „[kartu pateikti]“ negalima laikyti tinkamai įvykdytu vien dėl to, kad materialiniu požiūriu egzistuoja akivaizdus ryšys tarp „bendrojo pobūdžio“ teiginio apie sveikumą ir jam pagrįsti skirto konkretaus teiginio apie sveikumą, neatsižvelgiant į atitinkamas šių teiginių atspausdinimo ant atitinkamos išorinės pakuotės vietas, taigi ir į šio reikalavimo vaizdinę išraišką. Šiuo klausimu reikia pažymėti, jog Reglamento Nr. 1924/2006 29 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad turėtų būti atsižvelgiama į teiginio apie sveikumą formuluotę ir pateikimą, siekiant užtikrinti, kad teiginiai apie sveikumą būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir padėtų vartotojui pasirinkti sveiką mitybą. Taigi vaizdiniu požiūriu įvairių elementų ant konkretaus produkto išorinės pakuotės vieta yra veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti vertinant, ar reikalavimas „[kartu pateikti]“ gali būti laikomas įvykdytu. Be to, iš šio reglamento 17 konstatuojamosios dalies ir 6 straipsnio 2 dalies matyti, kad maisto ūkio subjektas, pateikiantis teiginį apie maistingumą ar sveikumą, turi pagrįsti šio teiginio vartojimą. Šiuo klausimu Įgyvendinimo sprendimo 2013/63 priedo 3 punkte nurodyta, jog tam, kad būtų išvengta vartotojų klaidinimo, maisto ūkio subjektams tenka atsakomybė įrodyti ryšį tarp nuorodos į bendro pobūdžio, nekonkrečią maisto produkto teikiamą naudą ir konkretaus leidžiamo teiginio apie sveikumą, kuris pateikiamas kartu. Iš šių aplinkybių išplaukia, kad maisto ūkio subjektai turi aiškiai ir tiksliai pateikti jų vartojamus konkrečius teiginius apie sveikumą, pagrindžiančius jų vartojamas nuorodas į bendro pobūdžio nekonkrečią naudą. Todėl reikalavimo „[kartu pateikti]“, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalį, vaizdinė išraiška turi būti suprantama kaip reiškianti tai, jog vidutiniam vartotojui, kuris yra pakankamai informuotas ir protingai pastabus, leidžiama suprasti, jog tarp nuorodos į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ir konkretaus teiginio apie sveikumą egzistuoja tiesioginis vaizdinis ryšys, o tam iš principo reikia, kad nuoroda ir teiginys erdviniu požiūriu būtų šalia arba visiškai arti vienas kito. Vis dėlto konkrečiu atveju, kai visos apimties konkretūs teiginiai apie sveikumą negali būti nurodyti ant tos pačios išorinės pakuotės pusės, ant kurios atspausdinta nuoroda, kuriai pagrįsti jie skirti, atsižvelgiant į jų gausą ir ilgį, laikytina, kad tiesioginio vaizdinio ryšio reikalavimas išimties tvarka gali būti įvykdytas darant aiškią nuorodą, kaip antai pateikiant žvaigždutę, kai iš jos vartotojui aišku ir visiškai suprantama, jog teiginių apie sveikumą turinys ir ta nuoroda yra susiję. Taigi nacionaliniai teismai, atsižvelgdami į visas bylos aplinkybes, turi patikrinti ir nustatyti, ar vaizdinio artumo reikalavimas, išplaukiantis iš Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalies, yra įvykdytas, kai susiejama žvaigždute. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje nustatytas reikalavimas, pagal kurį bet kokia nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią maistinės medžiagos ar maisto produkto naudą turi būti pateikta kartu su konkrečiu teiginiu apie sveikumą, įtrauktu į šio reglamento 13 ir 14 straipsniuose nurodytus sąrašus, nėra įvykdytas tuo atveju, kai ant maisto papildo priekinės išorinės pakuotės pusės matyti nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią maistinės medžiagos ar maisto produkto naudą sveikatai, o teiginys apie konkrečią naudą, kuris skirtas kartu pateikti, yra atspausdintas tik ant galinės šios išorinės pakuotės pusės ir jie nėra susiejami jokios aiškios nuorodos, pavyzdžiui, pateikiant žvaigždutę. Dėl antrojo klausimo Antruoju klausimu prašymu priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią maisto medžiagos ir maisto papildo naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai savijautai, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalį, turi būti pagrindžiama mokslo įrodymais, kaip jie suprantami pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir 6 straipsnio 1 dalį. Šiuo klausimu pirmiausia reikia pažymėti, kad, kaip nurodo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalies formuluotėje, skirtingai nei šio reglamento 10 straipsnio 1 dalies formuluotėje, nėra aiškios nuorodos į šio reglamento II skyriuje, kuriame įtvirtinti jo 5 ir 6 straipsniai, nustatytus bendruosius reikalavimus. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad minėtų 5 ir 6 straipsnių formuluotėse aiškiai nurodyta, kad bet kuris teiginys apie sveikumą, kaip tai suprantama pagal šį reglamentą, turi būti moksliškai pagrįstas. Iš tiesų pagal Reglamento Nr. 1924/2006 5 straipsnio 1 dalies a punktą vartoti teiginius apie maistingumą ir sveikumą leidžiama tik tokiu atveju, jei įrodyta, kad maistinės ar kitos medžiagos, apie kurią pateikiamas teiginys, buvimas, nebuvimas arba mažesnis kiekis maisto produkte ar maisto produktų kategorijai priklausančiuose produktuose pasižymi naudingu maistiniu arba fiziologiniu poveikiu, įrodytu visuotinai pripažintais mokslo duomenimis. Šio reglamento 6 straipsnyje taip pat įtvirtintas toks teiginys, jo 1 dalyje iš esmės nurodyta, kad „[t]eiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą [sveikumą] pagrindžiami ir įrodomi visuotinai pripažintais moksliniais [mokslo] duomenimis“. Tokį aiškinimą patvirtina Reglamentu Nr. 1924/2006 siekiami tikslai; kaip matyti iš šio sprendimo 35 punkto, šiuo reglamentu siekiama užtikrinti sveikatos apsaugą ir aukštą vartotojų apsaugos lygį, be kita ko, nuo klaidinančių teiginių. Be to, šio reglamento 14 konstatuojamoje dalyje pažymima būtinybė užtikrinti, kad medžiagų, apie kurias pateikiamas teiginys, maistinė arba fiziologinė nauda būtų įrodyta. Be to, minėto reglamento 17 konstatuojamojoje dalyje patikslinama, kad mokslinis pagrindimas turi būti pagrindinis aspektas, į kurį reikia atsižvelgti pateikiant teiginius apie maistingumą ir sveikumą, o to paties reglamento 23 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad Sąjungoje vartoti teiginius apie sveikumą turėtų būti leidžiama tik atlikus aukščiausio įmanomo lygio mokslo įvertinimą. Galiausiai Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 1 dalyje aiškiai numatyta, kad teiginys apie sveikumą turi atitikti šio reglamento II skyriaus, kuriame įtvirtinti 5 ir 6 straipsniai, bendruosius reikalavimus. Taigi, kaip matyti iš šio sprendimo 37–39 punktų, Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalyje tiek, kiek ja leidžiama daryti nuorodą į „bendro pobūdžio“ teiginį apie sveikumą, kuris nėra įtrauktas į šio reglamento leidžiamų teiginių sąrašus, tačiau yra pateikiamas kartu su teiginiu apie sveikumą, kuris į juos yra įtrauktas, įtvirtinta nuo principo, nustatyto šio reglamento 10 straipsnio 1 dalyje, pagal kurį teiginiai apie sveikumą yra draudžiami, išskyrus nurodytuosius tokiuose sąrašuose, leidžianti nukrypti nuostata. Todėl minėto reglamento 10 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama siaurai. Darytina išvada, kad pastaroji nuostata turi būti aiškinama taip, kad toks „bendro pobūdžio“ teiginys, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, apie sveikumą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, turi atitikti šiame reglamente nustatytus įrodinėjimo reikalavimus. Vis dėlto, kaip savo išvados 71 ir 72 punktuose pažymėjo generalinis advokatas, šiuo klausimu pakanka, kad nuorodos dėl bendrųjų teiginių apie maistinių medžiagų ir maisto papildų naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai savijautai būtų pateikiamos kartu su konkrečiais teiginiais apie sveikumą, kurie pagrįsti visuotinai pripažintais mokslo įrodymais, buvo patikrinti ir yra leidžiami, nes šie teiginiai įtraukti į to paties reglamento 13 ir 14 straipsniuose nurodytus sąrašus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į antrąjį klausimą reikia atsakyti, kad Reglamento Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad nuorodos į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą, kurią maistinė medžiaga ar maisto produktas apskritai teikia sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai savijautai, turi būti grindžiamos mokslo įrodymais, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir 6 straipsnio 1 dalį. Tam pakanka, kad šios nuorodos būtų pateikiamos kartu su konkrečiais teiginiais apie sveikumą, įtrauktais į šio reglamento 13 ir 14 straipsniuose nurodytus sąrašus. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia: 1. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą [sveikumą], iš dalies pakeisto 2008 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 107/2008, 10 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje nustatytas reikalavimas, pagal kurį bet kokia nuoroda į maistinės medžiagos ar maisto produkto teikiamą bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą turi būti pateikta kartu su konkrečiu teiginiu apie sveikumą, įtrauktu į šio reglamento 13 ir 14 straipsniuose nurodytus sąrašus, yra įvykdytas tuo atveju, kai ant maisto papildo išorinės pakuotės priekinės pusės atspausdinta nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią maisto medžiagos ar maisto produkto naudą sveikatai, o teiginys apie sveikumą, skirtas pateikti kartu su šia nuoroda, pateikiamas tik ant galinės šios išorinės pakuotės pusės ir tarp jų nėra jokios kitos aiškios sąsajos, pateikiant, pavyzdžiui, žvaigždutę. 2. Reglamento Nr. 1924/2006, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 107/2008, 10 straipsnio 3 dalis, turi būti aiškinama taip, kad nuorodos į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą, kurią maistinė medžiaga ar maisto produktas apskritai teikia sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai savijautai, turi būti pagrindžiamos mokslo įrodymais, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir 6 straipsnio 1 dalį. Tam pakanka, kad šios nuorodos būtų pateikiamos kartu su konkrečiais teiginiais apie sveikumą, įtrauktais į šio reglamento 13 ir 14 straipsniuose nurodytus sąrašus. Parašai. ( *1 ) Proceso kalba: vokiečių.

62017TJ0612

de

I. Vorgeschichte des Rechtsstreits A. Hintergrund Die Google LLC, vormals Google Inc., ist eine amerikanische Gesellschaft, die auf Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets spezialisiert ist. Sie ist vor allem für ihre Suchmaschine bekannt, die es den Internetnutzern (im Folgenden auch als „Nutzer“ oder „Verbraucher“ bezeichnet) ermöglicht, mit dem von ihnen benutzten Browser und mittels Hyperlinks die Internetseiten zu finden und zu erreichen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Seit dem 2. Oktober 2015 ist die Google LLC eine 100%ige Tochtergesellschaft der Alphabet, Inc., einer Konzernobergesellschaft (im Folgenden zusammen: Google). Die unter der Adresse www.google.com oder unter ähnlichen Adressen mit landesspezifischer Erweiterung zugängliche Suchmaschine von Google liefert Suchergebnisse auf Seiten, die auf den Bildschirmen der Internetnutzer angezeigt werden. Die Suchmaschine wählt diese Ergebnisse entweder anhand allgemeiner Kriterien aus, ohne dass die Websites, auf die sie verweisen, an Google eine Vergütung dafür zahlen, dass sie angezeigt werden (im Folgenden: allgemeine Suchergebnisse oder generische Ergebnisse), oder nach einer speziellen Logik für die jeweilige Art der durchgeführten Suche (im Folgenden: spezialisierte Suchergebnisse). Die spezialisierten Suchergebnisse können gegebenenfalls ohne besonderes Zutun des Internetnutzers zusammen mit den allgemeinen Suchergebnissen auf ein und derselben Seite (im Folgenden: allgemeine Ergebnisseite[n]) angezeigt werden oder separat erscheinen, nachdem der Internetnutzer sie auf einer spezialisierten Seite der Suchmaschine von Google abgerufen oder Links in bestimmten Bereichen der allgemeinen Ergebnisseiten aktiviert hat. Google hat verschiedene spezialisierte Suchdienste entwickelt, z. B. für Nachrichten, für lokale Informationen und kommerzielle Angebote, für Flugreisen oder für den Kauf von Produkten. Um die letztgenannte Kategorie geht es in der vorliegenden Rechtssache. Die spezialisierten Suchdienste für den Kauf von Produkten (im Folgenden: Preisvergleichsdienste) verkaufen selbst keine Produkte, sondern vergleichen und wählen Angebote von Händlern aus, die das gesuchte Produkt im Internet anbieten. Bei diesen Händlern kann es sich um Direktverkäufer oder um Verkaufsplattformen handeln, die die Angebote zahlreicher Verkäufer zusammenstellen und bei denen das gewünschte Produkt unmittelbar bestellt werden kann (eBay, Amazon, PriceMinister oder die Fnac gehören zu den bekanntesten). Wie die allgemeinen Suchergebnisse können auch die spezialisierten Suchergebnisse Ergebnisse sein, die bisweilen als „natürlich“ bezeichnet werden und unabhängig von Zahlungen der Websites sind, auf die sie verweisen, auch wenn es sich bei diesen um Websites von Händlern handelt. Die Reihenfolge, in der diese natürlichen Ergebnisse auf den Ergebnisseiten präsentiert werden, ist ebenfalls von Zahlungen unabhängig. Wie bei anderen Suchmaschinen erscheinen auf den Ergebnisseiten von Google auch Ergebnisse, die im Gegensatz dazu von Zahlungen der Websites, auf die sie verweisen, abhängig sind. Diese Ergebnisse, die üblicherweise als „Anzeigen“ (oder auf Englisch abgekürzt als „ads“) bezeichnet werden, weisen ebenfalls einen Bezug zu der vom Internetnutzer durchgeführten Suche auf und werden von den natürlichen Ergebnissen einer allgemeinen oder spezialisierten Suchabfrage unterschieden, z. B. durch die Wörter „Anzeige“ oder „gesponsert“. Sie werden entweder in besonderen Bereichen der Ergebnisseiten oder inmitten der anderen Ergebnisse angezeigt. Sie können Ergebnisse einer spezialisierten Suchabfrage darstellen, und einige der spezialisierten Suchdienste von Google beruhen auf einem System kostenpflichtiger Berücksichtigung. Ihre Einblendung ist mit auktionsbasierten Zahlungsverpflichtungen der Anzeigenkunden verbunden. Gegebenenfalls werden zusätzliche Auswahlkriterien angewandt. Die Anzeigenkunden zahlen an Google eine Vergütung, wenn ein Internetnutzer den in ihrer Anzeige enthaltenen Hyperlink, der auf ihre eigene Website verweist, durch einen Mausklick aktiviert. Die allgemeinen Ergebnisseiten von Google können alle Arten von Ergebnissen enthalten oder enthalten haben, die oben in den Rn. 2 bis 5 aufgeführt sind. Wie oben in Rn. 2 dargelegt, können spezialisierte Suchergebnisse unabhängig davon, ob es sich um natürliche Suchergebnisse oder um Anzeigen handelt, auch allein auf einer spezialisierten Ergebnisseite angezeigt werden, nachdem der Internetnutzer eine spezialisierte Suchseite der Suchmaschine von Google aufgerufen oder Links in bestimmten Bereichen ihrer allgemeinen Ergebnisseiten aktiviert hat. Neben Google bieten auch andere Suchmaschinen wie Alta Vista, Yahoo, Bing oder Qwant allgemeine und spezialisierte Suchdienste an oder haben diese angeboten. Darüber hinaus gibt es spezielle Suchmaschinen für Preisvergleiche wie Bestlist, Nextag, IdealPrice, Twenga, Kelkoo oder Prix.net. Nach den unbestrittenen Erläuterungen von Google begann dieses Unternehmen im Jahr 2002, den Internetnutzern nach oder parallel zu anderen Suchmaschinen wie Alta Vista, Yahoo, AskJeeves oder America On Line (AOL) einen Preisvergleichsdienst anzubieten. Diese Initiativen sollen eine Reaktion auf die Feststellung gewesen sein, dass die bis dahin von den Suchmaschinen verwendeten Verfahren nicht unbedingt die relevantesten Ergebnisse für bestimmte Suchanfragen lieferten, wie z. B. für die Suche nach Nachrichten oder nach Produkten im Hinblick auf deren Erwerb. Google stellte daher ab Ende 2002 in den Vereinigten Staaten Vergleichsergebnisse für Produkte (im Folgenden: Produktergebnisse) bereit und erweiterte dieses Angebot etwa zwei Jahre später schrittweise auf bestimmte europäische Länder. Bei diesen Ergebnissen handelte es sich nicht um die Ergebnisse der Anwendung ihrer herkömmlichen allgemeinen Suchalgorithmen auf die in Websites vorhandenen Informationen – welche zunächst durch das sogenannte „Crawling“-Verfahren extrahiert wurden, mit dem Google Internetinhalte durchkämmt, um sie zu indexieren, sie dann zur Aufnahme in ihren „Web‑Index“ auswählt und schließlich anhand ihrer Relevanz sortiert, um sie als Antwort auf die Suchanfrage des Internetnutzers anzuzeigen –, sondern um die Ergebnisse spezifischer Algorithmen, die auf die Informationen in einer von den Verkäufern selbst gespeisten Datenbank, dem „Produktindex“, angewandt wurden. Diese Ergebnisse wurden zunächst über eine spezialisierte, als Froogle bezeichnete Suchseite bereitgestellt, die sich von der allgemeinen Suchseite der Suchmaschine unterschied, und sodann ab 2003 in den Vereinigten Staaten und ab 2005 in einigen Ländern in Europa auch über die allgemeine Suchseite der Suchmaschine. Im letztgenannten Fall erschienen die Produktergebnisse gruppiert innerhalb der allgemeinen Ergebnisseiten in der sogenannten Product OneBox (besonderes Suchergebnisfenster, im Folgenden: Product OneBox) unterhalb oder parallel zu den Anzeigen am oberen oder seitlichen Rand der Seite und über den allgemeinen Suchergebnissen, wie die folgende, von Google bereitgestellte Abbildung nebst Erläuterung zeigt: Wenn der Internetnutzer nämlich die allgemeine Suchseite nutzte, um eine Suchanfrage zu einem Produkt zu stellen, umfassten die Antworten der Suchmaschine sowohl die Ergebnisse der spezialisierten als auch die der allgemeinen Suche. Klickte der Internetnutzer auf den Link eines Ergebnisses in der Product OneBox, wurde er direkt zur entsprechenden Internetseite des Verkäufers des gesuchten Produkts weitergeleitet und konnte es dort kaufen. Außerdem ermöglichte ein spezieller Link in der Product OneBox die Weiterleitung zu einer Ergebnisseite von Froogle, die eine erweiterte Auswahl spezialisierter Produktergebnisse präsentierte. Google führt aus, umgekehrt seien die Ergebnisse von Froogle niemals in den allgemeinen Suchergebnissen angezeigt worden, während die Ergebnisse anderer spezialisierter Suchmaschinen für Preisvergleiche dort hätten erscheinen können. Google gibt an, die Art und Weise der Zusammenstellung der Produktergebnisse ab 2007 geändert zu haben. Anlässlich dieser Änderungen gab Google die Bezeichnung Froogle für ihre spezialisierten Such- und Ergebnisseiten für Produktvergleiche auf und ersetzte sie durch die Bezeichnung Product Search. Was die Produktergebnisse betrifft, die über die allgemeine Suchseite auf den allgemeinen Ergebnisseiten angezeigt wurden, erweiterte Google zum einen den Inhalt der Product OneBox durch hinzugefügte Fotografien. Hierzu legt Google die folgende Abbildung vor, die die erste Art hinzugefügter Fotografien darstellt: Google diversifizierte auch die möglichen Resultate der Aktivierung eines dort angezeigten Ergebnislinks: Je nach Fall wurde der Internetnutzer direkt zur entsprechenden Website des Verkäufers des gesuchten Produkts weitergeleitet, wo er dieses wie bisher kaufen konnte, oder er wurde zur spezialisierten Ergebnisseite Product Search weitergeleitet, wo weitere Angebote desselben Produkts angezeigt wurden. Die Product OneBox wurde schrittweise in den verschiedenen Ländern (z. B. 2008 im Vereinigten Königreich und in Deutschland) in Product Universal (im Folgenden: Product Universal) umbenannt und zugleich attraktiver gestaltet. Zur Darstellung der beiden Varianten von Product Universal legt Google die folgenden Abbildungen mit Bildunterschriften vor: Zum anderen führte Google einen Mechanismus namens Universal Search ein, der es, sobald eine Suche nach einem zu erwerbenden Produkt erkannt wurde, möglich machte, auf der allgemeinen Ergebnisseite die von der Product OneBox und später die von der Product Universal stammenden Produkte im Verhältnis zu den allgemeinen Suchergebnissen in eine Rangfolge zu bringen. Was die auf ihren Ergebnisseiten angezeigten Produktergebnisse betrifft, für die die Anzeigenkunden Zahlungen leisteten, führte Google ab September 2010 in Europa ein gegenüber den bislang angezeigten, nur aus Texten bestehenden Anzeigen (im Folgenden: Textanzeigen) angereichertes Format ein. Nach Wahl des Anzeigenkunden konnte der Internetnutzer durch Anklicken des Textes Fotografien der gesuchten Produkte und die vom Anzeigenkunden angebotenen Preise in einem gegenüber der ursprünglichen Textanzeige vergrößerten Format betrachten. Zur Darstellung einer so erweiterten Textanzeige legt Google die folgende Abbildung nebst Erläuterung vor: Diese Funktion zur Vergrößerung der Textanzeigen ergänzte Google in Europa ab November 2011, indem sie auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten direkt Gruppen von Anzeigen mehrerer Anzeigenkunden mit Fotos und Preisen anzeigte, die sie als „Listen von Produktanzeigen“ oder „Produktanzeigen“ (im Folgenden: Produktanzeigen) bezeichnete und die entweder am rechten oder am oberen Rand der Ergebnisseite eingeblendet wurden. Durch Anklicken einer in dieser Gruppe enthaltenen Anzeige wurde der Internetnutzer zur Website des Anzeigenkunden weitergeleitet. Google legt folgende Abbildung einer Produktanzeige vor: In der Folge stellte Google auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten die gleichzeitige Einblendung gruppierter natürlicher Ergebnisse spezialisierter Produktsuchanfragen (Product Universal), gruppierter Produktanzeigen (product ads), gegebenenfalls erweiterter Textanzeigen (text ads) sowie allgemeiner Suchergebnisse ein, weil sie es nicht für wünschenswert hielt, diese Darstellung beizubehalten. Ferner stellte Google im Jahr 2013 die Product Universal sowie die Einblendung erweiterter Textanzeigen auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten in Europa ein. Somit wurden dort seitdem nur noch die in „Shopping Commercial Units“ oder „Shopping Units“ (gruppierte Produktwerbung, im Folgenden: Shopping Units) umbenannten gruppierten Produktanzeigen, Textanzeigen und allgemeine Suchergebnisse angezeigt. Zur Darstellung einer Shopping Unit, die Textanzeigen und einem allgemeinen Suchergebnis vorangestellt ist, legt Google die folgende Abbildung nebst Erläuterung vor: Somit wurde der Internetnutzer, der eine in einer Shopping Unit enthaltene Anzeige anklickte, stets zur Verkaufswebsite des Anzeigenkunden weitergeleitet. Von der allgemeinen Ergebnisseite aus konnte er nur dann auf die spezialisierte Such- und Ergebnisseite für Produktvergleiche von Google mit weiteren Anzeigen zugreifen, wenn er einen speziellen Link am oberen Rand der Shopping Unit oder einen über das allgemeine Navigationsmenü (Registerkarte „Shopping“) zugänglichen Link anklickte. Google weist darauf hin, dass bei der Auswahl der Anzeigen für die Shopping Unit nicht nur der oben in Rn. 5 genannte Auktionsmechanismus zur Anwendung kam, sondern auch Kriterien der oben in Rn. 8 genannten Art, die sie verwendete, um ihre natürlichen Produktergebnisse bereitzustellen. Sie trägt unwidersprochen vor, dass die Auswahl gegebenenfalls dazu führen konnte, dass in der Reihenfolge der Präsentation auf der allgemeinen Ergebnisseite Textanzeigen gegenüber der Shopping Unit Vorrang erhielten oder umgekehrt, oder sogar dazu, dass die Shopping Unit gar nicht eingeblendet wurde, wenn die Zahl qualitativ hochwertiger Anzeigen unzureichend war. Gleichzeitig mit der Entfernung der Product Universal von ihrer allgemeinen Ergebnisseite verzichtete Google auch darauf, natürliche Ergebnisse auf ihrer spezialisierten Ergebnisseite Product Search zu präsentieren, die sich zu einer reinen Anzeigenseite mit der Bezeichnung Google Shopping entwickelt hatte. Google legt die folgende Abbildung einer Seite von Google Shopping vor: B. Verwaltungsverfahren Die vorliegende Rechtssache geht auf mehrere Beschwerden zurück, die seit November 2009 von Unternehmen, Unternehmensvereinigungen und Verbraucherverbänden bei der Europäischen Kommission eingereicht wurden, sowie auf Sachen, die von nationalen Wettbewerbsbehörden (insbesondere dem Bundeskartellamt, Deutschland) an die Kommission verwiesen wurden. Am 30. November 2010 leitete die Kommission gegen Google ein Verfahren nach Art. 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 773/2004 der Kommission vom 7. April 2004 über die Durchführung von Verfahren auf der Grundlage der Artikel [101] und [102 AEUV] durch die Kommission ( ABl. 2004, L 123, S. 18 ) ein. Am 13. März 2013 nahm die Kommission im Hinblick auf die etwaige Annahme von Verpflichtungszusagen von Google, die ihren Bedenken Rechnung tragen sollten, eine vorläufige Beurteilung auf der Grundlage von Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln [101] und [102 AEUV] niedergelegten Wettbewerbsregeln ( ABl. 2003, L 1, S. 1 ) an. In ihrer vorläufigen Beurteilung vertrat die Kommission u. a. die Auffassung, dass Google dadurch, dass sie auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten Links zu ihren eigenen spezialisierten Suchdiensten gegenüber denen zu konkurrierenden spezialisierten Suchdiensten bevorzugt behandele, möglicherweise gegen Art. 102 AEUV und Art. 54 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verstoße. Obwohl Google der rechtlichen Analyse in der vorläufigen Beurteilung nicht zustimmte und der Einstufung der von der Kommission beschriebenen Praktiken als Verstoß gegen Art. 102 AEUV entgegentrat, unterbreitete sie drei Bündel von Verpflichtungsangeboten, das erste am 3. April 2013, das zweite am 21. Oktober 2013 und das dritte am 31. Januar 2014. Zwischen dem 27. Mai 2014 und dem 11. August 2014 richtete die Kommission an die Beschwerdeführer, die vor dem 27. Mai 2014 eine Beschwerde eingelegt hatten, ein Schreiben nach Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 773/2004, in dem sie ihnen mitteilte, sie beabsichtige, ihre Beschwerden zurückzuweisen. Die Schreiben enthielten die vorläufige Beurteilung der Kommission, wonach das von Google vorgelegte dritte Bündel von Verpflichtungsangeboten die in der vorläufigen Beurteilung geäußerten wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausräumen könne. Als Antwort auf diese Schreiben reichten 19 Beschwerdeführer Stellungnahmen ein. Nach Prüfung dieser Stellungnahmen teilte die Kommission Google am 4. September 2014 mit, dass sie sich letztlich nicht in der Lage sehe, einen Beschluss über die Annahme von Verpflichtungszusagen gemäß Art. 9 der Verordnung Nr. 1/2003 zu erlassen. Am 15. April 2015 nahm die Kommission das in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 1/2003 vorgesehene Verfahren zur Feststellung einer Zuwiderhandlung wieder auf und erließ eine an Google gerichtete Mitteilung der Beschwerdepunkte, in der sie zu dem vorläufigen Ergebnis gelangte, dass die in Rede stehenden Praktiken einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellten und daher gegen Art. 102 AEUV verstießen. Am 27. April 2015 gewährte die Kommission Google Akteneinsicht. Zwischen Juni und September 2015 übermittelte die Kommission eine nicht vertrauliche Fassung der Mitteilung der Beschwerdepunkte an 24 Beschwerdeführer und zehn Beteiligte. Insgesamt reichten 20 Beschwerdeführer und sieben Beteiligte Stellungnahmen ein. Am 27. August 2015 reichte Google ihre Antwort auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte ein. Zwischen Oktober und November 2015 übermittelte die Kommission eine nicht vertrauliche Fassung der Antwort auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte an 23 Beschwerdeführer und neun Beteiligte. 14 Beschwerdeführer und sieben Beteiligte reichten Stellungnahmen ein. Am 14. Juli 2016 erließ die Kommission eine ergänzende Mitteilung der Beschwerdepunkte. Am 27. Juli 2016 gewährte die Kommission Google erneut Akteneinsicht. Zwischen September und Oktober 2016 übermittelte die Kommission eine nicht vertrauliche Fassung der ergänzenden Mitteilung der Beschwerdepunkte an 20 Beschwerdeführer und sechs Beteiligte. Neun Beschwerdeführer und drei Beteiligte reichten Stellungnahmen zur ergänzenden Mitteilung der Beschwerdepunkte ein. Am 3. November 2016 reichte Google ihre Antwort auf die ergänzende Mitteilung der Beschwerdepunkte ein. Am 28. Februar 2017 übersandte die Kommission Google ein „Sachverhaltsschreiben“, in dem sie auf Beweismittel hinwies, die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte und der ergänzenden Mitteilung der Beschwerdepunkte nicht ausdrücklich angeführt worden seien, sich aber nach Prüfung der Akten möglicherweise als relevant erweisen könnten, um die aus diesen Rechtsakten gezogene vorläufige Schlussfolgerung zu untermauern. Am 1. März 2017 gewährte die Kommission Google erneut Akteneinsicht. Am 18. April 2017 antwortete Google auf das „Sachverhaltsschreiben“. Am 27. Juni 2017 erließ die Kommission den Beschluss C(2017) 4444 final in einem Verfahren nach Art. 102 AEUV und Art. 54 des EWR-Abkommens (Sache AT.39740 – Google Search [Shopping], im Folgenden: angefochtener Beschluss). C. Angefochtener Beschluss Nachdem die Kommission im angefochtenen Beschluss die Verfahrensabschnitte, die zu dessen Erlass geführt hatten, dargelegt und die von Google gegen die Durchführung dieses Verfahrens erhobenen Einwendungen zurückgewiesen hatte, definierte sie zunächst die relevanten Märkte im Sinne der Wettbewerbsregeln. Die Kommission wies darauf hin, dass sie im Zusammenhang mit der Feststellung einer etwaigen beherrschenden Stellung eines Unternehmens auf einem Markt nicht nur die Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, sondern auch die Struktur von Angebot und Nachfrage berücksichtigen müsse, um den oder die relevanten Märkte zu bestimmen. In diesem Zusammenhang sei die Frage, ob die Waren oder Dienstleistungen unterscheidbar seien, aus der Sicht der Verbrauchernachfrage zu beurteilen. Als relevante Märkte sah die Kommission den Markt für allgemeine Online-Suchdienste sowie den Markt für Online-Preisvergleichsdienste an. Was erstens den Markt für allgemeine Online-Suchdienste betrifft, wies die Kommission darauf hin, dass die Bereitstellung eines solchen Dienstes eine wirtschaftliche Tätigkeit sei, weil die Internetnutzer diesen Dienst zwar kostenlos nutzten, aber akzeptierten, dass der Betreiber der Suchmaschine Daten über sie erhebe, die er anschließend verwerten könne, insbesondere bei Anzeigenkunden, die Werbung auf den Ergebnisseiten einblenden wollten. Allgemein würde bei den „dualen“ Plattformen die für einen der Nutzertypen (hier den Internetnutzer) unentgeltliche Seite, sofern sie gut funktioniere, die Nachfrage nach der anderen Seite verstärken, die für ihren Nutzertyp (hier den Anzeigenkunden, der möglichst viele Internetnutzer erreichen wolle) kostenpflichtig sei. Insoweit stünden die verschiedenen allgemeinen Online-Suchdienste im Wettbewerb, um durch die Qualität ihrer Suchmaschine sowohl Internetnutzer als auch Anzeigenkunden anzuziehen. Die Kommission vertrat sodann die Auffassung, dass aus der Sicht der Nachfrage der Internetnutzer nur eine geringe Substituierbarkeit zwischen allgemeinen Suchdiensten und anderen im Internet angebotenen Dienstleistungen bestehe. Insbesondere ließen sich die allgemeinen Suchdienste nur begrenzt durch spezialisierte Suchdienste substituieren, weil diese nur ihr jeweiliges Spezialgebiet abdeckten. Außerdem leiteten diese meistens nur zu kommerziellen Angeboten weiter, während die allgemeinen Suchdienste auf alle Arten von Dienstleistungen im Internet verwiesen. Die Art und Weise, wie diese verschiedenen Suchdienste Antworten lieferten, sei ebenfalls unterschiedlich, und sei es auch nur in Bezug auf den Aufbau ihrer Datenbanken. Auch ihre Finanzierungsmodelle unterschieden sich, weil die allgemeinen Suchdienste sich ausschließlich durch die kostenpflichtige Einblendung von Werbeanzeigen auf ihren Ergebnisseiten finanzierten, während die spezialisierten Suchdienste sich darüber hinaus durch Zahlungen der Unternehmen finanzierten, deren Websites in den Suchergebnissen erwähnt würden, wenn die Internetnutzer den dort angegebenen Links folgten (Pay per click oder Zahlung für nachfolgende Transaktionen). Konkrete Beispiele, darunter auch das von Google, bestätigten diese Unterschiede. So stellten zahlreiche Unternehmen, die spezialisierte Suchdienste anböten, wie Shopzilla (Preisvergleichsdienst) oder Kaayak (Preisvergleichsdienst für Reisen), keine allgemeinen Suchdienste bereit. Google selbst unterscheide sehr wohl zwischen den beiden Arten von Suchdiensten und stelle systematisch besondere Such- und Ergebnisseiten für ihre spezialisierten Suchdienste bereit. Auch Branchenanalysten unterschieden zwischen diesen beiden Arten von Diensten. Die Kommission wies außerdem auf weitere Unterschiede in der Funktionalität oder der Nutzung dieser beiden Arten von Diensten hin, auch wenn bisweilen beide in der Lage seien, Antworten auf dieselbe Suchanfrage zu liefern. Zur Substituierbarkeit auf der Angebotsseite führte die Kommission zudem aus, dass allgemeine Suchdienste und andere im Internet angebotene Dienstleistungen kaum austauschbar seien. Sie stützte sich insoweit darauf, dass für die Anbieter anderer Internetdienste Zutrittsschranken zum Markt für allgemeine Suchdienste bestünden, um darzulegen, dass es für diese Anbieter schwierig sei, kurzfristig und ohne erhebliche Kosten oder Risiken in Wettbewerb zu den bereits vorhandenen Anbietern von allgemeinen Suchdiensten zu treten. Im Wesentlichen war die Kommission der Ansicht, dass ein Anbieter von Online-Diensten, der einen neuen allgemeinen Suchdienst anbieten wolle, sehr hohe Investitionen auf sich nehmen müsse. Mehrere große Internetunternehmen hätten darauf hingewiesen, dass es insoweit erhebliche Marktzutrittsschranken gebe. Damit ein allgemeiner Suchdienst gut funktionieren und sich auf dem Markt behaupten könne, müsse er eine erhebliche Zahl von Suchanfragen erhalten. Da sich die Qualität der Antworten auf die Suchanfragen der Internetnutzer deutlich verbessert habe, sei es heute nicht mehr wahrscheinlich, dass die Marktpositionen in Frage gestellt würden, wie das in der Vergangenheit habe beobachtet werden können, als Google die damals führenden Suchmaschinen Alta Vista und Lycos überholt habe. Auch die Entwicklung der Werbung auf den allgemeinen Ergebnisseiten begünstige den Marktführer, der angesichts der Zahl der Nutzer seines allgemeinen Suchdienstes mehr Anzeigenkunden anziehen könne. Dies erschwere den Eintritt neuer Anbieter umso mehr, so dass seit 2007 im Gegenteil habe beobachtet werden können, dass bestimmte Anbieter ihre Tätigkeit eingestellt oder auf einen nationalen Markt oder Sprachraum beschränkt hätten. Nur Microsoft sei es gelungen, diese Tätigkeit in nennenswerter Weise mit ihrer Suchmaschine Bing auszuüben, die jedoch in keinem Land des EWR einen Marktanteil von mehr als 10 % erreicht habe. Die Kommission vertrat sodann die Auffassung, dass bei den allgemeinen Online-Suchdiensten nicht danach zu unterscheiden sei, ob die Internetnutzer sie über Computer oder andere Endgeräte wie Tablets oder Smartphones nutzten. Sie kam daher zu dem Schluss, dass es einen sachlich relevanten Markt für allgemeine Online-Suchdienste gebe. Was zweitens den Markt für Online-Preisvergleichsdienste betrifft, führte die Kommission folgende Gründe für dessen Existenz an: Preisvergleichsdienste unterschieden sich von anderen spezialisierten Online-Suchdiensten. Aus der Sicht der Nachfrageseite befasse sich jeder spezialisierte Suchdienst mit Suchanfragen, die auf eine bestimmte Art von Themen ausgerichtet seien, und liefere Antworten nur zu diesen Themen, so dass die verschiedenen spezialisierten Suchdienste nicht untereinander austauschbar seien. Aus der Sicht der Angebotsseite seien die Kriterien für die Auswahl der Antworten, der Inhalt der Datenbanken, die Art und der Tätigkeitsbereich der Betreiber der Websites, auf die ein spezialisierter Suchdienst verweisen könne, und die vertraglichen Beziehungen zu diesen Betreibern je nach Art der spezialisierten Suche so unterschiedlich, dass es für den Anbieter eines spezialisierten Suchdienstes schwierig sei, kurzfristig und ohne erhebliche Zusatzkosten einen spezialisierten Suchdienst anderer Art anzubieten und somit in dieser Hinsicht Wettbewerb auszuüben. Auch auf der Angebotsseite bestehe daher keine Substituierbarkeit zwischen den verschiedenen Arten spezialisierter Suchdienste. Aus verschiedenen Gründen bestehe auch nur eine begrenzte Substituierbarkeit zwischen den Diensten für die Anzeige allgemeiner Werbung auf den allgemeinen Ergebnisseiten (im angefochtenen Beschluss: online search advertising platforms) und den Preisvergleichsdiensten. Die Kommission führte hierzu im Wesentlichen Gründe an, die mit der Art und Weise der Entwicklung und der Funktion der beiden Arten von Diensten zusammenhängen, insbesondere mit dem Umstand, dass ein Internetnutzer, der bewusst Ergebnisse von einem Preisvergleichsdienst anfordere, nicht gezielt nach Werbung suche. Auch durch die Dienste der Online-Direktverkäufer ließen sich die Dienstleistungen von Preisvergleichsdiensten nur begrenzt substituieren. Hierzu wies die Kommission im Wesentlichen darauf hin, dass sich die Direktverkäufer auf die Produkte oder Dienstleistungen konzentrierten, die sie selbst verkauften, und dass der Umstand, dass der Internetnutzer bei ihnen einen Kauf tätigen könne, ohne zuvor eine Suche über einen Preisvergleichsdienst durchzuführen, nicht bedeute, dass diese beiden sehr unterschiedlichen Arten von Diensten austauschbar seien. Ebenso ließen sich die Preisvergleichsdienste nur begrenzt durch die Dienste der als „Händlerplattformen“ bezeichneten Online-Verkaufsplattformen substituieren. Insbesondere als Antwort auf eine Reihe von Google vorgetragener Gegenargumente legte die Kommission eine ausführliche Analyse der nach ihrer Auffassung bestehenden Unterschiede zwischen den beiden Arten von Diensten vor, die insbesondere darauf beruhten, dass diese beiden Arten von Diensten ihrer Ansicht nach unterschiedlichen Bedürfnissen von Internetnutzern und Online-Verkäufern dienten, und zwar auch insofern, als die Preisvergleichsdienste im Gegensatz zu diesen Plattformen keine Produkte verkauften und somit keine der mit dem Verkauf zusammenhängenden verschiedenen Dienstleistungen oder Verpflichtungen übernähmen. In Bezug auf die räumliche Ausdehnung der in Rede stehenden Märkte gelangte die Kommission zu dem Ergebnis, dass sowohl die Märkte für allgemeine Suchdienste als auch die Märkte für spezialisierte Preisvergleichsdienste von nationaler Dimension seien. Trotz der Möglichkeit, eine Website von jedem Ort aus zu konsultieren, führten Faktoren im Zusammenhang mit der nationalen Abschottung, insbesondere sprachlicher Natur, und die Existenz „nationaler“ Suchmaschinen zu dieser – im Übrigen von Google nicht bestrittenen – Schlussfolgerung. Im Anschluss daran führte die Kommission aus, dass Google seit 2008 in allen EWR-Ländern eine beherrschende Stellung auf dem Markt für allgemeine Suchdienste innehabe, außer in der Tschechischen Republik, in der sie diese Stellung erst seit 2011 erlangt habe. Die Kommission stützte sich in dieser Hinsicht auf eine Reihe von Faktoren. Sie hob die in verschiedenen Studien festgestellten sehr hohen und stabilen mengenmäßigen Marktanteile von Google hervor, die seit 2008 fast immer über 80 % lägen, außer in der Tschechischen Republik, wo Google seit Januar 2011 mit einem Marktanteil von über 70 % gleichwohl unangefochtener Marktführer geworden sei. Die Kommission wies auf die geringen Marktanteile der Konkurrenten von Google wie Bing und Yahoo hin. Sie wiederholte die bereits in ihrer Analyse der Definition des Marktes dargelegten Erwägungen zu den Marktzutrittsschranken und stellte auch fest, dass nur wenige Internetnutzer mehrere allgemeine Suchmaschinen nutzten, dass Google ein hohes Ansehen genieße und dass die Internetnutzer keine Nachfragemacht darstellten, weil sie voneinander unabhängig seien. Die Kommission wies das Argument von Google zurück, die Unentgeltlichkeit des Dienstes für die Internetnutzer verändere die Lage, und wies darauf hin, dass die beherrschende Stellung von Google sowohl bei der Desktop-Suche als auch bei der Suche über mobile Geräte vorhanden sei. Sie stellte sodann fest, dass Google ihre beherrschende Stellung auf 13 nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste im EWR seit verschiedenen Zeitpunkten, die bis Januar 2008 zurückreichten, missbraucht habe, indem sie den Datenverkehr von ihren allgemeinen Ergebnisseiten zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten reduziert und den zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst erhöht habe, was geeignet gewesen sei oder wahrscheinlich dazu geführt habe, wettbewerbswidrige Auswirkungen auf die entsprechenden 13 nationalen Märkte für spezialisierte Preisvergleichsdienste, aber auch auf die oben genannten Märkte für allgemeine Suchdienste zu entfalten. Die betroffenen Länder seien Belgien, die Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, das Vereinigte Königreich und Norwegen. In dieser Weise beschrieb die Kommission den Google vorgeworfenen Missbrauch. Zu den Grundsätzen führte die Kommission aus, dass die Verbote in Art. 102 AEUV und in Art. 54 des EWR-Abkommens nicht nur das Verhalten eines Unternehmens erfassen könnten, das darauf abziele, seine Stellung auf dem Markt, auf dem es bereits eine beherrschende Stellung innehabe, zu verstärken, sondern auch das Verhalten eines einen bestimmten Markt beherrschenden Unternehmens, das darauf abziele, seine Stellung auf einen benachbarten Markt auszuweiten, indem es den Wettbewerb verfälsche. Die Kommission wies darauf hin, dass der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung unabhängig von den zu diesem Zweck eingesetzten Mitteln und Verfahren und unabhängig von einem Verschulden verboten sei, das betroffene Unternehmen jedoch eine Rechtfertigung liefern könne, indem es nachweise, dass sein Verhalten objektiv notwendig gewesen sei oder dass die hervorgerufene Verdrängungswirkung durch Vorteile in Form von Effizienzsteigerungen, die auch den Verbrauchern zugutekämen, aufgewogen werden könne. Die Kommission führte in Abschnitt 7.2 des angefochtenen Beschlusses aus, der im vorliegenden Fall festgestellte Missbrauch habe darin bestanden, dass Google auf ihren allgemeinen Suchergebnisseiten ihren eigenen Preisvergleichsdienst gegenüber den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten bevorzugt positioniert und präsentiert habe. Um darzutun, inwiefern diese Verhaltensweisen missbräuchlich gewesen seien und vom Leistungswettbewerb abwichen, beschrieb die Kommission als Erstes in Abschnitt 7.2.1 des angefochtenen Beschlusses, wie Google ihren eigenen Preisvergleichsdienst gegenüber konkurrierenden Preisvergleichsdiensten bevorzugt positioniert und präsentiert habe. Dabei untersuchte die Kommission zunächst, wie die konkurrierenden Preisvergleichsdienste innerhalb der generischen Ergebnisse von Google positioniert und präsentiert wurden, bevor sie anschließend prüfte, wie der Preisvergleichsdienst von Google seinerseits auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten positioniert und präsentiert wurde. Was zum einen die Positionierung der konkurrierenden Preisvergleichsdienste angeht, stellte die Kommission fest, dass diese in den generischen Ergebnissen in Form von Links zu denjenigen ihrer Ergebnisseiten erschienen seien, die der Suchanfrage entsprochen hätten, zugleich aber durch die Anwendung sogenannter „Anpassungsalgorithmen“, insbesondere des als Panda bezeichneten Algorithmus, in der Rangfolge der generischen Ergebnisse u. a. aufgrund der Merkmale der Preisvergleichsdienste und insbesondere wegen ihres Mangels an Originalinhalten herabgestuft worden seien. Die Kommission stellte insbesondere fest, dass die in Rede stehenden Algorithmen seit ihrer Einführung auf die überwiegende Mehrheit der 361 von Google in ihrer Antwort auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte genannten Preisvergleichsdienste (im Folgenden: 361 von Google ermittelte konkurrierende Preisvergleichsdienste) angewandt worden seien und dass im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in Frankreich, in Italien und in Spanien die Sichtbarkeit der konkurrierenden Preisvergleichsdienste auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google, die Ende 2010 und Anfang 2011 am höchsten gewesen sei, nach der Einführung des Panda-Algorithmus zwischen dem 2. August 2010 und dem 2. Dezember 2016 drastisch zurückgegangen sei und sich seitdem nicht wieder erholt habe. Was zum anderen die Präsentation der konkurrierenden Preisvergleichsdienste betrifft, stellte die Kommission fest, dass diese Dienste auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google nur als generische Ergebnisse hätten angezeigt werden können, d. h. in Form einfacher blauer Links, und somit nicht in einem angereicherten Format mit zusätzlichen Bildern und Informationen über Produkte, Preise und Verkäufer hätten eingeblendet werden können, obwohl solche Informationen die Klickrate (Aktivierungsrate der Links) erhöht hätten. Zur Stützung dieser Behauptung führte die Kommission eine Reihe von Beweisen an, darunter Studien und Experimente. Als Nächstes untersuchte die Kommission, wie der Preisvergleichsdienst von Google auf den allgemeinen Ergebnisseiten positioniert und präsentiert wurde. Hinsichtlich seiner Positionierung stellte die Kommission zwei Unterschiede zur Positionierung der konkurrierenden Preisvergleichsdienste fest, nämlich zum einen, dass der Preisvergleichsdienst von Google nicht denselben Ranking-Mechanismen und insbesondere nicht den Anpassungsalgorithmen wie Panda unterlegen habe, und zum anderen, dass der Preisvergleichsdienst von Google, wenn er in einer „Box“ eingeblendet worden sei, an einer sehr gut sichtbaren Stelle erschienen sei. Zur Anwendung der Anpassungsmechanismen stellte die Kommission fest, dass diese Algorithmen keine Anwendung auf den Preisvergleichsdienst von Google gefunden hätten, obwohl dieser zahlreiche gemeinsame Merkmale mit den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten aufgewiesen habe und diese Merkmale ihn für die gleichen Herabstufungen in den generischen Ergebnissen anfällig gemacht hätten. Zur Sichtbarkeit des Preisvergleichsdienstes von Google auf den allgemeinen Ergebnisseiten führte die Kommission insbesondere aus, dass Google seit der Einführung von Product Universal die Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes in den meisten Fällen entweder oberhalb aller generischen Ergebnisse oder auf der Ebene der ersten generischen Ergebnisse platziert habe, was nach einer internen E‑Mail von Google bezweckt habe, „den Verkehr erheblich zu steigern“. Im Anschluss an eine Beschreibung der Entwicklung von Product Universal zwischen 2007 und 2012 untersuchte die Kommission die Positionierung der Shopping Unit und stellte fest, dass diese stets oberhalb der ersten generischen Ergebnisse von Google positioniert worden sei. In diesem Zusammenhang wies die Kommission als Antwort auf das Vorbringen von Google, dass die Shopping Unit eine geringe Auslösequote (Erscheinungshäufigkeit) aufgewiesen habe, darauf hin, dass deren Auslösequote in den meisten Fällen die Auslösequote der 361 von Google ermittelten konkurrierenden Preisvergleichsdienste überstiegen habe, und zwar sowohl innerhalb der ersten vier generischen Ergebnisse als auch im ersten generischen Ergebnis. Zur Untermauerung dieser Behauptung legte die Kommission Zahlen für die 13 in Rede stehenden räumlichen Märkte vor. Zur Präsentation des Preisvergleichsdienstes von Google stellte die Kommission fest, der wesentliche Unterschied gegenüber der Präsentation der konkurrierenden Preisvergleichsdienste habe darin bestanden, dass der Preisvergleichsdienst von Google mit reichhaltigeren grafischen Elementen, einschließlich Bildern und dynamischen Informationen, präsentiert worden sei. Diese reichhaltigeren grafischen Elemente führten nach Ansicht der Kommission zu höheren Klickraten für Google und damit zu einer Erhöhung ihrer Einnahmen. Die Kommission führte hierfür mehrere Anhaltspunkte an, die sich auf die eigenen Erklärungen von Google und auf das Vorbringen eines anderen Unternehmens im Verwaltungsverfahren stützten. Anschließend ging die Kommission auf die Argumente ein, mit denen Google die ihr vorgeworfene bevorzugte Behandlung bestritt. Insbesondere führte sie verschiedene Gründe an, aus denen die Einblendung und Verwendung von Product Universals und Shopping Units den Preisvergleichsdienst von Google begünstige. Ferner hielt sie das Argument, dass Google sowohl auf die Product Universal und die generischen Ergebnisse als auch auf die Shopping Unit und die anderen Produktanzeigen die gleichen Relevanzkriterien anwende, für irrelevant. Um den missbräuchlichen Charakter der in Rede stehenden Praktiken nachzuweisen, untersuchte die Kommission als Zweites in Abschnitt 7.2.2 des angefochtenen Beschlusses den Wert des Verkehrsaufkommens für die Preisvergleichsdienste. Hierzu stellte die Kommission fest, dass das Verkehrsaufkommen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Preisvergleichsdienstes in vielerlei Hinsicht von Bedeutung sei. Nachdem sie zu diesem Punkt den Inhaber mehrerer Preisvergleichsdienste zitiert hatte, nach dessen Angaben der Datenverkehr der wichtigste Aktivposten einer spezialisierten Suchmaschine sei, weil die Relevanz von Suchdiensten aus verschiedenen Gründen umso größer sei, je höher das Verkehrsaufkommen sei, bestätigte die Kommission u. a. unter Berufung auf zahlreiche Erklärungen, dass die Relevanz eines spezialisierten Suchdienstes vom Umfang und der Aktualität der bereitgestellten Informationen abhänge. Ein hohes Verkehrsaufkommen ermögliche es den Preisvergleichsdiensten nämlich, die Händler zu bewegen, ihnen mehr Daten über ihre Produkte zur Verfügung zu stellen, auf diese Weise das Angebot dieser Online-Preisvergleichsdienste zu erweitern und damit ihre Einnahmen zu erhöhen. Ferner stellte die Kommission in diesem Zusammenhang unter Verweis auf zahlreiche Erklärungen fest, dass der Datenverkehr zu Lerneffekten führe, mit denen sich die Relevanz der Suchergebnisse und damit der Nutzen des den Internetnutzern angebotenen Preisvergleichsdienstes steigern lasse. Schließlich erläuterte die Kommission, dass der Datenverkehr es den Preisvergleichsdiensten ermögliche, Experimente zur Verbesserung ihrer Suchdienste durchzuführen und den Internetnutzern, die sie konsultierten, zusätzliche Suchbegriffe vorzuschlagen. Um den missbräuchlichen Charakter der in Rede stehenden Praktiken darzutun, führte die Kommission als Drittes in Abschnitt 7.2.3 des angefochtenen Beschlusses aus, dass diese Praktiken den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten verringerten und den Verkehr von diesen Seiten zum Preisvergleichsdienst von Google erhöhten. Die Kommission untermauerte diese Schlussfolgerung durch drei Gesichtspunkte. Zunächst gelangte die Kommission auf der Grundlage einer Analyse des Verhaltens der Internetnutzer zu dem Schluss, dass generische Ergebnisse, die innerhalb der ersten drei bis fünf Ergebnisse auf der ersten allgemeinen Ergebnisseite platziert seien, viel Verkehr zu einer Website lenkten, während die Internetnutzer den nachfolgenden Ergebnissen, die häufig nicht unmittelbar auf dem Bildschirm angezeigt würden, wenig oder gar keine Aufmerksamkeit schenkten. Die Kommission fügte hinzu, dass etwa 95 % der Klicks der Internetnutzer auf die ersten zehn Ergebnisse entfielen. Auf der Grundlage von Studien, die Microsoft durchgeführt hatte, präzisierte die Kommission, dass die Position eines bestimmten Links in den generischen Ergebnissen unabhängig von der Relevanz der Website, zu der er führe, einen erheblichen Einfluss auf die Klickrate dieses Links habe und dass sich eine Änderung der Rangfolge eines Suchergebnisses auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google erheblich auf den von den allgemeinen Suchanfragen ausgehenden Verkehr auswirke. Weiter stellte die Kommission fest, dass die in Rede stehenden Praktiken in jedem der 13 EWR-Länder, in denen sie angewandt worden seien, über einen beträchtlichen Zeitraum zu einem Rückgang des Datenverkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu fast allen konkurrierenden Preisvergleichsdiensten geführt hätten. Schließlich stellte die Kommission fest, dass die in Rede stehenden Praktiken zu einem Anstieg des Datenverkehrs von Google zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst geführt hätten. Zur Untermauerung dieser Feststellungen stützte sich die Kommission auf verschiedene Gesichtspunkte. Sie wies die Argumente zurück, mit denen Google die festgestellten Entwicklungen des Verkehrsaufkommens und den Kausalzusammenhang zwischen ihrem Verhalten und diesen Entwicklungen bestritten hatte. Um den missbräuchlichen Charakter der in Rede stehenden Praktiken darzutun, machte die Kommission als Viertes in Abschnitt 7.2.4 des angefochtenen Beschlusses geltend, dass der durch diese Praktiken umgeleitete Datenverkehr einen großen Teil des Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten ausgemacht habe und durch andere Verkehrsquellen, die diesen Preisvergleichsdiensten derzeit zur Verfügung stünden, nämlich durch AdWords-Textanzeigen, mobile Anwendungen, direkten Verkehr, Verweise von anderen Partner-Websites, soziale Netzwerke und andere allgemeine Suchmaschinen, nicht wirksam habe ersetzt werden können. Um den missbräuchlichen Charakter der in Rede stehenden Praktiken darzutun, legte die Kommission als Fünftes in Abschnitt 7.3 des angefochtenen Beschlusses dar, dass diese Praktiken potenzielle wettbewerbswidrige Auswirkungen auf die oben in Rn. 55 erwähnten 13 nationalen Märkte für spezialisierte Preisvergleichsdienste und 13 nationalen Märkte für allgemeine Suchdienste hätten. In Bezug auf die Märkte für spezialisierte Preisvergleichsdienste versuchte die Kommission nachzuweisen, dass die in Rede stehenden Praktiken dazu führen könnten, dass konkurrierende Preisvergleichsdienste ihre Tätigkeit einstellten, dass sie sich negativ auf die Innovation auswirken könnten und dass sie somit die Möglichkeiten der Verbraucher einschränken könnten, Zugang zu den leistungsstärksten Diensten zu erhalten. Dies beeinträchtige die Wettbewerbsstruktur dieser Märkte. Falls Händlerplattformen in diese Märkte einzubeziehen wären, ergäben sich nach Ansicht der Kommission die gleichen Auswirkungen auf die engsten Wettbewerber von Google, d. h. auf die konkurrierenden Preisvergleichsdienste. Was die nationalen Märkte für allgemeine Suchdienste anbelangt, führte die Kommission die wettbewerbswidrigen Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken darauf zurück, dass Google die zusätzlichen Ressourcen, die ihr Preisvergleichsdienst über ihre allgemeinen Ergebnisseiten erhalte, zur Stärkung ihres allgemeinen Suchdienstes verwenden könne. Zusammenfassend hat die Kommission im angefochtenen Beschluss nachzuweisen versucht, dass Google ihren Preisvergleichsdienst auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten günstiger positioniert und herausgestellt habe als konkurrierende Preisvergleichsdienste (Abschnitt 7.2.1 des angefochtenen Beschlusses), dass ein erheblicher Datenverkehr, d. h. eine hohe Zahl von Besuchen, für Preisvergleichsdienste wesentlich sei (Abschnitt 7.2.2 des angefochtenen Beschlusses), dass das Verhalten von Google den Verkehr zu ihrem Preisvergleichsdienst erhöht und den Verkehr zu konkurrierenden Preisvergleichsdiensten verringert habe (Abschnitt 7.2.3 des angefochtenen Beschlusses), dass der Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google einen großen Teil des Verkehrs dieser konkurrierenden Preisvergleichsdienste ausgemacht habe und nicht wirksam durch andere Verkehrsquellen ersetzt werden könne (Abschnitt 7.2.4 des angefochtenen Beschlusses), dass das in Rede stehende Verhalten zu einer Ausdehnung der beherrschenden Stellung von Google auf andere Märkte als den Markt führen könne, auf dem diese Stellung bereits bestanden habe, nämlich auf die Märkte für spezialisierte Preisvergleichsdienste (Abschnitt 7.3.1 des angefochtenen Beschlusses), dass – selbst wenn die Preisvergleichsdienste in weiter gefasste Märkte einzubeziehen wären, die auch die Dienste von Online-Händlerplattformen umfassten – dieselben wettbewerbswidrigen Wirkungen in dem auf die Preisvergleichsdienste entfallenden Segment dieser Märkte auftreten würden (Abschnitt 7.3.2 des angefochtenen Beschlusses) und dass dieses Verhalten auch die beherrschende Stellung von Google auf den Märkten für allgemeine Suchdienste schütze (Abschnitt 7.3.3 des angefochtenen Beschlusses). Sie wies insbesondere auf die Nachteile hin, die den Verbrauchern aus dieser Situation entstehen könnten. Die Kommission wies das gegen diese Analyse gerichtete Vorbringen von Google zurück, wonach die herangezogenen rechtlichen Kriterien nicht die richtigen seien (Abschnitt 7.4 des angefochtenen Beschlusses). Ferner wies sie die von Google vorgebrachten Rechtfertigungsgründe zurück, die dartun sollten, dass ihr Verhalten nicht missbräuchlich gewesen sei (Abschnitt 7.5 des angefochtenen Beschlusses), weil es objektiv notwendig gewesen sei oder etwaige Wettbewerbsbeschränkungen, zu denen es geführt habe, durch Effizienzsteigerungen, die dem Verbraucher zugutekämen, aufgewogen würden. Wie sich insbesondere aus den Erwägungsgründen 344 und 512 des angefochtenen Beschlusses ergibt, besteht das von der Kommission konkret als Quelle des Missbrauchs von Google festgestellte Verhalten im Wesentlichen darin, dass Google ihren Preisvergleichsdienst auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten in hervorgehobener und augenfälliger Weise in speziellen „Boxen“ einblendete, ohne ihn ihren für die allgemeine Suchabfrage verwendeten Anpassungsalgorithmen zu unterwerfen, während konkurrierende Preisvergleichsdienste auf diesen Seiten gleichzeitig nur als allgemeine Suchergebnisse (blaue Links) angezeigt werden konnten und aufgrund der Anwendung dieser Anpassungsalgorithmen tendenziell einen niedrigen Rang erhielten. Die Kommission wies in den Erwägungsgründen 440 und 537 des angefochtenen Beschlusses darauf hin, dass sie die verschiedenen von Google verwendeten und als Relevanzkriterien bezeichneten Auswahlkriterien nicht als solche beanstande, sondern den Umstand, dass Google auf ihren eigenen Preisvergleichsdienst und auf die konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht dieselben für die Positionierung und die Präsentation maßgeblichen Kriterien angewandt habe. Ebenso führte sie im 538. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses aus, dass sie die Hervorhebung der von Google als relevant angesehenen spezialisierten Ergebnisse von Preisvergleichsdiensten nicht als solche beanstande, sondern den Umstand, dass Google die Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes und die der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht in gleicher Weise hervorgehoben habe. Im Anschluss an diese Darlegungen stellte die Kommission in Art. 1 des angefochtenen Beschlusses fest, dass die Google Inc. sowie Alphabet seit ihrer Übernahme der Kontrolle über die Google Inc. in den oben in Rn. 55 genannten 13 Ländern, die entweder Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder andere Vertragsstaaten des EWR-Abkommens seien, ab verschiedenen Zeitpunkten, die der Einführung von spezialisierten Produktergebnissen oder Produktanzeigen auf der allgemeinen Ergebnisseite von Google entsprächen, gegen Art. 102 AEUV und Art. 54 des EWR-Abkommens verstoßen hätten. Die Kommission gelangte zu dem Ergebnis, dass Google anzuweisen sei, das beanstandete Verhalten innerhalb von 90 Tagen zu beenden und ähnliche Verhaltensweisen mit demselben Zweck oder derselben Wirkung zu unterlassen. Sie wies darauf hin, dass Google dieser Anordnung zwar auf unterschiedliche Weise nachkommen könne, aber bestimmte Grundsätze unabhängig davon zu beachten seien, ob Google beschließe, die Shopping Units oder andere Gruppen von Suchergebnissen für Preisvergleiche auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten beizubehalten oder nicht. Zu diesen Grundsätzen gehöre im Wesentlichen der Grundsatz einer nicht diskriminierenden Behandlung des Preisvergleichsdienstes von Google und der konkurrierenden Preisvergleichsdienste. Die Anordnung, das beanstandete Verhalten zu beenden, ist in Art. 3 des verfügenden Teils des angefochtenen Beschlusses enthalten. Schließlich hielt es die Kommission für gerechtfertigt, gegen Google eine Geldbuße zu verhängen. Sie wies darauf hin, dass sie nach Art. 23 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 1/2003 und Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 2894/94 des Rates vom 28. November 1994 mit Durchführungsvorschriften zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum ( ABl. 1994, L 305, S. 6 ) eine solche Sanktion gegen Unternehmen verhängen könne, die vorsätzlich oder fahrlässig gegen Art. 102 AEUV und Art. 54 des EWR-Abkommens verstoßen hätten. Sie wies auch auf die in Art. 23 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1/2003 genannten allgemeinen Parameter für die Festsetzung von Geldbußen hin, nämlich die Schwere und die Dauer der Zuwiderhandlung, sowie auf die in ihren Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Art. 23 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 1/2003 ( ABl. 2006, C 210, S. 2 , im Folgenden: Leitlinien) angegebene Art und Weise, in der sie diese Parameter anwende. Die Kommission stellte insoweit fest, dass Google weder über ihre beherrschende Stellung auf den nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste noch über den missbräuchlichen Charakter ihres Verhaltens im Unklaren habe sein können, auch wenn einige Aspekte des Sachverhalts in früheren Fällen nicht geprüft worden seien. Google habe daher vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt. Die Kommission vertrat die Auffassung, dass die Tatsache, dass in einem bestimmten Stadium des Verfahrens Gespräche geführt worden seien, um das festgestellte Wettbewerbsproblem durch Verpflichtungszusagen von Google zu lösen, der Verhängung einer Geldbuße nicht entgegenstehe. Die Kommission wies ferner darauf hin, dass Alphabet angesichts der seit dem 2. Oktober 2015 ausgeübten Kontrolle über die Google Inc. gesamtschuldnerisch für die Zahlung der verhängten Geldbuße hafte, soweit diese sich auf den Zeitraum ab diesem Datum beziehe. Sodann ermittelte die Kommission als Ausgangsgrundlage für die Berechnung der in den Ziff. 12 bis 19 der Leitlinien als „Wert der verkauften … Dienstleistungen“ definierten Geldbuße die Einnahmen, die im Jahr 2016 in den 13 Ländern, in denen sie das beanstandete Verhalten festgestellt hatte, durch Produktanzeigen in den Shopping Units oder auf der spezialisierten Seite Google Shopping und durch Textanzeigen, die ebenfalls auf dieser Seite erschienen, erzielt wurden. Die Kommission befand, in Anbetracht der wirtschaftlichen Bedeutung der 13 nationalen Märkte für Preisvergleichsdienste und der Tatsache, dass Google in den betreffenden Ländern nicht nur eine beherrschende Stellung auf dem Markt für allgemeine Suchdienste innegehabt habe, sondern auch in Bezug auf die Marktanteile weit vor ihren Wettbewerbern gelegen habe, müsse der für die Festsetzung der Geldbuße heranzuziehende Schwerekoeffizient, wie er in den Ziff. 20 bis 23 der Leitlinien vorgesehen sei, 10 % der oben in Rn. 75 beschriebenen Bemessungsgrundlage betragen. Anschließend multiplizierte die Kommission diesen Betrag, wie in Ziff. 24 der Leitlinien vorgesehen, für jedes der 13 Länder, in denen die Zuwiderhandlung festgestellt worden war, mit der Anzahl der Jahre der Zuwiderhandlung, die seit der Einführung der Product Universals oder, soweit diese nicht erfolgt war, seit der Einführung der Shopping Unit vergangen waren. Insoweit legte die Kommission je nach Land Zeiträume zwischen 1305 und 3435 Tagen zugrunde. Um sicherzustellen, dass die Geldbuße im Wesentlichen auch für Unternehmen von ähnlicher Größe und mit ähnlicher Finanzkraft wie Google – deren Gesamtumsatz im Jahr 2016 81597000000 Euro betrug – abschreckend wirkt, fügte die Kommission gemäß Ziff. 25 der Leitlinien einen Zusatzbetrag in Höhe von 10 % der oben in Rn. 75 genannten Bemessungsgrundlage hinzu und wandte auf die sich daraus ergebende Summe einen Multiplikator von 1,3 an. Sie stellte keine erschwerenden oder mildernden Umstände fest, die eine Erhöhung oder Herabsetzung der Geldbuße gerechtfertigt hätten. Somit verhängte die Kommission in Art. 2 des angefochtenen Beschlusses gegen die Google Inc. eine Geldbuße in Höhe von 2424495000 Euro, davon 523518000 Euro gesamtschuldnerisch mit Alphabet. II. Verfahren Mit Klageschrift, die am 11. September 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat Google die vorliegende Klage erhoben. Mit Schriftsatz, der am 28. November 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat das Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) beantragt, als Streithelfer zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen zu werden. Mit Schriftsatz, der am 4. Dezember 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, haben die Connexity Inc., die Connexity UK Ltd, die Connexity Europe GmbH und Pricegrabber.com beantragt, als Streithelferinnen zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen zu werden. Mit Schriftsatz, der am 7. Dezember 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Infederation Ltd (im Folgenden: Foundem) beantragt, als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen zu werden. Mit Schriftsätzen, die am 11. Dezember 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen sind, haben die EFTA-Überwachungsbehörde und die Initiative for a Competitive Online Marketplace beantragt, als Streithelferinnen zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen zu werden. Mit Schriftsatz, der am 19. Dezember 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Prestige Gifting Ltd beantragt, als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge von Google zugelassen zu werden. Mit Schriftsatz, der am 19. Dezember 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat Kelkoo beantragt, als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen zu werden. Mit Schriftsatz, der am 20. Dezember 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Computer & Communication Industry Association (im Folgenden: CCIA) beantragt, als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge von Google zugelassen zu werden. Mit Schriftsätzen, die am 20. Dezember 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen sind, haben Consumer Watchdog, die Yelp Inc, der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. (im Folgenden: VDZ), die Visual Meta GmbH, der BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e. V., vormals Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e. V. (im Folgenden: BDZV), die Bundesrepublik Deutschland, das Open Internet Project (OIP) und Twenga beantragt, als Streithelfer zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen zu werden. Mit Schriftsatz, der am 21. Dezember 2017 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat FairSearch beantragt, als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen zu werden. Die Kommission hat die Klagebeantwortung am 31. Januar 2018 eingereicht. Mit Schriftsatz, der am 20. März 2018 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die StyleLounge GmbH beantragt, als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen zu werden. Google und die Kommission haben mit Schreiben vom 23. März 2018 gemäß Art. 144 der Verfahrensordnung des Gerichts beantragt, bestimmte Teile der Akten wegen ihrer Vertraulichkeit nicht an die Streithelfer zu übermitteln. Google und die Kommission haben insoweit gegenüber allen Antragstellern auf Zulassung zur Streithilfe, einschließlich der EFTA-Überwachungsbehörde, inhaltsgleiche Anträge gestellt. Google hat am 7. Mai 2018 eine Erwiderung eingereicht. Mit Beschluss vom 16. Mai 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:292 ), hat der Präsident der Neunten Kammer des Gerichts den Antrag von StyleLounge, als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge der Kommission zugelassen zu werden, wegen Verspätung zurückgewiesen. Die Kommission hat am 20. Juli 2018 eine Gegenerwiderung eingereicht. Im Anschluss an eine prozessleitende Maßnahme des Gerichts zur Einschränkung des Umfangs der Anträge auf vertrauliche Behandlung von Teilen der Akten haben Google und die Kommission am 28. September 2018 geänderte Anträge auf vertrauliche Behandlung der Klageschrift und der Klagebeantwortung gegenüber allen Antragstellern auf Zulassung zur Streithilfe und anschließend am 12. Oktober 2018 Anträge auf vertrauliche Behandlung der Erwiderung und der Gegenerwiderung gestellt. Diese Anträge waren ebenfalls gegenüber allen Antragstellern auf Zulassung zur Streithilfe inhaltsgleich. Mit Beschlüssen vom 7. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:978 ), vom 7. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:982 ), vom 7. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:996 ), vom 7. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:1001 ), und vom 7. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:1002 ), hat der Präsident der Neunten Kammer des Gerichts die Anträge von Prestige Gifting, FairSearch, Consumer Watchdog, Yelp, Connexity, Connexity UK, Connexity Europe, Pricegrabber.com und der Initiative for a Competitive Online Marketplace auf Zulassung als Streithelfer wegen fehlenden Nachweises eines berechtigten Interesses am Ausgang des Rechtsstreits zurückgewiesen. Mit Beschlüssen vom 17. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:1007 ), vom 17. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:1008 ), vom 17. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:1009 ), vom 17. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:1010 ), vom 17. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:1011 ), vom 17. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:1028 ), und vom 17. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:1029 ), hat der Präsident der Neunten Kammer des Gerichts das BEUC, Foundem, die CCIA, den VDZ, den BDZV, Visual Meta, Twenga, die EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland als Streithelfer zugelassen. In diesen Beschlüssen sind die mit den Streitbeitritten verbundenen Kosten vorbehalten worden. Mit Beschluss vom 17. Dezember 2018, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2018:1005 ), hat der Präsident der Neunten Kammer des Gerichts den Antrag des OIP auf Zulassung als Streithelfer wegen fehlenden Nachweises eines berechtigten Interesses am Ausgang des Rechtsstreits zurückgewiesen. In den Beschlüssen, mit denen den Anträgen auf Zulassung als Streithelfer stattgegeben wurde, sind die Entscheidung über die Begründetheit der Anträge auf vertrauliche Behandlung vorbehalten und dem BEUC, Foundem, der CCIA, dem VDZ, dem BDZV, Visual Meta, Twenga, der EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo und der Bundesrepublik Deutschland bis zum Eingang ihrer eventuellen Stellungnahmen zum Antrag auf vertrauliche Behandlung zunächst nicht vertrauliche Fassungen der Verfahrensschriftstücke übermittelt worden. Am 15. Januar 2019 hat Foundem den Anträgen von Google auf vertrauliche Behandlung teilweise widersprochen. Am 15. Januar 2019 und erneut am 25. Januar 2019 hat die EFTA-Überwachungsbehörde erklärt, sie halte die Anträge der Kommission und von Google auf vertrauliche Behandlung ihr gegenüber für ganz oder teilweise gegenstandslos oder unbegründet. Sie hat jedoch klargestellt, dass sie keine Übermittlung vertraulicher Fassungen der Aktenstücke verlange. Mit Beschluss vom 11. April 2019, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2019:250 ), hat der Präsident der Neunten Kammer des Gerichts einem Teil der geänderten Anträge auf vertrauliche Behandlung von Informationen in der Klageschrift und der Klagebeantwortung sowie einem Teil der Anträge auf vertrauliche Behandlung von Informationen in der Erwiderung und der Gegenerwiderung stattgegeben. Im Übrigen hat er die Anträge auf vertrauliche Behandlung zurückgewiesen. Daher ist Google und der Kommission eine Frist zur Übermittlung neuer, nicht vertraulicher Fassungen bestimmter Aktenstücke gesetzt worden, und Foundem ist eine Frist zur Vervollständigung ihres Streithilfeschriftsatzes im Hinblick auf die Angaben eingeräumt worden, deren Vertraulichkeit aufgehoben worden war. Zu den Ausführungen der EFTA-Überwachungsbehörde, die sich darauf berufen hatte, in Verwaltungsverfahren, die zu Beschlüssen der Kommission wie dem angefochtenen Beschluss führten, mit denen eine Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln des EWR-Abkommens festgestellt werde, eine besondere Stellung einzunehmen, hat der Präsident der Neunten Kammer des Gerichts erklärt, dass diese Behörde im Rahmen des vor dem Gericht anhängigen Gerichtsverfahrens denselben Anforderungen unterliege wie die übrigen Streithelfer und dass ihren Ausführungen unter den Umständen des vorliegenden Falles nicht gefolgt werden könne. Das BEUC, Foundem, die CCIA, der VDZ, der BDZV, Visual Meta, Twenga, die EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland haben ihre Streithilfeschriftsätze am 15. März 2019 eingereicht, und Foundem hat am 11. Juni 2019 einen ergänzenden Streithilfeschriftsatz eingereicht. Die Kommission hat am 20. Mai 2019 zum Streithilfeschriftsatz der CCIA Stellung genommen, und Google hat am 21. Juni 2019 zu den Streithilfeschriftsätzen des BEUC, der CCIA, des VDZ, des BDZV, von Visual Meta, Twenga, der EFTA-Überwachungsbehörde, von Kelkoo und der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme von Foundem und am 1. Juli 2019 speziell zu dem Streithilfeschriftsatz von Foundem Stellung genommen. Auf Vorschlag der Neunten Kammer hat das Gericht am 10. Juli 2019 gemäß Art. 28 der Verfahrensordnung beschlossen, die Rechtssache an einen erweiterten Spruchkörper zu verweisen. Mit Schreiben vom 9. bzw. 23. August 2019 haben die Kommission und Google beantragt, bestimmte Teile der Stellungnahmen von Google zu einer Reihe von Streithilfeschriftsätzen wegen ihres vertraulichen Charakters nicht an das BEUC, Foundem, die CCIA, den VDZ, den BDZV, Visual Meta, Twenga, die EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland zu übermitteln. Am 5. bzw. 10. September 2019 haben das BEUC und Kelkoo einigen der Anträge auf vertrauliche Behandlung widersprochen, die Google in Bezug auf ihre Stellungnahmen zu den Streithilfeschriftsätzen des BEUC und von Kelkoo gestellt hatte. Mit Beschluss vom 8. Oktober 2019, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2019:770 ), hat der Präsident der Neunten erweiterten Kammer des Gerichts die oben in Rn. 105 erwähnten unbestrittenen Anträge auf vertrauliche Behandlung für erledigt erklärt und hinsichtlich der bestrittenen Anträge bestimmten von ihnen in Bezug auf das BEUC, die CCIA, den VDZ, den BDZV, Visual Meta, Twenga, die EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland sowie bestimmten anderen Anträgen – ausgenommen in Bezug auf Kelkoo – stattgegeben und weitere zurückgewiesen. Auf Bericht des Berichterstatters hat das Gericht (Neunte erweiterte Kammer) beschlossen, die mündliche Verhandlung zu eröffnen, und die Hauptparteien gemäß Art. 89 Abs. 2 und 3 der Verfahrensordnung aufgefordert, eine Reihe von Fragen entweder schriftlich oder in der mündlichen Verhandlung zu beantworten. Am 21. bzw. 22. Januar 2020 haben die Kommission und Google die Fragen des Gerichts beantwortet, die eine schriftliche Antwort erforderten. Google beantragte, bestimmte Teile ihrer Antwort wegen ihres vertraulichen Charakters nicht an das BEUC, Foundem, die CCIA, den VDZ, den BDZV, Visual Meta, Twenga, die EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland zu übermitteln. Am 5. Februar 2020 hat der BDZV bestimmten Anträgen auf vertrauliche Behandlung, die Google in Bezug auf ihre schriftliche Antwort auf die Fragen des Gerichts, aber auch in Bezug auf Anlagen zur Klagebeantwortung und zur Erwiderung gestellt hatte, widersprochen. Mit Beschluss vom 10. Februar 2020, Google und Alphabet/Kommission ( T‑612/17 , nicht veröffentlicht, EU:T:2020:69 ), hat der Präsident der Neunten erweiterten Kammer des Gerichts die Anträge des BDZV auf Aufhebung der Vertraulichkeit in Bezug auf Anlagen zur Klagebeantwortung und zur Erwiderung als unzulässig zurückgewiesen, die oben in Rn. 109 genannten unbestrittenen Anträge auf vertrauliche Behandlung für erledigt erklärt und den streitigen Anträgen stattgegeben. Die mündliche Verhandlung hat vom 12. bis 14. Februar 2020 stattgefunden, nachdem sich die Hauptparteien im Anschluss an eine vorbereitende Sitzung vor dem Kammerpräsidenten und dem Berichterstatter, die am 15. Januar 2020 auf der Grundlage von Art. 89 der Verfahrensordnung stattfand, damit einverstanden erklärt hatten, die Vertraulichkeit bestimmter Aktenstücke gegenüber dem BEUC, Foundem, der CCIA, dem VDZ, dem BDZV, Visual Meta, Twenga, der EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo, der Bundesrepublik Deutschland und der Öffentlichkeit aufzuheben. III. Anträge der Parteien Google beantragt, – den angefochtenen Beschluss für nichtig zu erklären, – hilfsweise, in Ausübung der Befugnis des Gerichts zu unbeschränkter Nachprüfung die Geldbuße aufzuheben oder herabzusetzen, – jedenfalls der Kommission die Kosten aufzuerlegen, – dem BEUC, Foundem, dem VDZ, dem BDZV, Visual Meta, Twenga, der EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo und der Bundesrepublik Deutschland die durch ihre Streithilfe verursachten Kosten aufzuerlegen. Die Kommission beantragt, – die Klage abzuweisen, – Google die Kosten aufzuerlegen, – der CCIA die Kosten aufzuerlegen, die der Kommission durch deren Streithilfe entstanden sind. Die CCIA beantragt, den angefochtenen Beschluss für nichtig zu erklären und die durch ihre Streithilfe verursachten Kosten der Kommission aufzuerlegen. Die Bundesrepublik Deutschland beantragt, die Klage abzuweisen. Das BEUC beantragt, die Klage abzuweisen und die mit seiner Streithilfe verbundenen Kosten Google aufzuerlegen. Foundem, Kelkoo, der VDZ, Visual Meta, der BDZV und Twenga beantragen, die Klage abzuweisen und Google die Kosten aufzuerlegen. IV. Rechtliche Würdigung A. Vorbemerkungen Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Google nicht bestreitet, eine beherrschende Stellung auf den 13 nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste einzunehmen, die den Ländern entsprechen, in denen die Kommission einen Missbrauch dieser Stellung durch Google festgestellt hat. Alle folgenden Analysen beruhen auf dieser Prämisse. 1. Zur Reihenfolge der Prüfung der Klagegründe und Argumente in der vorliegenden Rechtssache Google führt sechs Gründe für die Nichtigkeit des angefochtenen Beschlusses an, die sie wie folgt darstellt: „Mit dem ersten und dem zweiten Klagegrund wird dargelegt, dass im Beschluss zu Unrecht festgestellt wird, Google habe durch die Einblendung der Product Universals und der Shopping Units ihren eigenen Preisvergleichsdienst begünstigt. Mit dem dritten Klagegrund wird dargelegt, dass im Beschluss zu Unrecht festgestellt wird, die Positionierung und die Anzeige der Product Universals und der Shopping Units hätten den Google-Suchverkehr umgelenkt. Mit dem vierten Klagegrund wird dargelegt, dass die im Beschluss enthaltene Spekulation über wettbewerbswidrige Auswirkungen unbegründet ist. Mit dem fünften Klagegrund wird dargelegt, dass im Beschluss Qualitätsverbesserungen, die einen Leistungswettbewerb darstellen, zu Unrecht als missbräuchliche Praktiken eingestuft werden. Mit dem sechsten Klagegrund wird dargelegt, warum die im Beschluss angeführten Gründe für die Verhängung einer Geldbuße nicht stichhaltig sind.“ Das Gericht stellt fest, dass das Vorbringen von Google zahlreiche tatsächliche und technische Gesichtspunkte sowie Rügen rechtlicher Art enthält, die zur Stützung verschiedener Klagegründe wiederholt werden. Das Gericht wird sich mit den Klagegründen und Argumenten von Google in der nachfolgend genannten Reihenfolge befassen. Das Gericht wird in Abschnitt B des vorliegenden Teils, der den gestellten Hauptantrag betrifft, unter Punkt 1 zunächst das Vorbringen von Google prüfen, dass es sich bei den von der Kommission beanstandeten Praktiken in Wirklichkeit um Qualitätsverbesserungen ihres Online-Suchdienstes handele (fünfter Klagegrund), woraus zum einen folge, dass Google keinen Missbrauch begangen haben könne, weil die Kommission keine vom Leistungswettbewerb abweichenden Merkmale dieser Verbesserungen nachgewiesen habe, und zum anderen, dass die Kommission, weil sie solche Merkmale nicht habe aufzeigen können, Google in Wirklichkeit eine Pflicht zur Zugangsgewährung auferlegt habe, ohne die strengen Voraussetzungen des Urteils vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), zu beachten. Konkret trägt Google hierzu vor, die Kommission habe von ihr verlangt, ihren Wettbewerbern Zugang zu ihren Diensten zu gewähren, als handele es sich bei ihnen um eine für diese Wettbewerber unerlässliche „wesentliche Einrichtung“, ohne nachzuweisen, dass die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs hierfür erforderlichen Voraussetzungen erfüllt seien. Im Rahmen des Vorbringens von Google zum Leistungswettbewerb wird das Gericht auch das Argument prüfen, dass Google mit der Einführung der in der vorliegenden Rechtssache in Rede stehenden spezialisierten Ergebnisse im Wesentlichen kein wettbewerbswidriges Ziel verfolgt habe, weil diese Ergebnisse eine Qualitätsverbesserung ihres Suchdienstes darstellten. Dieses im ersten Teil des ersten Klagegrundes vorgebrachte Argument wird ebenfalls in Abschnitt B Punkt 1 geprüft werden. Somit wird das Gericht in Abschnitt B Punkt 1 die Rechtmäßigkeit der von der Kommission auf der Grundlage von Art. 102 AEUV vorgenommenen rechtlichen Einstufung als Begünstigung und die Frage prüfen, ob die Kommission von einem solchen Missbrauchsbegriff ausgehen durfte, mit dem einem Unternehmen in beherrschender Stellung im Wesentlichen vorgeworfen wird, seinen eigenen Dienst zu Lasten der Dienste seiner Wettbewerber zu begünstigen. Anschließend wird das Gericht in Abschnitt B Punkt 2 des vorliegenden Teils prüfen, ob dieser Einstufung tatsächlich eine Ungleichbehandlung zugrunde liegt, d. h., ob Google im Zeitraum der Einführung der Product Universals (erster Klagegrund) bzw. im Zeitraum der Einführung der Shopping Unit (zweiter Klagegrund) tatsächlich eine Ungleichbehandlung zugunsten ihres eigenen spezialisierten Suchdienstes vorgenommen hat. Sodann wird das Gericht in Abschnitt B Punkt 3 des vorliegenden Teils den dritten und den vierten Klagegrund von Google prüfen, wonach das beanstandete Verhalten keine wettbewerbswidrigen Auswirkungen gehabt haben soll. Schließlich wird das Gericht in Abschnitt B Punkt 4 des vorliegenden Teils den dritten Teil des ersten und des zweiten Klagegrundes von Google prüfen, wonach das beanstandete Verhalten objektiv gerechtfertigt gewesen sei und folglich nicht gegen Art. 102 AEUV verstoßen habe. Im Anschluss an die Schlussfolgerungen zur Begründetheit, die das Gericht in Abschnitt B Punkt 5 des vorliegenden Teils zieht, wird es in Abschnitt C des vorliegenden Urteils den sechsten Klagegrund von Google prüfen, wonach die Geldbuße in jedem Fall ungerechtfertigt, zumindest aber zu hoch sei. 2. Zum Umfang der Überprüfung durch das Gericht in der vorliegenden Rechtssache Einleitend weist das Gericht auf den Umfang der Überprüfung der von der Kommission nach Art. 102 AEUV erlassenen Beschlüsse durch den Unionsrichter hin. Die gerichtliche Überprüfung durch das Gericht umfasst die in Art. 263 AEUV vorgesehene Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Handlungen der Organe, die gegebenenfalls gemäß Art. 261 AEUV durch eine Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung hinsichtlich der verhängten Zwangsmaßnahmen ergänzt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Januar 2016, Galp Energía España u. a./Kommission, C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , Rn. ). Wie der Gerichtshof dargelegt hat, erstreckt sich die in Art. 263 AEUV vorgesehene Rechtmäßigkeitskontrolle auf sämtliche Bestandteile der Entscheidungen der Kommission in Verfahren nach den Art. 101 und 102 AEUV, deren eingehende rechtliche und tatsächliche Kontrolle das Gericht sicherstellt, und zwar auf der Grundlage der von den betreffenden Klägern geltend gemachten Klagegründe und unter Berücksichtigung aller von ihnen vorgebrachten Umstände – aus der Zeit vor oder nach der ergangenen Entscheidung –, unabhängig davon, ob sie vorab im Rahmen des Verwaltungsverfahrens geltend gemacht oder zum ersten Mal im Rahmen der Klage, mit der das Gericht befasst ist, vorgebracht wurden, soweit diese Umstände für die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der Kommission maßgeblich sind (Urteil vom 21. Januar 2016, Galp Energía España u. a./Kommission, C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , Rn. ; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 26. September 2018, Infineon Technologies/Kommission, C‑99/17 P , EU:C:2018:773 , Rn. ). Der Gerichtshof hat befunden, dass der Kommission in Wirtschaftsfragen zwar ein Beurteilungsspielraum zusteht, dies aber nicht bedeutet, dass der Unionsrichter eine Kontrolle der Auslegung von Wirtschaftsdaten durch die Kommission unterlassen muss. Der Unionsrichter muss nämlich nicht nur die sachliche Richtigkeit der angeführten Beweise, ihre Zuverlässigkeit und ihre Kohärenz prüfen, sondern auch kontrollieren, ob diese Beweise alle relevanten Daten darstellen, die bei der Beurteilung einer komplexen Situation heranzuziehen waren, und ob sie die aus ihnen gezogenen Schlüsse zu stützen vermögen (Urteile vom 15. Februar 2005, Kommission/Tetra Laval, C‑12/03 P , EU:C:2005:87 , Rn. , vom 8. Dezember 2011, Chalkor/Kommission, C‑386/10 P , EU:C:2011:815 , Rn. , und vom 10. Juli 2014, Telefónica und Telefónica de España/Kommission, C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , Rn. ). Wenn die Kommission einer wirtschaftlichen Analyse bei der Einstufung einer Praxis im Hinblick auf die Bestimmungen des Art. 102 AEUV tatsächliche Bedeutung beimisst, hat der Unionsrichter alle Argumente zu prüfen, die das mit einer Sanktion belegte Unternehmen zu dieser Analyse vorbringt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. bis ). Außerdem ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass die Kommission im Bereich des Wettbewerbsrechts bei Streitigkeiten über das Vorliegen einer Zuwiderhandlung die von ihr festgestellten Zuwiderhandlungen zu beweisen und die Beweise beizubringen hat, die das Vorliegen von Tatsachen, die den Tatbestand einer Zuwiderhandlung erfüllen, rechtlich hinreichend belegen. Dem Richter verbleibende Zweifel müssen dem Unternehmen, an das die eine Zuwiderhandlung feststellende Entscheidung gerichtet ist, zugutekommen (Urteile vom 22. November 2012, E.ON Energie/Kommission, C‑89/11 P , EU:C:2012:738 , Rn. und , und vom 16. Februar 2017, Hansen & Rosenthal und H&R Wax Company Vertrieb/Kommission, C‑90/15 P , nicht veröffentlicht, EU:C:2017:123 , Rn. und ). Während die Behörde, die den Vorwurf einer Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln erhebt, dafür den Beweis zu erbringen hat, obliegt es dem Unternehmen, das sich gegenüber der Feststellung einer Zuwiderhandlung gegen diese Regeln auf ein Verteidigungsmittel beruft, nachzuweisen, dass diesem Verteidigungsmittel stattzugeben ist, so dass sich die Behörde dann auf andere im angefochtenen Beschluss enthaltene Beweismittel stützen muss. Überdies können, auch wenn nach diesen Grundsätzen entweder die Kommission oder das betreffende Unternehmen die Beweislast trägt, die tatsächlichen Gesichtspunkte, auf die sich eine Partei beruft, die andere Partei zu einer Erläuterung oder Rechtfertigung zwingen; tut sie das nicht, ist der Schluss zulässig, dass den Beweislastregeln genügt wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Juni 2010, Lafarge/Kommission, C‑413/08 P , EU:C:2010:346 , Rn. und sowie die dort angeführte Rechtsprechung). Stützt sich die Kommission auf Beweismittel, die grundsätzlich genügen, um das Vorliegen einer Zuwiderhandlung darzutun, reicht es somit nicht aus, dass das betroffene Unternehmen auf die Möglichkeit des Vorliegens eines Umstands hinweist, der den Beweiswert dieser Beweismittel erschüttern könnte, damit die Kommission die Last des Gegenbeweises dafür trägt, dass dieser Umstand den Beweiswert der Beweismittel nicht erschüttern konnte. Vielmehr muss das betreffende Unternehmen – es sei denn, dies wäre ihm wegen des eigenen Verhaltens der Kommission nicht möglich – rechtlich hinreichend nachweisen, dass zum einen der von ihm angeführte Umstand vorliegt und zum anderen dieser Umstand den Beweiswert der Beweismittel, auf die sich die Kommission stützt, in Frage stellt (Urteil vom 22. November 2012, E.ON Energie/Kommission, C‑89/11 P , EU:C:2012:738 , Rn. ). Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof und das Gericht im Rahmen der Rechtmäßigkeitskontrolle nach Art. 263 AEUV die vom Urheber der angefochtenen Handlung hinsichtlich der Tatsachenwürdigung gegebene Begründung jedenfalls nicht durch ihre eigene ersetzen dürfen (Urteile vom 27. Januar 2000, DIR International Film u. a./Kommission, C‑164/98 P , EU:C:2000:48 , Rn. , vom 24. Januar 2013, Frucona Košice/Kommission, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , Rn. , und vom 21. Januar 2016, Galp Energía España u. a./Kommission, C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , Rn. ). Da sich die Kontrolle der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beschlusses auf die in diesem Beschluss enthaltenen Gründe bezieht, kann der Richter den von der Verwaltung darin herangezogenen Gründen weder aus eigenen Stücken noch auf Antrag der Verwaltung weitere Gründe hinzufügen. B. Zum Hauptantrag auf Nichtigerklärung des angefochtenen Beschlusses 1. Fünfter Klagegrund und erster Teil des ersten Klagegrundes: Vereinbarkeit der in Rede stehenden Praktiken mit dem Leistungswettbewerb Wie oben in den Rn. 122 und 123 dargelegt, führt Google im ersten Teil des fünften Klagegrundes zunächst aus, der angefochtene Beschluss habe in ihrem Verhalten, das in der Verbesserung der Qualität ihres Online-Suchdienstes bestanden habe, kein Merkmal festgestellt, das vom Leistungswettbewerb abweiche. Im zweiten Teil des fünften Klagegrundes macht Google sodann geltend, das im angefochtenen Beschluss beanstandete Verhalten stelle in Wirklichkeit eine Zugangsverweigerung dar, weil die Kommission ihr vorwerfe, den Ergebnissen konkurrierender Preisvergleichsdienste keinen Zugang zu ihren „Technologien und Designs“ und insbesondere zu den „Boxen“ am oberen Rand ihrer allgemeinen Ergebnisseiten gewährt zu haben. Um festzustellen zu können, dass ein solches Verhalten gegen Art. 102 AEUV verstieß, hätte die Kommission jedoch nachweisen müssen, dass die im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), aufgestellten Voraussetzungen erfüllt gewesen seien, was sie nicht getan habe. Indem die Kommission ein Verhalten als Begünstigung angesehen habe, habe sie somit in Wirklichkeit versucht, die für eine Zugangsverweigerung geltenden Voraussetzungen zu umgehen, und ihr Beschluss sei daher rechtsfehlerhaft. Schließlich macht Google im ersten Teil des ersten Klagegrundes geltend, der angefochtene Beschluss verfälsche die Gründe für die Einführung der spezialisierten Produktergebnisse. Google habe die gruppierten Produktergebnisse nämlich nicht eingeführt, um den Verkehr zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst zu leiten, wie die Kommission behaupte, sondern um die Qualität ihrer Ergebnisse und deren Präsentation für die Nutzer zu verbessern. a) Erster Teil des fünften Klagegrundes: bei den in Rede stehenden Praktiken handele es sich um Qualitätsverbesserungen im Rahmen des Leistungswettbewerbs, die nicht als missbräuchlich angesehen werden könnten 1) Vorbringen der Parteien Im ersten Teil des fünften Klagegrundes macht Google geltend, bei den beanstandeten Praktiken handele es sich um Qualitätsverbesserungen im Rahmen des Leistungswettbewerbs, die nicht als missbräuchlich angesehen werden könnten. Zum ersten Aspekt verweist Google u. a. auf die Urteile vom 13. Februar 1979, Hoffmann-La Roche/Kommission ( 85/76 , EU:C:1979:36 , Rn. ), vom 3. Juli 1991, AKZO/Kommission ( C‑62/86 , EU:C:1991:286 , Rn. ), und vom 14. Oktober 2010, Deutsche Telekom/Kommission ( C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , Rn. ), um darzulegen, dass der Gerichtshof bei marktbeherrschenden Unternehmen zwischen wettbewerbsschädigenden Praktiken und wettbewerbsfördernden Praktiken im Rahmen des „normalen“ oder des „leistungsbezogenen“ Wettbewerbs unterscheide. So sei in allen Rechtssachen, in denen die oben in Rn. 140 angeführten Urteile ergangen seien, der Gesichtspunkt entscheidend gewesen, dass die Unternehmen berechtigt seien, alle „normalen“ Mittel einzusetzen, um sich am Wettbewerb zu beteiligen und Marktanteile zu gewinnen. Dies bedeute, dass Google das Recht habe, im Wettbewerb „besser abzuschneiden“, indem sie die Qualität ihrer Technologien und der über ihre allgemeine Suchseite zugänglichen spezialisierten Suchdienste für natürliche Produktergebnisse und Produktanzeigen verbessere. Die CCIA weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Entwicklung und Verbesserung des „Designs“ einer Website Teil des Wettbewerbsprozesses sei. Diese Entwicklungen entsprächen nämlich den Erwartungen sowohl der Verbraucher als auch der Anzeigenkunden. Die Qualität einer Website sei ein Schlüsselparameter für den Wettbewerb auf den digitalen Märkten. Die CCIA fügt hinzu, dass die vertikale Integration in der heutigen Wirtschaft allgegenwärtig sei und sich aus wirtschaftlicher Sicht im Allgemeinen positiv auswirke. Nach Ansicht von Google lässt die im angefochtenen Beschluss vertretene Theorie nichts erkennen, was ihre Praktiken vom Leistungswettbewerb unterscheiden würde. Die Behauptung, dass Google eine Begünstigung vorgenommen habe, und die Vermutung potenzieller Auswirkungen änderten nichts an der Tatsache, dass die gruppierten Produktergebnisse und Produktanzeigen die Qualität ihres allgemeinen Suchdienstes verbessert hätten. Google macht geltend, durch die Anzeige solcher „Designs“ auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten und die Entwicklung der ihnen zugrunde liegenden innovativen Technologien habe sie auf dem Markt allgemeiner Suchdienste einen Leistungswettbewerb betrieben. Die Kommission versuche, diese Tatsachen zu verschleiern, indem sie im 334. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses behaupte, dass die „Praxis eines Unternehmens in beherrschender Stellung auf einem bestimmten Markt“ missbräuchlich sein könne, wenn sie „darauf abziele, diese Stellung auf einen gesonderten, aber benachbarten Markt auszudehnen“. Sie mache im 652. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses geltend, dass die Anwendung dieser Regel auf die Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung stehe. Dabei habe sich die Kommission mit der Annahme begnügt, dass Google mit ihrem Verhalten bezweckt habe, ihre beherrschende Stellung auf einem bestimmten Markt durch eine „Hebelwirkung“ auf benachbarte Märkte auszudehnen, ohne zu berücksichtigen, dass dieses Verhalten in der Verbesserung der Dienste von Google bestanden habe und nicht vom „normalen“ oder „leistungsbezogenen“ Wettbewerb abgewichen sei. Aus der Rechtsprechung gehe aber hervor, dass nicht jede Verdrängungswirkung zwangsläufig den Wettbewerb beeinträchtige, weil auch ein Leistungswettbewerb dazu führen könne, dass weniger leistungsfähige Wettbewerber vom Markt verschwänden oder bedeutungslos würden. Google bezieht sich insoweit auf die Urteile vom 27. März 2012, Post Danmark ( C‑209/10 , EU:C:2012:172 , Rn. ), und vom 6. September 2017, Intel/Kommission ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. ). Dies gelte nicht nur, wenn eine solche Wirkung auf dem Markt eintrete, auf dem die beherrschende Stellung vorhanden sei, sondern auch dann, wenn sie auf einem anderen Markt eintrete. Es treffe zwar zu, dass die Verbesserung eines Dienstes nicht gegen eine Einstufung als Missbrauch einer beherrschenden Stellung „immunisiere“, aber im vorliegenden Fall hätte die Kommission das Verhalten von Google nicht als missbräuchlich einstufen dürfen, ohne darin ein zusätzliches wettbewerbswidriges Merkmal festzustellen, das zu dieser „Hebelwirkung“ hinzutrete. Google, unterstützt durch die CCIA, trägt hierzu vor, der Ausdruck „Missbrauch durch Hebelwirkung“ sei ein „Sammelbegriff“, der verschiedene Arten des Missbrauchs umfasse. Für jede einzelne Art des „Missbrauchs durch Hebelwirkung“ lege die Rechtsprechung spezifische Merkmale fest, die das betreffende Verhalten vom Leistungswettbewerb unterschieden und es missbräuchlich machten, wie z. B. eine Verschlechterung der Qualität, eine Margenbeschneidung oder die Weigerung, einen unerlässlichen Zugang zu gewähren. So könne die Praxis eines marktbeherrschenden Unternehmens, niedrige Preise festzusetzen, für sich genommen nicht als missbräuchlich angesehen werden. Nur wenn ein vom Leistungswettbewerb abweichendes zusätzliches Merkmal festgestellt werde, könne diese Praxis als Kampfpreispolitik eingestuft werden. Das Fehlen einer theoretischen Grundlage für die von der Kommission festgestellte missbräuchliche Begünstigung macht es nach Ansicht der CCIA unmöglich, die zusätzlichen Faktoren oder Rechtsgrundsätze zu erkennen, die eine solche – im Übrigen völlig natürliche – Begünstigung zu einem Verstoß gegen Art. 102 AEUV machen sollen, was ein Problem für die Rechtssicherheit im gesamten Internetsektor darstelle. Die Kommission, die insoweit von der Bundesrepublik Deutschland unterstützt wird, macht geltend, die Verbesserung eines Dienstes schließe es nicht aus, dass diese einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstelle, insbesondere wenn sie dazu führe, dass ein beherrschendes Unternehmen seinen eigenen Dienst durch andere Mittel als den Leistungswettbewerb begünstige und dies wettbewerbswidrige Auswirkungen zur Folge haben könne. Die Kommission stellt klar, dass sie darüber hinaus die Verbesserung des allgemeinen Suchdienstes von Google bestreite. Auch wenn es tatsächlich möglich sei, dass Google ihren allgemeinen Suchdienst verbessere, indem sie „einige“ gruppierte Ergebnisse auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten einblende, habe sie ihren allgemeinen Suchdienst aber nicht verbessern können, indem sie auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten „nur“ gruppierte Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes einblende. Außerdem weist die Kommission darauf hin, dass nach ihrer Auffassung das Verhalten von Google durch keinen objektiven Grund im Zusammenhang mit der Verbesserung der Qualität ihres allgemeinen Suchdienstes gerechtfertigt werden könne. Die Bundesrepublik Deutschland trägt vor, das beanstandete Verhalten von Google stelle keinen Leistungswettbewerb dar, weil es verhindere, dass der Wettbewerb allein auf der Basis der Qualität des Algorithmus stattfinde, der spezialisierte Produktsuchen ermögliche. Die Qualität des spezialisierten Suchalgorithmus sei der Parameter, mit dem die betreffenden Unternehmen im Wettbewerb zueinander stünden. Mit dem in Rede stehenden Verhalten verleite Google die Nutzer dazu, nicht die Ergebnisse mit der höchsten Relevanz anzuklicken, sondern die am besten sichtbaren Ergebnisse, d. h. ihre eigenen, unabhängig von ihrer tatsächlichen Relevanz für den Nutzer. Der VDZ trägt vor, es sei unerheblich, ob Google ihren Dienst verbessert habe. Es komme allein darauf an, ob Google die neuen Merkmale ihrer Dienste (Product Universals, Shopping Units, Anpassungsalgorithmen) als Mittel eingesetzt habe, um ihren Preisvergleichsdienst zum Nachteil der konkurrierenden Preisvergleichsdienste zu fördern. Die Verbesserungen des Preisvergleichsdienstes von Google könnten allenfalls unter dem Gesichtspunkt von Effizienzsteigerungen beurteilt werden. Google habe jedoch keinen Beweis für solche Effizienzsteigerungen erbracht, wie es die Rechtsprechung verlange. Der VDZ fügt hinzu, dass es sich in der vorliegenden Rechtssache um einen typischen Fall des Missbrauchs durch Hebelwirkung handele. Im Wesentlichen wichen die Praktiken vom Leistungswettbewerb ab, weil das Verhalten von Google auf dem Primärmarkt keinen anderen wirtschaftlichen Sinn haben könne als den, den Wettbewerb auf dem Sekundärmarkt zu beschränken. Das Verhalten von Google, das darauf abziele, ihren eigenen Preisvergleichsdienst zum Nachteil konkurrierender Preisvergleichsdienste zu begünstigen, führe nämlich dazu, relevantere spezialisierte Suchergebnisse von Mitbewerbern auszuschließen, was wirtschaftlich nicht sinnvoll sei. 2) Würdigung durch das Gericht Nach ständiger Rechtsprechung trägt das Unternehmen, das eine beherrschende Stellung innehat, eine besondere Verantwortung dafür, dass es durch sein Verhalten einen wirksamen und unverfälschten Wettbewerb auf dem Binnenmarkt nicht beeinträchtigt (vgl. Urteil vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Insoweit erfasst Art. 102 AEUV insbesondere die Verhaltensweisen eines beherrschenden Unternehmens, die zum Nachteil der Verbraucher die Aufrechterhaltung oder den Ausbau des auf dem Markt noch bestehenden Wettbewerbs oder die Entwicklung dieses Wettbewerbs durch die Verwendung von Mitteln behindern, die von den Mitteln eines normalen Wettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Unternehmen abweichen (vgl. Urteil vom 27. März 2012, Post Danmark, C‑209/10 , EU:C:2012:172 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). So verbietet Art. 102 AEUV einem Unternehmen in beherrschender Stellung insbesondere die Anwendung von Praktiken, die eine Verdrängungswirkung entfalten, indem andere Mittel als diejenigen eines Leistungswettbewerbs herangezogen werden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. März 2012, Post Danmark, C‑209/10 , EU:C:2012:172 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. ). Art. 102 AEUV erfasst nicht nur Verhaltensweisen, durch die den Verbrauchern ein unmittelbarer Schaden erwachsen kann, sondern auch solche, die sie durch die Beeinträchtigung des Wettbewerbs schädigen (Urteil vom 27. März 2012, Post Danmark, C‑209/10 , EU:C:2012:172 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 29. März 2012, Telefónica und Telefónica de España/Kommission, T‑336/07 , EU:T:2012:172 , Rn. ). Die Liste der missbräuchlichen Verhaltensweisen in Art. 102 AEUV ist nicht abschließend; es handelt sich bei der in dieser Bestimmung enthaltenen Aufzählung missbräuchlicher Praktiken also nicht um eine erschöpfende Wiedergabe der Arten der nach dem Unionsrecht verbotenen Ausnutzung einer beherrschenden Stellung (Urteile vom 21. Februar 1973, Europemballage und Continental Can/Kommission, 6/72 , EU:C:1973:22 , Rn. , vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. , und vom 29. März 2012, Telefónica und Telefónica de España/Kommission, T‑336/07 , EU:T:2012:172 , Rn. ). Ein Missbrauch kann in Form einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung erfolgen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 17. Juli 1997, GT‑Link, C‑242/95 , EU:C:1997:376 , Rn. , vom 24. Oktober 2002, Aéroports de Paris/Kommission, C‑82/01 P , EU:C:2002:617 , Rn. , und vom 7. Oktober 1999, Irish Sugar/Kommission, T‑228/97 , EU:T:1999:246 , Rn. ). Insoweit besagt der allgemeine Gleichheitsgrundsatz als allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts, dass vergleichbare Sachverhalte nicht unterschiedlich und unterschiedliche Sachverhalte nicht gleich behandelt werden dürfen, es sei denn, dass eine solche Behandlung objektiv gerechtfertigt ist (vgl. Urteil vom 16. Dezember 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine u. a., C‑127/07 , EU:C:2008:728 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Art. 102 AEUV hat aber keineswegs zum Ziel, zu verhindern, dass ein Unternehmen auf einem Markt aus eigener Kraft eine beherrschende Stellung einnimmt (vgl. Urteil vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Der Wettbewerb wird also nicht unbedingt durch jede Verdrängungswirkung verzerrt. Leistungswettbewerb kann definitionsgemäß dazu führen, dass Wettbewerber, die für die Verbraucher im Hinblick insbesondere auf Preise, Auswahl, Qualität oder Innovation weniger interessant sind, vom Markt verschwinden oder bedeutungslos werden (vgl. Urteil vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Google macht im Wesentlichen geltend, dass die im angefochtenen Beschluss beanstandeten Praktiken zu Qualitätsverbesserungen ihrer Suchdienste beigetragen und sich daher in den Rahmen des Leistungswettbewerbs eingefügt hätten. In diesem Zusammenhang weist Google darauf hin, dass die Kommission kein Merkmal der beanstandeten Praktiken aufzeige, das vom Leistungswettbewerb abweiche. Qualitative Verbesserungen eines Produkts oder einer Dienstleistung seien von den Unionsgerichten aber noch nie als Behinderung des Wettbewerbs angesehen worden. Zu dem Vorbringen, die Kommission habe keine Merkmale festgestellt, durch die sich die in Rede stehenden Praktiken vom normalen Wettbewerb, der angeblich eingeschränkt worden sei, unterschieden hätten, ist festzustellen, dass die beherrschende Stellung eines Unternehmens für sich allein, selbst wenn sie die Größenordnung der Stellung von Google bei den allgemeinen Suchdiensten erreicht, nicht nach Art. 102 AEUV beanstandet werden kann. Nach ständiger Rechtsprechung enthält die Feststellung, dass eine beherrschende Stellung gegeben ist, für sich allein nämlich keinen Vorwurf gegenüber dem betreffenden Unternehmen (vgl. Urteil vom 27. März 2012, Post Danmark, C‑209/10 , EU:C:2012:172 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Es ist die „missbräuchliche Ausnutzung“ einer beherrschenden Stellung, die nach Art. 102 AEUV verboten ist. Insoweit ist es Sache der Kommission, zur Feststellung einer solchen „missbräuchlichen Ausnutzung“ zu ermitteln, inwiefern das betreffende Unternehmen unter Ausnutzung seiner beherrschenden Stellung auf Methoden zurückgegriffen hat, die sich von denen des normalen Wettbewerbs unterscheiden (siehe oben, Rn. 151). In dieser Hinsicht kann die bloße Ausdehnung der beherrschenden Stellung eines Unternehmens auf einen benachbarten Markt als solche kein Beweis für ein vom normalen Wettbewerb abweichendes Verhalten sein, selbst wenn eine solche Ausdehnung dazu führt, dass Wettbewerber vom Markt verschwinden oder bedeutungslos werden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. März 2012, Post Danmark, C‑209/10 , EU:C:2012:172 , Rn. , und vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. ). Außerdem handelt es sich bei der Hebelwirkung, wie im Wesentlichen aus dem Urteil vom 25. Oktober 2002, Tetra Laval/Kommission ( T‑5/02 , EU:T:2002:264 , Rn. , und ), hervorgeht, um einen Sammelbegriff, der sich auf die Auswirkungen bezieht, die eine auf einem Markt angewandte Praxis auf einem anderen Markt entfalten kann. Dieser Begriff kann eine Reihe verschiedener Praktiken bezeichnen, die missbräuchlich sein können, z. B. Kopplungsgeschäfte wie in der Rechtssache, in der das Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 ), ergangen ist, Praktiken der Margenbeschneidung wie in der Rechtssache, in der das Urteil vom 29. März 2012, Telefónica und Telefónica de España/Kommission ( T‑336/07 , EU:T:2012:172 ), ergangen ist, oder Treuerabatte wie in der Rechtssache, in der das Urteil vom 30. September 2003, Michelin/Kommission ( T‑203/01 , EU:T:2003:250 ), ergangen ist. Obwohl von einem beherrschenden Unternehmen angewandte Hebelwirkungen als solche nach Art. 102 AEUV nicht verboten sind, ist dieser Artikel auf solche Praktiken anwendbar. Somit ist festzustellen – ohne dass es in diesem Stadium erforderlich wäre, zu den Voraussetzungen ihres Verbots Stellung zu nehmen –, dass bereits mehrere Arten von Hebelwirkungen, wie oben in Rn. 163 ausgeführt, als mit Art. 102 AEUV unvereinbar befunden worden sind. Insbesondere hat das Gericht im Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 , Rn. ), entschieden, dass die in Rede stehenden Praktiken, d. h. der Kopplungsverkauf und die Weigerung, Interoperabilitätsinformationen zur Verfügung zu stellen, im Zusammenhang mit einer Zuwiderhandlung standen, bei der Microsoft eine Hebelstrategie anwandte, indem sie ihre beherrschende Stellung auf dem Markt der Betriebssysteme für Client-PCs nutzte, um sie auf zwei andere benachbarte Märkte auszudehnen. Zudem ist der sachliche Anwendungsbereich der besonderen Verantwortung, die ein Unternehmen in beherrschender Stellung trägt, anhand der spezifischen Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu ermitteln, die eine Situation geschwächten Wettbewerbs erkennen lassen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall hat die Kommission, wie sich aus dem angefochtenen Beschluss ergibt und wie sie in der mündlichen Verhandlung zutreffend ausgeführt hat, nicht allein auf Hebelpraktiken abgestellt, um zu dem Schluss zu gelangen, dass ein Verstoß gegen Art. 102 AEUV vorliege. Die Kommission hat nämlich die Auffassung vertreten, Google habe ihre beherrschende Stellung auf dem Markt für allgemeine Suchdienste als Hebel genutzt, um ihren eigenen Preisvergleichsdienst auf dem Markt für die spezialisierte Preisvergleichssuche zu begünstigen, indem sie die Positionierung und Präsentation dieses Preisvergleichsdienstes und seiner Ergebnisse auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten im Vergleich zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten aufgewertet habe, deren Ergebnisse aufgrund ihrer Wesensmerkmale dafür anfällig gewesen seien, durch die Anpassungsalgorithmen herabgestuft zu werden. Hierzu hat die Kommission im 344. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste hätten nur als generische Ergebnisse, d. h. als einfache blaue Links, angezeigt und zudem durch Anpassungsalgorithmen herabgestuft werden können, während die Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google gut sichtbar im oberen Teil ihrer allgemeinen Ergebnisseiten in einem angereicherten Format präsentiert worden seien und durch diese Algorithmen nicht hätten herabgestuft werden können, was zu einer Ungleichbehandlung in Gestalt einer Bevorzugung des eigenen Preisvergleichsdienstes von Google geführt habe. Die Kommission hat insbesondere ausgeführt, aufgrund der Kombination dreier spezifischer Umstände – nämlich erstens der Bedeutung des von der allgemeinen Suchmaschine von Google ausgehenden Verkehrs zu den Preisvergleichsdiensten (Abschnitt 7.2.2 des angefochtenen Beschlusses), zweitens des Nutzerverhaltens bei der Online-Suche (Abschnitt 7.2.3 des angefochtenen Beschlusses) und drittens der Tatsache, dass der umgeleitete Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google einen großen Teil des Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten ausmache und nicht wirksam durch andere Quellen ersetzt werden könne (Abschnitt 7.2.4 des angefochtenen Beschlusses) – sei diese Begünstigung geeignet gewesen, den Wettbewerb auf dem Markt zu schwächen. Als Erstes hat die Kommission zur Bedeutung des von der allgemeinen Suchmaschine von Google erzeugten Verkehrs in Abschnitt 7.2.2 des angefochtenen Beschlusses (Erwägungsgründe 444 bis 450) darauf hingewiesen, dass dieser Verkehr nach der im 444. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses wiedergegebenen Erklärung eines konkurrierenden Preisvergleichsdienstes „der wichtigste Aktivposten einer spezialisierten Suchmaschine“ sei. So hat die Kommission dargelegt, dass dieser Verkehr es ermögliche, die Relevanz der spezialisierten Suchergebnisse und insbesondere die Aktualität und den Umfang des Angebots der Preisvergleichsdienste zu steigern, indem er deren Fähigkeit verbessere, Händler zu bewegen, ihnen Daten über ihre Produkte zur Verfügung zu stellen (445. Erwägungsgrund), dass er Einnahmen entweder durch von den Händlern gezahlte Provisionen oder durch Online-Werbung generiere (446. Erwägungsgrund) und dass er Informationen über das Verhalten der Nutzer liefere, was es ermögliche, die Relevanz und den Nutzen der Ergebnisse zu verbessern, u. a. durch Effekte des maschinellen Lernens (447. Erwägungsgrund), durch Experimente (448. Erwägungsgrund) oder durch Vorschläge für alternative Suchbegriffe, die für die Nutzer von Interesse seien (449. Erwägungsgrund). Damit hat die Kommission in Abschnitt 7.2.2 des angefochtenen Beschlusses im Wesentlichen dargelegt, dass der fragliche Verkehr die Ausnutzung von Netzwerkeffekten ermögliche, weil ein Preisvergleichsdienst umso mehr Besuche von Internetnutzern erhalte, je größer die Relevanz und der Nutzen seiner Dienstleistungen seien und je mehr Händler dazu neigten, sie in Anspruch zu nehmen, und dass sich mit diesem Verkehr Einnahmen aus Provisionen oder Werbeanzeigen erzielen ließen, die gegebenenfalls dazu verwendet werden könnten, den Nutzen der bereitgestellten Dienste zu verbessern und sich auf diese Weise von Wettbewerbern abzuheben. Mit anderen Worten hat die Kommission dargelegt, dass die Generierung von Datenverkehr einen positiven Kreislauf in Gang setze, nämlich die Relevanz der Ergebnisse verbessere und damit mehr Nutzer anziehe und letztlich zu höheren Einnahmen von Werbepartnern oder Online-Händlern führe, die ihre Produkte auf der Website des Preisvergleichsdienstes anböten, was wiederum bedeute, dass das betreffende Unternehmen in der Lage sei, höhere Investitionen in die Verbesserung oder zumindest Erhaltung seiner Wettbewerbsposition in einem Sektor – dem digitalen Sektor – zu tätigen, in dem Innovation der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg sei. Umgekehrt könne der Rückgang der Besucherzahlen zu einer Abwärtsspirale und langfristig zu einem Marktaustritt führen, ausgelöst durch den Verlust der Konkurrenzfähigkeit in Bezug auf wesentliche Merkmale des Marktes wie die Relevanz der Ergebnisse und die Innovation, die miteinander verknüpft seien, weil die Preisvergleichsdienste Innovationen vornähmen, um die Relevanz ihrer Ergebnisse zu verbessern und so mehr Besucher anzuziehen und dadurch höhere Einnahmen zu erzielen. Als Zweites hat die Kommission in Bezug auf das Nutzerverhalten darauf hingewiesen, dass die von Google eingeführte Begünstigung, die darauf abziele, ihre eigenen Ergebnisse sichtbarer und die Ergebnisse ihrer Wettbewerber weniger sichtbar anzuzeigen, geeignet sei, das Verhalten der Internetnutzer zu beeinflussen, wenn sie Websites von Preisvergleichsdiensten aufrufen wollten (Abschnitt 7.2.3.1 und Erwägungsgründe 454 bis 461 des angefochtenen Beschlusses). Hierzu hat die Kommission in den Erwägungsgründen 455 bis 457 des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, dass sich die Nutzer üblicherweise auf die ersten drei bis fünf Suchergebnisse konzentrierten und den nachfolgenden Ergebnissen, insbesondere denen unterhalb des unmittelbar sichtbaren Teils des Bildschirms (fold), keine oder nur wenig Aufmerksamkeit schenkten. So hat die Kommission im 535. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, dass die Nutzer dazu neigten, die am besten sichtbaren Ergebnisse als die relevantesten anzusehen, unabhängig von ihrer tatsächlichen Relevanz. Was als Drittes die Auswirkungen des umgeleiteten Verkehrs betrifft, hat die Kommission darauf hingewiesen, dass dieser einen großen Teil des Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten ausmache (Abschnitt 7.2.4.1 des angefochtenen Beschlusses) und nicht wirksam durch andere Quellen wie Textanzeigen, mobile Anwendungen, Direktverkehr, Verweise auf Partner-Websites, soziale Netze oder andere Suchmaschinen ersetzt werden könne (Abschnitt 7.2.4.2 des angefochtenen Beschlusses). In Anbetracht des oben in den Rn. 168 bis 173 dargestellten Zusammenhangs hat die Kommission die Bedeutung des von den allgemeinen Suchseiten von Google ausgehenden Verkehrs und den Umstand, dass er nicht wirksam ersetzt werden kann, rechtsfehlerfrei als relevante Merkmale angesehen, die das Vorliegen von Praktiken außerhalb des Leistungswettbewerbs kennzeichnen können. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass sich die Kommission nicht darauf beschränkt hat, das Vorliegen einer Hebelwirkung festzustellen, sondern dass sie, wie von der Rechtsprechung gefordert, die mit dieser Wirkung einhergehenden Praktiken von Google rechtlich eingestuft und sich dabei auf einschlägige Kriterien gestützt hat. Sofern die Kommission die Begünstigung und ihre unter Berücksichtigung der besonderen Umstände der betroffenen Märkte festgestellten Auswirkungen ordnungsgemäß nachgewiesen hat, was unter Berücksichtigung aller Klagegründe und Argumente zu prüfen sein wird, war sie daher zu der Annahme berechtigt, dass diese Begünstigung vom Leistungswettbewerb abwich. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es in Anbetracht der universellen Ausrichtung der allgemeinen Suchmaschine von Google, die, wie aus dem 12. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hervorgeht, dazu bestimmt ist, Ergebnisse zu indexieren, die alle möglichen Inhalte umfassen, in gewisser Hinsicht eine Anomalie darstellt, wenn bestimmte spezialisierte Ergebnisse, nämlich die eigenen, gegenüber den konkurrierenden spezialisierten Ergebnissen bevorzugt werden. Die in Rede stehende Infrastruktur, d. h. die allgemeinen Ergebnisseiten von Google, die Verkehr zu anderen Websites erzeugen, insbesondere zu denen konkurrierender Preisvergleichsdienste, ist nämlich eine grundsätzlich offene Infrastruktur, was sie von anderen in der Rechtsprechung behandelten Infrastrukturen unterscheidet, die aus materiellen (Vertriebssysteme für Presseerzeugnisse) oder immateriellen Vermögensgegenständen (Rechte des geistigen Eigentums) bestehen, deren Wert von der Fähigkeit ihres Eigentümers abhängt, sich deren ausschließliche Nutzung vorzubehalten. Im Unterschied zu den letztgenannten Infrastrukturen liegen die Daseinsberechtigung und der Wert einer allgemeinen Suchmaschine in ihrer Fähigkeit, für von außen, d. h. aus dritten Quellen, stammende Ergebnisse offen zu sein und diese vielfältigen und unterschiedlichen Quellen auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten anzuzeigen; dies bereichert die Suchmaschine, erhöht ihre Glaubwürdigkeit in der breiten Öffentlichkeit und ermöglicht es ihr, von Netzwerk- und Skaleneffekten zu profitieren, die für ihre Entwicklung und ihren Fortbestand auf einem Markt, auf dem aufgrund dieser Netzwerkeffekte naturgemäß nur wenige derartige Infrastrukturen fortbestehen können, unerlässlich sind. Es bedarf nämlich einer sehr großen Zahl von Nutzern, um eine kritische Größe zu erreichen, die einen Ausgleich dafür schaffen kann, dass der Dienst auf der einen Seite des Marktes kostenlos ist und auf der anderen Seite Werbeeinnahmen generiert, so dass es für eine Suchmaschine mit einem gewissen Risiko verbunden und nicht unbedingt vernünftig ist, den Umfang ihrer Ergebnisse auf ihre eigenen zu beschränken, außer in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem die Marktbeherrschung und die Marktzutrittsschranken so hoch sind, dass innerhalb einer ausreichend kurzen Zeitspanne kein Markteintritt möglich ist, um dieser Beschränkung der Wahlmöglichkeiten der Internetnutzer entgegenzutreten. Daher stellt der Umstand – seinen Nachweis unterstellt –, dass Google ihre eigenen spezialisierten Ergebnisse gegenüber den Ergebnissen Dritter bevorzugt – was im Widerspruch zu dem Geschäftsmodell zu stehen scheint, auf dem der ursprüngliche Erfolg ihrer Suchmaschine beruht –, zwangsläufig in gewisser Hinsicht eine Anomalie dar. Daraus folgt, dass es nach der oben in Rn. 133 angeführten Rechtsprechung Sache des für diese Ungleichbehandlung Verantwortlichen ist, sie im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht zu rechtfertigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Dezember 2018, Servier u. a./Kommission, T‑691/14 , mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2018:922 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Im Übrigen ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in Bezug auf Anbieter von Internetzugängen, wenn auch zu einem anderen Sachverhalt als dem der vorliegenden Rechtssache, entschieden hat, dass der Unionsgesetzgeber diesen Wirtschaftsteilnehmern durch die Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und ‑diensten sowie der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union ( ABl. 2015, L 310, S. 1 ) eine allgemeine Verpflichtung zur Gleichbehandlung ohne Diskriminierung, Beschränkung oder Beeinträchtigung des Verkehrs auferlegen wollte, von der in keiner Weise durch Geschäftspraktiken abgewichen werden darf (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 15. September 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 und C‑39/19 , EU:C:2020:708 , Rn. ). Das Vorliegen einer solchen Entscheidung des Gesetzgebers und die sich daraus für Anbieter von Internetzugängen auf dem vorgelagerten Markt ergebende gesetzliche Pflicht zur Gleichbehandlung dürfen bei der Analyse der Praktiken eines Betreibers wie Google auf dem nachgelagerten Markt nicht außer Acht gelassen werden, weil Google den Markt für allgemeine Suchdienste unstreitig völlig beherrscht und besondere Verantwortung dafür trägt, dass ihr Verhalten einen wirksamen und unverfälschten Wettbewerb auf dem Binnenmarkt nicht beeinträchtigt. Dabei ist es unerheblich, ob ein Rechtsakt einen solchen diskriminierungsfreien Zugang zu Online-Suchergebnissen allgemein vorschreibt oder nicht, weil nach der Rechtsprechung ein System nicht verfälschten Wettbewerbs nur gewährleistet werden kann, wenn die Chancengleichheit zwischen den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern sichergestellt ist (vgl. Urteil vom 14. Oktober 2010, Deutsche Telekom/Kommission, C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung), was auf die Möglichkeit hinweist, bestimmte Ungleichbehandlungen als Verstoß gegen Art. 102 AEUV anzusehen, wenn es um Begünstigungspraktiken marktbeherrschender Betreiber im Internetsektor geht. Wie der VDZ geltend macht, ist die Abweichung vom Leistungswettbewerb zudem umso offensichtlicher, als das in Rede stehende Verhalten – seinen Nachweis unterstellt – auf eine Verhaltensänderung des marktbeherrschenden Betreibers folgt. Google hat ihr Verhalten auf dem Markt für allgemeine Suchdienste nämlich geändert. Aus den Akten geht hervor, dass Google in der Vergangenheit zunächst allgemeine Suchdienste angeboten und auf diesem Markt, der durch sehr hohe Eintrittsschranken gekennzeichnet ist, eine „superdominante“ Stellung erlangt hatte. Auf diesem Markt zeigte Google Ergebnisse an, die die Nutzer zu Preisvergleichsdiensten weiterleiteten. Außerdem zeigte Google alle Ergebnisse von spezialisierten Suchdiensten in gleicher Weise und nach den gleichen Kriterien an. Ohnehin besteht der eigentliche Zweck eines allgemeinen Suchdienstes gerade darin, eine möglichst große Zahl von Internetseiten zu durchsuchen und zu indexieren, um sämtliche einer Suche entsprechenden Ergebnisse anzuzeigen. In einer zweiten Phase trat Google in den Markt für die spezialisierte Preisvergleichssuche ein. Als Google ihre Tätigkeit auf diesem Markt aufnahm, gab es bereits zahlreiche Anbieter solcher Dienste. Darüber hinaus war Google in Anbetracht ihrer „superdominanten“ Stellung, ihrer Rolle als Eingangsportal zum Internet und der sehr hohen Zutrittsschranken auf dem Markt für allgemeine Suchdienste in besonderem Maße verpflichtet, durch ihr Verhalten einen wirksamen und unverfälschten Wettbewerb auf dem damit verbundenen Markt für die spezialisierte Preisvergleichssuche nicht zu beeinträchtigen. Nach Ansicht der Kommission hat Google jedoch nach ihrem Eintritt in den Markt für die spezialisierte Preisvergleichssuche und dem Misserfolg ihrer diesem Dienst gewidmeten Website (Froogle) ihre Praktiken auf dem von ihr beherrschten Markt der allgemeinen Suchdienste geändert, was dazu führte, dass sich die Sichtbarkeit der Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes auf den allgemeinen Ergebnisseiten erhöhte. Nach der Einführung der gruppierten Produktergebnisse seien nämlich nicht mehr alle Preisvergleichsdienste gleichbehandelt worden. Google habe ihre eigenen spezialisierten Suchergebnisse hervorgehoben (Positionierung und Präsentation), die Ergebnisse ihrer Wettbewerber herabgestuft und sie darüber hinaus nicht in der gleichen Art angezeigt (nur „blaue Links“ ohne Bilder oder angereicherten Text). Diese Änderung ihres Verhaltens habe die Sichtbarkeit der Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste verringert und zugleich die Sichtbarkeit der Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes erhöht. Somit hätten die in Rede stehenden Praktiken Google in die Lage versetzt, ihren eigenen Preisvergleichsdienst auf ihren allgemeinen Suchergebnisseiten hervorzuheben, während konkurrierende Preisvergleichsdienste auf diesen Seiten so gut wie unsichtbar gemacht worden seien, was mit der von einem allgemeinen Suchdienst zu erwartenden Zielsetzung grundsätzlich nicht vereinbar sei. Unter der Voraussetzung, dass die am Ende der oben in den Rn. 170 bis 173 zusammengefassten Analyse beschriebene Begünstigung und ihre Auswirkungen tatsächlich nachgewiesen sind, kann das Verhalten von Google daher als solches nicht unter den Leistungswettbewerb fallen. Dieses Ergebnis wird nicht durch das Vorbringen von Google entkräftet, die Einblendung der Product Universals und der Shopping Units könne nicht als missbräuchlich eingestuft werden, weil diese Ergebnisse und Anzeigen qualitative Verbesserungen ihrer Dienste im Rahmen des Leistungswettbewerbs dargestellt hätten. Zum einen ist nämlich darauf hinzuweisen, dass das Vorbringen von Google auf der unzutreffenden Prämisse beruht, das in Rede stehende Verhalten bestehe allein in der besonderen Präsentation und Positionierung der Product Universals und der Shopping Units, während dieses Verhalten in Wirklichkeit in der Kombination zweier Praktiken besteht, nämlich der Hervorhebung der spezialisierten Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google und der gleichzeitigen Herabstufung der Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste durch Anpassungsalgorithmen. Hierzu ist festzustellen, dass Google die Herabstufung der konkurrierenden Preisvergleichsdienste auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten, von der ihr eigener Preisvergleichsdienst nicht betroffen ist, nicht als eine für einen Leistungswettbewerb kennzeichnende „qualitative Verbesserung“ einstuft. Zum anderen geht entgegen dem Vorbringen von Google aus keinem der von der Kommission im 334. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses angeführten Urteile hervor, dass ein Verhalten, das zu einer Verbesserung des Produkts oder der Dienstleistung führt, als solches keine eigenständige Form des Missbrauchs darstellen könne, wenn diese Verbesserung das marktbeherrschende Unternehmen dazu veranlasst, sein eigenes Produkt oder seine eigene Dienstleistung durch den Rückgriff auf Methoden zu begünstigen, die von denen abweichen, die für den Leistungswettbewerb kennzeichnend sind, und dieses Verhalten wettbewerbswidrige Auswirkungen haben kann. Insoweit können, wie der VDZ zutreffend ausführt, Produkt- oder Dienstleistungsverbesserungen technischer oder kommerzieller Art nur im Stadium der Prüfung möglicher objektiver Rechtfertigungsgründe und durch diese Verbesserungen erzielter Effizienzsteigerungen berücksichtigt werden. Dieses Ergebnis, wonach das Verhalten von Google, sofern es nachweislich als Begünstigung einzustufen ist, von einem Leistungswettbewerb abweichen kann, wird nicht durch das Argument der CCIA entkräftet, das Fehlen eines im angefochtenen Beschluss angeführten klaren rechtlichen Prüfkriteriums verstoße gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit. Vorab ist festzustellen, dass die Kommission die Zulässigkeit dieses Arguments in Abrede stellt, indem sie geltend macht, es sei unzulässig, weil es im Vergleich zum Vorbringen von Google im Wesentlichen neu sei. Nach Art. 40 Abs. 4 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, der nach Art. 53 Abs. 1 dieser Satzung auf das Verfahren vor dem Gericht anwendbar ist, können mit den aufgrund des Beitritts gestellten Anträgen nur die Anträge einer Partei unterstützt werden. Somit kann eine Partei, die in einem beim Gericht anhängigen Rechtsstreit als Streithelferin zugelassen wird, den Streitgegenstand, wie er durch die Anträge sowie die Klage- und Verteidigungsgründe der Hauptparteien umschrieben wird, nicht ändern. Folglich ist nur solches Vorbringen eines Streithelfers zulässig, das sich in dem durch diese Anträge und Gründe festgelegten Rahmen hält (Urteil vom 29. Juli 2019, Bayerische Motoren Werke und Freistaat Sachsen/Kommission, C‑654/17 P , EU:C:2019:634 , Rn. ). Außerdem muss der Streithelfer nach Art. 142 Abs. 3 der Verfahrensordnung des Gerichts den Rechtsstreit in der Lage annehmen, in der dieser sich zum Zeitpunkt des Streitbeitritts befindet. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmungen den Streithelfer zwar nicht daran hindern, neue oder andere Argumente als die von ihm unterstützte Partei vorzubringen, weil sein Vorbringen andernfalls auf eine Wiederholung der Argumente der Klageschrift beschränkt wäre; sie erlauben es ihm jedoch nicht, den in der Klageschrift definierten Rahmen des Rechtsstreits zu ändern oder umzubilden, indem neue Rügen vorgetragen werden (Urteil vom 12. Dezember 2006, SELEX Sistemi Integrati/Kommission, T‑155/04 , EU:T:2006:387 , Rn. ). Im vorliegenden Fall wird das in Rede stehende Argument jedoch vorgebracht, um das Vorbringen von Google zu stützen, dass die Kommission in Abkehr von der Rechtsprechung zum Missbrauch durch Hebelwirkung im vorliegenden Fall kein spezifisches Merkmal festgestellt habe, das das in Rede stehende Verhalten von einem unter den Leistungswettbewerb fallenden Verhalten unterscheide, und um daraus zugleich eine konkrete Folge für die Mitglieder der CCIA abzuleiten, nämlich einen Verstoß gegen den Grundsatz der Rechtssicherheit. Unter diesen Umständen ist dieses Argument zulässig. Zur Beurteilung der Stichhaltigkeit dieses Arguments ist darauf hinzuweisen, dass die Wahrung des Grundsatzes der Rechtssicherheit es erfordert, dass die Organe Widersprüche, die durch die Durchführung verschiedener Bestimmungen des Unionsrechts entstehen können, grundsätzlich vermeiden (vgl. Urteil vom 22. April 2016, Irland und Aughinish Alumina/Kommission, T‑50/06 RENV II und T‑69/06 RENV II , EU:T:2016:227 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall wird zwar im 341. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses dargelegt, aus welchen Gründen die in Rede stehenden Verhaltensweisen vom Leistungswettbewerb abweichen sollen, indem im Wesentlichen ausgeführt wird, dass diese Praktiken zum einen den Datenverkehr umgeleitet hätten und zum anderen wettbewerbswidrige Auswirkungen haben könnten. Somit scheint die Kommission in diesem Erwägungsgrund – betrachtet man ihn isoliert – aus dem Vorhandensein von Verdrängungswirkungen, die sich aus diesen Praktiken ergeben, abgeleitet zu haben, dass sie vom Leistungswettbewerb abwichen. Eine solche Beschreibung, die sich allein auf die Verdrängungswirkungen der Praktiken bezieht, könnte Anlass zu der Frage geben, ob das Kriterium, das die Kommission zur Einstufung als Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV angewandt hat, mit dem Grundsatz der Rechtssicherheit vereinbar ist. Aus der oben in Rn. 157 angeführten Rechtsprechung ergibt sich nämlich, dass nicht jede Praxis, die Verdrängungswirkungen entfaltet, sei sie preispolitischer Art oder nicht, allein aus diesem Grund als wettbewerbswidrig angesehen werden kann. Der 341. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ist jedoch in Verbindung mit dessen 342. Erwägungsgrund zu lesen, in dem die Kommission „zur Darlegung, warum das Verhalten missbräuchlich ist und außerhalb des Bereichs des Leistungswettbewerbs liegt“, ausgeführt hat, die in Rede stehenden Praktiken bestünden darin, dass Google ihren eigenen Preisvergleichsdienst zum Nachteil konkurrierender Preisvergleichsdienste begünstige, und diese Begünstigung füge sich in einen besonderen Kontext ein. In diesem Zusammenhang führt die Kommission im 342. Erwägungsgrund die zahlreichen Aspekte an, die sie berücksichtigt hat, um aufzuzeigen, warum die Praxis missbräuchlich sei und vom Leistungswettbewerb abweiche, darunter insbesondere, wie sich aus den vorstehenden Rn. 170 bis 173 ergibt, die drei Kriterien, die sich auf die Bedeutung des von der allgemeinen Suchmaschine von Google generierten Datenverkehrs für die Preisvergleichsdienste (Abschnitt 7.2.2 des angefochtenen Beschlusses), auf das Nutzerverhalten bei der Online-Suche (Abschnitt 7.2.3.1 des angefochtenen Beschlusses) und auf den Umstand beziehen, dass der umgeleitete Verkehr nicht wirksam ersetzt werden kann (Abschnitt 7.2.4 des angefochtenen Beschlusses). Somit steht die Analyse der Kommission, die zur Feststellung eines Missbrauchs geführt hat, in keiner Weise im Sinne der oben in Rn. 194 angeführten Rechtsprechung im „Widerspruch“ zu der im 334. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses angeführten Rechtsprechung zum Missbrauch durch Hebelwirkung, weil sie den Schluss auf das Vorliegen einer Zuwiderhandlung erlaubt, indem sie sich zum einen auf wettbewerbsrechtlich bedenkliche Aspekte stützt (insbesondere auf eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung), die im Fall einer Zugangsverweigerung nicht vorliegen, und zum anderen im Einklang mit der oben in Rn. 165 angeführten Rechtsprechung auf spezifische Umstände, die sich auf die Art der Infrastruktur beziehen, aus der sich diese Ungleichbehandlung ergibt (im vorliegenden Fall insbesondere auf die Bedeutung des Datenverkehrs und den Umstand, dass er nicht wirksam ersetzt werden kann). Unter diesen Umständen ist der erste Teil des fünften Klagegrundes zurückzuweisen. b) Zweiter Teil des fünften Klagegrundes: die Kommission habe von Google verlangt, den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten Zugang zu ihren verbesserten Diensten zu gewähren, ohne dass die in der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen vorlägen 1) Vorbringen der Parteien Mit dem zweiten Teil des fünften Klagegrundes wird geltend gemacht, die Kommission habe von Google nicht verlangen dürfen, den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten Zugang zu den Diensten zu gewähren, die sich aus ihren Verbesserungen auf dem Gebiet des Vergleichs von Produkten ergäben, ohne dass die in der Rechtsprechung hierfür aufgestellten Voraussetzungen erfüllt seien, insbesondere diejenigen, die sich auf die Einstufung von Infrastrukturen als wesentliche Einrichtungen bezögen. Als Erstes macht Google geltend, darauf laufe die Tragweite des angefochtenen Beschlusses in der Tat hinaus, weil dieser ihr eine Zugangsverpflichtung auferlege, obwohl das beanstandete Verhalten lediglich als Begünstigung in dem Sinne beschrieben werde, dass Google ihre eigenen Suchergebnisse gegenüber denen ihrer Wettbewerber bevorzugt behandele. Google stützt sich insoweit u. a. auf den 538. und auf den 662. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses, in dem es heißt, dass „[d]er in diesem Beschluss festgestellte Missbrauch … schlicht darin [besteht], dass Google die Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes und diejenigen der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht in gleicher Weise positioniert und präsentiert“. Google trägt vor, im angefochtenen Beschluss würden weder Kriterien noch Grundsätze genannt, anhand deren sich die in Rede stehende Zuwiderhandlung von einem Fall unterscheiden lasse, der eine Pflicht zur Zugangsgewährung betreffe. Es sei unerheblich, dass im Beschluss eine andere Formulierung verwendet worden sei, um eine Zugangsverweigerung zu ahnden. Die Notwendigkeit, die für eine Pflicht zur Zugangsgewährung geltenden Kriterien anzuwenden, hänge vom Inhalt und von der Art und Weise dieser Verpflichtung ab und nicht davon, wie sie formuliert sei. Der im angefochtenen Beschluss erhobene Vorwurf der Begünstigung betreffe in Wirklichkeit den Zugang der konkurrierenden Preisvergleichsdienste zu den „Technologien und Designs“ von Google, weil die Kommission Google nicht daran hindern wolle, die Product Universals und die Shopping Units einzublenden (Erwägungsgründe 656 und 662 des angefochtenen Beschlusses), sondern ihr vorwerfe, konkurrierende Preisvergleichsdienste nicht in gleicher Weise zu positionieren und anzuzeigen, was voraussetze, dass sie Zugang zu diesen „Technologien und Designs“ erhielten. Dasselbe Argument, das die Kommission im angefochtenen Beschluss angeführt habe, um das Vorliegen einer Begünstigung festzustellen, hätte auch in der Rechtssache vorgebracht werden können, in der das Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), ergangen sei, weil der betroffene Presseverlag, Mediaprint, seine eigenen Zeitungen in sein Vertriebssystem aufgenommen habe, nicht aber die seines Wettbewerbers. Ebenso hätte in der Rechtssache, in der das Urteil vom 3. Oktober 1985, CBEM ( 311/84 , EU:C:1985:394 ), ergangen sei, geltend gemacht werden können, dass der betreffende Fernsehsender seine eigenen Telemarketingdienste begünstige, indem er nur Werbung zulasse, die seine eigene Telefonnummer enthalte. Somit würde eine Bestätigung des angefochtenen Beschlusses nach Ansicht von Google bedeuten, dass jede Zugangsverweigerung zu einer Begünstigungshandlung umqualifiziert werden könnte, ohne dass die in der Rechtsprechung des Gerichtshofs aufgestellte Voraussetzung der Unerlässlichkeit erfüllt sein müsse. Dies würde alle Urteile, in denen der Gerichtshof die Erfüllung dieser Voraussetzung verlangt habe, in Frage stellen. Wie der mit Beschwerden wegen desselben Sachverhalts der Begünstigung befasste Bundesgerichtshof (Deutschland) hervorgehoben habe, seien die Unternehmen aber nicht verpflichtet, ihre Wettbewerber zu subventionieren. Außerdem werde Google nicht vorgeworfen, Marktzutrittsschranken oder Beschränkungen geschaffen zu haben, die konkurrierende Preisvergleichsdienste daran hinderten, Datenverkehr aus Drittquellen anzuziehen. Wenn die angeblichen wettbewerbswidrigen Auswirkungen auf einen fehlenden Zugang zum Datenverkehr von Google zurückzuführen seien, wäre es Sache der Kommission gewesen, im Einklang mit dem Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), nachzuweisen, dass dieser Zugang für den Wettbewerb „unerlässlich“ sei und der fehlende Zugang den Wettbewerb auszuschalten drohe. Als Zweites weist Google darauf hin, dass im angefochtenen Beschluss nicht nachgewiesen worden sei, dass der Zugang zu ihren Dienstleistungen für die Anbieter konkurrierender Preisvergleichsdienste unerlässlich sei und der tatsächliche Wettbewerb ohne einen solchen Zugang möglicherweise ausgeschlossen werde, was nach der Rechtsprechung Voraussetzung dafür sei, einem beherrschenden Unternehmen eine Zugangsverpflichtung aufzuerlegen. So beschränke sich der angefochtene Beschluss auf den Hinweis, dass der Suchverkehr von Google „für die Wettbewerbsfähigkeit eines Preisvergleichsdienstes wichtig“ sei (444. Erwägungsgrund), ohne jemals nachzuweisen, dass dieser Verkehr „unerlässlich“ sei, und er enthalte lediglich die Behauptung, dass die anderen Verkehrsquellen für die konkurrierenden Preisvergleichsdienste weniger vorteilhaft seien (542. Erwägungsgrund). Als Drittes fügt Google hinzu, die Kommission sei im angefochtenen Beschluss zu Unrecht von der Rechtsprechung zur Zugangsverpflichtung abgewichen, indem sie sich auf zwei unzutreffende Gründe berufen habe. Zunächst habe sie im 650. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses dargelegt, dass das Verhalten von Google nicht in einer rein passiven Verweigerung des Zugangs zu ihren allgemeinen Ergebnisseiten bestanden habe, sondern in einem aktiven Verhalten, das ihren eigenen Preisvergleichsdienst durch eine günstigere Positionierung und Präsentation auf diesen Seiten bevorzuge. Der Gerichtshof habe z. B. in der Rechtssache, in der das Urteil vom 3. Oktober 1985, CBEM ( 311/84 , EU:C:1985:394 , Rn. ), ergangen sei und die ebenfalls ein aktives Verhalten betroffen habe, auf die Unerlässlichkeit der verweigerten Dienstleistung und die Gefahr der Ausschaltung jeglichen Wettbewerbs abgestellt, um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass ein beherrschendes Unternehmen diese Dienstleistung nicht sich selbst vorbehalten dürfe. Sodann habe die Kommission im 651. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses die Auffassung vertreten, dass das Kriterium der Unerlässlichkeit nicht anwendbar sei, weil der Beschluss lediglich verlange, dass „Google die Praktiken einstellt“, nicht aber, einen Vermögenswert zu übertragen oder neue Vereinbarungen zu schließen. Auch wenn es Google nämlich freistehe, darauf zu verzichten, die in Rede stehenden Dienste zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen, statt den interessierten Parteien durch den Abschluss von Vereinbarungen mit ihnen Zugang zu gewähren, hätte dieselbe Möglichkeit auch für diejenigen Unternehmen bestanden, denen zur Beendigung des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung eine Zugangsverpflichtung auferlegt worden sei. Kurz gesagt habe die Kommission mit dem angefochtenen Beschluss die Verbesserungen in Bezug auf die Suchergebnisse und produktbezogenen Anzeigen sowie die ihnen zugrunde liegenden Technologien mit der Begründung beanstandet, dass Google den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten keinen Zugang zu ihnen gewährt habe. Um auf der Grundlage dieser Argumentation einen Missbrauch festzustellen, hätte die Kommission jedoch nachweisen müssen, dass dieser Zugang unerlässlich gewesen sei und ohne ihn die Gefahr bestanden habe, dass jeglicher Wettbewerb ausgeschaltet werde. Die CCIA ist ganz allgemein der Ansicht, der angefochtene Beschluss beruhe auf der falschen Prämisse, dass die Suchmaschine von Google das Portal zum Internet sei. Heute gebe es jedoch – mehr als je zuvor – zahlreiche Eingangsportale, um im Internet Wettbewerb zu betreiben, und keine Website stelle „das Portal“ zum Internet dar. Die Kommission, unterstützt durch die Bundesrepublik Deutschland, trägt vor, die im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), aufgestellten Kriterien seien im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Sie wiederholt insoweit die oben in den Rn. 204 und 205 wiedergegebenen Argumente im angefochtenen Beschluss und führt aus, sie habe Google die Wahl der Mittel überlassen, mit denen die Gleichbehandlung ihres Preisvergleichsdienstes und der konkurrierenden Preisvergleichsdienste sichergestellt werde, was die Möglichkeit umfasst habe, entweder die Shopping Units weiterhin auf ihrer allgemeinen Ergebnisseite anzuzeigen und dabei die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste im Rahmen von Vereinbarungen einzubeziehen oder aber auf die Einblendung der Shopping Units auf dieser Seite zu verzichten. Die Kommission widerspricht dem Vorbringen von Google, wonach ein Missbrauch einer beherrschenden Stellung nur dann festgestellt werden könne, wenn die Voraussetzungen der Zugangsverweigerung zu einer „wesentlichen Einrichtung“ erfüllt seien, weil es auch andere wettbewerbswidrige Verhaltensweisen geben könne, die eine Ausweitung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung auf einem Markt bewirkten. Sofern sie belege, dass der Wettbewerb durch das wettbewerbswidrige Verhalten eines beherrschenden Unternehmens eingeschränkt werden könne, brauche sie nicht nachzuweisen, dass sich dieses Unternehmen geweigert habe, eine für seine Wettbewerber unerlässliche Ware oder Dienstleistung zur Verfügung zu stellen. Als Beispiel führt die Kommission die Rechtssache an, in der das Urteil vom 23. Oktober 2003, Van den Bergh Foods/Kommission ( T‑65/98 , EU:T:2003:281 , Rn. und ), ergangen ist. Die Bundesrepublik Deutschland macht zur Unterstützung der Kommission geltend, dass es im vorliegenden Fall im Gegensatz zu dem im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), behandelten Fall nicht um den Zugang zu einer „wesentlichen Einrichtung“ gehe. Google „beliefere“ ihre Wettbewerber bereits, indem sie ihnen Zugang zu ihrem allgemeinen Suchdienst gewähre. Ein Ausschluss von Wettbewerbern, wie er jenem Urteil zugrunde gelegen habe, liege hier nicht vor. Der gegen Google erhobene Vorwurf der Kommission betreffe vielmehr die weniger günstige Präsentation der Dienste der Wettbewerber im Vergleich zum eigenen Dienst von Google, weil die Ergebnisse der Wettbewerber als weniger relevant präsentiert würden als die von Google. Der VDZ trägt vor, das in Rede stehende Verhalten stelle einen typischen Fall des Missbrauchs durch Hebelwirkung dar, der mit bereits als rechtswidrig eingestuften Praktiken wie Kopplungsgeschäften, Margenbeschneidungen und bestimmten Sonderformen der Lieferverweigerung gleichgestellt werden könne, und dieses Verhalten sei als ein solcher Fall angesehen worden. 2) Würdigung durch das Gericht Im angefochtenen Beschluss hat die Kommission die Auffassung vertreten, dass die im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), genannten Voraussetzungen auf den vorliegenden Sachverhalt insbesondere aus drei Gründen nicht anwendbar seien. Erstens handele es sich bei dem Missbrauch durch Hebelwirkung um eine etablierte und eigenständige Form des Missbrauchs, die sich vom Leistungswettbewerb unterscheide (649. Erwägungsgrund), zweitens stellten die in Rede stehenden Praktiken keine passive Verweigerung des Zugangs zu den allgemeinen Ergebnisseiten von Google dar, sondern eine aktive Begünstigung, indem Google ihren eigenen Preisvergleichsdienst im Vergleich zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten bevorzugt behandele (650. Erwägungsgrund), und drittens sei es im vorliegenden Fall zur Beendigung des Missbrauchs nicht erforderlich, dass dieses Unternehmen einen Vermögenswert übertrage oder Vereinbarungen mit Personen treffe, die es nicht ausgewählt habe. Die Kommission hat die Unanwendbarkeit des Urteils vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), unter Hinweis auf das Urteil vom 23. Oktober 2003, Van den Bergh Foods/Kommission ( T‑65/98 , EU:T:2003:281 , Rn. ), mit dem letztgenannten Gesichtspunkt begründet (651. Erwägungsgrund). Vorab ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), festgestellt hat, dass die Weigerung eines Unternehmens in beherrschender Stellung, Zugang zu einer Dienstleistung zu gewähren, nur dann einen Missbrauch im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen kann, wenn sie geeignet ist, jeglichen Wettbewerb auf dem Markt durch denjenigen, der die Dienstleistung begehrt, auszuschalten, wenn sie nicht objektiv zu rechtfertigen ist und wenn die Dienstleistung selbst für die Ausübung der Tätigkeit des Nachfragers in dem Sinne unentbehrlich ist, dass es keinen tatsächlichen oder potenziellen Ersatz für sie gibt (Urteil vom 26. November 1998, Bronner, C‑7/97 , EU:C:1998:569 , Rn. ; vgl. auch Urteil vom 9. September 2009, Clearstream/Kommission, T‑301/04 , EU:T:2009:317 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Im Rahmen des zweiten Teils des fünften Klagegrundes wirft Google der Kommission im Wesentlichen vor, die in Rede stehenden Praktiken als „Lieferverweigerung“ behandelt zu haben, ohne insbesondere geprüft zu haben, ob der Zugang zu den betreffenden Elementen, nämlich zu den allgemeinen Ergebnisseiten und ihren eigenen spezialisierten Ergebnissen (Product Universals und Shopping Units), „unerlässlich“ gewesen sei und ob die Gefahr bestanden habe, dass jeglicher Wettbewerb ausgeschaltet werde, wie sie dies im Licht des Urteils vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), hätte tun müssen. Damit habe die Kommission eine Zugangsverweigerung geahndet und sich dabei zugleich den Voraussetzungen und der Beweislast für den Nachweis dieser Zuwiderhandlung entzogen. Die im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), dargelegten Voraussetzungen gelten grundsätzlich für Infrastrukturen oder Dienstleistungen, die häufig als „wesentliche Einrichtung“ in dem Sinne eingestuft werden, dass sie für die Ausübung einer Tätigkeit auf einem Markt unerlässlich sind, weil es keinen tatsächlichen oder potenziellen Ersatz für sie gibt (vgl. Urteile vom 15. September 1998, European Night Services u. a./Kommission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 und T‑388/94 , EU:T:1998:198 , Rn. und sowie die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 9. September 2009, Clearstream/Kommission, T‑301/04 , EU:T:2009:317 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung), so dass die Verweigerung des Zugangs zur Ausschaltung jeglichen Wettbewerbs führen kann. Diese Rechtsprechung zu den wesentlichen Einrichtungen bezieht sich vor allem auf Fälle, in denen die freie Ausübung eines ausschließlichen Rechts, mit dem die Vornahme einer Investition oder eine Innovation belohnt wird, im Interesse eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt begrenzt werden kann (vgl. Urteile vom 1. Juli 2010, AstraZeneca/Kommission ( T‑321/05 , EU:T:2010:266 , Rn. , und vom 18. November 2020, Lietuvos geležinkeliai/Kommission, T‑814/17 , mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2020:545 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). In zahlreichen Fällen, in denen es um die Frage ging, ob sich ein beherrschendes Unternehmen eine Tätigkeit auf einem benachbarten Markt vorbehalten darf (Urteile vom 6. März 1974, Istituto Chemioterapico Italiano und Commercial Solvents/Kommission, 6/73 und 7/73 , EU:C:1974:18 , Rn. , vom 3. Oktober 1985, CBEM, 311/84 , EU:C:1985:394 , Rn. , vom 6. April 1995, RTE und ITP/Kommission, C‑241/91 P und C‑242/91 P , EU:C:1995:98 , Rn. , vom 26. November 1998, Bronner, C‑7/97 , EU:C:1998:569 , Rn. , vom 29. April 2004, IMS Health, C‑418/01 , EU:C:2004:257 , Rn. , vom 12. Juni 1997, Tiercé Ladbroke/Kommission, T‑504/93 , EU:T:1997:84 , Rn. , und vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission, T‑201/04 , EU:T:2007:289 , Rn. ), haben die Unionsgerichte in Anlehnung an die Lehre von den wesentlichen Einrichtungen die Kriterien der Unerlässlichkeit und der Gefahr der Ausschaltung jeglichen Wettbewerbs herangezogen, um das Vorliegen eines Missbrauchs festzustellen oder auszuschließen. Wie Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:264 , Nrn. , und ) im Wesentlichen ausgeführt hat, spiegelt die Wahl des Kriteriums der Unerlässlichkeit und des Kriteriums der Gefahr der Ausschaltung jeglichen Wettbewerbs aus rechtlicher Sicht den Willen wider, das Recht eines Unternehmens zu schützen, seine Vertragspartner auszuwählen und frei über sein Eigentum zu verfügen – Grundsätze, die in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten allgemein verankert sind und in einigen Fällen Verfassungsrang haben –, und aus wirtschaftlicher Sicht das Bestreben, den Wettbewerb im Interesse der Verbraucher langfristig zu fördern, indem einem Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt wird, von ihm entwickelte Einrichtungen der eigenen Nutzung vorzubehalten. Die drei im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), genannten und oben in Rn. 213 wiedergegebenen Voraussetzungen sollen somit dafür sorgen, dass die einem Unternehmen in beherrschender Stellung auferlegte Verpflichtung, Zugang zu seiner Infrastruktur zu gewähren, nicht letztlich den Wettbewerb dadurch beeinträchtigt, dass der ursprüngliche Anreiz für dieses Unternehmen, eine solche Infrastruktur zu errichten, verringert wird. Für ein marktbeherrschendes Unternehmen würde nämlich der Anreiz, Investitionen in Infrastrukturen zu tätigen, gemindert, wenn seine Wettbewerber auf ihr Ersuchen hin in die Lage versetzt würden, an den Gewinnen teilzuhaben (Urteil vom 18. November 2020, Lietuvos geležinkeliai/Kommission, T‑814/17 , mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2020:545 , Rn. ). Im Licht dieser Vorbemerkungen sind die Argumente zu prüfen, mit denen Google der Kommission vorwirft, gegen Art. 102 AEUV verstoßen zu haben, indem sie die in Rede stehenden Praktiken geahndet habe, ohne nachzuweisen, dass die im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), aufgestellten Voraussetzungen, insbesondere die der Unerlässlichkeit, erfüllt gewesen seien. Erstens geht es in der vorliegenden Rechtssache entgegen dem Vorbringen der Kommission um die Bedingungen, unter denen Google ihren allgemeinen Suchdienst über den Zugang der konkurrierenden Preisvergleichsdienste zu den allgemeinen Ergebnisseiten bereitstellt, wobei ein solcher Zugang, wie sich aus Abschnitt 7.2.2 des angefochtenen Beschlusses ergibt, für den auf den Websites der Preisvergleichsdienste generierten Verkehr und damit letztlich auch für deren Einnahmen als „wichtig“ dargestellt wird und, wie sich aus Abschnitt 7.2.4.2 ergibt, „nicht wirksam ersetzt werden kann“. So wird Google, wie aus dem 662. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hervorgeht, vorgeworfen, den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten keine ähnliche Positionierung und Anzeige wie ihrem eigenen Preisvergleichsdienst einzuräumen und daher nicht sicherzustellen, dass ihr eigener Preisvergleichsdienst und die konkurrierenden Preisvergleichsdienste gleichbehandelt werden. Hierzu heißt es im 699. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses, dass jede „Maßnahme“ zur Umsetzung sicherstellen müsse, dass Google die konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht „weniger günstig“ behandele als ihren eigenen Preisvergleichsdienst, und im 700. Erwägungsgrund Buchst. c, dass jede Umsetzungsmaßnahme den Preisvergleichsdienst von Google „denselben Verfahren und Methoden“ der Positionierung und Präsentation unterwerfen müsse wie denjenigen, die für die konkurrierenden Preisvergleichsdienste verwendet würden. Der angefochtene Beschluss bezweckt somit, dem Preisvergleichsdienst von Google und den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten unabhängig von der Art der in Rede stehenden Ergebnisse (generische Ergebnisse, Product Universals oder Shopping Units) den gleichen Zugang zu den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu gewähren, und zielt daher darauf ab, den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten Zugang zu den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu verschaffen und sicherzustellen, dass ihre Positionierung und Präsentation auf diesen Seiten ebenso sichtbar sind wie die des Preisvergleichsdienstes von Google, auch wenn dieser Beschluss nicht ausschließt, dass Google zur Umsetzung der von der Kommission geforderten Abhilfemaßnahmen darauf verzichten kann, den eigenen Preisvergleichsdienst auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten günstiger anzuzeigen und zu positionieren als konkurrierende Preisvergleichsdienste. Zweitens ist festzustellen, dass sich die Kommission in Anbetracht dieser Zugangsproblematik, wie aus den Erwägungsgründen 649 bis 652 des angefochtenen Beschlusses hervorgeht, nicht oder zumindest nicht ausdrücklich auf die im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ) aufgestellten Voraussetzungen bezogen hat, um den Missbrauch als erwiesen anzusehen. Vielmehr hat sich die Kommission, wie aus den Erwägungsgründen 334 und 649 des angefochtenen Beschlusses hervorgeht, auf die Rechtsprechung zum Missbrauch durch Hebelwirkung gestützt, um die in Rede stehenden wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen als erwiesen anzusehen. Insoweit ist die Kommission zu dem Ergebnis gelangt, dass Google ihre beherrschende Stellung auf dem Markt für allgemeine Suchdienste als Hebel eingesetzt habe, um ihren eigenen Preisvergleichsdienst auf dem Markt für Preisvergleichsdienste zu begünstigen, wobei diese Begünstigung zu einer potenziellen oder tatsächlichen Verdrängung des Wettbewerbs auf dem nachgelagerten Markt geführt habe (Erwägungsgründe 341 und 342 des angefochtenen Beschlusses). Es ist festzustellen, dass die allgemeine Ergebnisseite von Google Merkmale aufweist, die sie in die Nähe einer wesentlichen Einrichtung rücken (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 15. September 1998, European Night Services u. a./Kommission, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 und T‑388/94 , EU:T:1998:198 , Rn. und sowie die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 9. September 2009, Clearstream/Kommission, T‑301/04 , EU:T:2009:317 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung), und zwar in dem Sinne, dass derzeit keine tatsächliche oder potenzielle Alternative zur Verfügung steht, die es ermöglichen würde, sie auf dem Markt auf wirtschaftlich tragfähige Weise zu ersetzen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission, T‑201/04 , EU:T:2007:289 , Rn. , , , und ). Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission, wie sich aus den vorstehenden Rn. 170 bis 173 ergibt, in Abschnitt 7.2.4 des angefochtenen Beschlusses festgestellt hat, dass der von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehende allgemeine Suchverkehr einen großen Teil des Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten ausgemacht habe und dass dieser Verkehr durch andere, gegenwärtig für Preisvergleichsdienste verfügbare Verkehrsquellen nicht wirksam ersetzt werden könne, was sie als wesentliche Aspekte für die Analyse des missbräuchlichen Verhaltens angesehen hat. So hat die Kommission in Abschnitt 7.2.4.2 des angefochtenen Beschlusses klargestellt, dass es derzeit keine tragfähige Alternative zu dem Verkehr gebe, der einen großen Teil der Tätigkeit von Preisvergleichsdiensten ausmache. Im 588. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission festgestellt, dass „der Verkehr von anderen allgemeinen Suchmaschinen (wie Bing oder Yahoo) unbedeutend ist und aufgrund von Marktzutrittsschranken auf den nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste voraussichtlich nicht zunehmen wird“. In den Erwägungsgründen 285 bis 305 des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission die Zutrittsschranken zu den Märkten für allgemeine Suchdienste beschrieben. Sie hat festgestellt, dass diese Schranken auf erhebliche Investitionen sowie auf Größen- und Netzwerkeffekte zurückzuführen seien. Sie hat dargelegt, dass die historische Entwicklung der Märkte für allgemeine Suchdienste das Vorhandensein dieser Zutrittsschranken bestätige, weil es seit 2009 nur einen einzigen nennenswerten Markteintritt gegeben habe (den von Microsoft mit Bing), während Google (nahezu weltweit) eine Quasimonopolstellung innehabe. Im 544. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission weiter ausgeführt, dass verstärkte Investitionen in Textanzeigen, um den Rückgang des von der Suchmaschine von Google ausgehenden Datenverkehrs auszugleichen, ebenso wenig eine „wirtschaftlich tragfähige“ Lösung darstellten wie andere Verkehrsquellen wie z. B. mobile Anwendungen oder Direktverkehr (Erwägungsgründe 568 und 580). Hiervon ausgehend und aufgrund der Feststellung, dass der von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google erzeugte Datenverkehr nicht „wirksam zu ersetzen“ und andere Verkehrsquellen nicht „wirtschaftlich tragfähig“ gewesen seien, hat die Kommission den Datenverkehr von Google als für konkurrierende Preisvergleichsdienste unerlässlich angesehen (vgl. in diesem Sinne und in Analogie zu einem Computerbetriebssystem mit ähnlichen Merkmalen Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission, T‑201/04 , EU:T:2007:289 , Rn. , , , und ). In Abschnitt 7.3 des angefochtenen Beschlusses ist die Kommission schließlich zu dem Ergebnis gelangt, dass die in Rede stehenden Praktiken zur potenziellen Ausschaltung jeglichen Wettbewerbs führen könnten. So hat die Kommission im 594. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, diese Praktiken seien „geeignet, die konkurrierenden Preisvergleichsdienste zu veranlassen, ihre Dienste nicht mehr anzubieten“. Drittens ist festzustellen, dass die in Rede stehenden Praktiken zwar, wie Google vorträgt, gewisse Parallelen zu einer Zugangsproblematik aufweisen, sich aber in ihren grundlegenden Merkmalen von der Lieferverweigerung unterscheiden, um die es in der Rechtssache ging, in der das Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), ergangen ist, was die Entscheidung der Kommission rechtfertigt, diese Praktiken unter dem Gesichtspunkt anderer als der für die Zugangsverweigerung geltenden Kriterien zu erfassen. Nicht jede Problematik, die wie im vorliegenden Fall allein oder teilweise Fragen des Zugangs betrifft, bedeutet nämlich zwangsläufig, dass die im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), dargelegten Voraussetzungen für Lieferverweigerungen angewendet werden müssen. Dies gilt, wie die Kommission im 649. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausgeführt hat (siehe oben, Rn. 212), insbesondere dann, wenn die in Rede stehende Praxis in einem eigenständigen Verhalten besteht, das sich in seinen wesentlichen Merkmalen von einer Zugangsverweigerung unterscheidet, auch wenn es die gleichen Verdrängungswirkungen haben kann. Eine „Verweigerung“ des Zugangs, die die Anwendung der im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), genannten Voraussetzungen rechtfertigt, setzt nämlich zum einen voraus, dass sie ausdrücklich erfolgt, d. h. dass es einen „Antrag“ oder jedenfalls einen Wunsch nach Zugang und eine darauf bezogene „Verweigerung“ gibt, und zum anderen, dass der die Verdrängungswirkung auslösende Umstand – das beanstandete Verhalten – hauptsächlich in der Verweigerung als solcher besteht und nicht in einer außerhalb dieses Rahmens liegenden Verhaltensweise wie insbesondere einer anderen Form des Missbrauchs durch Hebelwirkung (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. März 1974, Istituto Chemioterapico Italiano und Commercial Solvents/Kommission, 6/73 und 7/73 , EU:C:1974:18 , Rn. und , vom 3. Oktober 1985, CBEM, 311/84 , EU:C:1985:394 , Rn. und , vom 6. April 1995, RTE und ITP/Kommission, C‑241/91 P und C‑242/91 P , EU:C:1995:98 , Rn. , , und , vom 26. November 1998, Bronner, C‑7/97 , EU:C:1998:569 , Rn. , und , vom 12. Juni 1997, Tiercé Ladbroke/Kommission, T‑504/93 , EU:T:1997:84 , Rn. , , , und , und vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission, T‑201/04 , EU:T:2007:289 , Rn. und ). Umgekehrt schließt das Fehlen einer solchen ausdrücklichen Zugangsverweigerung es aus, Praktiken, die zwar letztlich auf eine stillschweigende Lieferverweigerung hinauslaufen können, aber wegen ihrer vom Leistungswettbewerb abweichenden Wesensmerkmale einen eigenständigen Verstoß gegen Art. 102 AEUV darstellen, als Zugangsverweigerung einzustufen und anhand der für eine solche Verweigerung aufgestellten strengen Voraussetzungen zu beurteilen. Wie Generalanwalt Saugmandsgaard Øe in seinen Schlussanträgen in den Rechtssachen Deutsche Telekom/Kommission und Slovak Telekom/Kommission ( C‑152/19 P und C‑165/19 P , EU:C:2020:678 , Nrn. bis ) ausgeführt hat, können zudem alle oder zumindest die meisten Praktiken, die geeignet sind, den Wettbewerb zu beschränken oder auszuschließen (im Folgenden: Verdrängungspraktiken), eine stillschweigende Lieferverweigerung darstellen, weil sie in aller Regel den Zugang zu einem Markt erschweren. Gleichwohl kann das Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), nicht auf alle diese Praktiken angewandt werden, denn damit würde gegen den Wortlaut und den Geist von Art. 102 AEUV verstoßen, dessen Anwendungsbereich nicht auf missbräuchliche Praktiken in Bezug auf Waren und Dienstleistungen beschränkt werden kann, die im Sinne dieses Urteils „unerlässlich“ sind. Außerdem ist festzustellen, dass in einer Reihe von Rechtssachen, in denen es wie in der vorliegenden um Probleme des Zugangs zu einem Dienst ging, der Nachweis der Unerlässlichkeit nicht verlangt wurde. Dies war u. a. bei Praktiken der Margenbeschneidung (Urteile vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. bis , und vom 10. Juli 2014, Telefónica und Telefónica de España/Kommission, C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , Rn. ) und bei Kopplungsgeschäften (Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission, T‑201/04 , EU:T:2007:289 , Rn. ) der Fall. Insoweit kann, wie der Gerichtshof festgestellt hat, aus den Rn. 48 und 49 des Urteils vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), nicht abgeleitet werden, dass die für den Nachweis einer missbräuchlichen Lieferverweigerung erforderlichen Voraussetzungen zwangsläufig auch für die Beurteilung der Missbräuchlichkeit eines Verhaltens gelten, das darin besteht, für die Erbringung von Dienstleistungen oder den Verkauf von Waren Bedingungen aufzustellen, die für den Käufer nachteilig sind oder an denen er möglicherweise nicht interessiert ist, weil derartige Verhaltensweisen als solche eine eigenständige Form des Missbrauchs sein können, die sich von der Lieferverweigerung unterscheidet (Urteil vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. und ; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 10. Juli 2014, Telefónica und Telefónica de España/Kommission, C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , Rn. und ). Hierzu ist festzustellen, dass die in Rede stehenden Praktiken, wie sich aus Abschnitt 7.2.3 des angefochtenen Beschlusses ergibt, nach Ansicht der Kommission auf einer internen Ungleichbehandlung des eigenen Preisvergleichsdienstes von Google und der konkurrierenden Preisvergleichsdienste beruhen, und zwar durch Ausnutzung einer Hebelwirkung, die von einem beherrschten Markt ausgeht, der durch hohe Zutrittsschranken gekennzeichnet ist, nämlich dem Markt für allgemeine Suchdienste. Wie sich aus dem 344. Erwägungsgrund und aus Art. 1 des angefochtenen Beschlusses ergibt, geht es daher im vorliegenden Fall nicht um eine bloße einseitige Weigerung von Google, konkurrierenden Unternehmen eine Dienstleistung zu erbringen, die erforderlich ist, um auf einem benachbarten Markt in Wettbewerb zu treten, was gegen Art. 102 AEUV verstoßen und somit die Anwendung der Lehre von den „wesentlichen Einrichtungen“ rechtfertigen würde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. März 2011, Altstoff Recycling Austria/Kommission, T‑419/03 , EU:T:2011:102 , Rn. ), sondern um eine Ungleichbehandlung, die gegen die Bestimmungen dieses Artikels verstößt. Die Generalanwälte des Gerichtshofs haben die Fälle der Ungleichbehandlung stets von den Fällen der Zugangsverweigerung abgegrenzt, indem sie die Anwendung der im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), aufgestellten Voraussetzungen ausgeschlossen haben. Ein solcher Ausschluss wurde von Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:264 , Nr. ) sowie von Generalanwalt Mazák angeführt, der die Anwendung der Voraussetzung der Unerlässlichkeit ausdrücklich in Fällen ausschloss, in denen „das marktbeherrschende Unternehmen … nach Art. 102 Buchst. c AEUV unterschiedliche Bedingungen gegenüber seinen Wettbewerbern und im Hinblick auf seine eigenen Geschäfte auf dem nachgelagerten Markt an[wendet]“ (Schlussanträge des Generalanwalts Mazák in der Rechtssache TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2010:483 , Nr. ), und wurde vom Gericht im Urteil vom 7. Oktober 1999, Irish Sugar/Kommission ( T‑228/97 , EU:T:1999:246 , Rn. und ), bestätigt. Daraus ist zu schließen, dass die Kommission nicht nachzuweisen brauchte, dass die im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), genannten Voraussetzungen erfüllt waren, um auf der Grundlage der festgestellten Praktiken eine Zuwiderhandlung festzustellen, weil es sich bei diesen Praktiken, wie die Kommission im 649. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausgeführt hat, um eine eigenständige Form des Missbrauchs durch Hebelwirkung handelt, die, wie die Kommission im 650. Erwägungsgrund dieses Beschlusses ebenfalls dargelegt hat, ein „aktives“ Verhalten umfasst, das sich in Form einer positiven Diskriminierung bei der Behandlung der Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google, die auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten des Dienstes hervorgehoben werden, und der Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste, die tendenziell zurückgestuft werden, manifestiert. Somit unterscheiden sich diese Praktiken von dem Verhalten, um das es im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), ging, denn es bestand, wie der Gerichtshof im Übrigen in seinem nach der mündlichen Verhandlung in der vorliegenden Rechtssache ergangenen Urteil vom 25. März 2021, Deutsche Telekom/Kommission ( C‑152/19 P , EU:C:2021:238 , Rn. ), hervorgehoben hat, in einer bloßen Lieferverweigerung. Insoweit ist es entgegen dem Vorbringen von Google (siehe oben, Rn. 204) unerheblich, dass der Gerichtshof die Voraussetzungen für wesentliche Einrichtungen im Urteil vom 3. Oktober 1985, CBEM ( 311/84 , EU:C:1985:394 ), auf eine „aktive“ Verdrängungspraxis wie die hier in Rede stehende angewandt hat. In jener Rechtssache wurde der Gerichtshof nämlich im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens zu einer „Lieferverweigerung“ befragt und hat sich daher darauf beschränkt, zu den Voraussetzungen Stellung zu nehmen, die für diese Praxis, wie sie in der Vorlagefrage umschrieben war, gelten (Urteil vom 3. Oktober 1985, CBEM, 311/84 , EU:C:1985:394 , Rn. und ). Daraus kann nicht abgeleitet werden, dass das Prüfkriterium im Bereich der Lieferverweigerung und die sich daraus ergebende Voraussetzung der Unerlässlichkeit auf alle von Art. 102 AEUV erfassten Verdrängungspraktiken, einschließlich der Begünstigungspraxis, um die es im vorliegenden Fall geht, anwendbar wären, was im Übrigen der Auslegung des Gerichtshofs im Urteil vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. und ), zuwiderliefe. Darüber hinaus trägt Google vor, auch wenn das Gericht, wie die Kommission im 651. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausführe, die Anwendung der im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), genannten Voraussetzungen bereits ausgeschlossen habe, insbesondere mit der Begründung, dass das betreffende Unternehmen zur Durchführung der streitigen Entscheidung keinen Vermögenswert übertragen oder Verträge mit Personen schließen müsse, die es nicht ausgewählt habe (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. Oktober 2003, Van den Bergh Foods/Kommission, T‑65/98 , EU:T:2003:281 , Rn. ), könne der Eigentümer eines unerlässlichen Vermögenswerts die Lieferverweigerung stets durch Aufgabe des betreffenden Vermögenswerts beenden, so dass dieses Kriterium dann nicht mehr greife, zumal Google im vorliegenden Fall durch den angefochtenen Beschluss im Wesentlichen verpflichtet worden sei, ein wertvolles Wirtschaftsgut, nämlich den für Suchergebnisse vorgesehenen Platz, zu überlassen. Folglich habe sich die Kommission zu Unrecht auf das Urteil vom 23. Oktober 2003, Van den Bergh Foods/Kommission ( T‑65/98 , EU:T:2003:281 ), gestützt, um die Anwendbarkeit der im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), aufgestellten Voraussetzungen auszuschließen. Wie sich aus den vorstehenden Rn. 219 bis 222 ergibt, geht es in der vorliegenden Rechtssache zwar, wenn auch nur mittelbar, um die Bedingungen, unter denen Google ihren allgemeinen Suchdienst bereitstellt, indem sie den Preisvergleichsdiensten Zugang zu den allgemeinen Ergebnisseiten gewährt. Die Verpflichtung des eine beherrschende Stellung missbräuchlich ausnutzenden Unternehmens, Vermögenswerte zu übertragen, Verträge abzuschließen oder Zugang zu seinen Diensten unter diskriminierungsfreien Bedingungen zu gewähren, setzt jedoch nicht zwangsläufig die Anwendung der im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), festgelegten Kriterien voraus. Es kann nämlich keine automatische Verknüpfung zwischen den Kriterien für die rechtliche Einstufung des Missbrauchs und den Abhilfemaßnahmen geben, mit denen er beseitigt werden kann. Hätte in einer Situation wie der, um die es in der Rechtssache ging, in der das Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), ergangen ist, das Unternehmen, das Betreiber eines Hauszustellungssystems für Zeitungen war, nicht nur den Zugang zu seiner Infrastruktur verweigert, sondern auch aktive Verdrängungspraktiken angewandt, die der Entwicklung eines konkurrierenden Hauszustellungssystems entgegengestanden oder die Nutzung alternativer Vertriebsmethoden verhindert hätten, wären die Kriterien für die Feststellung eines Missbrauchs andere gewesen. In diesem Fall wäre das mit der Sanktion belegte Unternehmen möglicherweise in der Lage gewesen, den Missbrauch zu beenden, indem es den Zugang zu seinem eigenen Hauszustellungssystem unter angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen gewährt hätte. Dies hätte jedoch nicht bedeutet, dass der festgestellte Missbrauch nur in der Verweigerung des Zugangs zu seinem Hauszustellungssystem bestanden hätte. Mit anderen Worten: Nur weil eine der Möglichkeiten zur Beendigung des missbräuchlichen Verhaltens darin besteht, den Wettbewerbern zu gestatten, in den oben auf der Ergebnisseite von Google eingeblendeten „Boxen“ zu erscheinen, müssen die missbräuchlichen Praktiken nicht auf die Anzeige dieser „Boxen“ beschränkt und die Voraussetzungen für die Feststellung des Missbrauchs nicht allein unter diesem Gesichtspunkt bestimmt werden. Im vorliegenden Fall umfassen die in Rede stehenden Praktiken, wie sich u. a. aus dem 344. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ergibt, auch die Herabstufung der konkurrierenden Preisvergleichsdienste auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google durch Anpassungsalgorithmen, eine Herabstufung, die in Verbindung mit der Bevorzugung der eigenen Ergebnisse von Google ein wesentlicher Bestandteil dieser Praktiken ist, der zudem nach Ansicht der Kommission bei der festgestellten Verdrängungswirkung eine wichtige Rolle spielt und nicht unmittelbar mit dem Zugang zu den „Boxen“ auf der allgemeinen Ergebnisseite von Google zusammenhängt. Abgesehen davon kann die Anwendbarkeit der Kriterien des Urteils vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), nicht von den Maßnahmen abhängen, die die Kommission zur Beendigung der Zuwiderhandlung anordnet. Die Feststellung einer Zuwiderhandlung geht nämlich naturgemäß der Bestimmung der Maßnahmen voraus, die geeignet sind, sie zu beenden. Das Vorliegen der Zuwiderhandlung und die Anwendbarkeit der im Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), aufgestellten Voraussetzungen können daher nicht von den Maßnahmen abhängen, die das Unternehmen später ergreifen muss, um die Zuwiderhandlung zu beenden. Daraus folgt, dass das Kriterium der Notwendigkeit, Vermögenswerte zu übertragen oder Verträge abzuschließen, um die Zuwiderhandlung zu beenden, nicht im Rahmen aktiver Zuwiderhandlungen anwendbar ist, die sich, wie im vorliegenden Fall, von einer bloßen Lieferverweigerung unterscheiden. Schließlich ist das Vorbringen von Google, der Bundesgerichtshof (Deutschland) habe Beschwerden, wonach ein marktbeherrschendes Unternehmen einen Missbrauch begehe, wenn es sich selbst günstiger behandle als seine Wettbewerber, stets mit der Begründung zurückgewiesen, dass Unternehmen nicht verpflichtet seien, ihre Wettbewerber zu subventionieren, unbegründet. Wie die Bundesrepublik Deutschland in ihrem Streithilfeschriftsatz ausführt, wurde diese Bezugnahme auf eine „Subventionierung“ von Wettbewerbern durch ein beherrschendes Unternehmen nur in einem ganz bestimmten Zusammenhang verwendet, nämlich in Bezug auf interne Finanzströme eines Konzerns, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Muttergesellschaft einer Tochtergesellschaft sehr günstige Einkaufspreise einräumt. Selbst wenn die deutschen Gerichte den Begriff der Begünstigung nicht anerkennen sollten, stünde dies jedenfalls seiner Relevanz für die Feststellung der Kommission, dass ein Verstoß gegen Art. 102 AEUV vorliege, nicht entgegen. Die Gerichte der Union sind an die Rechtsprechung der nationalen Gerichte, auch der obersten oder der Verfassungsgerichte, nicht gebunden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 10. April 2014, Acino/Kommission, C‑269/13 P , EU:C:2014:255 , Rn. ), auch wenn nichts sie daran hindert, sich an ihr zu orientieren und sie im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen. Es ist im Gegenteil Sache der nationalen Gerichte und Behörden, Art. 102 AEUV einheitlich und im Einklang mit der Rechtsprechung der Unionsgerichte anzuwenden, weil Divergenzen zwischen den Gerichten und Behörden der Mitgliedstaaten bei der Anwendung dieses Artikels die Einheit der Rechtsordnung der Union gefährden und die Rechtssicherheit beeinträchtigen können. Unter diesen Umständen sind der zweite Teil des fünften Klagegrundes und damit dieser Klagegrund insgesamt zurückzuweisen. c) Erster Teil des ersten Klagegrundes: falsche Darstellung des Sachverhalts, weil Google die gruppierten Produktergebnisse eingeführt habe, um die Qualität ihres Dienstes zu verbessern, und nicht, um den Verkehr zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst zu leiten 1) Vorbringen der Parteien Google macht im Wesentlichen geltend, die Kommission habe den Sachverhalt falsch dargestellt. Zum einen habe Google die gruppierten Produktergebnisse nämlich eingeführt, um die Qualität ihres allgemeinen Suchdienstes zu verbessern, und nicht, um den Verkehr zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst zu leiten. Somit trägt Google vor, dass sie mit der Einführung der Produktergebnisse entgegen der Darstellung des Sachverhalts im 386. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses kein wettbewerbswidriges Ziel verfolgt habe. Zum anderen macht Google geltend, die Product Universals hätten den Nutzern nicht geschadet, sondern die Qualität und die Relevanz ihrer Ergebnisse verbessert, entgegen insbesondere den Ausführungen im 598. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses, wonach Google den Nutzern nicht immer die relevantesten Ergebnisse angezeigt habe. Kurz gesagt lasse der angefochtene Beschluss die Beweise außer Acht, die das von Google mit der Entwicklung der gruppierten Produktergebnisse verfolgte wettbewerbsfördernde Ziel, die technischen Lösungen, die die Qualität ihres allgemeinen Suchdienstes verbessert hätten, sowie die tatsächliche Entwicklung des Verkehrs belegten. Die Tatsachen zeigten, dass Google mit der Einblendung der Product Universals, die die Qualität des allgemeinen Suchdienstes zugunsten der Nutzer verbessert hätten, ein wettbewerbsförderndes Ziel verfolgt habe. Google habe ihre Technologien verbessert, um in Bezug auf die Parameter, bei denen die allgemeinen Suchmaschinen miteinander konkurrierten, wettbewerbsfähiger zu sein. Die Tatsache, dass sich Google auf die Relevanz konzentriert habe, werde durch die sorgfältige Aktivierung der Product Universals, die schriftlichen Beweise und die Verkehrsdaten bestätigt. Die Kommission macht insbesondere geltend, sie habe im angefochtenen Beschluss das wettbewerbsfördernde Ziel der Entwicklung der Product Universals als solches nicht bestritten. Sie werfe Google vor, die Product Universals in augenfälliger Weise eingeblendet zu haben, während die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste gleichzeitig nur innerhalb der generischen Ergebnisse ohne jede angereicherte Anzeigefunktion hätten erscheinen können und die Algorithmen geeignet gewesen seien, sie innerhalb dieser Ergebnisse herabzustufen (Erwägungsgründe 344 und 512 des angefochtenen Beschlusses). Das BEUC trägt vor, der wahre Beweggrund von Google habe darin bestanden, ihre Einnahmen zu sichern und zu maximieren, indem sie den profitabelsten Teil des Bildschirms systematisch ihren eigenen Ergebnissen vorbehalten habe, die mit attraktiven grafischen Merkmalen präsentiert würden, selbst wenn sie nicht unbedingt die für eine bestimmte Suchanfrage relevantesten Ergebnisse gewesen seien. Kelkoo macht geltend, Google habe ein wettbewerbswidriges Verhalten an den Tag gelegt, um ihre Mitbewerber auszuschließen und ihren eigenen Preisvergleichsdienst zu fördern. Google habe somit eine bewusste Verdrängungsstrategie verfolgt, die zum einen darauf abgezielt habe, ihre Mitbewerber durch ihre Anpassungsalgorithmen herabzustufen, und zum anderen darauf, ihren eigenen Preisvergleichsdienst durch eine bevorzugte Präsentation und Positionierung zu fördern. Schließlich führt Visual Meta aus, dass der angeblich wettbewerbsfördernde Grund für die Einführung der Product Universals durch Google nach der Rechtsprechung unerheblich sei und dass jedenfalls die angebliche Verbesserung, die Google mit den Product Universals herbeigeführt habe, die Relevanz ihrer Ergebnisse insgesamt nicht habe verbessern können, weil sie nicht allen Preisvergleichsdiensten zugutegekommen sei. 2) Würdigung durch das Gericht Wenn die Kommission das Verhalten eines Unternehmens in beherrschender Stellung untersucht – wobei es sich um eine Untersuchung handelt, die unerlässlich ist, um zu einem Ergebnis in Bezug auf das Vorliegen eines Missbrauchs einer solchen Stellung zu gelangen – muss sie zwangsläufig die Geschäftsstrategie des Unternehmens beurteilen. In diesem Rahmen erscheint es normal, dass die Kommission subjektive Faktoren beurteilt, nämlich die Motive, die der fraglichen Geschäftsstrategie zugrunde liegen (Urteil vom 19. April 2012, Tomra Systems u. a./Kommission, C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , Rn. ). Allerdings ist das Vorliegen einer etwaigen wettbewerbswidrigen Absicht nur einer der zahlreichen tatsächlichen Umstände, die berücksichtigt werden können, um einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung festzustellen (Urteil vom 19. April 2012, Tomra Systems u. a./Kommission, C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , Rn. ). Die Kommission ist zwar keineswegs verpflichtet, für die Zwecke der Anwendung von Art. 102 AEUV das Vorliegen einer solchen Absicht des Unternehmens in beherrschender Stellung nachzuweisen; gleichwohl stellt der Nachweis einer solchen Absicht, auch wenn er für sich genommen nicht ausreicht, einen tatsächlichen Umstand dar, der bei der Feststellung des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung berücksichtigt werden kann (vgl. Urteil vom 30. Januar 2020, Generics [UK] u. a., C‑307/18 , EU:C:2020:52 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Außerdem kann die Absicht, einen Leistungswettbewerb zu führen, wenn sie denn bestanden haben sollte, nicht belegen, dass es keinen Missbrauch gab (Urteil vom 19. April 2012, Tomra Systems u. a./Kommission, C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , Rn. ). Im vorliegenden Fall trägt Google vor, sie habe keineswegs vom Leistungswettbewerb abweichen wollen, und macht im Wesentlichen geltend, die Kommission verfälsche den Sachverhalt, indem sie im angefochtenen Beschluss suggeriere, dass den in Rede stehenden Praktiken eine solche wettbewerbswidrige Absicht zugrunde gelegen habe. Aus den von Google angeführten Erwägungsgründen des angefochtenen Beschlusses (insbesondere den Erwägungsgründen 386, 490 bis 492 und 598) geht jedoch nicht hervor, dass die Kommission bei der Feststellung des Vorliegens des betreffenden Missbrauchs ein von Google mit der „Entwicklung“ der Technologien, die zur Einführung der Product Universals geführt haben, verfolgtes etwaiges „wettbewerbswidriges Ziel“ berücksichtigt hätte, zumindest aber nicht, dass sie auf ein derartiges Ziel als solches abgestellt hätte. Vielmehr hat die Kommission, wie aus dem Wortlaut von Abschnitt 7.2.1 des angefochtenen Beschlusses hervorgeht, die Ansicht vertreten, dass das missbräuchliche Verhalten aus objektiven Elementen bestanden habe, nämlich „der günstigeren Positionierung und Präsentation des Preisvergleichsdienstes von Google in ihren allgemeinen Suchergebnissen im Vergleich zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten“, einem Verhalten, das nach Abschnitt 7.2.3 des angefochtenen Beschlusses in Verbindung mit den auf konkurrierende Preisvergleichsdienste angewandten Anpassungsalgorithmen für die allgemeine Suche „den Verkehr von den allgemeinen Suchergebnissen von Google zu konkurrierenden Preisvergleichsdiensten verringert und den Verkehr zum eigenen Preisvergleichsdienst von Google erhöht“ habe. Diese Feststellung wurde im Hinblick darauf getroffen, dass der Verkehr nach Abschnitt 7.2.2 des angefochtenen Beschlusses für die konkurrierenden Preisvergleichsdienste „wichtig“ war und dass nach Abschnitt 7.2.4 des angefochtenen Beschlusses der umgeleitete Verkehr, der einen erheblichen Teil des Verkehrs der konkurrierenden Preisvergleichsdienste ausmachte, nicht wirksam durch andere Quellen ersetzt werden konnte. So hat die Kommission, wie sie in ihren Schriftsätzen mehrfach dargelegt hat, die Auffassung vertreten, dass das Google vorgeworfene Verhalten insbesondere in der Kombination zweier objektiver Praktiken bestanden habe, nämlich erstens darin, dass sie ihre eigenen spezialisierten Ergebnisse auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten günstiger positioniert und präsentiert habe als die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste, und zweitens in der gleichzeitigen Herabstufung der Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste durch Anpassungsalgorithmen. Um die Zuwiderhandlung festzustellen, hat die Kommission somit sorgfältig in einem ersten Schritt die Art und Weise der Positionierung und Präsentation der Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste festgestellt (Abschnitt 7.2.1.1 des angefochtenen Beschlusses) und sie in einem zweiten Schritt mit der Art und Weise der Positionierung und Präsentation der Ergebnisse des eigenen Preisvergleichsdienstes von Google verglichen (Abschnitt 7.2.1.2 des angefochtenen Beschlusses), bevor sie in einem dritten Schritt die besonderen Umstände untersucht hat, in die sich die in Rede stehenden Praktiken einfügten, nämlich die Bedeutung des Verkehrs, die Tatsache, dass er nicht wirksam ersetzt werden konnte, und das Verhalten der Internetnutzer. Somit hat sich die Kommission darauf beschränkt, die Art und Weise der Positionierung und Darstellung der Ergebnisse konkurrierender Produktvergleichsdienste durch Google mit derjenigen ihrer eigenen Produktvergleichsdienste zu vergleichen, und den wirtschaftlichen Kontext beschrieben, in dem Preisvergleichsdienste miteinander konkurrierten. Mithin hat die Kommission im Rahmen der Feststellung der Zuwiderhandlung keine von Google möglicherweise verfolgten wettbewerbswidrigen Strategien oder Ziele berücksichtigt, wie sie in der mündlichen Verhandlung in Beantwortung einer schriftlichen Frage des Gerichts ausdrücklich bestätigt hat. Es trifft zwar zu, dass die Kommission, wie sich aus der Antwort des Gerichts auf den ersten Teil des fünften Klagegrundes ergibt (siehe oben, Rn. 175), festgestellt hat, dass die in Rede stehenden Praktiken vom Leistungswettbewerb abwichen. Diese Feststellung kann jedoch nicht durch das Vorbringen von Google entkräftet werden, sie habe beabsichtigt, durch die Verbesserung der Qualität ihres allgemeinen Suchdienstes und der Relevanz ihrer spezialisierten Ergebnisse in einen Leistungswettbewerb einzutreten, weil die bloße Absicht, einen Leistungswettbewerb zu führen, wenn sie denn bestanden haben sollte, nach der oben in Rn. 257 angeführten Rechtsprechung nicht belegen kann, dass es keinen Missbrauch gab. Der nach Art. 102 AEUV verbotene Missbrauch einer beherrschenden Stellung ist nämlich ein objektiver Begriff (Urteil vom 13. Februar 1979, Hoffmann-La Roche/Kommission, 85/76 , EU:C:1979:36 , Rn. ). Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass Art. 102 AEUV im Gegensatz zu Art. 101 Abs. 1 AEUV keine Bezugnahme auf den mit der Verhaltensweise verfolgten Zweck enthält (Urteil vom 30. September 2003, Michelin/Kommission, T‑203/01 , EU:T:2003:250 , Rn. ), obwohl er, wenn auch nur mittelbar, auf einen wettbewerbswidrigen Zweck verweist. Daher war die Kommission zwar berechtigt, sich zu der von Google im Rahmen der Markteinführung der Product Universals verfolgten Geschäftsstrategie zu äußern und in diesem Zusammenhang subjektive Faktoren wie das Bestreben, unzureichende Ergebnisse von Froogle zu korrigieren, anzuführen, aber die Argumente, mit denen Google eine Verfälschung des Sachverhalts in Bezug auf die Gründe für die Einführung ihrer Product Universals geltend macht, sind im Rahmen der Prüfung der Feststellung der Zuwiderhandlung als ins Leere gehend zurückzuweisen, weil sie sich auf Gründe beziehen, die die Kommission nicht als Tatbestandsmerkmale der Zuwiderhandlung herangezogen hat (letztere sind oben in Rn. 260 zusammengefasst) (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Dezember 2018, Servier u. a./Kommission, T‑691/14 , mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2018:922 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Soweit Google geltend macht, die Product Universals hätten den Nutzern nicht geschadet, sondern die Qualität und Relevanz ihrer Ergebnisse verbessert, ist außerdem festzustellen, dass etwaige Effizienzsteigerungen, die sich aus den in Rede stehenden Praktiken ergeben, als mögliche objektive Rechtfertigungsgründe berücksichtigt werden müssen und daher nicht geeignet sind, den ersten Teil des ersten Klagegrundes zu stützen, mit dem im Wesentlichen geltend gemacht wird, dass die Kommission den Sachverhalt verfälscht habe. Die Argumente, die sich auf die Verbesserung der Qualität und der Relevanz der Suchergebnisse beziehen, werden daher in einem späteren Analysestadium (Abschnitt B Punkt 4) geprüft. Unter diesen Umständen sind der erste Teil des ersten Klagegrundes und der fünfte Klagegrund insgesamt als unbegründet zurückzuweisen. 2. Zu den Elementen des ersten und des zweiten Klagegrundes, die den diskriminierungsfreien Charakter der in Rede stehenden Verhaltensweisen betreffen a) Zu den Elementen des ersten Klagegrundes, mit denen gerügt wird, die Kommission habe zu Unrecht festgestellt, dass Google ihren eigenen Preisvergleichsdienst durch die Einblendung der Product Universals begünstigt habe Google stützt ihren ersten Klagegrund auf drei Rügen. Wie bereits ausgeführt, macht Google in einem ersten Teil geltend, dass der Sachverhalt im angefochtenen Beschluss falsch dargestellt worden sei, denn sie habe die gruppierten Produktergebnisse eingeführt, um die Qualität ihres Dienstes zu verbessern, und nicht, um den Verkehr zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst zu leiten. In einem zweiten Teil macht Google geltend, die Kommission sei zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass die unterschiedliche Behandlung der Product Universals und der generischen Ergebnisse zu einer Begünstigung geführt habe, obwohl es keinerlei Diskriminierung gegeben habe. Ohne Diskriminierung könne es aber keinen Missbrauch geben. In einem dritten Teil macht Google geltend, in Bezug auf die Einblendung der Product Universals habe die Kommission gegen die für die Beurteilung objektiver Rechtfertigungen geltenden Rechtsvorschriften verstoßen, die es in bestimmten Fällen ermöglichten, a priori wettbewerbswidrige Verhaltensweisen zu rechtfertigen. Die Kommission habe nicht geprüft, ob die von Google unter Beweis gestellten Vorteile für die Nutzer der Product Universals die behaupteten beschränkenden Wirkungen aufwögen. Das Gericht ist der Auffassung, dass dieser dritte Teil des ersten Klagegrundes, der sich auf die objektiven Rechtfertigungsgründe bezieht, wie oben in Rn. 126 angekündigt, gesondert zu behandeln ist, nachdem der dritte und der vierte Klagegrund, die sich auf die wettbewerbswidrigen Auswirkungen beziehen, geprüft worden sind. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der erste Teil des ersten Klagegrundes, wonach Google die gruppierten Produktergebnisse eingeführt habe, um die Qualität ihres Dienstes zu verbessern, und nicht, wie die Kommission behaupte, um den Verkehr zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst zu leiten, oben in den Rn. 250 bis 267 geprüft worden ist. Daher wird im vorliegenden Abschnitt nur der zweite Teil des ersten Klagegrundes geprüft. 1) Vorbringen der Parteien Google macht geltend, die im angefochtenen Beschluss getroffene Feststellung, dass sie die Product Universals begünstigt habe, sei rechtsfehlerhaft, weil die Kommission die erforderlichen Voraussetzungen für den Nachweis einer Diskriminierung nicht geprüft habe. Als Erstes trägt Google vor, dass ihre Mechanismen zur Generierung der Produktergebnisse und der generischen Ergebnisse unterschiedliche Sachverhalte unterschiedlich behandelt hätten, und zwar aus berechtigten Gründen. Google bestreitet nicht, unterschiedliche Mechanismen zur Generierung der Produktergebnisse und der generischen Ergebnisse angewandt zu haben. Einerseits habe sie sich bei den generischen Ergebnissen auf die durch das sogenannte „Crawling“-Verfahren erlangten Daten und aus ihnen abgeleitete allgemeine Relevanzsignale gestützt. Andererseits habe sie sich bei den Produktergebnissen auf Datenströme, die direkt von den Händlern bereitgestellt worden seien, und auf produktspezifische Relevanzsignale gestützt. Durch die Anwendung unterschiedlicher Technologien auf generische Ergebnisse und auf Produktergebnisse habe sie aber nicht vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich behandelt. Sie habe unterschiedliche Sachverhalte unterschiedlich behandelt, und das aus einem berechtigten Grund, nämlich um die Qualität ihrer Ergebnisse zu verbessern. Als Zweites trägt Google vor, anschließend habe sie auf die spezialisierten und die generischen Ergebnisse dieselben Relevanzstandards in einheitlicher Weise angewandt, um diesen Ergebnissen auf ihren allgemeinen Suchergebnisseiten eine Rangfolge zuzuweisen. Insoweit macht Google geltend, die im angefochtenen Beschluss getroffene Feststellung, dass die Product Universals günstiger als die generischen Ergebnisse positioniert und präsentiert worden seien, sei ebenfalls falsch, weil die unterschiedliche Behandlung den Product Universals keine unverdiente Platzierung auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google verschafft habe. Der angefochtene Beschluss berücksichtige nicht die Funktionsweise von Universal Search, die ein einheitliches Rankingsystem für alle Ergebniskategorien von Google geschaffen habe. Somit hätten sich die Product Universals ihre Positionierung auf einer Ergebnisseite auf der Grundlage desselben Relevanzstandards „verdienen“ müssen, den Google auf generische Ergebnisse angewandt habe. Google weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie dank Universal Search und dessen Komponenten die Relevanz der Produktergebnisse direkt mit derjenigen der generischen Ergebnisse vergleiche, und zwar auf der Grundlage desselben Relevanzstandards. Wenn ein Product Universal in einer guten Position auf der allgemeinen Suchseite eingeblendet worden sei, sei dies mithin darauf zurückzuführen, dass es relevanter gewesen sei als die darunter platzierten generischen Ergebnisse, und nicht auf eine günstigere Behandlung. Google hält die im angefochtenen Beschluss auf dieses Vorbringen gegebene Antwort für falsch. Erstens habe die Kommission im 440. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zu Unrecht festgestellt, dass es unerheblich sei, ob Google auf die Product Universals und die generischen Ergebnisse denselben Relevanzstandard angewandt habe. Google habe die Product Universals nämlich nur dann eingeblendet, wenn sie relevanter gewesen seien als die darunter platzierten generischen Ergebnisse, und sie hätten nicht bevorzugt behandelt werden können. Ihre Positionierung auf der allgemeinen Ergebnisseite sei verdient gewesen. Die Einstufung der Ergebnisse anhand ihrer Relevanz sei das Gegenteil einer Begünstigung. Zweitens habe die Kommission im 441. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zu Unrecht behauptet, Google habe nicht nachgewiesen, dass sie auf die Product Universals und die generischen Ergebnisse dieselben Relevanzstandards angewandt habe. Diese Argumentation sei ein Versuch, die Beweislast umzukehren. Es obliege der Kommission, zu beweisen, dass Google bei der Einblendung der Product Universals keine einheitlichen Relevanzstandards angewandt habe. Andernfalls könne sie das Vorliegen einer Begünstigung nicht feststellen. Drittens habe Google jedenfalls nachgewiesen, dass sie auf die Product Universals einheitliche Relevanzstandards angewandt habe. Insoweit habe die Kommission im 442. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zu Unrecht behauptet, dass sich Google nur auf zwei vergleichende Bewertungsberichte gestützt habe, um dies zu belegen. Google habe der Kommission zahlreiche Unterlagen über die Funktionsweise ihres Rankingsystems und die von ihr angewandten Relevanzstandards vorgelegt. Die von der Kommission im angefochtenen Beschluss gegen diese beiden Berichte erhobenen Einwände seien unbegründet. Ebenfalls zu Unrecht habe die Kommission im 390. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses behauptet, dass Google zwischen 2009 und September 2010 eine interne Regel befolgt habe, mit der habe sichergestellt werden können, dass die Product Universals „immer ganz oben platziert werden“, wenn ein Ergebnis eines konkurrierenden Preisvergleichsdienstes unter den ersten drei generischen Ergebnissen rangiere. Dabei habe es sich um einen Vorschlag gehandelt, der nie umgesetzt worden sei. Die Behauptung der Kommission stehe im Widerspruch zu den Daten über die Positionierung der Product Universals in den Fällen, in denen zwischen Dezember 2009 und September 2010 – dem Zeitraum, in dem die fragliche interne Regel nach der Behauptung der Kommission in Kraft gewesen sei – unter den ersten drei Ergebnissen ein Preisvergleichsdienst angezeigt worden sei. Die Kommission tritt diesem Vorbringen entgegen. Kelkoo macht insbesondere geltend, dass die Anpassungsalgorithmen nicht auf den Preisvergleichsdienst von Google angewandt worden seien und dass die für ihn geltenden Präsentationsformate den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten nicht zur Verfügung gestanden hätten. Das BEUC führt aus, dass die Produktsuchergebnisse von Google nicht allein durch ihre Relevanz für den Verbraucher bestimmt worden seien, weil der Behandlung dieser Ergebnisse kommerzielle Erwägungen zugrunde gelegen hätten. Dies laufe der berechtigten Erwartung der Verbraucher zuwider, dass Google sich bei der Behandlung der Ergebnisse neutral verhalte. Google manipuliere die Suchergebnisse, indem sie die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste unsichtbar mache. 2) Würdigung durch das Gericht Google bestreitet im Wesentlichen, dass die in Rede stehenden Praktiken zu einer Diskriminierung hätten führen können, weil sie zum einen unterschiedliche Mechanismen – nämlich allgemeine Suchmechanismen mittels des sogenannten „Crawling“-Verfahrens und spezielle Suchmechanismen mittels Verarbeitung von Datenströmen, die von angeschlossenen Händlern übermittelt würden – auf unterschiedliche Sachverhalte angewandt habe, d. h. auf generische Ergebnisse und auf spezialisierte Ergebnisse, und zum anderen durch ihre Universal Search-Technologie und ihren Superroot-Algorithmus dieselben Relevanzkriterien auf alle Ergebnisse angewandt habe. Somit könne es keine Diskriminierung gegeben haben, weil Google die Product Universals nur dann eingeblendet habe, wenn sie in Anbetracht dieser Technologien relevanter gewesen seien als die generischen Ergebnisse, so dass sie ihre Positionierung verdientermaßen erlangt hätten. Um zu prüfen, ob die Kommission berechtigt war, auf das Vorliegen einer Diskriminierung zu schließen, ist zunächst die unterschiedliche Behandlung zu prüfen, die sie als Verstoß gegen Art. 102 AEUV angesehen hat, insbesondere was die Positionierung und die Präsentation der Product Universals betrifft. Hierzu ist festzustellen, dass die Kommission in Abschnitt 7.2.1 des angefochtenen Beschlusses zu dem Ergebnis gelangt ist, das missbräuchliche Verhalten habe darin bestanden, dass Google die Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes (einschließlich der Product Universals) auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten günstiger „positioniert“ und „präsentiert“ habe als die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste. Wie aus diesem Abschnitt, aus dem 344. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses und aus Art. 1 seines verfügenden Teils hervorgeht, wirft die Kommission Google somit vor, auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten ihren eigenen Preisvergleichsdienst „günstiger“ positioniert und präsentiert zu haben als die konkurrierenden Preisvergleichsdienste. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, hat die Kommission die Art und Weise, in der die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google „positioniert“ und „präsentiert“ wurden (Abschnitt 7.2.1.1), mit der Art und Weise verglichen, in der die Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google, im vorliegenden Fall die Product Universals, auf diesen Seiten „positioniert“ und „präsentiert“ wurden (Abschnitt 7.2.1.2). Daraus hat die Kommission den Schluss gezogen, die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste hätten nur als generische Ergebnisse, d. h. als einfache blaue Links ohne Bilder oder zusätzliche Informationen zu den Produkten und ihren Preisen, angezeigt (371. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses) und im Gegensatz zu den Ergebnissen des Preisvergleichsdienstes von Google durch bestimmte Anpassungsalgorithmen in ihrer Rangfolge auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google an das Ende der ersten Seite oder auf die Folgeseiten verdrängt werden können (Erwägungsgründe 352 bis 355), wie dies im Übrigen auch nach der Einführung des Panda-Algorithmus der Fall gewesen sei (361. Erwägungsgrund), während die spezialisierten Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google – und in dem in Rede stehenden Zeitraum die Product Universals – auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google an prominenter Stelle positioniert gewesen seien (Erwägungsgründe 379 und 385), in einem mit Bildern und Produktinformationen angereicherten Format präsentiert worden seien (397. Erwägungsgrund) und durch die Anpassungsalgorithmen nicht hätten herabgestuft werden können (512. Erwägungsgrund). Die Kommission hat somit festgestellt, dass diese unterschiedliche Behandlung der Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste und der Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google (der Product Universals) deren Preisvergleichsdienst gegenüber den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten begünstigt habe, und zwar insbesondere in Anbetracht der Bedeutung des von der allgemeinen Suchmaschine von Google generierten Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten (Abschnitt 7.2.2 des angefochtenen Beschlusses), des Verhaltens der Internetnutzer, die dazu neigten, ihre Aufmerksamkeit auf die am besten sichtbaren, d. h. die am besten positionierten Ergebnisse einer allgemeinen Suchergebnisseite zu lenken (Abschnitt 7.2.3.1 des angefochtenen Beschlusses), und des Umstands, dass der durch diese Praktiken umgeleitete Verkehr durch andere Quellen „nicht wirksam ersetzt werden kann“ (Abschnitt 7.2.4 des angefochtenen Beschlusses). Daraus folgt erstens, dass die von der Kommission beanstandete unterschiedliche Behandlung nicht – wie Google meint – in der Anwendung unterschiedlicher Mechanismen zur Auswahl der Suchergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google und der Suchergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste besteht, d. h. den Mechanismen zur Auswahl der generischen Ergebnisse für die konkurrierenden Preisvergleichsdienste und den Mechanismen zur Auswahl der spezialisierten Suchergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes, sondern darin, dass ihre eigenen spezialisierten Suchergebnisse im Vergleich zu den Ergebnissen der konkurrierenden Preisvergleichsdienste, die in den generischen Ergebnissen erscheinen, in Bezug auf ihre Positionierung und Präsentation günstiger behandelt werden. Während Google somit behauptet, dass die unterschiedliche Behandlung ihrer Suchergebnisse auf der Art der von ihrer allgemeinen Suchmaschine erzeugten Ergebnisse beruhe, d. h. davon abhängig sei, ob es sich um spezialisierte oder um generische Ergebnisse handele, beruht diese unterschiedliche Behandlung in Wirklichkeit auf der Herkunft der Ergebnisse, d. h. in Abhängigkeit davon, ob sie von konkurrierenden Preisvergleichsdiensten oder von ihrem eigenen Preisvergleichsdienst stammen. In Wirklichkeit begünstigt Google den eigenen Preisvergleichsdienst gegenüber den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und nicht eine bestimmte Art von Ergebnissen gegenüber einer anderen. Nur die spezialisierten Suchergebnisse von Google, d. h. die Product Universals, können nämlich in den „Boxen“ auf der allgemeinen Suchseite von Google erscheinen, in einem angereicherten Format präsentiert werden und sich den von den Anpassungsalgorithmen vorgenommenen Herabstufungen entziehen. Umgekehrt können die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste selbst dann, wenn sie für den Internetnutzer besonders relevant sind, niemals eine vergleichbare Behandlung erfahren wie die Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google, sei es im Hinblick auf ihre Positionierung, weil sie aufgrund ihrer Wesensmerkmale tendenziell von den Anpassungsalgorithmen herabgestuft würden, und weil die „Boxen“ den Ergebnissen des Preisvergleichsdienstes von Google vorbehalten sind, oder sei es im Hinblick auf ihre Präsentation, weil die angereicherten Formate und die Bilder ebenfalls dem Preisvergleichsdienst von Google vorbehalten sind. Selbst wenn die Relevanz der Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste trotz der Auswirkungen der Herabstufungsalgorithmen so hoch ist, dass sie auf der ersten Seite der allgemeinen Ergebnisse von Google erscheinen, können sie niemals so sichtbar und augenfällig dargestellt werden wie die in den Product Universals angezeigten Ergebnisse. Diese Ungleichbehandlung ist aber keineswegs auf einen objektiven Unterschied zwischen zwei Arten von Online-Ergebnissen zurückzuführen, sondern auf die Entscheidung von Google, die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste weniger günstig zu behandeln als die ihres eigenen Preisvergleichsdienstes, indem sie sie weniger sichtbar präsentiert und positioniert. Zweitens ergibt sich aus der Beschreibung der von der Kommission festgestellten Praktiken in den Rn. 280 bis 283 des vorliegenden Urteils, dass das Vorbringen von Google zurückzuweisen ist, wonach sie auf gruppierte Produktergebnisse und auf generische Ergebnisse „denselben Relevanzstandard“ angewandt und die Product Universals im Wesentlichen nur dann eingeblendet habe, wenn sich diese aufgrund ihrer Universal Search-Technologie und ihres Superroot-Algorithmus als relevanter erwiesen hätten als die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste, so dass keine Diskriminierung vorgelegen haben könne. Zum einen ist nämlich festzustellen, dass die Kommission, wie sich aus dem 440. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ergibt, Google nicht vorwirft, auf zwei Arten von Ergebnissen, nämlich die spezialisierten Produktergebnisse und die generischen Ergebnisse, denselben Relevanzstandard anzuwenden oder auch nicht; ihr Vorwurf lautet vielmehr, dass Google auf die konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht dieselben Präsentations- und Positionierungsstandards anwende wie auf ihren eigenen Preisvergleichsdienst, wodurch Erstere gegenüber Letzterem benachteiligt würden. Wie sich oben aus Rn. 287 ergibt, können die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste unabhängig von ihrer Relevanz niemals in den Genuss einer mit den Ergebnissen des Preisvergleichsdienstes von Google vergleichbaren Behandlung kommen, sei es in Bezug auf ihre Positionierung oder auf ihre Präsentation, so dass sie im Wettbewerb mit diesem zwangsläufig benachteiligt sind. Selbst wenn sich das Ergebnis eines konkurrierenden Preisvergleichsdienstes anhand der durch die Algorithmen von Google festgelegten Relevanzkriterien als weniger relevant erweisen sollte als ein Ergebnis des Preisvergleichsdienstes von Google, steht seine Herabstufung auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google durch Anpassungsalgorithmen und seine auf einen einfachen generischen blauen Link beschränkte Präsentation, gegebenenfalls unterhalb der „Box“, die dem mit angereicherten Funktionen präsentierten Ergebnis des Preisvergleichsdienstes von Google vorbehalten ist, nämlich nicht notwendigerweise proportional zu der im Licht dieser Kriterien angeblich geringeren Relevanz. Darüber hinaus können die Ergebnisse eines konkurrierenden Preisvergleichsdienstes, wie oben in den Rn. 286 und 287 ausgeführt, selbst dann, wenn sie im Licht dieser Kriterien relevanter sind, niemals in gleicher Weise präsentiert oder in Bezug auf ihre Positionierung gleichbehandelt werden, so dass der Wettbewerb schon verfälscht wird, bevor der Nutzer eine Produktanfrage eingibt. Folglich ist das Vorbringen von Google, das sich auf die Anwendung eines gemeinsamen Relevanzstandards stützt, als ins Leere gehend zurückzuweisen. Insoweit können die im 442. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses genannten Bewertungen, ebenso wie im Übrigen auch die von Google erwähnten weiteren Experimente – selbst wenn sie eine größere Relevanz der Product Universals im Vergleich zu den als generische Ergebnisse angezeigten Ergebnissen der konkurrierenden Preisvergleichsdienste belegen sollten – nicht die von der Kommission in Abschnitt 7.2.1 des angefochtenen Beschlusses dargelegten und im 440. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zusammengefassten wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausräumen, wonach Google ihre eigenen spezialisierten Ergebnisse und die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste unter Verwendung unterschiedlicher Mechanismen für deren Präsentation und Positionierung verarbeite, was zwangsläufig dazu führe, dass die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste gegenüber den Ergebnissen des eigenen Preisvergleichsdienstes von Google benachteiligt würden. Selbst wenn im Übrigen davon auszugehen wäre, dass die Bewerter den Product Universals den Vorzug vor den ersten generischen Ergebnissen auf der ersten allgemeinen Ergebnisseite gegeben hätten – was sich allerdings aus den in Rede stehenden Experimenten nicht eindeutig ergibt, weil sie darauf hindeuten, dass die Bewerter den Nutzen der spezialisierten Suchergebnisse und den der generischen Produktergebnisse ähnlich eingeschätzt haben – würde dies nicht bedeuten, dass sie es vorgezogen hätten, dass sich die Product Universals ausschließlich aus den Ergebnissen des Preisvergleichsdienstes von Google zusammensetzten. Es bedeutet auch nicht, dass sie die weniger sichtbare Anzeige der Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste und ihre Herabstufung auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google bevorzugten. Zum anderen ist der Vollständigkeit halber festzustellen, dass das auf einen gemeinsamen Relevanzstandard gestützte Vorbringen von Google nicht nur ins Leere geht, sondern auch unbegründet ist, wie sich im Übrigen aus ihren eigenen Schriftsätzen ergibt. Wie Google im dritten Teil ihres ersten Klagegrundes selbst ausführt, konnte sie die spezialisierten Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes nämlich anhand von auf die spezialisierte Suche anwendbaren Parametern, wie z. B. Preis, Lagerbestände oder Ruf des Händlers, nicht unmittelbar mit den spezialisierten Ergebnissen der konkurrierenden Preisvergleichsdienste vergleichen, weil sie nicht wusste, wie deren Suchalgorithmen funktionierten, und weil sie keinen Zugang zu den Datenströmen hatte, die von den an ihre Websites angeschlossenen Einzelhändlern übermittelt wurden, insbesondere was den Preis betraf. Nach ihren eigenen Angaben wusste Google nämlich zum einen nichts über die Art und Weise, in der die konkurrierenden Preisvergleichsdienste ihre Ergebnisse für Produktanfragen einstuften und bewerteten, und bezog zum anderen die Daten zu den von ihrem eigenen Preisvergleichsdienst erfassten Produkten aus den Datenströmen, die ihr direkt von den Händlern geliefert wurden, und nicht, wie bei der allgemeinen Suche, aus dem sogenannten „Crawling“ von Websites. Google verfügte jedoch nicht über vergleichbare Informationen über die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste, weil deren Websites auf eigene Datenströme zurückgriffen und die Produkte auf ihre eigene Art und Weise einstuften. Wie die Kommission im 440. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses festgestellt hat, wandte Google zwar mittels Universal Search „bestimmte Relevanzstandards“ an, um ihre eigenen spezialisierten Ergebnisse mit ihren generischen Ergebnissen, die die Ergebnisse ihrer Wettbewerber wiedergaben, zu vergleichen. Nach den Erläuterungen von Google in ihrem der Klageschrift beigefügten Technologiebericht funktioniert Universal Search jedoch auf der Grundlage statistischer Kriterien, die auf Nutzerumfragen beruhen. In Anbetracht der von Google selbst dargelegten Schwierigkeiten, verschiedene Arten von Ergebnissen miteinander zu vergleichen (siehe oben, Rn. 297), ist aber weder nachgewiesen noch auch nur behauptet worden, dass dieses Werkzeug ungeachtet seiner Qualität Ergebnisse liefern kann, die im Hinblick auf die Auswahl relevanter Ergebnisse ebenso zuverlässig sind wie ein Vergleich, den Google anhand ihrer eigenen Kriterien für die spezialisierte Produktsuche durchführt, d. h. anhand des Preises, des Lagerbestands, der Beliebtheit des Produkts oder des Ansehens des Verkäufers. Wie Foundem in der mündlichen Verhandlung erläutert hat, stellen diese Erhebungen, so zuverlässig sie auch sein mögen, somit nur eine statistische Annäherung an das dar, was das relevanteste Ergebnis sein könnte. Insoweit ergibt sich aus einem internen Dokument von Google, das in ihrem Technologiebericht erwähnt wird, dass „eine der größten Schwierigkeiten bei der menschlichen Bewertung darin [besteht], dass die Bewerter die Suchanfrage des Nutzers interpretieren müssen. Obwohl Menschen eine Suchanfrage wahrscheinlich genauer interpretieren können als eine Maschine, ist es unmöglich, präzise zu erkennen, welche Absicht der Nutzer verfolgt …, so dass diese Bewertung nur die kollektive Ansicht unserer Bewerter darstellt, die sich von derjenigen der Nutzer im Allgemeinen unterscheiden dürfte.“ Schließlich reicht die Behauptung von Google, die Product Universals seien nur bei 23 % der „Produktrecherchen“ ausgelöst und nur bei 4 % der Suchanfragen nach Produkten im oberen Bereich der allgemeinen Ergebnisseiten eingeblendet worden, nicht aus, um das Vorliegen einer Ungleichbehandlung zu widerlegen. Eine solche Auslösequote kann nämlich für sich genommen nicht als Ausschlusskriterium für das Vorliegen einer Begünstigung angesehen werden, weil diese Quote derjenigen gegenübergestellt werden muss, die sich für Hunderte von konkurrierenden Preisvergleichsdiensten, die aufgrund ihrer Merkmale naturgemäß dafür anfällig waren, durch die Anpassungsalgorithmen von Google an das Ende der Seite zurückgestuft zu werden, im Fall vergleichbarer Positionierung (eine vergleichbare Präsentation war ohnehin ausgeschlossen) ergeben hätte. Aus allen vorstehenden Gründen ist der zweite Teil des ersten Klagegrundes zurückzuweisen. b) Zu den Elementen des zweiten Klagegrundes, mit denen gerügt wird, die Kommission habe zu Unrecht festgestellt, dass Google durch die Einblendung der Shopping Units ihren eigenen Preisvergleichsdienst begünstigt habe Google stützt ihren zweiten Klagegrund auf drei Teile. Erstens sei die Kommission zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass die unterschiedliche Behandlung der gruppierten Produktanzeigen und der generischen Ergebnisse eine Begünstigungshandlung darstelle, obwohl damit keine Diskriminierung einhergehe. Zweitens sei im angefochtenen Beschluss zu Unrecht festgestellt worden, dass die in den Shopping Units enthaltenen Produktanzeigen einen Preisvergleichsdienst von Google förderten. Drittens habe die Kommission in Bezug auf die Einblendung der Shopping Units gegen die für die Beurteilung objektiver Rechtfertigungen geltenden Rechtsvorschriften verstoßen. Im letztgenannten Teil zieht Google inzident das Vorliegen einer Begünstigung ihres eigenen Preisvergleichsdienstes in Zweifel, indem sie vorträgt, dass die Shopping Units bereits die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste umfasst hätten. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass Google dieses Argument schon im Rahmen des Verwaltungsverfahrens angeführt hat, um das Vorliegen einer Begünstigung zu bestreiten (405. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Daher sind diese Argumente des dritten Teils nach dem zweiten Teil zu behandeln. Die Argumente dieses Teils, die sich auf die objektiven Rechtfertigungsgründe beziehen, sind jedoch zusammen mit denen zu behandeln, die sich auf die Product Universals beziehen, nachdem die Klagegründe, die sich auf die Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken beziehen, in Abschnitt B Punkt 3 geprüft worden sind. 1) Erster Teil des zweiten Klagegrundes: Die Kommission sei zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass die unterschiedliche Behandlung von Produktanzeigen und generischen Ergebnissen eine Begünstigungshandlung darstelle, obwohl damit keine Diskriminierung einhergehe i) Vorbringen der Parteien Als Erstes macht Google mit Unterstützung durch die CCIA geltend, die Kommission habe zu Unrecht die Behandlung von Produktanzeigen, nämlich der Shopping Units, und die Behandlung kostenloser generischer Ergebnisse – also zwei ganz verschiedenen Dinge – miteinander verglichen, so dass eine Diskriminierung nicht in Betracht komme. Google trägt insoweit vor, dass bezahlte Anzeigen, einschließlich der Produktanzeigen, zur Finanzierung ihres allgemeinen Suchdienstes dienten. Daher zeige Google diese zwangsläufig anders an als die kostenlosen generischen Ergebnisse, was eine natürliche Folge ihres dualen, werbefinanzierten Geschäftsmodells sei. Google führt hierzu aus, dass sie die Shopping Units auf der allgemeinen Ergebnisseite als „gesponsert“ kennzeichne, um sie als bezahlte Anzeigen kenntlich zu machen. Die im angefochtenen Beschluss aufgestellte Behauptung, die Kennzeichnung „gesponsert“ werde „wahrscheinlich nur von den sachkundigsten Nutzern verstanden“ (Erwägungsgründe 536, 599 und 663 des angefochtenen Beschlusses), stütze sich auf keinerlei Beweise. Obwohl die Kommission im angefochtenen Beschluss zwölf Unterschiede zwischen den in den Shopping Units enthaltenen Produktanzeigen und den Textanzeigen anführe (Erwägungsgründe 426 bis 438 des angefochtenen Beschlusses), um nachzuweisen, dass die Produktanzeigen keine Verbesserung gegenüber den Textanzeigen darstellten, könne auch keiner dieser Unterschiede belegen, dass die Produktanzeigen mit den kostenlosen generischen Ergebnissen vergleichbar seien und auf dieselbe Weise positioniert und angezeigt werden sollten. Als Zweites macht Google geltend, sie blende die Shopping Units nicht ein, um sie zu begünstigen, sondern weil sie bessere Anzeigen für eine Produktanfrage enthielten als die Textanzeigen. Die Kommission habe nicht dargetan, dass die Shopping Units den ihnen zugewiesenen Platz auf den allgemeinen Ergebnisseiten nicht verdient hätten. Qualitativ hochwertige Anzeigen seien für die Nutzer hilfreicher und für die Anzeigenkunden effektiver, so dass sie den Wert des Suchdienstes für beide Kategorien erhöhten. Google blende die Shopping Units nur dann ein, wenn ihre Produktanzeigen bessere Antworten auf eine Suchanfrage lieferten als die Textanzeigen. Daher erschienen die Shopping Units nur bei etwa 25 % der Produktanfragen, was die Behauptung der Kommission widerlege, dass Google die Shopping Units „immer“ ganz oben auf der Seite platziere (395. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Die von der Kommission im angefochtenen Beschluss aufgestellte Behauptung, Google habe nicht nachgewiesen, dass sie „für die Shopping Units dieselben Relevanzstandards wie für die [Text‑]Anzeigen anwendet“ (441. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses), stehe im Widerspruch zu der Tatsache, dass Google einen Mechanismus eingerichtet habe, mit dem sie Produktanzeigen direkt mit Textanzeigen vergleiche. Produktanzeigen und Textanzeigen konkurrierten auf der Grundlage der gleichen Relevanzstandards und Wertmaßstäbe miteinander. Außerdem hätten empirische Daten gezeigt, dass die Produktanzeigen in den Shopping Units für die Nutzer und die Anzeigenkunden besser seien als Textanzeigen. Die Kommission tritt diesem Vorbringen entgegen. Das BEUC trägt die gleichen Argumente vor wie im zweiten Teil des ersten Klagegrundes (siehe oben, Rn. 227). Foundem macht geltend, dass die Shopping Units den wettbewerbswidrigen Charakter des Verhaltens von Google insofern verstärkten, als Google relevanzbasierte Ergebnisse durch bezahlte Anzeigen ersetzt habe, deren Einblendung von den Gewinnen abhänge, die Google mit ihnen erziele. Visual Meta trägt vor, dass das Argument von Google, sie zeige die Shopping Units nur an, wenn sie relevanter seien als die Textanzeigen oder generischen Ergebnisse, zurückgewiesen werden müsse, denn gerade weil ihre in einem angereicherten Format dargestellten Anzeigen für die Verbraucher sichtbarer seien als bloße „blaue Links“, könne Google die Shopping Units nicht für ihre eigenen Dienste reservieren, ohne den Verbrauchern relevantere Ergebnisse von anderen Preisvergleichsdiensten vorzuenthalten. Gerade weil die Produktanzeigen aufgrund ihres angereicherten Formats für die Nutzer und die Werbetreibenden besser seien, sei Google verpflichtet, die Ergebnisse der anderen Preisvergleichsdienste im selben Format anzuzeigen. ii) Würdigung durch das Gericht Google wiederholt im Wesentlichen die im Rahmen des zweiten Teils des ersten Klagegrundes vorgebrachten Argumente. Sie macht geltend, die von der Kommission festgestellte Diskriminierung liege nicht vor, weil Google erstens lediglich solche Ergebnisse ungleich behandele, die ihrer Natur nach unterschiedlich seien, nämlich die kostenlosen generischen Ergebnisse, die die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste enthielten, und die kostenpflichtigen „Produktanzeigen“ ihres eigenen Preisvergleichsdienstes (die Shopping Units), bei denen es sich um Werbung handele, und weil sie zweitens die Shopping Units nur dann einblende, wenn diese Produktanzeigen bessere Antworten auf eine Suchanfrage lieferten als die Textanzeigen, d. h. die Anzeigen, die in einem kurzen Textauszug (ohne Bilder oder dynamische Informationen) einen Link zur Website des Werbenden enthielten. Die Kommission hat bei der Feststellung, dass Google die Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes begünstigt habe, die Positionierung und Präsentation der Shopping Units mit der Positionierung und Präsentation der generischen Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste verglichen. Wie bei den Product Universals (siehe oben, Rn. 280 bis 283) hat die Kommission festgestellt, dass diese Ergebnisse aufgrund ihrer herausragenden Positionierung auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google (Abschnitt 7.2.1.2.1 des angefochtenen Beschlusses) – stets oberhalb der ersten allgemeinen Suchergebnisse von Google (395. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses) – und aufgrund ihrer angereicherten Präsentation in den „Boxen“ am oberen Rand der allgemeinen Ergebnisseite von Google (Abschnitt 7.2.1.2.2 des angefochtenen Beschlusses) begünstigt würden. Außerdem könnten die Shopping Units nicht durch konkurrierende Anpassungsalgorithmen herabgestuft werden. Im 439. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission ferner festgestellt, dass die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht in den Shopping Units erscheinen und daher nicht in derselben Weise positioniert und präsentiert werden könnten wie die spezialisierten Ergebnisse von Google, es sei denn, diese Preisvergleichsdienste änderten ihr Geschäftsmodell, indem sie zu Händlerseiten würden, die Anzeigen schalteten, um in den Shopping Units erscheinen zu können, und somit selbst Produkte verkauften. Als Erstes ist auf das Vorbringen von Google einzugehen, dass ihre in den Shopping Units enthaltenen Produktanzeigen Werbung seien und sich damit von den kostenlosen Ergebnissen der konkurrierenden Preisvergleichsdienste unterschieden, was jede Diskriminierung ausschließe. Die Shopping Units präsentieren Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google und stehen mit den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten im Wettbewerb. Insoweit ist es unerheblich, dass die Händler für die Platzierung von Produkten in den Shopping Units eine Werbegebühr zahlen müssen, weil der spezialisierte Suchdienst von Google, wie sich aus Abschnitt 5.2.2 des angefochtenen Beschlusses ergibt, den Internetnutzern denselben kostenlosen Preisvergleichsdienst anbietet wie die konkurrierenden Preisvergleichsdienste. Somit hat Google nicht dargetan, inwiefern sich der den Internetnutzern durch die Shopping Units angebotene Preisvergleichsdienst seinem Wesen nach von den anderen Preisvergleichsdiensten unterscheidet. Vielmehr sind beide Dienste dazu bestimmt, Preise im Internet zu vergleichen, so dass sie aus der Sicht der Internetnutzer austauschbar sind. Die Shopping Units sind zwar mit dem Zusatz „gesponsert“ versehen, der die Internetnutzer darauf hinweisen soll, dass es sich um Werbung handelt. Wie jedoch aus den Erwägungsgründen 536, 599 und 663 des angefochtenen Beschlusses hervorgeht, wird die Angabe „gesponsert“ von den meisten Internetnutzern nicht ohne Weiteres dahin verstanden, dass die Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google und die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nach unterschiedlichen Mechanismen eingestuft werden und die konkurrierenden Preisvergleichsdienste daher herabgestuft und auf den allgemeinen Ergebnisseiten weniger sichtbar angezeigt werden können, und zwar nicht etwa wegen der geringeren Relevanz ihrer Ergebnisse im Vergleich zu denen des Preisvergleichsdienstes von Google, sondern schlicht deshalb, weil es sich nicht um die eigenen Ergebnisse von Google handelt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ihre Herabstufung auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google auf Anpassungsalgorithmen zurückzuführen ist und nicht auf die geringere Relevanz ihres Inhalts für die vom Internetnutzer eingegebene Suchanfrage, weil dieser Mechanismus den Internetnutzern nicht bekannt ist. Entgegen dem Vorbringen von Google stellt der angefochtene Beschluss, mit dem die Positionierung und die Präsentation der Shopping Units beanstandet werden, ihr duales Geschäftsmodell, bei dem kostenlose Dienstleistungen durch Werbung finanziert werden, nicht in Frage. Wenn das Finanzierungsmodell eines Unternehmens, wie im vorliegenden Fall, mit einer missbräuchlichen Ausnutzung einer beherrschenden Stellung einhergeht, gibt es nämlich keinen Grund, dieses Finanzierungsmodell vom Verbot des Art. 102 AEUV auszuschließen. Abgesehen davon ist es ein Merkmal vieler Fälle des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung, dass eine Verbesserung der Finanzierungsquellen des Unternehmens angestrebt wird. Zu Unrecht behauptet Google darüber hinaus im weiteren Sinne, dass die Kommission die Rechtmäßigkeit ihrer Textanzeigen in Frage stelle, obwohl diese die Grundlage ihres Geschäftsmodells und ihres kommerziellen Erfolgs bildeten und die Kommission an ihnen niemals etwas auszusetzen gehabt habe. Im Gegensatz zu den Shopping Units sind die Textanzeigen nicht Teil des Preisvergleichsdienstes von Google und werden nicht in Frage gestellt, weil sie Wettbewerber im Rahmen einer Begünstigungspraxis geschädigt hätten. Soweit Google als Zweites das Vorliegen der von der Kommission festgestellten Begünstigung bestreitet, weil sie die Shopping Units nur einblende, wenn ihre Produktanzeigen bessere Antworten auf eine Suchanfrage lieferten als die oben in Rn. 309 genannten Textanzeigen, so dass keine Diskriminierung vorliege, ist darauf hinzuweisen, dass die von der Kommission festgestellte Ungleichbehandlung darin besteht, dass die generischen Ergebnisse, die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste wiedergeben, anders behandelt werden als die in den Shopping Units angezeigten spezialisierten Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google (siehe oben, Rn. 310). Für die Feststellung, ob eine Diskriminierung vorliegt, ist daher nicht der Vergleich zwischen den Shopping Units und den Textanzeigen relevant, sondern der Vergleich zwischen den Shopping Units und den Ergebnissen der konkurrierenden Preisvergleichsdienste, die in den generischen Ergebnissen wiedergegeben werden können. Zwar hat die Kommission als Antwort auf ein im 406. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zusammengefasstes Argument von Google im 440. Erwägungsgrund dieses Beschlusses festgestellt, dass es unerheblich sei, ob Google einen gemeinsamen Relevanzstandard für die Shopping Units und die anderen Produktanzeigen angewandt habe, bevor sie im 441. Erwägungsgrund hinzufügte, dass Google jedenfalls keinen solchen gemeinsamen Relevanzstandard auf diese verschiedenen Arten von Anzeigen angewandt habe. Diese Beurteilung ändert jedoch nichts daran, dass sich die im angefochtenen Beschluss in Rede stehende Ungleichbehandlung nicht auf die von Google außerhalb der Shopping Units eingeblendeten Produktanzeigen bezog, sondern auf die generischen Ergebnisse, die die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste wiedergaben (siehe oben, Rn. 310 und 316). Wie aus dem 440. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hervorgeht, beanstandet die Kommission, „dass der eigene Preisvergleichsdienst von Google nicht denselben Kriterien unterliegt wie die konkurrierenden Preisvergleichsdienste“. Wie sich aus dem 439. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses, der dessen 440. Erwägungsgrund vorangeht, und oben aus Rn. 310 ergibt, können die konkurrierenden Preisvergleichsdienste nämlich nicht – auch nicht gegen Entgelt – in den Genuss derselben Darstellungskriterien kommen wie der Preisvergleichsdienst von Google, um in den Shopping Units zu erscheinen, es sei denn, sie änderten ihr Geschäftsmodell, wie nachfolgend in den Rn. 346 ff. erläutert wird. Daraus folgt, dass der erste Teil des zweiten Klagegrundes zurückzuweisen ist. 2) Zweiter Teil des zweiten Klagegrundes: die Kommission habe zu Unrecht festgestellt, dass die Produktanzeigen in den Shopping Units dem Preisvergleichsdienst von Google zugutegekommen seien i) Vorbringen der Parteien Google macht geltend, die Kommission habe zu Unrecht festgestellt, dass die Produktanzeigen in den Shopping Units dem Preisvergleichsdienst von Google „zugutegekommen“ seien. Deren Links hätten nämlich nicht zu diesem Dienst geführt und für ihn keine Einnahmen generiert. Das sei im angefochtenen Beschluss ausdrücklich anerkannt worden. Google weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kommission im angefochtenen Beschluss acht Gründe angeführt habe, die erklären sollten, warum die Einblendung der Shopping Units ein Mittel zur Begünstigung der „Website“ Google Shopping sei (Erwägungsgründe 414 bis 421 des angefochtenen Beschlusses). In sieben dieser Gründe werde jedoch kein Vorteil genannt, den die Website Google Shopping durch Produktanzeigen in den Shopping Units erlange, geschweige denn ein Vorteil, der es rechtfertigen könnte, Klicks auf Produktanzeigen als Datenverkehr zur Website Google Shopping anzusehen. Im angefochtenen Beschluss würden u. a. die Links einer Registerkarte des Menüs und die Links „alles anzeigen“ der Shopping Units erwähnt, die tatsächlich auf die Website Google Shopping führten (419. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Dies rechtfertige es jedoch weder, die Produktanzeigen in den Shopping Units zu beanstanden, noch, die Klicks auf die Produktanzeigen als Datenverkehr zur Website Google Shopping anzusehen. Die Kommission habe ferner festgestellt, dass die Klicks auf die Produktanzeigen in den Shopping Units und auf die Seite Google Shopping zu denselben Händlerwebsites führen könnten (418. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Dies erkläre, welchen Vorteil die Händler aus den Produktanzeigen – unabhängig von ihrer Quelle – zögen, nicht aber, inwiefern die Website Google Shopping von Klicks auf Produktanzeigen in Shopping Units profitiere. Auch die anderen im angefochtenen Beschluss angeführten Gründe (Erwägungsgründe 414 bis 417 und 420) seien nicht geeignet, darzutun, dass die Website Google Shopping von Klicks auf die Produktanzeigen in den Shopping Units profitiere. Der einzige Grund, der im angefochtenen Beschluss angeführt werde, um die Klicks auf die Produktanzeigen in den Shopping Units als Datenverkehr zur Website Google Shopping anzusehen, bestehe darin, dass diese Klicks eine Zahlung an Google auslösten (Erwägungsgründe 421 und 630 des angefochtenen Beschlusses). Diese Behauptung sei jedoch unzutreffend, weil die durch Produktanzeigen in den Shopping Units generierten Einnahmen nicht der Website Google Shopping zugutekämen. Google weise die Einnahmen, die sie aus den Produktanzeigen in den Shopping Units erziele, ihrem allgemeinen Suchdienst zu. Das habe die Kommission im Übrigen im 642. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses anerkannt, in dem sie festgestellt habe, dass die Einblendung der Shopping Units durch Google „der Finanzierung ihres allgemeinen Suchdienstes dient“. Die Behauptung, dass die durch Klicks auf die Produktanzeigen in den Shopping Units erzielten Einnahmen dem Preisvergleichsdienst von Google zugutekämen, sei daher in tatsächlicher Hinsicht falsch. Die Argumentation im angefochtenen Beschluss sei auch rechtlich falsch, weil sie im Wesentlichen auf der Beanstandung einer Quersubventionierung beruhe, die darin bestehen solle, dass Google die Website Google Shopping mit den Einnahmen aus den Produktanzeigen auf den allgemeinen Ergebnisseiten subventioniere. Aber selbst wenn die Einnahmen aus den Shopping Units der Website Google Shopping zugutekämen, was nicht der Fall sei, lasse sich daraus kein Missbrauch ableiten. Die Kommission macht geltend, dass die Shopping Units Bestandteil des Preisvergleichsdienstes von Google seien, dass die gut sichtbare Einblendung der Shopping Units für Google ein Mittel sei, um diesen Dienst zu begünstigen, dass jeder Klick auf die Shopping Units dem Preisvergleichsdienst von Google zugutekomme, obwohl diese Klicks die Internetnutzer allein zu den Websites der Händler und nicht zu der eigenständigen spezialisierten Seite Google Shopping führten, und dass Google, auch wenn die durch die Produktanzeigen in den Shopping Units erzielten Einnahmen nicht der Website Google Shopping zuflössen, die Shopping Units und die eigenständige Seite Google Shopping den Nutzern und Händlern als Bestandteile eines einzigen Dienstes oder eines einzigen Erlebnisses präsentiere. Für die Händler und die Nutzer sei die Zuordnung der Einnahmen von Google ohne Belang (420. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Google versuche, die Ermittlung der Vorteile für ihren Preisvergleichsdienst an die Art und Weise zu knüpfen, in der die durch Klicks auf die Shopping Units erzielten Einnahmen zugewiesen würden, ohne die verschiedenen in den Erwägungsgründen 445, 447 und 450 des angefochtenen Beschlusses aufgeführten Vorteile zu berücksichtigen, die sie aus Klicks auf Shopping Units ziehe. Die Kommission fügt hinzu, in den Erwägungsgründen 414 bis 420 des angefochtenen Beschlusses habe sie sieben Gründe aufgeführt, die die Feststellung stützten, dass Klicks auf die Shopping Units den Preisvergleichsdienst von Google begünstigten. Hierzu macht Visual Meta insbesondere geltend, Google könne sich durch die interne Zuweisung ihrer Einnahmen der Feststellung eines Missbrauchs im Sinne von Art. 102 AEUV nicht entziehen. Visual Meta schließt sich auch der Analyse der Kommission im 630. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses an, wonach der Preisvergleichsdienst von Google von den Klicks auf die Links der Shopping Units „wirtschaftlich“ in gleicher Weise profitiere, wie wenn der Nutzer den Zwischenschritt unternommen hätte, sich zunächst auf die eigenständige Website Google Shopping zu begeben und dort auf das Produkt des Partnerhändlers zu klicken. Wie aus dem 421. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hervorgehe, erfüllten die Links in den Shopping Units und in Google Shopping dieselbe wirtschaftliche Funktion. Foundem und Twenga tragen im Wesentlichen dieselben Argumente vor. ii) Würdigung durch das Gericht Zunächst ist festzustellen, dass das Vorbringen von Google auf der unzutreffenden Prämisse beruht, die Kommission werfe ihr vor, dass sie ihren Preisvergleichsdienst, unter dem die eigenständige Website zu verstehen sei, die der spezialisierten Seite Google Shopping entspreche, durch eine bevorzugte Präsentation und Positionierung der Shopping Units begünstige. Preisvergleichsdienste werden jedoch im 191. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses als spezialisierte Suchdienste definiert, die es zum einen den Internetnutzern ermöglichen, in den Angeboten einer Vielzahl von Online-Verkäufern und Händlerplattformen Produkte zu suchen und ihre Preise und Merkmale zu vergleichen, und die zum anderen Links bereitstellen, die (unmittelbar oder über eine oder mehrere aufeinander folgende Zwischenseiten) zu den Websites dieser Händler oder Plattformen führen. Diese Definition wird von Google nicht bestritten. Folglich ist davon auszugehen, dass die Erwägungsgründe 26 bis 35 des angefochtenen Beschlusses eine hinreichende Grundlage für die Feststellung bieten, dass sich der Preisvergleichsdienst von Google in einer Reihe von Formen präsentiert hat, nämlich als eine spezialisierte Seite, die zuletzt Google Shopping genannt wurde, als gruppierte Produktergebnisse, deren letzte Entwicklung die Product Universals waren, und als Produktanzeigen, deren letzte Entwicklung die Shopping Units waren. Unter diesen Umständen müssen sowohl die spezialisierten Seiten Froogle, Google Product Search und Google Shopping als auch die gruppierten Produktergebnisse, insbesondere die Product Universals, und die Produktanzeigen, insbesondere die Shopping Units, als Teil des von Google den Internetnutzern angebotenen Preisvergleichsdienstes angesehen werden. Entgegen dem Vorbringen von Google beschränkt sich das in der vorliegenden Rechtssache beanstandete Verhalten nicht auf die günstigere Behandlung der spezialisierten Seite Google Shopping durch eine vorteilhafte Positionierung und Darstellung der Shopping Units und bezieht sich auch nicht auf eine Praxis der „Quersubventionierung“. Hier geht es vielmehr um die günstigere Behandlung des gesamten Preisvergleichsdienstes von Google, zu dem die Shopping Units gehören. Wie die Kommission im 412. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zutreffend ausgeführt hat, „geht [sie] davon aus, dass die Positionierung und die Darstellung der Shopping Units für Google ein Mittel zur Begünstigung ihres eigenen Preisvergleichsdienstes darstellten“. Wie sich nämlich aus den detaillierten Feststellungen der Kommission ergibt, die Google nicht widerlegt hat, sind die Shopping Units, was ihre Produktdatenbank (414. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses), ihren Mechanismus zur Auswahl der Ergebnisse (415. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses) und die Ergebnisse selbst betrifft, untrennbar mit Google Shopping verbunden, weil sie auf dieselbe Zielseite der Händler-Websites verweisen (418. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Außerdem werden die Shopping Units und Google Shopping, wie sich auch aus den von der Kommission zur Stützung dieser Feststellungen vorgelegten Unterlagen ergibt, den Internetnutzern und den Händlern als ein einziger Dienst und eine einzige Erfahrung präsentiert (420. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). So wissen die Händler nicht, ob sie für einen Klick auf ihr Produktangebot in den Shopping Units oder einen Klick auf die eigenständige Website Google Shopping zahlen (417. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses), während die Internetnutzer beim Navigieren in den Shopping Units aufgefordert werden, sich über einen Titellink und einen Link „alles anzeigen“ zu Google Shopping weiterleiten zu lassen (419. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses), so dass die Shopping Units und Google Shopping sowohl für die Händler als auch für die Internetnutzer ein und denselben Preisvergleichsdienst darstellen. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass alle Ergebnisse, die in den oben in Rn. 329 genannten Strukturen präsentiert wurden, Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google waren. Entgegen dem Vorbringen von Google kommt einem Preisvergleichsdienst diese Bezeichnung nicht nur dann zu, wenn er in der Lage ist, einen Präzisionsgrad zu erreichen, der es ermöglicht, verschiedene Angebote desselben Produkts oder Modells anzuzeigen, wie das bei der spezialisierten Seite von Google der Fall war. Ein Preisvergleichsdienst kann auch Angebote für mehrere Produkte anzeigen, die für die Suchanfrage des Internetnutzers in Betracht kommen, wie dies bei den Product Universals und den Shopping Units der Fall gewesen sein soll. All dies hängt sowohl von der Parametrierung des Preisvergleichsdienstes als auch von der Genauigkeit der ursprünglichen Suchanfrage des Internetnutzers ab. Google kann keine allgemeine, an der Konfiguration ihrer eigenen spezialisierten Seite (Product Universals oder Shopping Units) orientierte Definition eines Preisvergleichsdienstes vorschreiben. Im vorliegenden Fall ist die im 191. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses enthaltene und oben in Rn. 328 wiedergegebene Definition eines Preisvergleichsdienstes zugrunde zu legen, die Google im Übrigen nicht in Frage gestellt hat. Insoweit weist Google selbst in dem der Klageschrift beigefügten Glossar der Fachausdrücke darauf hin, dass ein Aggregator „eine Website [ist], die Produkte und Angebote verschiedener Händler auflistet und es den Nutzern ermöglicht, nach ihnen zu suchen und sie miteinander zu vergleichen“, und stellt klar, dass „der Beschluss“ diese Websites als „Preisvergleichsdienste“ bezeichnet. Auf dieser Grundlage sind sowohl die spezialisierten Seiten Froogle, Google Product Search und Google Shopping als auch die gruppierten Produktergebnisse, insbesondere die Product Universals, und die Produktanzeigen, insbesondere die Shopping Units, als Teil des von Google den Internetnutzern angebotenen Preisvergleichsdienstes anzusehen. Darüber hinaus hat die Kommission speziell in Bezug auf die Shopping Units in den Erwägungsgründen 414 bis 421 des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, dass sie auf derselben Datenbank beruhten wie die spezialisierte Seite, dass die technische Infrastruktur und die Struktur der Beziehungen zu den Händlern bei beiden weitgehend identisch gewesen seien, dass die Händler hätten akzeptieren müssen, dass ihre Angebote in beiden Strukturen präsentiert würden, dass sie nicht gewusst hätten, von welcher Struktur die ihnen in Rechnung gestellten Klicks stammten, dass das System der Bezahlung durch die Händler dasselbe gewesen sei und dass die Internetlinks der beiden Strukturen zu denselben Seiten der Händlerwebsites geführt hätten. Folglich war ein Klick auf eine Shopping Unit sehr wohl als Ausdruck der Nutzung des Preisvergleichsdienstes von Google anzusehen, die von der allgemeinen Ergebnisseite ausging, d. h. als von dieser Seite ausgehender Datenverkehr zu diesem Preisvergleichsdienst. Es ist darauf hinzuweisen, dass bestimmte Formulierungen im angefochtenen Beschluss, wie die in den Erwägungsgründen 408 und 423, isoliert betrachtet und auf den ersten Blick mehrdeutig erscheinen können. Diese Formulierungen stellen die allgemeine Analyse der Kommission, wonach der Preisvergleichsdienst von Google in verschiedenen Formen angeboten wurde, aber nicht in Frage. Insbesondere ist der 423. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses so zu verstehen, dass er an die Erwägungsgründe 414 bis 421 anschließt, die aufzeigen sollen, dass die Shopping Units und Google Shopping Bestandteile ein und desselben Ganzen seien. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass im 422. Erwägungsgrund festgestellt wurde, dass es in sechs EWR-Ländern während eines bestimmten Zeitraums „Google Shopping nur in Form der Shopping Units ohne zugehörige eigenständige Website gab“. Unter diesen Umständen war die Kommission zu der Feststellung berechtigt, dass die Shopping Units den Preisvergleichsdienst von Google begünstigten, ohne dass es im Übrigen darauf ankäme, ob sie die eigenständige Website Google Shopping unmittelbar begünstigen, indem sie ihr Einnahmen verschafften, oder nicht. Folglich ist der zweite Teil des zweiten Klagegrundes, wonach die in den Shopping Units enthaltenen Produktanzeigen dem Preisvergleichsdienst von Google nicht zugutegekommen seien, zurückzuweisen. c) Zu den Elementen des dritten Teils des zweiten Klagegrundes, wonach Google die konkurrierenden Preisvergleichsdienste bereits in die Shopping Units einbezogen habe, so dass keine Begünstigung vorgelegen haben könne 1) Vorbringen der Parteien Google macht geltend, sie habe die von den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten stammenden Produktanzeigen bereits in die Shopping Units einbezogen, so dass ihr nicht vorgeworfen werden könne, ihren eigenen Preisvergleichsdienst zu begünstigen. So führt Google aus, dass sie die von den Preisvergleichsdiensten bereitgestellten Produktanzeigen mit Hilfe ihrer Katalogisierungs- und Indexierungssysteme organisiere und die gleichen Qualitätskontrollen durchführe wie bei den Anzeigen der anderen Anzeigenkunden. Mehrere Preisvergleichsdienste in Europa – darunter Idealo, Twenga, Ceneo, Check24, Heureka und Kelkoo – nutzten diese Möglichkeiten mit Erfolg und schalteten Millionen von Produktanzeigen bei Google. Google wendet sich insoweit gegen die in den Erwägungsgründen 344 und 371 des angefochtenen Beschlusses aufgestellte Behauptung, dass „konkurrierende Preisvergleichsdienste nur als allgemeine Suchergebnisse erscheinen können“. In Wirklichkeit bestreite die Kommission nicht, dass sich die Preisvergleichsdienste an den Shopping Units hätten beteiligen können. Vielmehr habe die Kommission in ihrem Sachverhaltsschreiben die Art und Weise, in der Bing, die allgemeine Suchmaschine von Microsoft, die Produktanzeigen einblende, und die von Kelkoo vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen als Mittel zur Beendigung der behaupteten Zuwiderhandlung bezeichnet. Beide Ansätze entsprächen jedoch dem, was Google bereits getan habe. Die Kommission beanstande, dass der Zugang zu einer Shopping Unit voraussetze, dass die Preisvergleichsdienste ihr Geschäftsmodell änderten, indem sie eine Kauffunktion hinzufügten oder „als Vermittler“ aufträten (439. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Die Kommission habe diesen Beschwerdepunkt jedoch im angefochtenen Beschluss weder erläutert noch untermauert. Sie habe ihre spezifischen Bedenken hinsichtlich der Voraussetzungen, die die Preisvergleichsdienste erfüllen müssten, um sich an den Shopping Units zu beteiligen, nicht benannt und auch nicht erklärt, inwiefern diese Voraussetzungen mit den Wettbewerbsregeln unvereinbar seien. Die Kommission tritt diesem Vorbringen entgegen. Der BDZV trägt vor, dass die konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht in den Shopping Units erscheinen könnten, weil sie hierfür ein „Google Merchant Center“-Konto einrichten müssten, was voraussetze, dass sie Händler seien, was nach den Richtlinien von Google bedeute, dass sie den Kauf von Produkten unmittelbar auf ihrer Website ermöglichen müssten. Die Preisvergleichsdienste leiteten die Internetnutzer aber nur auf die Websites der Händler weiter. Zu den beiden Möglichkeiten, die den Preisvergleichsdiensten eingeräumt würden, um in den Shopping Units zu erscheinen (Hinzufügen einer Schaltfläche „Kaufen“ oder Übernahme einer Vermittlerrolle für die Händler), weist der BDZV darauf hin, dass diese Optionen das Geschäftsmodell der Preisvergleichsdienste grundlegend verändern würden und für die Händler nicht interessant genug wären, um sie davon zu überzeugen, ihre Verkäufe den Preisvergleichsdiensten anzuvertrauen, weil die Händler grundsätzlich bestrebt seien, die Kontrolle über die Beziehungen zu ihren Kunden zu behalten. Aus diesem Grund habe nur eine sehr geringe Zahl von Preisvergleichsdiensten die Shopping Units nutzen können. 2) Würdigung durch das Gericht Im 439. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission festgestellt, dass die konkurrierenden Preisvergleichsdienste für eine Teilnahme an Google Shopping nicht in Betracht gekommen seien, es sei denn, sie hätten ihr Geschäftsmodell geändert, indem sie entweder eine Schaltfläche „Kaufen“ hinzufügten oder als Vermittler aufträten, um die kostenpflichtigen Produktergebnisse der Händler in den Shopping Units zu platzieren. So geht aus Nr. 2 des 220. Erwägungsgrundes des angefochtenen Beschlusses hervor, dass Google dem polnischen Preisvergleichsdienst Ceneo mitgeteilt habe, er könne nur dann an Google Shopping teilnehmen und somit in den Shopping Units erscheinen, wenn er die Merkmale von Online-Verkäufern oder Händlerplattformen (den wichtigsten Kunden von Google Shopping) erfülle, indem er entweder eine direkte Kauffunktion einführe und seine Website „wie die eines Kaufhauses gestalte“ oder „Artikel im Namen einzelner Verkäufer Google unterbreite“, um sie in der Shopping Unit anzeigen zu lassen, sowie unter der Bedingung, dass die Zielseite „nicht den Eindruck erweckt, die Website eines Preisvergleichsdienstes zu sein“. Wie sich aus den oben in den Rn. 346 und 347 angeführten Erwägungsgründen 439 und 220 des angefochtenen Beschlusses ergibt, kamen die konkurrierenden Preisvergleichsdienste daher als solche für eine Aufnahme in die Shopping Units nicht in Betracht. Wie Google in der Klageschrift bestätigt, könnten sie nur dann einbezogen werden, wenn sie ihr Geschäftsmodell ändern, indem sie eine Schaltfläche „Kaufen“ hinzufügen oder als Vermittler auftreten, die Google Produkte im Namen von Online-Händlern unterbreiten. Wie aus der Klageschrift und aus der Erwiderung hervorgeht, bestreitet Google dies nicht. Wie der BDZV ausführt, würden solche Optionen das Geschäftsmodell eines Preisvergleichsdienstes aber grundlegend verändern. So geht aus dem 240. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hervor, dass sich die Händlerplattformen sowohl aus der Sicht der Internetnutzer als auch aus der Sicht der Händler durch eine Direktkauffunktion von den Preisvergleichsdiensten unterscheiden. Wie im 240. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses erläutert wird, kann die Hinzufügung einer solchen Funktion nämlich dazu führen, dass der Dienst von den Internetnutzern nicht mehr als Preisvergleichsdienst angesehen wird. Sie kann auch den für die erbrachten Dienstleistungen geltenden Rechtsrahmen und vor allem die Beziehungen zwischen der Website des Preisvergleichsdienstes und ihren Kunden verändern. Wie sich auch aus dem 221. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ergibt, sieht die Mehrheit der großen Einzelhändler es nämlich nicht gern, wenn auf den Websites der Preisvergleichsdienste eine Schaltfläche „Kaufen“ eingefügt wird, weil diese Händler „die volle Kontrolle über ihre Einzelhandelstätigkeiten (einschließlich der Merchandising-Strategie, der Beziehungen zu den Kunden und der Abwicklung der Geschäfte) behalten“ möchten. Diese Wahrung der Autonomie der Händler in ihrer Beziehung zu den Käufern ihrer Produkte, die zuvor Preisvergleichsdienste konsultiert haben, macht die Einzigartigkeit der Preisvergleichsdienste gegenüber Plattformen wie Amazon aus, die die Verkaufsfunktion für die ihnen angeschlossenen Verkäufer selbst übernehmen und von den Händlern, die ihre Produkte Preisvergleichsdiensten unterbreiten, als Wettbewerber angesehen werden. Dies ist im Übrigen der Grund dafür, dass diese Funktion, wie sich auch aus dem 241. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ergibt und vom BDZV hervorgehoben wird, nur von einer sehr kleinen Zahl von Preisvergleichsdiensten (7 der 361 von Google ermittelten konkurrierenden Preisvergleichsdienste) eingeführt und selbst bei diesen nur für eine kleine Zahl von Händlern und Angeboten vorgesehen wurde. Insoweit geht aus diesem Erwägungsgrund hervor, dass Idealo – nach Google Shopping der zweitgrößte Preisvergleichsdienst in Deutschland – im Jahr 2015 nur weniger als 5 % seiner Händler davon hatte überzeugen können, eine Schaltfläche „Kaufen“ hinzuzufügen. Außerdem würde die Alternative, die konkurrierenden Preisvergleichsdiensten angeboten wird, damit sie in den Shopping Units erscheinen können, nämlich als Vermittler aufzutreten, sie ebenfalls zu einer Änderung ihres Geschäftsmodells zwingen, weil ihre Rolle dann darin bestünde, wie ein Händler Produkte in den Preisvergleichsdienst von Google einzustellen, und nicht mehr darin, Produkte und Preise zu vergleichen. Um Zugang zu den Shopping Units zu erhalten, müssten die konkurrierenden Preisvergleichsdienste daher Kunden des Preisvergleichsdienstes von Google werden und darauf verzichten, dessen unmittelbare Wettbewerber zu sein. Diese Beurteilung wird nicht durch das Vorbringen von Google entkräftet, wonach sie die von Bing praktizierte Methode zur Einblendung von Produktanzeigen und die von Kelkoo vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen zur Beendigung der Zuwiderhandlung bereits anwende. Google macht insoweit geltend, dass die von Bing eingeblendeten Produktanzeigen ebenso wie ihre eigenen Produktanzeigen, d. h. die Shopping Units, auf Seiten verweisen müssten, auf denen die Nutzer das angebotene Produkt kaufen könnten, und dass sie, wie von Kelkoo vorgeschlagen, die Daten dritter Vergleichsdienste aus eingespeisten Datenströmen erhalte und diese anschließend mit Hilfe ihrer eigenen Algorithmen organisiere. Zum einen weist Google in ihren Schriftsätzen jedoch nicht nach, dass sie die von Kelkoo befürwortete Methode angewandt hat. Auch Kelkoo bestreitet dies und hat ein Schriftstück zu den Akten gereicht, aus dem hervorgeht, wie die Ergebnisse konkurrierender Vergleichsdienste behandelt werden müssten, um eine Gleichbehandlung zu gewährleisten. Kelkoo weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sie in ihrer von Google in der Klageschrift angeführten Erklärung, in der sie eingeräumt haben solle, dass Google die verlangten Abhilfemaßnahmen bereits angewandt habe, keineswegs anerkannt habe, dass die von der Kommission geäußerten wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausgeräumt seien, sondern der Behauptung von Google entgegengetreten sei, dass diese nicht in der Lage sei, auf ihre eigenen Ergebnisse und auf die Ergebnisse ihrer Wettbewerber die gleichen Verfahren und Methoden anzuwenden. Google ermöglicht es den Händlern zwar – wie Kelkoo in ihrer Stellungnahme zur Antwort von Google auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte dargelegt hat –, Datenströme an Google zu übermitteln, die ein Inventar ihrer Produkte enthalten, aber um von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, müssen die Preisvergleichsdienste, wie oben in Rn. 348 erläutert, ihr Geschäftsmodell ändern, was die Bedenken von Kelkoo keineswegs ausräumt. Zum anderen werden die geltend gemachten wettbewerbsrechtlichen Bedenken selbst dann nicht ausgeräumt, wenn unterstellt wird, dass „die Produktanzeigen von Bing zu Seiten führen müssen, auf denen die Nutzer Produkte kaufen können“, wie Google in der Klageschrift behauptet. Im vorliegenden Fall geht es nämlich nicht darum, wie Microsoft mit ihrer Suchmaschine Bing verfährt, die im Übrigen auf dem Markt für allgemeine Suchdienste keine beherrschende Stellung einnimmt, sondern um das Verhalten von Google. Der Umstand, dass die Anzeigen von Bing die Internetnutzer ebenfalls zu Händlerwebsites weiterleiten, kann dem Google vorgeworfenen Verhalten nicht seinen wettbewerbswidrigen Charakter nehmen. Unter diesen Umständen ist das Vorbringen von Google im dritten Teil des zweiten Klagegrundes, die konkurrierenden Preisvergleichsdienste seien bereits in die Shopping Units einbezogen worden, so dass es keine Begünstigung habe geben können, zurückzuweisen. 3. Dritter und vierter Klagegrund: die in Rede stehenden Praktiken hätten keine wettbewerbswidrigen Auswirkungen gehabt Der dritte und der vierte Klagegrund betreffen beide die Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken. Mit dem dritten Klagegrund sollen die von der Kommission dargelegten materiellen Folgen dieser Praktiken für den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den verschiedenen Preisvergleichsdiensten in Abrede gestellt werden. Mit dem vierten Klagegrund soll bestritten werden, dass diese Praktiken wettbewerbswidrige Auswirkungen auf die verschiedenen von der Kommission identifizierten Märkte gehabt hätten. Diese Aspekte sind miteinander verknüpft. Wie oben in den Rn. 65 bis 67 ausgeführt, hat die Kommission im angefochtenen Beschluss nämlich im Wesentlichen die Auffassung vertreten, dass die in Rede stehenden Verhaltensweisen diesen Verkehr verändert hätten, was auf den betroffenen Märkten zu wettbewerbswidrigen Auswirkungen verschiedener Art geführt habe. Unter diesen Umständen würde das Fehlen des Nachweises materieller Folgen für diesen Verkehr zwangsläufig bedeuten, dass die Voraussetzungen für die Feststellung wettbewerbswidriger Auswirkungen auf die betroffenen Märkte nicht erfüllt sind. Ebenso hat das Ausmaß der gegebenenfalls nachgewiesenen materiellen Folgen für diesen Verkehr Einfluss darauf, ob wettbewerbswidrige Auswirkungen auf die Märkte festgestellt werden können oder nicht. Daher ist zunächst das Vorbringen zu prüfen, mit dem Google die materiellen Folgen der in Rede stehenden Praktiken für den Verkehr von ihren allgemeinen Ergebnisseiten zu den Preisvergleichsdiensten, einschließlich ihres eigenen, in Frage stellt, bevor ihr Vorbringen in Bezug auf das Fehlen wettbewerbswidriger Auswirkungen dieser Praktiken geprüft wird. a) Erster Teil des dritten Klagegrundes: die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass die in Rede stehenden Praktiken zu einem Rückgang des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten geführt hätten 1) Vorbringen der Parteien Im ersten Teil des dritten Klagegrundes macht Google geltend, die Kommission habe in Abschnitt 7.2.3.2 des angefochtenen Beschlusses zu Unrecht festgestellt, dass die in Rede stehenden Praktiken „dauerhaft“„zu einem Rückgang des allgemeinen Suchverkehrs“ zu fast allen konkurrierenden Preisvergleichsdiensten geführt hätten (462. Erwägungsgrund). Die Kommission habe zwar zahlreiche Schaubilder vorgelegt, die die Entwicklung des Suchverkehrs von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten zeigten, aber keinen Kausalzusammenhang zwischen dieser Entwicklung und den in Rede stehenden Praktiken nachgewiesen. Auch die CCIA rügt das Fehlen eines solchen Nachweises. Die Kommission hätte nachweisen müssen, dass der von ihr festgestellte Rückgang auf die Positionierung und die Präsentation der Product Universals und der Shopping Units zurückzuführen sei. Die Kommission habe sich nicht mit der Vermutung eines Kausalzusammenhangs begnügen dürfen, wie sich aus dem Urteil vom 6. Dezember 2012, AstraZeneca/Kommission ( C‑457/10 P , EU:C:2012:770 , Rn. ), ergebe. Nach Ansicht von Google, die insoweit durch die CCIA unterstützt wird, hätte die Kommission eine kontrafaktische Analyse durchführen und untersuchen müssen, wie sich ihr Suchverkehr entwickelt hätte, wenn die in Rede stehenden Praktiken in Bezug auf die Positionierung und die Präsentation der Product Universals und der Shopping Units nicht angewandt worden wären. Im angefochtenen Beschluss habe die Kommission den Rückgang des Suchverkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten jedoch auf andere Praktiken zurückgeführt, die sie als rechtmäßig angesehen habe, nämlich auf die Änderungen durch die Einführung von Anpassungsalgorithmen, die bestimmte Arten von Websites in der Rangfolge der generischen Ergebnisse zurückgestuft hätten. Entgegen den Ausführungen der Kommission in der Klagebeantwortung dürfe die kontrafaktische Analyse nicht von der Hypothese ausgehen, dass die Anpassungsalgorithmen für die generischen Ergebnisse, die geeignet seien, die Preisvergleichsdienste herabzustufen, nicht mehr verwendet würden, weil diese Algorithmen – wie Google in ihren Stellungnahmen zu mehreren Streithilfeschriftsätzen, z. B. dem von Kelkoo, in dem diese Algorithmen beanstandet wurden, bekräftigt – nicht in Frage gestellt worden seien. Die Google von der Kommission in der Klagebeantwortung angebotene alternative Möglichkeit, dem angefochtenen Beschluss nachzukommen, indem sie entweder die Shopping Units aufgebe oder die konkurrierenden Preisvergleichsdienste in sie einbeziehe, bedeute nämlich in keinem dieser beiden Fälle, dass diese Algorithmen nicht mehr verwendet werden dürften. Die CCIA weist insoweit darauf hin, dass das angemessene kontrafaktische Szenario schlicht einer Situation ohne den behaupteten Missbrauch entspreche, also mit anderen Worten auf der Situation beruhen müsse, in der die Product Universals und die Shopping Units aufgegeben würden, nicht aber die Änderungen an der Rangfolge der generischen Ergebnisse. Auf das von Foundem in ihrem Streithilfeschriftsatz vorgebrachte Argument, dass es für Google absurd wäre, auf die Produktergebnisse oder Produktanzeigen zu verzichten, ohne zugleich auch auf ihre Anpassungsalgorithmen zu verzichten, die die konkurrierenden Preisvergleichsdienste innerhalb der generischen Ergebnisse herabstufen könnten, entgegnet Google, dass sie in zahlreichen Ländern, auch in Europa, in genau dieser Weise verfahre, was zeige, dass die von ihr vorgeschlagene kontrafaktische Analyse nicht hypothetisch sei und dass diese Algorithmen nur durch das Bemühen um die Qualität ihrer Ergebnisse erklärt werden könnten. Nach Ansicht von Google müssen zwei von der Kommission angeführte Sachverhaltskomplexe geradewegs zu dem Ergebnis führen, dass der Rückgang des Datenverkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten auf die Änderungen der Rangfolge der generischen Ergebnisse durch die Anpassungsalgorithmen zurückzuführen sei und nicht auf die Positionierung und die Präsentation der Product Universals und der Shopping Units. So gehe aus den Erwägungsgründen 464 bis 474 des angefochtenen Beschlusses hervor, dass keiner der dort genannten konkurrierenden Preisvergleichsdienste behaupte, dass die Einblendung der Product Universals und der Shopping Units den Rückgang des Datenverkehrs verursacht habe. Einige von ihnen hätten diesen Zusammenhang sogar ausdrücklich verneint. Ebenso betreffe der zweite Sachverhaltskomplex, den die Kommission in den Erwägungsgründen 475 bis 477 des angefochtenen Beschlusses herangezogen habe, die Veränderung der Sichtbarkeit der konkurrierenden Preisvergleichsdienste in den generischen Ergebnissen „nach der Einführung oder Aktualisierung des Panda-Algorithmus“. Andere Erwägungsgründe des angefochtenen Beschlusses enthielten ebenfalls Beurteilungen, wonach die Sichtbarkeit dieser Preisvergleichsdienste „nach der Einführung des Panda-Algorithmus“ abgenommen habe, oder ähnliche Beurteilungen (Erwägungsgründe 361, 367, 513 und 514), obwohl die von Google vorgenommene Einstufung der konkurrierenden Preisvergleichsdienste in den generischen Ergebnissen, einschließlich der Anwendung von Anpassungsalgorithmen wie Panda, nicht zu den als missbräuchlich angesehenen Praktiken gehöre. Insoweit heiße es im 661. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses, die in Rede stehenden Praktiken bestünden allein darin, dass Google ihre für die generischen Ergebnisse vorgesehenen Anpassungsalgorithmen (insbesondere Panda) auf die Product Universals und die Shopping Units „nicht angewandt“ habe. Dies ergebe sich eindeutig aus der im angefochtenen Beschluss vorgenommenen Abgrenzung der räumlichen Ausdehnung und der Dauer des als missbräuchlich bezeichneten Verhaltens, die sich nur auf die Länder oder die Zeiträume erstrecke, in denen die Product Universals oder die Shopping Units verwendet worden seien. Aus diesem Grund ist Google der Ansicht, dass nunmehr, nach Aufgabe der Product Universals, die bloße Abschaffung der Shopping Units ausreichen würde, um die von der Kommission festgestellte Zuwiderhandlung zu beenden. Eine geeignete kontrafaktische Analyse hätte bestätigt, dass die von der Kommission beanstandeten Praktiken selbst keine Auswirkungen auf den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten gehabt hätten. Erstens habe sich dieser Verkehr nämlich in den Ländern, in denen die Product Universals und die Shopping Units eingeführt worden seien, und in den Ländern, in denen dies nicht geschehen sei, ähnlich entwickelt. Google legt hierzu eine „Difference-in-Differences“-Analyse vor, die ein kontrafaktisches Szenario von Ländern umfasst, in denen die Product Universals und die Shopping Units nicht oder erst später eingeführt wurden. So vergleicht Google die Situation zwischen 2004 und 2014 im Vereinigten Königreich mit der in Irland, die in Deutschland mit der in Österreich, die in Frankreich mit der in Belgien sowie die in den Niederlanden mit der in Belgien, und zwar jeweils für etwa zehn Preisvergleichsdienste, die mit dem von Google konkurrierten und in beiden jeweils miteinander verglichenen Ländern tätig waren. Dieser Vergleich wird durch Diagramme veranschaulicht, deren Kurven den Datenverkehr für jeden Preisvergleichsdienst in den beiden verglichenen Ländern zeigen. So wird beispielsweise die Entwicklung des Datenverkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zum Preisvergleichsdienst Twenga in Frankreich, wo die Product Universals und die Shopping Units eingeführt wurden, mit der Entwicklung dieses Datenverkehrs in Belgien verglichen, wo sie nicht eingeführt wurden. Auch wenn das Verkehrsaufkommen in den jeweils miteinander verglichenen Ländern unterschiedlich hoch sein könne, sei die zeitliche Entwicklung des Verkehrs aber weitgehend ähnlich verlaufen. Die Kommission habe diese Analyse im angefochtenen Beschluss in zweierlei Hinsicht fehlerhaft beurteilt. Als Erstes habe sie im 520. Erwägungsgrund zu Unrecht ausgeführt, dass die Analyse die Auswirkungen der Anpassungsalgorithmen für die allgemeinen Suchergebnisse, insbesondere die von Panda, nicht berücksichtigt habe. Als Zweites habe sie im 521. Erwägungsgrund zu Unrecht ausgeführt, dass sich der Verkehr in den miteinander verglichenen Ländern vor der Einführung der Product Universals und der Shopping Units in einem dieser Länder nicht in gleicher Weise entwickelt habe. Zweitens würde sich der Verkehr zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten nicht ändern, wenn die Product Universals und die Shopping Units aufgegeben würden. Im Jahr 2011 habe die Kommission Microsoft nämlich aufgefordert, ein Experiment (das „Bing Answers Experiment“) durchzuführen, bei dem die Suchergebnisse des Typs Product Universals auf ihrer Suchmaschine Bing für eine Gruppe von Nutzern unterdrückt worden seien, um diese Situation mit der einer anderen Gruppe von Nutzern zu vergleichen, der diese spezialisierten Ergebnisse weiterhin angezeigt worden seien. Die aus diesem Experiment gewonnenen Daten hätten belegt, dass sich die Anzeige bzw. Nichtanzeige der Ergebnisse des Typs Product Universals nur unbedeutend auf den Verkehr zu den Preisvergleichsdiensten ausgewirkt habe. Google habe ihrerseits ein ähnliches, als „Ablation Experiment“ bezeichnetes Experiment in Bezug auf die Shopping Units durchgeführt, das zu ähnlichen Ergebnissen geführt habe. Die Differenz zwischen dem Verkehr zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten, der von der Gruppe der Nutzer ausgegangen sei, die die Shopping Units nicht hätten sehen können, und dem von der Kontrollgruppe ausgehenden Verkehr habe sich auf einen geringen Prozentsatz des gesamten Verkehrsaufkommens dieser Preisvergleichsdienste belaufen, der deutlich unter der von der Kommission in Rn. 446 der Mitteilung der Beschwerdepunkte und in den Erwägungsgründen 571 und 581 des angefochtenen Beschlusses als wettbewerbsrechtlich irrelevant bezeichneten Schwelle gelegen habe, wobei die Kommission sogar einen Anteil von fast 20 % des Verkehrsaufkommens der Preisvergleichsdienste für unbedenklich gehalten habe. Außerdem habe die Kommission im 523. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zu Unrecht behauptet, dass auch das „Ablation Experiment“ die Auswirkungen der Algorithmen für die allgemeine Suche, insbesondere Panda, nicht berücksichtigt habe. Google hält auch die beiden in den Erwägungsgründen 524 bis 535 des angefochtenen Beschlusses erläuterten, von der Kommission nach eigenen Angaben unter Heranziehung der Daten aus dem „Ablation Experiment“ angestellten Berechnungen, um dieses Experiment zu korrigieren, für falsch. Was die erste, in Tabelle 22 des angefochtenen Beschlusses dargestellte Berechnung angehe, bestehe kein Grund dafür, wie die Kommission von einem Szenario auszugehen, in dem ein Preisvergleichsdienst immer unter den ersten vier generischen Ergebnissen erscheine. Darüber hinaus habe Google im Verwaltungsverfahren keine Gelegenheit erhalten, zu dieser Berechnung Stellung zu nehmen, was eine Verletzung ihrer Verteidigungsrechte darstelle. Bei der zweiten, in Tabelle 23 des angefochtenen Beschlusses dargestellten Berechnung, die von der Annahme ausgegangen sei, dass ausschließlich nach Produkten gesucht werde, was die Kommission den Suchanfragen gleichgestellt habe, die normalerweise zur Anzeige der Shopping Units führten, habe die Kommission außer Acht gelassen, dass die Preisvergleichsdienste auch ein beträchtliches Aufkommen generischen Verkehrs aus einer Vielzahl von Produktanfragen bezogen hätten, für die keine Shopping Units angezeigt worden seien. Die Kommission habe auch außer Acht gelassen, dass die Preisvergleichsdienste rund 50 % ihres Verkehrs aus anderen Quellen als den allgemeinen Suchergebnissen von Google erhielten, wie aus Tabelle 24 des angefochtenen Beschlusses hervorgehe. Dieser Verkehr müsse bei der Beurteilung der Auswirkungen der Shopping Units auf das Verkehrsaufkommen berücksichtigt werden. Wenn sich nämlich herausstellen sollte, dass der Rückgang des von Google ausgehenden Suchverkehrs im Vergleich zum Gesamtverkehr der Preisvergleichsdienste gering gewesen sei, könne er keine Auswirkungen auf den Wettbewerb gehabt haben. Insoweit habe sich die Kommission jedoch darauf beschränkt, im 539. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zu behaupten, dass der angeblich umgeleitete Verkehr einen „erheblichen Teil des Verkehrs“ zu den Preisvergleichsdiensten ausgemacht habe, ohne dies jemals nachzuweisen. Drittens habe die Kommission im angefochtenen Beschluss weder die Gesamtentwicklung des Sektors noch die veränderten, an der zunehmenden Beliebtheit von Händlerplattformen wie Amazon, die alternative Möglichkeiten der Suche nach Preisvergleichen darstellten, abzulesenden Präferenzen der Nutzer berücksichtigt. Mit der zunehmenden Beliebtheit von Händlerplattformen habe sich deren Einstufung in den generischen Ergebnissen von Google im Vergleich zu den Preisvergleichsdiensten von selbst verbessert, unabhängig davon, ob sie auf demselben Markt tätig seien. Ein Vergleich der Entwicklung des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs zu den Händlerplattformen einerseits und zu den Preisvergleichsdiensten andererseits bestätige diese Analyse. Seit 2008 stagniere der Verkehr zu den Preisvergleichsdiensten, wohingegen der Verkehr zu den Plattformen weiter zugenommen habe. Während sich Amazon laut internen Google-Dokumenten als „Benchmark für Suchergebnisse, Geschwindigkeit und Qualität“ bei der Produktsuche etabliert habe, hätten die Preisvergleichsdienste ihre Dienstleistungen nicht verbessert, wie die in den Akten vorhandenen Bewertungen bestätigten. Die Kommission, das BEUC, Foundem, der VDZ, der BDZV, Visual Meta, Twenga, die EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland treten dem Vorbringen von Google entgegen. 2) Würdigung durch das Gericht Google macht im Wesentlichen geltend, die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass die in Rede stehenden Praktiken zu einem Rückgang des Datenverkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten geführt hätten. Dieser Rückgang des Datenverkehrs, den sie nicht bestreite, sei allein auf die Wirkung der Anpassungsalgorithmen, insbesondere von Panda, zurückzuführen, die die Kommission nicht beanstandet habe. Google macht geltend, dass es keinen Kausalzusammenhang zwischen der Förderung ihres eigenen Preisvergleichsdienstes, die die Kommission ihr vorwerfe, und den von der Kommission festgestellten Auswirkungen gebe, nämlich einer Verdrängung konkurrierender Preisvergleichsdienste infolge des Rückgangs des von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehenden Datenverkehrs. Hierzu ist jedoch zunächst darauf hinzuweisen, dass das im angefochtenen Beschluss beanstandete Verhalten von Google, wie die Kommission hervorhebt (siehe oben, Rn. 69), aus einer Kombination zweier Praktiken besteht, nämlich zum einen, dass Google ihren Preisvergleichsdienst auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten in hervorgehobener und augenfälliger Weise in speziellen „Boxen“ angezeigt hat, ohne ihn ihren für die allgemeine Suche verwendeten Anpassungsalgorithmen zu unterwerfen, und zum anderen, dass sie gleichzeitig die konkurrierenden Preisvergleichsdienste auf diesen Seiten nur in Form allgemeiner Suchergebnisse (blaue Links) erscheinen ließ, die aufgrund der Anwendung dieser Anpassungsalgorithmen tendenziell eine niedrige Einstufung erhielten. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Preisvergleichsdienst von Google, ebenso wie ihre anderen Dienste, niemals in Form allgemeiner Suchergebnisse angezeigt wurde. Die Kommission hat in den Erwägungsgründen 440 und 537 des angefochtenen Beschlusses klargestellt, dass sie nicht die von Google gewählten und als Relevanzkriterien bezeichneten Auswahlkriterien als solche beanstande, sondern die Tatsache, dass die Ergebnisse ihres Preisvergleichsdienstes und die der konkurrierenden Preisvergleichsdienste hinsichtlich ihrer Positionierung und Präsentation nicht gleichbehandelt würden. Ebenso hat die Kommission im 538. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses klargestellt, dass sie die Hervorhebung der von Google als relevant angesehenen spezialisierten Ergebnisse von Preisvergleichsdiensten nicht als solche beanstande, sondern den Umstand, dass diese Hervorhebung nicht sowohl bei ihrem eigenen Preisvergleichsdienst als auch bei den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten stattgefunden habe. Was die Kommission im Wesentlichen beanstandet hat, ist die Kombination von Praktiken, die zum einen den Preisvergleichsdienst von Google hervorhoben und zum anderen die konkurrierenden Preisvergleichsdienste auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google herabstuften. Daraus folgt, dass die Auswirkungen dieser kombinierten Praktiken nicht analysiert werden können, indem die Auswirkungen des einen Aspekts dieser Praktiken von denen des anderen Aspekts isoliert werden. Wie Google ausführt, hat aus der Sicht der Kommission keiner der beiden Aspekte der Praktiken – als solcher und isoliert betrachtet – Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Einwänden gegeben. In den Zeiträumen und Gebieten, für die die Kommission eine Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV festgestellt hat, wurde jedoch jeder dieser Aspekte zusammen mit dem anderen umgesetzt, und was die Kommission als wettbewerbswidrig einstufte, war diese gemeinsame Umsetzung, die ihrer Ansicht nach zu kombinierten Auswirkungen führte. Folglich sind bei der Analyse dieser Auswirkungen sowohl die Auswirkungen der Anpassungsalgorithmen für die generischen Ergebnisse, insbesondere von Panda, als auch die Auswirkungen der Hervorhebung des Preisvergleichsdienstes von Google mittels der Product Universals und der Shopping Units zu berücksichtigen. Daher darf sich die Analyse der Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken auf die konkurrierenden Preisvergleichsdienste, anders als Google im Wesentlichen geltend macht, nicht darauf beschränken, zu untersuchen, wie sich das Erscheinen von Ergebnissen des Preisvergleichsdienstes von Google in den Product Universals und den Shopping Units, das nur einer der beiden Aspekte dieser Praktiken ist, auf die konkurrierenden Preisvergleichsdienste auswirken konnte, sondern muss auch die Auswirkung der Anwendung der Anpassungsalgorithmen für die generischen Ergebnisse berücksichtigen. Wie die Kommission geltend macht, wird die Auswirkung der Anpassungsalgorithmen neutralisiert, wenn im Rahmen einer kontrafaktischen Analyse – so wie Google dies tut – Szenarien verglichen werden, deren einzige Variable diejenige Komponente ist, die sich auf die Anzeige der Product Universals oder der Shopping Units bezieht, weil die Auswirkung der Anpassungsalgorithmen in den beiden Szenarien, die jeweils miteinander verglichen werden, die gleiche bleibt. Daraus folgt, dass der Vorwurf von Google, die Kommission habe zur Bemessung der Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken auf die konkurrierenden Preisvergleichsdienste auch darauf abgestellt, wie sich die Anwendung der Anpassungsalgorithmen für die generischen Ergebnisse auf den Datenverkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten ausgewirkt habe, zurückzuweisen ist, und dass die von Google vorgelegten Studien, die – wie z. B. die „Difference-in-Differences“-Analyse oder das „Ablation Experiment“ – lediglich darauf abzielen, die allein auf das Erscheinungsbild der Product Universals und der Shopping Units zurückzuführende Auswirkung auf diesen Datenverkehr zu messen, nicht ausreichen, um die Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken auf konkurrierende Preisvergleichsdienste aufzuzeigen. Da es sich bei dem Sachverhalt, der im vorliegenden Fall als wettbewerbswidrig angesehen wird, um eine Kombination von Praktiken handelt, wäre das einzig stichhaltige kontrafaktische Szenario, das Google hätte vorlegen können, dasjenige gewesen, in dem keine Komponente dieser Praktiken angewandt worden wäre, weil die kumulierten Auswirkungen dieser kombinierten Praktiken andernfalls nur teilweise erfasst werden. Darüber hinaus kann die Ermittlung eines glaubwürdigen kontrafaktischen Szenarios zur Analyse der Auswirkungen vermeintlich wettbewerbswidriger Praktiken auf einen Markt, d. h. die Ermittlung der Ereignisse, die ohne die untersuchten Praktiken eingetreten wären, und die Ermittlung der sich daraus ergebenden Situation in einem Fall wie dem vorliegenden ein willkürliches oder sogar unmögliches Unterfangen sein, wenn dieses kontrafaktische Szenario für einen Markt, der ursprünglich ähnliche Merkmale aufwies wie der Markt oder die Märkte, auf denen diese Praktiken angewandt wurden, in Wirklichkeit nicht existiert. In Fällen, in denen es um bestehende und nicht nur um mögliche oder potenzielle Wettbewerbsbeziehungen geht, muss ein glaubwürdiges kontrafaktisches Szenario nämlich grundsätzlich eine reale Situation widerspiegeln, die ursprünglich vergleichbar war, deren Entwicklung aber nicht durch die Gesamtheit der in Rede stehenden Praktiken beeinflusst wurde. Durch den Vergleich eines solchen kontrafaktischen Szenarios mit der Situation, die auf dem Markt zu beobachten ist, auf dem diese Praktiken angewandt werden, lassen sich die tatsächlichen Auswirkungen dieser Praktiken normalerweise feststellen, indem man sie von den Veränderungen abgrenzt, die auf andere Gründe zurückzuführen sind. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die kontrafaktische Analyse, die in einer solchen Situation zwei tatsächliche Entwicklungen vergleicht, von der Bewertung potenzieller Auswirkungen, die zwar realistisch sein muss, aber darauf hinausläuft, eine wahrscheinliche Situation zu beschreiben. Entgegen dem Vorbringen von Google kann die Kommission im Rahmen der oben in den Rn. 132 bis 134 dargelegten Beweislastverteilung auch nicht verpflichtet sein, spontan oder zur Beantwortung einer vom beschuldigten Unternehmen vorgelegten kontrafaktischen Analyse systematisch ein kontrafaktisches Szenario im oben genannten Sinne zu erstellen, um einen Verstoß gegen Art. 102 AEUV, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen von Praktiken auf den Wettbewerb, nachzuweisen. Dies würde die Kommission darüber hinaus verpflichten, nachzuweisen, dass das in Rede stehende Verhalten tatsächliche Auswirkungen hatte, was im Fall des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung, für den der Nachweis potenzieller Auswirkungen genügt, nicht erforderlich ist, wie unten in den Rn. 441 und 442 im Rahmen der Prüfung des ersten Teils des vierten Klagegrundes von Google näher ausgeführt wird. Dem beschuldigten Unternehmen steht es natürlich frei, eine kontrafaktische Analyse vorzulegen, um der von der Kommission vorgenommenen Beurteilung der potenziellen Auswirkungen einer Praxis auf den Markt – oder ihrer tatsächlichen Auswirkungen, sofern die Kommission sie feststellt – entgegenzutreten. Diese Analyse muss es dann jedoch ermöglichen, die Auswirkungen der gesamten beanstandeten Praxis und nicht nur Teilauswirkungen festzustellen. Im vorliegenden Fall hat die Kommission als Antwort auf das von Google vorgelegte „Ablation Experiment“ die Tabelle 23 des angefochtenen Beschlusses anhand der Daten dieses Experiments zwar selbst erstellt, aber nicht behauptet, dass es sich dabei um ein kontrafaktisches Szenario handele. Wie die Kommission in den Erwägungsgründen 523 ff. des angefochtenen Beschlusses ausführt, berücksichtigt diese Tabelle nämlich nur einen der beiden Aspekte der in Rede stehenden Praktiken, nämlich diejenigen Auswirkungen auf den Datenverkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten, die allein auf das Erscheinen der Shopping Units zurückzuführen sind. Wie jedoch aus der vorstehenden Rn. 378 hervorgeht, kann Google der Kommission nicht mit Erfolg vorwerfen, kein kontrafaktisches Szenario erstellt zu haben. Im Übrigen ist klarzustellen, dass das oben in Rn. 365 erwähnte Vorbringen von Google, ihre Verteidigungsrechte seien verletzt worden, weil sie keine Gelegenheit gehabt habe, zu der Tabelle 22 des angefochtenen Beschlusses zugrunde liegenden Berechnung Stellung zu nehmen, ins Leere geht. Diese Zwischenberechnung, die es der Kommission ermöglichte, im Anschluss daran die oben in Rn. 380 erwähnte Tabelle 23 zu erstellen, diente nämlich nur dazu, im Einzelnen auf die von Google bereits im Verwaltungsverfahren vorgelegte, aber unzutreffende (siehe oben, Rn. 375) kontrafaktische Analyse zu antworten, und nicht dazu, zum weiter unten wiedergegebenen Nachweis der Auswirkungen beizutragen, die die in Rede stehenden Praktiken in ihrer Gesamtheit auf den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten hatten. Um die tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen der von ihr untersuchten Praktiken festzustellen, kann sich die Kommission nämlich insbesondere auf andere Erkenntnisse stützen, die durch die Beobachtung der tatsächlichen Entwicklung des oder der von den Praktiken betroffenen Märkte gewonnen wurden. Wird ein Zusammenhang zwischen diesen Praktiken und der Veränderung der Wettbewerbssituation auf diesen Märkten festgestellt, können zusätzliche Gesichtspunkte, zu denen beispielsweise Einschätzungen von Marktteilnehmern, ihren Lieferanten, ihren Kunden, Berufsverbänden oder Verbrauchervereinigungen gehören können, geeignet sein, den Kausalzusammenhang zwischen diesen Praktiken und der Entwicklung des Marktes nachzuweisen. Es ist gegebenenfalls Sache des beschuldigten Unternehmens, seinerseits sachdienliche Gesichtspunkte vorzutragen, die Zweifel an diesem Kausalzusammenhang aufkommen lassen können. Im vorliegenden Fall hat die Kommission in Abschnitt 7.2.3.2 des angefochtenen Beschlusses, der sich speziell mit den Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken auf den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten befasst, in den Erwägungsgründen 464 bis 474 zunächst auf Erklärungen von neun Konzernen verwiesen, die in mehreren der betroffenen Länder Preisvergleichsdienste betreiben, wie z. B. eBay, Nextag, Twenga oder Axel Springer; daraus geht hervor, dass diese Preisvergleichsdienste seit verschiedenen Zeitpunkten ab Mitte 2007 einen erheblichen Rückgang des von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehenden Datenverkehrs zu verzeichnen hatten, auch wenn es gelegentlich zu einem vorübergehenden Anstieg gekommen war. So heißt es z. B. im 464. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses, dass die Tochtergesellschaften von eBay, die Preisvergleichsdienste betrieben, zwischen September 2009 und September 2010 im Vereinigten Königreich etwa 30 %, in Frankreich 40 % und in Deutschland 55 % dieses Verkehrs verloren hätten, bevor weitere Rückgänge des Verkehrs zu der einen oder anderen Website ihrer Preisvergleichsdienste beobachtet worden seien. Nach den im angefochtenen Beschluss wiedergegebenen Angaben führen diese Konzerne diese Rückgänge im Wesentlichen auf die Entwicklungen der Anpassungsalgorithmen für die generischen Ergebnisse von Google, insbesondere Panda, zurück, die sich in einem Rückgang des Sistrix-Sichtbarkeitsindex der betroffenen Preisvergleichsdienste niedergeschlagen hätten. Bei dem Sistrix-Sichtbarkeitsindex handelt es sich, wie in Fn. 398 des angefochtenen Beschlusses angegeben, um eine von dem gleichnamigen Unternehmen wöchentlich veröffentlichte Kennzahl, die sowohl die Erscheinungshäufigkeit (trigger rate) einer Website in den allgemeinen Suchergebnissen als auch ihren Rang in diesen Ergebnissen berücksichtigt. Insoweit hat die Kommission im 476. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses anhand von neun Schaubildern die Entwicklung des Sistrix-Sichtbarkeitsindex und des von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehenden Verkehrs (gemessen an der Zahl der Klicks auf die generischen Links) zu drei konkurrierenden Preisvergleichsdiensten zwischen 2010 und 2014 im Vereinigten Königreich, zwischen 2008 bis 2014 in Deutschland und zwischen 2010 bis 2014 in Frankreich dargestellt. Es lässt sich eine recht enge Korrelation zwischen den beiden Entwicklungen – mit Ausnahme von idealo.de in Deutschland im Jahr 2014, in dem die beiden Kurven voneinander abweichen – sowie insgesamt über den genannten Zeitraum hinweg ein Absinken beider Kurven feststellen – wiederum mit Ausnahme von idealo.de, was nach den Ausführungen in Fn. 575 des angefochtenen Beschlusses auf der Grundlage einer von Google vorgenommenen Klarstellung dadurch zu erklären sein soll, dass der Panda-Algorithmus nie auf idealo.de angewandt worden sei. Lässt man die Werte am Ende des Zeitraums, die zu nahe bei Null liegen, außer Acht, liegen die Rückgänge zwischen dem Beginn und dem Ende des Zeitraums, unabhängig von den zwischenzeitlichen Schwankungen, in einer Größenordnung von 2 zu 1 bzw. 50 % (guenstiger.de und touslesprix.com) bis 15 zu 1 bzw. 93 % (dealtime.co.uk). Im 479. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission darauf hingewiesen, dass die von Google vorgenommene „Difference-in-Differences“-Analyse, die insbesondere die Entwicklung des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu zehn konkurrierenden Preisvergleichsdiensten im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in Frankreich und in den Niederlanden in den Jahren 2004 bis 2014 aufzeige, ebenfalls die Feststellung erlaube, dass dieser Verkehr zu den betreffenden Preisvergleichsdiensten zurückgegangen sei, insbesondere nach der Einführung des Panda-Algorithmus, aber auch langfristig. Obwohl der von Google hervorgehobene differenzierende Ansatz dieser Analyse ungeeignet ist, weil er, wie oben in Rn. 375 dargelegt, auf einem unzureichenden kontrafaktischen Szenario beruht, ermöglichen es die Rohdaten dieser in Anlage A90 zur Klageschrift vorgelegten Analyse nämlich, die Entwicklung dieses Verkehrs für die von der Kommission für jedes Land ermittelten Zuwiderhandlungszeiträume, d. h. ab dem Zeitpunkt, zu dem die Product Universals dort eingeführt wurden, zu beurteilen. Für die große Mehrheit der in die „Difference-in-Differences“-Analyse einbezogenen 40 Preisvergleichsdienste lassen sich über die gesamte Dauer dieser Zeiträume Rückgänge feststellen, die ab 2011 zumeist erheblich waren, auch wenn es zuvor oder zwischenzeitlich Steigerungen gegeben haben mag und diese Rückgänge nicht bei allen Preisvergleichsdiensten in Deutschland und in den Niederlanden zu beobachten waren. Im 481. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission in Form von Diagrammen, die auf der Grundlage von Google vorgelegter Daten erstellt wurden, für das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, die Niederlande, Italien, Dänemark und Polen die aggregierte Entwicklung des Datenverkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den 361 von Google ermittelten konkurrierenden Preisvergleichsdiensten im Zeitraum von Januar 2004 bis Dezember 2016 dargestellt (Schaubilder 27 bis 36 des angefochtenen Beschlusses). Daraus geht hervor, dass dieser Verkehr im Vereinigten Königreich trotz zwischenzeitlicher Steigerungen seit September 2010 deutlich zurückgegangen ist (von mehr als 30 Mio. auf weniger als 5 Mio. Klicks). In Frankreich lässt sich die gleiche Situation ab September 2010 beobachten (Rückgang von mehr als 60 Mio. auf weniger als 10 Mio. Klicks). In Deutschland lässt sich die gleiche Feststellung ab September 2010 treffen (Rückgang von mehr als 80 Mio. auf weniger als 40 Mio. Klicks). Das Gleiche gilt für Spanien ab Januar 2011 (Rückgang von mehr als 20 Mio. auf weniger als 5 Mio. Klicks). In den Niederlanden ist der Rückgang hingegen erst ab Januar 2015 zu beobachten (Rückgang von 18 Mio. auf etwa 10 Mio. Klicks). Auch in Italien verläuft die Kurve nach einem Höchststand von fast 35 Mio. Klicks im September 2010 unregelmäßig und endet bei knapp über 20 Mio. Klicks, einem Niveau, das erstmals 2008 erreicht wurde. Bei den beiden letztgenannten Ländern räumt die Kommission ein, dass das betreffende Verkehrsaufkommen insgesamt stabil geblieben ist. In Dänemark nahm das Verkehrsaufkommen eher zu, es sei denn, der Preisvergleichsdienst PriceRunner wird aus der Statistik herausgenommen, wie es die Kommission getan hat; in diesem Fall war das Verkehrsaufkommen seit September 2010 tendenziell rückläufig (von mehr als 2 Mio. auf etwa 500000 Klicks). Die gleiche Situation ist in Polen zu beobachten, wo der Preisvergleichsdienst Ceneo einen Aufwärtstrend verzeichnete. Nimmt man Ceneo aus der Statistik heraus, wie es die Kommission getan hat, war der Verkehr seit Mai 2013 tendenziell rückläufig (von 18 Mio. auf 8 Mio. Klicks). In den Erwägungsgründen 482 ff. des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission dargelegt, dass sie darüber hinaus Stichproben von mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdiensten in vier Ländern gebildet habe, an denen sich die langfristigen Auswirkungen der Behandlung dieser Preisvergleichsdienste auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google gut aufzeigen ließen, weil die Erscheinungshäufigkeit der Shopping Units dort besonders groß gewesen sei. Bei diesen Ländern handelt es sich um das Vereinigte Königreich, für das die Kommission eine Stichprobe von zwölf konkurrierenden Preisvergleichsdiensten gebildet hat, Deutschland, für das sie eine Stichprobe von neun konkurrierenden Preisvergleichsdiensten gebildet hat, die Niederlande, für die sie eine Stichprobe von sechs konkurrierenden Preisvergleichsdiensten gebildet hat, und Frankreich, für das sie eine Stichprobe von acht konkurrierenden Preisvergleichsdiensten gebildet hat. Wie die Schaubilder 53 bis 56 des angefochtenen Beschlusses zeigten, sei der Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den Preisvergleichsdiensten, die Teil dieser Stichproben seien, tatsächlich in der Zeit von 2011 bis 2016 im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Frankreich zurückgegangen, während er in den Niederlanden bis 2014 zugenommen habe und seitdem zurückgegangen sei. Genauer gesagt zeigten diese Schaubilder einen Rückgang um mehr als die Hälfte im Vereinigten Königreich und in Frankreich, einen leichten Rückgang in Deutschland seit 2014 und einen Rückgang um etwa ein Drittel seit 2014 in den Niederlanden. Obwohl sie in Abschnitt 7.3.2 des angefochtenen Beschlusses enthalten sind, der speziell der Beurteilung des Vorliegens wettbewerbswidriger Wirkungen der in Rede stehenden Verhaltensweisen für den Fall gewidmet ist, dass der Markt für Preisvergleichsdienste auch die Händlerplattformen umfasst, sind darüber hinaus auch die Ergebnisse der von der Kommission zu diesem Zweck vorgelegten zweiten Studie („the Second Analysis“) von Bedeutung, deren wichtigste Parameter und Ergebnisse in den Erwägungsgründen 612 ff. dargelegt sind und deren detaillierte Ergebnisse Anhang I des angefochtenen Beschlusses bilden. Sie zeigen für jedes der 13 Länder, in denen die Kommission einen Missbrauch der beherrschenden Stellung von Google festgestellt hat, einen Rückgang des Anteils des von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehenden Datenverkehrs der konkurrierenden Preisvergleichsdienste im Vergleich zum Preisvergleichsdienst von Google und zu den Händlerplattformen, auch wenn dieser Verkehr zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten in einigen Ländern in absoluten Zahlen zugenommen hat. So zeigt diese Studie z. B. für die Tschechische Republik zwischen 2011 und 2016 einen Rückgang des Anteils der konkurrierenden Preisvergleichsdienste von 73 % auf 47 % (Anstieg der jährlichen Klicks in absoluten Zahlen von 62,1 Mio. auf 179,6 Mio.). Für Österreich weist die Studie im selben Zeitraum einen Rückgang des Anteils der konkurrierenden Preisvergleichsdienste von 48 % auf 16 % bzw. von 39 % auf 15 % aus, je nachdem, welche Berichtigungen vorgenommen wurden (Rückgang der der jährlichen Klicks in absoluten Zahlen von 68,6 Mio. auf 60,9 Mio.). In Anbetracht dieser verschiedenen von der Kommission im angefochtenen Beschluss angeführten Gesichtspunkte ist zunächst festzustellen, dass Google, ebenso wie die CCIA, in ihren Schriftsätzen nichts vorträgt, um einen globalen Rückgang des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten in den 13 Ländern, in denen die Kommission eine Zuwiderhandlung festgestellt hat, zu bestreiten. Zunächst einmal stellen sie nämlich nur den Kausalzusammenhang zwischen den Google vorgeworfenen Praktiken und diesen Rückgängen in Frage. Aus verschiedenen Formulierungen in Rn. 253 der Klageschrift und in Rn. 147 der Erwiderung geht z. B. hervor, dass diese Rückgänge nicht bestritten werden. So trägt Google vor, soweit die Einstufung der Preisvergleichsdienste in ihren generischen Ergebnissen und der damit verbundene Suchverkehr zurückgegangen seien, spiegele dies die Präferenzen der Nutzer wider, die Händlerplattformen bevorzugten, und der durch die Anwendung bestimmter Algorithmen verursachte Rückgang des Verkehrs sei unabhängig von dem behaupteten missbräuchlichen Verhalten eingetreten. Was sodann die in den Erwägungsgründen 612 ff. des angefochtenen Beschlusses dargestellte zweite Studie betrifft, bezweifelt Google lediglich, dass diese Studie, soweit sie sich mit dem Verkehr von ihren allgemeinen Ergebnisseiten zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten befasse, für die Beurteilung der Frage nützlich sei, ob ihr Verhalten wettbewerbswidrige Auswirkungen habe entfalten können, weil diese Studie andere Besucherquellen als ihre allgemeinen Ergebnisseiten nicht berücksichtige. Wie sich aus dem 626. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses und den Rn. 351 und 352 der Klageschrift ergibt, stellt Google die Bewertung dieses Verkehrs als solche nicht in Frage. Um den Kausalzusammenhang zwischen den in Rede stehenden Praktiken und dem Rückgang des Verkehrs von ihren allgemeinen Ergebnisseiten zu den mit ihrem eigenen Preisvergleichsdienst konkurrierenden Preisvergleichsdiensten in Abrede zu stellen, trägt Google außerdem vor, die Kommission habe andere Verkehrsquellen für Preisvergleichsdienste als die generischen Ergebnisse von Google nicht berücksichtigt. Dieses Argument ist jedoch nicht geeignet, das Vorbringen zu stützen, mit dem Google den Kausalzusammenhang zwischen ihrem als wettbewerbswidrig angesehenen Verhalten und dem Rückgang des Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten, der allein von ihren allgemeinen Ergebnisseiten ausgeht, in Abrede stellt. Das Vorbringen in Bezug auf die anderen Verkehrsquellen wird bei der Prüfung des vierten Klagegrundes zu behandeln sein, weil es zur Stützung dieses Klagegrundes erneut vorgetragen wird. Google macht ferner geltend, die Kommission habe weder die Gesamtentwicklung des Sektors noch die sich ändernden Nutzerpräferenzen, insbesondere die wachsende Beliebtheit der Händlerplattformen, auch für die Suche nach Preisvergleichen, berücksichtigt. Google führt hierzu im Wesentlichen aus, diese Plattformen hätten im Gegensatz zu den Preisvergleichsdiensten die Qualität ihrer Dienstleistungen verbessert und seien deshalb von den Nutzern bevorzugt worden, was ihnen innerhalb der generischen Ergebnisse einen besseren Rang verschafft habe als den Preisvergleichsdiensten. Aber selbst wenn dies eine mögliche Erklärung sein mag, hängt sie gleichwohl eng mit der Funktionsweise der Algorithmen für die Einstufung der generischen Ergebnisse von Google zusammen, die, wie oben in Rn. 373 ausgeführt, eine Komponente der in Rede stehenden Praktiken ist. Da es Google somit nicht gelungen ist, zwischen den Veränderungen der jeweiligen Einstufung der Händlerplattformen und der Preisvergleichsdienste, die unter im Übrigen gleichen Bedingungen allein auf die Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen der Händlerplattformen im Vergleich zur Qualität der Preisvergleichsdienste zurückzuführen sein sollen, und denjenigen Veränderungen zu unterscheiden, die durch die Änderung ihrer Algorithmen, insbesondere durch die Einführung des Panda-Algorithmus, herbeigeführt wurden, kann diese Erklärung den von der Kommission festgestellten Kausalzusammenhang zwischen den in Rede stehenden Praktiken und dem Rückgang des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten nicht – auch nicht teilweise – in Frage stellen. Darüber hinaus ist festzustellen, dass Google in ihrem Vorbringen den Kausalzusammenhang zwischen der Sichtbarkeit einer Website in ihren generischen Ergebnissen, wie sie im Sistrix-Sichtbarkeitsindex zum Ausdruck kommt, und dem Umfang des von diesen Ergebnissen ausgehenden Verkehrs zu dieser Website nicht bestreitet. Google stellt somit nicht in Frage, dass ihre Algorithmen für die Einstufung der generischen Ergebnisse Einfluss auf diesen Verkehr haben. Dieser Kausalzusammenhang steht jedoch in unmittelbarem Zusammenhang mit einer der Komponenten der beanstandeten Praktiken, nämlich mit der generell schlechteren Einstufung der konkurrierenden Preisvergleichsdienste innerhalb der generischen Ergebnisse, sowie mit den Auswirkungen dieser Komponente, nämlich dem Rückgang des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu diesen Preisvergleichsdiensten. Unter diesen Umständen hat die Kommission in Anbetracht zum einen der von Google nicht bestrittenen globalen Rückgänge des Verkehrs, der Gesichtspunkte, die sich aus den Erklärungen der neun Konzerne ergeben, die Preisvergleichsdienste betreiben, und der im angefochtenen Beschluss angeführten Beispiele für die Rückgänge des Verkehrs im Zusammenhang mit der Entwicklung des Sistrix-Sichtbarkeitsindexes verschiedener Preisvergleichsdienste sowie zum anderen der Tatsache, dass Google keine gegenteiligen Beweise vorgelegt hat, den Nachweis erbracht, dass die beanstandeten Praktiken zu einem Rückgang des allgemeinen Suchverkehrs zu fast allen konkurrierenden Preisvergleichsdiensten geführt haben. Folglich ist der erste Teil des dritten Klagegrundes zurückzuweisen. b) Zweiter Teil des dritten Klagegrundes: Die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass die in Rede stehenden Praktiken zu einem Anstieg des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst geführt hätten 1) Vorbringen der Parteien Mit dem zweiten Teil des dritten Klagegrundes macht Google geltend, die Kommission habe in Abschnitt 7.2.3.3 des angefochtenen Beschlusses zu Unrecht behauptet, dass die beanstandeten Praktiken den Verkehr zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst erhöht hätten. Als Erstes macht Google geltend, da diese Praktiken nicht zu einem Rückgang des Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten geführt hätten, könne ein etwaiger Anstieg des Verkehrs zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst nicht zu deren Nachteil erfolgt sein und einen Verdrängungsfaktor darstellen. Praktiken mit Verdrängungswirkung zeichneten sich naturgemäß dadurch aus, dass sie dem Unternehmen, das diese Praktiken anwende, Verkäufe ermöglichten, die ohne diese Praktiken von den Wettbewerbern getätigt worden wären. So hätten die Product Universals und die Shopping Units lediglich den Markt insgesamt wachsen lassen, ohne sich nachteilig auf die konkurrierenden Preisvergleichsdienste auszuwirken. In der Erwiderung fügt Google hinzu, selbst wenn der Datenverkehr zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten nach der Einführung des Panda-Algorithmus zurückgegangen sein sollte, wie die Kommission behaupte, lasse sich bei der Entwicklung des Verkehrs zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst keine mit diesem Ereignis verbundene Änderung feststellen, was belege, dass Panda möglicherweise die Händlerplattformen begünstigt habe, nicht aber den Preisvergleichsdienst von Google. Als Zweites macht Google mit Unterstützung durch die CCIA geltend, der Umfang des Verkehrs zu ihrem Preisvergleichsdienst sei von der Kommission überschätzt worden. Erstens habe die Kommission die Klicks auf Anzeigen der Shopping Units in diesen Verkehr einbezogen, obwohl diese Klicks nicht auf die spezialisierte Ergebnisseite Google Shopping, sondern auf Verkaufswebsites Dritter verwiesen hätten. Das Argument von Visual Meta, dass dieser Mechanismus den betreffenden Händlern einen Anreiz biete, sich Google Shopping anzuschließen, wodurch dieser Preisvergleichsdienst begünstigt werde, sei im angefochtenen Beschluss nicht enthalten. Der einzige Grund, weshalb die Kommission die Klicks auf Produktanzeigen mitgezählt habe, sei die Behauptung, dass die Einnahmen aus den Shopping Units der Website Google Shopping zugutekämen. Dies treffe jedoch nicht zu, wie bereits im Rahmen des zweiten Klagegrundes vorgetragen worden sei. Daher trage Visual Meta zu Unrecht vor, dass die Einnahmen aus den Shopping Units direkt an Google Shopping gingen. Außerdem habe die Kommission dies im angefochtenen Beschluss nicht behauptet. In ihren Stellungnahmen zu den Streithilfeschriftsätzen von Foundem und Visual Meta fügt Google hinzu, dass der angefochtene Beschluss insofern widersprüchlich sei, als er die Auffassung zurückweise, dass Google ein einheitliches Unternehmen sei, zugleich aber davon ausgehe, dass einer ihrer einzelnen Dienste, nämlich ihr Preisvergleichsdienst, durch diese Klicks begünstigt werde, obwohl diese Klicks Zahlungen für Google im Allgemeinen auslösten. In dieser Hinsicht weiche Visual Meta vom angefochtenen Beschluss ab, indem sie geltend mache, dass die interne Aufteilung der Einnahmen oder die Struktur von Google ohne Belang sei. Im gleichen Sinne trägt die CCIA vor, dass die Product Universals und die Shopping Units keine Bestandteile des Preisvergleichsdienstes von Google seien, was die Kommission in den Erwägungsgründen 408, 412 und 423 des angefochtenen Beschlusses anerkannt habe. Google führt z. B. in ihrer Stellungnahme zum Streithilfeschriftsatz von Foundem aus, dass die Anzeigen der Shopping Units nicht von der spezialisierten Seite Google Shopping stammten. Deren Technologien, Infrastrukturen und Formate seien unterschiedlich, was der Kommission im Verwaltungsverfahren nachgewiesen worden sei und von ihr nicht bestritten werde. Google macht in ihrer Stellungnahme zum Streithilfeschriftsatz des VDZ auch geltend, dass die Shopping Units ebenso wie die Product Universals nicht als Preisvergleichsdienste angesehen werden könnten. Diese Einheiten ermöglichten es nämlich nicht, verschiedene Angebote für ein und dasselbe Produkt oder Modell miteinander zu vergleichen, wie es von Preisvergleichsdiensten erwartet werde, sondern böten eine Reihe von Produkten an, die der Anfrage des Internetnutzers entsprechen könnten. Während des Verwaltungsverfahrens hätten mehrere Verfahrensbeteiligte diese Auffassung geteilt, was die Kommission bei der Formulierung der oben angeführten Erwägungsgründe 408, 412 und 423 des angefochtenen Beschlusses berücksichtigt habe. Zweitens macht Google geltend, die Kommission habe zu Unrecht auch die Klicks auf die Registerkarte „Shopping“ berücksichtigt, die im Menü über der Ergebnisseite angezeigt werde. Das Vorhandensein dieser Registerkarte sei aber kein Bestandteil der als missbräuchlich eingestuften Praktiken, deren Auswirkungen allein zu beurteilen seien. Außerdem bestreite die Kommission in der Klagebeantwortung nicht, dass diese Registerkarte kein Suchergebnis sei. Infolge dieser beiden Fehler überschätze die Kommission den Umfang des Verkehrs von den Product Universals und den Shopping Units zum Preisvergleichsdienst von Google um ein Mehrfaches. Wie aus einem Schaubild hervorgehe, das auf der Grundlage von Verbindungsdaten während des festgestellten Zeitraums der Zuwiderhandlung erstellt worden sei, habe Google in Wirklichkeit von ihren allgemeinen Ergebnisseiten ein Verkehrsvolumen an die konkurrierenden Preisvergleichsdienste weitergeleitet, das einem Vielfachen des an ihren eigenen Preisvergleichsdienst weitergeleiteten Verkehrs entsprochen habe und auch dreimal größer gewesen sei als der zu den Händlerplattformen weitergeleitete Verkehr. Drittens spiegelten die Klicks auf die Product Universals und die Shopping Units deren Relevanz und die Präferenzen der Nutzer wider. Insoweit sei die Begründung des angefochtenen Beschlusses nicht überzeugend, weil die Kommission im 494. Erwägungsgrund lediglich festgestellt habe, dass die Klicks auf die Product Universals und die Shopping Units umso zahlreicher seien, je größer deren Erscheinungshäufigkeit sei. Die Kommission lasse außer Acht, dass Google die Shopping Units (und in der Vergangenheit die Product Universals) -wie alle Suchmaschinen – auf der Grundlage ihrer Relevanz einblende und dass die Nutzer sie wegen ihrer Nützlichkeit anklickten und nicht, weil sie eingeblendet würden. Die Sichtbarkeit der Product Universals und der Shopping Units und die von ihnen hervorgerufenen Klicks seien auf die verbesserte Qualität der Produktergebnisse und der Produktanzeigen von Google sowie auf die Nutzerpräferenzen zurückzuführen. So zeige das in den Erwägungsgründen 460 und 461 des angefochtenen Beschlusses erwähnte und als „Bing Algo Experiment“ bezeichnete Experiment, das Microsoft mit seiner Suchmaschine Bing durchgeführt habe, dass die Nutzer auf die Relevanz der Ergebnisse achteten. Als in den ersten Positionen auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Bing anstelle der relevantesten Ergebnisse weniger relevante Ergebnisse eingeblendet worden seien, habe sich gezeigt, dass die Nutzer die Verschlechterung der Qualität, die sich aus der bevorzugten Position weniger relevanter Ergebnisse ergeben habe, erkannt und ihr Verhalten sofort angepasst hätten. Microsoft habe dieses Experiment daher nach einer Woche abbrechen müssen. Darüber hinaus macht Google geltend, dass die in den Product Universals oder den Shopping Units angezeigten Bilder es den Internetnutzern erleichterten, die Relevanz des vorgeschlagenen Ergebnisses zu beurteilen, weil ihnen eine Vorschau auf das von ihnen gesuchte Produkt geboten werde. Das habe zur Folge, dass die Nutzer diese mit Bildern versehenen spezialisierten Ergebnisse bereitwillig anklickten, wenn sie sie a priori als für ihre Suche nützlich erachteten, und umgekehrt. Dies hätten von Google durchgeführte Studien zur Beobachtung der Augenbewegungen von Internetnutzern („eye-tracking“ auf Englisch oder „oculométrie“ auf Französisch) gezeigt. Die Bilder seien somit ein Qualitätsaspekt der Produktergebnisse von Google und kein künstlicher Aspekt, der dazu diene, Klicks zu generieren. Dass die Nutzer jahrelang auf die Product Universals und die Shopping Units geklickt hätten, habe mithin an deren Relevanz gelegen und nicht an deren Positionierung oder Präsentation. Die Kommission habe das Gegenteil nie bewiesen. In diesem Zusammenhang sei der Umstand, dass sich das Aufkommen der Händlerplattformen auf den Verkehr zum Preisvergleichsdienst von Google nicht im gleichen Maße ausgewirkt habe wie auf den Verkehr zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten, darauf zurückzuführen, dass Google im Gegensatz zu Letzteren Innovationen bei ihren Produktergebnissen und Produktanzeigen vorgenommen habe, um mit Amazon und den anderen Händlerplattformen Schritt zu halten, und nicht auf die Positionierung und Präsentation der Product Universals und der Shopping Units, wie die Kommission im 517. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses behaupte. Die Kommission, das BEUC, Foundem, der VDZ, der BDZV, Visual Meta, Twenga, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland treten dem Vorbringen von Google entgegen. 2) Würdigung durch das Gericht Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission in Abschnitt 7.2.3.3 des angefochtenen Beschlusses die günstigen Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken auf den Datenverkehr zum Preisvergleichsdienst von Google wie folgt begründet hat. Zunächst hat die Kommission in den Erwägungsgründen 490 und 491 des angefochtenen Beschlusses darauf hingewiesen, dass der Preisvergleichsdienst von Google vor der Einführung dieser Praktiken nicht erfolgreich gewesen sei und jährlich fast 20 % seines Verkehrs verloren habe. Im 492. Erwägungsgrund hat sie festgestellt, dass dieser Preisvergleichsdienst sein Verkehrsaufkommen nach der Einführung der Product Universals in den Vereinigten Staaten im November 2007 innerhalb eines Monats verdoppelt habe. Im 493. Erwägungsgrund hat sie darauf hingewiesen, dass Google selbst die Wirksamkeit der in den Shopping Units enthaltenen Anzeigen für die Händler herausgestellt habe. Im 494. Erwägungsgrund hat sie in Form von Schaubildern die Korrelation zwischen der Auslösequote oder Erscheinungshäufigkeit (trigger rate) der Product Universals – und anschließend der Shopping Units – und dem Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrem Preisvergleichsdienst in den Zeiträumen veranschaulicht, in denen diese Arten von spezialisierten Ergebnissen im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in den Niederlanden und in Frankreich verwendet wurden. Für das Vereinigte Königreich wird diese Korrelation z. B. in Schaubild 37 von Januar 2008 bis Januar 2013 für die Product Universals und in Schaubild 38 von Februar 2013 bis Dezember 2014 für die Shopping Units dargestellt. Aus diesen beiden Schaubildern ist ersichtlich, dass der Datenverkehr zum Preisvergleichsdienst von Google mit den Product Universals von etwa 5 Mio. auf etwa 30 Mio. Klicks pro Monat und mit den Shopping Units von etwa 30 Mio. auf etwa 120 Mio. Klicks pro Monat anstieg. In den Erwägungsgründen 495 und 496 des angefochtenen Beschlusses stellte die Kommission dar, wie sich der Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den 361 von Google ermittelten konkurrierenden Preisvergleichsdiensten im Vergleich zu dem Verkehr zum eigenen Preisvergleichsdienst von Google im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden, Dänemark und Polen entwickelt hatte, und zwar jeweils vom Beginn der in Rede stehenden Praktiken in diesen Ländern bis zum Dezember 2016. Für das Vereinigte Königreich zeigt das Schaubild 45 z. B. zwischen Januar 2008 und Dezember 2016 einen Rückgang um etwa 25 Mio. auf 5 Mio. Klicks pro Monat für die konkurrierenden Preisvergleichsdienste und einen Anstieg von Null auf monatlich ungefähr 350 Mio. Klicks für den Preisvergleichsdienst von Google. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Verkehr zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten in Italien, den Niederlanden, Dänemark und Polen im Einklang mit den Ausführungen in Abschnitt 7.2.3.2 über die Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken auf den Verkehr zu konkurrierenden Preisvergleichsdiensten als stabil dargestellt wird, während die Schaubilder 49 bis 52 in diesen vier Ländern einen erheblichen Anstieg des Verkehrs von diesen Seiten zum Preisvergleichsdienst von Google zeigen. In den Erwägungsgründen 497 bis 501 des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission gleichartige Angaben auf jährlicher Basis für 2011 bis 2016 gemacht, indem sie den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu Stichproben konkurrierender Preisvergleichsdienste mit dem Verkehr zum Preisvergleichsdienst von Google im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in den Niederlanden und in Frankreich verglich. Es handelt sich um dieselben Stichproben wie die oben in Rn. 387 genannten. Bei einem deutlich höheren Datenverkehr für die Stichproben in diesen vier Ländern im Jahr 2011 war demnach im Jahr 2016 der Verkehr zum Preisvergleichsdienst von Google im Vereinigten Königreich 14-mal höher als der Verkehr zur Stichprobe, in Deutschland mehr als doppelt so hoch, in den Niederlanden mehr als 2,7-mal höher und in Frankreich mehr als 4,7-mal höher. Außerdem zeigt die bereits oben in Rn. 388 erwähnte zweite Studie in Abschnitt 7.3.2 des angefochtenen Beschlusses, der speziell der Beurteilung wettbewerbswidriger Wirkungen der in Rede stehenden Praktiken für den Fall gewidmet ist, dass der Markt für Preisvergleichsdienste auch Händlerplattformen umfasst, für jedes der 13 Länder, in denen die Kommission einen Missbrauch der beherrschenden Stellung von Google festgestellt hat, eine Zunahme des Anteils ihres Preisvergleichsdienstes an dem von ihren allgemeinen Ergebnisseiten ausgehenden Verkehr im Vergleich zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und im Vergleich zu den Händlerplattformen. So zeigt diese Studie beispielsweise für Belgien zwischen 2011 und 2016 eine Zunahme des Anteils des Preisvergleichsdienstes von Google von 0 auf 22 % bzw. von 0 auf 24 %, je nachdem, welche Berichtigungen vorgenommen wurden. Für Norwegen zeigt die Studie im gleichen Zeitraum eine Zunahme des Anteils des Preisvergleichsdienstes von Google von 0 auf 32 % bzw. von 0 auf 33 %, je nachdem, welche Berichtigungen vorgenommen wurden. Zum Vorbringen von Google ist festzustellen, dass der oben in Rn. 397 zusammengefassten Prämisse der ersten von Google vorgebrachten Reihe von Argumenten, wonach die beanstandeten Praktiken nicht zu einem Rückgang des Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten geführt hätten, angesichts der Zurückweisung des ersten Teils des in diesem Stadium geprüften dritten Nichtigkeitsgrundes von vornherein ebenso wenig gefolgt werden kann wie den daraus abgeleiteten Argumenten, mit denen dargetan werden soll, dass eine Zunahme des Verkehrs zum Preisvergleichsdienst von Google nicht zu Lasten der konkurrierenden Preisvergleichsdienste gegangen sein könne. Aber selbst wenn die Kommission keinen Rückgang des Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten nachgewiesen hätte, wäre diese erste Reihe von Argumenten zurückzuweisen, weil sich damit jedenfalls nicht nachweisen lässt, dass ein Teil des Verkehrs, den der Preisvergleichsdienst von Google dadurch an sich ziehen konnte, dass er auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten sichtbarer war als die konkurrierenden Preisvergleichsdienste, diesen Diensten auch ohne die in Rede stehenden Praktiken nicht hätte zugutekommen können, oder mit anderen Worten, weil sich damit nicht nachweisen lässt, dass diese Zunahme nicht zu Lasten der konkurrierenden Preisvergleichsdienste ging, deren Verkehr, auch wenn er nicht zurückgegangen sein sollte, ohne die in Rede stehenden Praktiken hätte zunehmen können. Das in der Erwiderung vorgebrachte Argument, dass sich die Entwicklung des Verkehrs zum Preisvergleichsdienst von Google nach der Einführung des Panda-Algorithmus nicht verändert habe, wird weiter unten in den Rn. 414 bis 418 zusammen mit der dritten Reihe von Argumenten geprüft, wonach diese Entwicklung auf die Relevanz der Product Universals und der Shopping Units und nicht auf die in Rede stehenden Praktiken zurückzuführen sei, mit anderen Worten zusammen mit dem Vorbringen zum fehlenden Kausalzusammenhang zwischen diesen Praktiken und einer etwaigen Zunahme dieses Verkehrs. Was die oben in Rn. 398 zusammengefasste zweite Reihe der von Google vorgebrachten Argumente betrifft, wonach die Kommission den Umfang des Verkehrs zum Preisvergleichsdienst von Google überschätzt habe, ist zunächst festzustellen, dass aus den Fn. 603, 604 und 606 des angefochtenen Beschlusses sowie aus den Antworten von Google und der Kommission auf die Fragen des Gerichts hervorgeht, dass der Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrem Preisvergleichsdienst anhand von Daten bewertet wurde, die Google selbst vorgelegt und erläutert hatte. Die Parteien streiten nicht über die Richtigkeit der Daten selbst, sondern darüber, welche Daten hätten herangezogen werden sollen, um den Umfang des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrem Preisvergleichsdienst zu bestimmen. Insoweit hat die Kommission für den Zeitraum, in dem die Bezeichnung „Google Product Search“ für die spezialisierte Such- und Ergebnisseite verwendet wurde, nur Klicks herangezogen, die den Internetnutzer zu der gleichnamigen spezialisierten Seite weiterleiteten, einschließlich – bei bestimmten Beurteilungen – der Klicks auf eine spezialisierte Registerkarte des Menüs. Für den Zeitraum, in dem für dieselbe Seite die Bezeichnung „Google Shopping“ verwendet wurde, zog die Kommission dagegen nicht nur Klicks heran, die den Internetnutzer zu der gleichnamigen spezialisierten Seite weiterleiteten, einschließlich der Klicks auf die im Menü angezeigte Registerkarte, sondern auch Klicks, die den Internetnutzer von den Shopping Units unmittelbar zu einer Händlerseite weiterleiteten. Demgegenüber hat Google mit der Tabelle in Rn. 269 der Klageschrift Zahlen vorgelegt, die nur diejenigen Klicks auf die Product Universals und die Shopping Units enthielten, die zu der als Product Search und anschließend als Google Shopping bezeichneten spezialisierten Seite weiterleiteten. Das Gericht ist der Auffassung, dass die Einwände zurückzuweisen sind, die Google dagegen erhebt, dass bei der Bewertung des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrem Preisvergleichsdienst die Klicks auf die Anzeigen der Shopping Units und gegebenenfalls die Klicks auf eine Registerkarte des Menüs, die zu der spezialisierten Seite Google Product Search bzw. Google Shopping weiterleitete, wie etwa die Registerkarte Shopping, berücksichtigt wurden. Zum einen bieten die Erwägungsgründe 26 bis 35 und 414 bis 421 des angefochtenen Beschlusses nämlich, wie bereits oben in den Rn. 328 bis 339 ausgeführt, hinreichende Gründe für die Schlussfolgerung, dass sich der Preisvergleichsdienst von Google in mehreren Formen präsentierte, nämlich als spezialisierte Seite, die zuletzt als Google Shopping bezeichnet wurde, als gruppierte Produktergebnisse, die sich zuletzt zu den Product Universals weiterentwickelten, und als Produktanzeigen, die sich zuletzt zu den Shopping Units weiterentwickelten. Was zum anderen die Kritik bezüglich der Klicks auf die Registerkarte Shopping im Menü über der Ergebnisseite angeht, trifft es zwar zu, dass diese Klicks der Nutzung des Preisvergleichsdienstes vorausgehen. Sie weisen jedoch definitionsgemäß auf dessen Nutzung hin, weil sie bedeuten, dass der Internetnutzer die spezialisierte Seite dieses Preisvergleichsdienstes aufrufen möchte. In Rn. 57 der Klageschrift führt Google zudem aus, dass etwa 60 % der Internetnutzer über diese Registerkarte auf diese spezialisierte Seite zugriffen. Außerdem hat die Kommission, wie sie in ihrer Antwort auf eine Frage des Gerichts klargestellt hat, ohne dass Google dem widersprochen hätte, die Klicks auf dieser Seite niemals parallel berücksichtigt, was dazu hätte führen können, dass ein und dieselbe Suche doppelt gezählt worden wäre. Darüber hinaus schließt der Umstand, dass die Kommission das Vorhandensein der Registerkarte Shopping auf der allgemeinen Ergebnisseite nicht als Bestandteil der wettbewerbswidrigen Praktiken beanstandet hatte, es entgegen dem Vorbringen von Google nicht aus, ihr Vorhandensein bei der Beurteilung der Entwicklung des Verkehrs von der allgemeinen Ergebnisseite von Google zu ihrem Preisvergleichsdienst zu berücksichtigen. Zwar ist diese Entwicklung zweifellos nicht allein auf das beanstandete Verhalten von Google zurückzuführen, und dasselbe dürfte auch für die gesamte Entwicklung des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten gelten. In beiden Fällen besteht jedoch eine Korrelation zwischen diesem Verhalten und der allgemeinen Tendenz dieser Entwicklungen, und zahlreiche Faktoren belegen insoweit einen Kausalzusammenhang, wie oben in Rn. 383 in Bezug auf den Verkehr zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und oben in Rn. 402 in Bezug auf den Verkehr zum Preisvergleichsdienst von Google ausgeführt worden ist. Wie die Kommission in ihren Schriftsätzen hervorhebt, hat Google jedenfalls nicht angegeben, wie sich die Entwicklung des Verkehrs von ihren allgemeinen Ergebnisseiten zu ihrem Preisvergleichsdienst dargestellt hätte, wenn die Klicks auf die Registerkarte Shopping nicht berücksichtigt und nur die Klicks innerhalb der Shopping Units gezählt worden wären, obwohl Google der Kommission Daten vorgelegt hat, die zwischen diesen verschiedenen Klicks unterschieden. Unter diesen Umständen hat Google nicht nachgewiesen, dass die Kommission die Entwicklung dieses Verkehrs, die auf die von ihr als wettbewerbswidrig angesehenen Praktiken zurückzuführen ist, unzutreffend wiedergegeben hat. Daher ist auch die in die gleiche Richtung gehende Kritik von Google an der in den Erwägungsgründen 612 ff. des angefochtenen Beschlusses dargestellten zweiten Studie zurückzuweisen, soweit diese den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst betrifft. Was die oben in Rn. 399 zusammengefasste dritte Reihe der von Google vorgebrachten Argumente betrifft, wonach die Klicks auf die Product Universals und die Shopping Units deren Relevanz und die Präferenzen der Nutzer und nicht die Auswirkungen wettbewerbswidriger Praktiken widergespiegelt hätten, lässt sich kaum bestreiten, dass die Internetnutzer diese spezialisierten Ergebnisse und diese Produktanzeigen angeklickt haben, weil sie sie prima facie als für ihre Produktrecherchen nützlich ansahen, insbesondere weil sie Informationen enthielten oder berücksichtigten, die für eine spezialisierte Suche auf diesem Gebiet von Interesse waren. Die von der Kommission in ihrer Klagebeantwortung angeführten Erwägungsgründe 372 bis 377 des angefochtenen Beschlusses gehen in diese Richtung, wie im Wesentlichen im ersten dieser Erwägungsgründe deutlich wird, wonach „[d]ie den Ergebnissen der Produktsuche hinzugefügten Bilder, Preise und Informationen über den Händler die Klickrate [auf den angezeigten Link] erhöhen“. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission im angefochtenen Beschluss selbst, wie sich aus dessen Erwägungsgründen 537 und 538 ergibt, nicht auf die eigentliche Leistungsfähigkeit abgestellt hat, die der Preisvergleichsdienst von Google erreicht hatte, obwohl sie davon ausging, dass Google auf ihrer allgemeinen Ergebnisseite die relevantesten Ergebnisse der Preisvergleichsdienste nicht immer in der ihnen gebührenden Rangfolge angezeigt habe. Wie oben in den Rn. 69, 369 und 376 bereits ausgeführt, hat die Kommission vielmehr beanstandet, dass auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google deren eigener Preisvergleichsdienst und die konkurrierenden Preisvergleichsdienste ungleich behandelt worden seien, was es ermöglicht habe, dass die Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google sehr gut sichtbar gewesen seien, während die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nur als generische Ergebnisse hätten angezeigt werden können und darüber hinaus häufig schlecht platziert worden seien. Es lässt sich auch nicht bestreiten, dass die Internetnutzer die spezialisierten Produktergebnisse von Google nicht zuletzt deshalb anklickten, weil diese auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google schon im Vorfeld hervorgehoben wurden, was eine der Komponenten der kombinierten Praktiken darstellt, die Google vorgeworfen werden. Ohne eine solche Sichtbarkeit wären diese Ergebnisse nicht so häufig angeklickt worden, wie dies zum einen die im 494. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses angeführten Beispiele für die Korrelation zwischen der Erscheinungshäufigkeit (trigger rate) der Product Universals bzw. später der Shopping Units und dem durch die Klicks der Internetnutzer generierten Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst und zum anderen die im 389. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses genannten Gesichtspunkte deutlich machen, die dem von Google vertretenen Standpunkt zu entnehmen sind, dass eine Verschiebung der Product Universals vom oberen in den unteren Bereich der ersten allgemeinen Ergebnisseite die Zahl der Klicks auf ihre spezialisierten Ergebnisse erheblich beeinflusste. Die dritte Reihe der von Google vorgebrachten Argumente, die sich auf die Qualität ihres Preisvergleichsdienstes stützt und den Kausalzusammenhang zwischen den in Rede stehenden Praktiken und der Zunahme des Verkehrs von ihren allgemeinen Ergebnisseiten zu ihrem Preisvergleichsdienst in Abrede stellen soll, ist daher ebenfalls zurückzuweisen, weil dieser Zusammenhang erwiesen ist, auch wenn die an ihrem Preisvergleichsdienst vorgenommenen Änderungen ebenfalls zur Entwicklung dieses Verkehrs beigetragen haben mögen. Zu dem Vorbringen, mit dem Google diesen Kausalzusammenhang bestreitet, gehört auch das in ihrer Erwiderung vorgebrachte und oben in Rn. 397 erwähnte Argument, dass sich die Entwicklung des Verkehrs zu ihrem Preisvergleichsdienst nach der Einführung des Panda-Algorithmus nicht verändert habe. Selbst wenn dies zutreffen sollte, steht dem daraus hergeleiteten Argument jedoch auch entgegen, dass es sich bei den in Rede stehenden Praktiken um kombinierte Praktiken handelt, die nicht nur die Algorithmen zur Anpassung der generischen Ergebnisse betreffen, zu denen Panda gehört, sondern auch die Art und Weise, in der die spezialisierten Produktergebnisse präsentiert werden. Nach alledem ist der zweite Teil des dritten Klagegrundes von Google zurückzuweisen. Wie oben in den Rn. 356 und 357 ausgeführt, ist daher der vierte Klagegrund zu prüfen, mit dem Google geltend macht, dass die ihr vorgeworfenen Praktiken keine wettbewerbswidrigen Auswirkungen auf die verschiedenen identifizierten Märkte gehabt hätten, wobei die im angefochtenen Beschluss dargestellten materiellen Folgen dieser Praktiken für den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den verschiedenen Preisvergleichsdiensten einschließlich ihres eigenen als erwiesen anzusehen sind. c) Erster Teil des vierten Klagegrundes: Die Kommission habe Spekulationen zu den wettbewerbswidrigen Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken angestellt 1) Vorbringen der Parteien Mit ihrem vierten Klagegrund macht Google geltend, die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass die in Rede stehenden Praktiken wettbewerbswidrige Auswirkungen gehabt haben könnten, die ihrerseits sowohl zu höheren Preisen für die Händler und die Verbraucher als auch zu weniger Innovation geführt hätten. Im angefochtenen Beschluss sei insbesondere die Rolle von Händlerplattformen wie Amazon als stärkste Konkurrenten von Google im Bereich der Preisvergleichsdienste nicht berücksichtigt worden, und es sei keine Erklärung für die behaupteten Auswirkungen auf die Preise und die Innovation gegeben worden. Im Einzelnen macht Google im ersten Teil dieses Klagegrundes geltend, der angefochtene Beschluss beruhe auf bloßen Spekulationen über die möglichen Auswirkungen, ohne dass die tatsächliche Situation und die Entwicklung der Märkte untersucht worden seien. Die CCIA trägt dieselbe Kritik vor, insbesondere im Hinblick auf die von der Kommission erwähnten Preissteigerungen und den Rückgang der Innovation. Google weist darauf hin, dass im 589. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausgeführt worden sei, dass das in Rede stehende Verhalten wettbewerbswidrige Auswirkungen haben könne oder wahrscheinlich gehabt habe, und im 593. Erwägungsgrund, dass die mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste möglicherweise vom Markt verdrängt würden, was, wie oben dargelegt, zu höheren Preisen und weniger Innovation führen könne. Der tatsächliche Eintritt dieser möglichen Folgen sei aber nicht nachgewiesen worden. Der angefochtene Beschluss beruhe nicht auf dem Nachweis, dass das in Rede stehende Verhalten seinem Wesen nach wettbewerbswidrig sei. Unter Bezugnahme auf das Urteil vom 11. September 2014, CB/Kommission ( C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , Rn. ), macht Google geltend, dass die Kommission aus diesem ersten Grund verpflichtet gewesen sei, die konkreten wettbewerbswidrigen Auswirkungen ihres Verhaltens nachzuweisen. Außerdem ergebe sich ein zweiter Grund für diese Verpflichtung aus dem Urteil vom 6. September 2017, Intel/Kommission ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. ), in dem der Gerichtshof entschieden habe, dass sich die Kommission selbst im Fall eines grundsätzlich missbräuchlichen Verhaltens eines Unternehmens in beherrschender Stellung nicht mit dem Nachweis des Umfangs der Markterfassung durch dieses Verhalten begnügen dürfe, um daraus zu schließen, dass es tatsächlich missbräuchlich gewesen sei, sondern dass sie sämtliche Umstände berücksichtigen müsse. In der Rechtssache, in der dieses Urteil ergangen sei, habe der Generalanwalt darauf hingewiesen, dass eine Analyse sämtlicher Auswirkungen erforderlich sei (Schlussanträge des Generalanwalts Wahl in der Rechtssache Intel Corporation/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2016:788 , Nr. ). In dieser Weise sei die Kommission in der Sache vorgegangen, in der ihre Entscheidung vom 24. März 2004 in einem Verfahren gemäß Artikel [102 AEUV] und Artikel 54 EWR-Abkommen gegen die Microsoft Corporation (Sache COMP/C‑3/37.792 – Microsoft) ( ABl. 2007, L 32, S. 23 ) ergangen sei, wie das Gericht im Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 ), bestätigt habe. Es sei auch nicht nachgewiesen worden, dass Google eine beherrschende Stellung auf den nationalen Märkten für Preisvergleichsdienste eingenommen habe, was bedeutet hätte, dass der Wettbewerb auf diesen Märkten geschwächt gewesen wäre. Dies sei ein dritter Grund, aus dem konkrete Verdrängungswirkungen auf diesen Märkten hätten festgestellt werden müssen. Das beanstandete Verhalten habe darin bestanden, den Dienst, den Google den Internetnutzern auf ihrer allgemeinen Suchseite erbringe, im Rahmen des Leistungswettbewerbs zu verbessern, indem auf dieser Seite Ergebnisse der spezialisierten Produktsuche sowie Produktanzeigen eingeblendet würden. Auch aus diesem vierten Grund hätten konkrete Verdrängungswirkungen ermittelt werden müssen. Die Kommission und das Gericht hätten dies in ähnlichen Fällen getan. Google verweist auf Ziff. 114 der Entscheidung der Kommission vom 21. Dezember 1988 in einem Verfahren nach den Artikeln [101] und [102 AEUV] (Sache IV/30.979 und 31.394, Decca Navigator System) ( ABl. 1989, L 43, S. 27 ) sowie auf die Urteile vom 6. September 2017, Intel/Kommission ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. ), und vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 , Rn. , und ). Im vorliegenden Fall sei das Vorbringen von Google zur Verbesserung des Dienstes für den Verbraucher gut dokumentiert gewesen, und die Kommission hätte daher nachweisen müssen, dass die wettbewerbswidrigen Auswirkungen den Nutzen dieser Verbesserung überwogen hätten. Schließlich habe sich das beanstandete Verhalten über viele Jahre erstreckt, so dass sich seine wettbewerbswidrigen Auswirkungen hätten konkretisieren müssen, wenn es tatsächlich wettbewerbsschädlich gewesen wäre. Diese lange Dauer sei folglich ein fünfter Grund, der die Kommission hätte veranlassen müssen, konkret zu prüfen, ob dies der Fall gewesen sei. Google und die CCIA weisen darauf hin, dass das Gericht im Urteil vom 12. Dezember 2018, Servier u. a./Kommission ( T‑691/14 , mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2018:922 , Rn. bis ), entschieden habe, dass sich die Kommission, wenn das beanstandete Verhalten bereits durchgeführt worden sei, außer im Fall einer bezweckten Wettbewerbsbeschränkung nicht mit dem Nachweis potenzieller wettbewerbswidriger Auswirkungen begnügen dürfe, sondern tatsächliche wettbewerbswidrige Auswirkungen nachweisen müsse, weil andernfalls die Unterscheidung zwischen bezweckten und bewirkten Wettbewerbsbeschränkungen sinnlos wäre. Diese Beurteilung des Gerichts habe zwar den Fall einer wettbewerbswidrigen Kartellvereinbarung betroffen, aber es sei folgerichtig, sie auch auf Fälle des vermeintlichen Missbrauchs einer beherrschenden Stellung anzuwenden. Im vorliegenden Fall hätten die Google vorgeworfenen Praktiken keinen wettbewerbswidrigen Zweck verfolgt, so dass die Kommission diesem Ansatz hätte folgen müssen. Der Nachweis tatsächlicher Auswirkungen hätte es jedenfalls ermöglicht, die Wahrscheinlichkeit potenzieller Auswirkungen zu untermauern, wie die Kommission selbst in Rn. 20 ihrer Erläuterungen zu den Prioritäten bei der Anwendung von Artikel [102 AEUV] auf Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen ( ABl. 2009, C 45, S. 7 ) ausgeführt habe. Die Kommission habe jedoch keine konkreten Auswirkungen nachgewiesen. In Abschnitt 7.2.3 des angefochtenen Beschlusses, auf den sie Bezug nehme, um darzulegen, dass sie konkrete Marktgegebenheiten berücksichtigt habe, sei nur die Entwicklung des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten untersucht worden, nicht aber die Gesamtzahl der Besuche dieser Dienste. In Wirklichkeit gehe aus den Akten hervor, dass Google weder in der Lage sei, die Preise zu erhöhen, noch die Innovation zu verlangsamen, und dass auf den Märkten für Preisvergleichsdienste ein intensiver Wettbewerb herrsche, weil die Internetnutzer insoweit über weitgehende Wahlmöglichkeiten verfügten, wie die Competition and Markets Authority (Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde, Vereinigtes Königreich) in einer im April 2017 veröffentlichten Studie mit dem Titel „Online search: Consumer and firm behaviour“ (Online-Suche: Verhalten von Verbrauchern und Unternehmen) festgestellt habe. Was die Preise anbelange, habe Google sogar nachgewiesen, dass diese für die Verkäufer, die in den Shopping Units erscheinen wollten, gesunken seien. Zum Vorbringen des BEUC, Google habe den Verbrauchern geschadet, indem sie deren Zugang zu konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und zu einer größeren Auswahl an Händlern eingeschränkt habe, weist Google im Wesentlichen darauf hin, dass ihre Kriterien für die Relevanz der den Internetnutzern in den generischen Ergebnissen, den Product Universals oder den Shopping Units angezeigten Ergebnisse objektiv seien, was insbesondere auf die Verwendung von Universal Search zurückzuführen sei. Im angefochtenen Beschluss habe die Kommission weder die Anpassungsalgorithmen für die generischen Ergebnisse noch diese Relevanzkriterien beanstandet und nur das Fehlen konkurrierender Preisvergleichsdienste in den Product Universals oder den Shopping Units als problematisch angesehen. Folglich stelle das BEUC eine These auf, die die Kommission im angefochtenen Beschluss nicht vertreten habe. Darüber hinaus habe Google in den zehn Jahren vor Erlass des angefochtenen Beschlusses Milliarden von kostenlosen Klicks an konkurrierende Preisvergleichsdienste weitergeleitet, und einige von ihnen, wie Which? im Vereinigten Königreich, das Mitglied des BEUC sei, hätten ebenso wie die Händlerplattformen eine erhebliche Zunahme des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google verzeichnet. Die Kommission habe im angefochtenen Beschluss nicht behauptet, dass Google die Möglichkeiten der Verbraucher, auf konkurrierende Preisvergleichsdienste zuzugreifen, eingeschränkt habe. Google verweist auf Studien – darunter auch solche, auf die sich das BEUC berufen hat –, um darzutun, dass die Preisvergleichsdienste von den Internetnutzern in großem Umfang genutzt würden. Sie bestreitet, das Haupteingangsportal für die Online-Suche nach Produkten zu sein, und weist darauf hin, dass sie sich insoweit auf die Akten des Verfahrens vor der Kommission stützen könne. Eine der oben erwähnten Studien zeige, dass die Suchmaschine von Google im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Frankreich weit davon entfernt gewesen sei, in der Mehrzahl der Fälle als Einstiegspunkt für Online-Suchen nach Produkten genutzt zu werden oder auch nur im Verlauf solcher Suchen irgendwann zum Einsatz zu kommen. Außerdem erschienen – entgegen dem Vorbringen des BEUC – auch kleine Händler in den Anzeigen auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google. Die Kommission tritt dem Vorbringen von Google mit Unterstützung durch das BEUC, Foundem, den VDZ, den BDZV, Visual Meta, Twenga, Kelkoo sowie die Bundesrepublik Deutschland entgegen. Insbesondere weisen Twenga und Kelkoo darauf hin, dass der Rückgang des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den Preisvergleichsdiensten, die mit dem von Google konkurrierten, mit einer Verschlechterung der Qualität ihres eigenen Verkehrs einhergegangen sei, d. h. mit einer Verringerung der Quote der von diesen Preisvergleichsdiensten ausgehenden Besuche von Händlerwebsites, die zu Käufen geführt hätten. Außerdem habe der Verkehr vom Preisvergleichsdienst von Google zu den Händlern zugenommen. Twenga und Kelkoo seien daher für die Händler weniger attraktiv gewesen, zumal diese kein Interesse daran hätten, dass ihre Angebote auf mehreren Internetseiten erschienen, weil ihre eigenen Händlerwebsites andernfalls innerhalb der generischen Ergebnisse durch den Panda-Algorithmus, der Websites mit ähnlichem Inhalt herabstufe, ebenfalls zurückgestuft würden. Twenga führt hierzu Beispiele von Händlern an, die ihr mitgeteilt hätten, auf ihre Dienste zu verzichten, entweder weil die Qualität des von Twenga ausgehenden Verkehrs nachgelassen habe oder weil sie nach ihrem Entschluss, ihre Daten an den Preisvergleichsdienst von Google weiterzuleiten, nicht mehr in den Ergebnissen eines anderen Preisvergleichsdienstes erscheinen wollten. Kelkoo fügt hinzu, dass der Rückgang des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrer eigenen Website seinerseits zu einem Rückgang des direkten Verkehrs zu ihrer Website geführt habe, bei dem es sich wie bei dem Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten um einen „qualitativ hochwertigen“ Verkehr handele, der gute Konversionsraten erziele. Der direkte Verkehr ergebe sich nämlich aus einem ersten Besuch im Anschluss an einen Treffer in den generischen Ergebnissen. Ganz allgemein führt das BEUC aus, Google habe durch die Einschränkung der Sichtbarkeit konkurrierender Preisvergleichsdienste auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten sowie durch die Bevorzugung ihres eigenen Preisvergleichsdienstes und seiner von den größten Händlern geschalteten Werbeanzeigen nicht nur den Wettbewerb auf dem Markt für Preisvergleichsdienste beschränkt, sondern auch die Möglichkeiten der Verbraucher, Zugang zu einer größeren Zahl von Händlern zu erhalten und sich den Wettbewerb zwischen ihnen zunutze zu machen. Das BEUC weist darauf hin, dass der Gerichtshof im Urteil vom 27. März 2012, Post Danmark ( C‑209/10 , EU:C:2012:172 , Rn. ), festgestellt habe, dass Art. 102 AEUV nicht nur Verhaltensweisen erfasse, durch die den Verbrauchern ein unmittelbarer Schaden erwachsen könne, sondern auch solche, die sie durch die Beeinträchtigung des Wettbewerbs schädigten. 2) Würdigung durch das Gericht Die Art. 101 und 102 AEUV verfolgen dasselbe Ziel, nämlich die Aufrechterhaltung eines unverfälschten Wettbewerbs im Binnenmarkt, wie sich nunmehr aus dem dem Vertrag von Lissabon beigefügten Protokoll Nr. 27 über den Binnenmarkt und den Wettbewerb ( ABl. 2010, C 83, S. 309 ) ergibt. Insoweit sind die in diesen beiden Artikeln beispielhaft genannten wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen einander ähnlich, auch wenn sich Art. 101 AEUV auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen und Art. 102 AEUV auf einseitige Praktiken von Unternehmen in beherrschender Stellung bezieht. Das Ziel eines unverfälschten Wettbewerbs bedeutet, dass der Wettbewerb auf einer fairen Grundlage stattfindet, die weder durch Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die den Wettbewerb beschränken oder ausschalten, noch durch einseitige Verhaltensweisen beherrschender Unternehmen, die ihre Marktmacht missbrauchen, um den Wettbewerb ebenfalls zu beschränken oder auszuschalten, beeinträchtigt wird. Ein fairer Wettbewerb, auch seitens eines Unternehmens, das eine beherrschende Stellung innehat oder sich anschickt, eine solche zu erlangen, kann zwar dazu führen, dass Wettbewerber durch das Spiel des Marktes verschwinden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Wettbewerbswidrige Verhaltensweisen, insbesondere einseitige, die ein missbräuchliches Verhalten eines beherrschenden Unternehmens zum Ausdruck bringen und ebenfalls zu einem solchen Verschwinden führen können, sind jedoch verboten. Allerdings unterscheidet Art. 102 AEUV im Gegensatz zu Art. 101 AEUV nicht zwischen Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken, und solchen, die dies nicht bezwecken, aber gleichwohl eine solche Wirkung entfalten. Im Rahmen der Anwendung von Art. 101 AEUV braucht eine Wettbewerbsbehörde, die im Hinblick auf bestimmte kollektive Verhaltensweisen von Unternehmen nachweist, dass das betreffende Verhalten einen wettbewerbswidrigen Zweck verfolgt, die wettbewerbswidrigen Auswirkungen dieses Verhaltens nicht nachzuweisen, um es als rechtswidrig einzustufen. So werden bestimmte kollusive Praktiken wie die gemeinsame Festsetzung von Preisen im Rahmen von Kartellen als so schädlich und damit von Natur aus wettbewerbswidrig angesehen, dass es insoweit nicht erforderlich ist, ihre konkreten Auswirkungen auf die betroffenen Märkte nachzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. September 2014, CB/Kommission, C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , Rn. bis ). Dagegen bestimmt Art. 102 AEUV lediglich, dass die missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist die aufgrund dieser Bestimmung verbotene missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung ein objektiver Begriff, der insbesondere Verhaltensweisen eines beherrschenden Unternehmens erfasst, die auf einem Markt, auf dem der Wettbewerb gerade wegen der Anwesenheit des betreffenden Unternehmens bereits geschwächt ist, die Aufrechterhaltung des dort noch bestehenden Wettbewerbs oder dessen Entwicklung durch die Verwendung von Mitteln behindern, die von den Mitteln eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Unternehmen abweichen (vgl. Urteil vom 14. Oktober 2010, Deutsche Telekom/Kommission, C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Die gleichen Erwägungen gelten, wenn die in Rede stehenden Verhaltensweisen wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen auf Märkte haben, die mit dem Markt, auf dem die beherrschende Stellung eingenommen wird, verbunden sind. In Bezug auf Verdrängungspraktiken wurde daraus abgeleitet, dass ein Verhalten nur dann als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung eingestuft werden kann, wenn eine wettbewerbswidrige oder zumindest potenziell wettbewerbswidrige Auswirkung nachgewiesen wird, wobei eine Einstufung als missbräuchliche Verdrängungspraxis nicht in Betracht kommt, wenn sich das Verhalten in keiner Weise auf die Wettbewerbssituation der Wettbewerber auswirkt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. Oktober 2010, Deutsche Telekom/Kommission, C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , Rn. bis , vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. bis , und vom 19. April 2012, Tomra Systems u. a./Kommission, C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , Rn. ). In diesem Zusammenhang muss die mit dem Fall befasste Wettbewerbsbehörde selbst dann, wenn es sich um grundsätzlich wettbewerbswidrige Verhaltensweisen beherrschender Unternehmen handelt, wie z. B. solchen, die darauf abzielen, eine ausschließliche oder stark bevorrechtigte Verkaufsbeziehung zu den Kunden, gegebenenfalls durch Treuerabatte, zu erlangen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. Februar 1979, Hoffmann-La Roche/Kommission, 85/76 , EU:C:1979:36 , Rn. ), das betreffende marktbeherrschende Unternehmen aber unter Vorlage von Belegen bestreitet, dass sein Verhalten geeignet sei, den Wettbewerb zu beschränken, alle relevanten Umstände prüfen, um zu entscheiden, wie dieses Verhalten zu beurteilen ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. , vom 6. Oktober 2015, Post Danmark, C‑23/14 , EU:C:2015:651 , Rn. , und vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. und ). Macht das beschuldigte Unternehmen geltend, dass sein Verhalten nicht geeignet gewesen sei, wettbewerbswidrige oder auch nur potenziell wettbewerbswidrige Wirkungen zu entfalten, und stützt es sein Vorbringen auf Umstände, die die tatsächliche Marktentwicklung betreffen, hat die Wettbewerbsbehörde zu prüfen, ob diese Umstände geeignet sind, ihre Beurteilung des Vorliegens wettbewerbswidriger Auswirkungen zu beeinflussen. Bei tatsächlich angewandten Praktiken, die wie im vorliegenden Fall komplex sind, können solche Umstände nämlich relevante Gesichtspunkte darstellen, die geeignet sind, das Vorliegen oder Fehlen einer Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV zu untermauern. Daraus folgt, dass die Kommission, um festzustellen, dass Google seine beherrschende Stellung missbraucht hat, zumindest potenzielle Auswirkungen des als Einschränkung oder Ausschaltung des Wettbewerbs beanstandeten Verhaltens auf die betroffenen Märkte nachweisen und dabei alle relevanten Umstände berücksichtigen musste, insbesondere im Hinblick auf das Vorbringen, mit dem Google bestritten hatte, dass ihr Verhalten geeignet gewesen sei, den Wettbewerb zu beschränken. Dagegen war die Kommission entgegen dem Vorbringen von Google und der CCIA nicht verpflichtet, tatsächliche Verdrängungswirkungen festzustellen, weil Google geltend gemacht hatte, dass sie auf den nationalen Märkten für Preisvergleichsdienste keine beherrschende Stellung innegehabt habe, dass ihr Verhalten zu einer Verbesserung ihrer Dienste zugunsten der Verbraucher und Online-Händler beigetragen habe und dass sich dieses Verhalten über viele Jahre erstreckt habe. Eine solche Verpflichtung der Kommission würde dem von den Unionsgerichten bestätigten Grundsatz zuwiderlaufen, dass der Umstand, dass die in Rede stehende Praxis das angestrebte Ziel letztlich nicht erreicht hat, ihrer Einstufung als missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV nicht entgegensteht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. und , und, speziell in Bezug auf die Dauer des Verhaltens, Urteil vom 29. März 2012, Telefónica und Telefónica de España/Kommission, T‑336/07 , EU:T:2012:172 , Rn. ). Erst recht brauchte die Kommission nicht nachzuweisen, dass mögliche Folgen der Ausschaltung oder Beschränkung des Wettbewerbs tatsächlich eingetreten sind, z. B. in Gestalt eines Rückgangs der Innovation oder von Preissteigerungen, für die es keine andere Erklärung als den fehlenden Wettbewerb gibt. Insoweit ist anerkannt, dass die Schwächung des Wettbewerbs mit hoher Wahrscheinlichkeit derartige Folgen nach sich zieht, wie in den Rn. 11 und 19 der Erläuterungen zu den Prioritäten bei der Anwendung von Art. 102 AEUV auf Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen ausgeführt wird. Bei dem Vorbringen, die in Rede stehenden Praktiken hätten die Qualität der Dienste verbessert, insbesondere zugunsten des Verbrauchers, was die festgestellten Verdrängungswirkungen unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Interesses aufgewogen habe, so dass diese Praktiken nicht missbräuchlich gewesen seien, handelt es sich um Argumente, die im Stadium der Prüfung des Vorliegens von Auswirkungen dieser Praktiken nicht relevant sind. Dieses Vorbringen geht daher ins Leere, soweit es den Klagegrund stützen soll, mit dem geltend gemacht wird, die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass die in Rede stehenden Praktiken wettbewerbswidrige Auswirkungen gehabt hätten. Im vorliegenden Fall ist dieses Vorbringen teilweise bereits im Rahmen des ersten Teils des fünften Klagegrundes geprüft worden und wird im Folgenden im Rahmen des dritten Teils des ersten und des zweiten Klagegrundes weiter geprüft. Im vorliegenden Fall hat die Kommission in Abschnitt 7.2.3 des angefochtenen Beschlusses zunächst die materiellen Folgen der in Rede stehenden Praktiken für den Datenverkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und zum eigenen Preisvergleichsdienst von Google untersucht. Aus der Prüfung der beiden Teile des dritten Klagegrundes ergibt sich, dass die Kommission aufgrund dieser Analyse in Bezug auf die verschiedenen betroffenen nationalen Märkte für Preisvergleichsdienste zu der Schlussfolgerung berechtigt war, dass diese Praktiken einerseits zu einem Rückgang dieses Verkehrs zu fast allen konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und andererseits zu einer Zunahme des Verkehrs zum Preisvergleichsdienst von Google geführt hatten. Diese materiellen Auswirkungen auf den von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehenden Verkehr sind, wie oben in den Rn. 383, 388 und 402 bis 405 dargelegt, ausführlich dokumentiert worden, und die Kommission hat insoweit tatsächliche Auswirkungen nachgewiesen, die je nach Land mehr oder weniger ausgeprägt, aber in jedem Fall erheblich sind. Sodann hat die Kommission in Abschnitt 7.2.4 des angefochtenen Beschlusses den Anteil bewertet, den der von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehende Verkehr am Gesamtverkehr der konkurrierenden Preisvergleichsdienste ausmachte (Abschnitt 7.2.4.1), bevor sie darlegte, dass dieser Anteil nicht wirksam durch andere Verkehrsquellen habe ersetzt werden können (Abschnitt 7.2.4.2). In Bezug auf den ersten oben in Rn. 446 erwähnten und in Abschnitt 7.2.4.1 des angefochtenen Beschlusses behandelten Aspekt hat die Kommission in Tabelle 24 des angefochtenen Beschlusses für einen Zeitraum von sechs Jahren ab 2011 aufgeschlüsselt, welche Anteile die einzelnen Verkehrsquellen am Verkehr von 13 Preisvergleichsdiensten hatten (außer bei einem von ihnen, bei dem sich dieser Zeitraum über vier Jahre erstreckte). Dabei hat sie zwischen dem Verkehr von den generischen Ergebnissen von Google, von den Textanzeigen von Google, von den direkten Suchabfragen (bei denen der Internetnutzer die Website des Preisvergleichsdienstes – gegebenenfalls durch Verwendung einer mobilen Anwendung – aufruft, ohne einen Zwischenlink zu benutzen) und von anderen Quellen (wie Partner-Websites, anderen Suchmaschinen oder Links in Newslettern) unterschieden. Die Behauptung von Google, die Kommission habe nicht alle Quellen für Besuche bei Preisvergleichsdiensten untersucht (siehe oben, Rn. 365), ist daher unzutreffend. Aus Tabelle 24 des angefochtenen Beschlusses geht hervor, dass die Anteile des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs der einzelnen Preisvergleichsdienste recht unterschiedlich waren und zwischen knapp über 20 % (wenn auch mit einer Ausnahme von 13 % für ein Jahr) und 80 % lagen und dass bei einer kleinen Mehrheit von ihnen (sieben) diese Anteile im Lauf der Jahre zurückgingen. Die Rückgänge betrugen zwischen 5 % und etwa 50 %. Bei den vier Preisvergleichsdiensten, bei denen hingegen ein Anstieg des Anteils des Verkehrs von den generischen Ergebnissen von Google zu beobachten war, lag dieser Anteil zwischen 5 % und 65 %. Bei den beiden verbleibenden Preisvergleichsdiensten war dieser Anteil annähernd stabil. Diese Zwischenanalyse liefert Daten zur Bedeutung des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den mit ihrem eigenen Preisvergleichsdienst konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und zeigt, dass der Anteil des Verkehrs von den generischen Ergebnissen von Google bei der Mehrheit der untersuchten Produktvergleichsdienste im Lauf der Jahre abnahm. Diese Analyse allein lässt aber noch keine Rückschlüsse auf das Vorhandensein wettbewerbswidriger, auf das Verhalten von Google zurückzuführender Verdrängungswirkungen auf dem Markt zu, weil dabei weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind, kann aber, weil sie auf konkreten Daten beruht, die im Übrigen von Google nicht bestritten werden, dazu beitragen, das Vorhandensein solcher Auswirkungen zu belegen. Was den zweiten, oben in Rn. 446 genannten und in Abschnitt 7.2.4.2 des angefochtenen Beschlusses behandelten Aspekt betrifft, nämlich die Schwierigkeit für die mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste, den von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehr durch andere Quellen zu ersetzen, hat die Kommission verschiedene Gründe angeführt, die Google im dritten Teil ihres vierten Klagegrundes bestreitet. Dieses Bestreiten der präzisen Feststellungen der Kommission steht in keinem Zusammenhang mit der im ersten Teil dieses Klagegrundes erhobenen und in diesem Stadium geprüften Rüge, dass die Kommission lediglich Spekulationen zum Vorliegen wettbewerbswidriger Wirkungen der in Rede stehenden Praktiken angestellt habe. Schließlich hat die Kommission in Abschnitt 7.3 des angefochtenen Beschlusses dargelegt, dass die in Rede stehenden Praktiken potenzielle wettbewerbswidrige Auswirkungen auf die nationalen Märkte für spezialisierte Preisvergleichsdienste und auf die nationalen Märkte für allgemeine Suchdienste gehabt hätten. Insoweit hat die Kommission in Bezug auf die nationalen Märkte für spezialisierte Preisvergleichsdienste in Abschnitt 7.3.1 des angefochtenen Beschlusses auf der Grundlage ihrer oben in den Rn. 445 und 446 angeführten Analysen zunächst festgestellt, dass die in Rede stehenden Praktiken die konkurrierenden Preisvergleichsdienste hätten veranlassen können, ihre Tätigkeit einzustellen (594. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Sie hat ferner ausgeführt, dass diese Praktiken geeignet gewesen seien, den Innovationsanreiz für die konkurrierenden Preisvergleichsdienste zu verringern, weil diese vernünftigerweise nicht mehr mit einem Datenverkehr hätten rechnen können, der ausgereicht hätte, um sich gegen den Preisvergleichsdienst von Google behaupten zu können, und weil der Versuch, den Rückgang des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs durch kostenpflichtige Verkehrsquellen auszugleichen, die ihnen für Innovationen zur Verfügung stehenden Einnahmen verringert hätte (595. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Ferner hat die Kommission ausgeführt, dass die in Rede stehenden Praktiken auch für Google selbst den Anreiz, Innovationen für ihren Preisvergleichsdienst einzuführen, hätten verringern können, weil Google einem geringeren Wettbewerbsdruck ausgesetzt gewesen sei (596. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Die Kommission hat auch festgestellt, dass die in Rede stehenden Praktiken die Möglichkeiten der Verbraucher, Zugang zu den leistungsstärksten Preisvergleichsdiensten zu erhalten, hätten verringern können. Insoweit hat sie sich auf die Herabstufung der Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste, die innerhalb der generischen Ergebnisse schlecht positioniert würden (598. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses), und auf den Umstand berufen, dass die Verbraucher im Allgemeinen nicht wüssten, dass die Product Universals und die Shopping Units anderen Auswahlkriterien unterlägen als die generischen Ergebnisse (599. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Somit werde die Wettbewerbsstruktur der Märkte beeinträchtigt, weil der Erfolg des Preisvergleichsdienstes von Google durch deren beherrschende Stellung auf den Märkten für allgemeine Suchdienste und durch die in Rede stehenden Praktiken künstlich sichergestellt werde (600. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Außerdem hat die Kommission als Antwort auf die von Google im Verwaltungsverfahren geäußerte Kritik, dass kein Preisvergleichsdienst ermittelt worden sei, der seine Tätigkeit eingestellt habe, während Hunderte der von Google ermittelten 361 konkurrierenden Preisvergleichsdienste aktiv geblieben seien, zunächst darauf hingewiesen, dass sie nicht verpflichtet gewesen sei, tatsächliche Auswirkungen nachzuweisen (602. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses), und sodann ausgeführt, dass die Zahl der an einem dynamischen Wettbewerb teilnehmenden Preisvergleichsdienste ohne die in Rede stehenden Praktiken möglicherweise größer gewesen wäre (603. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Anschließend wies sie auf mehrere Aussagen hin, wonach zahlreiche dieser 361 Preisvergleichsdienste ihre Tätigkeit eingestellt oder auf andere Dienstleistungen ausgerichtet hätten. Beispielsweise hätten nach einer dieser Aussagen 38 % und nach einer anderen 21 % dieser 361 Preisvergleichsdienste ihre Tätigkeit eingestellt (604. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Ebenfalls in Bezug auf die Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken auf die nationalen Märkte für spezialisierte Preisvergleichsdienste hat die Kommission in Abschnitt 7.3.2 des angefochtenen Beschlusses, in dem diese Auswirkungen für den Fall untersucht werden, dass die Händlerplattformen in diese Märkte einbezogen werden, im Wesentlichen die Auffassung vertreten, dass die von ihr ermittelten Auswirkungen dann im Marktsegment für Preisvergleichsdienste, d. h. im Segment der engsten Wettbewerber des Preisvergleichsdienstes von Google, zum Tragen gekommen wären (Erwägungsgründe 609 und 610 des angefochtenen Beschlusses). Umgekehrt hat sie festgestellt, dass die in Rede stehenden Praktiken keine nachteiligen Auswirkungen auf die Händlerplattformen gehabt hätten (611. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses). Die Kommission hat ferner zwei Studien, von denen die zweite bereits oben in den Rn. 388 und 405 erwähnt wurde, vorgelegt, mit denen in den 13 Ländern, für die sie einen Missbrauch der beherrschenden Stellung von Google festgestellt hatte, erstens der Anteil der Preisvergleichsdienste an diesen Märkten und zweitens die Entwicklung des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst, zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und zu den Händlerplattformen ermittelt werden sollten. Hinsichtlich der Marktanteile gehe daraus beispielsweise hervor, dass im Vereinigten Königreich der Marktanteil der Preisvergleichsdienste (von Google und ihren Wettbewerbern zusammengenommen), der somit dem Teil des Marktes entsprochen habe, auf den sich die in Rede stehenden Praktiken ausgewirkt hätten, im Zeitraum von 2011 bis 2016 je nach den verschiedenen vorgenommenen Berichtigungen zwischen 9 % und 18 % bzw. zwischen 12 % und 24 % gelegen habe. Genauer gesagt ergäben sich daraus – wiederum für das Vereinigte Königreich und je nach den vorgenommenen Berichtigungen – ein Anstieg des Marktanteils des Preisvergleichsdienstes von Google von 4 % auf 17 % bzw. von 6 % auf 22 %, ein Rückgang des Marktanteils der Händlerplattformen in den extremsten Fällen von 89 % auf 81 % bzw. von 83 % auf 76 % und ein Rückgang des Marktanteils der konkurrierenden Preisvergleichsdienste in den extremsten Fällen von 11 % auf 2 % bzw. von 7 % auf 1 % (Erwägungsgründe 612 bis 639 und Anhang 1 des angefochtenen Beschlusses). In Bezug auf die Entwicklung des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst, zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und zu den Händlerplattformen ergäben sich daraus, wie bereits oben in den Rn. 388 und 405 erwähnt, ein allgemeiner Anstieg des Verkehrs zum Preisvergleichsdienst von Google und ein allgemeiner Rückgang des Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten. Der Verkehr zu den Händlerplattformen sei eher leicht zurückgegangen, obwohl die Entwicklung in einigen der 13 betroffenen Länder erratischer gewesen sei oder gar eine steigende Tendenz aufgewiesen habe. Um beim Beispiel des Vereinigten Königreichs zu bleiben: Zwischen 2011 und 2016 seien je nach den vorgenommenen Berichtigungen der Anteil des Preisvergleichsdienstes von Google am Verkehr von seinen allgemeinen Ergebnisseiten von 11 % auf 46 % bzw. von 16 % auf 54 % gestiegen, während der Anteil der konkurrierenden Preisvergleichsdienste von 14 % auf 2 % bzw. von 22 % auf 3 % und der Anteil der Händlerplattformen von 75 % auf 52 % bzw. von 63 % auf 43 % gesunken sei. In Bezug auf die Märkte für Preisvergleichsdienste geht aus dieser oben in den Rn. 445 bis 453 zusammengefassten und sich über mehrere Zeitabschnitte erstreckenden Analyse hervor, dass sich die Kommission auf konkrete Angaben gestützt hat, die sich nicht nur auf die Entwicklung des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und ihrem eigenen Preisvergleichsdienst sowie alternativ zu den Händlerplattformen beziehen, sondern auch auf den Anteil des von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehenden Verkehrs am Gesamtverkehr der konkurrierenden Preisvergleichsdienste, um daraus mit eingehender Begründung auf potenzielle wettbewerbswidrige Auswirkungen auf die nationalen Märkte für Preisvergleichsdienste zu schließen. Unabhängig von der Frage, ob dieser Analyse der Auswirkungen in Anbetracht der anderen von Google im Rahmen ihres vierten Klagegrundes vorgebrachten Argumente gefolgt werden kann oder nicht, ist daher der erste Teil dieses Klagegrundes, wonach die Kommission insoweit rein spekulativ vorgegangen sei, in Bezug auf die Märkte für Preisvergleichsdienste zurückzuweisen. Was dagegen die nationalen Märkte für allgemeine Suchdienste betrifft, hat sich die Kommission in Abschnitt 7.3.3 des angefochtenen Beschlusses bei der Feststellung der wettbewerbswidrigen Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken mit dem Hinweis darauf begnügt, dass Google durch die bevorzugte Behandlung ihres eigenen Preisvergleichsdienstes auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten die von diesen Seiten ausgehenden Einnahmen schütze, die ihr dieser spezialisierte Suchdienst einbringe und mit denen sie wiederum ihren allgemeinen Suchdienst finanziere (642. Erwägungsgrund). Aus den bei der Akte befindlichen Dokumenten gehe hervor, dass Google um die Werbeeinnahmen besorgt gewesen sei, die ihr infolge der zunehmenden Verbreitung konkurrierender Preisvergleichsdienste hätten entgehen können (643. Erwägungsgrund). Diese Erwägungen allein sind zu ungenau, um wettbewerbswidrige Auswirkungen, und seien es auch nur potenzielle, auf die nationalen Märkte für allgemeine Suchdienste nachzuweisen. Es wurde keine Analyse des Umfangs der in Rede stehenden Einnahmen und ihrer möglichen Auswirkungen auf die Stellung von Google und ihren Wettbewerbern auf diesen Märkten vorgelegt. In Bezug auf diese Märkte macht Google folglich zu Recht geltend, dass die von der Kommission vorgenommene Analyse der Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken rein spekulativ sei und dass diese Auswirkungen folglich nicht erwiesen seien. Dem ersten Teil des vierten Klagegrundes von Google ist daher insoweit stattzugeben, als es nur um die nationalen Märkte für allgemeine Suchdienste geht. Die anderen Teile dieses Klagegrundes sind daher nur noch zu prüfen, soweit sie die nationalen Märkte für Preisvergleichsdienste betreffen. Da die Kommission, wie oben in Rn. 438 ausgeführt, zur Feststellung des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung im Zusammenhang mit einer Verdrängungspraxis nachweisen muss, dass dieser Missbrauch zumindest potenzielle wettbewerbswidrige Auswirkungen auf den oder die betroffenen Märkte hatte, ist der angefochtene Beschluss folglich als unbegründet anzusehen, soweit er den Missbrauch einer beherrschenden Stellung auf den nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste betrifft. d) Zweiter Teil des vierten Klagegrundes: bei der Prüfung der Auswirkungen sei die Rolle der Händlerplattformen nicht berücksichtigt worden Mit dem zweiten Teil ihres vierten Klagegrundes macht Google geltend, dass die Kommission den von den Händlerplattformen ausgeübten Wettbewerbsdruck nicht berücksichtigt habe, obwohl gerade diese Plattformen den Wettbewerb und die Innovation auf den Märkten für Preisvergleichsdienste vorantrieben. Insoweit macht Google erstens geltend, dass die von der Kommission vorgenommene Abgrenzung des Marktes für Preisvergleichsdienste fehlerhaft sei, und zweitens, dass im angefochtenen Beschluss jedenfalls der Wettbewerbsdruck der Händlerplattformen außer Acht gelassen worden sei. 1) Zweiter Teil des vierten Klagegrundes, hier: die Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes sei fehlerhaft i) Vorbringen der Parteien Google und die CCIA tragen verschiedene Anhaltspunkte dafür vor, dass die Händlerplattformen und die Preisvergleichsdienste auf demselben Markt für Preisvergleichsdienste tätig seien. Beide böten den Internetnutzern kostenlos dieselben Funktionen für die Suche nach Produkten, u. a. mit Preisangaben. Die angebotenen Dienste seien daher austauschbar, was ausreiche, um beide Arten von Anbietern in den Markt für Preisvergleichsdienste einzubeziehen, auch wenn die Händlerplattformen zusätzliche Dienste erbrächten. Drei Umfragen, die Google der Kommission im Verwaltungsverfahren vorgelegt habe und die Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich beträfen, zeigten auf, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Verbraucher in diesen Ländern die Plattform Amazon als einen guten Ersatz für die bekanntesten Preisvergleichsdienste ansähen. Die Kommission habe den Beweiswert dieser Umfragen zu Unrecht mit der Begründung verneint, dass die befragten Personen ihre Antwort nicht hätten begründen müssen und in der Frage allein Amazon genannt worden sei. Die Studie, auf die sich die Kommission ihrerseits in Nr. 6 des 220. Erwägungsgrundes des angefochtenen Beschlusses gestützt habe, um die von ihr zugrunde gelegte Definition des sachlich relevanten Marktes zu untermauern, befasse sich zwar nicht mit der Substituierbarkeit der Dienste der Händlerplattformen und der Preisvergleichsdienste, stelle aber fest, dass Amazon und eBay „Paradebeispiele für Multi-Händler-Plattformen sind, deren Format den Nutzern wichtige Preisvergleichsfunktionen bietet“. Darüber hinaus hätten mehrere unabhängige Studien gezeigt, dass die meisten Internetnutzer, die ein Produkt kaufen wollten, ihre Suche auf einer Händlerplattform beginnen und ihren Kauf erst abschließen würden, nachdem sie dort Produkte verglichen hätten. Als Antwort auf die Streithilfeschriftsätze des BEUC und des BDZV verweist Google außerdem auf eine Entscheidung des deutschen Bundeskartellamts und auf eine Entscheidung des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts (Deutschland), in denen im Wesentlichen ausgeführt werde, dass Händlerplattformen Preisvergleichsdienste seien, die zusätzlich die Funktionen eines Verkaufsvermittlers erfüllten. Google weist auch das vom BEUC vorgebrachte Argument zurück, dass die Händlerplattformen Einzelhändler seien, die eine Vielzahl von Produkten verkauften, während die Preisvergleichsdienste es ermöglichten, die von verschiedenen Händlern verlangten Preise für ein und dasselbe Produkt zu vergleichen. Eine Händlerplattform sei nämlich kein Einzelhandelsgeschäft, sondern stelle die Angebote zahlreicher Einzelhändler zusammen und ermögliche es – ebenso wie die Preisvergleichsdienste –, die Preise ein und desselben Produkts oder Modells kostenlos zu vergleichen. Das Argument der Kommission, dass die Händlerplattformen nur selten Zugang zu den größten Händlern gewährten, was bedeute, dass die Preisvergleichsdienste, die die Angebote dieser Händler weiterleiteten, nicht durch die Händlerplattformen substituierbar seien, stehe im Widerspruch zu den Antworten, die die Plattformen selbst der Kommission vorgelegt hätten. Selbst wenn dieses Argument zuträfe, würde es nichts an der Nachfrage der Internetnutzer ändern, die diese beiden Arten von Websites für ihre Produktvergleichssuche als austauschbar ansähen. Die Kommission habe weder das Gegenteil bewiesen noch die Substituierbarkeit im Hinblick auf die Nachfrage der Internetnutzer wirklich geprüft. Aus internen Dokumenten von Google, die in tempore non suspecto erstellt worden seien, gehe hervor, dass Google selbst Amazon und eBay als auf dem Markt für Preisvergleichsdienste führend ansehe und insbesondere Amazon als Benchmark und als ihren Hauptkonkurrenten betrachte, was sie zu ihren eigenen Innovationen veranlasst habe. Ebenso würden zahlreiche zu den Akten des Verwaltungsverfahrens gereichte Erklärungen von Anbietern allgemeiner Such- oder Preisvergleichsdienste sowie von Händlerplattformen bestätigen, dass Letztere mit den Preisvergleichsdiensten im Wettbewerb stünden. Statt diese Gesichtspunkte zu berücksichtigen, habe die Kommission vordergründige Unterschiede zwischen den Dienstleistungen der Händlerplattformen und denen der Preisvergleichsdienste herangezogen, die unter dem Gesichtspunkt der Nachfrage der Internetnutzer für die Frage der Substituierbarkeit ohne Belang seien, und sei auf dieser Grundlage zu Unrecht zu dem Schluss gelangt, dass die Händlerplattformen keinen Wettbewerbsdruck auf die Preisvergleichsdienste ausübten. Die CCIA weist darauf hin, dass die Kommission in Rn. 36 ihrer Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft ( ABl. 1997, C 372, S. 5 ) ausgeführt habe, dass unterschiedliche Merkmale der Dienstleistungen nicht ausreichten, um eine Substituierbarkeit auf der Nachfrageseite auszuschließen, weil diese in hohem Maß davon abhängig sei, welche Bedeutung die Kunden diesen Unterschieden beimäßen. Außerdem treffe einer der in der Klagebeantwortung angeführten Unterschiede, und zwar der, dass die mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste im Gegensatz zu den Händlerplattformen nicht in den Shopping Units erscheinen könnten, nicht zu. Sie müssten lediglich einen Werbelink einfügen, der unmittelbar auf eine Einkaufswebsite verweise, was einige von ihnen auch getan hätten. Google führt drei Beispiele an. Da der sachlich relevante Markt, auf dem das beanstandete Verhalten wettbewerbswidrige Auswirkungen gehabt haben solle, als Markt für Preisvergleichsdienste definiert worden sei, hätte die Kommission nicht nur prüfen müssen, welche Alternativen für die Internetnutzer bestanden hätten, um vor einem Kauf derartige Vergleiche im Internet anzustellen – was ihr die Feststellung ermöglicht hätte, dass sich dafür sowohl Händlerplattformen als auch Preisvergleichsdienste eigneten –, sondern auch erklären müssen, wie Google, die behaupte, dass die Wettbewerbsbedrohung von den Händlerplattformen ausgehe, eine dauerhafte Erhöhung der Preise ihrer Dienstleistungen, die das Erscheinen auf ihren Ergebnisseiten ermöglichten, hätte in Betracht ziehen können, ohne Gefahr zu laufen, Anzeigenkunden an die Händlerplattformen zu verlieren. Die von der Kommission als Unterscheidungsmerkmale identifizierten zusätzlichen Dienstleistungen, die diese Plattformen im Gegensatz zu den Preisvergleichsdiensten anböten, verstärkten im Gegenteil nur den von diesen Plattformen auf die Preisvergleichsdienste ausgeübten Wettbewerbsdruck. Sie erklärten zudem, warum diese Plattformen durch den Panda-Algorithmus in den allgemeinen Suchergebnissen von Google besser platziert würden und warum der zu ihren Gunsten ausgelöste Verkehr zugenommen habe, während der Verkehr zu den Preisvergleichsdiensten zurückgegangen sei. Aus diesem Grund bemühten sich einige Preisvergleichsdienste, ebenfalls zusätzliche Dienste anzubieten wie z. B. die Möglichkeit, direkt zum Kauf überzugehen. Google selbst habe mit der Einführung solcher Dienste begonnen, obwohl es ihr Hauptanliegen gewesen sei, die Qualität ihrer Antworten auf die Suchanfragen der Internetnutzer zu verbessern, um bei der Produktsuche mit den Händlerplattformen konkurrieren zu können. Außerdem ändere die Tatsache, dass Händlerplattformen und Preisvergleichsdienste wie Amazon und Google vertikale Beziehungen unterhielten, und insbesondere die Tatsache, dass die Preisvergleichsdienste auf die Angebote der Händlerplattformen verwiesen und diese ihre Hauptkunden seien, wie die Kommission im 220. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausgeführt habe, nichts an der Verpflichtung der Kommission, die Substituierbarkeit ihrer Dienste und die vorgelegten Beweise dafür zu prüfen, dass sie im Wettbewerb zueinander stünden. Zu dem von Twenga in ihrem Streithilfeschriftsatz vorgebrachten Argument, dass die Händlerplattformen Google nachgelagert seien und weitgehend von dem Verkehr abhingen, der von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehe, weist Google darauf hin, dass der letztgenannte Grund im angefochtenen Beschluss nicht angeführt worden sei, und bestreitet sowohl die Zulässigkeit als auch die Beweiskraft der von Twenga hierzu vorgelegten Studie über Frankreich. Nach den von Google zur Stützung ihrer Klage vorgelegten Beweisen handele es sich beim Verkehr der Händlerplattformen im Wesentlichen um direkten Verkehr, was im Widerspruch zu dem von Twenga angegebenen Anteil von 46 % stehe, der auf den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google entfalle. In ihrer Erwiderung präzisiert Google, dass der Verkehr von den Preisvergleichsdiensten zu den Händlerplattformen im Verhältnis zu deren Gesamtverkehr marginal sei. Google trägt ferner vor, die Kommission versuche in ihrer Klagebeantwortung, die Beweislast umzukehren, indem sie geltend mache, Google müsse nachweisen, dass die Internetnutzer die Websites der Händlerplattformen nicht nur besuchten, um Käufe zu tätigen, sondern auch, um dort vergleichende Recherchen im Hinblick auf den Kauf von Produkten durchzuführen, obwohl es die Kommission sei, die nachweisen müsse, dass dies nicht der Fall sei, wenn sie diese Plattformen vom sachlich relevanten Markt ausschließen wolle. Mit dem Inhalt der Akten des Verwaltungsverfahrens könne die Kommission diesen Nachweis nicht erbringen. Insbesondere lasse der Umstand, dass aus einer Studie aus dem Jahr 2014 hervorgehe, dass die Händlerplattformen nach Auffassung der Internetnutzer hauptsächlich zum Kauf von Produkten bestimmt seien, nicht erkennen, in welchem Umfang die vergleichenden Suchfunktionen dieser Plattformen genutzt würden. Google hat insbesondere in der mündlichen Verhandlung betont, dass der im angefochtenen Beschluss berücksichtigte sachlich relevante Markt, wie sich aus dem 191. Erwägungsgrund dieses Beschlusses ergebe, nur der Markt für die Preisvergleichsdienstleistungen sei, die den Internetnutzern erbracht würden, in deren Augen die Händlerplattformen und die Preisvergleichsdienste austauschbar seien, und nicht der Markt für die den Online-Händlern erbrachten Dienste. Außerdem treffe es nicht zu, dass die Händlerplattformen nicht mit großen Händlern zusammenarbeiteten, während die Preisvergleichsdienste diesen Partnern den Vorzug gäben. Schließlich seien die in den Erwägungsgründen 224 bis 226 des angefochtenen Beschlusses dargelegten Erwägungen zu den aus der Sicht der Angebotsseite bestehenden Unterschieden nicht relevant, weil es eine Substituierbarkeit auf der Nachfrageseite der Internetnutzer gebe. Zu diesem Aspekt weist die Kommission, die in ihren verschiedenen Argumenten von den meisten ihrer Streithelfer unterstützt wird, darauf hin, dass Google den auf Preisvergleichsdienste beschränkten sachlich relevanten Markt, der im angefochtenen Beschluss zugrunde gelegt worden sei, in der Klageschrift nicht klar in Frage stelle. Da die Händlerplattformen außerhalb dieses Marktes tätig seien, könnten sie dort definitionsgemäß keine beträchtliche Marktmacht haben. In der Gegenerwiderung macht die Kommission geltend, das Vorbringen von Google zum Wettbewerbsdruck der Händlerplattformen betreffe die Beurteilung der Auswirkungen des beanstandeten Verhaltens, nicht aber die Definition des sachlich relevanten Marktes, die in einem vorgelagerten Stadium der Wettbewerbsanalyse erfolgen müsse. Jedenfalls bestreitet die Kommission, dass die Preisvergleichsdienste und die Händlerplattformen demselben sachlich relevanten Markt angehören. Folglich war es nach Ansicht der Kommission nicht erforderlich, den Marktanteil der Händlerplattformen auf einem Markt zu ermitteln, auf dem diese Plattformen mit Preisvergleichsdiensten zusammengefasst werden. ii) Würdigung durch das Gericht Im Rahmen einer Wettbewerbsanalyse entspricht ein Markt dem Bereich, in dem Angebot und Nachfrage aufeinandertreffen und in dem Wettbewerb stattfindet oder stattfinden könnte. Traditionell wird zwischen dem sachlichen Aspekt des Marktes (dem sachlich relevanten Markt), der die miteinander konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen (je nachdem, was die betreffenden Unternehmen anbieten) bestimmt, und dem räumlichen Aspekt des Marktes (dem räumlichen Markt) unterschieden, der die Ausdehnung des Gebietes bestimmt, in dem der Wettbewerb im Hinblick auf bestimmte Nutzer stattfindet. Hierzu führt die Kommission in der Bekanntmachung über die Definition des relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft aus, dass der Hauptzweck der Marktdefinition die systematische Ermittlung der Wettbewerbskräfte sei, denen sich die beteiligten Unternehmen zu stellen hätten, dass sie aber auch bei der Analyse bestimmter Verhaltensweisen auf dem Markt und struktureller Änderungen beim Angebot bestimmter Produkte angewandt werden könne (Rn. 2 und 12 der Bekanntmachung). Die Kommission weist insbesondere darauf hin, dass der „sachlich relevante Produktmarkt … sämtliche Erzeugnisse und/oder Dienstleistungen [umfasst], die von den Verbrauchern hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Preise und ihres vorgesehenen Verwendungszwecks als austauschbar oder substituierbar angesehen werden“ (Rn. 7 der Bekanntmachung). Außerdem führt die Kommission in Rn. 20 der Bekanntmachung Folgendes aus: „Der Substituierbarkeit auf der Angebotsseite kann bei der Definition der Märkte dann ebenfalls Rechnung getragen werden, wenn sie sich genauso wirksam und unmittelbar auswirkt wie die Nachfragesubstituierbarkeit. Dies setzt jedoch voraus, dass die Anbieter … in der Lage sind, ihre Produktion auf die relevanten Erzeugnisse umzustellen und sie kurzfristig auf den Markt zu bringen, ohne spürbare Zusatzkosten oder Risiken zu gewärtigen.“ Wie oben in den Rn. 42 bis 52 ausgeführt, hat die Kommission im angefochtenen Beschluss zwei unterschiedliche für den vorliegenden Fall sachlich relevante Märkte ermittelt, nämlich den Markt für allgemeine Online-Suchdienste und den Markt für spezialisierte Online-Preisvergleichsdienste. Was diesen zweiten Markt betrifft, hat die Kommission die Händlerplattformen mit der Begründung ausgeschlossen, durch deren Dienste ließen sich die Preisvergleichsdienste nur in begrenztem Umfang substituieren. Im vorliegenden Fall stellt Google die Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes, auf dem sie als beherrschendes Unternehmen eingestuft wurde – des Marktes für allgemeine Online-Suchdienste, dessen Marktteilnehmer die allgemeinen Suchmaschinen sind – nicht in Frage. Sie stellt auch nicht in Frage, dass es einen Markt für die spezialisierte Preisvergleichssuche gibt, bestreitet jedoch, dass er nur die Preisvergleichsdienste umfasse und keine Händlerplattformen einschließe, die ebenfalls Preisvergleichsdienste anböten. Obwohl Google diesen Einwand nur im Rahmen ihres vierten Klagegrundes erhebt, mit dem sie im Wesentlichen geltend macht, dass die ihr vorgeworfenen Praktiken keine wettbewerbswidrigen Auswirkungen haben könnten, stellt sie entgegen dem Vorbringen der Kommission in ihrer Klagebeantwortung die Abgrenzung dieses Marktes sehr wohl in Frage, wie sich aus den Rn. 313 ff. der Klageschrift ergibt. Das Vorbringen der Kommission, Google stelle die Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes für die spezialisierte Preisvergleichssuche nicht in Frage, ist daher zurückzuweisen. Google stellt sie, gestützt auf zahlreiche Argumente, eindeutig in Frage (siehe oben, Rn. 462 und 463). Dabei spielt es keine Rolle, dass sie dies nicht in Form eines eigenständigen Klagegrundes geltend macht, sondern im Rahmen eines allgemeineren Vorbringens, das Teil eines Klagegrundes ist, mit dem gerügt wird, dass der Wettbewerbsdruck der Händlerplattformen nicht berücksichtigt worden sei. So muss die Klageschrift nach Art. 21 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, der gemäß Art. 53 Abs. 1 dieser Satzung auf das Verfahren vor dem Gericht anwendbar ist, und nach Art. 76 Buchst. d der Verfahrensordnung u. a. den Streitgegenstand, die geltend gemachten Klagegründe und Argumente sowie eine kurze Darstellung der Klagegründe enthalten, die hinreichend klar und deutlich sein muss, damit der Beklagte sein Verteidigungsvorbringen vorbereiten und das Gericht über die Klage, gegebenenfalls auch ohne weitere Informationen, entscheiden kann (vgl. Urteil vom 12. Dezember 2019, Tàpias/Rat, T‑527/16 , EU:T:2019:856 , Rn. und sowie die dort angeführte Rechtsprechung). Diese Anforderungen sind erfüllt. Daher ist das Vorbringen von Google, die Kommission habe bei der Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes für Preisvergleichsdienste einen Beurteilungsfehler begangen, zulässig und muss geprüft werden. Insoweit ist entschieden worden, dass für die Zwecke der Anwendung von Art. 102 AEUV nur dann von einem hinreichend gesonderten Markt der betreffenden Dienstleistung oder Ware gesprochen werden kann, wenn diese durch besondere Merkmale gekennzeichnet ist, durch die sie sich von anderen Dienstleistungen oder Waren so unterscheidet, dass sie mit ihnen nur in geringem Maß austauschbar und ihrem Wettbewerb nur in wenig spürbarer Form ausgesetzt ist In diesem Rahmen ist die Frage, in welchem Maß Erzeugnisse untereinander austauschbar sind, anhand ihrer objektiven Merkmale sowie der Struktur der Nachfrage und des Angebots auf dem Markt und der Wettbewerbsbedingungen zu beurteilen (Urteil vom 21. Oktober 1997, Deutsche Bahn/Kommission, T‑229/94 , EU:T:1997:155 , Rn. ). Im vorliegenden Fall geht es angesichts der geltend gemachten Argumente darum, ob die Kommission im angefochtenen Beschluss hinreichend nachgewiesen hat, dass die von den Preisvergleichsdiensten angebotenen Dienstleistungen des Preisvergleichs besondere Merkmale aufweisen, die sie von den durch die Händlerplattformen angebotenen Dienstleistungen des Preisvergleichs – oder umgekehrt – so sehr unterscheiden, dass diese Dienste nur in geringem Maß austauschbar sind und der Wettbewerb zwischen ihnen unbedeutend ist. Es handelt sich um einen dualen Markt, d. h. um einen Markt, auf dem die Anbieter gleichzeitig zwei unterschiedliche Anliegen verschiedener Nutzerkategorien bedienen, nämlich zum einen von Internetnutzern, die die Merkmale und die Preise von Produkten vergleichen möchten, bevor sie einen Kauf tätigen, und zum anderen von Personen, die ihre Produkte verkaufen möchten und Informationen über sie in die Datenbanken der Anbieter einspeisen, um solche Vergleiche zu ermöglichen, damit ihre Produkte von den Internetnutzern gekauft werden, wobei allerdings jede Transaktion zwischen Käufer und Verkäufer, wenn überhaupt, auf einem anderen Markt stattfindet. Im vorliegenden Fall lassen sich die Diensteanbieter, bei denen zu klären ist, ob sie Teilnehmer desselben Marktes für Preisvergleichsdienste sind, in zwei Kategorien einteilen, nämlich in die der „reinen“ Preisvergleichsdienste und die der Händlerplattformen, während es sich bei denen, die ihre Dienste nachfragen, auf der einen Seite des dualen Marktes um Internetnutzer und auf der anderen Seite dieses Marktes um Online-Händler handelt. Die Kommission hat entgegen dem Vorbringen von Google den relevanten Markt für Preisvergleichsdienste nicht auf die allein die Internetnutzer interessierende Seite des Marktes beschränkt. Der 191. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses, auf den sich Google insoweit beruft, enthält nämlich lediglich eine Definition dieser Dienste, die im Übrigen so verstanden werden kann, dass diese Dienste sowohl für die Internetnutzer als auch für die Online-Händler von Interesse sind. Im Gegensatz dazu enthalten die Ausführungen der Kommission im angefochtenen Beschluss, die der Abgrenzung der Konturen dieses Marktes dienen sollen, nicht nur eine Analyse der Merkmale der Nachfrage aus der Sicht der Internetnutzer, sondern auch eine Analyse der Merkmale der Nachfrage aus der Sicht der Online-Händler. So verweist die Kommission z. B. im 195. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses, in dem sie die Substituierbarkeit von Preisvergleichsdiensten und anderen spezialisierten Suchdiensten untersucht, auf das kaufmännische Personal, das erforderlich sei, um mit den Online-Verkäufern der Produkte oder Dienstleistungen, die letztlich verkauft werden, Verträge zu schließen, was zeigt, dass sie auch die Seite des Marktes berücksichtigt hat, auf der die untersuchten spezialisierten Suchdienste die Anbieter sind und die Online-Händler diejenigen, die deren Dienste nachfragen. Desgleichen weist die Kommission im 197. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses, in dem sie die Substituierbarkeit von Preisvergleichsdiensten und Werbedienstleistungen untersucht, darauf hin, dass diese Dienstleistungen weder aus der Sicht der Internetnutzer noch aus der Sicht der Online-Händler austauschbar seien. Die Substituierbarkeit von Preisvergleichsdiensten und Händlerplattformen untersucht die Kommission zunächst aus der Sicht der Nachfrage der Internetnutzer (Erwägungsgründe 218 bis 220) und sodann aus der Sicht der Nachfrage der Online-Händler (Erwägungsgründe 221 bis 223). Anschließend untersucht sie die Merkmale der Dienstleistungen, die die Preisvergleichsdienste und die Händlerplattformen den Internetnutzern (225. Erwägungsgrund) und den Online-Händlern (226. Erwägungsgrund) anbieten. Schließlich weist die Kommission die Argumente zurück, die Google für die Substituierbarkeit von Preisvergleichsdiensten und Händlerplattformen vorbringt und die sich sowohl auf die Seite des Marktes beziehen, die die Internetnutzer interessiert, als auch auf die Seite des Marktes, die für die Online-Händler von Interesse ist (Erwägungsgründe 227 bis 245). Die Kommission hat somit sehr wohl beide Seiten des in Rede stehenden Marktes untersucht, um insbesondere zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass die Händlerplattformen nicht auf demselben Markt für Dienstleistungen des Preisvergleichs tätig seien wie die Preisvergleichsdienste. Folglich hat sie den Markt nicht auf eine seiner Seiten beschränkt. Wie der BDZV in seinem Streithilfeschriftsatz ausgeführt hat, bedeutet der Umstand, dass die Dienste zweier Kategorien von Anbietern zur Deckung der Nachfrage auf der einen Seite eines dualen Marktes weitgehend austauschbar sein können, nicht zwangsläufig, dass dies auch im Hinblick auf die andersartige Nachfrage auf der anderen Seite dieses Marktes der Fall ist. Da die Nachfrage auf einem dualen Markt nämlich nicht auf beiden Seiten des Marktes von ein und demselben Personenkreis ausgeht, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Frage der Substituierbarkeit der Dienste für beide Seiten in gleicher Weise zu beantworten ist. Daher ist zu prüfen, ob die Kommission in Bezug auf die eine oder die andere Seite des Marktes für Preisvergleichsdienste in Anbetracht der Einwände von Google hinreichend nachgewiesen hat, dass die von den Preisvergleichsdiensten angebotenen Dienstleistungen besondere Merkmale aufweisen, die sie von den durch die Händlerplattformen angebotenen Dienstleistungen des Preisvergleichs – oder umgekehrt – so sehr unterscheiden, dass diese Dienste nur in geringem Maß austauschbar sind und der Wettbewerb zwischen ihnen unbedeutend ist. Im 217. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission ausgeführt, dass zwar sowohl die Preisvergleichsdienste als auch die Händlerplattformen Dienstleistungen des Preisvergleichs anböten, diese aber aus der Sicht der Internetnutzer und auch der Online-Händler unterschiedlichen Zwecken dienten. Insoweit hat die Kommission in den Erwägungsgründen 218 und 219 des angefochtenen Beschlusses im Hinblick auf die Nachfrage der Internetnutzer ausgeführt, dass die Preisvergleichsdienste als Vermittler zwischen den Internetnutzern und den einzelnen Händlern oder den Händlerplattformen aufträten, indem sie die Internetnutzer in die Lage versetzten, verschiedene Produktangebote zu vergleichen, wobei sie ihnen aber nicht die Möglichkeit zum Einkauf auf ihren eigenen Websites böten, sondern sie stattdessen auf die Websites der Händler verwiesen, dass sie keinen Kundendienst und keine Rückgabemöglichkeiten für Produkte anböten und dass sie nur Angebote für neue Produkte aufführten, während die Händlerplattformen es ermöglichten, auf ihren eigenen Websites Produkte zu kaufen, auch solche, die sie nicht selbst verkauften, darunter manchmal auch solche aus zweiter Hand von nichtgewerblichen Verkäufern, und als Mehrmarken-Einzelhändler wahrgenommen würden, d. h. als Verkaufsstellen, die Kundendienst anböten, Produkte zurücknähmen und vereinzelt sogar Entschädigungsleistungen vorsähen, falls Probleme auftreten sollten. Die Kommission hat sich insoweit auf zahlreiche Erklärungen am Verfahren beteiligter Unternehmen gestützt und außerdem in Nr. 3 des 220. Erwägungsgrundes des angefochtenen Beschlusses darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der von ihr befragten Preisvergleichsdienste die Händlerplattformen vor allem als Partner und nicht als Wettbewerber betrachteten und umgekehrt. In Nr. 5 des 220. Erwägungsgrundes und in Nr. 1 des 223. Erwägungsgrundes des angefochtenen Beschlusses wird darauf hingewiesen, dass Google, wie aus ihren internen Dokumenten hervorgehe, die beiden Kategorien von Wirtschaftsteilnehmern nicht als gleichwertig ansehe. Wie Google geltend macht, ist der Umstand, dass die Händlerplattformen weitaus mehr Funktionen bereitstellen als die Preisvergleichsdienste und dass sie deren Kunden sind, für sich genommen zwar kein Beweis dafür, dass die den Internetnutzern von den beiden Kategorien von Anbietern bereitgestellten Dienste, soweit sie allein die den Internetnutzern angebotenen Preisvergleichsdienste betreffen, nur in geringem Maß austauschbar sind und der Wettbewerb zwischen ihnen unbedeutend ist, oder mit anderen Worten, dass sie unterschiedlichen Zwecken dienen. Der angefochtene Beschluss enthält jedoch weitere Anhaltspunkte, die dies untermauern. Aus den oben in Rn. 480 angeführten Gesichtspunkten geht hervor, dass die Händlerplattformen aus der Sicht der Internetnutzer vor allem Einkaufsquellen sind, die alle herkömmlichen Verkaufsfunktionen wahrnehmen, gegebenenfalls einschließlich der Funktion als Verkaufsportal für nichtgewerbliche Verkäufer, während die Preisvergleichsdienste vor allem eine Informationsfunktion haben. Hierzu führt die Kommission im 228. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses aus, die Preisvergleichsdienste wiesen im Allgemeinen ein breiteres Angebotsspektrum auf als die Händlerplattformen, zumal es gerade auch deren Angebote einschließe. Auch wenn es eine gewisse Überschneidung zwischen den Datenbanken der Händlerplattformen und denen der Preisvergleichsdienste gebe, stellten sich die Preisvergleichsdienste daher im Hinblick auf den Suchumfang als viel leistungsfähigere Suchwerkzeuge dar als die von den Händlerplattformen bereitgestellten Preisvergleichsfunktionen, die sich auf den Umfang ihrer eigenen Angebote und der Angebote derjenigen Händler beschränkten, die sich dafür entschieden hätten, die Vermarktung aller oder einiger ihrer Produkte einer Händlerplattform anzuvertrauen. Der einzige konkrete Anhaltspunkt, den Google gegen die Beurteilung im 228. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses anführt, nämlich der Umstand, dass nach einem der Klageschrift als Anlage A130 beigefügten öffentlichen Dokument von Amazon im Jahr 2014 weltweit mehr als zwei Mio. Online-Händler auf dieser Plattform mehr als zwei Milliarden Produkte verkauft hätten, reicht nicht aus, um diese Beurteilung in Frage zu stellen. Dieses Dokument bezieht sich nämlich nur auf einen einzigen Wirtschaftsteilnehmer, und die darin genannten Zahlen sind weltweit aggregiert, was keine Beurteilung in Bezug auf Preisvergleichsdienste erlaubt, die in dem einen oder anderen der 13 vom angefochtenen Beschluss erfassten Länder tätig sind. Aus der Sicht der Internetnutzer macht es daher einen Unterschied, welches der beiden Suchwerkzeuge benutzt wird, weil ein Preisvergleichsdienst konsultiert wird, um eine Auswahl von Produktangeboten aus dem gesamten Markt zu erhalten, während die von einer Händlerplattform bereitgestellte Preisvergleichsfunktion nur dazu dient, eine Auswahl von Angeboten allein dieser Plattform zu erhalten, allerdings mit der Möglichkeit, innerhalb dieser Auswahl sofort zum Kauf des gesuchten Produkts überzugehen. Darüber hinaus nimmt die Kommission im 232. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zu einer von Google vorgelegten Studie der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde des Vereinigten Königreichs Stellung, in der diese Behörde darauf hingewiesen hat, dass bei den Internetnutzern die Nutzung einer der beiden Arten von Suchwerkzeugen die Nutzung der anderen nicht ausschließe und dass einige Internetnutzer bei ein und derselben Produktsuche erst die eine und dann die andere nutzten. Der im angefochtenen Beschluss zitierte Auszug aus dieser Studie zeigt zwar, dass eine Produktrecherche mit einem dieser beiden Suchwerkzeuge beginnen und mit dem anderen verfeinert oder ergänzt werden kann, weist aber auch darauf hin, dass die Händlerplattform konsultiert werde, um Bewertungen der Qualität eines bestimmten Produkts zu erhalten, während der Preisvergleichsdienst konsultiert werde, um für ein Produkt den besten Preis auf dem Markt zu finden, was bestätige, dass jedes dieser Werkzeuge aus der Sicht der Internetnutzer unterschiedlich genutzt werde. Google kann sich daher nicht mit Erfolg auf diese Studie berufen, um nachzuweisen, dass die Händlerplattformen und die Preisvergleichsdienste für die Internetnutzer austauschbar seien. Schließlich sind bei der Beantwortung des Vorbringens von Google, dass die meisten der von der Kommission im Verwaltungsverfahren befragten Preisvergleichsdienste und Händlerplattformen einander nicht als unmittelbare Wettbewerber betrachteten, die Ausführungen in Nr. 3 des 220. Erwägungsgrundes des angefochtenen Beschlusses und in dessen 235. Erwägungsgrund zu berücksichtigen, auch wenn Google auf andere Antworten verwiesen hat, die eine Substituierbarkeit ihrer Dienstleistungen des Preisvergleichs bejahen, und es weitere differenzierte Antworten gibt. In dieser Hinsicht ist das Verhältnis zwischen den Händlerplattformen und den Preisvergleichsdiensten keine bloße Kunden-Lieferanten-Beziehung für die Lieferung einer Ware oder Dienstleistung, was einen nachgelagerten Wettbewerb nicht ausschließen würde, sondern veranlasst die Preisvergleichsdienste, allen Internetnutzern die Angebote der Händlerplattformen, zumeist in Form von Werbung, zur Kenntnis bringen. Eine solche Situation wäre kaum vorstellbar, wenn die beiden Kategorien von Akteuren in direktem Wettbewerb zueinander stünden. Die auf diese Gesichtspunkte gestützte Feststellung, dass die Preisvergleichsdienste und die Händlerplattformen aus der Sicht der Internetnutzer unterschiedlichen Zwecken dienen und daher auf unterschiedlichen Märkten tätig sind, kann durch die von Google vertretene Auffassung – mit der die Analyse in den Erwägungsgründen 221 und 222 des angefochtenen Beschlusses in Bezug auf die Merkmale der Nachfrage aus der Sicht der Online-Händler inzident bestritten wird – selbst dann nicht in Frage gestellt werden, wenn ihr zu folgen wäre. In diesen Erwägungsgründen führt die Kommission Umstände an, aus denen sich ableiten lassen soll, dass die in den Ergebnissen der Preisvergleichsdienste erscheinenden Händler eher größere Händler seien, während in den Preisvergleichsergebnissen der Händlerplattformen eher kleinere und mittlere Händler angezeigt würden. Aber selbst wenn die Händlerplattformen und die Preisvergleichsdienste im Allgemeinen Angebote derselben Kategorien von Händlern bereitstellten, wie Google geltend macht, würde dies nichts daran ändern, dass die Internetnutzer die Preisvergleichsdienstleistungen dieser beiden Kategorien von Anbietern aus einer unterschiedlichen Perspektive nutzen, wie sich aus den vorstehenden Rn. 486 und 487 ergibt. Folglich lassen die von Google vorgebrachten Argumente nicht den Schluss zu, dass die Kommission einen Beurteilungsfehler begangen hat, als sie feststellte, dass die von den Preisvergleichsdiensten und die von den Händlerplattformen angebotenen Dienstleistungen des Preisvergleichs für die Internetnutzer nur in geringem Maß austauschbar seien und dass der Wettbewerb zwischen ihnen unbedeutend sei, d. h., dass die beiden Kategorien von Online-Akteuren insoweit nicht am selben sachlich relevanten Markt teilnähmen. Was die für die Online-Händler interessante Seite des Marktes betrifft, hat die Kommission, wie oben in Rn. 490 ausgeführt, in den Erwägungsgründen 221 und 222 des angefochtenen Beschlusses dargelegt, dass die Preisvergleichsdienste dazu tendierten, Angebote von großen Online-Händlern anzuzeigen, die die Kontrolle über die Vermarktung ihrer Produkte behalten wollten, während die Händlerplattformen eher dazu tendierten, die Angebote von kleineren und mittleren Händlern sowie gegebenenfalls auch von nichtgewerblichen Verkäufern anzuzeigen, die die Funktion des Online-Verkaufs nicht selbst bereitstellen wollten oder könnten. Dies zeige im Wesentlichen, dass die Preisvergleichsdienste und die Händlerplattformen weitgehend unterschiedliche Kundenkreise hätten und daher in Bezug auf die Online-Händler auf unterschiedlichen Märkten tätig seien. Die Kommission untermauert diese Behauptung mit den in den Nrn. 2 bis 6 des 223. Erwägungsgrundes des angefochtenen Beschlusses zusammengefassten Antworten von Preisvergleichsdiensten und Händlerplattformen auf ihre Fragen. Google stelllt in ihrer Klageschrift, wie sie im Übrigen in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, die Analyse der Kommission in Bezug auf die Seite des Marktes, die die Online-Händler interessiert, nicht in Frage, weil sie – wenn auch zu Unrecht, wie oben in den Rn. 463 und 474 dargelegt – behauptet, dass die Kommission sich mit diesem Teil des Marktes nicht befasst habe. In diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, dass Google nicht das von ihr im Verwaltungsverfahren vorgebrachte Argument wiederholt, wonach die Kommission einen Kreuzpreis-Elastizitätstest (small but significant and non-transitory increase in price oder SSNIP) bei Online-Händlern hätte durchführen müssen, um sich vom Umfang des Marktes zu überzeugen. Der einzige Gesichtspunkt, den Google vorbringt, um zu bestreiten, dass die Preisvergleichsdienste und die Händlerplattformen ihre Dienstleistungen verschiedenen Arten von Händlern anbieten – in Anlage A129 zur Klageschrift enthaltene Erklärungen von Händlerplattformen, aus denen hervorgeht, dass diese das vollständige Spektrum von Online-Händlern einschließlich der großen Händler anzeigten – bezieht sich, wie bereits erwähnt, auf die Erörterung der Substituierbarkeit der Dienste aus der Sicht der Internetnutzer. Zudem würden diese Aussagen von Händlerplattformen, selbst wenn davon auszugehen wäre, dass sie tatsächlich weitgehend verifiziert sind, nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Online-Händler die Dienste der Preisvergleichsdienste und die der Händlerplattformen als austauschbar ansehen. Insbesondere hat die Kommission im angefochtenen Beschluss darauf hingewiesen, dass sich die Vertriebsmodelle je nachdem, welcher der beiden Kanäle benutzt werde, in Bezug auf die geschäftliche Autonomie des Online-Händlers erheblich unterschieden, was – vorbehaltlich eines Gegenbeweises, der im vorliegenden Fall nicht erbracht worden sei – bedeute, dass die Entscheidung der Händler für den einen oder den anderen Kanal von ihren eigenen Merkmalen oder geschäftlichen Entscheidungen abhängig sei und dass einige Händler zwar beide Kanäle gleichzeitig in Anspruch nähmen, sie aber komplementär einsetzten, um ihre Absatzmöglichkeiten gerade durch die gleichzeitige Nutzung zweier unterschiedlicher Vertriebsmodelle zu erweitern. Daher ist davon auszugehen, dass die Kommission den Nachweis erbracht hat, dass für diese Händler die Dienstleistungen der Preisvergleichsdienste und die der Händlerplattformen nur in geringem Maße austauschbar waren und der Wettbewerb zwischen ihnen unbedeutend war. Unter diesen Umständen ist die im angefochtenen Beschluss vorgenommene Abgrenzung des Marktes für Preisvergleichsdienste, auf dem Google tätig ist, als zutreffend anzusehen, und auf der Grundlage dieser Feststellung ist die Prüfung des zweiten Teils des vierten Klagegrundes fortzusetzen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass die Kommission in Abschnitt 7.3.2 des angefochtenen Beschlusses die Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken hilfsweise für den Fall geprüft hat, dass dieser Markt auch die Händlerplattformen umfasst. 2) Zweiter Teil des vierten Klagegrundes, hier: jedenfalls sei der Wettbewerbsdruck der Händlerplattformen außer Acht gelassen worden i) Vorbringen der Parteien Google macht geltend, dass die Nichtberücksichtigung des Wettbewerbsdrucks der Händlerplattformen im angefochtenen Beschluss ein Rechtsfehler sei. Dieser Druck schließe die Feststellung aus, dass ihr Verhalten wettbewerbswidrige Auswirkungen auf den Markt haben könne. Die Kommission habe diesen Druck außer Acht gelassen, sogar in ihrer alternativen Analyse, die die Händlerplattformen als Akteure auf den nationalen Märkten für Preisvergleichsdienste einbeziehe. In dieser Analyse habe die Kommission nämlich nur das „Marktsegment“ der Preisvergleichsdienste untersucht, und zwar mit der Begründung, dass sie besonders nahe Wettbewerber von Google seien. Selbst wenn dies der Fall wäre, hätten die Händlerplattformen, deren Marktanteil – insbesondere was Amazon betreffe – den der Preisvergleichsdienste um ein Mehrfaches übersteige, nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Außerdem weise die Kommission in den Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß der Ratsverordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen ( ABl. 2004, C 31, S. 5 , Ziff. 28 bis 30) im Wesentlichen darauf hin, dass bei der Beurteilung geplanter horizontaler Zusammenschlüsse alle Wettbewerbsquellen berücksichtigt werden müssten, auch wenn sie keine besonders nahen seien. Google trägt vor, sie sei durch die Wettbewerbsposition, die die Händlerplattformen zwischen 2011 bis 2016 in den 13 Ländern, in denen die Kommission die Zuwiderhandlung festgestellt zu haben glaube, innegehabt hätten und die durch eine Tabelle mit Zahlen und ein Säulendiagramm in Rn. 349 veranschaulicht werde, daran gehindert worden, ihre Preise dauerhaft zu erhöhen oder die Innovation zu bremsen. Obwohl die Kommission die Händlerplattformen in die oben in den Rn. 388, 405 und 453 erwähnten Studien einbezogen habe, um die Verkehrsanteile der Preisvergleichsdienste, einschließlich des gesondert gezählten Verkehrs von Google, und der Händlerplattformen zu bewerten, seien zwei der fünf von ihr verwendeten Berichtigungsmethoden, nämlich die für die zweite Studie verwendeten (und in den Buchst. d und e des 637. Erwägungsgrundes des angefochtenen Beschlusses genannten) Methoden, nicht korrekt, weil sie nur den von Google ausgehenden Anteil des Datenverkehrs zu den Preisvergleichsdiensten und zu den Händlerplattformen berücksichtigten, nicht aber deren gesamten Datenverkehr. Auch die anderen Methoden seien fehlerhaft. Insbesondere werde bei allen fünf Methoden der auf den Preisvergleichsdienst von Google entfallende Anteil unzutreffend ermittelt, weil zu diesem Zweck nicht nur diejenigen Klicks auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google, die auf die spezialisierte Ergebnisseite Google Shopping verwiesen, addiert worden seien, sondern auch solche, die direkt auf die Websites von Händlern verwiesen. Selbst bei Anwendung der in Buchst. a des 637. Erwägungsgrundes des angefochtenen Beschlusses genannten und für Google ungünstigsten Berichtigungsmethode sei jedoch der Marktanteil der Händlerplattformen in den 13 betroffenen Ländern neun Jahre nach Beginn des von der Kommission als missbräuchlich eingestuften Verhaltens im Durchschnitt um ein Mehrfaches höher gewesen als der von Google Shopping. Google macht im Wesentlichen geltend, angesichts eines so großen Marktanteils der Händlerplattformen, die besonders nahe Wettbewerber seien, verfüge sie nicht über die erforderliche Marktmacht, um sich ein wettbewerbswidriges Verhalten leisten zu können. Dem Vorbringen der Kommission, dass der Marktanteil des Preisvergleichsdienstes von Google gestiegen sei, während der Marktanteil der Händlerplattformen im Großen und Ganzen stabil geblieben sei, hält Google entgegen, dass die Händlerplattformen ein größeres Verkehrsvolumen erzielt hätten und nach wie vor über einen erdrückenden Marktanteil verfügten. Die Kommission tritt dem Vorbringen von Google mit Unterstützung durch das BEUC, Foundem, den VDZ, den BDZV, Visual Meta, Twenga, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland entgegen. ii) Würdigung durch das Gericht Um die Auswirkungen der Praktiken von Google zu beurteilen, hat die Kommission in ihrer Hauptanalyse, die auf der Feststellung beruht, dass der Markt für Dienstleistungen des Preisvergleichs die Händlerplattformen nicht einschließe, ihre Prüfung zu Recht allein auf die Preisvergleichsdienste beschränkt. Auf nationalen Märkten für Dienstleistungen des Preisvergleichs, die allein auf Preisvergleichsdienste beschränkt sind, was der Konstellation entspricht, von der auch das Gericht in diesem Stadium des vorliegenden Urteils ausgeht, konnten festgestellte potenzielle wettbewerbswidrige Auswirkungen auf diese Preisvergleichsdienste nämlich die Feststellung des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung rechtfertigen, weil der Wettbewerbsdruck der Händlerplattformen auf Google auf diesen Märkten definitionsgemäß kaum spürbar ist und gerade dieser geringe Druck bei der Marktabgrenzung berücksichtigt wurde. Insoweit sind die von Google hierzu vorgebrachten Argumente zurückzuweisen. Das Gericht hält es der Vollständigkeit halber für angebracht, zu prüfen, inwieweit die Kommission in ihrer Analyse der Auswirkungen der Praktiken von Google, die sie hilfsweise für den Fall durchgeführt hat, dass der sachlich relevante Markt nicht nur die Preisvergleichsdienste, sondern auch die Händlerplattformen umfasst, den Wettbewerbsdruck der Händlerplattformen hätte berücksichtigen müssen. Insoweit hat sich die Kommission in dieser Analyse, die in Abschnitt 7.3.2 des angefochtenen Beschlusses dargelegt wird, darauf beschränkt, die Entwicklung der Marktanteile des Preisvergleichsdienstes von Google, der konkurrierenden Preisvergleichsdienste und der Händlerplattformen sowie die Entwicklung des von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehenden Verkehrs zu ihnen zu untersuchen, um daraus Rückschlüsse auf die Auswirkungen des Verhaltens von Google zu ziehen, ohne jedoch zu untersuchen, inwieweit die Marktposition der Händlerplattformen einen Wettbewerbsdruck auf Google ausüben oder, mit anderen Worten, deren Handlungsfreiheit einschränken konnte – außer durch die implizite Feststellung, dass dieser mögliche Druck Auswirkungen des Verhaltens von Google auf das Segment der Preisvergleichsdienste nicht verhindert hätte. Wie oben in den Rn. 437 und 438 ausgeführt, gehören zu den nach Art. 102 AEUV verbotenen Missbräuchen einer beherrschenden Stellung insbesondere Verhaltensweisen, die die Aufrechterhaltung des auf einem Markt noch bestehenden Wettbewerbs oder dessen Entwicklung behindern, und sei es auch nur potenziell (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Oktober 2010, Deutsche Telekom/Kommission, C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , Rn. und bis sowie die dort angeführte Rechtsprechung). Folglich kann dieses Verhalten selbst dann, wenn es auf einem Markt mehrere Kategorien von Wettbewerbern gibt und das einseitige wettbewerbsbeschränkende Verhalten eines beherrschenden Unternehmens nur eine Kategorie seiner Wettbewerber auf diesem Markt betrifft, der auch andere Kategorien von Wettbewerbern umfasst, einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen, sofern zumindest potenzielle wettbewerbswidrige Auswirkungen dieses Verhaltens nachgewiesen werden, die die Aufrechterhaltung des auf dem gesamten Markt bestehenden Wettbewerbs oder dessen Entwicklung behindern (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 19. April 2012, Tomra Systems u. a./Kommission, C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , Rn. bis ). Wie oben in Rn. 495 ausgeführt, hat die Kommission die Auswirkungen der Praktiken von Google in Abschnitt 7.3.2 des angefochtenen Beschlusses hilfsweise auch für den Fall geprüft, dass der sachlich relevante Markt nicht nur die Preisvergleichsdienste, sondern auch die Händlerplattformen umfasst. In Anbetracht des oben in Rn. 504 Ausgeführten hat die Kommission in diesem Abschnitt keinen Rechtsfehler begangen, als sie im 609. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses im Wesentlichen darlegte, dass in diesem Fall potenzielle wettbewerbswidrige Auswirkungen auch dann festgestellt werden könnten, wenn allein das Segment der Preisvergleichsdienste von solchen Auswirkungen betroffen sei. Unter diesen Umständen konnte die Kommission das Verhalten von Google gegebenenfalls als missbräuchlich einstufen, ohne zu berücksichtigen, dass Google zu den Händlerplattformen möglicherweise in einer anderen Wettbewerbsbeziehung stand als zu den Preisvergleichsdiensten, mit anderen Worten, ohne den Wettbewerbsdruck zu berücksichtigen, den die Händlerplattformen darüber hinaus auf Google ausüben konnten. Wie oben in den Rn. 438 und 441 dargelegt, musste die Kommission jedoch eine hinreichende potenzielle wettbewerbswidrige Auswirkung auf den Markt nachweisen, weil ein Verhalten ohne eine derartige Auswirkung nicht als missbräuchliche Verdrängungspraxis eingestuft werden kann. Sollte ihr das gelungen sein, hätte die Kommission damit auch den Nachweis erbracht, dass ein etwaiger Wettbewerbsdruck der Händlerplattformen eine solche Auswirkung nicht verhindert hatte. Insoweit ergibt sich aus der oben in Rn. 453 erwähnten ersten Studie, deren wichtigste Ergebnisse im 638. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses wiedergegeben sind, dass der Marktanteil der Preisvergleichsdienste (einschließlich desjenigen von Google) auf einem Markt, der die Händlerplattformen umfasst, bei Anwendung der zum niedrigsten Ergebnis führenden Berichtigung zwischen 2011 und 2016 mindestens 9 % im Vereinigten Königreich, 14 % in Deutschland, 24 % in Frankreich, 45 % in den Niederlanden, 23 % in Italien, 20 % in Spanien, 16 % in Österreich, 21 % in Belgien, 47 % in der Tschechischen Republik, 39 % in Dänemark, 18 % in Norwegen, 17 % in Polen und 41 % in Schweden betrug. Da die in Rede stehenden Praktiken ein Wettbewerbssegment betrafen, das immerhin diese Marktanteile repräsentierte, können ihre Auswirkungen, soweit sie nachgewiesen wurden, nicht als so unbedeutend angesehen werden, dass nicht einmal die geringsten Auswirkungen auf die Lage der Wettbewerber im Sinne der vorstehenden Rn. 438 festgestellt werden könnten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Oktober 2015, Post Danmark, C‑23/14 , EU:C:2015:651 , Rn. ), oder als so geringfügig, dass ihre Fähigkeit, den Wettbewerb im Sinne der vorstehenden Rn. 439 zu beschränken, ausgeschlossen werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 19. April 2012, Tomra Systems u. a./Kommission, C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , Rn. bis , und vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. ). Die eigenen aggregierten Zahlen von Google, die in der Tabelle und dem Säulendiagramm in Rn. 349 der Klageschrift enthalten sind und für die Jahre 2011 bis 2016 einen Marktanteil der Preisvergleichsdienste (einschließlich desjenigen von Google) von 15 % bis 21 % ausweisen, bestätigen diese Analyse. Zu dem Argument von Google, die Kommission weise in den Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß der Ratsverordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (Ziff. 28 bis 30) darauf hin, dass bei der Bewertung geplanter horizontaler Zusammenschlüsse alle Wettbewerbsquellen berücksichtigt werden müssten, auch wenn sie nicht die nächstgelegenen seien, ist festzustellen, dass die europäische Kontrolle von Zusammenschlüssen mit europäischer Dimension nach Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen ( ABl. 2004, L 24, S. 1 ) darauf abzielt, Situationen zu verhindern, die den Wettbewerb allein durch die Begründung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung beeinträchtigen und dazu führen, dass ein wirksamer Wettbewerb im Binnenmarkt oder in einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindert wird, ohne dass zugleich vermutet wird, dass die fusionierenden Unternehmen ein missbräuchliches Verhalten an den Tag legen werden. Die Kriterien für die Beurteilung, ob ein Eingreifen der Kommission in Form des Verbots eines Zusammenschlusses erforderlich ist, unterscheiden sich daher im Hinblick auf die Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf dem Markt von denjenigen, die die Kommission anzuwenden hat, wenn sie einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung feststellen und dem betreffenden Unternehmen aufgeben kann, das in Rede stehende Verhalten zu beenden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. Oktober 2002, TetraLaval/Kommission, T‑5/02 , EU:T:2002:264 , Rn. ). Jedenfalls hat die Kommission die Quelle des Wettbewerbs, die die Händlerplattformen darstellen konnten, sowohl in dem in erster Linie untersuchten Fall berücksichtigt, in dem diese Plattformen nicht zum selben Markt gehören, weil sie gegenüber den Preisvergleichsdiensten nur einen unbedeutenden Wettbewerb ausüben, als auch in dem hilfsweise untersuchten Fall, in dem sie Teil desselben Marktes sind. Außerdem ist der methodologische Einwand von Google, die Kommission habe bei der Ermittlung des Marktanteils des Preisvergleichsdienstes von Google – insbesondere im Vergleich zu den Händlerplattformen im Fall eines diese Plattformen umfassenden Marktes – zu viele Klicks gezählt, bereits oben in den Rn. 407 bis 410 zurückgewiesen worden. Der zweite Teil des vierten Klagegrundes, mit dem Google rügt, dass die Rolle der Händlerplattformen bei der Prüfung der Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken außer Acht gelassen worden sei, ist daher zurückzuweisen. e) Dritter Teil des vierten Klagegrundes: die Kommission habe das Vorliegen wettbewerbswidriger Auswirkungen nicht nachgewiesen 1) Vorbringen der Parteien Mit dem dritten Teil dieses Klagegrundes macht Google geltend, dass es der Kommission selbst dann, wenn das Gericht den ersten beiden Teilen dieses Klagegrundes nicht stattgeben sollte, nicht gelungen sei, im angefochtenen Beschluss wettbewerbswidrige Auswirkungen des von ihr beanstandeten Verhaltens nachzuweisen. Die CCIA führt hierzu unter Berufung auf das Urteil vom 6. September 2017, Intel/Kommission ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. ), und auf die Schlussanträge des Generalanwalts Wahl in der Rechtssache Intel Corporation/Kommission ( C‑413/14 P , EU:C:2016:788 ) aus, dass die Kommission gleichwohl verpflichtet gewesen sei, eine eingehende Analyse durchzuführen, um Verdrängungswirkungen feststellen zu können. Erstens habe die Kommission nämlich bei ihrer Analyse der Entwicklung der Nutzung der Preisvergleichsdienste, die mit dem von Google konkurrierten, durch die Internetnutzer nur den Verkehr berücksichtigt, den diese Preisvergleichsdienste von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google erhalten hätten. Sie hätte jedoch alle Quellen der Nutzung dieser Dienste berücksichtigen müssen. Die Kommission habe sich im angefochtenen Beschluss mit der Feststellung begnügt, dass der von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehende Verkehr, der von den beanstandeten Praktiken betroffen sei, einen großen Teil des Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten ausgemacht habe, für einige von ihnen sogar die Hälfte. Google bezieht sich insoweit auf die Erwägungsgründe 539 und 540 sowie auf Tabelle 24 des angefochtenen Beschlusses. Die CCIA führt aus, die Kommission hätte nachweisen müssen, dass der von den in Rede stehenden Praktiken betroffene Verkehr einen so bedeutenden Anteil am Gesamtverkehr der konkurrierenden Preisvergleichsdienste ausmache, dass er ausreiche, um eine Abschottungswirkung hervorzurufen, und sie habe sich nicht mit der Feststellung begnügen dürfen, dass dieser Verkehr für einige Preisvergleichsdienste bedeutend gewesen sei. Die Kommission habe daher einen Rechtsfehler begangen. Google fügt hinzu, dass zum einen die Positionierung und Präsentation der Product Universals und der Shopping Units jedenfalls nicht den gesamten von ihren allgemeinen Ergebnisseiten ausgehenden Verkehr beeinträchtigt haben könne und dass es zum anderen widersprüchlich sei, gleichzeitig zu behaupten, dass ein großer Teil der Nutzung der konkurrierenden Preisvergleichsdienste von diesen generischen Ergebnissen ausgegangen sei und dass Google den Verkehr zum Nachteil dieser Preisvergleichsdienste gedrosselt habe. Unter Bezugnahme auf die Ausführungen zu ihrem dritten Klagegrund, die sich auf die Angaben in Tabelle 23 des angefochtenen Beschlusses stützen, macht Google geltend, dass die Auswirkungen auf den Gesamtverkehr der mit ihrem eigenen Preisvergleichsdienst konkurrierenden Preisvergleichsdienste, die auf die Positionierung und die Präsentation der Product Universals und der Shopping Units zurückgeführt werden könnten, in Wirklichkeit viel zu gering seien, um eine Verdrängungswirkung zu entfalten. Zweitens habe die Kommission im angefochtenen Beschluss nicht nachgewiesen, dass es Marktzutrittsschranken – insbesondere von Google errichtete – gebe, die die Preisvergleichsdienste daran hinderten, andere Verkehrsquellen als die allgemeinen Suchmaschinen zu nutzen, wie z. B. kostenpflichtigen Verkehr, direkten Verkehr und den Verkehr von mobilen Anwendungen oder von Verweisen Dritter. Dass die Händlerplattformen solche Quellen in großem Umfang nutzten, bestätige das Fehlen von Marktzutrittsschranken. Die im 575. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses wiedergegebene Aussage eines Wettbewerbers von Google, es sei „nicht möglich, einen Preisvergleichsdienst ohne Datenverkehr von einer allgemeinen Suchmaschine zu entwickeln“, weil „die Verbraucher ihre Suche immer auf einer allgemeinen Suchmaschine beginnen werden“, sei nicht überprüft worden und werde durch Studien widerlegt, die zeigten, dass die meisten Verbraucher ihre Produktrecherchen auf den Händlerplattformen und nicht auf der Suchmaschine von Google begönnen. Die zur Stützung der Klagebeantwortung vorgelegte Studie (Anlage B18) weise lediglich darauf hin, dass die allgemeinen Suchmaschinen die wichtigste Informationsquelle seien, um sich über Preisvergleichsdienste zu informieren, zeige aber nicht, dass sie eine unerlässliche Verkehrsquelle für diese Dienste seien. Die Kommission setze die Situation im vorliegenden Fall zu Unrecht derjenigen gleich, in der ein Unternehmen in beherrschender Stellung über etwas verfüge, das für die Tätigkeit anderer Unternehmen unerlässlich sei. Die Suchmaschine von Google stelle zwar ein attraktives Werkzeug dar, sei für die konkurrierenden Preisvergleichsdienste aber nicht unerlässlich. Google verweist in diesem Zusammenhang auf den Sachverhalt, der dem Urteil vom 26. November 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 , Rn. ), zugrunde lag. Die Beurteilung, dass die Weise, in der Google ihre Suchmaschine betreibe, den Wettbewerb dieser Preisvergleichsdienste verdrängen könne, sei daher zwangsläufig unbegründet. Es sei Sache dieser Wettbewerber, die Internetnutzer mit anderen Mitteln anzulocken, indem sie angemessene Investitionen tätigten, die allerdings auf einem durch Wettbewerb geprägten Markt keine automatische Garantie für den Erfolg seien. Verschiedene Online-Dienste, u. a. auf andere Bereiche wie Versicherungen oder Energie spezialisierte Vergleichsdienste, hätten solche Investitionen erfolgreich getätigt. Insbesondere habe die Markt- und Wettbewerbsbehörde des Vereinigten Königreichs in einer Studie vom März 2017 (Anlage C18) darauf hingewiesen, dass die Vergleichsdienste erfolgreich in die Werbung und in die Markenentwicklung investiert hätten und umfangreiche Online‑, Rundfunk- und Fernsehwerbung betrieben. Google habe sich der Entwicklung dieser anderen Mittel in keiner Weise widersetzt. Die Behauptung der Kommission, dass Werbung in Form von Textanzeigen auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu teuer sei und dass der Verkehr von mobilen Anwendungen sowie der direkte Verkehr zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten gering sei, beweise nicht, dass Google die Verwendung dieser Mittel behindert habe. So hätten die Händlerplattformen und andere Online-Vergleichsdienste umfangreichen Verkehr, der nicht von Google abhängig sei. Entgegen den Ausführungen in Fn. 715 des angefochtenen Beschlusses sei der Sachverhalt daher nicht mit dem vergleichbar, der dem Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 ), zugrunde gelegen habe. In jener Rechtssache, in der es um Kopplungsgeschäfte gegangen sei, habe Microsoft in der Tat Zutrittsschranken errichtet, indem sie auf Dritte eingewirkt habe, nämlich auf die Hersteller von Personalcomputern, über die ihre Wettbewerber mit ihrem Produkt Windows Media Player hätten konkurrieren können. Google weist in ihrer Stellungnahme zum Streithilfeschriftsatz des BDZV auf fünf weitere Unterschiede zwischen der vorliegenden Rechtssache und der Rechtssache hin, in der jenes Urteil ergangen ist, nämlich auf das Fehlen eines von ihr ausgeübten Zwangs, auf das Fehlen technischer Schranken, die dazu führen könnten, dass die Dienste der Wettbewerber weniger gut funktionierten, auf das Vorliegen technischer Rechtfertigungen für das von der Kommission untersuchte Verhalten, auf den Umstand, dass die Kommission keine tatsächlichen wettbewerbswidrigen Auswirkungen nachgewiesen habe, und auf die Verpflichtung von Google, ihren Wettbewerbern Zugang zu ihren Diensten (Product Universals und Shopping Units) zu gewähren, sofern sie diese Dienste beibehalten wolle. Nach Ansicht der CCIA hat die Kommission zudem nicht dargetan, dass die mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste, die in Schwierigkeiten geraten seien, ebenso leistungsfähig gewesen seien wie Google oder dass sie einen erheblichen Wettbewerbsdruck auf die Preise oder die Innovation ausgeübt hätten. Obwohl der behauptete Missbrauch nicht preisbezogen gewesen sei, hätte es eines solchen Nachweises bedurft. Dies sei der Ansatz in der Rechtssache gewesen, in der das Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 ), ergangen sei. Das Verschwinden weniger leistungsfähiger oder kaum konkurrenzfähiger Wettbewerber entspreche einer normalen Marktsituation, wie u. a. im Urteil vom 6. September 2017, Intel/Kommission ( C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. ), festgestellt worden sei. Art. 102 AEUV ziele nicht darauf ab, ineffiziente Unternehmen zu schützen. In der oben angeführten Rechtssache, in der das Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 ), ergangen sei, habe es sich bei den durch das wettbewerbswidrige Verhalten verdrängten Wettbewerbern vielmehr um in qualitativer und innovativer Hinsicht führende Unternehmen gehandelt, die eine große Zahl von Nutzern angezogen hätten, bevor sie von den in Rede stehenden Praktiken betroffen gewesen seien. Dagegen seien die mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste, wie sich aus Erklärungen und einer Studie ergebe, die in der vorliegenden Rechtssache im Verwaltungsverfahren vorgelegt, aber von der Kommission nicht beachtet worden sei, wenig innovativ gewesen und hätten keine geeigneten Maßnahmen ergriffen, um Verkehr aus anderen Quellen als Google zu generieren, wie Google dies auch im Rahmen des dritten Klagegrundes ausgeführt habe. Nach Ansicht der CCIA hat die Kommission im 557. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses eingeräumt, dass dies auf vier der fünf konkurrierenden Preisvergleichsdienste zutreffe, deren Ausgaben für das Erscheinen in den Textanzeigen von Google in Schaubild 76 dargestellt seien. Google hält ihren Konkurrenten mangelnden Durchsetzungswillen vor, zumal die konkurrierenden Preisvergleichsdienste über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren Milliarden von Suchanfragen von ihr erhalten hätten, die es ihnen hätten ermöglichen müssen, die Internetnutzer, die mit ihren Sucherfahrungen zufrieden gewesen seien, an sich zu binden. Nach den Angaben in Tabelle 24 des angefochtenen Beschlusses hätten sie aber nur ungefähr 15 % Direktverkehr erzielt. Im Vergleich dazu entfalle der wesentliche Teil des Verkehrs der Händlerplattformen nach den Angaben in den Akten des Verwaltungsverfahrens (Anlage A147 zur Klageschrift) auf ihren direkten Verkehr, und die meisten Besuche der spezialisierten Suchseite Google Shopping seien über direkte Navigationslinks in den Registerkarten der allgemeinen Such- und Ergebnisseiten und nicht über Links in den Suchergebnissen erfolgt. Außerdem hätten die Gespräche, die im Hinblick auf die Umsetzung des angefochtenen Beschlusses mit Preisvergleichsdiensten geführt worden seien, deren geringe Attraktivität aufgezeigt. Google führt weitere Argumente an, um darzutun, dass die mit ihrem eigenen Preisvergleichsdienst konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht besonders effizient und nicht sehr beliebt seien, was sich insbesondere darin zeige, dass der Panda-Algorithmus von Google ihnen einen niedrigen Rang in den generischen Ergebnissen zuweise. In ihrer Klagebeantwortung habe die Kommission lediglich bei der Suchmaschine eines der fünf Preisvergleichsdienste, auf deren Situation sie sich bezogen habe, zwei wirkliche Verbesserungen anführen können. Soweit drei dieser Preisvergleichsdienste erklärt hätten, dass sie aufgrund des Verhaltens von Google keine Innovationen hätten vornehmen können, entspreche dies nicht der Wahrheit. Google macht ferner geltend, entgegen der Annahme der Kommission im 603. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses habe das ihr zur Last gelegte Verhalten keine Auswirkungen auf die Nutzung der mit ihrem eigenen Preisvergleichsdienst konkurrierenden Preisvergleichsdienste durch die Internetnutzer gehabt. So würde die Abschaffung der Shopping Units den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten keinen nennenswerten Anteil an dem von ihrer Suchmaschine ausgehenden Verkehr verschaffen, wie bereits im Rahmen des dritten Klagegrundes dargelegt worden sei. Die CCIA fügt hinzu, die Kommission habe die duale Natur der betreffenden Märkte und das damit verbundene Geschäftsmodell nicht berücksichtigt. Bei diesem Modell sei es normal, kostenpflichtige Anzeigen und kostenlose generische Ergebnisse unterschiedlich zu behandeln. Wie die Kommission im 642. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses selbst festgestellt habe, werde der allgemeine Suchdienst von Google durch die kostenpflichtigen Anzeigen finanziert. Somit habe die Kommission die tatsächlichen Bedingungen und die Struktur der Märkte außer Acht gelassen, was im Widerspruch zu den Vorgaben stehe, die sich u. a. aus dem Urteil vom 11. September 2014, CB/Kommission ( C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , Rn. ), ergäben. Die Kommission habe auch die Innovationsbemühungen von Google, die als solche nicht bestritten würden und ein Beleg für einen Leistungswettbewerb seien, nicht berücksichtigt, was für innovative Branchen Anlass zu ernsten Bedenken gebe. Ebenso wenig habe sie berücksichtigt, dass Google keine wettbewerbswidrige Strategie verfolgt habe, was den vorliegenden Fall von den Rechtssachen unterscheide, in denen die Entscheidung 89/113/EWG der Kommission vom 21. Dezember 1988 in einem Verfahren nach den Artikeln [101] und [102 AEUV] (IV/30.979 und 31.394, Decca Navigator System) ( ABl. 1989, L 43, S. 27 ) und das Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 ), ergangen seien. Die Kommission tritt dem Vorbringen von Google mit Unterstützung durch das BEUC, Foundem, den VDZ, den BDZV, Visual Meta, Twenga, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland entgegen. 2) Würdigung durch das Gericht Der Missbrauch einer beherrschenden Stellung kann u. a. in einem Verhalten bestehen, das die Aufrechterhaltung des bestehenden Wettbewerbs oder dessen Entwicklung durch die Verwendung von Mitteln behindert, die von den Mitteln eines normalen Produkt- oder Dienstleistungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der Unternehmen abweichen (vgl. Urteil vom 14. Oktober 2010, Deutsche Telekom/Kommission, C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Wie oben in Rn. 441 ausgeführt, musste die Kommission im vorliegenden Fall, um den Missbrauch einer beherrschenden Stellung durch Google festzustellen, zumindest potenzielle Auswirkungen des beanstandeten, den Wettbewerb beschränkenden oder ausschaltenden Verhaltens auf die betreffenden Märkte nachweisen und dabei alle relevanten Umstände berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf die von Google vorgebrachten Argumente, mit denen diese bestreitet, dass ihr Verhalten geeignet gewesen sei, den Wettbewerb zu beschränken. Zunächst hat die Kommission, wie oben in den Rn. 445 und 446 zusammengefasst worden ist, die materiellen Folgen der in Rede stehenden Praktiken für den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und zum Preisvergleichsdienst von Google geprüft. Hinsichtlich der im angefochtenen Beschluss berücksichtigten nationalen Märkte für Preisvergleichsdienste ergibt sich aus der Prüfung der beiden Teile des dritten Klagegrundes durch das Gericht, deren Ergebnis oben in den Rn. 395 und 420 wiedergegeben ist, dass die in Rede stehenden Bewertungskriterien – ein Rückgang des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu fast allen konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und ein Anstieg dieses Verkehrs zugunsten des Preisvergleichsdienstes von Google – zugrunde gelegt werden können. Anschließend hat die Kommission den Anteil des von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehenden Verkehrs am gesamten Datenverkehr zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten bewertet. Sodann hat die Kommission unter Darlegung verschiedener Gründe darauf hingewiesen, dass die mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste den von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehenden Verkehr nicht wirksam durch andere Quellen hätten ersetzen können. Schließlich hat die Kommission, wie oben in den Rn. 451 bis 453 ausgeführt, auf der Grundlage der dort zusammengefassten Beweise potenzielle wettbewerbswidrige Auswirkungen auf diese Märkte zum Nachteil dieser Preisvergleichsdienste festgestellt. Das Vorbringen von Google im dritten Teil des vierten Klagegrundes, wonach die Kommission auch bei Zurückweisung seiner übrigen Teile das Vorliegen wettbewerbswidriger Auswirkungen nicht nachgewiesen habe, wird im Anschluss an diese Ausführungen geprüft. Was als Erstes die oben in Rn. 511 zusammengefassten Argumente betrifft, ist zunächst festzustellen, dass die Behauptung, die Kommission habe bei der Analyse der Entwicklung der Nutzung der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nur den von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehr berücksichtigt, unzutreffend ist. Wie bereits oben in Rn. 447 ausgeführt, zeigt Tabelle 24 in Abschnitt 7.2.4.1 des angefochtenen Beschlusses die Verteilung der Verkehrsquellen von 13 Preisvergleichsdiensten über einen Zeitraum von vier bis sechs Jahren und unterscheidet dabei zwischen dem Verkehr, der jeweils von den generischen Ergebnissen von Google, von den Textanzeigen von Google, von direkten Suchabfragen und von anderen Quellen ausgeht. Wie im 540. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, hat die Kommission daraus den Schluss gezogen, dass der von den generischen Ergebnissen von Google ausgehende Anteil „einen großen Teil des Gesamtverkehrs der konkurrierenden Preisvergleichsdienste“ ausgemacht habe. Wie oben in Rn. 448 dargelegt, geht aus dieser Tabelle hervor, dass die von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrsanteile bei den einzelnen Preisvergleichsdiensten recht unterschiedlich sind und von etwas mehr als 20 % (allerdings mit Ausnahme eines Anteils von 13 % in einem dieser Jahre) bis zu mehr als 80 % reichen, und dass diese Anteile bei einer knappen Mehrheit von ihnen (sieben) im Lauf der Jahre zurückging. Die Rückgänge lagen zwischen 5 % und etwa 50 %. Wie ebenfalls oben in Rn. 448 ausgeführt, bestreitet Google die konkreten Angaben in Tabelle 24 des angefochtenen Beschlusses nicht. Auch die CCIA stellt sie nicht in Frage. Zwar hatte die CCIA aus Gründen des Schutzes der Vertraulichkeit keinen Zugang zur vollständigen Fassung dieser Tabelle. Im Wesentlichen ist die CCIA aber der Ansicht, dass eine Stichprobe von 13 Preisvergleichsdiensten, wie sie zur Erstellung dieser Tabelle herangezogen worden sei, nicht ausreiche, um daraus allgemeine Erkenntnisse zu gewinnen. Gleichwohl halten weder Google noch die CCIA der Schlussfolgerung der Kommission, wonach der Anteil des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs „einen großen Teil des Gesamtverkehrs der konkurrierenden Preisvergleichsdienste“ ausmache, weitere methodologische Einwände oder andere Daten entgegen, die darauf hindeuten sollen, dass der von den generischen Ergebnissen von Google ausgehende Verkehr für die Preisvergleichsdienste, die mit dem von Google konkurrierten, keine wesentliche Verkehrsquelle sei. Ferner ist festzustellen, dass Tabelle 24, wie aus Fn. 657 des angefochtenen Beschlusses hervorgeht, das Ergebnis von Auskunftsersuchen ist, die an die 18 Preisvergleichsdienste mit dem höchsten Verkehrsaufkommen im EWR – und im Fall des Vereinigten Königreichs an diejenigen mit dem größten von Google ausgehenden Verkehr – gerichtet wurden, dass die 13 Preisvergleichsdienste, die darauf antworteten, die Daten ihrer jeweiligen nationalen Websites vorlegten und dass die Anwälte von Google diese Ergebnisse selbst zusammenstellten. Unter diesen Umständen sind die Beweiskraft der Tabelle 24 des angefochtenen Beschlusses, d. h. ihr repräsentativer Charakter, und die Beweiskraft der Schlussfolgerung, die die Kommission daraus in Bezug auf den großen Anteil des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs im Vergleich zu den anderen Verkehrsquellen der konkurrierenden Preisvergleichsdienste gezogen hat, unter Berücksichtigung der oben in den Rn. 132 bis 134 dargelegten Grundsätze für die Beweislastverteilung zwischen der Kommission und den Unternehmen als erwiesen anzusehen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission in Abschnitt 7.2.4.2 des angefochtenen Beschlusses umfangreiche Ausführungen dazu gemacht hat, dass diese anderen Quellen den von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehr nicht wirksam hätten ersetzen können. Die Kommission hat somit eine Analyse vorgenommen, der zufolge diese Preisvergleichsdienste die materiellen Folgen des Verhaltens von Google für den Verkehr von ihren allgemeinen Ergebnisseiten zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten, die darin bestanden, dass dieser Verkehr zurückging, nicht kompensieren konnten. Eine solche Analyse, die sich an die Schlussfolgerung anschließt, dass dieser Verkehr einen großen Teil des Gesamtverkehrs dieser Preisvergleichsdienste ausgemacht habe, ist geeignet, potenzielle wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen zu belegen, was, wie oben in Rn. 438 ausgeführt, für den Nachweis des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung ausreichen kann. Entgegen dem Vorbringen der CCIA war die Kommission nicht verpflichtet, das Vorliegen einer Abschottungswirkung dergestalt nachzuweisen, dass das Verhalten von Google zur Ausschaltung jeglichen Wettbewerbs führen wird oder zumindest darauf abzielte, die Internetnutzer oder die Online-Händler davon abzuhalten, die Dienstleistungen konkurrierender Preisvergleichsdienste in Anspruch zu nehmen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 9. September 2010, Tomra Systems u. a./Kommission, T‑155/06 , EU:T:2010:370 , Rn. und ). Somit hat die Kommission entgegen dem Vorbringen von Google (siehe oben, Rn. 511) sehr wohl auch andere Verkehrsquellen der Preisvergleichsdienste als die generischen Ergebnisse von Google berücksichtigt, zugleich aber festgestellt, dass diese anderen Quellen die Auswirkungen des Google vorgeworfenen Verhaltens nicht hätten ausgleichen können. Was die weiteren, oben in Rn. 511 zusammengefassten Argumente betrifft, kann Google, wie oben in den Rn. 368 bis 376 bereits ausgeführt, nicht mit Erfolg geltend machen, dass sich die Auswirkungen der ihr vorgeworfenen Praktiken auf die konkurrierenden Preisvergleichsdienste allein auf die Auswirkungen der Einführung der Product Universals und der Shopping Units auf den Verkehr von ihren allgemeinen Ergebnisseiten zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten beschränkt hätten. Zu den kombinierten Praktiken, die Google vorgeworfen werden, gehört nämlich auch die Anwendung der zur Anpassung der generischen Ergebnisse dienenden Algorithmen, die dazu neigen, diese Preisvergleichsdienste schlechter einzustufen, und die ihrerseits Auswirkungen erzeugen. Der auf der Grundlage des „Ablation Experiment“ vorgenommenen Bewertung, dass nur 5 % des gesamten Verkehrs dieser Preisvergleichsdienste von den Auswirkungen dieser Praktiken von Google betroffen seien, kann daher nicht gefolgt werden, wie bereits oben in Rn. 375 dargelegt worden ist. Vielmehr ist der vom Verhalten von Google betroffene Anteil des Gesamtverkehrs der mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste beträchtlich und liegt bei der Stichprobe, die zur Erstellung von Tabelle 24 des angefochtenen Beschlusses herangezogen wurde, zwischen etwas mehr als 20 % und über 80 %, wie oben in den Rn. 448 und 520 ausgeführt und erläutert worden ist. Das damit einhergehende und oben in Rn. 515 wiedergegebene Argument, wonach das Verhalten, das die Kommission Google zur Last legt, keine Auswirkungen auf die Nutzung der konkurrierenden Preisvergleichsdienste durch die Internetnutzer gehabt habe, ist daher ebenfalls zurückzuweisen, weil es die Auswirkungen der Algorithmen zur Anpassung der generischen Ergebnisse und den großen Anteil der Internetnutzer außer Acht lässt, die die Preisvergleichsdienste nutzen, indem sie über die Such- und Ergebnisseiten von Google zu ihnen gelangen. Was schließlich ein weiteres, oben in Rn. 511 wiedergegebenes Argument von Google betrifft, ist es nicht grundsätzlich widersprüchlich, einen erheblichen Rückgang des Verkehrs von den generischen Ergebnissen von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten festzustellen und zugleich darauf hinzuweisen, dass dieser Verkehr einen großen Teil des gesamten Verkehrs dieser Preisvergleichsdienste ausmache. Die für den zweiten Aspekt heranzuziehende Vergleichssituation entspricht nämlich logischerweise der ursprünglichen Situation zu Beginn der Zeiträume, für die die Zuwiderhandlung festgestellt wurde, und die für den ersten Aspekt zu berücksichtigende Entwicklung muss sich logischerweise auf die Gesamtheit dieser Zeiträume erstrecken. So zeigt Tabelle 24 des angefochtenen Beschlusses, die auf der Grundlage der Antworten einer Stichprobe von Preisvergleichsdiensten erstellt wurde, um die Anteile ihrer verschiedenen Verkehrsquellen zu ermitteln, dass bei der Mehrzahl der 13 Preisvergleichsdienste, deren Daten Gegenstand dieser Tabelle sind, der von den generischen Ergebnissen von Google ausgehende Verkehr zu Beginn des jeweiligen Zeitraums beträchtlich war und während dieses Zeitraums nach und nach erheblich zurückging. Daraus folgt, dass die Kommission in Anbetracht der gegen den angefochtenen Beschluss vorgebrachten Klagegründe und Argumente zu Recht festgestellt hat, dass die in Rede stehenden Praktiken von Google erhebliche materielle Folgen für den von ihren allgemeinen Ergebnisseiten ausgehenden Verkehr hatten, was zu einem Rückgang dieses Verkehrs zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten und zu einem Anstieg dieses Verkehrs zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst führte (siehe oben, Rn. 420), dass die von diesen Praktiken betroffenen Preisvergleichsdienste im hilfsweise untersuchten Fall eines Marktes, der die Händlerplattformen umfasst, einen zumindest nicht unerheblichen Teil dieses Marktes in den 13 betroffenen Ländern ausmachten (siehe oben, Rn. 506) und dass ein großer Anteil des Gesamtverkehrs der mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste auf den von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google ausgehenden Verkehr entfiel (siehe oben, Rn. 520 bis 526). Unter diesen Umständen hat die Kommission, sofern dem nachfolgenden Vorbringen von Google und der CCIA, das in den Rn. 528 bis 543 geprüft wird, nicht gefolgt wird, offensichtlich nachgewiesen, dass die in Rede stehenden Praktiken die Wettbewerber von Google oder zumindest die Lage einer erheblichen Gruppe von Wettbewerbern von Google hinreichend beeinträchtigten, um das Vorliegen wettbewerbswidriger Auswirkungen feststellen zu können, die Bestandteil des Missbrauchs einer beherrschenden Stellung waren. Was als Zweites das oben in den Rn. 512 und 513 zusammengefasste Vorbringen angeht, die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass es Marktzutrittsschranken gegeben habe, die die Preisvergleichsdienste daran gehindert hätten, andere Verkehrsquellen als den von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehr zu nutzen, ist zunächst festzustellen, dass sich die Kommission nicht mit der im 575. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses wiedergegebenen Einschätzung eines Wettbewerbers von Google begnügt hat, um das Bestehen solcher Schranken nachzuweisen. Wie bereits ausgeführt, hat die Kommission in Abschnitt 7.2.4.2 des angefochtenen Beschlusses ausführlich dargelegt, dass diese anderen Quellen den von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehr nicht wirksam ersetzen konnten. Die im 575. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses wiedergegebene Beurteilung ist nur einer der insoweit angeführten Gesichtspunkte. So hat die Kommission zunächst die Substituierbarkeit des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs durch Werbung in Form von Textanzeigen auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google (AdWords) geprüft (Erwägungsgründe 543 bis 567 des angefochtenen Beschlusses). Auf der Grundlage der Daten in Tabelle 24 hat die Kommission zwar eingeräumt, dass bestimmte Preisvergleichsdienste mehr als 30 % ihres Verkehrs durch diese Werbung erzielten, aber gleichwohl eine Reihe von Gesichtspunkten angeführt, um zu belegen, dass die generischen Ergebnisse bei den Internetnutzern beliebter gewesen seien. Insbesondere hat sie für jedes der 13 Länder, in denen sie einen Missbrauch durch Google festgestellt hat, eine Reihe von Schaubildern vorgelegt, in denen sie auf der Grundlage von Daten aus dem „Ablation Experiment“ die Aktivierungsraten (Click-through rates) der generischen Links und der Links in den Textanzeigen in Abhängigkeit von ihrer Positionierung verglichen (Schaubilder 59 bis 71). Daraus sei ersichtlich, dass die generischen Ergebnisse üblicherweise bevorzugt würden. Die Kommission hat insbesondere darauf hingewiesen, dass bestimmte Preisvergleichsdienste die beiden Verkehrsquellen eher als komplementär betrachteten, und zwar in dem Sinne, dass sie nicht von demselben Publikum genutzt würden und dass die eine daher die andere nicht ersetzen könne. Als Antwort auf das Argument von Google, dass mehr als 100 Vergleichsdienste ihren Verkehr eher durch Textanzeigen als durch die generischen Ergebnisse erhöht hätten, hat die Kommission die Stichprobe von Google beanstandet und – ebenfalls auf der Grundlage von Daten aus dem „Ablation Experiment“ – ausgeführt, dass der von Textanzeigen ausgehende Verkehr der Preisvergleichsdienste im Durchschnitt der 13 fraglichen Länder etwa ein Viertel des Gesamtverkehrs ausgemacht habe und dass dieser Verkehr seinerseits durch das Erscheinen der Shopping Units beeinträchtigt worden sei (Rückgang zwischen 16 % und 30 % je nach Land). Sie hat diese Angaben durch die Schaubilder 72 bis 75 und Tabelle 26 veranschaulicht. Anschließend hat die Kommission ausgeführt, selbst wenn die mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste den Rückgang des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs vorübergehend durch den Verkehr hätten ausgleichen können, der sich durch Textanzeigen auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google erzielen lasse, wäre dies langfristig keine wirtschaftlich tragfähige Lösung für sie gewesen. Die Kommission hat hierzu insbesondere festgestellt, dass die Kosten für den Einsatz von Textanzeigen mindestens doppelt so hoch gewesen wären wie die Kosten für eine Optimierung, um in den generischen Ergebnissen zu erscheinen, und dies bei einem Effizienzgrad in Bezug auf die Konversionsrate von Besuchen der Websites der Preisvergleichsdienste in nachfolgende Besuche der Websites der Händler, der diesen Kostenunterschied nicht gerechtfertigt hätte. Die Kommission hat ergänzend darauf hingewiesen, dass Google solche Kosten für ihren eigenen Preisvergleichsdienst nicht habe aufbringen müssen. Die Kommission hat auch auf die Aussage von Kelkoo verwiesen, wonach die durch ihr Erscheinen in den generischen Ergebnissen erzielten Einnahmen fast 20 % höher gewesen seien als die durch ihr Erscheinen in Textanzeigen erzielten Einnahmen. Im Allgemeinen deckten die durch Textanzeigen erzielten Einnahmen die Kosten dieser Anzeigen nicht. Als Nächstes hat die Kommission die Substituierbarkeit des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs durch Anwendungen für mobile Geräte untersucht (Erwägungsgründe 568 bis 579 des angefochtenen Beschlusses). Sie hat dazu mehrere Gesichtspunkte angeführt. So war sie der Ansicht, dass der Einsatz von Anwendungen für mobile Geräte ein bereits bestehendes starkes Markenimage voraussetze und dass derzeit u. a. anhand der Daten in Tabelle 24 festzustellen sei, dass diese Anwendungen zusammen mit dem direkten Verkehr im Allgemeinen weniger als 20 % des gesamten Verkehrs der Preisvergleichsdienste ausmachten, auch wenn dieser Anteil bei einigen Preisvergleichsdiensten höher sein könne. Bei einer Stichprobe von etwa zehn Preisvergleichsdiensten, die im Verwaltungsverfahren Daten vorgelegt hätten, habe der Anteil des von Anwendungen für mobile Geräte ausgehenden Verkehrs nur 5 % bis 6 % betragen. Mehrere Preisvergleichsdienste hätten angegeben, dass die Einführung dieses Mediums die Zahl der Besuche ihrer Website nicht signifikant erhöht habe. Im Anschluss daran hat die Kommission die Substituierbarkeit des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs durch direkten Verkehr untersucht (Erwägungsgründe 580 bis 583 des angefochtenen Beschlusses). Sie wies auf den geringen Anteil dieses Verkehrs hin, den Google für die spezialisierte Ergebnisseite Google Shopping auf 5 % geschätzt habe. Hierzu ist klarzustellen, dass die direkten Navigationslinks, die Google in ihrem oben in Rn. 514 zusammengefassten Vorbringen erwähnt und von denen der größte Teil des Verkehrs zu Google Shopping führt, nicht zum direkten Verkehr zu Google Shopping gehören, weil sie in den Registerkarten enthalten sind, die auf den allgemeinen Such- und Ergebnisseiten von Google angezeigt werden. Die Kommission hat ferner darauf hingewiesen, dass zwei Preisvergleichsdienste im Wesentlichen angegeben hätten, dass die außerhalb des Internets eingeleitete Werbekampagne, mit der sie ihren direkten Verkehr hätten erhöhen wollen, den Rückgang des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs nicht habe ausgleichen können. Wie im Fall der Anwendungen für mobile Geräte sei es zur Steigerung des direkten Verkehrs erforderlich, zuvor ein starkes Markenimage aufzubauen, was für die Preisvergleichsdienste zu kostspielig sei. Schließlich hat die Kommission die Substituierbarkeit des von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehrs durch andere Verkehrsquellen untersucht (Erwägungsgründe 584 bis 588 des angefochtenen Beschlusses). Sie hat sich mit den Lösungen befasst, die Partnerschaften mit Websites von Dritten, Newsletter, soziale Netzwerke und im Wettbewerb mit Google stehende allgemeine Suchmaschinen bieten. Nach Ansicht der Kommission sind diese Lösungen entweder kostspielig oder ineffizient. Somit hat die Kommission im angefochtenen Beschluss zahlreiche Gründe für die Feststellung angeführt, dass es Marktzutrittsschranken gegeben habe, die die Preisvergleichsdienste daran gehindert hätten, alternative Verkehrsquellen zu dem von den generischen Ergebnissen von Google ausgehenden Verkehr zu nutzen, so dass es insbesondere nicht zutrifft, dass sie keine diesen Verkehrsquellen innewohnenden Hindernisse festgestellt habe, die die Preisvergleichsdienste daran gehindert hätten, über diese Quellen Verkehr anzuziehen. In der Klageschrift bestreitet Google jedoch die Stichhaltigkeit der insoweit von der Kommission angeführten Gründe und macht zunächst geltend, das Vorhandensein derartiger Schranken werde dadurch widerlegt, dass die Händlerplattformen solche alternativen Verkehrsquellen nutzten (Rn. 365 unter Verweis auf Rn. 320 bis 324). Dieses Argument wird jedoch nur durch allgemeine Angaben untermauert, die zeigen sollen, dass die Internetnutzer häufig Handelsplattformen nutzten, um ihre Suche nach Produkten zu starten, wobei stillschweigend vorausgesetzt wird, dass die Internetnutzer diese Plattformen ohne vorherige Recherche erreichen können. Was für diese Kategorie von – in der Regel sehr bekannten – Marktteilnehmern gelten mag, trifft jedoch nicht zwangsläufig auf die Preisvergleichsdienste zu. In der Erwiderung verweist Google ferner auf die als Anlage C18 vorgelegte Studie der Markt- und Wettbewerbsbehörde des Vereinigten Königreichs, der zufolge die Online-Vergleichsdienste erfolgreich in Werbung und Markenaufbau investierten und umfangreiche Werbung über verschiedene Medien betrieben. Die Kommission macht jedoch zu Recht die Unzulässigkeit dieser Studie geltend, indem sie sich auf Art. 85 der Verfahrensordnung stützt, wonach Beweise und Beweisangebote im Rahmen des ersten Schriftsatzwechsels vorzulegen sind, es sei denn, dass die Verspätung der Vorlage gerechtfertigt ist. Google hat nämlich keine Erklärung abgegeben, die die verspätete Vorlage dieser Studie hätte rechtfertigen können, obwohl sie sich im Verwaltungsverfahren als Antwort auf das „Sachverhaltsschreiben“ selbst auf diese Studie berufen hatte, wie aus Rn. 282 von Anlage A7 zur Klageschrift hervorgeht. Der von Google aus dieser und anderen Studien gezogene generelle Schluss, dass andere Online-Dienste, insbesondere auf verschiedene Bereiche spezialisierte Vergleichsdienste, erfolgreich alternative Verkehrsquellen nutzten, ist zu allgemein und beruht auf der Beobachtung anderer Märkte, so dass er nicht geeignet ist, die im angefochtenen Beschluss enthaltene detaillierte Analyse der Kommission in Bezug auf die Preisvergleichsdienste in Frage zu stellen. Weiter trägt Google im Wesentlichen vor, selbst wenn man davon ausgehe, dass es für die konkurrierenden Preisvergleichsdienste schwierig sei, auf alternative Verkehrsquellen zurückzugreifen, sei ihr das nicht anzulasten. Es geht jedoch nicht darum, ob Google für Marktzutrittsschranken in Bezug auf Verkehrsquellen, die Alternativen zu dem von ihren generischen Ergebnissen ausgehenden Verkehr darstellen, verantwortlich ist, sondern darum, ob solche Schranken bestehen. Die Kommission ist im angefochtenen Beschluss nämlich zu dem Ergebnis gelangt, dass Google Schranken für den Zutritt zu der Verkehrsquelle errichtet habe, die von ihren generischen Ergebnissen ausgehe und über die sie eine Kontrolle ausüben könne, und dass diese Quelle nicht wirksam durch andere Quellen ersetzt werden könne, die ihrerseits von anderen Zutrittsschranken für die konkurrierenden Preisvergleichsdienste betroffen seien. Unter diesen Umständen kann das Vorbringen, dass Google – anders als in der Rechtssache, in der das Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 ), ergangen sei – keine Zutrittsschranken in Bezug auf Verkehrsquellen errichtet habe, die Alternativen zu dem von ihren generischen Ergebnissen ausgehenden Verkehr seien, die Analyse der Kommission hinsichtlich des Bestehens solcher Schranken, die zu den wettbewerbswidrigen Auswirkungen des Verhaltens von Google beigetragen haben sollen, nicht in Frage stellen. Was als Drittes die oben in Rn. 514 zusammengefassten Argumente betrifft, wonach die Kommission nicht nachgewiesen habe, dass die konkurrierenden Preisvergleichsdienste, die in Schwierigkeiten geraten seien, ebenso leistungsfähig gewesen seien wie Google – was gerade nicht zutreffe –, macht die Kommission zu Recht geltend, dass sie diesen Nachweis nicht habe erbringen müssen. Der Rückgriff auf das Kriterium des ebenso leistungsfähigen Wettbewerbers ist nämlich bei einer Preispolitik (z. B. Kampfpreise oder Margenbeschneidungen) gerechtfertigt, um im Wesentlichen zu beurteilen, ob ein Wettbewerber, der ebenso leistungsfähig ist wie das beherrschende Unternehmen, dem dieses Preisverhalten zur Last gelegt wird, und der, um nicht sofort vom Markt verdrängt zu werden, seinen Kunden dieselben Preise berechnet wie dieses Unternehmen, hierdurch Verluste erleiden oder vergrößern würde, so dass er auf längere Sicht gezwungen wäre, den Markt zu verlassen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Oktober 2015, Post Danmark, C‑23/14 , EU:C:2015:651 , Rn. bis und die dort angeführte Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall betreffen die Google vorgeworfenen Praktiken aber nicht die Preisgestaltung. Außerdem ist der „ebenso leistungsfähige Wettbewerber“ grundsätzlich ein hypothetischer Wettbewerber, bei dem davon ausgegangen wird, dass er von seinen Kunden dieselben Preise verlangt wie das marktbeherrschende Unternehmen, dabei aber mit den gleichen Kosten konfrontiert wird, die dieses Unternehmen zu tragen hat oder auf seine Wettbewerber abwälzt, wenn es ihnen ein Vorleistungsgut für das Endprodukt verkauft (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. bis ). Der Rückgriff auf das Kriterium des ebenso leistungsfähigen Wettbewerbers soll nämlich zeigen, dass selbst ein Wettbewerber, der ebenso leistungsfähig ist wie das Unternehmen, das die in Rede stehende Preispolitik verfolgt, nicht in der Lage wäre, ihm auf Dauer mit der gleichen Preisgestaltung zu begegnen, weil er sich nicht auf die Machtposition stützen kann, die eine beherrschende Stellung mit sich bringt. Dieser Wettbewerber ist somit grundsätzlich kein echter Wettbewerber, dessen tatsächliche Leistungsfähigkeit zu beurteilen wäre, wie Google in Bezug auf die anderen Preisvergleichsdienste behauptet. Der Rückgriff auf dieses Kriterium, bei dem Preise und Kosten verglichen werden, war daher im vorliegenden Fall sinnlos, weil das festgestellte Wettbewerbsproblem kein Preisproblem war. Selbst wenn eine Wettbewerbsbehörde wie die Kommission in der Lage wäre, die tatsächliche Leistungsfähigkeit mehrerer Unternehmen zu vergleichen, indem sie die verschiedenen Parameter ihrer Tätigkeit eingehend untersucht, könnte ein solcher Ansatz zudem nur dann zu objektiven Ergebnissen führen, wenn die Wettbewerbsbedingungen gerade nicht durch ein wettbewerbswidriges Verhalten verfälscht worden sind. Folglich kann ein solcher Ansatz nicht selbst dazu dienen, das Vorliegen eines solchen Verhaltens festzustellen. Daraus folgt, dass die Kommission im vorliegenden Fall, wie oben in Rn. 441 dargelegt, nur potenzielle den Wettbewerb ausschließende oder beschränkende Auswirkungen der fraglichen Praktiken nachweisen musste, ohne dass es darauf ankommt, ob Google auf dem Gebiet der Preisvergleichsdienste „leistungsfähiger“ war als die anderen Preisvergleichsdienste, was sich gerade nicht ermitteln lässt, wenn Praktiken angewandt werden, die den Wettbewerb verfälschen können. Als Letztes ist zu den oben in Rn. 516 zusammengefassten Argumenten der CCIA festzustellen, dass sie insofern, als sie dahin gehen, dass die Kommission die Merkmale der dualen Internetmärkte und ihres Wirtschaftsmodells, die Innovationsbemühungen, die Google zu ihrem Verhalten veranlasst hätten, und das Fehlen einer wettbewerbswidrigen Strategie von Google verkannt habe, keine Kritik an der Analyse der Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken darstellen, sondern eine Kritik an der Prüfung, ob diese Praktiken wettbewerbswidrig waren oder nicht. Sie sind daher als ins Leere gehend zurückzuweisen, soweit sie die Rüge der CCIA stützen sollen, dass „der Beschluss nicht belegt, dass das Verhalten geeignet war, wettbewerbswidrige Auswirkungen hervorzurufen“. In Anbetracht des oben in Rn. 527 dargelegten Zwischenergebnisses und der Zurückweisung der übrigen Argumente von Google und der CCIA ist daher der dritte Teil des vierten Klagegrundes von Google zurückzuweisen, wonach die Kommission das Vorliegen wettbewerbswidriger Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken auf die nationalen Märkte für Preisvergleichsdienste nicht nachgewiesen habe. 4. Dritter Teil des ersten Klagegrundes und dritter Teil des zweiten Klagegrundes: Vorliegen objektiver Rechtfertigungsgründe a) Zu den Rechtfertigungen von Google für die Einblendung der Product Universals (dritter Teil des ersten Klagegrundes) 1) Vorbringen der Parteien Google macht geltend, sie habe im Verwaltungsverfahren nachgewiesen, dass sie durch die Art und Weise, in der sie die Product Universals eingeblendet habe, die Qualität des Dienstes verbessert habe, den sie den Nutzern anbiete. Dies stelle eine wettbewerbsfördernde Rechtfertigung für ihr Verhalten dar. Im angefochtenen Beschluss habe die Kommission die gruppierte Darstellung der spezialisierten Produktergebnisse auf den allgemeinen Ergebnisseiten nicht beanstandet. Die Kommission habe lediglich festgestellt, dass Google die spezialisierten Produktergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nach „denselben zugrunde liegenden Verfahren und Methoden“ wie denen für die Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes hätte anzeigen müssen, ohne sich mit den von Google im Verwaltungsverfahren vorgebrachten wettbewerbsfördernden Rechtfertigungsgründen auseinanderzusetzen oder sie gegen die von ihr festgestellten negativen Auswirkungen abzuwägen. Somit habe die Kommission im angefochtenen Beschluss weder die von Google für ihre Praktiken vorgebrachten Rechtfertigungsgründe widerlegt noch versucht, auf die Erläuterungen von Google einzugehen oder die nach der Rechtsprechung erforderliche Abwägung vorzunehmen. Außerdem habe die Kommission im angefochtenen Beschluss nicht dargelegt, wie Google die spezialisierten Produktergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nach „denselben zugrunde liegenden Verfahren und Methoden“ wie denen für die Ergebnisse ihren eigenen Preisvergleichsdienstes anzeigen könne, obwohl Google ihr erklärt habe, dass dies unmöglich sei. Google weist insoweit darauf hin, dass ihr nicht bekannt gewesen sei, nach welchen Modalitäten die Ergebnisse ihrer Wettbewerber ausgewählt worden seien, so dass sie keine vergleichende Bewertung der von verschiedenen Preisvergleichsdiensten angebotenen Ergebnisse habe vornehmen können. Sie macht ferner geltend, dass sie die Antworten auf eine konkrete Suchanfrage eines Internetnutzers nicht schnell genug habe vorhersehen oder erhalten können, und schließlich, dass sie ihre Qualitätskontrollmechanismen auf die konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht habe anwenden können. Die Kommission habe diese Erläuterungen im angefochtenen Beschluss nicht widerlegt, aber gleichwohl darauf bestanden, von Google eine derartige Anzeige nach denselben zugrunde liegenden Verfahren und Methoden zu verlangen. Unter diesen Umständen hätte es der Kommission oblegen, anhand realistischer und durchführbarer Lösungen aufzuzeigen, wie Google hätte vorgehen können, was die Kommission aber nicht getan habe. Insoweit habe die Kommission die Vorschläge, die Google in den Gesprächen im Hinblick auf den Abschluss des Verfahrens durch einen Beschluss über die Annahme von Verpflichtungszusagen gemacht habe, sowie interne Überlegungen von Google zu Unrecht als Beweis dafür angesehen, dass eine derartige Anzeige möglich sei. Die vorgeschlagenen Maßnahmen hätten nämlich nicht darin bestanden, die Ergebnisse der mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste nach denselben zugrunde liegenden Verfahren und Methoden einzustufen, die Google für ihre eigenen spezialisierten Produktsuchergebnisse verwende. Google wiederholt in der Erwiderung, dass sie aus technischen Gründen nicht in der Lage sei, die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste in den Product Universals anzuzeigen, ohne die Qualität ihrer Suchergebnisse zu beeinträchtigen; sie habe dies im gesamten Verwaltungsverfahren erläutert, aber es sei im angefochtenen Beschluss nicht berücksichtigt worden. Die von ihr im Verwaltungsverfahren vorgebrachten Rechtfertigungsgründe hätten den Vorwurf des Missbrauchs entgegen dem Vorbringen der Kommission in vollem Umfang entkräftet. Die CCIA weist darauf hin, dass den objektiven Rechtfertigungsgründen von Google im angefochtenen Beschluss nur drei Seiten gewidmet seien und sich nur ein einziger Erwägungsgrund mit der Prüfung der Frage befasse, ob die von Google verlangte Abhilfemaßnahme technisch möglich sei. Die Kommission tritt diesem Vorbringen entgegen. Der BDZV weist zur Unterstützung der Kommission darauf hin, dass es nicht deren Aufgabe sei, präzise technische Lösungen zur Beendigung des festgestellten Missbrauchs vorzuschreiben. 2) Würdigung durch das Gericht Nach ständiger Rechtsprechung kann ein Unternehmen in beherrschender Stellung Handlungen, die möglicherweise unter das in Art. 102 AEUV niedergelegte Verbot fallen, rechtfertigen, indem es den Nachweis erbringt, dass entweder sein Verhalten aus technischer oder wirtschaftlicher Sicht objektiv notwendig ist oder dass die dadurch hervorgerufene Verdrängungswirkung durch Effizienzvorteile, die auch den Verbrauchern zugutekommen, ausgeglichen oder sogar übertroffen werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. März 2012, Post Danmark, C‑209/10 , EU:C:2012:172 , Rn. und sowie die dort angeführte Rechtsprechung). Die objektive Notwendigkeit kann sich aus legitimen geschäftlichen Erwägungen ergeben, z. B. zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb oder zur Berücksichtigung von Verhandlungen mit Kunden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 14. Februar 1978, United Brands und United Brands Continentaal/Kommission, 27/76 , EU:C:1978:22 , Rn. bis , und vom 9. November 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie-Michelin/Kommission, 322/81 , EU:C:1983:313 , Rn. ), aber auch aus technischen Gründen, z. B. im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Leistung des Produkts oder der Dienstleistung (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission, T‑201/04 , EU:T:2007:289 , Rn. und ). Was die Effizienzgewinne betrifft, hat das Unternehmen in beherrschender Stellung nachzuweisen, dass die durch das betreffende Verhalten möglicherweise eintretenden Effizienzvorteile wahrscheinlich negative Auswirkungen auf den Wettbewerb und die Interessen der Verbraucher auf den betroffenen Märkten ausgleichen, dass diese Effizienzvorteile durch das genannte Verhalten erzielt worden sind oder erzielt werden können und dass dieses Verhalten für das Erreichen der Effizienzvorteile notwendig ist und einen wirksamen Wettbewerb nicht ausschaltet, indem es alle oder die meisten bestehenden Quellen tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerbs zum Versiegen bringt (Urteil vom 27. März 2012, Post Danmark, C‑209/10 , EU:C:2012:172 , Rn. ), wodurch ausgeschlossen wird, dass das Unternehmen lediglich vage, allgemeine und theoretische Argumente zu diesem Punkt vorbringt oder sich ausschließlich auf seine eigenen geschäftlichen Interessen stützt (vgl. Urteil vom 30. Januar 2020, Generics (UK) u. a., C‑307/18 , EU:C:2020:52 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Zwar trägt die Kommission die Beweislast für das Vorliegen von Umständen, die einen Verstoß gegen Art. 102 AEUV darstellen, doch obliegt es dem betreffenden beherrschenden Unternehmen und nicht der Kommission, eine etwaige objektive Rechtfertigung anzuführen und sie mit Sachargumenten und Beweisen zu untermauern. Will die Kommission den Missbrauch einer beherrschenden Stellung feststellen, so muss sie sodann dartun, dass die Sachargumente und Beweise, auf die sich das genannte Unternehmen beruft, nicht durchgreifen und dass die angeführte Rechtfertigung damit keinen Erfolg haben kann (Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission, T‑201/04 , EU:T:2007:289 , Rn. ). Google macht im Wesentlichen geltend, dass die Kommission im angefochtenen Beschluss erstens die von Google im Verwaltungsverfahren vorgebrachten Rechtfertigungen für ihre Praktiken nicht widerlege und nicht versuche, auf die Erläuterungen von Google einzugehen oder die nach der Rechtsprechung erforderliche Abwägung vorzunehmen, und zweitens nicht darlege, wie Google die spezialisierten Produktsuchergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nach denselben zugrunde liegenden Verfahren und Methoden anzeigen könne, die sie für ihre eigenen spezialisierten Produktsuchergebnisse verwende, zumal dies technisch unmöglich sei. Im vorliegenden Fall hat das Gericht daher zu prüfen, ob die von Google vorgebrachten Gesichtspunkte entgegen der Auffassung der Kommission geeignet sind, dieses Verhalten im Sinne der oben in den Rn. 551 bis 553 angeführten Rechtsprechung zu rechtfertigen. In Abschnitt 7.5 des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission die von Google im Verwaltungsverfahren vorgebrachten Gesichtspunkte im Hinblick auf objektive Rechtfertigungen und Effizienzsteigerungen geprüft. Google hat nach der Darstellung in den Erwägungsgründen 655 bis 659 des angefochtenen Beschlusses, der sie in der Klageschrift nicht widerspricht, im Wesentlichen mehrere Argumente vorgebracht. Erstens hat sie geltend gemacht, dass die Mechanismen zur Anpassung der generischen Ergebnisse einen wettbewerbsfördernden Vorteil hätten, weil sie die Qualität dieser Ergebnisse wahrten. Zweitens hat sie geltend gemacht, dass die Positionierung und Präsentation der Product Universals sowie die ihrer Erzeugung dienenden Technologien einen wettbewerbsfördernden Vorteil mit sich brächten, weil sie zugunsten der Internetnutzer und Online-Händler sicherstellten, dass ihr Suchdienst von höchster Qualität sei. Drittens hat sie vorgetragen, es würde den Wettbewerb einschränken, wenn sie auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste in gleicher Weise wie die ihres eigenen Preisvergleichsdienstes positionieren und präsentieren müsste, weil es zum einen dem Wesen des Wettbewerbs und den Erwartungen der Internetnutzer entspreche, dass jeder Suchdienst seine eigenen Ergebnisse präsentiere, und weil dies zum anderen die Möglichkeiten von Google verringere, Bereiche ihrer allgemeinen Ergebnisseiten zu monetarisieren. Viertens hat sie darauf hingewiesen, dass sie in technischer Hinsicht nicht in der Lage sei, die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste zusammen mit denen ihres eigenen Preisvergleichsdienstes nach einheitlichen Regeln einzustufen, und dass dies zudem bedeutet hätte, sie in Preisvergleichsergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes zu verwandeln. Fünftens hat Google im Verwaltungsverfahren geltend gemacht, dass ihre Grundrechte verletzt worden seien, wendet sich in der Klageschrift aber nicht gegen die darauf im angefochtenen Beschluss gegebene Antwort der Kommission. Mit den ersten drei der oben in Rn. 557 zusammengefassten Argumente, so wie sie in der Klageschrift vorgetragen werden, weist Google auf wettbewerbsfördernde Merkmale ihres Verhaltens in dem Sinne hin, dass dieses Verhalten die Qualität ihres Suchdienstes verbessert habe. Wie oben in Rn. 551 dargelegt, dienen solche Argumente grundsätzlich dem Nachweis, dass Effizienzvorteile, die auch den Verbrauchern zugutekommen, die durch das beanstandete Verhalten hervorgerufene Verdrängungswirkung ausgleichen oder gar überwiegen. Das vierte, oben in Rn. 557 zusammengefasste Argument zielt darauf ab, technische Zwänge geltend zu machen, die Google daran gehindert haben sollen, die von der Kommission geforderte Gleichbehandlung der Ergebnisse des eigenen Preisvergleichsdienstes von Google und der Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste zu gewährleisten. Letztlich behauptet Google, sich ständig bemüht zu haben, ihren den Nutzern bereitgestellten Preisvergleichsdienst im Einklang mit den Belangen eines Leistungswettbewerbs zu verbessern, allerdings in den Grenzen des technisch Möglichen. Die Kommission werfe ihr jedoch vor, dass sie keine Gleichbehandlung der Ergebnisse sichergestellt habe, wozu sie aber aus technischen Gründen gar nicht in der Lage gewesen sei. Zu den ersten beiden oben in Rn. 557 zusammengefassten Argumenten von Google hat die Kommission in den Erwägungsgründen 661 und 662 des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, dass sie es Google weder verwehre, Anpassungsmechanismen anzuwenden, noch ihre spezialisierten Suchergebnisse auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten einzublenden, wenn sie diese als für eine Suchanfrage relevant oder nützlich ansehe; vielmehr bestehe der festgestellte Missbrauch darin, dass Google auf die Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes und die der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht dieselben Kriterien für deren Positionierung und Präsentation anwende. Wie aus dieser Antwort hervorgeht, hat die Kommission nicht bestritten, dass die Algorithmen zur Anpassung der generischen Ergebnisse oder die Kriterien für die Positionierung und Präsentation der spezialisierten Produktergebnisse, die Google anwendet, wettbewerbsfördernde Verbesserungen des von ihr angebotenen Dienstes darstellen können, wie Google mit ihren ersten beiden oben in Rn. 557 zusammengefassten Argumenten geltend gemacht hat, zugleich aber zu Recht darauf hingewiesen, dass Google in Bezug auf die Ungleichbehandlung der Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes und der Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste keine Argumente vorgebracht hat. Die Kommission war mit anderen Worten im Wesentlichen der Auffassung, Google habe keine Beweise dafür vorgelegt, dass die beiden von ihr angeführten wettbewerbsfördernden Vorteile die in den früheren Abschnitten des angefochtenen Beschlusses festgestellten nachteiligen Auswirkungen dieser Ungleichbehandlung auf den Wettbewerb ausgeglichen oder gar überwogen hätten. Sodann hat die Kommission im Hinblick auf das dritte, oben in Rn. 557 zusammengefasste Argument von Google, das allgemein aufzeigen sollte, dass die von der Kommission geforderte Gleichbehandlung den Wettbewerb tatsächlich einschränken würde, in den Erwägungsgründen 663 und 664 des angefochtenen Beschlusses auf die beiden Teile dieses Arguments geantwortet, indem sie ausführte, zum einen habe Google nicht nachgewiesen, dass die Internetnutzer von einer Suchmaschine erwarteten, Ergebnisse aus einer einzigen Quelle zu liefern, und sie seien im vorliegenden Fall auch nicht darüber informiert worden, dass die Product Universals auf der Grundlage anderer Mechanismen angezeigt würden als die generischen Ergebnisse, und zum anderen verhindere die Gewährleistung der Gleichbehandlung des Preisvergleichsdienstes von Google mit ihren Konkurrenten auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten die von Google kontrollierte Monetarisierung bestimmter Bereiche dieser Seiten nicht. Diese Antwort der Kommission besteht zum einen darin, darzulegen, dass die Entscheidung von Google, ihre Preisvergleichsergebnisse besser zu positionieren und zu präsentieren als die ihrer Wettbewerber, entgegen ihrer Behauptung für den Wettbewerb nicht förderlicher sei als eine Situation, in der in dieser Hinsicht eine Gleichbehandlung sichergestellt werde. Insoweit bezweifelt die Kommission zu Recht, dass die Internetnutzer erwarteten, auf allgemeinen Ergebnisseiten nur die Ergebnisse einer einzigen spezialisierten Suchmaschine zu finden. Im vorliegenden Fall findet die in Rede stehende unterschiedliche Behandlung in Bezug auf die Positionierung und Präsentation nämlich, wie die Kommission ausgeführt hat, auf den allgemeinen Ergebnisseiten statt, auf denen die Internetnutzer grundsätzlich Ergebnisse erwarten, die aus dem gesamten Internet stammen und in diskriminierungsfreier und transparenter Weise zur Verfügung gestellt werden, was sich im Übrigen auch aus den oben in Rn. 178 dargelegten Erwägungen ergibt. Zum anderen besteht die oben in Rn. 561 zusammengefasste Antwort der Kommission darin, die Behauptung zu widerlegen, dass Google finanzielle Nachteile drohten, wenn sie sicherstelle, dass ihre eigenen Preisvergleichsergebnisse und die ihrer Wettbewerber hinsichtlich der Positionierung und Präsentation auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten gleichbehandelt würden. Google bringt in der Klageschrift kein Argument vor, das diese Beurteilung wirksam in Frage stellen könnte, und selbst wenn sie dadurch, dass sie ihren Dienst für andere Preisvergleichsdienste zu denselben Bedingungen zugänglich macht wie für ihren eigenen, finanzielle Nachteile erleiden sollte, wäre dieser Umstand keine zulässige Rechtfertigung für ihr wettbewerbswidriges Verhalten. Entgegen dem Vorbringen in der Klageschrift hat die Kommission somit zu der von Google mit ihrem dritten Argument vorgebrachten Rechtfertigung Stellung genommen, ohne dass es Google gelungen wäre, die Begründetheit dieses Standpunkts in Frage zu stellen. Folglich hat die Kommission das dritte Argument, mit dem Google wettbewerbsfördernde Merkmale ihres Verhaltens geltend macht, zu Recht zurückgewiesen, indem sie das Vorhandensein derartiger Merkmale widerlegt hat. Der Ansatz der Kommission in Bezug auf diese ersten drei Argumente, die sich darauf stützen, dass mit den in Rede stehenden Praktiken wettbewerbsfördernde Vorteile einhergingen, ist umso mehr gerechtfertigt, als diese Praktiken, wie aus den Erwägungsgründen 593 bis 596 des angefochtenen Beschlusses hervorgeht und wie die Prüfung des dritten und des vierten Klagegrundes ergeben hat, erstens geeignet sind, konkurrierende Preisvergleichsdienste zu verdrängen, was zu höheren Gebühren für die Händler, höheren Preisen für die Verbraucher und einem Rückgang der Innovation sowohl für die konkurrierenden Preisvergleichsdienste als auch für den eigenen Preisvergleichsdienst von Google führen kann. Zweitens können die in Rede stehenden Praktiken, wie sich aus den Erwägungsgründen 597 bis 600 des angefochtenen Beschlusses ergibt, die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher in Bezug auf Preisvergleichsdienste einschränken, und zwar nicht nur durch die Verringerung der Zahl der auf dem Markt vorhandenen Preisvergleichsdienste infolge der in den Abschnitten 7.3.1 und 7.3.2 des angefochtenen Beschlusses festgestellten Verdrängungswirkung dieser Praktiken, sondern auch, weil die Aufmerksamkeit der Verbraucher, wie sich aus dem 598. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ergibt, wegen der größeren Sichtbarkeit der Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google auf diese gelenkt wird, obwohl sie nicht zwangsläufig relevanter sind als die der konkurrierenden Preisvergleichsdienste (siehe oben, Rn. 296 bis 299). Außerdem zeigt Google nicht auf, inwiefern der zweite Aspekt der beanstandeten Praktiken, nämlich die durch Anpassungsalgorithmen bewirkte Herabstufung einer erheblichen Zahl konkurrierender Preisvergleichsdienste auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten, zu Effizienzsteigerungen geführt haben soll. Unter diesen Umständen waren die in Rede stehenden Praktiken selbst dann, wenn davon auszugehen wäre, dass sie das Nutzererlebnis mancher Internetnutzer durch eine Hervorhebung und hierarchische Anordnung der Produktsuchergebnisse hätten verbessern können, nach der oben in Rn. 553 angeführten Rechtsprechung keinesfalls geeignet, sämtliche nachteiligen Auswirkungen dieser Praktiken auf den Wettbewerb und die Interessen der Verbraucher zu neutralisieren. Jedenfalls hat Google nicht den Gegenbeweis erbracht, den zu führen ihr, wie oben in Rn. 554 dargelegt, oblegen hätte. Das vierte der oben in Rn. 557 zusammengefassten Argumente von Google bestand darin, eine auf technische Sachzwänge gestützte objektive Rechtfertigung für ihr Verhalten vorzubringen. Mit diesem Argument sollte nachgewiesen werden, dass Google entgegen der Annahme der Kommission technisch nicht in der Lage gewesen sei, die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste zusammen mit denen ihres eigenen Preisvergleichsdienstes nach einheitlichen Regeln einzustufen, und dass dies zudem bedeutet hätte, sie in Preisvergleichsergebnisse von Google zu verwandeln. Im 671. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission entgegnet, Google habe nicht nachweisen können, dass sie außerstande gewesen sei, zur Festlegung der Positionierung und Präsentation der Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes und der Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste dieselben Verfahren und Methoden anzuwenden. Dem hat die Kommission hinzugefügt, die Vorschläge, die Google während der Gespräche im Hinblick auf den Abschluss des Verfahrens durch die Annahme von Verpflichtungszusagen unterbreitet habe, sowie interne Überlegungen von Google belegten, dass eine solche Gleichbehandlung möglich sei. Hierzu hat Google, wie aus dem 659. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hervorgeht und von ihr in den Rn. 130 bis 138 der Klageschrift bestätigt wird, im Verwaltungsverfahren erklärt, dass sie auf die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste nicht dieselben Auswahlkriterien anwenden könne wie auf ihre eigenen Preisvergleichsergebnisse, d. h. mit anderen Worten, dass sie nicht in der Lage sei, aus all den Antworten, die sie auf die Produktsuchanfrage eines Internetnutzers von den Preisvergleichsdiensten einschließlich ihres eigenen erhalte, die besten auszuwählen. Google hat in diesem Zusammenhang im Wesentlichen geltend gemacht, dass ihr weder die Struktur noch der Inhalt der Datenbanken der konkurrierenden Preisvergleichsdienste bekannt gewesen sei und dass sie auch nicht gewusst habe, wie deren Katalogisierungs- und Indexierungsverfahren funktionierten oder deren spezialisierte Algorithmen bestimmte Ergebnisse als Antwort auf die Suchanfrage eines Internetnutzers erzeugten, so dass sie weder die Qualität der von den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten gelieferten Ergebnisse im Vergleich zu ihren eigenen Ergebnissen habe beurteilen noch auch nur habe vorhersehen können, welche Ergebnisse die konkurrierenden Preisvergleichsdienste anlässlich einer konkreten Suchanfrage eines Internetnutzers lieferten, zumal es Hunderte solcher Preisvergleichsdienste gebe. Für Google sei es nicht realistisch gewesen, den Versuch zu unternehmen, dieser Unmöglichkeit der Vorhersage der Antworten der konkurrierenden Preisvergleichsdienste auf die konkrete Suchanfrage eines Internetnutzers dadurch abzuhelfen, dass sie selbst diese Anfrage an Hunderte Preisvergleichsdienste weiterleite, um anschließend alle eingehenden Antworten zu vergleichen. Dies hätte zumindest zu erheblichen Verzögerungen bei der Beantwortung der an Google gerichteten Nutzeranfrage geführt und damit die Qualität ihres Dienstes beeinträchtigt. Google habe nicht mehr tun können als das, was sie bereits getan habe, nämlich mit Hilfe ihrer Universal Search-Technologie ihre eigenen spezialisierten Produktergebnisse mit ihren eigenen allgemeinen Ergebnissen zu vergleichen, weil sie gewusst habe, wie diese erzeugt würden. Da ihre generischen Ergebnisse spezialisierte Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste aber nur durch das sogenannte „Crawling“-Verfahren, durch Indexierung und durch allgemeine Suchalgorithmen erfassten, könne dieser mit Universal Search durchgeführte Vergleich die Preisvergleichsergebnisse von Google nicht mit denen vergleichen, die die konkurrierenden Preisvergleichsdienste tatsächlich geliefert hätten, wenn sie die bei Google eingegangenen Produktsuchanfragen direkt erhalten hätten. Soweit zum einen das vierte Argument von Google dahin zu verstehen sein sollte, dass die nachteiligen Auswirkungen auf den Wettbewerb, die mit Effizienzsteigerungen im Zusammenhang mit der Verbesserung ihres Suchdienstes einhergingen, technisch unvermeidbar gewesen seien und dass Google im Wesentlichen nicht mehr hätte tun können, als sie bereits getan habe, um ihren Suchdienst zu verbessern, ist jedoch festzustellen, dass das Google vorgeworfene Verhalten, das zur Herabstufung zahlreicher konkurrierender Vergleichsdienste führte und die Aufmerksamkeit der Nutzer von den Ergebnissen dieser Vergleichsdienste ablenkte, nicht geeignet war, Effizienzsteigerungen durch eine Verbesserung des Nutzererlebnisses zu erzielen (siehe oben, Rn. 566 und 567), und dass diese Effizienzsteigerungen, sofern es sie geben sollte, in keiner Weise geeignet erscheinen, die erheblichen tatsächlichen oder potenziellen nachteiligen Auswirkungen dieser Praktiken auf den Wettbewerb und auf die Interessen der Verbraucher insgesamt auszugleichen (siehe oben, Rn. 568). In Ermangelung solcher Effizienzsteigerungen ist es unerheblich, dass alles, was getan wurde, um sie zu erzielen, technisch nur durch die von der Kommission geahndeten Praktiken umsetzbar gewesen sein soll. Zum anderen hat die Kommission im Rahmen der Feststellung der Zuwiderhandlung Google jedenfalls nicht vorgeworfen, für den Vergleich ihrer Produktergebnisse mit den Produktergebnissen, die die konkurrierenden Preisvergleichsdienste als Antwort auf die Produktsuchanfragen von Internetnutzern lieferten, nicht dieselben Verfahren und Methoden und insbesondere nicht dieselben Algorithmen verwendet zu haben, die sie für ihre eigenen spezialisierten Recherchen einsetzte. Die Kommission hat vielmehr bedauert, dass Google zur Festlegung der Positionierung und Präsentation der Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes und der Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste, die auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten hätten angezeigt werden können, nicht dieselben Verfahren und Methoden angewandt habe, weil die Anwendung unterschiedlicher Verfahren und Methoden zur Positionierung und Präsentation ihrer eigenen Ergebnisse und der Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste dazu geführt habe, dass die Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes bevorzugt und die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste herabgestuft worden seien. Somit hat die Kommission im angefochtenen Beschluss weder beanstandet, dass Google in ihre allgemeinen Ergebnisseiten keine neue Kategorie von Ereignissen aufgenommen habe, nämlich diejenigen Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste, die tatsächlich erzielt worden wären, wenn der Internetnutzer seine konkrete Suchanfrage unmittelbar an die spezialisierte Suchmaschine dieser konkurrierenden Preisvergleichsdienste gerichtet hätte, zweitens nichts anderes begehrt, als zwei Arten von Ergebnissen von Google im Hinblick auf deren Positionierung und Präsentation gleich zu behandeln, und drittens auch nicht bedauert, dass Google die von ihr selbst gelieferten Produktergebnisse nicht mit denen, die die konkurrierenden Preisvergleichsdienste für dieselbe konkrete Suchanfrage geliefert hätten, verglichen habe, wozu Google nach eigenen Angaben nicht in der Lage gewesen sei. Aus eben diesem Grund kann Google der Kommission weder vorwerfen, ihre technischen Erläuterungen nicht widerlegt zu haben, noch ihr, wie im Verwaltungsverfahren vorgetragen, zum Vorwurf machen, dass sie Google verpflichte, Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste dadurch, dass sie sie denselben Auswahlverfahren und ‑methoden unterwerfe wie ihre eigenen Ergebnisse, in Produktergebnisse von Google umzuwandeln. Außerdem hat Google – selbst wenn sie nicht in der Lage gewesen sein sollte, identische zugrunde liegende Verfahren und Methoden anzuwenden, um die Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes und die der konkurrierenden Preisvergleichsdienste in einheitlicher Weise miteinander zu vergleichen, weil sie insbesondere keinen Zugang zur Produktdatenbank der konkurrierenden Preisvergleichsdienste und zu deren eigenen Produktauswahlalgorithmen habe – nicht nachgewiesen, dass sie daran gehindert gewesen sei, auf diese Ergebnisse Verfahren und Methoden anzuwenden, die zur Gleichbehandlung der Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes und der Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste im Hinblick auf deren Positionierung und Präsentation geführt hätten. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass es, wie bereits oben in Rn. 554 ausgeführt, Sache des Unternehmens ist, das sich auf solche Rechtfertigungsgründe für sein Verhalten beruft, diese überzeugend darzulegen, und nicht Sache der Wettbewerbsbehörde, die dieses Verhalten prüft, von vornherein nachzuweisen, dass solche Rechtfertigungsgründe nicht vorliegen. Dies gilt insbesondere dann, wenn allein das betreffende Unternehmen Kenntnis von dieser objektiven Rechtfertigung hat oder natürlicherweise besser als die Kommission in der Lage ist, ihr Vorliegen darzulegen und nachzuweisen (Urteil vom 1. Juli 2010, AstraZeneca/Kommission, T‑321/05 , EU:T:2010:266 , Rn. ). Außerdem ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass die Kommission im 671. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses gleichwohl Argumente vorgebracht hat, um darzutun, dass es Google möglich gewesen wäre, gemeinsame Verfahren und Methoden anzuwenden, um festzulegen, wie ihre Produktergebnisse und die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste, die in den generischen Ergebnissen angezeigt werden könnten, auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google positioniert und präsentiert würden. Die Kommission hat sich insoweit auf die Vorschläge, die Google in den Gesprächen im Hinblick auf den Abschluss des Verfahrens durch die Annahme von Verpflichtungszusagen unterbreitet hat, sowie auf interne Überlegungen von Google gestützt. Um diese Argumente zu widerlegen, trägt Google in den Rn. 140 bis 142 der Klageschrift lediglich Gegenargumente vor, die zeigen sollen, dass diese Gespräche und Überlegungen keine auf denselben Verfahren und Methoden beruhende Einstufung der Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste und der eigenen Produktergebnisse von Google vorgesehen hätten. Diese Gegenargumente beziehen sich jedoch nicht auf die behauptete Unmöglichkeit, die Produktergebnisse von Google und ihre generischen Ergebnisse, die auch die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste einbeziehen können, nach denselben Kriterien zu positionieren und zu präsentieren. Aus dem Vorstehenden folgt, dass der dritte Teil des ersten Klagegrundes, mit dem die Einblendung der Product Universals gerechtfertigt werden soll, zurückzuweisen ist. b) Zu den Rechtfertigungsgründen von Google für die Einblendung der Shopping Units (dritter Teil des zweiten Klagegrundes) 1) Vorbringen der Parteien Google bringt gegen den angefochtenen Beschluss in Bezug auf die darin von der Kommission vorgenommene Beurteilung der angeführten Rechtfertigungsgründe für die Einblendung der Shopping Units im Wesentlichen die gleichen Argumente vor wie in Bezug auf die Einblendung der Product Universals (siehe oben, Rn. 544 und 546). Google macht zunächst geltend, dass die Kommission die gleiche Art von Fehlern begangen habe, indem sie im angefochtenen Beschluss nicht erläutert habe, warum die wettbewerbsfördernden Vorteile, die sich aus der Einführung der Shopping Units ergäben, diese nicht rechtfertigen könnten. Insoweit führt Google zum Nachweis der wettbewerbsfördernden Aspekte ihres Verhaltens aus, dass die Shopping Units bessere Antworten auf die Produktsuchanfragen lieferten als die Textanzeigen. Sodann trägt Google in Bezug auf die objektiven Notwendigkeiten vor, dass sie – wie im Fall der Product Universals und aus denselben Gründen – ihre Produktanzeigen in den Shopping Units und die von den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten generierten Produktanzeigen nicht mit anderen Methoden als den eigenen miteinander vergleichen könne. Auf diesen Aspekt sei die Kommission aber nicht eingegangen, obwohl sie dazu verpflichtet gewesen sei. Sie habe auch keine alternativen Lösungen aufgezeigt. Schließlich weist Google darauf hin, dass sie Anzeigen, die von konkurrierenden Preisvergleichsdiensten stammten, bereits in die Shopping Units aufgenommen habe, ebenso wie die Anzeigen anderer Anzeigenkunden. Sie trägt dies nicht nur vor, um, wie oben in Rn. 304 erwähnt, das Vorliegen einer Begünstigung ihres eigenen Produktvergleichsdienstes zu bestreiten, sondern auch, um darauf hinzuweisen, dass die Kommission keine anderen realistischen und praktikablen Alternativen zu dem aufgezeigt habe, was Google bereits unternommen habe, um von konkurrierenden Preisvergleichsdiensten stammende Anzeigen zu präsentieren. Google fügt hinzu, die Suchmaschine Bing verfahre in gleicher Weise wie sie, und auch Kelkoo habe im Verwaltungsverfahren eine ähnliche Lösung vorgeschlagen, ohne dass die Kommission diese Vorgehensweisen beanstandet habe. Die Kommission tritt diesem Vorbringen entgegen. 2) Würdigung durch das Gericht Zu den Rechtfertigungsgründen, die ein Unternehmen in beherrschender Stellung anführen kann, um darzutun, dass sein Verhalten, das in den Anwendungsbereich von Art. 102 AEUV fallen könnte, nicht gegen diese Vorschrift verstößt, ist auf die vorstehenden Rn. 551 bis 554 zu verweisen. Aus den Erwägungsgründen 655 bis 659 des angefochtenen Beschlusses, die in dessen Abschnitt 7.5 enthalten sind, der sich mit der Prüfung der von Google im Verwaltungsverfahren im Hinblick auf die objektiven Rechtfertigungen und Effizienzsteigerungen angeführten Gesichtspunkte befasst, geht hervor, dass Google zur Rechtfertigung der Einblendung der Shopping Units dieselben Argumente vorgebracht hat wie für die Einblendung der Product Universals. Google tritt dieser Darstellung ihrer Argumente, wie oben in Rn. 557 ausgeführt, in der Klageschrift nicht entgegen. Im Rahmen des dritten Teils ihres zweiten Klagegrundes wendet sie sich in ihren Schriftsätzen speziell gegen die sowohl die Product Universals als auch die Shopping Units betreffende Antwort der Kommission im angefochtenen Beschluss auf das zweite und das fünfte im Verwaltungsverfahren von ihr vorgebrachte und oben in Rn. 557 angeführte Argument (Erwägungsgründe 656 und 659 des angefochtenen Beschlusses). Auf das zweite Argument, mit dem Google auf die wettbewerbsfördernden Merkmale ihres Verhaltens hingewiesen hat, nämlich darauf, dass die Positionierung und Präsentation der Shopping Units sowie die ihnen zugrunde liegenden Technologien einen wettbewerbsfördernden Vorteil darstellten, weil sie gewährleisteten, dass ihr Online-Suchdienst den Internetnutzern und Online-Händlern größtmögliche Qualität biete, hat die Kommission in Bezug auf die Rechtfertigung der Einblendung sowohl der Shopping Units als auch der Product Universals eine einheitliche Antwort gegeben. Insoweit gibt es keinen Grund, von der oben in den Rn. 559 bis 568 dargelegten Analyse abzuweichen. Insbesondere zeigt der Umstand, dass die Shopping Units nach Ansicht von Google bessere Antworten auf die Produktsuchanfragen geliefert haben sollen als die Textanzeigen, in keiner Weise auf, dass ein solcher wettbewerbsfördernder Vorteil die von der Kommission festgestellten nachteiligen Auswirkungen des Verhaltens von Google auf den Wettbewerb ausgeglichen oder gar überwogen hätte. Die Ausführungen von Google in einer Anlage zur Klageschrift, dass die von einem auktionsbasierten Vergütungssystem (Shopping Units) stammenden Antworten relevanter und daher von besserer Qualität seien, als wenn sie ohne vorherige kommerzielle Gegenleistung erschienen, wie dies zur Zeit der Product Universals der Fall gewesen sei, sind kein überzeugendes Argument dafür, dass ein solches System das beste sei, insbesondere deshalb nicht, weil ein solches System tendenziell die zu erwartende Zahl der angezeigten Ergebnisse reduziert und somit die Wahlmöglichkeiten des Verbrauchers einschränkt. Auch auf das fünfte von Google im Verwaltungsverfahren vorgebrachte und in der Klageschrift wiederholte Argument, dass es technisch unmöglich sei, die verschiedenen Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes und der konkurrierenden Preisvergleichsdienste in kohärenter Weise einzustufen, und dass dies, selbst wenn es möglich wäre, alle Ergebnisse in Ergebnisse von Google verwandeln würde, hat die Kommission in Bezug auf die Rechtfertigung sowohl der Einblendung der Shopping Units als auch der Einblendung der Product Universals eine einheitliche Antwort gegeben. Insoweit gibt es keinen Grund, von der oben in den Rn. 569 bis 578 dargelegten Analyse abzuweichen. Abgesehen davon, dass Google, wie oben in Rn. 572 ausgeführt, nicht nachweist, dass die Einführung der Shopping Units wettbewerbsfördernden Belangen in einer Weise Rechnung trägt, die Effizienzsteigerungen zu bewirken vermag, die gegenüber der durch die Praktiken verursachten Beeinträchtigung des Wettbewerbs überwiegen, und dass es unerheblich ist, dass die behaupteten Effizienzsteigerungen ohne die in Rede stehenden technischen Sachzwänge einherzugehen, hat die Kommission nämlich, wie oben in den Rn. 575 und 576 ausgeführt, von Google nicht verlangt, die spezialisierten Suchalgorithmen der konkurrierenden Preisvergleichsdienste anzuwenden oder deren Ergebnisse im Verhältnis zu ihren eigenen Ergebnissen auf der Grundlage ihrer Algorithmen zu bewerten; sie verlangt vielmehr, dass Google die Ergebnisse der konkurrierenden Preisvergleichsdienste in einer Weise positioniert und präsentiert, die diese gegenüber den Ergebnissen des eigenen Preisvergleichsdienstes nicht diskriminiert, und dabei dieselben zugrunde liegenden Verfahren und Methoden anwendet. Insbesondere kann der Umstand, dass Google Anzeigen konkurrierender Preisvergleichsdienste in die Shopping Units integriert und dabei das für die Generierung ihrer Produktanzeigen übliche Verfahren befolgt hat, wie sie in Rn. 199 der Klageschrift ausführt – allerdings, wie die Kommission hervorhebt, unter der Voraussetzung, dass diese Preisvergleichsdienste selbst Verkäufer von Produkten werden –, keineswegs belegen, dass dies, soweit es die Preisvergleichsdienste betrifft, die einzig mögliche Vorgehensweise war. Es beweist nämlich keineswegs, dass es technisch nicht möglich war, dafür zu sorgen, dass Anzeigen konkurrierender Preisvergleichsdienste zu diskriminierungsfreien Bedingungen in den Shopping Units oder in hinsichtlich der Positionierung und Präsentation gleichwertigen „Boxen“ erscheinen konnten, ohne dass diese Preisvergleichsdienste die betreffenden Produkte selbst verkaufen mussten und ohne dass die Anzeigen nach demselben Verfahren generiert wurden wie die Produktanzeigen von Google. Die Kommission hat im 671. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses zu Recht entsprechende Feststellungen getroffen. Hierzu ist erneut darauf hinzuweisen, dass es, wie bereits oben in Rn. 554 ausgeführt, Sache des Unternehmens ist, das sich auf objektive Rechtfertigungsgründe für sein Verhalten beruft, diese überzeugend darzulegen, und nicht Sache der Wettbewerbsbehörde, die das Verhalten prüft, vorab nachzuweisen, dass solche Rechtfertigungsgründe nicht vorliegen. Google kann daher nicht mit Erfolg geltend machen, im Hinblick auf die von ihr angewandte Methode der Aufnahme von Anzeigen konkurrierender Preisvergleichsdienste in die Shopping Units habe die Kommission keine realistischen und durchführbaren Alternativlösungen aufgezeigt, um solche Anzeigen dort erscheinen zu lassen. Die Kommission konnte die von Google geltend gemachten objektiven Rechtfertigungsgründe in Anbetracht der zu ihrem Nachweis vorgebrachten Argumente zurückweisen, ohne ihrerseits durch die Darlegung einer anderen Methode zur Aufnahme von Anzeigen konkurrierender Preisvergleichsdienste in die Shopping Units beweisen zu müssen, dass das fragliche Verhalten nicht mit technischen Sachzwängen gerechtfertigt werden konnte. Außerdem hat Google nicht nachgewiesen, dass die einzige Möglichkeit, die Gleichbehandlung innerhalb der Shopping Units zu gewährleisten, darin bestand, die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste in Ergebnisse von Google zu verwandeln. Darüber hinaus hat Google in ihren Antworten auf die schriftlichen Fragen des Gerichts zur Umsetzung des angefochtenen Beschlusses im Vergleich zu den von ihr angebotenen Verpflichtungszusagen gezeigt, dass sie die Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste in die Shopping Units hätte aufnehmen können, indem sie sie als solche kennzeichnete. Schließlich ist hinzuzufügen, dass der angefochtene Beschluss nichts enthält, was darauf schließen lassen könnte, dass die Kommission die von Google angewandte Methode der Aufnahme von Anzeigen konkurrierender Preisvergleichsdienste in die Shopping Units letztlich mittelbar gebilligt hätte, weil die Suchmaschine Bing einen ähnlichen Ansatz verfolgt oder Kelkoo eine ähnliche Lösung vorgeschlagen haben soll. Außerdem weist Google, wie oben in Rn. 353 ausgeführt, in ihren Schriftsätzen nicht nach, dass sie die von Kelkoo befürwortete Methode anwendet. Nach alledem ist der dritte Teil des zweiten Klagegrundes, mit dem die Einblendung der Shopping Units gerechtfertigt werden soll, zurückzuweisen. 5. Ergebnis zum Hauptantrag Die Prüfung der Klagegründe, die sich gegen die in Art. 1 des angefochtenen Beschlusses getroffene Feststellung einer Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV richten, hat ergeben, dass diese Feststellung zu bestätigen ist, soweit sie sich auf Missbräuche einer beherrschenden Stellung auf den nationalen Märkten für spezialisierte Produktsuchdienste in den 13 in diesem Artikel genannten Ländern bezieht. Er ist jedoch für nichtig zu erklären, soweit darin Missbräuche einer beherrschenden Stellung auf den nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste in diesen Ländern aufgrund des Vorliegens wettbewerbswidriger Auswirkungen auf diese Märkte festgestellt werden. Da die Kommission zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass Google ihre beherrschende Stellung auf den nationalen Märkten für spezialisierte Produktsuchdienste missbraucht hat, ist die Klage abzuweisen, soweit sie auf die Nichtigerklärung der Art. 3 bis 5 des angefochtenen Beschlusses gerichtet ist, mit denen Google aufgegeben wird, die in Art. 1 festgestellte Zuwiderhandlung abzustellen und die Kommission über die zu diesem Zweck getroffenen Maßnahmen zu unterrichten, und ihr für den Fall der Nichterfüllung dieser Verpflichtungen Zwangsgelder auferlegt werden. C. Zum Hilfsantrag in Bezug auf den Grundsatz und die Höhe der Geldbuße 1. Erster Teil des sechsten Klagegrundes: Möglichkeit der Verhängung einer finanziellen Sanktion a) Vorbringen der Parteien Nach Ansicht von Google hätte die Kommission, selbst wenn die Feststellung einer Zuwiderhandlung zu bestätigen wäre, aus drei Gründen keine Sanktionen verhängen dürfen: Sie habe zum ersten Mal ein Verhalten, das auf die Verbesserung der Qualität abziele, als missbräuchlich eingestuft, sie habe sich darauf eingelassen, die Sache in einem Verfahren zur Annahme von Verpflichtungszusagen zu behandeln, und sie habe im Verwaltungsverfahren die Abhilfemaßnahmen abgelehnt, die sie nunmehr im Rahmen des angefochtenen Beschlusses verlange. Die CCIA ist der Ansicht, dass eine derart „astronomische“ finanzielle Sanktion, wie sie gegen Google verhängt worden sei – obwohl Google im Licht der Präzedenzfälle und der Rechtsprechung prima facie nicht gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen habe –, für die gesamte Branche problematisch sei und sich nachteilig auf die Innovationsanreize für die Unternehmen auswirke. Google weist – ebenso wie die CCIA – insbesondere darauf hin, dass die gegen sie verhängte Geldbuße die höchste sei, die die Kommission jemals wegen wettbewerbswidriger Praktiken verhängt habe, und macht geltend, dass die Kommission gegen ein Unternehmen nur dann eine Geldbuße verhängen dürfe, wenn es vorsätzlich oder fahrlässig gegen Art. 101 oder Art. 102 AEUV verstoßen habe. Dies hätte mithin vorausgesetzt, dass Google der wettbewerbswidrige Zweck ihres Verhaltens nicht verborgen geblieben sein könne. Sie verweist insoweit insbesondere auf das Urteil vom 11. Juli 1989, Belasco u. a./Kommission ( 246/86 , EU:C:1989:301 , Rn. ). Im angefochtenen Beschluss werde jedoch kein Umstand erwähnt, anhand dessen Google hätte erkennen können, dass die Verbesserungen, die sie bei ihren Diensten vorgenommen habe, rechtswidrig gewesen seien und daher hätten zurückgenommen oder den Wettbewerbern zur Verfügung gestellt werden müssen, zumal die Kommission in einer Pressemitteilung zum angefochtenen Beschluss erklärt habe, dieser Beschluss sei „ein Präzedenzfall, der den Rahmen für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser Art von Verhalten festlegt“. Google könne daher nicht einmal vorgeworfen werden, fahrlässig gehandelt zu haben. Insoweit verweist die CCIA u. a. auf den Beschluss der Kommission vom 22. Januar 2019 in einem Verfahren nach Artikel 101 AEUV und Artikel 53 des EWR-Abkommens (AT.40049 – MasterCard II), in dem anerkannt worden sei, dass sich MasterCard der Wettbewerbswidrigkeit ihres Verhaltens bei vernünftiger Betrachtung nicht habe bewusst sein können, bevor die Kommission Verpflichtungszusagen des anderen Interbanken-Kartenzahlungssystems, Visa, im Zusammenhang mit einem gleichartigen Verhalten angenommen habe. Google führt aus, die Kommission habe in früheren Fällen die Auffassung vertreten, dass Sanktionen nicht angebracht seien, wenn eine neue „Missbrauchstheorie“ aufgestellt oder das in Rede stehende Verhalten in der Rechtsprechung der nationalen Gerichte unterschiedlich beurteilt werde. Mehrere von Google angeführte Entscheidungen nationaler Verwaltungsbehörden oder Gerichte seien aber zu dem Ergebnis gelangt, dass ihr Verhalten rechtmäßig sei. Die Tatsache, dass die Kommission das Google zur Last gelegte Verhalten als missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf einem Markt angesehen habe, die auf einen anderen Markt abziele und unter den Begriff des Missbrauchs durch Hebelwirkung falle, stehe der Neuartigkeit des angefochtenen Beschlusses nicht entgegen, weil dieser Begriff sehr unterschiedliche Sachverhalte erfassen könne. Der Umstand, dass die Kommission sich zunächst darauf eingelassen habe, die Sache im Rahmen eines Verfahrens zur Annahme von Verpflichtungszusagen zu behandeln, bedeute zugleich, dass in dieser Sache eine Sanktion nicht angezeigt sei; das ergebe sich aus dem 13. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 1/2003, aus einer Mitteilung der Kommission, in der diese Verfahrensart dargestellt werde, und aus dem auf ihrer Website zugänglichen Verfahrenshandbuch der Generaldirektion (GD) Wettbewerb der Kommission. Die Befugnis der Kommission, zum klassischen Verfahren zurückzukehren, wenn das Verfahren zur Annahme von Verpflichtungszusagen nicht zum Erfolg führe, dürfe nicht mit der Frage verwechselt werden, ob das in Rede stehende Verhalten eine Sanktion verdiene. In der Erwiderung fügt Google hinzu, dass die Kommission zumindest Erläuterungen hierzu hätte geben müssen. Die CCIA ist der Ansicht, dass der angefochtene Beschluss in dieser Hinsicht nicht ausreichend begründet sei. Schließlich habe die Kommission die am Verwaltungsverfahren Beteiligten zunächst darauf hingewiesen, dass es auf der Grundlage der Wettbewerbsregeln der Union nicht möglich sei, von Google das zu verlangen, was sie ihr letztlich im angefochtenen Beschluss auferlegt habe, nämlich dieselben Verfahren und Methoden zu verwenden, um auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten sowohl ihre eigenen Preisvergleichsergebnisse als auch die der konkurrierenden Preisvergleichsdienste erscheinen zu lassen. Auch dies zeige im Wesentlichen, dass Google nicht habe ahnen können, dass sie gegen die Wettbewerbsregeln der Union verstoße, weil die Kommission eine Zeit lang erklärt habe, dass dies nicht der Fall sei. Die Kommission sowie die Bundesrepublik Deutschland machen zunächst geltend, dass die rechtliche Analyse, auf der der angefochtene Beschluss beruhe, nichts Neues enthalte. Die Einstufung eines Verhaltens als Missbrauch einer beherrschenden Stellung auf einem Markt mit dem Ziel, diese Stellung auf benachbarte Märkte auszudehnen, sei seit längerem bekannt; Google verwechsele die Aufstellung neuer Grundsätze mit der Anwendung bewährter Grundsätze auf neue Praktiken. In den meisten Sachen, in denen diese Art von Missbrauch festgestellt worden sei, habe er wie im vorliegenden Fall in einem komplexen Umfeld stattgefunden, was die Unionsgerichte nicht daran gehindert habe, die in solchen Fällen verhängten hohen finanziellen Sanktionen zu bestätigen. Anders als in einigen der von der CCIA angeführten Rechtssachen habe im vorliegenden Fall vor dem Erlass des angefochtenen Beschlusses keine Ungewissheit über das maßgebliche rechtliche Kriterium für die Beurteilung des Verhaltens von Google bestanden. Jedenfalls setze die Möglichkeit, eine Sanktion gegen ein Unternehmen zu verhängen, dessen subjektive Kenntnis der Missbräuchlichkeit seines Verhaltens nicht voraus. Da die Kommission zudem über einen Ermessensspielraum bei der Entscheidung verfüge, einen Fall im Rahmen eines Verfahrens zur Annahme von Verpflichtungszusagen oder eines klassischen Verfahrens zu behandeln, und da sie, wie in den Erwägungsgründen 123 ff. des angefochtenen Beschlusses dargelegt, mehrere Gründe gehabt habe, nach Einleitung des erstgenannten Verfahrens zum klassischen Verfahren zurückzukehren, habe sie ihre Befugnis zur Verhängung einer finanziellen Sanktion wiedererlangt. Außerdem hätten die Informationen, die Google anlässlich der Gespräche über die Annahme von Verpflichtungszusagen vorgelegt habe, entgegen ihrem Vorbringen die Aufgabe der Kommission, die Zuwiderhandlung einzustufen, in keiner Weise erleichtert, was sich andernfalls auf die zu verhängende Sanktion hätte auswirken können. Google habe nämlich jegliche Zuwiderhandlung ausdrücklich abgestritten. Schließlich macht die Kommission im Wesentlichen geltend, das, was nach der von ihr in einem bestimmten Stadium des Verwaltungsverfahrens geäußerten vorläufigen Schlussfolgerung nicht von Google habe verlangt werden können, nämlich in ihren generischen Ergebnissen alle Ergebnisse von Preisvergleichsdiensten einschließlich ihres eigenen in gleicher Weise einzustufen, sei nicht dasselbe wie das, was später als missbräuchlich angesehen und deshalb untersagt worden sei, nämlich auf den allgemeinen Ergebnisseiten von Google deren eigenen Preisvergleichsdienst gegenüber den anderen zu bevorzugen. Selbst wenn es möglich sein sollte, von Google angeführte Ansichten des ehemaligen für Wettbewerbsfragen zuständigen Mitglieds der Kommission anders auszulegen, seien diese persönlicher Natur und für die Kommission nicht bindend. b) Würdigung durch das Gericht Vorab ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht in Anwendung von Art. 261 AEUV gemäß Art. 31 der Verordnung Nr. 1/2003 zur unbeschränkten Nachprüfung der finanziellen Sanktionen befugt ist, die die Kommission wegen einer Zuwiderhandlung gegen die Art. 101 und 102 AEUV verhängt. Über die reine Rechtmäßigkeitskontrolle hinaus, die nur die Zurückweisung der Nichtigkeitsklage oder die Nichtigerklärung des angefochtenen Rechtsakts ermöglicht, ermächtigt diese Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung das Gericht, den angefochtenen Rechtsakt, auch ohne ihn für nichtig zu erklären, unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände abzuändern, um z. B. den Betrag der Geldbuße zu ändern und ihn herabzusetzen oder auch zu erhöhen (Urteil vom 3. September 2009, Prym und Prym Consumer/Kommission, C‑534/07 P , EU:C:2009:505 , Rn. ; vgl. in diesem Sinne auch Urteile vom 3. Dezember 1957, ALMA/Hohe Behörde, 8/56 , EU:C:1957:12 , S. , und vom 8. Februar 2007, Groupe Danone/Kommission, C‑3/06 P , EU:C:2007:88 , Rn. bis ). Unter diesen Umständen kann das Gericht in Bezug auf die gegen Google verhängte finanzielle Sanktion gegebenenfalls andere Beurteilungen vornehmen als die Kommission im angefochtenen Beschluss. Das erste Argument, mit dem Google sich gegen die ihr auferlegte finanzielle Sanktion wendet, geht im Wesentlichen dahin, dass sie in Anbetracht der Neuartigkeit der im angefochtenen Beschluss vorgenommenen Analyse des ihr vorgeworfenen Verhaltens weder vorsätzlich noch fahrlässig gegen Art. 102 AEUV verstoßen haben könne, so dass gegen sie keine Sanktion verhängt werden dürfe. Insoweit bestimmt Art. 23 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 1/2003, dass die Kommission Geldbußen gegen Unternehmen verhängen kann, wenn diese „vorsätzlich oder fahrlässig“ gegen Art. 102 AEUV verstoßen. Hinsichtlich der Frage, ob eine Zuwiderhandlung vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde, ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass sie vorsätzlich begangen wurde, wenn dem betreffenden Unternehmen der wettbewerbswidrige Charakter seines Verhaltens nicht verborgen geblieben sein konnte (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 1. Februar 1978, Miller International Schallplatten/Kommission, 19/77 , EU:C:1978:19 , Rn. , vom 8. November 1983, IAZ International Belgium u. a./Kommission, 96/82 bis 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 und 110/82 , EU:C:1983:310 , Rn. , und vom 10. Juli 2014, Telefónica und Telefónica de España/Kommission, C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , Rn. ). Ein Unternehmen kann jedoch auch dann mit einer Sanktion belegt werden, wenn es eine Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV fahrlässig begangen hat, wobei alternativ die zweite Fallgruppe, bei der die Möglichkeit zur Verhängung einer Sanktion besteht, oder die erste Fallgruppe herangezogen werden kann (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 25. März 1996, SPO u. a./Kommission, C‑137/95 P , EU:C:1996:130 , Rn. bis ). Insoweit hat die Kommission in den Erwägungsgründen 723 bis 729 des angefochtenen Beschlusses zum Nachweis einer von Google vorsätzlich oder fahrlässig begangenen Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV ausgeführt, Google könne weder verborgen geblieben sein, dass sie auf den betroffenen nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste eine beherrschende Stellung innehabe, noch, dass ihr Verhalten einen Missbrauch dieser beherrschenden Stellung darstelle. Ferner stehe der Umstand, dass die konkrete Art des in Rede stehenden Verhaltens nicht Gegenstand früherer Entscheidungen gewesen sei, der Verhängung einer Geldbuße nicht entgegen. Die Kommission hat ihre These, Google habe die Missbräuchlichkeit ihres Verhaltens nicht verborgen geblieben sein können, mit dem Hinweis darauf begründet, dass die Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf einem Markt zur Ausdehnung dieser Stellung auf einen oder mehrere benachbarte Märkte eine allgemein anerkannte Form des Missbrauchs darstelle, die vom Leistungswettbewerb abweiche. Hierbei hat sie sich unter Bezugnahme auf den 334. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses insbesondere auf die Urteile vom 3. Oktober 1985, CBEM ( 311/84 , EU:C:1985:394 , Rn. ), vom14. November 1996, Tetra Pak/Kommission ( C‑333/94 P , EU:C:1996:436 , Rn. ), vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. ), vom 7. Oktober 1999, Irish Sugar/Kommission ( T‑228/97 , EU:T:1999:246 , Rn. ), und vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission ( T‑201/04 , EU:T:2007:289 , Rn. ), berufen. Die Kommission hat ferner darauf hingewiesen, dass sie Google am 13. März 2013 eine vorläufige Beurteilung übermittelt habe, in der sie dargelegt habe, inwiefern deren Verhalten gegen Art. 102 AEUV verstoße. Wie sich aus den vorstehenden Rn. 162 und 163 ergibt, lassen die oben in Rn. 609 angeführten Urteile, in ihrem jeweiligen Kontext betrachtet, zwar nicht den Schluss zu, dass jede Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf einem Markt mit dem Ziel, diese beherrschende Stellung auf einen oder mehrere benachbarte Märkte auszudehnen, eine allgemein anerkannte Form des Missbrauchs darstellt. In jeder der in Rede stehenden Rechtssachen wurde eine spezifische Art von Verhalten, die sich von dem Verhalten von Google unterschied, als vom Leistungswettbewerb abweichend eingestuft, so z. B., sich eine Hilfstätigkeit zu einem gesetzlichen Monopol vorzubehalten, Kopplungsgeschäfte oder eine Kampfpreispolitik zu betreiben, eine „Kosten-Preis-Schere“ anzuwenden, eine Politik der Preisdiskriminierung oder der Kundenbindung zu verfolgen oder die Interoperabilität von Computersystemen zu verweigern. Außerdem wird in den von der Kommission angeführten Randnummern dieser Urteile lediglich klargestellt, dass ein Missbrauch einer beherrschenden Stellung auch dann vorliegen kann, wenn er sich auf einen anderen als den beherrschten Markt auswirke, wenn er sich auf den beherrschten Markt auswirkt, obwohl das in Rede stehende Verhalten auf einem anderen Markt stattfindet, oder wenn das in Rede stehende Verhalten und seine Auswirkungen nur auf einem anderen als dem beherrschten Markt auftreten. Die Möglichkeit, gegebenenfalls auf der Grundlage von Art. 102 AEUV einen Missbrauch festzustellen, der auf einem anderen als dem beherrschten Markt begangen wurde, bedeutet aber nicht, dass jede Praxis, mit der ein Unternehmen seine beherrschende Stellung auf einem Markt ausnutzt, um auf einem anderen Markt Fuß zu fassen, zwangsläufig wettbewerbswidrig ist. Wie oben in Rn. 162 ausgeführt, kann die bloße Ausdehnung der beherrschenden Stellung eines Unternehmens auf einen benachbarten Markt nämlich für sich genommen noch kein Beweis für ein Verhalten sein, das von einem „normalen Wettbewerb“ im Sinne des Urteils vom 27. März 2012, Post Danmark ( C‑209/10 , EU:C:2012:172 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung) abweicht, selbst wenn eine solche Ausdehnung zum Ausscheiden oder zur Marginalisierung von Wettbewerbern führt. Soweit die Kommission in sieben der betroffenen Länder eine schon vor März 2013 begangene Zuwiderhandlung von Google festgestellt hat, kommt hinzu, dass ihr Argument, sie habe Google in der ihr übermittelten vorläufigen Beurteilung über die Wettbewerbswidrigkeit ihres Verhaltens unterrichtet, in zeitlicher Hinsicht für den Zeitraum vor März 2013 unzureichend ist. Ein Unternehmen, das eine marktbeherrschende Stellung innehat, trägt nach ständiger Rechtsprechung unabhängig von den Ursachen dieser Stellung – selbst wenn diese auf der Qualität seiner Erzeugnisse und seiner Leistungen beruht – eine besondere Verantwortung dafür, dass es durch sein Verhalten einen wirksamen und unverfälschten Wettbewerb auf dem Binnenmarkt nicht beeinträchtigt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 9. November 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie-Michelin/Kommission, 322/81 , EU:C:1983:313 , Rn. , und vom 17. Februar 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , Rn. ). Somit ist ein marktbeherrschendes Unternehmen im Anwendungsbereich von Art. 102 AEUV bestimmten Beschränkungen unterworfen, die für andere Unternehmen nicht gelten, und eine Praxis, die unter normalen Wettbewerbsbedingungen nicht zu beanstanden wäre, kann missbräuchlich sein, wenn sie von einem marktbeherrschenden Unternehmen angewandt wird (Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Post Danmark, C‑23/14 , EU:C:2015:343 , Nr. ; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 16. März 2000, Compagnie maritime belge transports u. a./Kommission, C‑395/96 P und C‑396/96 P , EU:C:2000:132 , Rn. . Desgleichen kann nach ständiger Rechtsprechung, auf die die Kommission und die Bundesrepublik Deutschland hingewiesen haben, eine beherrschende Stellung auf einem Markt wegen der Folgen, die eine den Wettbewerb verfälschende Praxis des beherrschenden Unternehmens auf einem anderen Markt hat, zur Feststellung einer missbräuchlichen Ausnutzung dieser Stellung führen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. März 1974, Istituto Chemioterapico Italiano und Commercial Solvents/Kommission, 6/73 und 7/73 , EU:C:1974:18 , Rn. , und vom 3. Oktober 1985, CBEM, 311/84 , EU:C:1985:394 , Rn. und ). Die Kommission befasst sich in ihren Erläuterungen zu den Prioritäten bei der Anwendung von Art. 102 AEUV auf Fälle von Behinderungsmissbrauch durch marktbeherrschende Unternehmen mit derartigen Sachverhalten und verweist dabei auf zahlreiche Urteile des Gerichtshofs und des Gerichts (siehe insbesondere oben, Rn. 52 ff.) In dieser Mitteilung geht die Kommission z. B. auf den Fall von Kopplungs- und Bündelungsgeschäften ein und führt aus, dass es sich dabei um gängige Praktiken handele, die in der Regel darauf abzielten, den Kunden bessere Produkte oder Angebote auf kostengünstigere Weise zur Verfügung zu stellen. Sie erläutert jedoch, dass eine solche Praxis, wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender Stellung verfolgt werde, den Verbrauchern schaden könne, sofern diese Art von Verkäufen den Markt abschotte und zu einer wettbewerbswidrigen Verdrängung von Wettbewerbern führe. Aus dem Vorstehenden folgt, dass Google, die sich ihrer beherrschenden Stellung auf den Märkten für allgemeine Suchdienste im EWR bewusst war und auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten ihren eigenen Preisvergleichsdienst gegenüber ihren Mitbewerbern bevorzugte – ein Verhalten, das, wie oben in Rn. 179 festgestellt, in gewisser Hinsicht eine Anomalie darstellte – und auch die Bedeutung dieser Seiten als Quelle des Datenverkehrs für die Preisvergleichsdienste kannte, gewusst haben muss, dass ihr Verhalten die Chancengleichheit zwischen den verschiedenen Wirtschaftsteilnehmern, die ein System unverfälschten Wettbewerbs sicherstellt (vgl. die oben in Rn. 180 am Ende angeführte Rechtsprechung), beeinträchtigte und geeignet war, ihre Wettbewerber auf bestimmten Märkten für spezialisierte Produktsuchdienste im EWR zu verdrängen oder deren Wettbewerb auf diesen Märkten zu beschränken. Somit hat Google vorsätzlich ein wettbewerbswidriges Verhalten im Sinne der oben in Rn. 608 angeführten Rechtsprechung an den Tag gelegt, das einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen konnte. Daher ist festzustellen, dass diese Zuwiderhandlung auch schon vorsätzlich begangen wurde, bevor Google im März 2013 die vorläufige Beurteilung erhielt, in der die Kommission erläuterte, inwiefern das Verhalten von Google gegen Art. 102 AEUV verstoßen könne. Die Fortsetzung der Zuwiderhandlung nach Erhalt dieser Beurteilung war erst recht vorsätzlich. Google bestreitet nämlich nicht, von der Kommission in dieser Beurteilung, wie im 63. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, darauf hingewiesen worden zu sein, dass die bevorzugte Behandlung von Links zu ihren eigenen spezialisierten Suchdiensten gegenüber Links zu konkurrierenden spezialisierten Suchdiensten auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten eine Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV und Art. 54 des EWR-Abkommens darstellen könne (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. April 2011, Visa Europe und Visa International Service/Kommission, T‑461/07 , EU:T:2011:181 , Rn. bis ). Nachdem Google sich über die Bedenken der Kommission in Bezug auf ihren Preisvergleichsdienst hinweggesetzt hatte, konnte sie umso weniger behaupten, von der Vereinbarkeit ihrer Praktiken mit den Bestimmungen des Art. 102 AEUV überzeugt gewesen zu sein (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Dezember 2003, British Airways/Kommission, T‑219/99 , EU:T:2003:343 , Rn. ). Die Kommission war daher berechtigt, eine Sanktion zu verhängen, sofern nicht ein besonderer Grund dagegen sprach. Der Umstand, dass die konkrete Art des Google vorgeworfenen Verhaltens vor Erlass des angefochtenen Beschlusses noch nicht Gegenstand einer Entscheidung zur Anwendung der Wettbewerbsregeln der Union war – was die Kommission eingeräumt hat, indem sie in der Pressemitteilung zur Bekanntgabe des angefochtenen Beschlusses öffentlich erklärte, dass dieser Beschluss „ein Präzedenzfall ist, der den Rahmen für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit dieser Art von Verhalten festlegt“ – bedeutet insoweit in Anbetracht der oben in den Rn. 612 bis 616 genannten Umstände nicht, dass die Feststellung einer Zuwiderhandlung von Google, ebenso wie die Verhängung einer Sanktion, für Google unvorhersehbar war (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 8. September 2016, Lundbeck/Kommission, T‑472/13 , EU:T:2016:449 , Rn. bis ). Das Gleiche gilt für den von der Kommission bestrittenen Umstand, dass sie in einem bestimmten Stadium des Verfahrens zu verstehen gegeben haben soll, sie könne Google nicht zu den Änderungen ihres Verhaltens zwingen, die sie ihr letztlich doch auferlegt hat. In diesem Stadium des Verfahrens, in dem die Kommission in Betracht zog, Verpflichtungszusagen von Google anzunehmen und die gegen Google erhobenen Beschwerden zurückzuweisen, konnte eine solche Stellungnahme nur vorläufig sein und in Anbetracht der oben in den Rn. 612 bis 616 angeführten Umstände ebenfalls nicht belegen, dass die Feststellung einer Zuwiderhandlung von Google, ebenso wie die Verhängung einer Sanktion, für Google unvorhersehbar war. Insoweit muss zwar im Rahmen der Anwendung der Bestimmungen der Verordnung Nr. 1/2003, die für Zuwiderhandlungen gegen die in den Art. 101 und 102 AEUV niedergelegten Wettbewerbsregeln Sanktionen vorsehen, insbesondere der in Art. 49 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union niedergelegte Grundsatz der gesetzlichen Bestimmtheit von strafbaren Handlungen und Strafen beachtet werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 10. Juli 2014, Telefónica und Telefónica de España/Kommission, C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , Rn. bis ); dieser Grundsatz darf aber nicht so verstanden werden, dass er die schrittweise Klärung der Vorschriften über die strafrechtliche Verantwortlichkeit durch richterliche Auslegung von Fall zu Fall untersagt, vorausgesetzt, dass das Ergebnis zum Zeitpunkt der Begehung der Zuwiderhandlung insbesondere unter Berücksichtigung der Auslegung, die zu dieser Zeit in der Rechtsprechung zur fraglichen Rechtsvorschrift vertreten wurde, hinreichend vorhersehbar ist (vgl. Urteil vom 22. Oktober 2015, AC‑Treuhand/Kommission, C‑194/14 P , EU:C:2015:717 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Als zweites Argument, mit dem sich Google, die insoweit durch die CCIA unterstützt wird, gegen die ihr auferlegte finanzielle Sanktion wendet, macht sie im Wesentlichen eine Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen Fällen geltend, in denen Unternehmen, die gegen die Wettbewerbsregeln verstoßen hätten, nicht mit einer Sanktion belegt worden seien, weil ihnen nicht bewusst gewesen sei, dass sie gegen diese Regeln verstießen, oder weil bislang aufgrund unterschiedlicher Beurteilungen durch verschiedene nationale Behörden Ungewissheit über das Vorliegen einer Zuwiderhandlung bestanden habe. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts, der in den Art. 20 und 21 der Charta der Grundrechte verankert ist. Nach ständiger Rechtsprechung verlangt dieser Grundsatz, dass vergleichbare Sachverhalte nicht unterschiedlich und unterschiedliche Sachverhalte nicht gleich behandelt werden, es sei denn, dass eine solche Behandlung objektiv gerechtfertigt ist (Urteile vom 12. November 2014, Guardian Industries und Guardian Europe/Kommission, C‑580/12 P , EU:C:2014:2363 , Rn. , und vom 26. Januar 2017, Roca/Kommission, C‑638/13 P , EU:C:2017:53 , Rn. ). Aus der Rechtsprechung ergibt sich jedoch auch, dass Vergleiche mit anderen Beschlüssen der Kommission über Geldbußen im Hinblick auf die Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung nur dann relevant sein können, wenn dargetan wird, dass die diesen Beschlüssen zugrunde liegenden tatsächlichen Gegebenheiten wie die Märkte, die Erzeugnisse, die Länder, die Unternehmen und die betroffenen Zeiträume die gleichen sind wie im vorliegenden Fall. Aus der Rechtsprechung ergibt sich ferner, dass zum Vergleich Beschlüsse aus derselben Zeit heranzuziehen sind (Urteile vom 24. März 2011, IMI u. a./Kommission, T‑378/06 , nicht veröffentlicht, EU:T:2011:109 , Rn. , und vom 27. Juni 2012, YKK u. a./Kommission, T‑448/07 , nicht veröffentlicht, EU:T:2012:322 , Rn. ). Selbst wenn man diesen zweiten – zeitlichen – Faktor außer Betracht lässt, ist festzustellen, dass der an die Motorola Mobility LLC gerichtete Beschluss C(2014) 2892 final der Kommission vom 29. April 2014 in einem Verfahren nach Art. 102 AEUV und Art. 54 des EWR-Abkommens (AT.39985 – Motorola – Durchsetzung standardessenzieller GPRS-Patente), die Entscheidung der Kommission vom 2. Juni 2004 in einem Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag (Sache COMP/38.096 – Clearstream [Clearing und Abrechnung]), die Entscheidung der Kommission vom 27. August 2003 in einem Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag (COMP/37.685 – GVG/FS), der Beschluss C(2019) 241 final der Kommission vom 22. Januar 2019 in einem Verfahren nach Art. 101 AEUV und Art. 53 des EWR-Abkommens (AT.40049 – MasterCard II) und die Entscheidung der Kommission vom 25. Juli 2001 in einem Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag (COMP/C‑1/36.915 – Deutsche Post AG – Aufhaltung grenzüberschreitender Postsendungen), auf die sich Google oder die CCIA berufen, ganz andere Sektoren und Probleme als die des vorliegenden Falles betrafen, nämlich den Sektor der Telekommunikationstechnologien und eine Problematik im Zusammenhang mit einem bestehenden Patent und einer Unterlassungsklage gegen die Nutzung einer dieser Technologien, den Sektor der Abwicklung (Clearing und Abrechnung) von Wertpapiergeschäften und eine Problematik im Zusammenhang mit der Verweigerung von Dienstleistungen und der Anwendung diskriminierender Preise, den Sektor des internationalen Schienenpersonenverkehrs und eine Problematik im Zusammenhang mit der Verweigerung von Informationen, die den Zugang zum Streckennetz durch die Bildung einer internationalen Gruppierung von Eisenbahnunternehmen ermöglichten, den Sektor der Bankkartenzahlungen zwischen verschiedenen Ländern des EWR und eine Problematik der Preisgestaltung im Zusammenhang mit Interbankenentgelten bzw. den Postsektor und eine Problematik im Zusammenhang mit der als „internationales Remailing“ oder „umgeleitete Inlandspost“ bekannten Praxis. Auch den zahlreichen weiteren Entscheidungen, auf die sich Google beruft, liegen keine Sachverhalte zugrunde, die mit dem der vorliegenden Rechtssache vergleichbar wären, was Google nicht dadurch mit Erfolg bestreiten kann, dass sie im Wesentlichen geltend macht, der angefochtene Beschluss sei eine „Premiere“. Soweit es sich um Entscheidungen über nicht vergleichbare Sachverhalte handelt, stellt die Entscheidungspraxis der Kommission keinen rechtlichen Rahmen für die Festsetzung der Höhe von Geldbußen in Wettbewerbssachen dar, denn die Kommission verfügt in diesem Bereich über ein Ermessen, bei dessen Ausübung sie nicht an frühere eigene Beurteilungen gebunden ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. September 2009, Erste Group Bank u. a./Kommission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P und C‑137/07 P , EU:C:2009:576 , Rn. ). Folglich war die Tatsache, dass die Kommission es in bestimmten früheren Beschlüssen für unangebracht hielt, im Anschluss an die Feststellung einer Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln der Union eine Geldbuße zu verhängen, z. B. weil die Art des in Rede stehenden Verhaltens erstmals beurteilt wurde oder weil nationale Verwaltungsbehörden oder Gerichte anders entschieden hatten, für die Kommission nicht bindend und bindet erst recht nicht das Gericht. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln der Union, wie oben in Rn. 608 ausgeführt, als vorsätzlich begangen angesehen werden kann, wenn sich das betreffende Unternehmen über die Wettbewerbswidrigkeit seines Verhaltens nicht im Unklaren sein konnte, so dass es in einem solchen Fall wegen der begangenen Zuwiderhandlung mit einer Sanktion belegt werden kann. Darüber hinaus deutet nichts in der Verordnung Nr. 1/2003 oder in den Leitlinien darauf hin, dass die Kommission, wie Google ebenfalls geltend macht, davon absehen müsse, als „Premiere“ ein gegen die Wettbewerbsregeln der Union verstoßendes Verhalten zu ahnden, wenn es weder seinem Wesen noch seinem Zweck nach wettbewerbswidrig sei. Wie oben in Rn. 607 ausgeführt, kommt es als maßgebliches rechtliches Kriterium darauf an, ob die festgestellte Zuwiderhandlung vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Der Umstand, dass der festgestellte Missbrauch einen Sachverhalt betrifft, auf den die Wettbewerbsregeln der Union noch nie angewandt worden waren, ist somit ein Faktor, der bei der Beurteilung der Sanktion zwar zu berücksichtigen ist, dieser Sanktion aber nicht entgegensteht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. Juli 1991, AKZO/Kommission, C‑62/86 , EU:C:1991:286 , Rn. ). Unter diesen Umständen können die früheren Beschlüsse der Kommission, auf die sich Google und die CCIA berufen, oder auch die nationalen Urteile oder Verwaltungsentscheidungen, die sie in Bezug auf das im angefochtenen Beschluss beanstandete Verhalten als für Google „günstig“ angeführt haben, nicht zu dem Schluss führen, dass Google keine finanzielle Sanktion habe auferlegt werden können. Google, die insoweit wiederum durch die CCIA unterstützt wird, trägt als drittes Argument, mit dem sie sich gegen die ihr auferlegte finanzielle Sanktion wendet, im Wesentlichen vor, dass die Kommission aufgrund ihrer Entscheidung, die Sache im Rahmen eines Verfahrens zur Annahme von Verpflichtungszusagen zu behandeln, was bedeute, dass in dieser Sache eine Sanktion nicht angezeigt sei, letztlich keine derartige Sanktion gegen sie habe verhängen dürfen, auch wenn sie beschlossen habe, zum klassischen Verfahren zur Feststellung einer Zuwiderhandlung zurückzukehren. Die Kommission ist auf dieses Argument im Verwaltungsverfahren in den Erwägungsgründen 730 bis 734 des angefochtenen Beschlusses eingegangen. Hierzu hat sie ausgeführt, es stehe in ihrem Ermessen, entweder eine Entscheidung über die Annahme von Verpflichtungszusagen nach Art. 9 der Verordnung Nr. 1/2003 oder eine Entscheidung über die Feststellung einer Zuwiderhandlung nach Art. 7 dieser Verordnung zu erlassen. Sie hat insoweit auf die Urteile vom 29. Juni 2010, Kommission/Alrosa ( C‑441/07 P , EU:C:2010:377 , Rn. ), und vom 30. Juni 2016,CB/Kommission ( T‑491/07 RENV , nicht veröffentlicht, EU:T:2016:379 , Rn. ), verwiesen. Anschließend hat sie unter Bezugnahme auf die Erwägungsgründe 123 bis 137 des angefochtenen Beschlusses auf die Gründe hingewiesen, die sie dazu veranlasst hätten, zum klassischen Verfahren zur Feststellung einer Zuwiderhandlung zurückzukehren – nämlich im Wesentlichen, dass die angebotenen Verpflichtungszusagen nicht ausgereicht hätten, um die festgestellten Wettbewerbsprobleme zu beseitigen –, und ausgeführt, dass sie, nachdem sie zu diesem Rahmen zurückgekehrt sei, über sämtliche damit verbundenen Befugnisse verfügt habe, einschließlich der Befugnis, eine finanzielle Sanktion zu verhängen. Sie hat weiter ausgeführt, von der Verhängung einer Sanktion könne nur unter außergewöhnlichen Umständen abgesehen werden, z. B. bei einem entscheidenden Beitrag des Unternehmens zur Feststellung der Zuwiderhandlung, wohingegen die von Google angebotenen Verpflichtungszusagen in dieser Hinsicht in keiner Weise hilfreich gewesen seien. Wie das Gericht in dem von der Kommission im angefochtenen Beschluss angeführten Urteil vom 30. Juni 2016, CB/Kommission ( T‑491/07 RENV , nicht veröffentlicht, EU:T:2016:379 , Rn. ), festgestellt hat, ergibt sich aus dem Wortlaut der Verordnung Nr. 1/2003, dass die Kommission bei der Wahl, ob sie einen auf Art. 7 oder einen auf Art. 9 dieser Verordnung gestützten Beschluss erlässt, über einen Beurteilungsspielraum verfügt. Aus der Verwendung des Wortes „kann“ im letztgenannten Artikel, der vorsieht, dass die Kommission, „[wenn] die beteiligten Unternehmen Verpflichtungszusagen an[bieten], die geeignet sind, die ihnen von der Kommission … mitgeteilten Bedenken auszuräumen, … diese Verpflichtungszusagen im Wege einer Entscheidung für bindend für die Unternehmen erklären [kann]“, geht ebenfalls hervor, dass die Kommission nicht verpflichtet ist, ein von ihr eingeleitetes Verfahren zur Annahme von Verpflichtungszusagen fortzusetzen, und dass sie zum klassischen Verfahren zur Feststellung einer Zuwiderhandlung zurückkehren kann. Dazu ist die Kommission z. B. dann berechtigt, wenn sie die angebotenen Verpflichtungen für nicht ausreichend hält, um die festgestellten Wettbewerbsprobleme zu beheben, wenn sich der Sachverhalt oder diese Probleme als umfangreicher erweisen als ursprünglich angenommen, oder wenn sie aus allgemeinen wettbewerbspolitischen Gründen letztlich die Feststellung einer Zuwiderhandlung, die gegebenenfalls gerichtlich überprüft werden kann, für zweckmäßiger hält. Wie die Kommission geltend macht, steht die Rückkehr zum klassischen Verfahren zur Feststellung einer Zuwiderhandlung nach Einleitung eines Verfahrens zur Annahme von Verpflichtungszusagen als solche der Verhängung einer finanziellen Sanktion nicht entgegen, weil das klassische Verfahren eine solche Befugnis umfasst, wie sich aus Art. 7 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 1/2003 ergibt. Die Kommission hat dies im Wesentlichen in den Erwägungsgründen 730 bis 733 des angefochtenen Beschlusses dargelegt, der insoweit entgegen dem Vorbringen der CCIA nicht unter einem Begründungsmangel leidet. Google und die CCIA sind offenbar der Ansicht, die Kommission habe im vorliegenden Fall gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstoßen, indem sie eine Sanktion verhängt habe, nachdem sie ursprünglich ein Verfahren zur Annahme von Verpflichtungszusagen eingeleitet habe. Sie verweisen im Umkehrschluss auf den 13. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 1/2003, auf die Mitteilung der Kommission über das Verfahren zur Annahme von Verpflichtungszusagen und auf das Verfahrenshandbuch der GD Wettbewerb der Kommission, in denen dieses Verfahren als ungeeignet bezeichnet werde, wenn die Art der Falles Anlass zu einer Sanktion gebe. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes, der ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts ist, voraussetzt, dass derjenige, der sich darauf beruft, von dem betreffenden Organ präzise Zusicherungen erhalten hat, die bei ihm begründete Erwartungen geweckt haben (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 24. November 2005, Deutschland/Kommission, C‑506/03 , nicht veröffentlicht, EU:C:2005:715 , Rn. , vom 22. Juni 2006, Belgien und Forum 187/Kommission, C‑182/03 und C‑217/03 , EU:C:2006:416 , Rn. , und vom 21. Juli 2011, Alcoa Trasformazioni/Kommission, C‑194/09 P , EU:C:2011:497 , Rn. ). Es trifft zwar zu, dass neben der Pressemitteilung und dem Verfahrenshandbuch, auf die sich Google und die CCIA berufen, auch der 13. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 1/2003 den Hinweis enthält, dass Entscheidungen über die Annahme von Verpflichtungszusagen ungeeignet seien, wenn die Kommission eine Geldbuße aufzuerlegen beabsichtige; der Umstand, dass die Kommission in einem bestimmten Stadium der Untersuchung einer möglichen Zuwiderhandlung gegen die Art. 101 und 102 AEUV ein Verfahren zur Annahme von Verpflichtungszusagen einleitet, ist aber lediglich Ausdruck einer vorläufigen und nicht endgültigen verfahrensrechtlichen Option. Eine solche Verfahrenswahl kann keine präzise Zusicherung darstellen, dass die Kommission nicht auf das klassische Verfahren zur Feststellung einer Zuwiderhandlung zurückgreifen und keine Sanktion verhängen werde. Insoweit ist auf die oben in den Rn. 633 und 634 angeführten Gründe zu verweisen (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteile vom 23. Oktober 2003, Van den Bergh Foods/Kommission, T‑65/98 , EU:T:2003:281 , Rn. bis , und vom 14. April 2011, Visa Europe und Visa International Service/Kommission, T‑461/07 , EU:T:2011:181 , Rn. und ). Folglich war die Kommission durch die Tatsache, dass sie in einem bestimmten Verfahrensstadium der Ansicht war, die Sache könne gegebenenfalls im Wege des Verfahrens zur Annahme von Verpflichtungszusagen behandelt werden, nicht daran gehindert, gegen Google letztlich eine finanzielle Sanktion zu verhängen, nachdem sie zum klassischen Verfahren zur Feststellung einer Zuwiderhandlung zurückgekehrt war. Nach alledem war die Kommission berechtigt, gegen Google eine finanzielle Sanktion zu verhängen. 2. Zweiter Teil des sechsten Klagegrundes: Höhe der finanziellen Sanktion Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission in den Leitlinien angibt, dass sie bei der Berechnung der Höhe einer Geldbuße, mit der eine Zuwiderhandlung gegen Wettbewerbsregeln der Union geahndet werden solle, einen Anteil des Umsatzes mit den Waren oder Dienstleistungen, die mit der Zuwiderhandlung in Zusammenhang stünden, und die Dauer der Zuwiderhandlung heranziehe. Dabei wird auf den in einem Bezugsjahr erzielten Umsatz, der direkt oder indirekt mit der Zuwiderhandlung in Verbindung steht, ein Schwerekoeffizient von bis zu 30 % (Multiplikator von 0,3) angewandt. Der sich daraus ergebende Betrag wird sodann zur Ermittlung des „Grundbetrags der Geldbuße“ mit der in Jahren ausgedrückten Dauer der Zuwiderhandlung multipliziert und gegebenenfalls zu Abschreckungszwecken um einen Zusatzbetrag von 15 % bis 25 % des genannten Jahresumsatzes erhöht. Bei der Ermittlung des Umsatzes wird im Regelfall das letzte vollständige Geschäftsjahr zugrunde gelegt, in dem das Unternehmen an der Zuwiderhandlung beteiligt war (Ziff. 5 bis 25 der Leitlinien). Erschwerende oder mildernde Umstände können zu einer Änderung des Grundbetrags der Geldbuße führen, und er kann weiter erhöht werden, um insbesondere Unternehmen abzuschrecken, die besonders hohe Umsätze mit Waren oder Dienstleistungen erzielt haben, die nicht mit der Zuwiderhandlung in Zusammenhang standen, sofern die rechtliche Obergrenze von 10 % des weltweiten Umsatzes im Geschäftsjahr vor dem Erlass des Beschlusses eingehalten wird (Ziff. 27 bis 33 der Leitlinien). Wie oben in den Rn. 75 bis 77 ausführlicher dargelegt, hat die Kommission im vorliegenden Fall einen Schwerekoeffizienten von 10 % auf die Einnahmen angewandt, die 2016 in den 13 Ländern, in denen sie das beanstandete Verhalten festgestellt hatte, mit den Produktanzeigen in den Shopping Units und auf der spezialisierten Seite Google Shopping sowie mit den ebenfalls auf dieser Seite erscheinenden Textanzeigen erzielt wurden. Sie hat diesen Betrag mit der ermittelten Zahl der Jahre der Zuwiderhandlung seit der Einführung der Product Universals – oder, soweit diese nicht erfolgt war, seit der Einführung der Shopping Units – multipliziert, ihn zur Sicherstellung der abschreckenden Wirkung der Sanktion um einen Zusatzbetrag in Höhe von 10 % der oben genannten Einnahmen erhöht und den sich daraus ergebenden Betrag, ohne erschwerende oder mildernde Umstände festzustellen, durch Anwendung eines Multiplikators von 1,3 weiter erhöht. a) Vorbringen der Parteien Google macht geltend, selbst wenn die Kommission berechtigt gewesen wäre, gegen sie eine Geldbuße zu verhängen, sei diese jedenfalls falsch berechnet worden. Unter Bezugnahme auf die Leitlinien vertritt Google die Auffassung, die Kommission habe einen unzutreffenden Umsatzbetrag, einen zu langen Zuwiderhandlungszeitraum, einen übermäßigen Schwerekoeffizienten, einen ungerechtfertigten Zusatzbetrag, der in der Regel zur Abschreckung von wettbewerbswidrigen Kartellen verwendet werde, einen ebenfalls ungerechtfertigten zusätzlichen Abschreckungsmultiplikator und einen falschen Wechselkurs zugrunde gelegt und andererseits mildernde Umstände nicht berücksichtigt. Google beanstandet zunächst die Wahl des Jahres 2016 als Bezugsjahr für die Ermittlung des Umsatzes. Ihrer Ansicht nach hätte der Durchschnitt der Einnahmen während der Dauer des beanstandeten Verhaltens zugrunde gelegt werden müssen, was der wirtschaftlichen Realität und der Situation von Google besser entsprochen hätte. Die Kommission habe dies im Übrigen in ihrer Mitteilung der Beschwerdepunkte angekündigt und sei auch in mehreren anderen Sachen so verfahren. Ferner habe die Kommission für jedes betroffene Land einen zu langen Zuwiderhandlungszeitraum zugrunde gelegt. Für die Jahre vor 2011 sei keine Wettbewerbsanalyse durchgeführt worden, sondern nur eine Analyse des Suchverkehrs in Frankreich, in Deutschland und im Vereinigten Königreich, und in mehreren Staaten sei Google Shopping, das im angefochtenen Beschluss als der Preisvergleichsdienst von Google bezeichnet worden sei, erst im September 2016 eingeführt worden, auch wenn es die Shopping Units dort schon gegeben habe. Auch der Zeitraum zwischen Mai 2012 und März 2015, in dem Google mit der Kommission über mögliche Verpflichtungszusagen verhandelt habe, hätte – anders als ohne nähere Erläuterung tatsächlich geschehen – nicht berücksichtigt werden dürfen. Den angewandten Schwerekoeffizienten von 10 % hält Google für zu hoch. Es handele sich um den höchsten Schwerekoeffizienten (neben demjenigen in einer Sache, in der das wettbewerbswidrige Verhalten weit schwerwiegender gewesen sei), der jemals wegen einer Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV angewandt worden sei. Selbst in den schwerwiegendsten Fällen, in denen es um nach Art. 101 AEUV verbotene Kartelle gegangen sei, habe dieser Koeffizient selten 20 % überstiegen. Die angeführten Gründe, nämlich ein Zusammenhang mit den erheblichen Marktanteilen von Google und die wirtschaftliche Bedeutung der betroffenen Märkte, rechtfertigten ihn nicht. Diese Faktoren hätten nämlich im Zusammenhang mit der Marktsituation gestanden, nicht aber mit der Schwere des geahndeten Verhaltens. In der Sache, in der die der Entscheidung D(2009) 3726 final der Kommission vom 13. Mai 2009 in einem Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag und Artikel 54 EWR-Abkommen (COMP/C‑3/37.990 – Intel) ergangen sei und die eine ähnliche Marktsituation betroffen habe, sei ein Koeffizient von 5 % angewandt worden, obwohl das beanstandete Verhalten, wie die Kommission in dieser Entscheidung selbst ausgeführt habe, seinem Wesen nach missbräuchlich, komplex und verdeckt gewesen sei und die festgestellte Verdrängungsstrategie eine weltweite Dimension gehabt habe. Für die Anwendung eines Zusatzbetrags von 10 % der jährlichen Einnahmen, der einem Betrag von mehr als 200 Mio. Euro entspreche, gebe es bei einer Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV keinen Präzedenzfall, zumal eine derartige Erhöhung nach den Leitlinien dazu dienen solle, von Kartellen abzuschrecken, die unter Art. 101 AEUV fielen. Die Kommission habe nicht erläutert, aus welchen Gründen sie diese Erhöhung vorgenommen habe. Das in der Klagebeantwortung angeführte Ziel, andere Unternehmen abzuschrecken, rechtfertige es nicht, eine unverhältnismäßige Sanktion für ein Verhalten zu verhängen, das auch Wettbewerber von Google an den Tag gelegt hätten, die zudem nach der im angefochtenen Beschluss dargelegten Marktanalyse wohl kaum über eine beherrschende Stellung verfügt haben dürften. Ebenso wenig sei der letztlich angewandte Multiplikator von 1,3 gerechtfertigt, der zu einer Erhöhung um mehr als 500 Mio. Euro geführt habe. Insoweit sei die im angefochtenen Beschluss angeführte allgemeine Rechtfertigung mit der Notwendigkeit der Abschreckung und dem weltweiten Umsatz von Alphabet unzureichend. Eine solche Erhöhung sei wegen einer Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV nur ein einziges Mal vorgenommen worden, ohne zugleich einen Zusatzbetrag wie den oben erwähnten anzuwenden. Diese Zuwiderhandlung habe in der Verweigerung eines unerlässlichen Zugangs und in einer Kosten-Preis-Schere (Margenbeschneidung) bestanden. Außerdem habe Google in der vorliegenden Sache konstruktiv mit der Kommission zusammengearbeitet und das beanstandete Verhalten nicht verheimlicht, so dass eine spezifische Abschreckungskomponente der insoweit bereits völlig ausreichenden Geldbuße nicht erforderlich sei. Ferner habe die Kommission zur Ermittlung des Euro-Betrags der mit der Zuwiderhandlung in Zusammenhang stehenden Umsätze mit Waren und Dienstleistungen anhand der von Google in US-Dollar (USD) übermittelten Daten zu Unrecht den – zudem unzutreffenden – durchschnittlichen Wechselkurs des Jahres 2016 herangezogen, obwohl sie die durchschnittlichen Wechselkurse jedes der betroffenen Jahre hätte zugrunde legen müssen. Schließlich hätte die Kommission die von Google nach Treu und Glauben unternommenen Bemühungen um die Aushandlung von Verpflichtungszusagen, die Neuartigkeit der Theorie, auf die das Vorliegen einer Zuwiderhandlung gestützt worden sei und die bedeute, dass Google die ihr zur Last gelegte Zuwiderhandlung nicht vorsätzlich begangen habe, die Vorteile, die die Verbraucher und die Händler aus den in Rede stehenden Praktiken gezogen hätten, sowie die Tatsache, dass diese Praktiken nicht verschleiert worden seien, als mildernde Umstände berücksichtigen müssen. Aus dem Vorstehenden ergebe sich, dass die verhängte Geldbuße insbesondere bei Anwendung eines Schwerekoeffizienten von 2,5 % – der Hälfte des Koeffizienten, der in der Entscheidung D(2009) 3726 final der Kommission vom 13. Mai 2009 in einem Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag und Artikel 54 EWR-Abkommen (COMP/C‑3/37.990 – Intel) angewandt worden sei – anstelle des im angefochtenen Beschluss angewandten Koeffizienten von 10 % selbst ohne Berücksichtigung mildernder Umstände 91 Mio. Euro nicht hätte überschreiten dürfen. Google beantragt daher für den Fall, dass das Gericht eine finanzielle Sanktion aufrechterhalten sollte, alle vorstehenden Ausführungen bei der Ausübung seiner Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung zu berücksichtigen. Zur Wahl des Jahres 2016 als Bezugsjahr für die Ermittlung des Umsatzes mit den Waren oder Dienstleistungen, die mit der Zuwiderhandlung in Zusammenhang stehen, führt die Kommission aus, dass diese Wahl im Einklang mit den Vorgaben in Ziff. 13 der Leitlinien stehe und dass das letzte vollständige Jahr vor der Feststellung der Zuwiderhandlung die wirtschaftliche Realität widerspiegele, insbesondere das Ausmaß der Zuwiderhandlung sowie im Wesentlichen ihre Auswirkungen auf die betroffenen Märkte, nämlich die Entwicklung des Preisvergleichsdienstes von Google zum Nachteil der konkurrierenden Preisvergleichsdienste. Keiner der von Google vorgelegten Beweise deute auf das Gegenteil hin. Soweit die Kommission in einigen von Google angeführten Sachen Durchschnittswerte mehrerer Jahre herangezogen habe, sei dies im Hinblick auf den Grundsatz der Gleichbehandlung insbesondere aufgrund besonderer Umstände gerechtfertigt gewesen, die im vorliegenden Fall nicht vorhanden seien. Zur festgestellten Dauer der Zuwiderhandlung trägt die Kommission vor, sie habe auf der Grundlage konkreter Beweise festgestellt, dass das beanstandete Verhalten in Frankreich, in Deutschland und im Vereinigten Königreich schon vor 2011 vorgelegen habe, und habe diesen Zeitraum der Zuwiderhandlung nur für diese drei Länder festgestellt. Insoweit sei die Untersuchung des Datenverkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den Preisvergleichsdiensten relevant gewesen. In den übrigen Ländern, in denen die festgestellte Zuwiderhandlung erst später begonnen habe, habe der Preisvergleichsdienst von Google nicht nur ihre spezialisierte Seite umfasst, sondern auch die Produktanzeigen und die spezialisierten Suchergebnisse für Produkte, die auf den allgemeinen Ergebnisseiten erschienen seien, bevor diese spezialisierte Seite in bestimmten Ländern verfügbar gewesen sei. Insbesondere besage der von Google angeführte 412. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses nichts anderes. Somit habe das Erscheinen der Shopping Units mit ihren Produktanzeigen in einigen Ländern als Beginn des Verhaltens angesehen werden können, das darauf abgezielt habe, den Preisvergleichsdienst von Google zu begünstigen. Schließlich habe kein Grund bestanden, den Zeitraum der Erörterung möglicher Verpflichtungszusagen nicht einzubeziehen, weil die in Rede stehenden Praktiken während dieser Zeit nicht eingestellt worden seien. In Bezug auf den angewandten Schwerekoeffizienten von 10 % weist die Kommission darauf hin, dass dieser weit unter dem in den Leitlinien genannten maximalen Koeffizienten von 30 % liege, dass er die Bedeutung der von dem beanstandeten Verhalten betroffenen Märkte sowie die Art und den räumlichen Umfang dieses Verhaltens widerspiegele und dass das Gericht einen solchen Koeffizienten in einer Rechtssache, in der es um die Anwendung von Art. 102 AEUV gegangen sei, noch nie in Frage gestellt habe. Außerdem habe Google nicht dargetan, dass die Umstände der anderen von ihr angeführten Sachen, insbesondere der Sache, in der die Entscheidung D(2009) 3726 final der Kommission vom 13. Mai 2009 in einem Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag und Artikel 54 EWR-Abkommen (COMP/C‑3/37.990 – Intel) ergangen sei, mit denen der vorliegenden Rechtssache vergleichbar gewesen seien. Insoweit hätten Unterschiede in Bezug auf die Produkte und Märkte, die beteiligten Unternehmen und die Zeiträume, für die das Verhalten festgestellt worden sei, bestanden. Der Zusatzbetrag von 10 % der jährlichen Einnahmen sei ebenfalls gerechtfertigt. Aus Ziff. 25 der Leitlinien gehe nicht hervor, dass ein solcher Zusatzbetrag nur auf nach Art. 101 AEUV verbotene Kartelle anzuwenden sei, sondern dass er vorgesehen sei, um andere Unternehmen von einem rechtswidrigen, mit dem geahndeten vergleichbaren Verhalten abzuschrecken, auch auf anderen Produktmärkten. Google habe auch nicht dargetan, dass die Fälle, in denen die Kommission einen solchen Betrag nicht in die Sanktion einbezogen habe, mit dem vorliegenden Fall vergleichbar seien. Daher sei es nicht erforderlich gewesen, die Anwendung eines solchen Zusatzbetrags besonders zu begründen. Der schließlich angewandte Multiplikator von 1,3 habe, wie aus Ziff. 30 der Leitlinien hervorgehe, dem Umfang der Aktivitäten von Google außerhalb der vom beanstandeten Verhalten betroffenen Märkte Rechnung tragen sollen. Der weltweite Umsatz von Google sei 40-mal höher gewesen. Deshalb habe eine Sanktion verhängt werden können, deren Höhe ausreiche, um für ein solches Unternehmen ihre abschreckende Wirkung zu bewahren. Insoweit sei das Verhalten von Google während des Verfahrens zur Regelung der Sache durch Verpflichtungszusagen kein relevanter Gesichtspunkt. Außerdem sei der im angefochtenen Beschluss zugrunde gelegte durchschnittliche Wechselkurs, der in den Veröffentlichungen der Europäischen Zentralbank (EZB) für das Jahr 2016 mit 0,9039 Euro für einen US-Dollar angegeben worden sei, nicht falsch. Schließlich seien zu Recht keine mildernden Umstände berücksichtigt worden. Zudem habe sich Google in dem Verfahren, das zum Erlass des angefochtenen Beschlusses geführt habe, auf solche Umstände nicht berufen, was es rechtfertige, dass in diesem Beschluss nicht angegeben sei, warum sie nicht berücksichtigt worden seien. In materieller Hinsicht seien mehrere Argumente relevant. Die Tatsache, dass Google Verpflichtungszusagen angeboten habe, stelle für ihr Verhalten keinen mildernden Umstand dar, weil die angebotenen Verpflichtungszusagen insbesondere nicht zur Feststellung der Zuwiderhandlung beigetragen hätten. Selbst wenn die Ahndung eines Verhaltens, wie Google es an den Tag gelegt habe, als neuartig anzusehen wäre, hätte dies ebenfalls keinen mildernden Umstand dargestellt, ebenso wenig wie die Neuartigkeit der Feststellung einer Zuwiderhandlung in Bezug auf eine bestimmte Verhaltensart der Ahndung dieses Verhaltens entgegenstehe. Im angefochtenen Beschluss sei festgestellt worden, dass Google nicht bloß fahrlässig, sondern vorsätzlich gehandelt habe. Selbst wenn die Verbraucher oder Händler die Einblendung der Ergebnisse des Preisvergleichsdienstes von Google geschätzt haben sollten, könne das ebenfalls kein mildernder Umstand sein, weil sie durch die Nichtanzeige der Ergebnisse konkurrierender Preisvergleichsdienste auch hätten beeinträchtigt werden können. Schließlich hätte die Verschleierung eines rechtswidrigen Verhaltens zwar einen erschwerenden Umstand dargestellt, aber die Tatsache, dass dieses Verhalten bekannt gewesen sei, stelle keinen mildernden Umstand dar. b) Würdigung durch das Gericht Bevor das Gericht auf das Vorbringen der Parteien eingeht, weist es erneut darauf hin, dass es unter den oben in Rn. 605 dargelegten Voraussetzungen über die Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung verfügt. Google wendet sich zunächst dagegen, dass im angefochtenen Beschluss als Bezugsgröße für die Festsetzung des Grundbetrags der Geldbuße die Umsätze des Jahres 2016 herangezogen wurden. Ihrer Ansicht nach hätten die durchschnittlichen Einnahmen während der Dauer des beanstandeten Verhaltens die wirtschaftliche Realität und ihre eigene Situation besser widergespiegelt. Die Kommission hat nach den Angaben im 738. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses als Umsatz nur Werbeeinnahmen berücksichtigt, die sich auf die Märkte für spezialisierte Produktsuchdienste bezogen (Einnahmen im Zusammenhang mit den Produktanzeigen in den Shopping Units, den Produktanzeigen auf der spezialisierten Seite Google Shopping und den Textanzeigen auf dieser spezialisierten Seite), nicht aber Werbeeinnahmen, die sich auf die Märkte für allgemeine Suchdienste bezogen. Daher hat die teilweise Nichtigerklärung des angefochtenen Beschlusses mit der Begründung, dass die Kommission zu Unrecht einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung auf den nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste festgestellt hat, keinen Einfluss auf den zugrunde gelegten Umsatz. Was das zu berücksichtigende Bezugsjahr angeht, hat die Kommission im Einklang mit ihren Vorgaben in Ziff. 13 der Leitlinien zu Recht auf das Jahr 2016 abgestellt, das letzte vollständige Jahr, für das die Zuwiderhandlung festgestellt wurde. Sofern keine besonderen Umstände vorliegen, bietet gerade dieser Bezugszeitraum den besten Ansatzpunkt, um die Auswirkungen der festgestellten Zuwiderhandlung zu berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Dezember 2013, Caffaro/Kommission, C‑447/11 P , nicht veröffentlicht, EU:C:2013:797 , Rn. ). Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission, wie Google selbst in Fn. 404 der Klageschrift angibt, in der Mitteilung der Beschwerdepunkte erklärt hat, dass sie einen Durchschnittsumsatz mehrerer Jahre nur dann zugrunde lege, wenn das letzte Geschäftsjahr nicht hinreichend repräsentativ erscheine. Als Nächstes ist der Einwand von Google gegen den für die Zwecke des angefochtenen Beschlusses herangezogenen Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem Euro zu prüfen. Wie sich nämlich aus dem 739. Erwägungsgrund und aus Fn. 839 des angefochtenen Beschlusses ergibt, hat die Kommission diesen durchschnittlichen Wechselkurs für das Jahr 2016 herangezogen, um den Umsatz des Jahres 2016 in Euro zu ermitteln, weil Google ihr die hierfür erforderlichen Angaben in US-Dollar übermittelt hatte. Zunächst ist der Einwand von Google, die Kommission hätte die durchschnittlichen Wechselkurse der einzelnen Jahre der Zuwiderhandlung zugrunde legen müssen, zurückzuweisen, weil die Kommission zu Recht den Umsatz des Jahres 2016 als Bezugsgröße für den Grundbetrag der Geldbuße heranziehen konnte. Für den Fall, dass der Umsatz des Jahres 2016 zugrunde zu legen sei, verweist Google auf ein statistisches Bulletin der EZB (Anlage A173 zur Klageschrift), in dem für das Jahr 2016 ein durchschnittlicher Wechselkurs des Euro gegenüber dem US-Dollar von 1,1069 angegeben ist, aus dem sich umgekehrt ein Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem Euro von 0,9034 errechnet. Die Kommission hat ihrerseits einen Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem Euro von 0,9039 zugrunde gelegt, den sie der interaktiven statistischen Wechselkursseite auf der Website der EZB entnommen hatte. Wie sich herausgestellt hat, ist die von der Kommission herangezogene interaktive Seite offenbar am 27. April 2017 abgerufen worden, d. h. logischerweise vor dem Erlass des angefochtenen Beschlusses, während das statistische Bulletin, auf das Google Bezug nimmt, offenbar am 31. Juli 2017, d. h. nach dem Erlass des angefochtenen Beschlusses am 27. Juni 2017, aktualisiert wurde. Dass die Kommission eine zuverlässige und kurz vor dem Erlass des angefochtenen Beschlusses verfügbare Information der EZB heranzog, kann ihr daher nicht zum Vorwurf gemacht werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. September 2016, Pilkington Group u. a./Kommission, C‑101/15 P , EU:C:2016:631 , Rn. ). Google bestreitet sodann die Dauer der festgestellten Zuwiderhandlung in den verschiedenen betroffenen Ländern. Sie ist der Ansicht, dass die Zuwiderhandlung für die Zeit vor 2011 nicht erwiesen sei, weil keine Wettbewerbsanalyse durchgeführt worden sei. Sie weist darauf hin, dass die spezialisierte Seite Google Shopping in einigen der betroffenen Länder erst 2016 eingeführt worden sei. Sie macht außerdem geltend, dass der Zeitraum, in dem die Verpflichtungsangebote erörtert worden seien, nicht in den Zeitraum der Zuwiderhandlung hätte einbezogen werden dürfen. Im angefochtenen Beschluss wurde die Zuwiderhandlung ab Januar 2008 in Deutschland und im Vereinigten Königreich, ab Oktober 2010 in Frankreich, ab Mai 2011 in Italien, den Niederlanden und Spanien, ab Februar 2013 in der Tschechischen Republik und ab November 2013 in Österreich, Belgien, Dänemark, Norwegen, Polen und Schweden festgestellt. Die auf das Fehlen einer Wettbewerbsanalyse für die Zeit vor 2011 gestützte Kritik von Google betrifft daher nur Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich. Insoweit ergibt die Prüfung der oben in den Rn. 383 bis 388 erwähnten Entwicklungen, dass der Datenverkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Frankreich ab 2011 insgesamt erheblich zurückgegangen war, auch wenn einige dieser Preisvergleichsdienste angegeben haben, schon zuvor Rückgänge erlitten zu haben. Aus den oben in den Rn. 402 und 403 erwähnten Entwicklungen geht hervor, dass der Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst in Deutschland und im Vereinigten Königreich ab Januar 2008 und in Frankreich ab Oktober 2010 erheblich zugenommen hatte, wobei diese Daten der Einführung der Product Universals in diesen Ländern entsprechen. Schließlich ergibt sich aus der Prüfung der drei Teile des vierten Klagegrundes von Google, dass die Kommission, abgesehen von den nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste, die potenziellen wettbewerbswidrigen Auswirkungen des Verhaltens von Google in den 13 Ländern, für die sie einen Missbrauch einer beherrschenden Stellung festgestellt hatte, zutreffend dargelegt hat. Zudem bestreitet Google nicht, dass sie das ihr vorgeworfene Verhalten im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Frankreich, das darin bestand, dort die Product Universals einzuführen, während die konkurrierenden Preisvergleichsdienste weiterhin nur in den generischen Ergebnissen erscheinen konnten, von Januar 2008 bis Oktober 2010 an den Tag legte. Obwohl einige der materiellen Auswirkungen dieses Verhaltens auf den Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google, die den Verkehr zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten beeinträchtigten, dort im Allgemeinen erst ab 2011 zu beobachten waren, ist die Kommission daher zu Recht davon ausgegangen, dass die Zuwiderhandlung mit der Verwirklichung des in Rede stehenden Verhaltens begonnen hatte und dass die Dauer der Zuwiderhandlung dem Zeitraum der Umsetzung dieses Verhaltens entsprach. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass sich der in Ziff. 22 der Leitlinien genannte Faktor der „etwaige[n] Umsetzung der Zuwiderhandlung in der Praxis“ auf das Verhalten der an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen und nicht auf die Auswirkungen dieses Verhaltens auf den Markt bezieht (Urteil vom 12. Dezember 2018, Servier u. a./Kommission, T‑691/14 , mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2018:922 , Rn. ). Das Argument, die spezialisierte Seite Google Shopping sei in einigen der betroffenen Länder erst 2016 eingeführt worden, ist aus demselben Grund zurückzuweisen. Das Verhalten, das die Kommission Google vorwirft, besteht nicht darin, dass Google eine spezialisierte Such- und Ergebnisseite für den Vergleich von Produkten geschaffen hat, sondern dass sie auf ihren allgemeinen Ergebnisseiten den eigenen Preisvergleichsdienst und die konkurrierenden Preisvergleichsdienste unterschiedlich behandelt hat, und zwar durch eine bevorzugte Positionierung und Präsentation der Ergebnisse ihres eigenen Preisvergleichsdienstes in den Product Universals und später in den Shopping Units. Aus demselben Grund ist auch das Argument von Google zurückzuweisen, dass der Zeitraum der Erörterung der Verpflichtungszusagen nicht in den Zeitraum der Zuwiderhandlung einzubeziehen sei. Während dieses Zeitraums hat Google das in Rede stehende Verhalten nämlich nicht eingestellt. Unter diesen Umständen brauchte die Kommission entgegen dem Vorbringen von Google auch keine besondere Begründung dafür anzuführen, dass sie diesen Zeitraum in den Zuwiderhandlungszeitraum einbezogen hat. Aus dem Vorstehenden folgt, dass die Dauer der Zuwiderhandlung, die für jedes der betroffenen Länder zugrunde gelegt wurde, um die Höhe der Sanktion zu berechnen, nicht in Frage gestellt werden kann. Google ist sodann der Ansicht, dass der von der Kommission zugrunde gelegte Schwerekoeffizient von 10 % ungerechtfertigt hoch sei. Sie verweist insbesondere auf die Entscheidung D(2009) 3726 final der Kommission vom 13. Mai 2009 in einem Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag und Artikel 54 EWR-Abkommen (COMP/C‑3/37.990 – Intel), in der die Kommission einen Koeffizienten von 5 % angewandt habe, obwohl das beanstandete Verhalten wesentlich schwerwiegender gewesen sei als dasjenige, das Google vorgeworfen werde. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Vergleiche mit anderen Beschlüssen der Kommission über Geldbußen, wie oben in Rn. 623 ausgeführt, im Hinblick auf die Einhaltung des Grundsatzes der Gleichbehandlung nur relevant sein können, wenn dargetan wird, dass die diesen Beschlüssen zugrunde liegenden tatsächlichen Gegebenheiten wie Märkte, Erzeugnisse, Länder, Unternehmen und betroffene Zeiträume die gleichen sind wie im vorliegenden Fall, und dass zum Vergleich Beschlüsse aus derselben Zeit heranzuziehen sind. Insoweit ist entschieden worden, dass die Kommission dadurch, dass sie in der Vergangenheit Geldbußen in bestimmter Höhe verhängt hat, nicht daran gehindert ist, dieses Niveau innerhalb der in der einschlägigen Verordnung und in den von ihr festgelegten Leitlinien gezogenen Grenzen anzuheben, wenn sich dies als erforderlich erweist, um die Durchführung der Wettbewerbspolitik der Union sicherzustellen. Insbesondere darf sie das Niveau der Geldbußen anheben, um deren abschreckende Wirkung zu verstärken. Die frühere Entscheidungspraxis der Kommission bildet also nicht selbst den rechtlichen Rahmen für Geldbußen in Wettbewerbssachen, weil dieser nunmehr allein in der Verordnung Nr. 1/2003 und den Leitlinien geregelt ist (Urteil vom 30. September 2003, Michelin/Kommission, T‑203/01 , EU:T:2003:250 , Rn. ; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 7. Juni 1983, Musique Diffusion française u. a./Kommission, 100/80 bis 103/80 , EU:C:1983:158 , Rn. , und Beschluss vom 11. September 2008, Coats Holdings und Coats/Kommission, C‑468/07 P , nicht veröffentlicht, EU:C:2008:503 , Rn. ). In den Ziff. 19 bis 22 der Leitlinien heißt es im Wesentlichen, dass sich der Grundbetrag der Geldbuße – ohne Berücksichtigung der Dauer der Zuwiderhandlung und eines etwaigen Zusatzbetrags zu Abschreckungszwecken – aus einem Anteil (dem so genannten „Schwerekoeffizienten“) des Jahresumsatzes des betreffenden Unternehmens bei den im Zusammenhang mit der Zuwiderhandlung stehenden Waren oder Dienstleistungen zusammensetzt, der in der Regel in einer Bandbreite von bis zu 30 % liegt und sich nach der Schwere der Zuwiderhandlung richtet, die in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände beurteilt wird, zu denen u. a die Art der Zuwiderhandlung, der Marktanteil der betreffenden Unternehmen, der Umfang des von der Zuwiderhandlung betroffenen räumlichen Marktes und die etwaige Umsetzung der Zuwiderhandlung in der Praxis gehören. In Ziff. 23 der Leitlinien wird klargestellt, dass horizontale Vereinbarungen zur Festsetzung von Preisen, zur Aufteilung der Märkte oder zur Einschränkung der Erzeugung zu den schwerwiegendsten Verstößen gehören, die streng geahndet werden müssen, was bedeutet, dass in diesen Fällen grundsätzlich ein Umsatzanteil am oberen Ende der Bandbreite anzusetzen ist. Darüber hinaus ist die Schwere einer Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln nach ständiger Rechtsprechung anhand einer Vielzahl von Gesichtspunkten zu beurteilen, zu denen u. a. die besonderen Umstände der Sache, ihr Kontext und die Abschreckungswirkung der Geldbußen gehören, ohne dass es eine zwingende oder abschließende Liste von Kriterien gäbe, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssten (Urteile vom 14. Oktober 2010, Deutsche Telekom/Kommission, C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , Rn. , und vom 19. April 2012, Tomra Systems u. a./Kommission, C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , Rn. ; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 26. September 2018, Infineon Technologies/Kommission, C‑99/17 P , EU:C:2018:773 , Rn. ). Im vorliegenden Fall hat die Kommission die Heranziehung eines Umsatzanteils von 10 % im 743. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses damit begründet, dass die betroffenen nationalen Märkte für spezialisierte Preisvergleichsdienste und für allgemeine Suchdienste von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung seien, was bedeute, dass jedes wettbewerbswidrige Verhalten auf diesen Märkten beträchtliche Auswirkungen haben könne, und dass Google während der gesamten Dauer der Zuwiderhandlung nicht nur eine beherrschende Stellung auf den 13 betroffenen nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste innegehabt, sondern dort auch weit höhere Marktanteile als ihre Wettbewerber gehabt habe. In Anbetracht der Leitlinien ist festzustellen, dass der 743. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses für sich genommen den angewandten Schwerekoeffizienten von 10 % nicht rechtfertigen kann, wie Google im Wesentlichen geltend macht. Die Kommission verweist in diesem Beschluss nämlich auf zu wenige relevante Gesichtspunkte. Sie führt dort nur einen der vier in Ziff. 22 der Leitlinien genannten Faktoren an, nämlich den Marktanteil des betreffenden Unternehmens, und geht auf keinen der anderen Faktoren, wie die Art der Zuwiderhandlung oder ihren räumlichen Umfang, ein. Insbesondere nimmt die Kommission keine ausdrückliche und eingehende Bewertung der Schwere des Google vorgeworfenen Verhaltens als solcher vor, d. h. der Schwere der Art der Zuwiderhandlung, obwohl dieser Faktor in Ziff. 22 der Leitlinien ausdrücklich erwähnt wird und seine Prüfung für die Bewertung der Gesamtschwere der Zuwiderhandlung, bei der auch andere Faktoren berücksichtigt werden, unerlässlich erscheint. Im Rahmen seiner Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung sieht sich das Gericht veranlasst, die Schwere des Verhaltens von Google neu zu beurteilen und dabei über die oben in Rn. 675 genannten Gesichtspunkte hinaus weitere der oben in den Rn. 673 und 674 angeführten Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Wie oben in den Rn. 614 und 615 dargelegt, haben die Kommission und die Gerichte der Union in zahlreichen Fällen Verdrängungspraktiken marktbeherrschender Unternehmen als wettbewerbswidrig eingestuft und geahndet. Diese wettbewerbswidrigen Praktiken werden grundsätzlich als schwerwiegend angesehen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 3. Juli 1991, AKZO/Kommission, C‑62/86 , EU:C:1991:286 , Rn. ). Sie führen nämlich dazu, den Markteintritt von Wettbewerbern zu verhindern oder ihre Zahl oder zumindest ihren Wettbewerbsdruck zu verringern, und nicht nur dazu, ihre Handlungsfreiheit einzuschränken. Insofern können diese Verdrängungspraktiken unter bestimmten Umständen ebenso schwerwiegend sein wie die in Ziff. 23 der Leitlinien genannten Vereinbarungen zur Festsetzung von Preisen, zur Aufteilung der Märkte oder zur Einschränkung der Erzeugung, die nach dieser Ziffer grundsätzlich einen Schwerekoeffizienten „am oberen Ende [der] Bandbreite“ rechtfertigen, weil sie den Wettbewerb in gleicher Weise beeinträchtigen, nämlich dergestalt, dass sich die Nachfrager auf den betroffenen Märkten infolge beider Arten von Zuwiderhandlungen einem Monopol oder Oligopol, einer im Hinblick auf den Wettbewerb gleichwertigen Situation oder zumindest einer Situation gegenübersehen, in der der Wettbewerb stark eingeschränkt ist. Gleichwohl kann die Schwere der Verdrängungspraxis eines beherrschenden Unternehmens mehr oder weniger ausgeprägt sein. Dabei kann berücksichtigt werden, ob diese Praxis eindeutig darauf abzielt, Wettbewerber zu verdrängen, wie dies z. B. bei Kampfpreisen, der Weigerung, eine wesentliche Einrichtung bereitzustellen, oder der Kosten-Preis-Schere der Fall ist. Ebenso kann der Umfang der Markterfassung durch die beanstandete Praxis berücksichtigt werden. Dieser Faktor kann nämlich nicht nur erforderlich sein, um die Praxis als rechtswidrig einzustufen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , Rn. ), sondern er kann auch für die Beurteilung ihrer Schwere relevant sein. Im vorliegenden Fall hat Google, wie oben aus Rn. 616 hervorgeht, das beanstandete Verhalten vorsätzlich an den Tag gelegt, weil sie wusste, dass es zu einer Verdrängung von Wettbewerbern und einer Beschränkung des Wettbewerbs führen konnte. Diese Beurteilung kann weder durch den Umstand in Frage gestellt werden, dass die Kommission ursprünglich bereit war, die Sache in einem Verfahren zur Annahme von Verpflichtungszusagen zu behandeln, und dass dieses Verfahren grundsätzlich unangebracht ist, wenn die Art der Zuwiderhandlung von vornherein eine Sanktion zu rechtfertigen scheint, noch dadurch, dass mehrere Verwaltungsbehörden oder nationale Gerichte das Verhalten von Google nicht als rechtswidrig ansahen oder dass die Kommission im angefochtenen Beschluss nicht nachgewiesen hat, dass Google tatsächlich die Absicht, Wettbewerber zu verdrängen, verfolgt und zu diesem Zweck eine entsprechende Strategie entwickelt hatte. Die festgestellten Praktiken bleiben gleichwohl wettbewerbswidrige Verdrängungspraktiken, die dem Wettbewerb ebenso schaden können wie Preisabsprache- oder Marktaufteilungspraktiken. Wie oben in den Rn. 383 bis 387 ausgeführt, haben einige der mit Google konkurrierenden Preisvergleichsdienste offenbar sehr viel Verkehr von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google verloren. Google hat die in Rede stehenden Praktiken nach und nach in 13 Ländern des EWR über einen Zeitraum von fast zehn Jahren entwickelt, in sechs von ihnen sogar, nachdem sie die vorläufige Beurteilung der Kommission im März 2013 erhalten hatte. Außerdem ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Kommission einen Missbrauch auf dem Markt für allgemeine Online-Suchdienste nicht stichhaltig nachgewiesen hat (siehe oben, Rn. 596) und dass die in Rede stehenden Praktiken nicht verheimlicht wurden, so dass dieser die Schwere der Zuwiderhandlung naturgemäß verstärkende Faktor ausgeschlossen werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Dezember 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich u. a./Kommission, T‑259/02 bis T‑264/02 und T‑271/02 , EU:T:2006:396 , Rn. ). Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass das Gericht, wie oben in Rn. 680 ausgeführt, der Auffassung ist, dass die in Rede stehenden Praktiken vorsätzlich und nicht fahrlässig angewandt wurden. Während die erste Erwägung für eine Herabsetzung des anwendbaren Schwerekoeffizienten spricht, spricht die zweite für dessen Erhöhung. Daher folgt das Gericht den oben in Rn. 673 genannten Grundsätzen der Leitlinien, auch wenn es nicht an sie gebunden ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 21. Januar 2016, Galp Energía España u. a./Kommission, C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , Rn. , vom 5. Oktober 2011, Romana Tabacchi/Kommission, T‑11/06 , EU:T:2011:560 , Rn. , und vom 12. Dezember 2014, H & R ChemPharm/Kommission, T‑551/08 , EU:T:2014:1081 , Rn. ), und hält die Anwendung eines Schwerekoeffizienten, d. h. eines Anteils am Umsatz, von 10 % für angebracht. Google macht ferner geltend, dass auch der Zusatzbetrag von 10 % des Umsatzes, den die Kommission erstmals wegen eines nicht mit einer Kartellpraxis zusammenhängenden Missbrauchs einer beherrschenden Stellung in den Grundbetrag der Geldbuße einbezogen habe, nicht gerechtfertigt sei. Im 750. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses hat die Kommission die Anwendung dieses Zusatzbetrags unter Verweis auf die Faktoren begründet, die sie im 743. Erwägungsgrund dieses Beschlusses herangezogen hat, um die Schwere der Praxis zu beurteilen (siehe oben, Rn. 675). Sie hat hinzugefügt, dass dieser Betrag der Notwendigkeit Rechnung trage, sicherzustellen, dass die Geldbuße eine hinreichend abschreckende Wirkung auf Unternehmen von ähnlicher Größe und mit ähnlichen Ressourcen wie Google habe. Ein solcher Zusatzbetrag ist in Ziff. 25 der Leitlinien vorgesehen; dort heißt es außerdem, dass dieser Betrag zwischen 15 % und 25 % des Umsatzes ausmacht. Ferner wird dort klargestellt, dass ein solcher Betrag insbesondere der Notwendigkeit Rechnung trägt, die Unternehmen von vornherein von der Beteiligung an horizontalen Vereinbarungen zur Festsetzung von Preisen, Aufteilung von Märkten oder Mengeneinschränkungen abzuschrecken, und dass die Kommission ihn auch in Fällen anderer Zuwiderhandlungen erheben kann. Insoweit wird das angestrebte Ziel in Ziff. 7 der Leitlinien erläutert, wonach es „sinnvoll [ist], dass ein von der Dauer der Zuwiderhandlung unabhängiger Betrag in die Geldbuße Eingang findet, um die Unternehmen von der Aufnahme rechtswidriger Verhaltensweisen abzuschrecken“. Folglich ergibt sich aus den Leitlinien, dass dieser Betrag für bestimmte Zuwiderhandlungen eine „pauschale“ Geldbuße darstellen soll, die allein wegen der Begehung der Zuwiderhandlung, unabhängig von ihrer Dauer, verhängt werden kann. Ein solcher Betrag wirkt sicherlich für alle Unternehmen abschreckend, zielt aber entgegen dem, was die Kommission im zweiten Satzteil des 750. Erwägungsgrundes des angefochtenen Beschlusses anzudeuten scheint, nicht speziell darauf ab, eine hinreichende Abschreckungswirkung der Geldbußen für große Unternehmen sicherzustellen; dies fällt, wie sich aus dem 753. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ergibt, unter eine andere, von der Kommission im vorliegenden Fall kumulativ angewandte Bestimmung der Leitlinien, und zwar unter deren Ziff. 30, wonach die Geldbuße nach Festsetzung des Grundbetrags und nach Berücksichtigung erschwerender oder mildernder Umstände um einen letztmaligen Aufschlag erhöht werden kann. Das Gericht stellt daher fest, dass die von der Kommission im angefochtenen Beschluss angeführten Gründe, die die Anwendung eines Zusatzbetrags von 10 % rechtfertigen sollen, in Anbetracht der Ausführungen in Rn. 676 des vorliegenden Urteils unvollständig sind, soweit sie sich auf die Schwere der Zuwiderhandlung beziehen, und zu Zweifeln Anlass geben können, soweit sie sich auf das in den Leitlinien genannte Ziel beziehen. Im Rahmen der Ausübung der Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung ist jedenfalls erneut zu prüfen, ob es angebracht ist, den Grundbetrag der gegen Google verhängten Geldbuße um einen Zusatzbetrag zu erhöhen, weil das Gericht im vorliegenden Fall, wie bereits oben in Rn. 682 ausgeführt, nach wie vor dem in den Leitlinien vorgesehenen Schema folgt. Aus der in Ziff. 25 der Leitlinien in erster Linie genannten Zuwiderhandlung, nämlich der Beteiligung an horizontalen Vereinbarungen zur Festsetzung von Preisen, zur Aufteilung von Märkten oder zu Mengeneinschränkungen, lässt sich ableiten, dass der Zusatzbetrag bei besonders schweren Zuwiderhandlungen gerechtfertigt ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Dezember 2018, Servier u. a./Kommission, T‑691/14 , mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2018:922 , Rn. ). Dieser Zusatzbetrag soll die Unternehmen davon abhalten, überhaupt an derartigen Zuwiderhandlungen mitzuwirken, unabhängig von der Dauer ihrer Beteiligung daran. Aus den vorstehenden Rn. 678 bis 680 geht hervor, dass das Verhalten von Google eine besonders schwere Zuwiderhandlung darstellte. Unter diesen Umständen stellt das Gericht den von der Kommission angewandten Zusatzbetrag von 10 % des Umsatzes des Jahres 2016, der in den Grundbetrag der Geldbuße einzubeziehen ist, nicht in Frage. Der vom Gericht in Ausübung seiner Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung festgesetzte Grundbetrag der Geldbuße ist somit mit dem von der Kommission im angefochtenen Beschluss festgesetzten Grundbetrag identisch, d. h. er entspricht dem in Tabelle 29 im 748. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses genannten Umsatz des Jahres 2016, auf den ein Schwerekoeffizient von 10 % angewandt und der sodann für jedes betroffene Land mit der in Jahren ausgedrückten Dauer der Zuwiderhandlung multipliziert wird, die die Kommission in derselben Tabelle des angefochtenen Beschlusses als Dauer in Tagen festgestellt hat, zuzüglich eines Zusatzbetrags von 10 % des Umsatzes des Jahres 2016. Dieser Grundbetrag beläuft sich auf 1866424914 Euro. Google hat zudem eine Reihe von Argumenten vorgebracht, mit denen sie geltend macht, dass es der Kommission verwehrt gewesen sei, überhaupt eine Geldbuße gegen sie zu verhängen, und die das Gericht bei seiner unter diesem Gesichtspunkt vorgenommenen Prüfung zurückgewiesen hat. Da das Gericht jedoch eine Änderung des angefochtenen Beschlusses für erforderlich hält und die Umstände des Einzelfalls daher selbst berücksichtigen muss, sieht es sich verpflichtet, einige dieser Argumente im Hinblick auf die mögliche Anerkennung mildernder Umstände erneut zu prüfen. Google hat in diesem Zusammenhang geltend gemacht, dass sich die Kommission darauf eingelassen habe, die Sache im Rahmen des Verfahrens zur Annahme von Verpflichtungszusagen zu behandeln, und dass Google selbst in redlicher Absicht drei Bündel von Verpflichtungszusagen angeboten habe. Wie oben in Rn. 638 dargelegt, war die Kommission zunächst der Auffassung, dass das dritte Bündel von Verpflichtungszusagen geeignet sei, ihre in der vorläufigen Beurteilung geäußerten wettbewerbsrechtlichen Bedenken auszuräumen, weil sie die Beschwerdeführer davon unterrichtet und sie auf ihre Absicht hingewiesen hatte, deren Beschwerden zurückzuweisen. Wie oben in den Rn. 632 bis 638 ausgeführt, hinderte diese in einem bestimmten Stadium des Verfahrens vorgenommene vorläufige Beurteilung die Kommission aber nicht daran, zum Verfahren zur Feststellung einer Zuwiderhandlung zurückzukehren und eine Sanktion gegen Google zu verhängen. Sollte sich jedoch herausstellen, dass Google, nachdem die Kommission sich darauf eingelassen hatte, den Fall im Wege der Annahme von Verpflichtungszusagen zu klären, tatsächlich ernsthafte Verpflichtungen angeboten hatte, die geeignet waren, die von der Kommission festgestellten wettbewerbsrechtlichen Bedenken auszuräumen, könnte dies einen mildernden Umstand darstellen. Google hat jedoch in Beantwortung einer Frage des Gerichts im Wesentlichen erklärt, dass sich die Verpflichtungszusagen, die sie der Kommission zuletzt angeboten habe, erheblich von dem unterschieden hätten, was zur Umsetzung des angefochtenen Beschlusses erforderlich gewesen sei. Nach den Erläuterungen von Google hätten diese Verpflichtungszusagen nicht dazu geführt, dass für das Erscheinen der konkurrierenden Preisvergleichsdienste in den Shopping Units dieselben Verfahren und Methoden angewandt würden wie für das Erscheinen der eigenen Produktanzeigen von Google, wie es der angefochtene Beschluss verlange, sondern dass andere Mechanismen angewandt würden. Außerdem stießen diese vorgeschlagenen Verpflichtungen, wie oben in Rn. 26 erwähnt, bei einer erheblichen Zahl von Beschwerdeführern auf Ablehnung, wie sich aus dem 73. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ergibt. Unter diesen Umständen ist das Gericht der Auffassung, dass es keinen mildernden Umstand gibt, der aufgrund der von Google vorgeschlagenen Verpflichtungen zu ihren Gunsten zu berücksichtigen wäre. Google macht schließlich geltend, dass auch der von der Kommission letztlich angewandte Multiplikator von 1,3 nicht gerechtfertigt sei. Google verweist insbesondere auf ihre konstruktive Haltung im Verwaltungsverfahren sowie auf den einzigen Präzedenzfall, in dem ein solcher Faktor jemals wegen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung – bei dem es aber um ein viel schwerwiegenderes Verhalten gegangen sei – angewandt worden sei. Erstens ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das Verhalten von Google bereits im Verwaltungsverfahren unter dem Gesichtspunkt des möglichen Bestehens eines mildernden Umstands geprüft, ein solcher aber nicht anerkannt wurde. Zweitens sind Präzedenzfälle in diesem Bereich, wie bereits oben in Rn. 672 ausgeführt, für die Kommission nur unter vergleichbaren Umständen und erst recht nicht im Umkehrschluss bindend. Die Sache, auf die sich Google bezieht und in der der Beschluss der Kommission vom 15. Oktober 2014 in einem Verfahren nach Art. 102 AEUV und Art. 54 des EWR-Abkommens (AT.39523 – Slovak Telekom) ergangen ist, betraf weder dieselben sachlich relevanten Märkte noch denselben räumlichen Markt wie der vorliegende Fall, und die festgestellten Praktiken waren anderer Art, auch wenn es sich ebenfalls um Verdrängungspraktiken handelte. Drittens soll der streitige Aufschlag, wie aus Ziff. 30 der Leitlinien hervorgeht, die abschreckende Wirkung der Geldbußen gegenüber Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht gewährleisten, die besonders hohe Umsätze bei Waren oder Dienstleistungen ohne Zusammenhang mit der Zuwiderhandlung erzielt haben. Würde sich die Kommission bei solchen Unternehmen auf die Berechnung der Geldbußen nach den vorhergehenden Ziffern der Leitlinien beschränken, wäre die Höhe der allein auf der Grundlage des direkten und indirekten Umsatzes mit der betreffenden Ware oder Dienstleistung berechneten Geldbuße angesichts der Gesamttätigkeit und Wirtschaftskraft dieser Unternehmen möglicherweise nicht ausreichend, um abschreckend zu wirken (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. September 2014, YKK u. a./Kommission, C‑408/12 P , EU:C:2014:2153 , Rn. bis und ). Im vorliegenden Fall hat die Kommission im 753. Erwägungsgrund des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, dass der Umsatz von Alphabet im Jahr 2016 mit mehr als 80 Mrd. Euro die mit ihrem Preisvergleichsdienst erzielten Einnahmen deutlich überstiegen habe und daher ein Multiplikator von 1,3 gerechtfertigt sei, um der Geldbuße eine hinreichend abschreckende Wirkung nicht nur für Google, sondern auch für Unternehmen gleicher Größenordnung zu verleihen. Das Gericht hält diesen Ansatz für begründet und macht ihn sich im Rahmen der Ausübung seiner Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung zu eigen. Der im Jahr 2016 festgestellte Umsatz mit den betreffenden Dienstleistungen beträgt nämlich 2045300588 Euro und ist somit etwa 40-mal geringer als der oben in Rn. 699 genannte Umsatz von Alphabet. Nach dieser Beurteilung der Höhe der gegen Google verhängten Geldbuße ist kein Grund ersichtlich, sie zu ändern. Obwohl die Frage, ob das Gericht die im angefochtenen Beschluss verhängte Geldbuße auch ohne einen dahingehenden Antrag erhöhen könnte, in der mündlichen Verhandlung erörtert worden ist, braucht daher über sie nicht entschieden zu werden. Somit ergibt sich aus der Prüfung des sechsten Klagegrundes, dass die Höhe der verhängten Geldbuße mit 2424495000 Euro zu bestätigen ist. Da Alphabet, wie in den Erwägungsgründen 735 und 736 des angefochtenen Beschlusses ausgeführt, seit ihrer Gründung am 2. Oktober 2015 gesamtschuldnerisch mit der Google LLC haftet, was beide nicht bestreiten, ist ebenfalls zu bestätigen, dass gegen die Google LLC eine Geldbuße von 2424495000 Euro, davon 523518000 EUR gesamtschuldnerisch mit Alphabet, verhängt wird. D. Gesamtergebnis Aus der Prüfung der zur Stützung des Hauptantrags geltend gemachten Klagegründe eins bis fünf (siehe oben, Rn. 596) ergibt sich, dass die Kommission in Art. 1 des angefochtenen Beschlusses zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass Google durch den Missbrauch ihrer beherrschenden Stellung auf den nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste in Bezug auf die nationalen Märkte für spezialisierte Suchdienste der oben in Rn. 55 genannten 13 Länder ab verschiedenen Zeitpunkten, die der Einführung spezialisierter Produktergebnisse oder Produktanzeigen auf der allgemeinen Ergebnisseite von Google entsprechen, gegen Art. 102 AEUV und Art. 54 des EWR-Abkommens verstoßen hat. Dagegen ist dieser Artikel teilweise für nichtig zu erklären, soweit die Kommission darin das Vorliegen der oben genannten Zuwiderhandlung auf der Grundlage der Auswirkungen des Missbrauchs auf die nationalen Märkte für allgemeine Suchdienste in diesen 13 Ländern festgestellt hat. Aus der Prüfung des sechsten Klagegrundes (siehe oben, Rn. 702) ergibt sich, dass die Höhe der mit dem angefochtenen Beschluss verhängten Geldbuße zu bestätigen ist. Daher ist der Hilfsantrag auf Aufhebung oder Herabsetzung der Geldbuße zurückzuweisen. V. Kosten Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Nach Art. 138 Abs. 1 und 2 der Verfahrensordnung tragen die Mitgliedstaaten und die EFTA-Überwachungsbehörde ihre eigenen Kosten, wenn sie dem Rechtsstreit als Streithelfer beigetreten sind. Nach Art. 138 Abs. 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht entscheiden, dass ein anderer Streithelfer als die in den Abs. 1 und 2 dieses Artikels genannten seine eigenen Kosten trägt. Im vorliegenden Fall hat Google, da sie mit ihrem Vorbringen im Wesentlichen unterlegen ist, in Anbetracht der oben in den Rn. 113 bis 118 wiedergegebenen Kostenanträge von Google und der Kommission sowie der CCIA, des BEUC, von Foundem, des VDZ, des BDZV, von Visual Meta, Twenga und Kelkoo neben ihren eigenen Kosten die Kosten der Kommission zu tragen, mit Ausnahme der Kosten, die der Kommission durch die Streithilfe der CCIA entstanden sind und von dieser zu tragen sind. Das BEUC, Foundem, der VDZ, der BDZV, Visual Meta, Twenga, die EFTA-Überwachungsbehörde, Kelkoo und die Bundesrepublik Deutschland tragen ihre eigenen Kosten. Aus diesen Gründen hat DAS GERICHT (Neunte erweiterte Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Art. 1 des Beschlusses C(2017) 4444 final der Kommission vom 27. Juni 2017 in einem Verfahren nach Art. 102 AEUV und Art. 54 des EWR-Abkommens (Sache AT.39740 – Google Search [Shopping]) wird nur insoweit für nichtig erklärt, als die Europäische Kommission darin eine Zuwiderhandlung der Google LLC und der Alphabet, Inc. gegen diese Bestimmungen auf 13 nationalen Märkten für allgemeine Suchdienste im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) aufgrund des Vorliegens wettbewerbswidriger Auswirkungen auf diesen Märkten festgestellt hat. 2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 3. Google und Alphabet tragen ihre eigenen Kosten und die Kosten der Kommission mit Ausnahme der Kosten, die der Kommission durch die Streithilfe der Computer & Communications Industry Association entstanden sind. 4. Die Computer & Communications Industry Association trägt ihre eigenen Kosten und die der Kommission durch ihre Streithilfe entstandenen Kosten. 5. Die Bundesrepublik Deutschland, die EFTA-Überwachungsbehörde, das Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), die Infederation Ltd, Kelkoo, der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V., die Visual Meta GmbH, der BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e. V. und Twenga tragen ihre eigenen Kosten. Gervasoni Madise da Silva Passos Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 10. November 2021. Unterschriften Inhaltsverzeichnis I. Vorgeschichte des Rechtsstreits A. Hintergrund B. Verwaltungsverfahren C. Angefochtener Beschluss II. Verfahren III. Anträge der Parteien IV. Rechtliche Würdigung A. Vorbemerkungen 1. Zur Reihenfolge der Prüfung der Klagegründe und Argumente in der vorliegenden Rechtssache 2. Zum Umfang der Überprüfung durch das Gericht in der vorliegenden Rechtssache B. Zum Hauptantrag auf Nichtigerklärung des angefochtenen Beschlusses 1. Fünfter Klagegrund und erster Teil des ersten Klagegrundes: Vereinbarkeit der in Rede stehenden Praktiken mit dem Leistungswettbewerb a) Erster Teil des fünften Klagegrundes: bei den in Rede stehenden Praktiken handele es sich um Qualitätsverbesserungen im Rahmen des Leistungswettbewerbs, die nicht als missbräuchlich angesehen werden könnten 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht b) Zweiter Teil des fünften Klagegrundes: die Kommission habe von Google verlangt, den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten Zugang zu ihren verbesserten Diensten zu gewähren, ohne dass die in der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen vorlägen 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht c) Erster Teil des ersten Klagegrundes: falsche Darstellung des Sachverhalts, weil Google die gruppierten Produktergebnisse eingeführt habe, um die Qualität ihres Dienstes zu verbessern, und nicht, um den Verkehr zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst zu leiten 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht 2. Zu den Elementen des ersten und des zweiten Klagegrundes, die den diskriminierungsfreien Charakter der in Rede stehenden Verhaltensweisen betreffen a) Zu den Elementen des ersten Klagegrundes, mit denen gerügt wird, die Kommission habe zu Unrecht festgestellt, dass Google ihren eigenen Preisvergleichsdienst durch die Einblendung der Product Universals begünstigt habe 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht b) Zu den Elementen des zweiten Klagegrundes, mit denen gerügt wird, die Kommission habe zu Unrecht festgestellt, dass Google durch die Einblendung der Shopping Units ihren eigenen Preisvergleichsdienst begünstigt habe 1) Erster Teil des zweiten Klagegrundes: Die Kommission sei zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass die unterschiedliche Behandlung von Produktanzeigen und generischen Ergebnissen eine Begünstigungshandlung darstelle, obwohl damit keine Diskriminierung einhergehe i) Vorbringen der Parteien ii) Würdigung durch das Gericht 2) Zweiter Teil des zweiten Klagegrundes: die Kommission habe zu Unrecht festgestellt, dass die Produktanzeigen in den Shopping Units dem Preisvergleichsdienst von Google zugutegekommen seien i) Vorbringen der Parteien ii) Würdigung durch das Gericht c) Zu den Elementen des dritten Teils des zweiten Klagegrundes, wonach Google die konkurrierenden Preisvergleichsdienste bereits in die Shopping Units einbezogen habe, so dass keine Begünstigung vorgelegen haben könne 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht 3. Dritter und vierter Klagegrund: die in Rede stehenden Praktiken hätten keine wettbewerbswidrigen Auswirkungen gehabt a) Erster Teil des dritten Klagegrundes: die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass die in Rede stehenden Praktiken zu einem Rückgang des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu den konkurrierenden Preisvergleichsdiensten geführt hätten 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht b) Zweiter Teil des dritten Klagegrundes: Die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass die in Rede stehenden Praktiken zu einem Anstieg des Verkehrs von den allgemeinen Ergebnisseiten von Google zu ihrem eigenen Preisvergleichsdienst geführt hätten 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht c) Erster Teil des vierten Klagegrundes: Die Kommission habe Spekulationen zu den wettbewerbswidrigen Auswirkungen der in Rede stehenden Praktiken angestellt 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht d) Zweiter Teil des vierten Klagegrundes: bei der Prüfung der Auswirkungen sei die Rolle der Händlerplattformen nicht berücksichtigt worden 1) Zweiter Teil des vierten Klagegrundes, hier: die Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes sei fehlerhaft i) Vorbringen der Parteien ii) Würdigung durch das Gericht 2) Zweiter Teil des vierten Klagegrundes, hier: jedenfalls sei der Wettbewerbsdruck der Händlerplattformen außer Acht gelassen worden i) Vorbringen der Parteien ii) Würdigung durch das Gericht e) Dritter Teil des vierten Klagegrundes: die Kommission habe das Vorliegen wettbewerbswidriger Auswirkungen nicht nachgewiesen 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht 4. Dritter Teil des ersten Klagegrundes und dritter Teil des zweiten Klagegrundes: Vorliegen objektiver Rechtfertigungsgründe a) Zu den Rechtfertigungen von Google für die Einblendung der Product Universals (dritter Teil des ersten Klagegrundes) 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht b) Zu den Rechtfertigungsgründen von Google für die Einblendung der Shopping Units (dritter Teil des zweiten Klagegrundes) 1) Vorbringen der Parteien 2) Würdigung durch das Gericht 5. Ergebnis zum Hauptantrag C. Zum Hilfsantrag in Bezug auf den Grundsatz und die Höhe der Geldbuße 1. Erster Teil des sechsten Klagegrundes: Möglichkeit der Verhängung einer finanziellen Sanktion a) Vorbringen der Parteien b) Würdigung durch das Gericht 2. Zweiter Teil des sechsten Klagegrundes: Höhe der finanziellen Sanktion a) Vorbringen der Parteien b) Würdigung durch das Gericht D. Gesamtergebnis V. Kosten ( *1 ) Verfahrenssprache: Englisch.

62006CJ0043

es

Incumplimiento de Estado — Vulneración de los artículos 2 y 10 de la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios (DO L 223, p. 15; EE 06/03, p. 9) — Exigencia a los arquitectos de otros Estados miembros no inscritos en el Colegio nacional respectivo de la superación de un examen de admisión en el Colegio de Arquitectos del Estado de acogida, para poder ejercer su profesión. Fallo 1) Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 10 de la Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, al exigir la superación de un examen de admisión en el Colegio de Arquitectos portugués a quienes estén en posesión de calificaciones profesionales en el sector de la arquitectura sancionadas por otros Estados miembros, pero no estén inscritos en el Colegio de Arquitectos de ningún otro Estado miembro. 2) Condenar en costas a la República Portuguesa.

62018CJ0808

en

By its application, the European Commission requests the Court to find that Hungary has failed to fulfil its obligations under Articles 3 and 6, Article 24(3), Article 43 and Article 46(5) and (6) of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection ( OJ 2013 L 180, p. 60 ), Article 2(h) and Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection ( OJ 2013 L 180, p. 96 ), and Article 5, Article 6(1) and Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals ( OJ 2008 L 348, p. 98 ), read in combination with Articles 6, 18 and 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’): – in requiring that asylum applications be lodged in person with the competent authority, and exclusively in transit zones, which it allows only a small number of persons to enter; – in applying a special procedure as a general rule, during which the safeguards laid down in Directive 2013/32 are not observed; – in requiring that a procedure be applied to all asylum applicants, with the exception of unaccompanied minors under 14 years of age, the result of which is that they must remain in detention throughout the duration of the asylum procedure in the facilities of transit zones which they may only leave in the direction of Serbia, and in not coupling that detention with the safeguards laid down in Directive 2013/33; – in moving, to the other side of the border fence, third-country nationals staying illegally in Hungarian territory, without observing the procedures and safeguards laid down in Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115; – in failing to transpose, into its national law, Article 46(5) of Directive 2013/32 and in adopting provisions which derogate from the general rule of automatic suspensory effect of appeals by applicants for international protection in situations not covered by Article 46(6) of that directive. Legal context European Union law Directive 2008/115 Article 2 of Directive 2008/115 provides: ‘1.   This Directive applies to third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State. 2.   Member States may decide not to apply this Directive to third-country nationals who: (a) are subject to a refusal of entry in accordance with Article 13 of [Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) ( OJ 2006 L 105, p. 1 )] or who are apprehended or intercepted by the competent authorities in connection with the irregular crossing by land, sea or air of the external border of a Member State and who have not subsequently obtained an authorisation or a right to stay in that Member State; …’ According to Article 3 of that directive: ‘For the purpose of this Directive the following definitions shall apply: … 2. “illegal stay” means the presence on the territory of a Member State, of a third-country national who does not fulfil, or no longer fulfils the conditions of entry as set out in Article 5 of the Schengen Borders Code or other conditions for entry, stay or residence in that Member State; …’ Article 5 of that directive provides: ‘When implementing this Directive, Member States shall take due account of: (a) the best interests of the child; (b) family life; (c) the state of health of the third-country national concerned, and respect the principle of non-refoulement.’ Article 6(1) and (2) of the same directive provides: ‘1.   Member States shall issue a return decision to any third-country national staying illegally on their territory, without prejudice to the exceptions referred to in paragraphs 2 to 5. 2.   Third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State and holding a valid residence permit or other authorisation offering a right to stay issued by another Member State shall be required to go to the territory of that other Member State immediately. In the event of non-compliance by the third-country national concerned with this requirement, or where the third-country national’s immediate departure is required for reasons of public order or national security, paragraph 1 shall apply.’ Article 12(1) of Directive 2008/115 states: ‘Return decisions and, if issued, entry-ban decisions and decisions on removal shall be issued in writing and give reasons in fact and in law as well as information about available legal remedies. The information on reasons in fact may be limited where national law allows for the right to information to be restricted, in particular in order to safeguard national security, defence, public security and for the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences.’ According to Article 13(1) of that directive: ‘The third-country national concerned shall be afforded an effective remedy to appeal against or seek review of decisions related to return, as referred to in Article 12(1), before a competent judicial or administrative authority or a competent body composed of members who are impartial and who enjoy safeguards of independence.’ According to Article 18 of that directive: ‘1.   In situations where an exceptionally large number of third-country nationals to be returned places an unforeseen heavy burden on the capacity of the detention facilities of a Member State or on its administrative or judicial staff, such a Member State may, as long as the exceptional situation persists, decide to allow for periods for judicial review longer than those provided for under the third subparagraph of Article 15(2) and to take urgent measures in respect of the conditions of detention derogating from those set out in Articles 16(1) and 17(2). 2.   When resorting to such exceptional measures, the Member State concerned shall inform the Commission. It shall also inform the Commission as soon as the reasons for applying these exceptional measures have ceased to exist. 3.   Nothing in this Article shall be interpreted as allowing Member States to derogate from their general obligation to take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of their obligations under this Directive.’ Directive 2013/32 Recital 29 of Directive 2013/32 is worded as follows: ‘Certain applicants may be in need of special procedural guarantees due, inter alia, to their age, gender, sexual orientation, gender identity, disability, serious illness, mental disorders or as a consequence of torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence. Member States should endeavour to identify applicants in need of special procedural guarantees before a first instance decision is taken. Those applicants should be provided with adequate support, including sufficient time, in order to create the conditions necessary for their effective access to procedures and for presenting the elements needed to substantiate their application for international protection.’ Article 2 of that directive provides: ‘For the purposes of this Directive: … (c) “applicant” means a third-country national or stateless person who has made an application for international protection in respect of which a final decision has not yet been taken; (d) “applicant in need of special procedural guarantees” means an applicant whose ability to benefit from the rights and comply with the obligations provided for in this Directive is limited due to individual circumstances; (e) “final decision” means a decision on whether the third-country national or stateless person be granted refugee or subsidiary protection status by virtue of Directive 2011/95/EU [of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted ( OJ 2011 L 337, p. 9 )] and which is no longer subject to a remedy within the framework of Chapter V of this Directive, irrespective of whether such remedy has the effect of allowing applicants to remain in the Member States concerned pending its outcome; … (p) “remain in the Member State” means to remain in the territory, including at the border or in transit zones, of the Member State in which the application for international protection has been made or is being examined; …’ Article 3(1) of that directive provides: ‘This Directive shall apply to all applications for international protection made in the territory, including at the border, in the territorial waters or in the transit zones of the Member States, and to the withdrawal of international protection.’ Article 6 of the same directive provides: ‘1.   When a person makes an application for international protection to an authority competent under national law for registering such applications, the registration shall take place no later than three working days after the application is made. If the application for international protection is made to other authorities which are likely to receive such applications, but not competent for the registration under national law, Member States shall ensure that the registration shall take place no later than six working days after the application is made. Member States shall ensure that those other authorities which are likely to receive applications for international protection such as the police, border guards, immigration authorities and personnel of detention facilities have the relevant information and that their personnel receive the necessary level of training which is appropriate to their tasks and responsibilities and instructions to inform applicants as to where and how applications for international protection may be lodged. 2.   Member States shall ensure that a person who has made an application for international protection has an effective opportunity to lodge it as soon as possible. Where the applicant does not lodge his or her application, Member States may apply Article 28 accordingly. 3.   Without prejudice to paragraph 2, Member States may require that applications for international protection be lodged in person and/or at a designated place. 4.   Notwithstanding paragraph 3, an application for international protection shall be deemed to have been lodged once a form submitted by the applicant or, where provided for in national law, an official report, has reached the competent authorities of the Member State concerned. 5.   Where simultaneous applications for international protection by a large number of third-country nationals or stateless persons make it very difficult in practice to respect the time limit laid down in paragraph 1, Member States may provide for that time limit to be extended to 10 working days.’ According to Article 7 of Directive 2013/32: ‘1.   Member States shall ensure that each adult with legal capacity has the right to make an application for international protection on his or her own behalf. … 3.   Member States shall ensure that a minor has the right to make an application for international protection either on his or her own behalf, if he or she has the legal capacity to act in procedures according to the law of the Member State concerned, or through his or her parents or other adult family members, or an adult responsible for him or her, whether by law or by the practice of the Member State concerned, or through a representative.’ Article 8(1) of that directive provides: ‘Where there are indications that third-country nationals or stateless persons held in detention facilities or present at border crossing points, including transit zones, at external borders, may wish to make an application for international protection, Member States shall provide them with information on the possibility to do so. In those detention facilities and crossing points, Member States shall make arrangements for interpretation to the extent necessary to facilitate access to the asylum procedure.’ Article 24(3) of that directive states: ‘Member States shall ensure that where applicants have been identified as applicants in need of special procedural guarantees, they are provided with adequate support in order to allow them to benefit from the rights and comply with the obligations of this Directive throughout the duration of the asylum procedure. Where such adequate support cannot be provided within the framework of the procedures referred to in Article 31(8) and Article 43, in particular where Member States consider that the applicant is in need of special procedural guarantees as a result of torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, Member States shall not apply, or shall cease to apply, Article 31(8) and Article 43. Where Member States apply Article 46(6) to applicants to whom Article 31(8) and Article 43 cannot be applied pursuant to this subparagraph, Member States shall provide at least the guarantees provided for in Article 46(7).’ According to Article 26 of the same directive: ‘1.   Member States shall not hold a person in detention for the sole reason that he or she is an applicant. The grounds for and conditions of detention and the guarantees available to detained applicants shall be in accordance with Directive [2013/33]. 2.   Where an applicant is held in detention, Member States shall ensure that there is a possibility of speedy judicial review in accordance with Directive [2013/33].’ In accordance with Article 28(1) of Directive 2013/32: ‘When there is reasonable cause to consider that an applicant has implicitly withdrawn or abandoned his or her application, Member States shall ensure that the determining authority takes a decision either to discontinue the examination of the application, or, provided that the determining authority considers the application to be unfounded on the basis of an adequate examination of its substance in line with Article 4 of Directive [2011/95], to reject the application.’ According to Article 31(8) of that directive: ‘Member States may provide that an examination procedure in accordance with the basic principles and guarantees of Chapter II be accelerated and/or conducted at the border or in transit zones in accordance with Article 43 if: (a) the applicant, in submitting his or her application and presenting the facts, has only raised issues that are not relevant to the examination of whether he or she qualifies as a beneficiary of international protection by virtue of Directive [2011/95]; or (b) the applicant is from a safe country of origin within the meaning of this Directive; or (c) the applicant has misled the authorities by presenting false information or documents or by withholding relevant information or documents with respect to his or her identity and/or nationality that could have had a negative impact on the decision; or (d) it is likely that, in bad faith, the applicant has destroyed or disposed of an identity or travel document that would have helped establish his or her identity or nationality; or (e) the applicant has made clearly inconsistent and contradictory, clearly false or obviously improbable representations which contradict sufficiently verified country-of-origin information, thus making his or her claim clearly unconvincing in relation to whether he or she qualifies as a beneficiary of international protection by virtue of Directive [2011/95]; or (f) the applicant has introduced a subsequent application for international protection that is not inadmissible in accordance with Article 40(5); or (g) the applicant is making an application merely in order to delay or frustrate the enforcement of an earlier or imminent decision which would result in his or her removal; or (h) the applicant entered the territory of the Member State unlawfully or prolonged his or her stay unlawfully and, without good reason, has either not presented himself or herself to the authorities or not made an application for international protection as soon as possible, given the circumstances of his or her entry; or (i) the applicant refuses to comply with an obligation to have his or her fingerprints taken …; or (j) the applicant may, for serious reasons, be considered a danger to the national security or public order of the Member State, or the applicant has been forcibly expelled for serious reasons of public security or public order under national law.’ Article 33(2) of that directive provides: ‘Member States may consider an application for international protection as inadmissible only if: (a) another Member State has granted international protection; (b) a country which is not a Member State is considered as a first country of asylum for the applicant, pursuant to Article 35; (c) a country which is not a Member State is considered as a safe third country for the applicant, pursuant to Article 38; (d) the application is a subsequent application, where no new elements or findings relating to the examination of whether the applicant qualifies as a beneficiary of international protection by virtue of Directive [2011/95] have arisen or have been presented by the applicant; or (e) a dependant of the applicant lodges an application, after he or she has in accordance with Article 7(2) consented to have his or her case be part of an application lodged on his or her behalf, and there are no facts relating to the dependant’s situation which justify a separate application.’ Under Article 39(1) of the same directive: ‘Member States may provide that no, or no full, examination of the application for international protection and of the safety of the applicant in his or her particular circumstances as described in Chapter II shall take place in cases where a competent authority has established, on the basis of the facts, that the applicant is seeking to enter or has entered illegally into its territory from a safe third country according to paragraph 2.’ According to Article 41(1) of Directive 2013/32: ‘Member States may make an exception from the right to remain in the territory where a person: (a) has lodged a first subsequent application, which is not further examined pursuant to Article 40(5), merely in order to delay or frustrate the enforcement of a decision which would result in his or her imminent removal from that Member State; or (b) makes another subsequent application in the same Member State, following a final decision considering a first subsequent application inadmissible pursuant to Article 40(5) or after a final decision to reject that application as unfounded. Member States may make such an exception only where the determining authority considers that a return decision will not lead to direct or indirect refoulement in violation of that Member State’s international and Union obligations.’ Article 43 of that directive, headed ‘Border procedures’, provides: ‘1.   Member States may provide for procedures, in accordance with the basic principles and guarantees of Chapter II, in order to decide at the border or transit zones of the Member State on: (a) the admissibility of an application, pursuant to Article 33, made at such locations; and/or (b) the substance of an application in a procedure pursuant to Article 31(8). 2.   Member States shall ensure that a decision in the framework of the procedures provided for in paragraph 1 is taken within a reasonable time. When a decision has not been taken within four weeks, the applicant shall be granted entry to the territory of the Member State in order for his or her application to be processed in accordance with the other provisions of this Directive. 3.   In the event of arrivals involving a large number of third-country nationals or stateless persons lodging applications for international protection at the border or in a transit zone, which makes it impossible in practice to apply there the provisions of paragraph 1, those procedures may also be applied where and for as long as these third-country nationals or stateless persons are accommodated normally at locations in proximity to the border or transit zone.’ Article 46 of that directive provides: ‘… 5.   Without prejudice to paragraph 6, Member States shall allow applicants to remain in the territory until the time limit within which to exercise their right to an effective remedy has expired and, when such a right has been exercised within the time limit, pending the outcome of the remedy. 6.   In the case of a decision: (a) considering an application to be manifestly unfounded in accordance with Article 32(2) or unfounded after examination in accordance with Article 31(8), except for cases where these decisions are based on the circumstances referred to in Article 31(8)(h); (b) considering an application to be inadmissible pursuant to Article 33(2)(a), (b) or (d); (c) rejecting the reopening of the applicant’s case after it has been discontinued according to Article 28; or (d) not to examine or not to examine fully the application pursuant to Article 39, a court or tribunal shall have the power to rule whether or not the applicant may remain on the territory of the Member State, either upon the applicant’s request or acting ex officio , if such a decision results in ending the applicant’s right to remain in the Member State and where in such cases the right to remain in the Member State pending the outcome of the remedy is not provided for in national law. … 8.   Member States shall allow the applicant to remain in the territory pending the outcome of the procedure to rule whether or not the applicant may remain on the territory, laid down in paragraphs 6 and 7. …’ Directive 2013/33 Recital 17 of Directive 2013/33 states: ‘The grounds for detention set out in this Directive are without prejudice to other grounds for detention, including detention grounds within the framework of criminal proceedings, which are applicable under national law, unrelated to the third-country national’s or stateless person’s application for international protection.’ Article 2 of that directive provides: ‘For the purposes of this Directive: … (b) “applicant”: means a third-country national or a stateless person who has made an application for international protection in respect of which a final decision has not yet been taken; … (h) “detention”: means confinement of an applicant by a Member State within a particular place, where the applicant is deprived of his or her freedom of movement; …’ Article 3(1) of that directive provides: ‘This Directive shall apply to all third-country nationals and stateless persons who make an application for international protection on the territory, including at the border, in the territorial waters or in the transit zones of a Member State, as long as they are allowed to remain on the territory as applicants, as well as to family members, if they are covered by such application for international protection according to national law.’ Article 7 of the same directive provides: ‘1.   Applicants may move freely within the territory of the host Member State or within an area assigned to them by that Member State. The assigned area shall not affect the unalienable sphere of private life and shall allow sufficient scope for guaranteeing access to all benefits under this Directive. 2.   Member States may decide on the residence of the applicant for reasons of public interest, public order or, when necessary, for the swift processing and effective monitoring of his or her application for international protection. 3.   Member States may make provision of the material reception conditions subject to actual residence by the applicants in a specific place, to be determined by the Member States. Such a decision, which may be of a general nature, shall be taken individually and established by national law. …’ According to Article 8 of Directive 2013/33: ‘1.   Member States shall not hold a person in detention for the sole reason that he or she is an applicant in accordance with Directive [2013/32]. 2.   When it proves necessary and on the basis of an individual assessment of each case, Member States may detain an applicant, if other less coercive alternative measures cannot be applied effectively. 3.   An applicant may be detained only: (a) in order to determine or verify his or her identity or nationality; (b) in order to determine those elements on which the application for international protection is based which could not be obtained in the absence of detention, in particular when there is a risk of absconding of the applicant; (c) in order to decide, in the context of a procedure, on the applicant’s right to enter the territory; (d) when he or she is detained subject to a return procedure under Directive [2008/115], in order to prepare the return and/or carry out the removal process, and the Member State concerned can substantiate on the basis of objective criteria, including that he or she already had the opportunity to access the asylum procedure, that there are reasonable grounds to believe that he or she is making the application for international protection merely in order to delay or frustrate the enforcement of the return decision; (e) when protection of national security or public order so requires; (f) in accordance with Article 28 of Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person [( OJ 2013 L 180, p. 31 )]. The grounds for detention shall be laid down in national law. 4.   Member States shall ensure that the rules concerning alternatives to detention, such as regular reporting to the authorities, the deposit of a financial guarantee, or an obligation to stay at an assigned place, are laid down in national law.’ According to Article 9(2) of that directive: ‘Detention of applicants shall be ordered in writing by judicial or administrative authorities. The detention order shall state the reasons in fact and in law on which it is based.’ According to Article 10(1) of that directive: ‘Detention of applicants shall take place, as a rule, in specialised detention facilities. Where a Member State cannot provide accommodation in a specialised detention facility and is obliged to resort to prison accommodation, the detained applicant shall be kept separately from ordinary prisoners and the detention conditions provided for in this Directive shall apply. …’ Article 11 of the same directive provides: ‘1.   The health, including mental health, of applicants in detention who are vulnerable persons shall be of primary concern to national authorities. Where vulnerable persons are detained, Member States shall ensure regular monitoring and adequate support taking into account their particular situation, including their health. 2.   Minors shall be detained only as a measure of last resort and after it having been established that other less coercive alternative measures cannot be applied effectively. Such detention shall be for the shortest period of time and all efforts shall be made to release the detained minors and place them in accommodation suitable for minors. The minor’s best interests, as prescribed in Article 23(2), shall be a primary consideration for Member States. Where minors are detained, they shall have the possibility to engage in leisure activities, including play and recreational activities appropriate to their age. 3.   Unaccompanied minors shall be detained only in exceptional circumstances. All efforts shall be made to release the detained unaccompanied minor as soon as possible. Unaccompanied minors shall never be detained in prison accommodation. As far as possible, unaccompanied minors shall be provided with accommodation in institutions provided with personnel and facilities which take into account the needs of persons of their age. Where unaccompanied minors are detained, Member States shall ensure that they are accommodated separately from adults. …’ According to Article 18(9) of Directive 2013/33: ‘In duly justified cases, Member States may exceptionally set modalities for material reception conditions different from those provided for in this Article, for a reasonable period which shall be as short as possible, when: (a) an assessment of the specific needs of the applicant is required, in accordance with Article 22; (b) housing capacities normally available are temporarily exhausted. Such different conditions shall in any event cover basic needs.’ According to Article 21 of that directive: ‘Member States shall take into account the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children, victims of human trafficking, persons with serious illnesses, persons with mental disorders and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, such as victims of female genital mutilation, in the national law implementing this Directive.’ The third subparagraph of Article 22(1) of that directive provides: ‘Member States shall ensure that the support provided to applicants with special reception needs in accordance with this Directive takes into account their special reception needs throughout the duration of the asylum procedure and shall provide for appropriate monitoring of their situation.’ Hungarian law The Law on the right to asylum Article 4(3) of the Menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Law No LXXX of 2007 on the right to asylum) ( Magyar Közlöny 2007/83; ‘the Law on the right to asylum’) provides: ‘Where persons in need of special treatment are concerned, it is necessary to apply the provisions of this Law having regard to the specific needs arising from their situation.’ Article 5(1) of the Law on the right to asylum provides: ‘An applicant for asylum shall be entitled: (a) to reside, in accordance with the conditions laid down in this Law, in Hungarian territory and, in accordance with the specific regulations, to receive an authorisation to reside in Hungarian territory; (b) in accordance with the conditions laid down in this Law and the specific legislation, to receive benefits, assistance and accommodation; (c) to occupy a post at the place where the reception centre is located or at a place of work determined by the public employer within nine months following the lodging of the application for asylum then, after that period, in accordance with the general rules applicable to foreign nationals.’ Article 29 of that law provides: ‘Reception conditions should be ensured taking into account the specific needs of persons in need of special treatment.’ According to Article 30(3) of that law: ‘When adopting a decision restricting or withdrawing material reception conditions (a) the competent asylum authority must take into consideration the individual situation of the applicant for asylum, taking into account, inter alia, persons who require special treatment, and (b) the restriction or withdrawal must be proportionate to the offence committed.’ Article 31/A of the same law states: ‘1.   The competent asylum authority may, in conducting the asylum procedure, or in carrying out a transfer under Regulation [No 604/2013] – while taking into account the limits laid down in Article 31/B – detain applicants for asylum whose residence permits are based solely on the lodging of an application (a) when it allows the identity or nationality of the person concerned to be established where that is uncertain, (b) when the person concerned is subject to a return procedure and there are objective factors – such as the fact that he or she has already had the opportunity to access the international protection procedure – demonstrating, or other good reasons for believing, that he or she is making the application for international protection merely in order to delay or frustrate the enforcement of the return decision, (c) to establish the facts and circumstances on which the application for asylum is based where those cannot be obtained without detention, in particular where there is a risk of the person concerned absconding, (d) when protection of national security or public order so requires; (e) when the application was lodged in the international zone of an airport, (f) or when the detention is necessary to carry out transfer procedures under [Regulation No 604/2013] and there is a serious risk of the person concerned absconding. … 2.   The detention of an applicant for asylum may be ordered following an individual assessment of the particular case and only if the objective pursued cannot be achieved by a measure ensuring that he or she remains available to the authorities. … 5.   The detention of an asylum applicant shall be ordered by a decision which is enforceable upon notification. …’ Article 31/B of the Law on the right to asylum provides: ‘1.   Detention may not be ordered on the sole ground that an asylum application has been lodged. 2.   Detention may not be ordered against an asylum applicant who is an unaccompanied minor. 3.   Detention may be ordered against families with minor children only as a measure of last resort, having regard above all to the best interests of the children. …’ Article 32/D(1) of that law provides: ‘The application is a declaration, made by a party, on the basis of which the competent asylum authority initiates an administrative procedure.’ According to Article 35 of that law: ‘1.   The asylum procedure begins with the lodging of the asylum application with the competent asylum authority. The asylum applicant shall be subject to the asylum procedure (a) from the lodging, in person, of the application for international protection with the competent asylum authority, or (b) where he or she has lodged his or her application for international protection with another authority, from the registration of that application by the competent asylum authority until notification of the decision taken at the end of the procedure when it is no longer subject to a remedy. …’ Article 51 of the same law provides: ‘1.   If the conditions governing the application of [Regulations No 604/2013 and No 118/2014] are not met, the competent asylum authority shall decide on the admissibility of the application and on whether the conditions for deciding on the subject of the application in an accelerated procedure are met. 2.   The application shall be inadmissible … (e) if there is, in respect of the applicant, a third country which may be considered to be a safe third country for him or her, … 7.   The application may be decided in an accelerated procedure if the applicant … (h) entered Hungarian territory unlawfully or prolonged his or her stay unlawfully and did not make an asylum application within a reasonable time, even though he or she had the opportunity to do so previously, and has been unable to provide any valid reason to justify that delay; …’ According to Article 53 of the Law on the right to asylum: ‘1.   The competent asylum authority shall reject the application by order if it finds that one of the conditions laid down in Article 51(2) is met. 2.   A rejection decision taken on the ground that the application is inadmissible, or delivered in an accelerated procedure, may be challenged in administrative proceedings. … 6.   In administrative proceedings, the lodging of an application does not have the effect of suspending enforcement of the decision, with the exception of asylum decisions taken pursuant to Article 51(2)(e) and (7)(h).’ On 15 September 2015, the Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról szóló 2015. évi CXL. törvény (Law No CXL of 2015 amending certain laws in the context of managing mass immigration) ( Magyar Közlöny 2015/124; ‘the Law on the management of mass immigration’) entered into force. The Law on the management of mass immigration, which amended, inter alia, the Law on the right to asylum, introduced the concepts of ‘crisis situation caused by mass immigration’ and ‘border procedure’. It also provides for the creation of transit zones within which asylum procedures are to be conducted. Under the Law on the management of mass immigration, in a ‘crisis situation caused by mass immigration’ applications lodged in the transit zones established at the border are to be examined in accordance with the rules governing border procedure. In that regard, Article 71/A of the Law on the right to asylum, which was introduced by the Law on the management of mass immigration, provides: ‘(1)   Where a foreign national lodges an application in the transit zone: (a) before entering Hungarian territory; or (b) after having been intercepted in Hungarian territory within a distance of 8 km from the external border within the meaning of Article 2(2) of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) [( OJ 2016 L 77, p. 1 )] or from the signs demarcating the border, and escorted beyond the gate of a facility for maintaining order at the border, as provided for in the Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (Law No LXXXIX of 2007 on State borders); the provisions of this chapter shall apply subject to the derogations provided for in this article. (2)   For the duration of the border procedure, asylum applicants shall not enjoy the rights referred to in Article 5(1)(a) and (c). (3)   The competent asylum authority shall determine as a priority the admissibility of the application for asylum, at the latest within 8 days following the lodging of the application. It shall notify its decision without delay. (4)   Where four weeks have elapsed since the lodging of the application, the aliens police authority shall authorise entry into Hungarian territory in accordance with the law. (5)   Where the application is not inadmissible, the aliens police authority shall authorise entry into Hungarian territory in accordance with the law. (6)   Where entry into Hungarian territory has been authorised, the competent asylum authority shall conduct the asylum procedure in accordance with the general rules. (7)   The rules governing the border procedure shall not apply to persons in need of special treatment. …’ The Határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi XX. törvény (Law No XX of 2017 amending certain laws related to the strengthening of the procedure conducted in the guarded border area) ( Magyar Közlöny 2017/39; ‘Law No XX of 2017’) expanded the cases in which the Government may declare a ‘crisis situation caused by mass immigration’, within the meaning of the Law on the right to asylum, and amended the provisions allowing derogation from the general provisions of that law in such a situation. Since the entry into force of Law No XX of 2017, Article 80/A of the Law on the right to asylum has provided: ‘1.   A crisis situation caused by mass immigration may be declared: (a) if the number of asylum applicants arriving in Hungary exceeds on average: (aa) 500 persons per day for one month; (ab) 750 persons per day for two consecutive weeks; or (ac) 800 persons per day for one week; (b) if the number of persons present in transit zones in Hungary – with the exception of those assisting foreign nationals – exceeds on average: (ba) 1000 persons per day for one month; (bb) 1500 persons per day for two consecutive weeks; or (bc) 1600 persons per day for one week; (c) if, in addition to the cases referred to in (a) and (b), a circumstance relating to such a migration situation arises which: (ca) directly threatens security at the external Hungarian border, as defined in Article 2(2) of the Schengen Borders Code; (cb) directly threatens public security, public order or public health within a 60-metre strip of Hungarian territory from the line of the external Hungarian border, as defined in Article 2(2) of the Schengen Borders Code, or from the signs indicating the border, or in any locality situated in Hungarian territory, in particular if conflicts break out or acts of violence are committed in a reception centre or an accommodation establishment for foreign nationals present in that demarcated area or in that locality and its surroundings. 2.   On the initiative of the chief of the national police and the head of the competent asylum authority and on a proposal from the competent minister, the Government may declare by decree a crisis situation caused by mass immigration. It may cover the whole or a specified part of the Hungarian territory. … 4.   The government decree referred to in paragraph 2 shall remain in force for a maximum period of six months, unless the Government extends its validity. The Government may extend the validity of the decree referred to in paragraph 2 if the conditions applicable to the declaration of a crisis situation caused by mass immigration are met at the time of the extension. … 6.   In a crisis situation caused by mass immigration, the provisions of Articles 80/B to 80/G are to be applied only to the territory defined in the government decree referred to in paragraph 2, and only in so far as is necessary to address the root causes of such a situation and to manage that situation.’ Article 80/H of the Law on the right to asylum provides: ‘In the event of a crisis situation caused by mass immigration, the provisions of Chapters I to IV and V/A to VIII are to be applied with the derogations provided for in Articles 80/I to 80/K.’ Article 80/I of that law provides: ‘The following provisions shall not be applied: … (b) Article 35(1) and (6); … (i) Articles 71/A to 72.’ According to Article 80/J of that law: ‘1.   The asylum application must be lodged in person with the competent authority, and exclusively in the transit zone, unless the asylum applicant: (a) is the subject of a coercive measure, a measure or a penalty restricting his or her personal liberty; (b) is the subject of a detention measure ordered by the competent asylum authority; (c) is staying legally in Hungarian territory and does not seek accommodation in a reception centre. 2.   The asylum applicant shall be subject to the asylum procedure from the lodging of his or her application for international protection with the competent authority until notification of the decision adopted at the end of the procedure when it is no longer subject to a remedy. 3.   The police shall escort a foreign national staying illegally in Hungarian territory who declares his or her intention to lodge an application for asylum beyond the gate of a facility for maintaining order at the border, as provided for by the Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (Law No LXXXIX of 2007 on State borders). The person concerned may lodge his or her application for asylum in accordance with the provisions of paragraph 1. 4.   For the duration of the procedure, asylum applicants staying in the transit zone shall not enjoy the rights referred to in Article 5(1)(a) and (c). 5.   The competent asylum authority shall designate the transit zone as the asylum applicant’s place of stay until the transfer order under [Regulation No 604/2013] or the decision which is no longer subject to a remedy has become enforceable. The asylum applicant may leave the transit zone through the exit gate. 6.   If the asylum applicant is an unaccompanied minor under 14 years of age, the competent asylum authority shall conduct the asylum procedure in accordance with the general rules, after the minor has entered Hungarian territory. That authority shall find him or her temporary accommodation without delay and, simultaneously, request the competent guardianship authority to appoint a guardian to protect and represent the minor. The guardian must be appointed within eight days of receipt of the competent asylum authority’s request. The competent guardianship authority shall notify the name of the designated guardian to the unaccompanied minor and the competent asylum authority without delay.’ According to Article 80/K of the same law: ‘1.   A rejection decision taken on the ground that the application is inadmissible, or delivered in an accelerated procedure, may be challenged within three days. The competent asylum authority shall within three days communicate to the court the application, together with the documents relating to the case and the defence. 2.   The competent asylum authority shall take a decision on the basis of the information in its possession, or discontinue the procedure, if the asylum applicant: … (d) leaves the transit zone. … 4.   The decision bringing an end to the procedure under paragraph 2 may not be challenged in administrative proceedings. … 7.   Decisions addressed to asylum applicants who have left the transit zone shall be notified to them by way of a notice. … … 10.   Upon notification of a decision which is no longer subject to a remedy, the asylum applicant is to leave the transit zone. 11.   If the asylum applicant lodges a fresh application when a final discontinuation or rejection decision has been taken on his or her previous application, he or she shall forfeit the rights provided for in Article 5(1)(a) to (c).’ The Law on State borders Article 5 of the Az államhatárról szóló, 2007. évi LXXXIX (Law No LXXXIX of 2007 on State borders) ( Magyar Közlöny 2007/88; ‘the Law on State borders’) provides: ‘1.   In accordance with this Law, it is possible to use, in Hungarian territory, a 60-metre strip from the line of the external border as defined in Article 2(2) of the Schengen Borders Code, or from the signs demarcating the border, in order to build, establish or operate facilities for maintaining order at the border – including those referred to in Article 15/A – and to carry out tasks relating to defence and national security, disaster management, border surveillance, asylum and migration police. 1a.   The police may, in Hungarian territory, apprehend foreign nationals staying illegally in Hungarian territory, within an 8-kilometre strip from the line of the external border as defined in Article 2(2) of the Schengen Borders Code or from the signs demarcating the border, and escort them beyond the gate of the nearest facility referred to in paragraph 1, except where they are suspected of having committed an offence. 1b.   In a crisis situation caused by mass immigration, the police may, in Hungarian territory, apprehend foreign nationals staying illegally in Hungarian territory and escort them beyond the gate of the nearest facility referred to in paragraph 1, except where they are suspected of having committed an offence. …’ Article 15/A of that law states: ‘1.   A transit zone may be created in the zone referred to in Article 5(1) to serve as a temporary place of stay for persons applying for asylum or subsidiary protection … and as the place where asylum and migration control procedures take place and which is equipped with the facilities necessary for that purpose. 2.   The applicant for international protection present in the transit zone may enter Hungarian territory if: (a) the competent asylum authority takes a decision granting international protection; (b) the conditions for applying the general rules governing the asylum procedure are met, or (c) it is necessary to apply the provisions of Article 71/A(4) and (5) of the Law on the right to asylum. 2a.   In a crisis situation caused by mass immigration, an applicant for international protection present in the transit zone may be authorised to enter Hungarian territory in the cases referred to in paragraph 2(a) and (b). 3.   In the transit zone, public bodies shall perform their duties and exercise their powers in accordance with the legislative provisions applicable to them. 4.   Contrary to the provisions referred to in paragraph 1, in a crisis situation created by mass immigration, a facility situated in a place other than that indicated in Article 5(1) may also be designated as a transit zone.’ The Code of Administrative Procedure Article 39(6) of the Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Law No I of 2017 establishing the Code of Administrative Procedure) ( Magyar Közlöny 2017/30; ‘the Code of Administrative Procedure’) states: ‘Save as otherwise provided for in this Law, the lodging of an application does not have the effect of suspending the entry into force of the administrative measure.’ Article 50 of Code of Administrative Procedure provides: ‘1.   Any person whose right or legitimate interest has been infringed by an action of the authorities or by the maintenance of a situation resulting from that action may, at any stage of the proceedings, make an application for immediate judicial protection to the competent court having jurisdiction, in order to prevent the occurrence of an imminent risk of harm, to obtain an interim decision concerning the legal relationship at issue or the maintenance of the situation which gave rise to the dispute. 2.   In an application for immediate protection, the following may be requested: (a) suspensory effect, …’ Government Decree 301/2007 Article 33 of the A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló, 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (Government Decree 301/2007. (XI. 9.), relating to the implementation of the Law on the right to asylum) ( Magyar Közlöny 2007/151) provides: ‘1.   If justified in the light of the individual situation of the applicant for asylum in need of special treatment, the competent asylum authority is required to ensure that he or she is provided with separate accommodation in the reception centre. 2.   Family unity should also be preserved – in so far as is possible – where a person in need of special treatment is provided with separate accommodation.’ Article 34(1) of that decree provides: ‘In addition to the provisions of Articles 26 and 27, applicants for asylum in need of special treatment – in so far as is necessary in view of their individual situation and also on the basis of a medical opinion – shall have the right to access, free of charge, health services justified in the light of their state of health, rehabilitation measures, psychological care, including clinical psychology treatment, as well as psychotherapeutic treatment.’ Pre-litigation procedure On 11 December 2015, the Commission sent Hungary a letter of formal notice alleging that that Member State had infringed, inter alia, Article 46(1), (3), (5) and (6) of Directive 2013/32. Hungary replied to that letter of formal notice asserting that its legislation was compatible with EU law. On 7 March 2017, Hungary adopted Law No XX of 2017. The Commission took the view that that law was such as to give rise to concerns additional to those which had already been set out in the letter of formal notice. On 18 May 2017, the Commission therefore sent Hungary a supplementary letter of formal notice by which it alleged that that Member State had not complied with its obligations under Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115, Articles 3, 6 and 7, Article 24(3), Article 31(8), Articles 33, 38, 43 and Article 46(1), (3), (5) and (6) of Directive 2013/32, Articles 2, 8, 9, 11 and Article 17(2) of Directive 2013/33 read in conjunction with Article 2(g) and Article 17(3) and (4) thereof, and, lastly, Articles 6, 18 and 47 of the Charter. By letter of 18 July 2017, Hungary replied to that supplementary letter of formal notice, before supplementing its reply on 2 October and 20 November 2017. While declaring that its legislation was compatible with EU law, that Member State nevertheless amended it in certain specific respects. On 8 December 2017, the Commission sent Hungary a reasoned opinion, which was notified to it on the same day, in which it declared that that Member State had failed to fulfil its obligations under Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115, Articles 3 and 6, Article 24(3), Article 43 and Article 46(3), (5) and (6) of Directive 2013/32, and Article 2(h) and Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33, read in conjunction with Articles 6, 18 and 47 of the Charter: – in limiting, in appeal proceedings against a decision rejecting an application for international protection, the examination referred to in Article 46(3) of Directive 2013/32 to the facts and points of law considered when the decision was adopted; – in failing to transpose, into its national law, Article 46(5) of Directive 2013/32 and in adopting provisions which derogate from the general rule of the ‘automatic suspensory effect’ of appeals by applicants for international protection in situations not covered by Article 46(6) of that directive; – in forcibly moving, beyond the border fence, third-country nationals staying illegally in Hungarian territory, without observing the procedures and safeguards laid down in Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115; – in requiring that asylum applications be lodged with the competent authority in person, and exclusively in the transit zone; – in requiring that a procedure be applied to all asylum applicants, with the exception of unaccompanied minors under 14 years of age, the result of which is that they must remain in detention throughout the duration of the asylum procedure in the facilities of a transit zone which they may only leave in the direction of Serbia, and in not coupling that detention with the appropriate safeguards; – in reducing, from eight days to three, the deadline for applying for review of first-tier decisions rejecting an asylum application. On 8 February 2018, Hungary replied to the Commission’s reasoned opinion, restating its view that its legislation was in conformity with EU law. On 21 December 2018, not being convinced by Hungary’s observations, the Commission decided to bring the present action. The action Preliminary observations According to the settled case-law of the Court, the question whether a Member State has failed to fulfil its obligations must be determined by reference to the situation prevailing in the Member State at the end of the period laid down in the reasoned opinion (judgment of 28 January 2020, Commission v Italy (Directive combating late payment), C‑122/18 , EU:C:2020:41 , paragraph and the case-law cited). The assessment as to whether or not there has been a failure to fulfil obligations as claimed must therefore relate to the state of the domestic legislation in force on that date (see, to that effect, judgment of 8 July 2019, Commission v Belgium (Article 260(3) TFEU – High-speed networks), C‑543/17 , EU:C:2019:573 , paragraphs and ). At the hearing, Hungary confirmed that, at the end of the period laid down in the reasoned opinion sent to it by the Commission, namely 8 February 2018, the provisions of Law No XX of 2017 were applicable throughout the Hungarian territory, the application of the government decree which had declared, throughout its territory, a ‘crisis situation caused by mass immigration’, within the meaning of the Law on the right to asylum, having been extended at least until that date. It follows that, in examining the compatibility of the Hungarian legislation with the provisions of EU law that the Commission considers to have been infringed by Hungary, the Court must take into consideration the amendments made to that legislation by Law No XX of 2017. The first complaint, relating to access to the international protection procedure Arguments of the parties The Commission is of the view that Hungary has infringed Articles 3 and 6 of Directive 2013/32 in requiring asylum applications to be lodged in person and exclusively in the transit zones of Röszke (Hungary) and Tompa (Hungary), access to which has been severely restricted by the Hungarian authorities. In that regard, in the first place, the Commission notes that, when a crisis situation caused by mass immigration has been declared, Article 80/J(1) of the Law on the right to asylum, introduced by Law No XX of 2017, requires, in principle, all asylum applications to be lodged, in person, in the transit zones of Röszke and Tompa, at the Serbian-Hungarian border. The Commission also submits that the Hungarian authorities permit only a very limited number of daily entries into each of those transit zones. It is thus established that, from 23 January 2018, one person per day could enter each of those transit zones, creating a waiting period of several months before one of them could be accessed for an application for international protection to be made there. Admission into each of the transit zones of Röszke and Tompa is carried out on the basis of an informal waiting list, which is sent by ‘community leaders’ to the Hungarian authorities. There being no infrastructure on the strip of land separating the Serbian-Hungarian border from those transit zones, few persons wait at their entrance, the majority of them staying in the Serbian villages in the vicinity. In the second place, the Commission notes that it follows from Articles 3 and 6 of Directive 2013/32 that Member States are required to ensure that all persons wishing to obtain international protection are able to make an application in their territory and, after arriving there, are afforded access to the procedure for the grant of that protection. That requirement applies irrespective of the third country through whose territory the applicant reaches the border of a Member State. In allowing only those persons who are present in the transit zones of Röszke and Tompa to make an application for international protection and have that application registered and in severely restricting access to those zones, however, Hungary does not afford persons present at its borders the possibility of making an application for international protection and having it registered within the time limit laid down in Directive 2013/32. According to the Commission, irrespective of the exact number of persons waiting, a system which makes the right to registration conferred by Article 6 of Directive 2013/32 conditional upon the application being made at a specific place, access to which is limited for a long period, is not consistent with the requirement, set in the same article, that access to the procedure must be ensured in due time. Hungary replies, in the first place, that applicants for international protection do not have the right to choose their country of asylum and that a portion of the persons presenting themselves at its borders are not fleeing persecution which directly threatens them. It is appropriate also to take into consideration not only Article 6(1) of Directive 2013/32, but also of paragraphs 2 and 3 of that article, which show that the EU legislature allows Member States to require that applicants for international protection lodge their application in person at a designated place, which necessarily implies that it may be impossible for a very large number of applications to be lodged at the same time. Moreover, Directive 2013/32 does not determine the number of places in which each Member State must ensure the possibility of lodging asylum applications. According to Hungary, on the expiry of the period laid down in the reasoned opinion, there were in its territory two transit zones, situated in Röszke and Tompa respectively, on the route of applicants for international protection in which it was possible to lodge such applications. In addition, the majority of the persons entering Hungary illegally would attempt to cross the Serbian-Hungarian border in the vicinity of those transit zones, so it could reasonably be expected that those persons would lodge their application within those transit zones. EU law therefore does not preclude Article 80/J(1) of the Law on the right to asylum, which incidentally applies only in the event of a declaration of a ‘crisis situation caused by mass immigration’. Hungary also observes that such a crisis situation may be declared, inter alia, if it is justified by national requirements relating to law and order and internal security. It claims that, in the case at hand, more than 17000 offences related to illegal immigration were committed in Hungary in 2018. The obligation to lodge applications for international protection in the transit zones thus enhances the effectiveness of the fight against human trafficking and satisfies the requirement of protecting the borders of the Schengen area. In addition, Article 80/J(1) of the Law on the right to asylum provides for exceptions to the obligation to lodge the application for asylum in those transit zones. Persons staying in Hungarian territory legally can thus lodge their application at any place in that territory. Moreover, once the application has been lodged in the transit zone concerned, the procedure is initiated in accordance with the general rules. Article 32/D of the Law on the right to asylum thus ensures that, once the application has been made, the competent asylum authority initiates that procedure immediately. Registration of the application therefore takes place immediately after it has been lodged in the transit zone concerned or, in any event, within 24 hours at the latest, in accordance with Article 6(1) of Directive 2013/32. Hungary disputes, in the second place, the fact that access to the transit zones has been restricted. Moreover, while the Hungarian authorities are aware of the practice whereby asylum applicants accessing the asylum procedure in Serbia or receiving assistance in that third State report to the transit zones in a particular order, according to lists drawn up by themselves, by the Serbian authorities or by certain organisations, the Hungarian authorities have no influence on the order thereby established and do not participate in the drawing up of such lists, nor do they use them. Lastly, contrary to what the Commission claims, the absence of long queues at the entrance of the transit zones of Röszke and Tompa can be explained by the fact that the persons concerned are the subject – or have already been the subject – of an ongoing asylum procedure in Serbia and are receiving assistance in that third State. Findings of the Court By its first complaint, the Commission criticises Hungary, in essence, for having infringed Articles 3 and 6 of Directive 2013/32, in allowing only a very small number of persons to access on a daily basis, from Serbia, the transit zones of Röszke and Tompa, situated in the immediate vicinity of the Serbian-Hungarian border, even though applications for international protection can be made only in person and only in those transit zones. In the first place, it is appropriate to note that, first, according to Article 3(1) of Directive 2013/32, that directive applies to all applications for international protection made in the territory, including at the border, in the territorial waters or in the transit zones of the Member States, and to the withdrawal of international protection. Second, Article 6 of that directive, entitled ‘Access to the procedure’, provides, in the first subparagraph of paragraph 1 thereof, that, when a person makes an application for international protection to an authority competent under national law for registering such applications, the registration is to take place no later than three working days after the application is made. The second subparagraph of Article 6(1) of the same directive specifies that, if the application for international protection is made to other authorities which are likely to receive such applications, but not competent for the registration under national law, Member States are to ensure that the registration takes place no later than six working days after the application is made. In so doing, the EU legislature took a broad view of authorities which, without being competent for registering applications for international protection, are nevertheless likely to receive such applications, within the meaning of the second subparagraph of Article 6(1) of Directive 2013/32. Thus, a national authority may, in principle, be regarded as such, if it is plausible that an application for international protection is being made to it by a third-country national or a stateless person (see, to that effect, judgment of 25 June 2020, Ministerio Fiscal (Authority likely to receive an application for international protection), C‑36/20 PPU , EU:C:2020:495 , paragraphs to ). Furthermore, the third subparagraph of Article 6(1) of that directive explicitly mentions, as constituting such authorities, the police, border guards, immigration authorities and personnel of detention facilities. Third, where simultaneous applications for international protection by a large number of third-country nationals or stateless persons make it very difficult in practice to respect the time limit laid down in Article 6(1) of that directive, Article 6(5) of the same directive allows Member States, by way of derogation, to register applications for international protection within 10 working days after they have been made. Fourth, it should be added that, in accordance with Article 6(2) and (3) of Directive 2013/32, persons who have made an application for international protection must have an effective opportunity to lodge it as soon as possible, it being understood that, without prejudice to such a right, Member States may require that such an application be lodged in person and/or in a place designated for that purpose. It follows from the foregoing that the Member States are, generally, obliged to register, within a period laid down in Article 6 of Directive 2013/32, any application for international protection made by a third-country national or a stateless person to the national authorities falling within the scope of that directive and that they must then ensure that the persons concerned have an effective opportunity to lodge their application as soon as possible (see, to that effect, judgment of 25 January 2018, Hasan, C‑360/16 , EU:C:2018:35 , paragraph ). That being the case, it should be emphasised, in the second place, that, as the Commission confirmed at the hearing, its first complaint relates not to the procedure for registration or lodging of the application for international protection as such, but to the modalities under which it must be possible, prior to that, to make such an application to the Hungarian authorities. In that regard, it is important to bear in mind, in the first place, that it is apparent from Article 7 of Directive 2013/32 that Member States are required to guarantee the right for any third-country national or stateless person to make an application for international protection on his or her own behalf or through a third party. That Article 7, read in conjunction with Article 3(1) thereof, therefore confers on any third-country national or stateless person the right to make an application for international protection, including at the borders of a Member State or in its transit zones. In that regard, while it is true that, as Hungary observes, Article 6(3) of that directive allows Member States to require that applications for international protection be lodged at a designated place, it must be noted that no provision of that directive establishes a similar rule regarding the making of applications for international protection. Such an application is, moreover, deemed to have been made as soon as the person concerned has declared, to one of the authorities referred to in Article 6(1) of Directive 2013/32, his or her wish to receive international protection, without the declaration of that wish being subject to any administrative formality whatsoever (see, to that effect, judgment of 25 June 2020, Ministerio Fiscal (Authority likely to receive an application for international protection), C‑36/20 PPU , EU:C:2020:495 , paragraphs and ). It therefore follows from Article 6 of Directive 2013/32 that any third-country national or stateless person has the right to make an application for international protection to one of the authorities referred to in that article, by declaring, to one of them, his or her wish to receive international protection. Second, it should be stressed that making the application for international protection to one of the authorities referred to in Article 6 of Directive 2013/33 is an essential step in the procedure for granting international protection. After all, a third-country national or stateless person is an applicant for international protection within the meaning of Article 2(c) of Directive 2013/32 as soon as he or she makes such an application (judgment of 25 June 2020, Ministerio Fiscal (Authority likely to receive an application for international protection), C‑36/20 PPU , EU:C:2020:495 , paragraph ). Furthermore, it is from the date on which the application for international protection is made that the time limit within which that application must be registered, in accordance with Article 6(1) of that directive, starts to run and that the applicant must be given the opportunity to lodge his or her application for international protection as soon as possible, as Article 6(2) of that directive stipulates. It should also be noted that the lodging of that application triggers the running of the time limit within which, in accordance with Article 31 of that directive, the determining authority must, in principle, take a decision on the application for international protection. The right to make such an application thus makes the effective observance of the applicant’s rights conditional on that application being registered and being able to be lodged and examined within the periods prescribed by Directive 2013/32 including, ultimately, the effectiveness of the right to asylum, as guaranteed by Article 18 of the Charter. Accordingly, a Member State cannot, without undermining the effectiveness of Article 6 of that directive, unjustifiably delay the time at which the person concerned is given the opportunity to make his or her application for international protection. Third, it should be recalled that the very objective of that directive, in particular that of Article 6(1) thereof, is to ensure effective, easy and rapid access to the procedure for international protection (judgment of 25 June 2020, Ministerio Fiscal (Authority likely to receive an application for international protection), C‑36/20 PPU , EU:C:2020:495 , paragraph ). Article 8(1) of the same directive also bears out that objective. The aim of that provision, after all, is to facilitate the making of applications for international protection by requiring inter alia Member States to provide any third-country national or stateless person present at a border crossing point – including a transit zone at the external borders – with information on the possibility of making such an application, where there are indications that he or she may wish to make an application of that sort. It follows from all the foregoing considerations that Article 6 of Directive 2013/32 requires Member States to ensure that the persons concerned are able to exercise in an effective manner the right to make an application for international protection, including at their borders, as soon as they declare their wish of doing so, so that that application is registered and can be lodged and examined in effective observance of the time limits laid down by that directive. It is necessary to examine whether, in the case at hand, Hungary complied with that requirement. In that regard, that Member State confirms that Article 80/J of the Law on the right to asylum requires third-country nationals or stateless persons who, arriving from Serbia, wish to access, in Hungary, the international protection procedure, not only to lodge, but also to make their applications for international protection, in one of the two transit zones of Röszke and Tompa. Thus, in its observations, Hungary states that the time limit laid down in Article 6(1) of Directive 2013/32 for registering an application for international protection cannot start to run until the applicants for international protection have entered one of those transit zones. It follows that their applications can be made only in those zones, which Hungary, moreover, confirmed at the hearing. With the benefit of that preliminary clarification, it should be examined whether, as the Commission submits, the Hungarian authorities have effected a drastic limitation of the number of persons who, in practice, are authorised to enter each of the same transit zones daily in order to make an application for international protection there. In that regard, it should be recalled, first of all, that an administrative practice can be the subject matter of an action for failure to fulfil obligations when it is, to some degree, of a consistent and general nature (see, inter alia, judgments of 9 May 1985, Commission v France, 21/84 , EU:C:1985:184 , paragraph , and of 5 September 2019, Commission v Italy (Bacteria Xylella fastidiosa), C‑443/18 , EU:C:2019:676 , paragraph ). In addition, it is for the Commission to prove the existence of the alleged infringement and to provide the Court with the information necessary for it to determine whether the infringement is made out, and the Commission may not rely on any presumption for that purpose (see, inter alia, judgments of 27 April 2006, Commission v Germany, C‑441/02 , EU:C:2006:253 , paragraph , and of 2 May 2019, Commission v Croatia (Disposal in Biljane Donje), C‑250/18 , not published, EU:C:2019:343 , paragraph ). It is only where the Commission has adduced sufficient evidence to establish that the national provisions transposing a directive are not applied correctly in practice in the territory of the defendant Member State that it is incumbent on the latter to challenge in substance and in detail the information produced and the inferences drawn (see, inter alia, judgments of 26 April 2005, Commission v Ireland, C‑494/01 , EU:C:2005:250 , paragraph , and of 28 March 2019, Commission v Ireland (System for collecting and treating waste water), C‑427/17 , not published, EU:C:2019:269 , paragraph ). With regard, in particular, to a complaint concerning the implementation of a national provision, the Court has held that proof of a Member State’s failure to fulfil its obligations requires production of evidence different from that usually taken into account in an action for failure to fulfil obligations concerning solely the terms of a national provision, and that in those circumstances the failure to fulfil obligations can be established only by means of sufficiently documented and detailed proof of the alleged practice of the national administration and/or courts, for which the Member State concerned is answerable (judgments of 27 April 2006, Commission v Germany, C‑441/02 , EU:C:2006:253 , paragraph , and of 9 July 2015, Commission v Ireland, C‑87/14 , EU:C:2015:449 , paragraph ). In the present case, as the Advocate General observed in point 59 of his Opinion, the Commission annexed to its application a number of reports supporting its assertion that third-country nationals or stateless persons wishing to make an application for international protection to the authorities in the transit zones of Röszke and Tompa were subject to a waiting period of several months, caused by a consistent and generalised practice of the Hungarian authorities, which was still in force at the end of the period laid down in the reasoned opinion, namely on 8 February 2018, and consisted in limiting authorised entry into both transit areas to a significantly reduced number of persons per day. Thus, according to one of the three reports of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), annexed to the Commission’s application, from October 2015 onwards the Hungarian authorities decided to limit the number of daily authorised entries into each of the transit zones of Röszke and Tompa. It is also apparent from those three reports that the number of daily authorised entries into those transit zones decreased gradually and steadily, such that, in 2018, only two persons per day were authorised to enter each of those transit zones. It is important to add, in that regard, that those reports are particularly relevant in the light of the role conferred on the UNHCR by the Convention relating to the Status of Refugees, signed in Geneva on 28 July 1951 ( United Nations Treaty Series , vol. 189, p. 137, No 2545 (1954)), in consistency with which the rules of European Union law dealing with asylum must be interpreted (see, to that effect, judgment of 23 May 2019, Bilali, C‑720/17 , EU:C:2019:448 , paragraph and the case-law cited). Moreover, the data contained in those reports coincide, to a large extent, with the observations made in two 2017 reports from, first, the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe on Migration and Refugees and, second, the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, annexed to the application and on which the Commission also relies. It is also apparent from the UNHCR reports annexed to the application that the setting by the Hungarian authorities of a maximum number of authorised daily entries into each of the transit zones of Röszke and Tompa had the consequence that third-country nationals or stateless persons, present in Serbia in the immediate vicinity of the Serbian-Hungarian border and wishing to make an application for international protection in Hungary, were faced with a waiting time which kept increasing and which, in February 2018, was longer than 11 months. It follows that the Commission has proved, in a sufficiently documented and detailed manner, the existence, at the end of the period laid down in the reasoned opinion, namely 8 February 2018, of a consistent and generalised administrative practice of the Hungarian authorities aimed at limiting access to the transit zones of Röszke and Tompa so systematically and drastically that third-country nationals or stateless persons who, arriving from Serbia, wished to access, in Hungary, the international protection procedure, in practice were confronted with the virtual impossibility of making an application for international protection in Hungary. Such an administrative practice is incompatible with the requirements arising from Article 6(1) of Directive 2013/32. None of the arguments put forward by Hungary is capable of calling such a conclusion into question. In that regard, it should be noted, first of all, that it is true that that Member State disputes the fact that the administrative instructions sought to limit the daily number of applications for international protection that could be made in each of the transit zones of Röszke and Tompa. However, in addition to the fact that that assertion is formally contradicted by the reports referred to in paragraphs 115 and 116 of the present judgment, Hungary has not explained, to the requisite legal standard, the reason why, in the presumed absence of such instructions, waiting lists – the existence of which it acknowledges – had been drawn up in order to establish the order in which persons situated in Serbia, in the immediate vicinity of the transit zones of Röszke and Tompa, and wishing to make an application for international protection in one of those zones, could enter them. In that regard, even if, as Hungary contends, the Hungarian authorities did not participate in the drawing up of those lists or influence the order of access to the transit zones thus established by them, the fact remains that the very existence of the lists has to be seen as the unavoidable consequence of the practice identified in paragraph 118 of the present judgment. Moreover, Hungary’s argument that the gradual dissipation of the long queues at the entrance of those transit zones proves that there is no restriction on entry into those same zones cannot succeed, either. After all, it is undisputed that there is no infrastructure available on the strip of land separating the Serbian-Hungarian border from the entry gate of the transit zones of Röszke and Tompa, meaning that it is extremely difficult to remain there for a long period of time. Furthermore, as the Commission has rightly pointed out, it can be inferred from the reports annexed to its application that the length of the queues at the entrance of each of the transit zones has decreased as from the date on which the waiting lists, mentioned in paragraph 122 of the present judgment, appeared, with only the persons placed in a favourable position on those lists being taken, by the Serbian authorities, to the strip of land separating the Serbian-Hungarian border from the entry gate of the transit zone concerned, on the eve of the date prescribed for those persons to enter that transit zone. It follows that the dissipation of the long queues at the entrance of the transit zones of Röszke and Tompa cannot call into question the finding that the Hungarian authorities decided to limit access to those zones drastically. Lastly, although, as Hungary recalls, it is indeed for Member States to ensure, inter alia, that external borders are crossed legally, in accordance with Regulation 2016/399, compliance with such an obligation cannot, however, justify the Member States’ infringement of Article 6 of Directive 2013/32. It follows from all the foregoing considerations that Hungary has failed to fulfil its obligations under Article 6 of Directive 2013/32, read in conjunction with Article 3 thereof, in providing that applications for international protection from third-country nationals or stateless persons who, arriving from Serbia, wish to access, in its territory, the international protection procedure, may be made only in the transit zones of Röszke and Tompa, while adopting a consistent and generalised administrative practice drastically limiting the number of applicants authorised to enter those transit zones daily. The second and third complaints, relating to the detention of applicants for international protection Arguments of the parties – The second complaint By its second complaint, the Commission criticises Hungary for having infringed Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32. In the first place, the Commission states, first, that Article 26 of Directive 2013/32 sets out the rule of principle according to which an applicant for international protection may not be held in detention for the sole reason that he or she has made an application for international protection. While it is true that Article 43 of that directive authorises Member States to apply specific rules in that regard, where they establish border procedures, they are nevertheless required, in such a case, to comply with the requirements laid down in Article 43. Law No XX of 2017, however, inserted new provisions which are incompatible with Article 43 of Directive 2013/32. Thus, according to Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum, the entirety of the procedure for examination of the application for international protection must be conducted in the transit zone, contrary to what the same Article 43 provides. Moreover, Article 80/J(5) does not limit the duration of the border procedure to four weeks, as is required by Article 43 of Directive 2013/32. The Commission considers, second, that the special procedural guarantees set out in Chapter II of Directive 2013/32 have not been observed, either. Thus, the ‘adequate support’ which persons in need of special procedural guarantees must receive, in accordance with Article 24(3) of that directive, is not ensured in the procedure laid down in Article 80/J of the Law on the right to asylum, since Law No XX of 2017 suspended, in the event of a crisis situation caused by mass immigration, the application of the provisions of the Law on the right to asylum pursuant to which border procedures are not applicable to applicants in need of such special procedural guarantees. According to the Commission, Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum therefore obliges, in breach of Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32, applicants to remain in the relevant transit zone beyond a four-week period, in order for their application to be fully examined, without that examination being limited to the cases of inadmissibility provided for in Article 33 of that directive or to a substantive examination in the cases listed in Article 31(8) of that directive, and without ‘adequate support’ being granted to persons in need of the special procedural guarantees set out in Chapter II of Directive 2013/32. In the second place, the Commission is of the view that Article 72 TFEU does not allow Member States to refuse to apply EU law by invoking, in a general manner, the maintenance of law and order and internal security. In that regard, the Commission observes that the crisis situation caused by mass immigration does not appear to have been declared in Hungarian territory for a transitory period. Furthermore, the situation in which a large number of third-country nationals or stateless persons simultaneously request international protection was envisaged by the EU legislature, in particular in Article 6(5), Article 14(1), Article 31(3)(b) and Article 43(3) of Directive 2013/32, in Article 10(1) and Article 18(9) of Directive 2013/33 and in Article 18 of Directive 2008/115. Those rules seek to allow Member States to opt for flexible solutions in case of emergency and to depart, to a certain extent, from the generally applicable rules. Consequently, the crisis caused by mass immigration on which Hungary relies can and must be resolved in the framework of EU law. Hungary replies, in the first place, that procedures conducted in the transit zones are done so pursuant to the general rules prescribed by Directive 2013/32, such that those procedures do not have to be in conformity with Article 43 of that directive, concerning border procedures. On the basis of the legislation in force as of the expiry of the period laid down in the reasoned opinion, the transit zones of Röszke and Tompa were essentially open reception centres, situated close to the Serbian-Hungarian border, where the entirety of the procedure for examination of asylum applications was conducted. As regards, in the second place, compliance with Article 24(3) of Directive 2013/32, Hungary submits that Article 4(3) of the Law on the right to asylum establishes the principle according to which the provisions of that law must be applied taking into account the specific needs of applicants in need of special procedural treatment. Consequently, the competent asylum authority is constantly attentive to the special needs of those applicants, throughout the procedure. The special needs of the applicants are also taken into account, in more specific ways, in other provisions. In the third place, Article 72 TFEU authorises, in any event, Hungary to declare a crisis situation caused by mass immigration and to apply, in such a situation, derogatory procedural rules. In that regard, that Member State is of the view that the secondary law provisions relied on by the Commission have proved insufficient for adequately managing the prevailing situation as from the 2015 crisis. – The third complaint The Commission criticises Hungary for having failed to fulfil its obligations under Article 2(h) and Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33, in detaining all applicants for international protection – with the exception of unaccompanied minors under 14 years of age – throughout the duration of the procedure for examination of their application, without observing the guarantees provided for in that regard. The Commission notes, in the first place, that the compulsory stay of applicants in one of the transit zones gives rise to a restriction of their personal liberty so far reaching that it must be treated as detention, within the meaning of Article 2(h) of Directive 2013/33. After all, those transit zones are closed places which, if left by applicants, lead only to Serbia. Moreover, in accordance with Article 80/K(2)(d) of the Law on the right to asylum, the competent asylum authority can discontinue the procedure if the applicant leaves the transit zone in question. That applicant is therefore not genuinely free to leave that zone, since he or she would thereby run the risk of having his or her application closed and thus of losing the possibility of obtaining international protection. The Commission also notes that the time spent by the applicant for international protection in transit zones is an important factor in determining whether a stay in those zones can be regarded as detention. The representatives of the Commission found, during an on-site visit, however, that some applicants had stayed there for over 14 months. In the second place, the Commission submits that such detention is incompatible with Article 26 of Directive 2013/32 and with Article 8(2) and (3), Article 9 and Article 11(2) of Directive 2013/33, since that directive is applied as a general rule, in a systematic manner, without individual assessment or issue of a written reasoned decision, and that it also involves minors, apart from unaccompanied minors under 14 years of age. Although Article 80/I of the Law on the right to asylum does not exclude, in the event of a crisis situation caused by mass immigration, the application of national provisions transposing EU law provisions on the detention of applicants for international protection, the Commission nevertheless considers such national provisions irrelevant in such a situation in so far as, in that situation, all applicants are required to stay in one of the two transit zones, in accordance with Article 80/J(5) of that law. Hungary replies that those transit zones are not detention facilities, but, essentially, reception centres, situated in its territory at the external border of the Schengen area, which are designated as the place where the asylum procedure is conducted in accordance with EU law. That Member State argues that a person wishing to travel to its territory may use a border crossing point, without entering one of the transit zones referred to, if he or she is in possession of valid documents. Moreover, the same transit zones are closed only in the direction of Hungary, so as to protect the external border of the Schengen area, their occupants however being free to leave them to enter Serbia. Equally, neither the length of the stay in a reception centre nor the quality of the conditions there should be taken into consideration in determining whether the stay in that centre may be treated as detention. Furthermore, an applicant who leaves a transit zone does not necessarily suffer adverse consequences. Article 80/K(2)(d) of the Law on the right to asylum provides that, in such a case, the competent asylum authority is to take a decision on the basis of the information in its possession or discontinue the procedure. Consequently, even in the applicant’s absence, that authority can take a decision on the application for international protection and, where appropriate, grant it. What is more, the lodging of an asylum application does not automatically lead to an indiscriminate deprivation of liberty, since, under Article 80/J(1)(c) of the Law on the right to asylum, a person who is staying legally in Hungarian territory may lodge his or her application without having to travel to, or remain in, one of the transit zones. It is also appropriate to take into consideration Article 80/J(1)(b) of the Law on the right to asylum, which specifically concerns the lodging of asylum applications by persons being held in detention. The specific rules on detention and the continuation thereof are, for their part, set out in Articles 31/A to 31/I of that law and ensure full compliance with the provisions of Directive 2013/33 relating to detention. As regards the visit made by representatives of the Commission, Hungary states, moreover, that it pertained only to the transit zone of Röszke and that it cannot be ruled out that the persons questioned by the Commission representatives on that occasion were not applicants for international protection, but persons subject to a procedure under the aliens police authority. Hungary claims, lastly, that the competent asylum authority issues, in all cases, a decision on accommodation in the transit zone in question, as the designated place of stay assigned to the person concerned in the course of the procedure, in accordance with Article 7(2) of Directive 2013/33, that decision being subject to a remedy. Moreover, the personal nature of the accommodation and treatment of the person concerned is reflected, inter alia, in how applicants are grouped in dwellings according to nationality, provision of specific diet and provision of furniture and healthcare, in particular psychological care. Findings of the Court By its second and third complaints, which it is appropriate to examine together, the Commission alleges, in essence, that Hungary has infringed Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32 as well as Article 2(h) and Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33, in establishing a system of systematic detention of applicants for international protection, in the transit zones of Röszke and Tompa, without observing the conditions and guarantees arising under those provisions. It should be noted, as a preliminary point, that, contrary to what Hungary claims, the closure of those two transit zones following the judgment of 14 May 2020, Országos Idegenrendézeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ( C‑924/19 PPU and C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 ), is irrelevant to the assessment of the present action. After all, as has been recalled in paragraph 68 of the present judgment, the question whether a Member State has failed to fulfil its obligations must be determined by reference to the situation prevailing in the Member State at the end of the period laid down in the reasoned opinion issued by the Commission, namely, in the present case, 8 February 2018. – Existence of detention in the transit zones of Röszke and Tompa It follows from Article 80/J(1), (5) and (6) of the Law on the right to asylum that any applicant for international protection who does not already hold a residence permit in Hungarian territory must remain in one of the two transit zones of Röszke and Tompa throughout the examination of his or her application, or, as the case may be, during the judicial proceedings the purpose of which is to examine the appeal challenging any decision rejecting that application, unless the person concerned is an unaccompanied minor under 14 years of age or he or she has already been the subject of a detention measure or a measure restricting his or her personal liberty, within the meaning of Article 80/J(1) of that law. Hungary, however, disputes the Commission’s claim that such an obligation to remain in one of those two transit zones constitutes detention, within the meaning of Article 2(h) of Directive 2013/33. In that regard, it should be noted that the detention of an applicant for international protection, within the meaning of that provision, is an autonomous concept of EU law understood as any coercive measure that deprives that applicant of his or her freedom of movement and isolates him or her from the rest of the population, by requiring him or her to remain permanently within a restricted and closed perimeter (see, to that effect, judgment of 14 May 2020, Országos Idegenrendézeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU and C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 , paragraph ). In the present case, it is apparent from the application and from the documents annexed to it that those applicants for international protection whose place of stay is the transit zone of Röszke or that of Tompa are required to remain indefinitely in the transit zone in question, which is surrounded by a high fence and barbed wire. Those applicants are housed in containers with a floor area of not more than 13 m . They may not have contact with persons outside the transit zone in question, other than their legal representative, and their movements within the zone are limited and monitored by the members of the law enforcement services permanently present in the transit zone and its immediate vicinity. Hungary does not dispute those elements. It follows that, as the Advocate General observed, in essence, in point 134 of his Opinion, the placing of applicants for international protection in the transit zones of Röszke and Tompa is no different from a detention regime. The line of argument put forward by Hungary, to the effect that those applicants are free to leave the transit zone concerned in the direction of Serbia, cannot call such an assessment into question. First, although it is not for the Court, in the context of the present case, to rule on whether the Serbian authorities’ conduct is compatible with the Agreement between the European Community and the Republic of Serbia on the readmission of persons residing without authorisation, annexed to Council Decision 2007/819/EC of 8 November 2007 ( OJ 2007 L 334, p. 45 ), it should be noted that any entry by those applicants for international protection into Serbia would, in all likelihood, be considered illegal by that third State and that, consequently, the applicants would be exposed to penalties there. Accordingly, applicants for international protection placed in the transit zones of Röszke and Tompa cannot, for that reason in particular, be considered to have an effective possibility of leaving those transit zones (see, to that effect, judgment of 14 May 2020, Országos Idegenrendézeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU and C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 , paragraph ). Second, by leaving Hungarian territory, those applicants risk losing any chance of obtaining refugee status in Hungary. According to Article 80/J(1) of the Law on the right to asylum, the applicants can submit a new application for asylum only in one of those two transit zones. In addition, it follows from Article 80/K(2) and (4) of that law that the competent asylum authority may decide to discontinue the international protection procedure if the applicant leaves one of those two zones, and its decision cannot be contested in a contentious administrative procedure (judgment of 14 May 2020, Országos Idegenrendézeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU and C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 , paragraph ). It follows that the obligation for applicants for international protection to stay in the transit zones of Röszke and Tompa, as follows from Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum, must be regarded as detention, within the meaning of Article 2(h) of Directive 2013/33. – Compatibility of detention in the transit zones of Röszke and Tompa with the requirements laid down in Directives 2013/32 and 2013/33 In the first place, the Commission criticises Hungary for having established a system of detention of applicants for international protection in the transit zones of Röszke and Tompa which does not comply with the conditions laid down in Article 43 of Directive 2013/32 and which is not justified on any of the grounds mentioned in the first subparagraph of Article 8(3) of Directive 2013/33. According to settled case-law, the first subparagraph of Article 8(3) of Directive 2013/33 lists exhaustively the various grounds that may justify the detention of an applicant for international protection. Each of those grounds meets a specific need and is self-standing (judgment of 14 May 2020, Országos Idegenrendézeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU and C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 , paragraph and the case-law cited). While it is true that, as recital 17 of that directive states, the directive does not preclude Member States from establishing other grounds for detention, including within the framework of criminal proceedings, since those are unrelated to the status of applicant for international protection, it should be noted, in the present case, that the system of detention of applicants for international protection, established by Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum, is not based on a ground unrelated to the status of those applicants. It is therefore appropriate to examine whether the detention of the applicants for international protection referred to in paragraph 157 above in the transit zones of Röszke and Tompa, upon their arrival in Hungarian territory, falls within at least one of the situations listed in the first subparagraph of Article 8(3) of Directive 2013/33. In that regard, first, it is necessary to rule out the notion that such detention can be justified on one of the grounds referred to in points (d) to (f) of the first subparagraph of Article 8(3) of that directive. As regards, on the one hand, the ground for detention mentioned in point (e) of the first subparagraph of Article 8(3) of Directive 2013/33, it is not disputed that the applicants for international protection referred to in paragraph 157 above are held in detention in the transit zones of Röszke and Tompa without its first having been established that their individual conduct represents a genuine, present and sufficiently serious threat, affecting a fundamental interest of society or the internal or external security of Hungary (see, in that regard, judgment of 15 February 2016, N., C‑601/15 PPU , EU:C:2016:84 , paragraph ). As regards, on the other hand, the grounds for detention listed in points (d) and (f) of the first subparagraph of Article 8(3) of Directive 2013/33, it is equally common ground that those applicants are required to remain in the transit zones of Röszke or Tompa, even if they are not already in detention subject to a return procedure under Article 15 of Directive 2008/115, and notwithstanding the fact that no decision has been taken under Article 28 of Regulation No 604/2013. Second, an applicant for international protection may indeed, pursuant to the first subparagraph of Article 8(3) (a) and (b) of Directive 2013/33, be detained, inter alia, in the immediate vicinity of the borders of a Member State, in order to determine or verify his or her identity or nationality or in order to determine those elements on which his or her application for international protection is based which could not be obtained without detention. At the same time, although the proper functioning of the Common European Asylum System requires that the competent national authorities have at their disposal reliable information relating to the identity or nationality of the applicant for international protection and to the elements on which his or her application is based, that objective cannot, however, justify detention measures being decided without those national authorities having previously determined, on a case-by-case basis, whether they are proportionate to the aims pursued, such a determination requiring them to ensure, in particular, that detention is used only as a last resort (see, to that effect, judgment of 14 September 2017, K., C‑18/16 , EU:C:2017:680 , paragraph ). Hungary does not dispute that the system of detention of applicants for international protection, established by Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum, does not provide for any case-by-case examination of the proportionality of those applicants’ detention in the light of the objective pursued, which is to verify their identity or nationality or the elements on which their application is based. It therefore remains to be examined, third, whether the detention regime established by Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum can be justified under point (c) of the first subparagraph of Article 8(3) of Directive 2013/33, pursuant to which a Member State may detain an applicant for international protection in order to decide, within the context of a procedure, on the right of that applicant to enter its territory. In that regard, it should be noted, first of all, that the situation envisaged by point (c) of the first subparagraph of Article 8(3) includes the detention regime that may be established by Member States when they decide to apply border procedures, within the meaning of Article 43 of Directive 2013/32 (see, to that effect, judgment of 14 May 2020, Országos Idegenrendézeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU and C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 , paragraphs and ). Pursuant to that Article 43, Member States are authorised to place in ‘detention’, within the meaning of Article 2(h) of Directive 2013/33, applicants for international protection arriving at their borders, before granting them a right to enter their territory, on the conditions set out in that same Article 43 and in order to ensure the effectiveness of the procedures for which Article 43 provides (see, to that effect, judgment of 14 May 2020, Országos Idegenrendézeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU and C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 , paragraphs and ). Therefore, although Hungary formally disputes that the procedures for examining applications for international protection conducted in the transit zones of Röszke and Tompa, in accordance with Article 80/J of the Law on the right to asylum, are border procedures for the purposes of Article 43 of Directive 2013/32, that circumstance cannot relieve the Court of the need to take into account compliance with that latter article in its examination of whether the Hungarian legislation is compatible with point (c) of the first subparagraph of Article 8(3) of Directive 2013/33, no other ground listed in that provision being capable of justifying the detention system established by Article 8/J(5) of that law. It is appropriate, next, to emphasise that Article 43(2) of Directive 2013/32 requires that the period of detention of an applicant for international protection, pursuant to that article, never exceed four weeks from the date of the lodging of the application for international protection, within the meaning of Article 6(2) of Directive 2013/32, paragraph 3 of that Article 43 merely authorising Member States, in the circumstances for which it provides, to maintain border procedures beyond that four-week period, provided that the applicants are, at the end of that period, accommodated normally at locations in proximity to the border or to the transit zone concerned, which precludes their remaining in detention (see, to that effect, judgment of 14 May 2020, Országos Idegenrendézeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU and C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 , paragraphs to ). It is not apparent from any provision of the relevant Hungarian legislation, however, that the detention of applicants for international protection in the transit areas of Röszke and Tompa is limited to a four-week period from the date of the lodging of their application. Furthermore, it follows from Article 43(1) of Directive 2013/32 that detention based on that provision is justified only in order to allow the Member State concerned to examine, before granting the applicant for international protection the right to enter its territory, whether his or her application is not inadmissible, pursuant to Article 33 of Directive 2013/32, or whether that application must not be rejected as unfounded on one of the grounds listed in Article 31(8) of that directive. As has been noted in paragraph 157 of the present judgment, applicants for international protection are required to remain in the transit zones of Röszke and Tompa for the entirety of the examination of their applications, or during the judicial proceedings the purpose of which is to examine the appeal challenging any decision rejecting those applications, and not solely for the purpose of verifying whether their applications can be rejected on one of the grounds referred to in the preceding paragraph. It follows that the system of detention of applicants for international protection established by Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum does not comply with the conditions provided for in Article 43 of Directive 2013/32 and is therefore incapable, in the present case, of being justified on the basis of point (c) of the first subparagraph of Article 8(3) of Directive 2013/33. It follows from the foregoing that Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum provides for applicants for international protection to be detained outside the conditions set out in Article 43 of Directive 2013/32 and outside the exhaustively enumerated cases in which such detention is authorised under Article 8 of Directive 2013/33. In the second place, the Commission alleges that Hungary has infringed Article 24(3) of Directive 2013/32 on the ground that ‘adequate support’ within the meaning of that provision, which applicants for international protection in need of special procedural guarantees must receive, is not ensured during the procedure conducted in the transit zones of Röszke and Tompa. In that respect, it should be noted that, under Article 2(d) of Directive 2013/32, an ‘applicant in need of special procedural guarantees’ is an applicant whose ability to benefit from the rights and to comply with the obligations provided for in that directive is limited due to individual circumstances. It is apparent from recital 29 of that directive that those circumstances include the interested person’s age, gender, sexual orientation, gender identity, disability, serious illness, mental disorders or the consequences of torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence. As follows from Articles 21 and 22 of Directive 2013/33, given their vulnerability, those applicants must be given specific attention by the Member States, throughout the asylum procedure, in particular as regards the conditions in which they are accommodated in the territory of the Member State concerned during that procedure. It is apparent, more specifically, from Article 11 of that directive that, although the detention of applicants in need of special procedural guarantees is not ruled out as a matter of principle, their health, including their mental health, must, where they are detained, be of primary concern to Member States, which are to ensure the regular monitoring of those persons and ‘adequate support’ taking into account their particular situation. From that point of view, the second subparagraph of Article 24(3) of Directive 2013/32 provides that, where the adequate support which applicants in need of special procedural guarantees are to receive cannot be provided to them within the framework of a border procedure, within the meaning of Article 43 of that directive, Member States must not apply, or must cease to apply, that procedure. Accordingly, national authorities are required to ensure, at the end of a case-by-case examination, that detention, on the basis of Article 43 of Directive 2013/32, of an applicant for international protection in need of special procedural guarantees does not deprive him or her of the ‘adequate support’ to which he or she is entitled in the context of the examination of his or her application. In the case at hand, it should be noted that, as Hungary submits, a number of provisions of the relevant Hungarian legislation are aimed at taking account of the specific needs of all applicants for international protection in need of special procedural guarantees, within the meaning of Article 24(3) of Directive 2013/32. Thus, Article 4(3) of the Law on the right to asylum provides that the authorities are required to apply the provisions of that law to applicants in need of special treatment, taking their specific needs into account. Similarly, Articles 29 and 30 of that law provide that the reception conditions for those applicants are to be ensured taking into account their specific needs, and such needs must also be taken into account where the competent authority restricts or withdraws material reception conditions. It is also apparent from Article 33(1) and (2) of Government Decree 301/2007 that the competent asylum authority must ensure that the applicant in need of special procedural guarantees is provided with separate accommodation within the reception centre which preserves, in so far as is possible, family unity. It also follows from Article 34 of that decree that the applicant has the right to make use, free of charge, of health services, including psychological care, where that is necessary. That being so, the fact remains that Hungary acknowledges that, since the entry into force of Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum, all applicants for international protection in need of special procedural guarantees – with the exception of unaccompanied minors under 14 years of age and those who already hold a residence permit in Hungarian territory or who are the subject of another detention measure or a measure restricting their personal liberty – are required to stay in the transit zones of Röszke and Tompa, for the duration of the procedure for examination of their application for international protection, or, as the case may be, during the judicial proceedings the purpose of which is to examine the appeal challenging a decision rejecting that application. Furthermore, it does not appear from any of the national provisions relied on by that Member State that the competent Hungarian authorities must examine whether such detention is compatible with the requirement of providing ‘adequate support’, within the meaning of Article 24(3) of Directive 2013/32, to those vulnerable applicants during that period. Such a detention regime is incompatible with the requirement that the specific needs of those categories of applicants be taken into account, as follows from Article 24(3) of Directive 2013/32. As has been stated in paragraphs 191 and 192 of the present judgment, the second subparagraph of Article 24(3) of Directive 2013/32 precludes an applicant for international protection in need of special procedural guarantees from being placed in detention automatically, in accordance with Article 43 of Directive 2013/32, without its first having been determined that that detention does not deprive him or her of the ‘adequate support’ to which he or she is entitled. In those circumstances, since, as has been noted in paragraphs 181 to 185 of the present judgment, the detention regime established by Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum exceeds the limits within which Article 43 of Directive 2013/32 authorises the detention of applicants for international protection, it follows, a fortiori, that applying such a detention regime to all applicants in need of special procedural guarantees – with the exception of unaccompanied minors under 14 years of age and applicants who already hold a resident permit in Hungarian territory or who are the subject of another detention measure or a measure restricting their personal liberty – without verifying whether the detention of those applicants is consistent with their specific needs, cannot be deemed compatible with Article 24(3) of Directive 2013/32. In the third place, the Commission alleges that Hungary has infringed Article 11 of Directive 2013/33 in requiring that all minor applicants for international protection – other than unaccompanied minors under 14 years of age – be detained in the transit zones of Röszke and Tompa throughout the duration of the procedure for examining their application. Article 11(2) of Directive 2013/33 provides inter alia that minors may be detained only as a measure of last resort and after its having been established that other less coercive alternative measures cannot be applied effectively. The protection which is thus granted specifically to minors supplements the guarantees more generally recognised by Article 11 to all applicants in need of specific reception conditions. Hungary does not dispute, however, that all minor applicants for international protection, with the exception of unaccompanied minors under 14 years of age, are compelled to remain in one of the two transit zones of Röszke or Tompa until the conclusion of the procedure for examination of their application, or, as the case may be, until the conclusion of the judicial proceedings the purpose of which is to examine the appeal challenging a decision rejecting that application, unless those persons are the subject of another detention measure or a measure restricting their personal liberty or already hold a resident permit in Hungarian territory, which is incompatible with the specific guarantees arising under Article 11(2) of Directive 2013/33. In the fourth place, the Commission complains that Hungary has infringed Article 9 of Directive 2013/33 on the ground that the detention of applicants for international protection in the transit zones of Röszke and Tompa is not ordered in writing and does not enable the applicant to ascertain the factual and legal grounds on which that detention is based. In accordance with Article 9(2) of Directive 2013/33, detention of an applicant for international protection is to be ordered in writing by judicial or administrative authorities and the detention order is to state the reasons in fact and in law on which it is based. Hungary contends that, in all cases, the competent asylum authority adopts a decision relating to accommodation in the transit zone concerned, as the place of stay assigned to the applicant for international protection during the procedure for examination of his or her application. That contention is not, however, substantiated by any reference to a provision of the relevant national legislation. Moreover, while it is true that, under Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum, the competent asylum authority designates the transit zone concerned as the applicant’s place of stay, it is nevertheless not apparent from that provision that such an order must take the form of a written statement the reasoning for which satisfies the requirements laid down in Article 9(2) of Directive 2013/33. It follows that the Commission has shown, to the requisite legal standard, that Hungary has failed to comply with the requirements of Article 9 of Directive 2013/33. It follows from all the foregoing considerations that Hungary has failed to fulfil its obligations under Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32 and under Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33. On the other hand, the Commission has not set out the reasons why Hungary has infringed Article 2(h) of Directive 2013/33, that provision being limited to defining the concept of ‘detention’, within the meaning of that directive. In that regard, it should be stated that the fact that Hungary has established a detention system, in the transit zones of Röszke and Tompa – apart from the cases in which EU law authorises the detention of an applicant for international protection without observing the guarantees which, under EU law, must govern such detention – cannot suffice to demonstrate that that Member State has failed to transpose, or has transposed incorrectly, the very definition of the concept of ‘detention’ set out in Article 2(h) of Directive 2013/33. – Article 72 TFEU Pursuant to Article 72 TFEU, the provisions which appear under Title V of the FEU Treaty, relating to the area of security, freedom and justice, are not to affect the exercise of the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security. As has been stated in paragraph 141 of the present judgment, Hungary submits that that Article 72 authorises Member States to derogate from the EU rules adopted, in accordance with Article 78 TFEU, in the field of asylum, subsidiary protection and temporary protection, where compliance with those rules precludes Member States from adequately managing an emergency situation characterised by arrivals of large numbers of applicants for international protection. It follows, more specifically, in the present case, that the national rules governing the procedures conducted in the transit zones of Röszke and Tompa can derogate from Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32. In this connection, it should be recalled that, although it is for the Member States to adopt appropriate measures to ensure law and order on their territory and their internal and external security, it does not follow that such measures fall entirely outside the scope of European Union law. As the Court has held, the only articles in which the FEU Treaty expressly provides for derogations applicable in situations which may affect law and order or public security are Articles 36, 45, 52, 65, 72, 346 and 347, which deal with exceptional and clearly defined cases. It cannot be inferred that the FEU Treaty contains an inherent general exception excluding all measures taken for reasons of law and order or public security from the scope of European Union law. The recognition of the existence of such an exception, regardless of the specific requirements laid down by the Treaty, might impair the binding nature of European Union law and its uniform application (judgment of 2 April 2020,Commission v Poland, Hungary and Czech Republic (Temporary mechanism for the relocation of applicants for international protection), C‑715/17, C‑718/17 and C‑719/17 , EU:C:2020:257 , paragraph and the case-law cited). In addition, the derogation provided for in Article 72 TFEU must, as is provided in settled case-law, inter alia in respect of the derogations provided for in Articles 346 and 347 TFEU, be interpreted strictly. It follows that that Article 72 cannot be read in such a way as to confer on Member States the power to depart from the provisions of the European Union law based on no more than reliance on the responsibilities incumbent upon Member States with regard to the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security (see, to that effect, judgment of 2 April 2020, Commission v Poland, Hungary and the Czech Republic (Temporary mechanism for the relocation of applicants for international protection), C‑715/17, C‑718/17 and C‑719/17 , EU:C:2020:257 , paragraphs and and the case-law cited). The scope of the requirements relating to the maintenance of law and order or national security cannot therefore be determined unilaterally by each Member State, without any oversight by the institutions of the European Union. It is accordingly for the Member State which seeks to take advantage of Article 72 TFEU to prove that it is necessary to have recourse to that derogation in order to exercise its responsibilities in terms of the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security (judgment of 2 April 2020, Commission v Poland, Hungary and the Czech Republic (Temporary mechanism for the relocation of applicants for international protection), C‑715/17, C‑718/17 and C‑719/17 , EU:C:2020:257 , paragraphs and ). It is appropriate to note, in the first place, that, in the present action, Hungary merely invokes, in a general manner, the risk of threats to public order and internal security that arrivals of large numbers of applicants for international protection might cause, without demonstrating, to the requisite legal standard, that it was necessary for it to derogate specifically from Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32, in view of the situation prevailing in its territory at the end of the period laid down in the reasoned opinion, namely 8 February 2018. Thus, while it is true that that Member State mentions, in support of its defence relating to the first complaint, a significant number of offences, committed in 2018, which it considers to be linked to illegal immigration, the fact remains that it does not specify the impact that those offences may have had on the maintenance of law and order and the safeguarding of internal security in its territory up until 8 February 2018. Nor does Hungary specify how a derogation from Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32 was required, given such a number of offences, to ensure the maintenance of public order and internal security. On the contrary, it should be noted that, according to that Member State’s own statements, the majority of the offences it invokes were linked to illegal entry into and stay in its territory. However, Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum requires the placing in detention of applicants for international protection who have not sought to enter Hungary illegally and who, in the light of that status as applicants for international protection, cannot be regarded as staying illegally on the territory of that Member State. It follows that Hungary does not demonstrate how the offences it invokes made it necessary, in order to ensure the maintenance of public order and internal security, to derogate, in the manner provided for in that Article 80/J(5), from the guarantees governing the detention of applicants for international protection which are laid down in Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32. In the second place, it should be stressed that the EU legislature took due account of the exercise of the Member States’ responsibilities under Article 72 TFEU in allowing them, in accordance with point (e) of the first subparagraph of Article 8(3) of Directive 2013/33, to detain any applicant for international protection where the protection of national security or public order so requires, which, as has been recalled in paragraph 172 of the present judgment, nevertheless entails establishing that the individual conduct of the applicant for international protection represents a genuine, present and sufficiently serious threat, affecting a fundamental interest of society or the internal or external security of the Member State concerned. Furthermore, as the Commission notes, in adopting Directives 2013/32 and 2013/33, the EU legislature was also careful to take into account the situation where a Member State might face a very significant increase in the number of applications for international protection. Thus, in particular, Article 10(1) and Article 18(9) of Directive 2013/33 allow a partial derogation from the provisions of that directive where capacities for placement at detention facilities or accommodation capacities at reception centres are exhausted. It should also be noted that Article 43(3) of Directive 2013/32 allows, in the event of arrivals of large numbers of applicants for international protection at the borders of a Member State or into its transit zones, the border procedures laid down in Article 43 to be continued beyond the four-week period provided for in paragraph 2 thereof, while restricting the freedom of movement of those applicants to an area in proximity to the borders or transit zones of that Member State, in accordance with Article 7 of Directive 2013/33 (see, to that effect, judgment of 14 May 2020, Országos Idegenrendézeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU and C‑925/19 PPU , EU:C:2020:367 , paragraph ). It follows that, in the context of the present action, Hungary is not entitled to rely on Article 72 TFEU to justify the disregard of its obligations under Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32. It follows from all the foregoing considerations that Hungary has infringed its obligations under Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32 and Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33 in establishing a system of systematic detention of applicants for international protection in the transit zones of Röszke and Tompa, without observing the guarantees provided for in those provisions. The fourth complaint, relating to the removal of illegally staying third-country nationals Arguments of the parties The Commission criticises Hungary for having allowed, pursuant to Article 5(1b) of the Law on State borders, in a crisis situation caused by mass immigration, for third-country nationals staying illegally in its territory to be forcibly moved to a strip of land devoid of any infrastructure, between a border fence, established in Hungarian territory, and the Serbian-Hungarian border proper, without observing the procedures and guarantees defined in Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115. In the first place, the Commission notes that Article 5(1b) of the Law on State borders replaces Article 5(1a) of that law when a crisis situation caused by mass immigration is declared, and concerns all third-country nationals staying illegally in Hungarian territory. Hungary cannot therefore rely on the exception to the scope of Directive 2008/115 provided for in Article 2(2)(a) thereof. In the second place, even if he or she is not moved to the border proper, the third-country national, escorted to a narrow strip of Hungarian border territory, where there is no infrastructure available and from which there is no means of travelling to the rest of the Hungarian territory, other than the transit zones of Röszke and Tompa, would, in practice, have no choice other than to leave that territory, given the long wait needed to enter one of those two transit zones. The measure provided for in Article 5(1b) of the Law on State borders therefore corresponds to the concept of ‘removal’ as defined in Article 3(5) of Directive 2008/115, even though the physical transfer might not be completed outside the territory of the Member State concerned. The removal of illegally staying third-country nationals, however, is carried out without a return decision being issued in respect of them, indiscriminately, without taking into account the best interests of the child, family life or the state of health of the person national concerned, and without observing the principle of non-refoulement. No written justification is provided and, in the absence of a return decision, no legal remedy is available to the person concerned. In the third place, the Commission is of the view that such a substantial, general and protracted derogation from the provisions of Directive 2008/115 cannot be justified under Article 72 TFEU. The EU legislature, moreover, complied with that primary law provision by setting out, in Article 18 of Directive 2008/115, specific rules intended to be applied to emergency situations caused by the exceptionally large number of third-country nationals subject to an obligation to return. In the first place, Hungary contends that Article 5(1a) of the Law on State borders falls under the derogation provided for in Article 2(2)(a) of Directive 2008/115. As for Article 5(1b) of that law, that Member State submits that it can be applied only in the event of a crisis situation caused by mass immigration, in order to preserve public order and internal security. Article 72 TFEU, read in conjunction with Article 4(2) TEU, however, allows Member States to adopt and apply rules relating to the maintenance of public order and the safeguarding of internal security which derogate from the provisions of EU law. In that regard, the legal framework, provided for in secondary law for the purpose of managing crisis situations caused by mass immigration, has proved insufficient in the Commission’s own view, which drew consequences by submitting, in 2016, a major reform concerning Directives 2013/32 and 2008/115. In a crisis situation such as that prevailing in Hungary, Article 5(1b) of the Law on State borders can therefore derogate from the provisions of Directive 2008/115 which the Commission considers to have been infringed by that Member State. In the second place, Hungary submits that, in any event, pursuant to that Article 5(1b), police services are authorised to take illegally staying third-country nationals apprehended in Hungarian territory not to the Serbian-Hungarian border, but only to the border fence, which is situated in Hungary, at a short distance from that border, even if there is no infrastructure on the strip of land separating that fence from the border proper. Third-country nationals are therefore not removed to Serbia. In the absence of any actual return, the application of the rules of Directive 2008/115 is by definition excluded, since a Member State cannot enforce a removal measure in its own territory. The purpose of the transfer carried out pursuant to Article 5(1b) of the Law on State borders is, in fact, to enable those nationals to lodge, as soon as possible, an application for international protection in the transit zones of Röszke and Tompa. Moreover, EU law does not indicate the place where illegally staying persons should be transported, nor does it require them to be provided with any care whatsoever. In the third place, Hungary contends that, in the practical application of the police measures adopted on the basis of Article 5(1b) of the Law on State borders, the manner in which third-country nationals are treated is in conformity with the requirements provided for in Article 3(5) of Directive 2008/115. The general safeguards concerning police measures, including the requirement of proportionality, are laid down in the Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Law No XXXIV of 1994 on the police) ( Magyar Közlöny 1994/41). Furthermore, a person who has been the subject of coercive measures has the right to bring an action under Article 92 of that law. Lastly, Article 33 of that law defines, in detail, the requirements that must be complied with in the context of a police measure conducted under Article 5(1b) of the Law on State borders. Findings of the Court By its fourth complaint, the Commission criticises Hungary, in essence, for having failed to fulfil its obligations under Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115, in allowing illegally staying third-country nationals who are apprehended in Hungarian territory to be forcibly moved beyond a border fence erected in that territory to a few metres from the Serbian-Hungarian border, without observing the procedures and safeguards provided for in those provisions. In that regard, first, it is appropriate to bear in mind that, according to Article 2(1) of Directive 2008/115, that directive applies, in principle, to third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State. The concept of ‘illegal stay’ is defined in Article 3(2) of that directive as the presence on the territory of a Member State, of a third-country national who does not fulfil, or no longer fulfils the conditions of entry as set out in Article 6 of the Schengen Borders Code or other conditions for entry, stay or residence in that Member State. It follows from that definition that any third-country national who is present on the territory of a Member State without fulfilling the conditions for entry, stay or residence there is, by virtue of that fact alone, staying there illegally, without such presence being subject to a condition requiring a minimum duration or an intention to remain on that territory (judgment of 7 June 2016, Affum, C‑47/15 , EU:C:2016:408 , paragraph ). In the present case, it is not disputed that Article 5(1b) of the Law on State borders permits the adoption of a measure of forcible deportation beyond the border fence against third-country nationals who are staying illegally on Hungarian territory, within the meaning of Article 3(2) of Directive 2008/115, except where those nationals are suspected of having committed an offence. Second, it should be noted that Article 2(2) of that directive lists the grounds on which Member States may decide to exclude from the scope of that directive an illegally staying third-country national, within the meaning of Article 3(2) of that directive. That being so, it is not disputed that Article 5(1b) of the Law on State borders does not limit its scope to categories of illegally staying third-country nationals in respect of which Article 2(2) of Directive 2008/115 authorises Member States to derogate from that directive. Moreover, Hungary does not contend that Article 5(1b) of that law falls under any of the derogations provided for in that Article 2(2). Third, where a third-country national falls within the scope of Directive 2008/115, he or she must, in principle, be subject to the common standards and procedures laid down by that directive for the purpose of his or her removal, as long as his or her stay has not, as the case may be, been regularised (see, to that effect, judgments of 7 June 2016, Affum, C‑47/15 , EU:C:2016:408 , paragraph , and of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17 , EU:C:2019:220 , paragraph ). By virtue of those standards and procedures, an illegally staying third-country national must be the subject of a return procedure, the order of whose stages corresponds to a gradation of the measures to be taken in order to enforce the return decision which must, in principle, have been adopted in respect of him or her, for him or her to be returned in a humane manner and with full respect for his or her fundamental rights and dignity (see, to that effect, judgments of 7 June 2016, Affum, C‑47/15 , EU:C:2016:408 , paragraph , and of 8 May 2018, K.A. and Others(Family reunification in Belgium), C‑82/16 , EU:C:2018:308 , paragraph and the case-law cited). Thus, once the illegality of the stay has been established, the competent national authorities must, under Article 6(1) of Directive 2008/115 and without prejudice to the exceptions provided for in Article 6(2) to (5) thereof, adopt a return decision (judgment of 11 December 2014, Boudjlida, C‑249/13 , EU:C:2014:2431 , paragraph and the case-law cited). It also follows from recital 6 of Directive 2008/115 that that return decision must be taken following a fair and transparent procedure. More specifically, pursuant to Article 5 of that directive, when the competent national authority is contemplating the adoption of a return decision, it must, on the one hand, observe the principle of non-refoulement and take due account of the best interests of the child, family life and the state of health of the third-country national concerned and, on the other hand, hear the person concerned on that subject (see, to that effect, judgment of 8 May 2018, K.A. and Others(Family reunification in Belgium), C‑82/16 , EU:C:2018:308 , paragraphs to ). Directive 2008/115 also lays down the formal requirements for return decisions. Under Article 12(1) thereof, those decisions must be issued in writing and must state the reasons on which they are based. Article 13(1) thereof also requires Member States to put in place effective remedies against those decisions (see, to that effect, judgment of 5 November 2014, Mukarubega, C‑166/13 , EU:C:2014:2336 , paragraph ). Once the return decision has been adopted, the third-country national in question must still, in principle, be given, under Article 7 of that directive, a certain period of time in which to leave the territory of the Member State concerned voluntarily. Forced removal is to take place only as a last resort, in accordance with Article 8 of that directive, and subject to Article 9 thereof, which requires Member States to postpone removal in the cases it sets out. It follows that, without prejudice to the exceptions provided for in Article 6(2) to (5) of Directive 2008/115, Member States must adopt a return decision against third-country nationals staying illegally in their territory and falling within the scope of that directive, in compliance with the substantive and procedural safeguards established by that directive before carrying out, where appropriate, their removal. In the case at hand, first, it should be noted that Hungary does not dispute that, under Article 5(1b) of the Law on State borders, third-country nationals staying illegally in its territory may be subject to forcible deportation beyond the border fence, without prior compliance with the procedures and safeguards provided for in Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115. In that regard, it must be stated that the safeguards surrounding the intervention of the police services, put forward by Hungary and summarised in paragraph 240 of the present judgment, clearly cannot be regarded as corresponding to the safeguards provided for in Directive 2008/115. Second, contrary to what Hungary contends, the forced deportation of an illegally staying third-country national beyond the border fence erected in its territory must be treated in the same way as a removal from that territory. While it is true that, according to Article 3(5) of Directive 2008/115, removal means the physical transportation out of the Member State in enforcement of an obligation to return, the fact remains that the safeguards surrounding the return and removal procedures provided for in that directive would be deprived of their effectiveness if a Member State could dispense with them, even if it forcibly displaced a third-country national, which is, in practice, equivalent to transporting him or her physically outside its territory. Hungary acknowledges that the space between the border fence – beyond which illegally staying third-country nationals may be forcibly deported – and the Serbian-Hungarian border is merely a narrow strip of land devoid of any infrastructure. After having been forcibly deported by the Hungarian police to that narrow strip of land, the third-country national therefore has no choice other than to leave Hungarian territory and go to Serbia in order to be housed and fed. In that regard, it should be noted that, contrary to what Hungary submits, that national does not have the effective possibility of entering, from that strip of land, one of the two transit zones of Röszke and Tompa to make an application for international protection there. As has been noted in paragraph 128 of the present judgment, there was, at least until the end of the period laid down in the reasoned opinion issued by the Commission to Hungary, a consistent and generalised practice of the Hungarian authorities consisting in drastically reducing access to those transit zones which rendered completely illusory the possibility, for an illegally staying third-country national forcibly deported beyond the border fence, of entering one of those transit areas at short notice. Moreover, the Special Representative of the Secretary General of the Council of Europe on Migration and Refugees and the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment reached essentially the same conclusion in their reports annexed to the Commission’s application. Lastly, it is necessary to reject Hungary’s line of argument according to which Article 5(1b) of the Law on State borders is justified under Article 72 TFEU, read in conjunction with Article 4(2) TEU, for reasons similar to those set out in paragraphs 216 and 217 of the present judgment, since that Member State, in that regard, merely invokes, in a general manner, a risk of threats to public order and national security, without demonstrating, to the requisite legal standard, that it was necessary for it to derogate specifically from Directive 2008/115, in view of the situation prevailing in its territory on 8 February 2018 (see, by analogy, judgment of 2 July 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19 , EU:C:2020:511 , paragraphs to and the case-law cited). As regards, more specifically, Article 4(2) TEU, Hungary has not shown that, in the light of that situation, effectively safeguarding the essential State functions to which that provision refers, such as that of protecting national security, could not be carried out other than by derogating from Directive 2008/115 (see, by analogy, judgment of 2 April 2020, Commission v Poland, Hungary and the Czech Republic (Temporary mechanism for the relocation of applicants for international protection), C‑715/17, C‑718/17 and C‑719/17 , EU:C:2020:257 , paragraph ). It should also be noted that, in adopting, inter alia, Article 6(2), Article 7(4), Article 11(2) and (3) and the second subparagraph of Article 12(1) of Directive 2008/115, the EU legislature took due account of the exercise of the Member States’ responsibilities under Article 72 TFEU. Those provisions allow Member States to derogate from a number of rules laid down by that directive if required for the protection of public order or public or national security. Furthermore, as the Commission submits, Article 18 of Directive 2008/115, on which Hungary has not relied, is expressly concerned with emergency situations which a Member State may have to face where an exceptionally large number of third-country nationals to be returned places an unforeseen and heavy burden on the capacity of the detention facilities of that State or on its administrative and judicial staff. By virtue of that Article 18, Member States faced with such a situation may derogate from certain rules relating to placement in detention and maintenance there of illegally staying third-country nationals, without however disregarding their general obligation to take all appropriate measures to ensure fulfilment of their obligations under Directive 2008/115. Lastly, contrary to what Hungary contends, the mere circumstance that a revision of Directive 2008/115 is envisaged is not sufficient to demonstrate that the provisions of that directive currently in force did not duly take into account the Member States’ responsibilities in the matters referred to in Article 72 TFEU. It follows from all the foregoing considerations that, in allowing the removal of all third-country nationals staying illegally in its national territory, with the exception of those of them who are suspected of having committed an offence, without observing the procedures and safeguards laid down in Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115, Hungary has failed to fulfil its obligations under those provisions. The fifth complaint, relating to the right to remain in the territory of the Member State concerned Arguments of the parties The Commission is of the view, in the first place, that Hungary has not correctly transposed Article 46(5) of Directive 2013/32, which guarantees the applicant for international protection the right to remain in the territory of the Member State concerned pending the outcome of the proceedings the purpose of which is to examine the appeal against the decision rejecting, at first instance, his or her application. It notes in that regard that, under Hungarian law, the bringing of an appeal against an administrative decision does not, in principle, have suspensory effect, Article 50 of the Code of Administrative Procedure providing only for the possibility for a court to order such an effect under certain conditions. As a lex specialis , the Law on the right to asylum, for its part, lays down the rules governing administrative proceedings applicable to the review of asylum decisions. The Law on the management of mass immigration, however, which entered into force on 1 August 2015, repealed the provisions of the Law on the right to asylum expressly guaranteeing the suspensory effect of appeals brought against decisions rejecting an application for international protection. That repeal applies even in the absence of a crisis situation caused by mass immigration. It is true that Article 5(1)(a) of the Law on the right to asylum recognises the applicant’s right to stay. Nevertheless, that provision makes such a right subject to additional conditions which are not specifically set out. Moreover, Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum, applicable in a crisis situation caused by mass immigration, does not ensure an adequate transposition of Article 46(5) of Directive 2013/32, either. The stay in the transit zone, stipulated by that Article 80/J(5), should be classified as detention and does not correspond to the requirements of Article 46 of that directive. As regards, in the second place, the judicial review of decisions rejecting an application for asylum as inadmissible, referred to in Article 46(6) of Directive 2013/32, Article 53(6) of the Law on the right to asylum provides that the bringing of the appeal for that purpose does not, in principle, have suspensory effect, which is not in conformity with that Article 46(6), under which Member States must either guarantee the automatic suspensory effect of appeals against decisions of inadmissibility or ensure that a court adopts a decision on such suspensory effect. Furthermore, the Law on the right to asylum does not state clearly whether Article 50 of the Code of Administrative Procedure is applicable to judicial proceedings falling within the scope of the Law on the right to asylum. In the third place, as regards the situations referred to in Article 46(6)(a) and (b) of Directive 2013/32, for which the rule laid down in Article 46(5) of that directive applies, the Commission accepts that they are mentioned in Article 51(2)(e) and (7)(h) of the Law on the right to asylum and that Article 53(6) of that law provides that the lodging of an application does not have the effect of suspending enforcement of the contested decision, with the exception of asylum decisions taken pursuant to that Article 51(2)(e) and (7)(h). However, the Law on the right to asylum does not clearly provide that the lodging of an application seeking to challenge decisions adopted on the basis of that Article 51(2)(e) and (7)(h) has suspensory effect. Only a contrario reasoning would support the conclusion that a rule other than that of the lack of suspensory effect is applicable. In any event, the wording of the Law on the right to asylum does not specify whether that different rule entails automatic suspensory effect, as is required by Article 46(5) and (6)(a) and (b) of Directive 2013/32. Hungary replies that its legislation adequately ensures that applicants for international protection are able to remain in its territory, in accordance with Article 46 of Directive 2013/32, even if that article has not been transposed into its national law verbatim. In the first place, Article 5(1) of the Law on the right to asylum provides that the applicant has the right to stay in Hungarian territory in accordance with the conditions laid down in that law. That right must be guaranteed to any applicant subject to an asylum procedure, which implies, in accordance with Article 35(1) of that law, that he or she enjoys it until notification of the decision taken at the end of the asylum procedure, a decision which corresponds, where appropriate, to the judicial decision rendered following the examination of the appeal challenging the decision rejecting the application for international protection. The reference to the conditions laid down by the law, made in Article 5(1) of the Law on the right to asylum, means that a third-country national must conform to the status of applicant defined in the law. Another condition may be the obligation, for the applicant, to reside in the place designated by the asylum authority. Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum introduces a rule of that type. Lastly, those conditions are also intended to exclude from the benefit of the right to stay the applicant for international protection who resubmits an application for international protection, in accordance with Article 80/K(11) of that law. Furthermore, under Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum, when a crisis situation caused by mass immigration is declared, the applicant has the right to stay in the transit zone concerned and, therefore, in Hungarian territory, until notification of the final decision, in accordance with Article 80/J(2) of that law. As regards, in the second place, the situations referred to in Article 46(6) of Directive 2013/32, the applicant is, by virtue of Article 50 of the Code of Administrative Procedure, able to apply for immediate judicial protection, which can result in the grant of suspensory effect and, as a result, in the possibility of remaining in Hungarian territory. In the third place, the situations referred to in Article 46(6)(a) and (b) of Directive 2013/32, for which Article 46(5) applies, are covered by Article 51(2)(e) and (7)(h) of the Law on the right to asylum, the right to remain in Hungarian territory being guaranteed in both cases automatically. Findings of the Court By its fifth complaint, the Commission criticises, in essence, Hungary for having failed to fulfil its obligations under Article 46(5) and (6) of Directive 2013/32, on the ground that that Member State does not guarantee, under the conditions laid down by those provisions, the right of applicants for international protection to remain in its territory, pending the outcome of the proceedings the purpose of which is to examine the appeal against the decision rejecting, at first instance, their applications. – The first part of the fifth complaint, relating to Article 46(5) of Directive 2013/32 First, it should be noted that, under Article 46(5) of Directive 2013/32, applicants for international protection are to be allowed, subject to the cases provided for in Article 41(1) and Article 46(6) of that directive, to remain in the territory of the Member State concerned until the time limit within which to exercise their right to an effective remedy against the decisions referred to in paragraph 1 of that Article 46 has expired and, when such a right has been exercised within the time limit, pending the outcome of that remedy. According to Article 2(p) of Directive 2013/32, the expression ‘remain in the Member State’ refers to the act of remaining in the territory of the Member State in which the application for international protection has been made or is being examined, including at the border or in one of its transit zones. Second, it should be noted that a third-country national or stateless person whose application for international protection has been rejected, at first instance, by the determining authority, is to continue to enjoy, under Article 3(1) of Directive 2013/33, read in conjunction with Article 2(b) thereof, the reception conditions laid down by that directive, as long as he or she is allowed to stay in the territory, pursuant to Article 46 of Directive 2013/32, in order to challenge such a rejection decision. Article 3(1) of Directive 2013/33 provides that the applicant for international protection is to enjoy the reception conditions laid down in that directive, as long as he or she is allowed to remain on the territory of the Member State concerned as an applicant and, according to Article 2(b) of that directive, the third-country national or stateless person is to be regarded as an applicant for international protection, within the meaning of the same directive, as long as a final decision has not been taken on his or her application. Having regard to the close link between the scope of Directive 2013/32 and that of Directive 2013/33, it is appropriate to use, for the purposes of Article 2(b) of Directive 2013/33, the same definition of ‘final decision’ as the one used in Article 2(e) of Directive 2013/32 to determine the scope of the latter directive, that is to say, a decision on whether the person concerned is granted refugee or subsidiary protection status and which is no longer subject to a remedy within the framework of Chapter V of that directive, irrespective of whether such remedy has the effect of allowing applicants to remain in the Member State concerned pending its outcome. It follows, first, that, although Article 46(5) of Directive 2013/32 is limited to conferring on the applicant for international protection who falls within its scope a right to remain in the territory of the Member State concerned, the existence of that right is nevertheless enshrined unconditionally, subject to the exceptions provided for in Article 41(1) and Article 46(6) of that directive, and, second, that a Member State may lay down detailed rules governing the exercise of that right only to the extent that they are in conformity, inter alia, with Directives 2013/32 and 2013/33. Third, it should be recalled that, according to the Court’s settled case-law, the provisions of a directive must be implemented with unquestionable binding force and with the specificity, precision and clarity required in order to satisfy the requirement of legal certainty, under which, where the directive is intended to create rights for individuals, the persons concerned must be enabled to ascertain the full extent of their rights (judgment of 8 July 1999, Commission v France, C‑354/98 , EU:C:1999:386 , paragraph ; of 14 March 2006, Commission v France, C‑177/04 , EU:C:2006:173 , paragraph ; and of 4 October 2018, Commission v Spain, C‑599/17 , not published, EU:C:2018:813 , paragraph and the case-law cited). It follows that, where a Member State decides to lay down detailed rules governing the exercise of the right to remain in its territory, as it is enshrined in Article 46(5) of Directive 2013/32, those rules must be defined in a sufficiently clear and precise manner so that the applicant for international protection may ascertain the exact extent of that right and that it is possible to assess whether such rules are compatible, inter alia, with Directives 2013/32 and 2013/33. In the light of those observations, it is appropriate, in the present case, to note, in the first place, that it is not disputed that, when a crisis situation caused by mass immigration is declared, Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum establishes, by way of derogation from Article 5(1)(a) of that law, that applicants are required to remain in the transit zones of Röszke and Tompa until the conclusion of the proceedings the purpose of which is to examine the appeal brought against the decision of the competent asylum authority rejecting their application. Article 80/J(5) thus guarantees that applicants have the right to remain in Hungary while the appeals against the decisions rejecting their applications are pending. However, as has been noted in paragraph 226 of the present judgment, those applicants are subject, during that period, to a system of systematic detention in those transit zones, which is incompatible with the rights conferred on them by Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32 and by Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33. In that regard, it should be noted, more specifically, in the light of the situation at issue in the examination of the present complaint, that none of the grounds for detention listed in the first subparagraph of Article 8(3) of Directive 2013/33 relates to the situation of an applicant for international protection whose application has been rejected at first instance by the determining authority and who is still within the time limit for bringing an appeal against that decision or who has brought such an appeal. As is apparent from paragraph 287 of the present judgment, a Member State may not lay down detailed rules governing the exercise of the right to remain in its territory, guaranteed in Article 46(5) of Directive 2013/32, which disregard the rights guaranteed to applicants for international protection by Directives 2013/32 and 2013/33. It follows that, in allowing, in the event of a declaration of a crisis caused by mass immigration, applicants for international protection whose applications have been rejected at first instance by the determining authority to remain in its territory only on condition that they are placed in detention in a manner contrary to Directives 2013/32 and 2013/33, Hungary has failed to fulfil its obligations under Article 46(5) of Directive 2013/32. In the second place, it is not disputed that, when no crisis situation caused by mass immigration is declared, Article 5(1)(a) of the Law on the right to asylum – which was not repealed by Law No XX of 2017 – provides that the applicant for asylum has the right to stay in Hungarian territory in accordance with the conditions laid down in that law, it being understood that such a right exists, under Article 35(1) of the Law on the right to asylum, until notification of the decision, which is not subject to a remedy that is taken at the end of the asylum procedure. The Commission, however, takes the view that that legislation does not guarantee an applicant for international protection a right to remain in Hungarian territory, under the conditions laid down in Article 46(5) of Directive 2013/32, because that right is made subject, under Article 5(1) of the Law on the right to asylum, to conditions that are not otherwise defined. Hungary stated, in its written pleadings and at the hearing, that the conditions referred to by the aforementioned Article 5(1) consist in requiring, first, that the person concerned conform to the status of applicant defined by the law and comply, in addition, with his or her obligation, as the case may be, to reside in a particular place, which may be, in accordance with Article 80/J(5) of the Law on the right to asylum, one of the two transit zones of Röszke and Tompa, when a crisis situation caused by mass immigration has been declared. Second, according to that Member State, those conditions are also intended to deprive, in accordance with Article 80/K(11) of that law, the applicant who lodges a fresh asylum application of the right to remain in Hungarian territory once a final discontinuation or rejection decision has been taken on his or her previous application. In that regard, first, it should be noted that, in accordance with Article 7 of Directive 2013/33, Member States may, under certain conditions, require that applicants for international protection reside in a specific place, including after their application has been rejected, at first instance, by the determining authority. Accordingly, it cannot be held to be contrary to Article 46(5) of Directive 2013/32 that the right to remain in the territory of a Member State should be subject to compliance with such a residence condition, as long as that condition observes the guarantees laid down in Article 7 of Directive 2013/33. It should be noted, however, that Hungary identifies no provision of the Law on the right to asylum which contains precisely such a condition. Second, it should be noted that Article 80/J(5) and Article 80/K(11) of the Law on the right to asylum are intended to apply only where a crisis situation caused by mass immigration has been declared and where, as Hungary conceded at the hearing, in such a situation, Article 5(1)(a) of the Law on the right to asylum is not applicable. That Member State cannot therefore, without contradicting itself, assert that Article 80/J(5) and Article 80/K(11) of the Law on the right to asylum lay down the conditions under which Article 5(1) of that law applies. Third, and last, it should be noted that the condition requiring compliance with the status of applicant for international protection defined by the law and to which, according to Hungary’s own assertions, the right of residence under Article 5(1)(a) of the Law on the right to asylum is also subject is open to various interpretations and refers to other conditions which have not been identified by that Member State. As has been noted in paragraph 289 above, where a Member State lays down detailed rules governing the exercise of the right to remain in its territory, guaranteed in Article 46(5) of Directive 2013/32, those rules must be defined in a sufficiently clear and precise manner so that the applicant for international protection may ascertain the exact extent of that right and that it is possible to assess whether such rules are compatible, inter alia, with Directives 2013/32 and 2013/33. It follows from all the foregoing considerations that Hungary has failed to fulfil its obligations under Article 46(5) of Directive 2013/32. – The second part of the fifth complaint, relating to Article 46(6) of Directive 2013/32 By way of derogation from Article 46(5) of Directive 2013/32, Article 46(6) thereof allows Member States, in the cases envisaged by that provision, inter alia where the decision rejecting the application for international protection is based on certain grounds of inadmissibility, not to grant automatically a right to remain in the territory pending the outcome of the appeal brought by the applicant, provided that a court has jurisdiction to decide whether the person concerned may remain in the territory of the Member State concerned, notwithstanding the decision adopted at first instance in respect of him or her. According to the Commission, Hungary has not correctly transposed that provision in so far as, first, Article 53(6) of the Law on the right to asylum does not give suspensory effect to the bringing of the appeal against a decision rejecting the application for international protection as inadmissible and, second, that law does not state clearly whether Article 50 of the Code of Administrative Procedure – which allows a suspension of the contested administrative decision to be requested from the competent court having jurisdiction – is applicable to judicial proceedings falling within the scope of the Law on the right to asylum. It follows that the Commission criticises Hungary, in essence, for having failed to transpose, in a sufficiently clear and precise manner, Article 46(6) of Directive 2013/32, on the ground that the Hungarian legislation does not expressly state that Article 50 of the Code of Administrative Procedure applies to decisions rejecting an application for international protection as inadmissible. That line of argument is, however, unfounded. As the Advocate General noted, in essence, in point 207 of his Opinion, the mere fact that Article 50 of the Code of Administrative Procedure is general in scope and that Article 53(6) of the Law on the right to asylum does not specify that Article 50 applies in proceedings governed by that law is not sufficient to support a finding that Hungary has not complied in a sufficiently clear and precise manner with Article 46(6) of Directive 2013/32. In that regard, it must be pointed out that Article 53(6) of the Law on the right to asylum does not exclude the application of the same Article 50 nor introduce a rule which is incompatible with the latter article. Moreover, the Commission has not adduced any element liable to cast doubt on the possibility for the Hungarian courts to apply Article 50 of the Code of Administrative Procedure in the examination of an appeal against a decision rejecting as inadmissible an application for international protection. It follows that the second part of the fifth complaint must be rejected as unfounded, without its being necessary to examine whether the remainder of Article 50 of the Code of Administrative Procedure constitutes a complete and correct transposition of the last subparagraph of Article 46(6) of Directive 2013/32. – The third part of the fifth complaint, relating to Article 46(6)(a) and (b) of Directive 2013/32 By way of derogation from the rule laid down in Article 46(6) of Directive 2013/32, it follows from points (a) and (b) of that provision that, where the application for international protection is rejected as unfounded owing to the circumstances referred to in Article 31(8)(h) of that directive or is declared inadmissible by virtue of Article 33(2)(c) and (e) thereof, the right to remain in the territory of the Member State must be granted under the conditions laid down in Article 46(5) of that directive, and not those in the final subparagraph of Article 46(6) thereof. The Commission criticises Hungary for having failed to transpose that derogatory rule in a sufficiently clear and precise manner on the ground that Article 53(6) of the Law on the right to asylum does not clearly show that the lodging of the application has suspensory effect, where that application seeks to challenge a decision adopted on the basis of Article 51(2)(e) and (7)(h) of the Law on the right to asylum. That line of argument must, however, be rejected as unfounded. As the Advocate General noted, in essence, in point 211 of his Opinion, it is clear from the very wording of Article 53(6) of the Law on the right to asylum that appeals brought against decisions taken under Article 51(2)(e) and (7)(h) of the Law on the right to asylum have automatic suspensory effect. Accordingly, the third part of the fifth complaint must also be rejected as unfounded, without its being necessary to examine whether the remainder of Article 53(6) of the Law on the right to asylum constitutes a complete and correct transposition of Article 46(6)(a) and (b) of Directive 2013/32. It follows that Hungary has failed to fulfil its obligations under Article 46(5) of Directive 2013/32 in making the exercise by applicants for international protection who fall within the scope of that provision of their right to remain in its territory subject to conditions contrary to EU law. Having regard to all the foregoing considerations, it must be held that Hungary has failed to fulfil its obligations under Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115, Article 6, Article 24(3), Article 43 and Article 46(5) of Directive 2013/32, and Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33: – in providing that applications for international protection from third-country nationals or stateless persons who, arriving from Serbia, wish to access, in its territory, the international protection procedure, may be made only in the transit zones of Röszke and Tompa, while adopting a consistent and generalised administrative practice drastically limiting the number of applicants authorised to enter those transit zones daily; – in establishing a system of systematic detention of applicants for international protection in the transit zones of Röszke and Tompa, without observing the guarantees provided for in Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32 and Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33; – in allowing the removal of all third-country nationals staying illegally in its territory, with the exception of those of them who are suspected of having committed a criminal offence, without observing the procedures and safeguards laid down in Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115; – in making the exercise by applicants for international protection who fall within the scope of Article 46(5) of Directive 2013/32 of their right to remain in its territory subject to conditions contrary to EU law. The action is dismissed as to the remainder. Costs Under Article 138(1) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Under Article 138(3) of those rules, where each party succeeds on some and fails on other heads, the parties are to bear their own costs. However, if it appears justified in the circumstances of the case, the Court may order that one party, in addition to bearing its own costs, pay a proportion of the costs of the other party. Since the Commission has applied for costs to be awarded against Hungary has, in essence, been unsuccessful, Hungary must, having regard to the circumstances of the case, be ordered to bear its own costs and to pay four fifths of the costs of the Commission. The Commission is to bear one fifth of its costs. On those grounds, the Court (Grand Chamber) hereby: 1. Declares that Hungary has failed to fulfil its obligations under Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, under Article 6, Article 24(3), Article 43 and Article 46(5) of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection, and under Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection: – in providing that applications for international protection from third-country nationals or stateless persons who, arriving from Serbia, wish to access, in its territory, the international protection procedure, may be made only in the transit zones of Röszke (Hungary) and Tompa (Hungary), while adopting a consistent and generalised administrative practice drastically limiting the number of applicants authorised to enter those transit zones daily; – in establishing a system of systematic detention of applicants for international protection in the transit zones of Röszke and Tompa, without observing the guarantees provided for in Article 24(3) and Article 43 of Directive 2013/32 and Articles 8, 9 and 11 of Directive 2013/33; – in allowing the removal of all third-country nationals staying illegally in its territory, with the exception of those of them who are suspected of having committed a criminal offence, without observing the procedures and safeguards laid down in Article 5, Article 6(1), Article 12(1) and Article 13(1) of Directive 2008/115; – in making the exercise by applicants for international protection who fall within the scope of Article 46(5) of Directive 2013/32 of their right to remain in its territory subject to conditions contrary to EU law; 2. Dismisses the action as to the remainder; 3. Orders Hungary to bear its own costs and to pay four fifths of the costs of the European Commission; 4. Orders the European Commission to bear one fifth of its costs. [Signature] ( *1 ) Language of the case: Hungarian.

62011CJ0419

ro

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 5 punctul 1 litera (a) și a articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială ( JO L 12, p. 1 , Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74). Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Česká spořitelna, a.s. (denumită în continuare „Česká spořitelna”), al cărei sediu social este stabilit în Republica Cehă, pe de o parte, și domnul Feichter, cu domiciliul în Austria, pe de altă parte. Cadrul juridic Regulamentul nr. 44/2001 Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 prevede: „Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat membru sunt acționate în justiție, indiferent de naționalitatea lor, în fața instanțelor statului membru în cauză.” Articolul 3 alineatul (1) din acest regulament prevede că „[p]ersoanele domiciliate pe teritoriul unui stat membru pot fi acționate în justiție în fața instanțelor unui alt stat membru numai în temeiul normelor enunțate în secțiunile 2-7 din prezentul capitol”. Potrivit articolului 5 punctul 1 litera (a) din regulamentul menționat, care figurează în secțiunea 2 din acesta, intitulată „Competențe speciale”: „O persoană care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi acționată în justiție într-un alt stat membru: 1. (a) în materie contractuală, în fața instanțelor de la locul în care obligația care formează obiectul cererii a fost sau urmează a fi executată.” Articolul 15 alineatul (1) din același regulament, care face parte din secțiunea 4 din acesta, intitulată „Competența în materia contractelor încheiate de consumatori”, prevede: „În ceea ce privește un contract încheiat de o persoană, consumatorul, într-un scop care se poate considera că se situează în afara domeniului său profesional, competența se determină în conformitate cu dispozițiile din prezenta secțiune [...] în cazul în care: (a) contractul are ca obiect vânzarea de bunuri mobile corporale în rate egale, fixe și eșalonate; (b) contractul are ca obiect un împrumut rambursabil în rate egale, fixe și eșalonate sau orice altă formă de credit încheiat în scopul finanțării vânzării de bunuri mobile corporale; (c) în toate celelalte cazuri, contractul a fost încheiat cu o persoană care desfășoară activități comerciale sau profesionale în statul membru pe teritoriul căruia este domiciliat consumatorul sau, prin orice mijloace, își direcționează activitățile spre acel stat membru sau spre mai multe state, inclusiv statul membru respectiv, iar contractul intră în sfera de acțiune a acestor activități.” Potrivit articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul nr. 44/2001: „Acțiunea poate fi introdusă împotriva consumatorului de către cealaltă parte la contract numai înaintea instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul își are domiciliul.” Dreptul ceh Potrivit articolului 75 din Legea nr. 191/1950 privind cambia, biletul la ordin și cecul, înscrisul care cuprinde toate mențiunile prevăzute de acest articol este socotit bilet la ordin valabil. În temeiul articolului 76 alineatul 1 din Legea nr. 191/1950, titlul căruia îi lipsește vreuna dintre mențiunile indicate la articolul 75 din legea menționată nu va fi socotit bilet la ordin, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează. Potrivit articolului 76 alineatul (3) din legea menționată, în lipsa unei indicații speciale, locul emiterii biletului la ordin este socotit loc de plată și în același timp loc al domiciliului emitentului. Conform articolului 77 alineatul 2 din Legea nr. 191/1950, articolul 10 din legea menționată se aplică și în privința biletului la ordin. Acest articol 10 prevede că, dacă un bilet la ordin, necompletat la emitere, a fost completat fără a se ține seama de înțelegerile intervenite, respectarea acestor înțelegeri nu va putea fi opusă posesorului biletului la ordin, cu excepția cazului în care acesta a dobândit biletul la ordin cu rea-credință sau dacă a săvârșit o greșeală gravă la dobândirea lui. Cauza principală și întrebările preliminare La 28 aprilie 2004, societatea Feichter – CZ s.r.o. (denumită în continuare „societatea Feichter”), cu sediul în Brno (Republica Cehă), a emis, tot la Brno, un bilet la ordin în alb în favoarea Česká spořitelna, cu sediul în Praga (Republica Cehă). Biletul la ordin, semnat în numele societății Feichter de administratorul acesteia, domnul Feichter, a fost emis în vederea garantării obligațiilor care incumbau acestei societăți în temeiul unui contract referitor la deschiderea unei linii de credit revolving, încheiat între societatea menționată și Česká spořitelna la aceeași dată. Domnul Feichter, care are domiciliul în Austria, a semnat biletul la ordin și în calitate de persoană fizică, pe spatele acestuia, unde a aplicat mențiunea „pentru aval”. Informațiile referitoare la suma de plată, la scadență și la locul de plată au fost completate pe biletul la ordin de Česká spořitelna potrivit unui acord referitor la completarea mențiunilor lipsă încheiat la aceeași dată. Biletul la ordin astfel completat a cuprins o promisiune necondiționată din partea societății Feichter de a plăti, la 27 mai 2008, la Praga, suma de 5000000 CZK la ordinul Česká spořitelna. La data scadenței, biletul la ordin, prezentat la locul de plată, și anume la Praga, nu a fost încasat. În consecință, Česká spořitelna a inițiat o procedură de somație de plată la Městský soud v Praze (Curtea de Apel Praga), prin care s-a solicitat obligarea domnului Feichter la plata sumei rezultând din semnarea biletului la ordin în cuantum de 5000000 CZK și a unei dobânzi de 6 % pe an la această sumă, cu începere de la 28 mai 2008 până la data plății, precum și a unui comision în sumă de 16666 CZK în temeiul biletului la ordin. În cursul acestei proceduri, domnul Feichter a ridicat excepția necompetenței Městský soud v Praze, având în vedere că reședința sa este în Austria. Instanța de trimitere se întreabă dacă competența sa trebuie determinată potrivit normelor în materie de contracte încheiate de consumatori. În această privință, ea ridică problema dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001, în special dacă dreptul care rezultă din biletul la ordin în discuție în litigiul principal, pe care beneficiarul îl invocă împotriva avalistului, poate fi calificat ca fiind unul contractual, în sensul acestui articol. În cazul unui răspuns afirmativ, instanțele austriece ar fi competente să soluționeze litigiul principal, dat fiind că, potrivit articolului 16 alineatul (2) din acest regulament, acțiunea formulată împotriva unui consumator nu poate fi introdusă decât la instanțele din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul își are domiciliul. De asemenea, instanța de trimitere se întreabă dacă este posibil ca, în speță, competența să fie stabilită potrivit articolului 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001. În această privință, ea ridică, pe de o parte, problema dacă drepturile care decurg din biletul la ordin în discuție în litigiul principal ar putea fi calificate ca drepturi contractuale în sensul articolului 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001, în pofida faptului că, potrivit dreptului ceh, biletul la ordin reprezintă o valoare mobiliară cu caracter abstract care nu are natură contractuală, chiar dacă el materializează conținutul unui contract. Pe de altă parte, ea ridică problema dacă, în speță, este vorba de o obligație liber acceptată, dat fiind că locul de plată precis nu a fost determinat nici în biletul la ordin, nici în acordul referitor la completarea mențiunilor lipsă. Astfel, chiar dacă acest din urmă acord a conferit Česká spořitelna dreptul să completeze în biletul la ordin mențiunile lipsă referitoare la locul de plată, acesta nu a prevăzut totuși criteriile care să fi permis să se stabilească faptul că este vorba tocmai de orașul Praga. Instanța de trimitere subliniază că nu ar fi exclus ca completarea locului de plată pe biletul la ordin să conducă la încălcarea acestui acord sau ca acest acord să fie nul din cauza caracterului său vag, ipoteză în care ar fi dificil să se constate că obligația din prezenta cauză a fost liber acceptată. În aceste condiții, Městský soud v Praze a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare: „1) Sintagma «în ceea ce privește un contract încheiat de un consumator într-un scop care se poate considera că se situează în afara domeniului său profesional», utilizată la articolul 15 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 44/2001], trebuie interpretată în sensul că se referă și la pretențiile întemeiate pe un bilet la ordin emis într-o formă incompletă formulate de beneficiar împotriva avalistului emitentului biletului la ordin? 2) Indiferent de răspunsul la prima întrebare, noțiunea «materie contractuală» utilizată la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretată în sensul că, ținând seama exclusiv de cuprinsul titlului ca atare, se referă și la pretențiile întemeiate pe un bilet la ordin emis într-o formă incompletă formulate de beneficiar împotriva avalistului emitentului biletului la ordin?” Cu privire la întrebările preliminare Cu privire la prima întrebare Cu privire la admisibilitate Česká spořitelna arată că prima întrebare preliminară este inadmisibilă, pentru motivul că ea prezintă un caracter pur ipotetic și este lipsită de pertinență pentru soluționarea litigiului principal, întrucât condițiile de aplicare a articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 nu sunt îndeplinite. Trebuie amintit că, în temeiul unei jurisprudențe constante, în cadrul procedurii prevăzute la articolul 267 TFUE, care este întemeiată pe o separare clară a funcțiilor între instanțele naționale și Curte, numai instanța națională este competentă să constate și să aprecieze situația de fapt din litigiul principal, precum și să interpreteze și să aplice dreptul național. De asemenea, numai instanța națională care este sesizată cu soluționarea litigiului și care trebuie să își asume răspunderea pentru hotărârea judecătorească ce urmează a fi pronunțată are competența să aprecieze, luând în considerare particularitățile fiecărei cauze, atât necesitatea, cât și pertinența întrebărilor pe care le adresează Curții. În consecință, întrucât întrebările adresate au ca obiect interpretarea dreptului Uniunii, Curtea este, în principiu, obligată să se pronunțe (a se vedea Hotărârea din 25 octombrie 2012, Rintisch, C-553/11, punctul 15 și jurisprudența citată). Astfel, Curtea nu poate respinge o cerere de decizie preliminară formulată de o instanță națională decât atunci când este evident că interpretarea dreptului Uniunii solicitată nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal, atunci când problema este de natură ipotetică sau atunci când Curtea nu dispune de elementele de fapt și de drept necesare pentru a răspunde în mod util întrebărilor care i-au fost adresate (a se vedea în special Hotărârea din 14 iunie 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, punctul 77, și Hotărârea Rintisch, citată anterior, punctul 16). Or, nu aceasta este situația în prezenta cauză. Astfel, reiese cu claritate din cererea de decizie preliminară că interpretarea articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 este necesară pentru soluționarea litigiului principal, dat fiind că excepția de necompetență ridicată de domnul Feichter se întemeiază pe argumentul potrivit căruia, întrucât a semnat biletul la ordin în calitate de persoană fizică, are calitatea de consumator în sensul articolului menționat și că, prin urmare, competența trebuie să fie determinată potrivit dispozițiilor din acest regulament prin care se reglementează competența judiciară în materia contractelor încheiate de consumatori. În aceste condiții, prima întrebare preliminară trebuie considerată admisibilă. Cu privire la fond Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 este aplicabil în vederea determinării instanței competente să soluționeze o acțiune în justiție prin care beneficiarul unui bilet la ordin, stabilit într-un stat membru, invocă drepturi care decurg din acest bilet la ordin, necompletat în totalitate la data semnării sale și completat ulterior de către beneficiar, împotriva avalistului domiciliat într-un alt stat membru. Cu titlu introductiv, trebuie amintit că noțiunile utilizate în Regulamentul nr. 44/2001, în special cele care figurează la articolul 15 alineatul (1) din acest regulament, trebuie interpretate în mod autonom, prin referire în principal la sistemul și la obiectivele regulamentului menționat, pentru a se asigura aplicarea sa uniformă în toate statele membre (a se vedea în acest sens Hotărârea din 20 ianuarie 2005, Engler, C-27/02, Rec., p. I-481 , punctul 33, Hotărârea din 7 decembrie 2010, Pammer și Hotel Alpenhof, C-585/08 și C-144/09, Rep., p. I-12527 , punctul 55, precum și Hotărârea din 6 septembrie 2012, Mühlleitner, C-190/11, punctul 28). Apoi, este necesar să se arate că articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 constituie o derogare atât de la norma generală de competență prevăzută la articolul 2 alineatul (1) din acest regulament, potrivit căreia competența revine instanțelor statului membru pe teritoriul căruia este domiciliat pârâtul, cât și de la norma de competență specială în domeniul contractelor, prevăzută la articolul 5 punctul 1 din același regulament, potrivit căreia competența revine instanțelor de la locul în care obligația care formează obiectul cererii a fost sau urmează a fi executată (Hotărârile citate anterior Pammer și Hotel Alpenhof, punctul 53, precum și Mühlleitner, punctul 26). Prin urmare, acest articol 15 alineatul (1) trebuie să facă în mod necesar obiectul unei interpretări stricte (a se vedea în acest sens Hotărârea Mühlleitner, citată anterior, punctul 27). În sfârșit, în măsura în care Regulamentul nr. 44/2001 înlocuiește, în relațiile dintre statele membre, Convenția din 27 septembrie 1968 privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială ( JO 1972, L 299, p. 32 , Ediție specială, 19/vol. 10, p. 3), astfel cum a fost modificată prin convențiile succesive privind aderările noilor state membre la această convenție (denumită în continuare „Convenția de la Bruxelles”), interpretarea dată de Curte în privința dispozițiilor acestei convenții este valabilă și pentru dispozițiile regulamentului menționat atunci când dispozițiile acestor instrumente comunitare pot fi calificate ca fiind echivalente (a se vedea în special Hotărârea din 25 octombrie 2012, Folien Fischer și Fofitec, C-133/11, punctul 31, și Hotărârea din 7 februarie 2013, Refcomp, C-543/10, punctul 18). În această privință, Curtea s-a pronunțat deja în sensul că, astfel cum rezultă din considerentul (13) al Regulamentului nr. 44/2001, în sistemul prevăzut de același regulament, articolul 15 alineatul (1) din acesta ocupă același loc și îndeplinește aceeași funcție de protecție a consumatorului ca parte defavorizată precum articolul 13 primul paragraf din Convenția de la Bruxelles (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 mai 2009, Ilsinger, C-180/06, Rep., p. I-3961 , punctul 41, Hotărârea Pammer și Hotel Alpenhof, citată anterior, punctul 57, precum și Hotărârea Mühlleitner, citată anterior, punctul 29). La prima întrebare adresată de instanța de trimitere trebuie să se răspundă în lumina acestor considerente. Pentru a putea răspunde la această întrebare, este necesar să se constate că articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 este aplicabil în ipoteza în care sunt îndeplinite trei condiții, și anume, în primul rând, o parte contractantă are calitatea de consumator care acționează într-un cadru care se poate considera că se situează în afara domeniului său profesional, în al doilea rând, contractul dintre un asemenea consumator și un vânzător sau furnizor a fost efectiv încheiat și, în al treilea rând, un asemenea contract face parte din una dintre categoriile vizate la alineatul (1) literele (a)-(c) al articolului 15 menționat. Aceste condiții trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ, astfel încât dacă una dintre cele trei condiții nu este îndeplinită competența nu poate fi determinată potrivit normelor în materie de contracte încheiate de consumatori. În ceea ce privește prima condiție de aplicare a articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001, chiar dacă modul de redactare a acestei dispoziții nu este identic sub toate aspectele cu cel al articolului 13 primul paragraf din Convenția de la Bruxelles, aceste modificări privesc condițiile de aplicare pe care trebuie să le îndeplinească contractele încheiate cu consumatorii (a se vedea în acest sens Hotărârea Pammer și Hotel Alpenhof, citată anterior, punctul 59), iar nu definiția noțiunii de consumator, astfel încât, în cadrul Regulamentului nr. 44/2001, această noțiune trebuie să aibă aceeași întindere precum în cadrul Convenției de la Bruxelles. În legătură cu articolul 13 primul paragraf din Convenția de la Bruxelles, Curtea s-a pronunțat deja în sensul că din modul de redactare și din funcția acestei dispoziții reiese că aceasta nu vizează decât consumatorul final privat, care nu este angajat în activități comerciale sau profesionale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 ianuarie 1993, Shearson Lehman Hutton, C-89/91, Rec., p. I-139 , punctele 20 și 22, Hotărârea din 3 iulie 1997, Benincasa, C-269/95, p. I-3767, punctul 15, Hotărârea din 20 ianuarie 2005, Gruber, C-464/01, Rec., p. I-439 , punctul 35, precum și Hotărârea Engler, citată anterior, punctul 34). De asemenea, din jurisprudența Curții reiese că regimul special instituit prin dispozițiile Convenției de la Bruxelles referitoare la competența în materia contractelor încheiate de consumatori are funcția de a garanta o protecție adecvată consumatorului în calitate de parte la contract considerată defavorizată din punct de vedere economic și mai puțin experimentată din punct de vedere juridic decât cocontractantul său profesionist (a se vedea în special Hotărârile citate anterior Gruber, punctul 34, și Engler, punctul 39). Această funcție presupune ca aplicarea unor norme de competență speciale, prevăzute în acest sens de Convenția de la Bruxelles, să nu fie extinsă la persoane pentru care nu se justifică această protecție (a se vedea în acest sens Hotărârea Shearson Lehman Hutton, citată anterior, punctul 19). De aici, Curtea a concluzionat că numai contractele încheiate în afara și independent de orice activitate sau finalitate de natură profesională, în scopul exclusiv de satisfacere a propriilor necesități de consum privat ale unui individ, fac parte din regimul particular prevăzut de convenția menționată în materie de protecție a consumatorului, în timp ce o asemenea protecție nu se justifică în cazul unui contract care are ca scop o activitate profesională (Hotărârea Gruber, citată anterior, punctul 36, și în acest sens Hotărârea Benincasa, citată anterior, punctul 17). Or, trebuie să se constate că, în împrejurări precum cele din cauza principală, condiția existenței unui consumator, în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001, nu este îndeplinită. Astfel, este cert că avalistul din cauza principală a garantat pentru obligațiile societății al cărei administrator este și în care deține o participație majoritară. Prin urmare, chiar dacă obligația avalistului prezintă un caracter abstract și, așadar, este independentă de obligația emitentului pentru care acesta a garantat, nu este mai puțin adevărat că, astfel cum subliniază și avocatul general la punctul 33 din concluzii, avalul unei persoane fizice, dat în cadrul unui bilet la ordin emis pentru garantarea obligațiilor unei societăți comerciale, nu poate fi considerat ca fiind dat în afara și independent de orice activitate sau finalitate de natură profesională dacă această persoană fizică prezintă legături profesionale strânse cu societatea menționată, precum administrarea acesteia sau deținerea unei participații majoritare în cadrul acesteia. În orice caz, simpla împrejurare că avalistul este o persoană fizică nu este suficientă pentru a demonstra calitatea acestuia de consumator în sensul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001. În aceste împrejurări, nu este necesar să se analizeze dacă celelalte două condiții de aplicare a articolului menționat sunt îndeplinite. Din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie interpretat în sensul că o persoană fizică ce are legături profesionale strânse cu o societate, precum administrarea acesteia sau deținerea unei participații majoritare în aceasta, nu poate fi considerată consumator în sensul acestei dispoziții atunci când avalizează un bilet la ordin emis pentru garantarea obligațiilor care incumbă acestei societăți în temeiul unui contract referitor la acordarea unui credit. În consecință, această dispoziție nu este aplicabilă în vederea determinării instanței competente să soluționeze o acțiune în justiție prin care beneficiarul unui bilet la ordin, stabilit într-un stat membru, invocă drepturi care decurg din acest bilet la ordin, necompletat în totalitate la data semnării sale și completat ulterior de către beneficiar, împotriva avalistului domiciliat într-un alt stat membru. Cu privire la a doua întrebare Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001 este aplicabil în vederea determinării instanței competente să soluționeze o acțiune în justiție prin care beneficiarul unui bilet la ordin, stabilit într-un stat membru, invocă drepturile care decurg din acest bilet la ordin, necompletat în totalitate la data semnării sale și completat ulterior de către beneficiar, împotriva avalistului domiciliat într-un alt stat membru. Cu titlu introductiv, trebuie arătat că, prin intermediul acestei întrebări, instanța de trimitere solicită, pe de o parte, să se stabilească dacă raportul juridic dintre beneficiarul și avalistul unui biletului la ordin face parte din noțiunea „materie contractuală”, în sensul articolului 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001, și, pe de altă parte, să se stabilească întinderea care trebuie rezervată noțiunii „locul în care obligația care formează obiectul cererii a fost sau urmează a fi executată”, care figurează în cuprinsul acestui articol, în cazul unui bilet la ordin necompletat la emitere și completat ulterior. În această privință, trebuie amintit, astfel cum s-a făcut și la punctul 27 din prezenta hotărâre, că, având în vedere că termenii articolului 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001 sunt identici cu cei ai articolului 5 punctul 1 prima teză din Convenția de la Bruxelles, primei dispoziții trebuie să i se recunoască un domeniu de aplicare identic cu al celei de a doua (a se vedea în acest sens Hotărârea din 23 aprilie 2009, Falco Privatstiftung și Rabitsch, C-533/07, Rep., p. I-3327 , punctele 48 și 56). Prin urmare, pentru a se determina, în temeiul articolului 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001, instanța competentă, trebuie să se țină seama în continuare de principiile care decurg din jurisprudența Curții cu privire la articolul 5 punctul 1 din Convenția de la Bruxelles (în acest sens Hotărârea Falco Privatstiftung și Rabitsch, citată anterior, punctul 57). În ceea ce privește, în primul rând, interpretarea noțiunii „materie contractuală” în sensul articolului 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001, este important să se arate că această noțiune trebuie interpretată în mod autonom, prin raportare la sistemul și la obiectivele acestui regulament, pentru a se garanta aplicarea lui uniformă în toate statele membre. În consecință, ea nu poate fi înțeleasă în sensul că ar face trimitere la calificarea pe care legea națională aplicabilă o dă raportului juridic în discuție în fața instanței naționale (a se vedea prin analogie în special Hotărârea din 17 iunie 1992, Handte, C-26/91, Rec., p. I-3967 , punctul 10, și Hotărârea din 5 februarie 2004, Frahuil, C-265/02, Rec., p. I-1543 , punctul 22). Deși articolul 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001 nu impune încheierea unui contract, identificarea unei obligații este totuși indispensabilă pentru ca acesta să poată fi aplicat, dat fiind că competența jurisdicțională în temeiul acestei dispoziții este stabilită în funcție de locul în care obligația care formează obiectul cererii a fost sau urmează a fi executată. Astfel, noțiunea „materie contractuală” în sensul dispoziției menționate nu poate fi înțeleasă în sensul că vizează o situație în care nu există niciun angajament asumat în mod liber de către o parte față de cealaltă (a se vedea prin analogie Hotărârea din 17 septembrie 2002, Tacconi, C-334/00, Rec., p. I-7357 , punctele 22 și 23, și Hotărârea Engler, citată anterior, punctul 50). În consecință, aplicarea normei de competență specială prevăzute în materie contractuală la articolul 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001 presupune stabilirea unei obligații juridice liber consimțite de către o persoană față de altă persoană, pe care se întemeiază acțiunea reclamantului (a se vedea prin analogie Hotărârea Engler, citată anterior, punctul 51). În ceea ce privește existența unei asemenea obligații în împrejurări precum cele din cauza principală, trebuie constatat, astfel cum a făcut și avocatul general la punctul 45 din concluzii, că în speță avalistul, prin aplicarea semnăturii sale pe spatele biletului la ordin, sub mențiunea „pentru aval”, a acceptat în mod voluntar să acționeze în calitate de garant al obligațiilor emitentului biletului la ordin menționat. Obligația sa de garantare a obligațiilor respective a fost astfel, prin aplicarea semnăturii, liber acceptată, în sensul dispoziției menționate. Împrejurarea că această semnătură a fost aplicată pe un bilet la ordin în alb nu este de natură să infirme această constatare. Astfel, trebuie să se țină seama de faptul că avalistul, semnând și acordul referitor la completarea mențiunilor lipsă, a acceptat în mod liber condițiile referitoare la modul în care acest bilet la ordin urma să fie completat de beneficiar în privința informațiilor lipsă, chiar dacă semnarea acordului menționat nu a dat naștere, prin ea însăși, la aval. În această privință, este important de subliniat că problema dacă completarea mențiunilor lipsă pe biletul la ordin a fost efectuată cu încălcarea acordului menționat nu ține de interpretarea noțiunii „materie contractuală” în sensul articolului 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001, ci este mai degrabă legată de verificarea împrejurării dacă locul de plată prevăzut în biletul la ordin în cauză a fost convenit în mod valabil de către părți, astfel încât această problemă de interpretare a instanței de trimitere privește interpretarea noțiunii „locul în care obligația care formează obiectul cererii a fost sau urmează a fi executată”, în sensul articolului menționat, noțiune care va fi examinată la punctul 52 și următoarele din prezenta hotărâre. În consecință, raportul juridic dintre beneficiarul și avalistul unui bilet la ordin, necompletat în totalitate la data semnării sale și completat ulterior, face parte din noțiunea „materie contractuală” în sensul articolului 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001. În al doilea rând, este necesar să se precizeze înțelesul noțiunii „locul în care obligația care formează obiectul cererii a fost sau urmează a fi executată”, în sensul dispoziției menționate. Instanța de trimitere ridică în această privință în special problema dacă, pentru a determina acest loc, trebuie să ia în considerare exclusiv informațiile care figurează pe biletul la ordin sau și datele cuprinse în acordul referitor la completarea mențiunilor lipsă. Trebuie amintit, pe de o parte, că noțiunea „obligație” care figurează la articolul 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001 trimite la obligația rezultată din contract a cărei neexecutare este invocată pentru a motiva acțiunea în justiție (a se vedea prin analogie în special Hotărârea din 6 octombrie 1976, De Bloos, 14/76, Rec., p. 1497 , punctul 13, Hotărârea din 15 ianuarie 1987, Shenavai, 266/85, Rec., p. 239 , punctul 9, și Hotărârea din 19 februarie 2002, Besix, C-256/00, Rec., p. I-1699 , punctul 44), iar pe de altă parte, că locul unde a fost sau ar fi trebuit să fie executată această obligație se determină conform legii care reglementează obligația respectivă potrivit normelor de conflict ale instanței sesizate (a se vedea prin analogie în special Hotărârea din 6 octombrie 1976, Industrie Tessili Italiana Como, 12/76, Rec., p. 1473 , punctul 13, Hotărârea din 28 septembrie 1999, GIE Groupe Concorde și alții, C-440/97, Rec., p. I-6307 , punctul 32, precum și Hotărârea Besix, citată anterior, punctele 33 și 36). Pe de altă parte, având în vedere importanța care se acordă în general voinței părților de drepturile naționale în materie de contracte, atunci când legea aplicabilă permite părților contractante, în condiții pe care aceasta le determină, să desemneze locul de executare a unei obligații, convenția privind locul de executare a obligației este suficientă pentru a stabili în același loc și competența jurisdicțională în sensul articolului 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001 (a se vedea prin analogie Hotărârea din 17 ianuarie 1980, Zelger, 56/79, Rec., p. 89 , punctul 5, Hotărârea din 20 februarie 1997, MSG, C-106/95, Rec., p. I-911 , punctul 30, și Hotărârea GIE Groupe Concorde și alții, citată anterior, punctul 28). Cu toate acestea, trebuie subliniat că, deși părțile au libertatea de a conveni cu privire la locul executării obligațiilor contractuale, ele nu pot totuși să stabilească, în scopul exclusiv de a determina instanța competentă, un loc de executare care nu prezintă nicio legătură efectivă cu realitatea raportului contractual și în care obligațiile care decurg din acel raport nu ar putea fi executate potrivit termenilor acestuia (a se vedea în acest sens Hotărârea MSG, citată anterior, punctul 31). În speță, având în vedere împrejurarea că locul executării obligației în discuție în litigiul principal este expres indicat pe biletul la ordin, instanța de trimitere are obligația, în măsura în care dreptul aplicabil permite această alegere a locului executării obligației, să ia în considerare locul respectiv pentru a determina instanța competentă conform articolului 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001. În aceste condiții, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că articolul 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001 este aplicabil în vederea determinării instanței competente să soluționeze o acțiune în justiție prin care beneficiarul unui bilet la ordin, stabilit într-un stat membru, invocă drepturile care decurg din acest bilet la ordin, necompletat în totalitate la data semnării sale și completat ulterior de către beneficiar, împotriva avalistului domiciliat într-un alt stat membru. Cu privire la cheltuielile de judecată Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări. Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară: 1) Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că o persoană fizică ce are legături profesionale strânse cu o societate, precum administrarea acesteia sau deținerea unei participații majoritare în aceasta, nu poate fi considerată consumator în sensul acestei dispoziții atunci când avalizează un bilet la ordin emis pentru garantarea obligațiilor care incumbă acestei societăți în temeiul unui contract referitor la acordarea unui credit. În consecință, această dispoziție nu este aplicabilă în vederea determinării instanței competente să soluționeze o acțiune în justiție prin care beneficiarul unui bilet la ordin, stabilit într-un stat membru, invocă drepturi care decurg din acest bilet la ordin, necompletat în totalitate la data semnării sale și completat ulterior de către beneficiar, împotriva avalistului domiciliat într-un alt stat membru. 2) Articolul 5 punctul 1 litera (a) din Regulamentul nr. 44/2001 este aplicabil în vederea determinării instanței competente să soluționeze o acțiune în justiție prin care beneficiarul unui bilet la ordin, stabilit într-un stat membru, invocă drepturile care decurg din acest bilet la ordin, necompletat în totalitate la data semnării sale și completat ulterior de către beneficiar, împotriva avalistului domiciliat într-un alt stat membru. Semnături ( *1 ) Limba de procedură: ceha.

62015CJ0690

el

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης και δη το κατά πόσον υφίσταται αρχή της εφαρμογής της κοινωνικής νομοθεσίας ενός μόνον κράτους μέλους, όπως είναι αυτή που εκφράζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 118/97 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 1996 ( ΕΕ 1997, L 28, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 307/1999 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1999 ( ΕΕ 1999, L 38, σ. 1 ) (στο εξής: κανονισμός 1408/71), εν συνεχεία δε με τον κανονισμό (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ( ΕΕ 2004, L 166, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ 2004, L 200, σ.1 ), όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο με την απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2015, de Ruyter ( C‑623/13 , EU:C:2015:123 ). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ του Wenceslas de Lobkowicz, συνταξιούχου υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του Υπουργείου Οικονομικών (Γαλλία), σχετικά με την επιβολή εισφορών και επιβαρύνσεως κοινωνικού χαρακτήρα για τα έτη 2008 έως 2011 σε εισοδήματα από ακίνητα που εισπράχθηκαν στη Γαλλία. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Το άρθρο 12 του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ 2010, C 83, σ. 266 , στο εξής: πρωτόκολλο), έχει ως εξής: «Επί των αποδοχών, μισθών και λοιπών αμοιβών που καταβάλλει η Ένωση στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό [της], επιβάλλεται φόρος υπέρ της Ένωσης σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό απαλλάσσονται από την επιβολή εθνικών φόρων επί των αποδοχών, μισθών και λοιπών αμοιβών, που καταβάλλονται από την Ένωση.» Δυνάμει του άρθρου 13 του πρωτοκόλλου αυτού: «Για την εφαρμογή του φόρου επί του εισοδήματος και της περιουσίας, του φόρου κληρονομιών, καθώς και για την εφαρμογή των συμβάσεων περί αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί, απλώς και μόνο λόγω της ασκήσεως των καθηκόντων τους στην υπηρεσία της Ένωσης, στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, άλλου από το κράτος της φορολογικής κατοικίας στην οποία έχουν κατά το χρόνο της εισόδου τους στην υπηρεσία της Ένωσης, θεωρούνται και στις δύο αυτές χώρες ότι διατηρούν την προηγούμενη κατοικία τους […] […]». Συμφώνως προς το άρθρο 14 του εν λόγω πρωτοκόλλου: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με τα αρμόδια θεσμικά όργανα, καθορίζουν το καθεστώς των κοινωνιών παροχών που εφαρμόζεται στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Ένωσης.» Ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ) και το Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ένωσης (στο εξής: ΚΛΠ) θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) 259/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων και του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί θεσπίσεως ειδικών μέτρων προσωρινώς εφαρμοστέων στους υπαλλήλους της Επιτροπής (ΕΕ ειδ. έκδ. 01/001, σ. 108), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) 1324/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008 ( ΕΕ 2008, L 345, σ. 17 ). Το άρθρο 72 του ΚΥΚ ορίζει τα εξής: «1.   Εντός του ορίου του 80 % των αναληφθέντων εξόδων και βάσει ρυθμίσεως θεσπιζόμενης με κοινή συμφωνία από τα όργανα [της Ένωσης] κατόπιν γνώμης της επιτροπής κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο υπάλληλος […] καλύπτ[εται] κατά των κινδύνων ασθενείας. […] […] Το ένα τρίτο της αναγκαίας συνεισφοράς για την εξασφάλιση της κάλυψης αυτής βαρύνει τον ασφαλιζόμενο, χωρίς η συμμετοχή αυτή να μπορεί να υπερβεί το 2 % του βασικού μισθού του. […]» Το άρθρο 73 του ΚΥΚ ορίζει τα ακόλουθα: «1.   Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται βάσει ρυθμίσεως που θεσπίζεται με κοινή συμφωνία των οργάνων [της Ένωσης], κατόπιν γνώμης της επιτροπής κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως, ο υπάλληλος καλύπτεται, από την ημέρα αναλήψεως της υπηρεσίας, κατά των κινδύνων επαγγελματικών ασθενειών και των κινδύνων ατυχημάτων. Συμμετέχει υποχρεωτικά, εντός ορίου 0,1 % του βασικού του μισθού, στην κάλυψη των κινδύνων εκτός υπηρεσίας. […]» Κατά το άρθρο 83 του ΚΥΚ: «1.   Η καταβολή των παροχών που προβλέπονται στο παρόν σύστημα συνταξιοδοτήσεως βαρύνει τον προϋπολογισμό [της Ένωσης]. Τα κράτη μέλη εγγυώνται συλλογικά την καταβολή αυτών των παροχών σύμφωνα με την κλίμακα κατανομής που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση αυτών των δαπανών αυτών. […] 2.   Οι υπάλληλοι συμβάλλουν κατά το ένα τρίτο στη χρηματοδότηση αυτού του συστήματος συνταξιοδοτήσεως. Η συνεισφορά αυτή καθορίζεται στο 10,9 % του βασικού μισθού του ενδιαφερομένου, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συντελεστές αναπροσαρμογής που προβλέπονται στο άρθρο 64. Η συνεισφορά αυτή αφαιρείται κάθε μήνα από τον μισθό του ενδιαφερομένου. […] […]» Το ύψος της συνεισφοράς που προβλέπει αυτό το άρθρο 83, παράγραφος 2, αναπροσαρμόζεται ετησίως. Τούτου δοθέντος, καθορίστηκε την 1η Ιουλίου των επίμαχων εν προκειμένω ετών 2009 έως 2011, αντιστοίχως, σε 11,3 %, σε 11,6 % και σε 11 %. Συμφώνως με το άρθρο του 2, παράγραφος 1, ο κανονισμός 1408/71 «ισχύει για μισθωτούς και μη μισθωτούς που υπάγονται ή υπήχθησαν στη νομοθεσία ενός ή περισσοτέρων από τα κράτη μέλη και είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη ή απάτριδες ή πρόσφυγες που κατοικούν στο έδαφος ενός κράτους μέλους, καθώς και για τα μέλη της οικογένειάς τους και για τους επιζώντες τους». Το άρθρο 13, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι «τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει ο παρών κανονισμός υπόκεινται στη νομοθεσία ενός μόνου κράτους μέλους. Η νομοθεσία αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου». Ο κανονισμός 1408/71 καταργήθηκε από 1ης Μαΐου 2010, ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής του κανονισμού 883/2004. Εντούτοις, το περιεχόμενο του άρθρου 2, παράγραφος 1, και του άρθρου 13, παράγραφος 1, του κανονισμού 1408/71 είναι κατ’ ουσίαν πανομοιότυπο με αυτό, αντιστοίχως, του άρθρου 2, παράγραφος 1, και του άρθρου 11, παράγραφος 1, του κανονισμού 883/2004. Το γαλλικό δίκαιο Δυνάμει του άρθρου L. 136-6 του code de sécurité sociale [κώδικα κοινωνικής ασφαλίσεως], όπως ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της κύριας δίκης, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στη Γαλλία, κατά την έννοια του άρθρου 4Β του code général des impôts [γενικού φορολογικού κώδικα] υπόκεινται, δυνάμει του άρθρου 1600-0 C του code général des impôts, το οποίο συγκαταλέγεται στις διατάξεις του κώδικα αυτού οι οποίες αφορούν τη «γενικευμένη εισφορά κοινωνικού χαρακτήρα που εισπράττεται υπέρ του εθνικού ταμείου οικογενειακών επιδομάτων, του ταμείου αλληλεγγύης γήρατος και των υποχρεωτικών καθεστώτων ασφαλίσεως υγείας» (στο εξής: CSG), σε εισφορά επί των εισοδημάτων τους από περιουσία υπολογιζόμενη με βάση το καθαρό ποσό που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος, μεταξύ δε των εισοδημάτων αυτών περιλαμβάνονται τα εισοδήματα από ακίνητα. Κατά το άρθρο 1600-0 F bis του code général des impôts, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της κύριας δίκης, τα εν λόγω πρόσωπα υπόκεινται επιπλέον, κατά το άρθρο L. 245-14 του code de la sécurité sociale, σε «κοινωνικού χαρακτήρα επιβάρυνση», το ύψος της οποίας είχε καθοριστεί, δυνάμει του άρθρου L. 245-16 du code de la sécurité sociale που ίσχυε κατά τα επίμαχα έτη, στο 2 % επί των εισοδημάτων αυτών. Προκύπτει επίσης από τον code de l’action sociale et des familles [κώδικα κοινωνικής και οικογενειακής πολιτικής] ότι επί των εν λόγω εισοδημάτων υπολογιζόταν επίσης πρόσθετη εισφορά, η μία, ύψους 0,3 %, συμφώνως προς το άρθρο του L. 14-10-4, η δε άλλη, ύψους 1,1 %, συμφώνως προς το άρθρο L.262-24 αυτού του τελευταίου. Τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα Ο W. de Lobkowicz, Γάλλος υπήκοος, υπηρέτησε ως υπάλληλος στην Επιτροπή από το έτος 1979 έως τη συνταξιοδότησή του, ήτοι έως την 1η Ιανουαρίου 2016. Υπό την ιδιότητά του αυτή, υπάγεται στο κοινό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Πρωτοκόλλου, ο W. de Lobkowicz έχει τη φορολογική του κατοικία στη Γαλλία. Σε αυτό το κράτος μέλος αποκτά εισοδήματα από ακίνητα. Για τα έτη 2008 έως 2011, επί των εισοδημάτων αυτών επιβλήθηκε CSG, εισφορά για την απόσβεση του κοινωνικού χρέους (CRDS), κοινωνικού χαρακτήρα επιβάρυνση ύψους 2 % καθώς και πρόσθετες στην επιβάρυνση αυτή εισφορές ύψους 0,3 % και 1,1 %. Κατόπιν της απορρίψεως από τη φορολογική αρχή της αιτήσεώς του για απαλλαγή από την καταβολή των εν λόγω εισφορών και της εν λόγω επιβαρύνσεως, o W. de Lobkowicz άσκησε ενώπιον του tribunal administratif de Rouen (διοικητικού πρωτοδικείου Ρουέν, Γαλλία) προσφυγή με την οποία ζήτησε να απαλλαγεί από την καταβολή τους. Με απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2013, το δικαστήριο αυτό έκρινε ότι παρέλκει η έκδοση αποφάσεως για το ποσό των φορολογικών απαλλαγών που είχαν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της δίκης από το σύνολο των εισφορών σε σχέση με την CRDS στις οποίες υπέκειτο o W. de Lobkowicz κατά τα επίμαχα έτη και απέρριψε κατά τα λοιπά τα αιτήματά του. Ο W. de Lobkowicz άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του cour administrative d’appel de Douai (διοικητικού εφετείου Douai). Ζητεί από αυτό, κυρίως, να τον απαλλάξει από την καταβολή των επίμαχων επιβαρύνσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Το αιτούν δικαστήριο επισημαίνει, κατ’ αρχάς, ότι οι επίμαχες εισφορές και η επίμαχη επιβάρυνση συνιστούν φόρους κατά την έννοια του εθνικού δικαίου και ότι συνεπώς η νομιμότητα της επιβολής τους δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ο W. de Lobkowicz ή τα μέλη της οικογενείας του δεν λαμβάνουν άμεσο αντάλλαγμα για την καταβολή τους. Έπειτα, υπενθυμίζει ότι από την απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Φεβρουαρίου 2015, de Ruyter ( C‑623/13 , EU:C:2015:123 ), προκύπτει ότι οι φορολογικές επιβαρύνσεις των εισοδημάτων από περιουσία που έχουν άμεσο και ουσιαστικό σύνδεσμο με ορισμένους κλάδους κοινωνικής ασφαλίσεως που απαριθμούνται στο άρθρο 4 του κανονισμού 1408/71, ήτοι η CSG, η κοινωνικού χαρακτήρα επιβάρυνση ύψους 2 % και η πρόσθετη εισφορά ύψους 0,3 %, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Για τους ίδιους λόγους με αυτούς που δέχθηκε το Δικαστήριο με την απόφαση αυτή, το αιτούν δικαστήριο φρονεί ότι η πρόσθετη εισφορά ύψους 1,1 % πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Πάντως, υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει, στη σκέψη 41 της αποφάσεως της 3ης Οκτωβρίου 2000, Ferlini ( C‑411/98 , EU:C:2000:530 ), ότι οι υπάλληλοι της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικώς στο καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως εργαζόμενοι κατά την έννοια του κανονισμού 1408/71. Συνεπώς, η αρχή της εφαρμογής της νομοθεσίας κοινωνικής ασφαλίσεως ενός μόνον κράτους μέλους που καθιερώνει το άρθρο 13 του κανονισμού αυτού δεν εφαρμόζεται επ’ αυτών. Τέλος, το αιτούν δικαστήριο διευκρινίζει ότι, μολονότι οι υπάλληλοι της Ένωσης έχουν την ιδιότητα του εργαζομένου κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 45 ΣΛΕΕ, εντούτοις το άρθρο αυτό δεν καθιερώνει γενικό κριτήριο κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης όσον αφορά τη χρηματοδότηση των παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως ή των ειδικών μη ανταποδοτικών παροχών, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγει ο W. de Lobkowicz, ότι η επιβολή επ’ αυτού του τελευταίου των επίμαχων εισφορών και επιβαρύνσεων θα έπρεπε να χαρακτηρισθεί ως μέτρο το οποίο εισάγει δυσμενή διάκριση κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου. Εκτιμώντας εντούτοις ότι εξακολουθεί να υφίσταται αμφιβολία ως προς τη συμβατότητα προς το δίκαιο Ένωσης της επιβολής επί του W. de Lobkowicz των επίμαχων εισφορών και επιβαρύνσεων, το cour administrative d’appel de Douai (διοικητικό εφετείο Douai) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το εξής προδικαστικό ερώτημα: «Υφίσταται αρχή του δικαίου της Ένωσης η οποία αποκλείει την επιβολή σε υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γενικής εισφοράς κοινωνικού χαρακτήρα, επιβαρύνσεως κοινωνικού χαρακτήρα και των επιπρόσθετων στην επιβάρυνση αυτή εισφορών, ύψους 0,3 % και 1,1 %, επί εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία αποκτηθέντων εντός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης;» Επί του προδικαστικού ερωτήματος Επί του παραδεκτού Η Γαλλική Κυβέρνηση υποστηρίζει, κυρίως, ότι η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως είναι απαράδεκτη για τον λόγο ότι δεν εκθέτει επαρκώς τα αναγκαία πραγματικά στοιχεία ώστε να μπορέσει το Δικαστήριο να απαντήσει λυσιτελώς στο υποβληθέν ερώτημα. Συγκεκριμένα, το αιτούν δικαστήριο υπέβαλε ερώτημα σχετικά με το άρθρο 45 ΣΛΕΕ χωρίς να διευκρινίσει ούτε την ιθαγένεια του προσφεύγοντος στην κύρια δίκη ούτε εάν αυτός έκανε χρήση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να απορρίψει αίτηση εθνικού δικαστηρίου για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως παρά μόνον όταν προδήλως προκύπτει ότι η ζητούμενη ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης δεν έχει καμία σχέση με το υποστατό ή το αντικείμενο της διαφοράς της κύριας δίκης, όταν το πρόβλημα είναι υποθετικής φύσεως ή ακόμη όταν το Δικαστήριο δεν διαθέτει τα πραγματικά ή νομικά στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου να δώσει χρήσιμη απάντηση στα ερωτήματα που του υποβλήθηκαν (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 22ας Ιουνίου 2010, Melki και Abdeli, C‑188/10 και C‑189/10 , EU:C:2010:363 , σκέψη και εκεί παρατιθέμενη νομολογία, καθώς και της 18ης Απριλίου 2013, Mulders, C‑548/11 , EU:C:2013:249 , σκέψη ). Πράγματι, η ανάγκη να δοθεί χρήσιμη για το αιτούν δικαστήριο ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης επιτάσσει, όπως τονίζει το άρθρο 94 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, ο εθνικός δικαστής να ορίσει το πραγματικό και νομικό πλαίσιο των προδικαστικών ερωτημάτων ή, τουλάχιστον, να εκθέσει τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζονται τα ερωτήματα αυτά (αποφάσεις της 11ης Μαρτίου 2010, Attanasio Group, C‑384/08 , EU:C:2010:133 , σκέψη , και της 5ης Δεκεμβρίου 2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12 , EU:C:2013:799 , σκέψη ). Εν προκειμένω, πρέπει να τονιστεί ότι το ερώτημα που υπέβαλε το αιτούν δικαστήριο αφορά αναμφισβήτητα την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης. Συναφώς, πρέπει να τονιστεί ότι, εν αντιθέσει προς όσα υποστηρίζει η Γαλλική Κυβέρνηση, το ζήτημα αυτό δεν αφορά ρητώς το άρθρο 45 ΣΛΕΕ, αλλά αναφέρεται, κατά τρόπο γενικό, στην ύπαρξη «αρχής του δικαίου της Ένωσης» η οποία θα εμπόδιζε την επιβολή σε υπάλληλο της Ένωσης επιβαρύνσεων κοινωνικού χαρακτήρα και εισφορών, όπως είναι αυτές που αποτελούν το αντικείμενο της κύριας δίκης, επί των εισοδημάτων από ακίνητα τα οποία εισπράττονται από το κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του. Περαιτέρω, η απόφαση περί παραπομπής περιέχει έκθεση του αντικειμένου της διαφοράς της κύρια δίκης, όπως προκύπτει από τις σκέψεις 17 έως 20 της παρούσας αποφάσεως στις οποίες επαναλαμβάνονται οι διαπιστώσεις του αιτούντος δικαστηρίου. Το δικαστήριο αυτό υπενθυμίζει επίσης το περιεχόμενο των κρίσιμων εθνικών διατάξεων και εκθέτει τους λόγους που το οδήγησαν να ζητήσει ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης, παραπέμποντας στη νομολογία του Δικαστηρίου και ειδικότερα στην απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2015, de Ruyter ( C‑623/13 , EU:C:2015:123 ). Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απόφαση περί παραπομπής περιέχει τα πραγματικά και νομικά στοιχεία που παρέχουν στο Δικαστήριο τη δυνατότητα να δώσει χρήσιμη απάντηση στο αιτούν δικαστήριο. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως είναι παραδεκτή. Επί της ουσίας Με το ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί, κατ’ ουσίαν, αν η αρχή της εφαρμογής της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας ενός μόνον κράτους μέλους, όπως εκφράζεται στον κανονισμό 1408/71, εν συνεχεία δε στον κανονισμό 883/2004, και έχει διευκρινιστεί με την απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2015, de Ruyter ( C‑623/13 , EU:C:2015:123 ), πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αντίκειται σε αυτήν εθνική νομοθεσία, όπως είναι η επίμαχη στην κύρια δίκη, που προβλέπει ότι επί των εισοδημάτων από ακίνητα που εισπράττονται σε κράτος μέλος από υπάλληλο της Ένωσης, ο οποίος έχει τη φορολογική κατοικία του σε αυτό το κράτος μέλος, επιβάλλονται εισφορές και επιβαρύνσεις κοινωνικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του συστήματος της κοινωνικής ασφαλίσεως σε αυτό το ίδιο το κράτος μέλος. Υπενθυμίζεται, αφενός, ότι, μολονότι τα κράτη μέλη διατηρούν την αρμοδιότητά τους να ρυθμίζουν τα συστήματά τους κοινωνικής ασφαλίσεως, παρά ταύτα οφείλουν, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, να τηρούν το δίκαιο της Ένωσης (αποφάσεις της 1ης Απριλίου 2008, Gouvernement de la Communauté française και gouvernement wallon, C‑212/06 , EU:C:2008:178 , σκέψη · της 21ης Ιανουαρίου 2016, Επιτροπή κατά Κύπρου, C‑515/14 , EU:C:2016:30 , σκέψη , καθώς και της 6ης Οκτωβρίου 2016, Adrien κ.λπ., C‑466/15 , EU:C:2016:749 , σκέψη ). Αφετέρου, υπάλληλος της Ένωσης μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει την ιδιότητα του διακινούμενου εργαζομένου κατά την έννοια του άρθρου 45 ΣΛΕΕ, ως υπήκοος κράτους μέλους που εργάζεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους από αυτό της καταγωγής του. Εντούτοις, στον βαθμό που οι υπάλληλοι της Ένωσης δεν υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία κοινωνικής ασφαλίσεως, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, του κανονισμού 1408/71 και στην ίδια διάταξη του κανονισμού 883/2004, που καθορίζει το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής των κανονισμών αυτών, οι υπάλληλοι αυτοί δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «εργαζόμενοι» κατά την έννοια των κανονισμών αυτών. Ούτε εμπίπτουν, στη συνάφεια αυτή, στο άρθρο 48 ΣΛΕΕ, το οποίο αναθέτει στο Συμβούλιο την αποστολή να θεσπίσει ένα σύστημα που να καθιστά δυνατό στους εργαζομένους να υπερβαίνουν τα εμπόδια που μπορούν να ανακύψουν γι’ αυτούς από τους εθνικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί στο πεδίο της κοινωνικής ασφαλίσεως και την οποία το Συμβούλιο έφερε εις πέρας με την έκδοση του κανονισμού 1408/71 και εν συνεχεία του κανονισμού 883/2004 (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις της 3ης Οκτωβρίου 2000, Ferlini, C‑411/98 , EU:C:2000:530 , σκέψεις και , και της 16ης Δεκεμβρίου 2004, My, C‑293/03 , EU:C:2004:821 , σκέψεις έως ). Πράγματι, οι υπάλληλοι της Ένωσης υπάγονται στο κοινό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, το οποίο έχει καθορισθεί, συμφώνως προς το άρθρο 14 του πρωτοκόλλου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα. Αυτό το σύστημα κοινωνικών παροχών καθιερώθηκε από τον ΚΥΚ ο οποίος καθορίζει, στον τίτλο του V, που επιγράφεται «Καθεστώς χρηματικών απολαβών και κοινωνικά πλεονεκτήματα του υπαλλήλου», και ειδικότερα στα κεφάλαια 2 και 3 του τίτλου αυτού, σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις, τους κανόνες που ισχύουν στους υπαλλήλους της Ένωσης. Συνεπώς, η νομική κατάσταση των υπαλλήλων της Ένωσης, όσον αφορά τις κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις τους εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης λόγω της σχέσεως εργασίας που έχουν με την Ένωση (βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση της 13ης Ιουλίου 1983, Forcheri, 152/82 , EU:C:1983:205 , σκέψη ). Η υποχρέωση που υπέχουν τα κράτη μέλη να τηρούν το δίκαιο της Ένωσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της διαμορφώσεως των συστημάτων τους κοινωνικής ασφαλίσεως, όπως αυτή υπενθυμίζεται στη σκέψη 34 της παρούσας αποφάσεως, εκτείνεται επομένως στους κανόνες που διέπουν τη σχέση εργασίας που έχει ένας υπάλληλος της Ένωσης με αυτήν, ήτοι στις σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλλου και σε αυτές του ΚΥΚ. Συναφώς, όπως επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 72 των προτάσεών του, αφενός, το πρωτόκολλο έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες [γνωμοδότηση 2/13 (Προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ), της 18ης Δεκεμβρίου 2014, EU:C:2014:2454 , σημείο ]. Κατ’ αναλογία προς το άρθρο 12 του πρωτοκόλλου, που καθιερώνει, έναντι των υπαλλήλων της Ένωσης, ενιαία φορολόγηση υπέρ αυτής των αποδοχών, των μισθών και των λοιπών αμοιβών που καταβάλλει, και προβλέπει κατά συνέπεια την απαλλαγή από τους εθνικούς φόρους επί των ποσών αυτών, το άρθρο 14 του πρωτοκόλλου αυτού, στον βαθμό που αναθέτει στα θεσμικά όργανα της Ένωσης την αρμοδιότητα να καθορίσουν το σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως των υπαλλήλων της, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει ως συνέπεια να εξαιρείται από την αρμοδιότητα των κρατών μελών η επιβολή της υποχρεώσεως υπαγωγής των υπαλλήλων της Ένωσης σε εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως και της υποχρεώσεως των υπαλλήλων αυτών να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του συστήματος αυτού. Αφετέρου, ο ΚΥΚ, στον βαθμό που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 259/68, έχει όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία απαριθμεί το άρθρο 288 ΣΛΕΕ, δυνάμει του οποίο ο κανονισμός έχει γενική ισχύ, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Εντεύθεν συνάγεται ότι η τήρηση του ΚΥΚ επιβάλλεται εξίσου στα κράτη μέλη (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις της 20ής Οκτωβρίου 1981, Επιτροπή κατά Βελγίου, 137/80 , EU:C:1981:237 , σκέψεις και , της 7ης Μάιου 1987, Επιτροπή κατά Βελγίου, 186/85 , EU:C:1987:208 , σκέψη , της 4ης Δεκεμβρίου 2003, Kristiansen, C‑92/02 , EU:C:2003:652 , σκέψη , καθώς και της 4ης Φεβρουαρίου 2015, Melchior, C‑647/13 , EU:C:2015:54 , σκέψη ). Στη συνάφεια αυτή, πρέπει να τονιστεί ότι από το άρθρο 72, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, του ΚΥΚ συνάγεται ότι ένα τμήμα των αναγκαίων συνεισφορών για την εξασφάλιση της καλύψεως των κινδύνων ασθενείας βαρύνουν τον υπάλληλο, χωρίς εντούτοις η συμμετοχή αυτή να μπορεί να υπερβεί το 2 % του βασικού μισθού του. Το άρθρο 73, παράγραφος 1, του ΚΥΚ προβλέπει ότι ο υπάλληλος καλύπτεται, ήδη από της ημερομηνίας αναλήψεως υπηρεσίας, έναντι των κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος και ότι συμμετέχει υποχρεωτικώς, μέχρι ποσοστού 0,1 % του βασικού του μισθού, στην κάλυψη των κινδύνων εκτός υπηρεσίας. Από το άρθρο 83, παράγραφος 2, του ΚΥΚ συνάγεται επίσης ότι οι υπάλληλοι συνεισφέρουν κατά το ένα τρίτο στη χρηματοδότηση του συστήματος συνταξιοδοτήσεως, δεδομένου ότι η συνεισφορά αυτή έχει καθοριστεί σε συγκεκριμένο ποσοστό του βασικού μισθού. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Ένωση και μόνον, και όχι τα κράτη μέλη, είναι αρμόδια να καθορίζει τους κανόνες που ισχύουν για τους υπαλλήλους της Ένωσης όσον αφορά τις κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Πράγματι, όπως επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας στο σημείο 76 των προτάσεών του, το άρθρο 14 του πρωτοκόλλου και οι διατάξεις του ΚΥΚ περί της κοινωνικής ασφαλίσεως των υπαλλήλων της Ένωσης επιτελούν, έναντι αυτών των τελευταίων, λειτουργία αντίστοιχη με εκείνη του άρθρου 13 του κανονισμού 1408/71 και του άρθρου 11 του κανονισμού 883/2004, η οποία συνίσταται στην απαγόρευση επιβολής επί των υπαλλήλων της Ένωσης της υποχρεώσεως καταβολής εισφορών στα διάφορα συστήματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Επομένως, εθνική ρύθμιση, όπως είναι η επίμαχη στο πλαίσιο της κύριας δίκης, βάσει της οποίας τα εισοδήματα υπαλλήλου της Ένωσης βαρύνονται με εισφορές και επιβαρύνσεις κοινωνικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται ειδικώς για τη χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως του οικείου κράτους μέλους, παραβιάζει την αποκλειστική αρμοδιότητα που ανατίθεται στην Ένωση τόσο με το άρθρο 14 του πρωτοκόλλου όσο και με τις συναφείς διατάξεις του ΚΥΚ, ιδίως αυτές οι οποίες καθορίζουν τις υποχρεωτικές εισφορές των υπαλλήλων της Ένωσης για τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως. Περαιτέρω, μια τέτοια ρύθμιση θα ενείχε τον κίνδυνο να διασαλευθεί η ίση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων της Ένωσης και, ως εκ τούτου, να αποθαρρύνει την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας εντός θεσμικού οργάνου της Ένωσης, δεδομένου ότι ορισμένοι υπάλληλοι θα ήσαν υποχρεωμένοι να συμβάλλουν όχι μόνο στο κοινό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, αλλά και στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως. Η ως άνω ανάλυση δεν αναιρείται από τους ισχυρισμούς της Γαλλικής Κυβερνήσεως ότι οι επίμαχες στο πλαίσιο της κύριας δίκης εισφορές και επιβαρύνσεις κοινωνικού χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ως «φόροι» οι οποίοι πλήττουν όχι τα έσοδα από την εργασία, αλλά τα εισοδήματα από ακίνητα, και οι οποίοι δεν θεμελιώνουν άμεσα δικαίωμα σε κάποιο αντάλλαγμα ή σε κάποιο πλεονέκτημα υπό τη μορφή παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως. Πράγματι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρέσχε το αιτούν δικαστήριο, είναι εν πάση περιπτώσει βέβαιον ότι αυτές οι επιβαρύνσεις και αυτές οι εισφορές χρησιμοποιούνται άμεσα και στοχευμένα για τη χρηματοδότηση των κλάδων του γαλλικού συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως. Ένας υπάλληλος της Ένωσης, όπως είναι ο W. de Lobkowicz, δεν θα μπορούσε ως εκ τούτου να υπάγεται σε αυτές, δεδομένου ότι οι οικονομικές του υποχρεώσεις όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση διέπονται αποκλειστικώς από το πρωτόκολλο καθώς και από τον ΚΥΚ και εκ του λόγου αυτού εκφεύγουν της αρμοδιότητας των κρατών μελών (βλ., κατ’ αναλογία, όσον αφορά τον κανονισμό 1408/71, απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2015, de Ruyter, C‑623/13 , EU:C:2015:123 , σκέψεις , , και ). Λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των προεκτεθέντων, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 14 του πρωτοκόλλου καθώς και οι διατάξεις του ΚΥΚ σχετικά με το κοινό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως των θεσμικών οργάνων της Ένωσης πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτά εθνική νομοθεσία, όπως είναι η επίμαχη στη κύρια δίκη, η οποία προβλέπει την επιβολή επί των εισοδημάτων από ακίνητα τα οποία εισπράττονται σε κράτος μέλος από υπάλληλο της Ένωσης, ο οποίος έχει τη φορολογική κατοικία του σε αυτό το κράτος μέλος, εισφορών και επιβαρύνσεων κοινωνικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως αυτού του κράτους μέλους. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σε αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) αποφαίνεται: Το άρθρο 14 του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει προσαρτηθεί στις Συνθήκες ΕΕ, ΛΕΕ και ΕΚΑΕ, καθώς και οι διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το κοινό σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτά εθνική νομοθεσία, όπως είναι η επίμαχη στη κύρια δίκη, η οποία προβλέπει την επιβολή επί των εισοδημάτων από ακίνητα τα οποία εισπράττονται σε κράτος μέλος από υπάλληλο της Ένωσης, ο οποίος έχει τη φορολογική κατοικία του σε αυτό το κράτος μέλος, εισφορών και επιβαρύνσεων κοινωνικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως αυτού του κράτους μέλους. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

62006CJ0072

nl

Niet-nakoming – Verzuim om binnen de gestelde termijn de bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (PB L 31, blz. 18) Dictum Door niet binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, is de Helleense Republiek de krachtens artikel 26 van deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet nagekomen. De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.

62008TJ0075

nl

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 26 november 2007 (zaak R 1134/2007‑1) inzake een aanvraag tot inschrijving van een beeldteken als gemeenschapsmerk Gegevens betreffende de zaak Aanvrager van het gemeenschapsmerk: JOOP! GmbH Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk dat uitroepteken weergeeft, voor waren van de klassen 14, 18 en 25 – aanvraag nr. 5332184 Beslissing van de onderzoeker: weigering van inschrijving Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep Dictum 1) Het beroep wordt verworpen. 2) JOOP! GmbH wordt verwezen in de kosten.

62009CJ0357

bg

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 15, параграфи 4—6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни ( ОВ L 348, стр. 98 ). Запитването е отправено в рамките на образувано по инициатива на директора на дирекция „Миграция“ при Министерството на вътрешните работи административно производство, в което Административен съд София-град трябва да се произнесе служебно по продължаването на задържането на г-н Кадзоев (Хучбаров) в Специален дом за временно настаняване на чужденци към посочената дирекция, намиращ се в село Бусманци, Столична община (наричан по-нататък „домът за временно настаняване“). Правна уредба Общностна правна уредба Директива 2008/115 е приета по-конкретно на основание член 63, първа алинея, точка 3), буква б) ЕО. Съгласно съображение 9 от Директивата: „В съответствие с Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки ( ОВ L 326, стр. 13 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 242), гражданин на трета страна, който е подал молба за убежище в държава членка, не следва да бъде считан за [незаконно пребиваващо лице] на територията на държавата членка, до влизането в сила на отрицателно решение относно молбата или на решение, прекратяващо правото му на [пребиваване] като кандидат за убежище.“ Текстът на член 15 от Директива 2008/115, съдържащ се в главата относно задържането с цел извеждане, е следният: „1.   Освен ако в конкретния случай не могат да се приложат ефективно други достатъчни, но по-леки принудителни мерки, държавите членки могат да задържат гражданин на трета страна, по отношение на когото са образувани процедури за връщане, само за да се подготви връщането и/или да се извърши процесът на извеждане, и по-специално когато: а) е налице опасност от укриване; или б) засегнатият гражданин на трета страна избягва или възпрепятства подготовката на връщането или процеса по извеждането. Всяко едно задържане е за възможно най-кратък срок и продължава единствено по време на процедурите по извеждане и при надлежно изпълнение на тези процедури. 2.   Задържането се постановява от административните или съдебните власти. Задържането се постановява в писмен вид и включва фактическите и правните основания. Когато е постановено задържане от административни органи, държавите членки: а) или осигуряват бърз съдебен контрол на законността на задържането, който се осъществява във възможно най-кратък срок след началото на задържането; б) или предоставят на съответния гражданин на трета страна правото да започне производство, при което […] законността на задържането подлежи на бърз съдебен контрол, при който съдът се произнася във възможно най-кратък срок след започването на съответното производство. В такъв случай държавите членки уведомяват незабавно засегнатия гражданин на трета страна относно възможността [за започване на] подобно производство. Засегнатият гражданин на трета страна се освобождава незабавно, в случай че задържането се окаже незаконно. 3.   Във всеки един случай задържането се преразглежда през разумни интервали или по молба на засегнатия гражданин на трета страна, или служебно. В случай на продължителни срокове за задържане актовете по преразглеждане подлежат на съдебен контрол. 4.   Когато стане ясно, че вече не съществува разумна възможност за извеждане по правни или други съображения или че вече не съществуват посочените в параграф 1 условия, задържането престава да бъде оправдано и засегнатото лице се освобождава незабавно. 5.   Задържането продължава, докато съществуват посочените в параграф 1 условия и то е необходимо, за да се гарантира успешно извеждане. Всяка държава членка определя максимална продължителност за задържане, която не може да надвишава шест месеца. 6.   Държавите членки не могат да удължават посочения в параграф 5 срок освен за ограничен срок, който не надвишава допълнителни дванадесет месеца в съответствие с националното законодателство, в случаите когато, независимо от положените от тях разумни усилия, е вероятно операцията по извеждането да продължи по-дълго поради: а) липса на съдействие от съответния гражданин на трета страна или; б) забавяне при получаването на необходимата документация от трети страни.“ Съгласно член 20 от Директива 2008/115 държавите членки са длъжни да въведат в сила до 24 декември 2010 г. необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с тази директива, с изключение на член 13, параграф 4 от нея. В съответствие с член 22 от Директивата тя е влязла в сила на 13 януари 2009 г. Национална правна уредба Директива 2008/115 е въведена в българското право със Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр.153 от 1998 г.), изменен на 15 май 2009 г. (изм., ДВ, бр. 36 от 2009 г., наричан по-нататък „Законът за чужденците).“ Според запитващата юрисдикция обаче член 15, параграф 4 от тази директива все още не е транспониран в българското законодателство. По силата на член 44, алинея 6 от Закона за чужденците, в случай че не може да бъде изпълнена принудителна административна мярка, наложена на чужденец, когато самоличността му не е установена или е налице явна опасност от укриване, органът, наложил мярката, може да издаде заповед за принудително настаняване на чужденеца в специален дом за временно настаняване на чужденци с цел организиране на принудителното отвеждане до границата на Република България или експулсирането. Преди транспонирането на Директива 2008/115 настаняването в такъв дом не е било ограничено с никакъв срок. Понастоящем съгласно член 44, алинея 8 от Закона за чужденците „[н]астаняването продължава до отпадане на обстоятелствата по ал. 6, но не повече от 6 месеца. По изключение, когато лицето отказва да съдейства на компетентните органи, има забавяне при получаване на необходимите документи за принудителното отвеждане или експулсиране или лицето представлява заплаха за националната сигурност или обществения ред, срокът на настаняването може да бъде продължен допълнително до 12 месеца.“ Член 46а, алинеи 3—5 от Закона за чужденците предвижда: „3)   На всеки 6 месеца началникът на специалния дом за временно настаняване на чужденци представя списък на чужденците, които са пребивавали повече от 6 месеца в него поради наличие на пречки за извеждането им от страната. Списъкът се изпраща до административния съд по местонахождението на специалния дом. 4)   След изтичане на всеки 6 месеца от настаняването в специалния дом за временно настаняване на чужденци съдът служебно се произнася в закрито заседание с определение за продължаване, замяна или прекратяване на настаняването. Определението на съда не подлежи на обжалване. 5)   Когато съдът отмени обжалваната заповед за принудително настаняване или определи освобождаване на чужденеца, той се освобождава незабавно от специалния дом.“ Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси На 21 октомври 2006 г. българските сили на реда задържат лице в близост до границата с Турция. То няма документи за самоличност и се представя под името Саид Шамилович Хучбаров, роден на в Грозни (Чечения). Лицето заявява, че не желае да бъде уведомено консулството на Русия за задържането му. Със заповед от 22 октомври 2006 г., издадена от компетентните служби на полицията, на това лице е наложена принудителна административна мярка за отвеждане до границата. На 3 ноември 2006 г. засегнатото лице е задържано в дома за временно настаняване в очакване да стане възможно изпълнението на тази заповед, тоест до получаването на документи, позволяващи му да пътува в чужбина, и осигуряването на достатъчно финансови средства за покриване на транспортните разходи до Чечения. След осъществен съдебен контрол на заповедта подлежи на изпълнение. На 14 декември 2006 г. засегнатото лице заявява пред органите на дома за временно настаняване, че истинското му име не е Хучбаров, а Кадзоев. В хода на две административни производства пред Административен съд София-град е представено свидетелство за раждане, от което следва, че г-н Кадзоев е роден на 11 февруари 1979 г. в Москва (бивш Съветски съюз) от баща чеченец, Шамил Кадзоев, и майка грузинка, Лоли Елихвари. Представено е впрочем и временно удостоверение за самоличност на гражданин на Чеченската репу-блика Ичкерия, валидно до , което е издадено на името на Саид Шамилович Кадзоев, роден на в Грозни. Засегнатото лице обаче продължава да се представя пред властите под имената Кадзоев или Хучбаров. В периода между януари 2007 г. и април 2008 г. е разменена кореспонденция между българските и руските власти. Обратно на убеждението на българските власти, руските власти посочват, че временното свидетелство за самоличност на името на г-н Саид Шамилович Кадзоев е издадено от лица и орган, неизвестни на Руската федерация и поради това то не може да се счита за документ, доказващ руското гражданство на лицето. На 31 май 2007 г. по време на престоя му в дома за временно настаняване г-н Кадзоев подава молба за предоставяне на статут на бежанец. Жалбата му срещу отказа на българските административни органи да уважат тази молба е отхвърлена с решение на Административен съд София-град от На засегнатото лице подава втора молба за убежище, която обаче оттегля на 2 април същата година. На г-н Кадзоев подава трета подобна молба. С решение от Административен съд София-град отхвърля молбата на г-н Кадзоев и му отказва убежище. Решението не подлежи на обжалване. На 20 юли 2008 г. адвокатът на г-н Кадзоев подава молба за замяна на мярката за настаняване в дома за временно настаняване на чужденци с по-лека мярка, а именно с подписка в съответното полицейско управление по местопребиваване. Като приемат, че г-н Кадзоев в действителност няма адрес в България, компетентните органи отхвърлят тази молба с мотива, че не са изпълнени изискваните условия. На 22 октомври 2008 г. е подадена подобна молба, която също е отхвърлена. В решението си от 12 март 2009 г. Върховният административен съд приема също като Комисията за защита от дискриминация, произнесла се в рамките на административно производство, образувано по жалба на г-н Кадзоев и довело до производството пред Върховния административен съд, че тъй като не е възможно да се установи по несъмнен начин самоличността и гражданството на г-н Кадзоев, той следва да се счита за лице без гражданство. От определението за преюдициално запитване следва, че според Центъра за подпомагане на хора, преживели изтезания, Върховният комисариат за бежанците при Организацията на обединените нации и Amnesty International, г-н Кадзоев вероятно е бил жертва на изтезания, както и на унизително и нечовешко отношение в неговата страна по произход. Въпреки усилията, положени от българските власти, от някои неправителствени организации и от самия г-н Кадзоев за намирането на трета сигурна страна, която да може да го приеме, не е постигнато никакво споразумение и до настоящия момент той не е получил документи за пътуване. Така Република Австрия и Грузия, към които българските власти са отправили искане, са отказали да приемат г-н Кадзоев. От своя страна Република Турция, към която българските власти също са се обърнали, не е дала отговор. Административен съд София-град уточнява, че г-н Кадзоев продължава да е задържан в дома за временно настаняване. Делото в главното производство е образувано по представен от директора на дирекция „Миграция“ при Министерството на вътрешните работи административен акт с искане към тази юрисдикция да се произнесе служебно на основание член 46а, алинея 3 от Закона за чужденците по продължаването на задържането на г-н Кадзоев. Посочената юрисдикция отбелязва, че преди изменението на Закона за чужденците в Република България с цел транспонирането на Директива 2008/115 продължителността на настаняването в дом за временно настаняване не е била ограничена с никакъв срок. Тази юрисдикция посочва, че не съществуват преходни разпоредби, уреждащи случаите, в които са приети решения преди гореспоменатото изменение на закона. Поради това е наложително да се тълкува въпросът за приложимостта на произтичащите от тази директива нови правила към сроковете и основанията за продължаване на тези срокове най-вече поради обстоятелството, че в случая в главното производство максималната продължителност на задържане, предвидена във въпросната директива, е надхвърлена преди приемането ѝ. Освен това не съществува изрична разпоредба, която да уточнява дали в случай като този в главното производство посочените в член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 срокове трябва да се разглеждат като включващи периода на задържане на чужденеца, през който е съществувала законова забрана за изпълнение на административна мярка „принудително отвеждане до границата“ поради образуваното по молба на г-н Кадзоев производство за предоставяне на хуманитарен статут и статут на бежанец. Накрая посочената юрисдикция отбелязва, че ако се приеме, че не съществува никаква „разумна възможност за извеждане“ по смисъла на член 15, параграф 4 от Директива 2008/115, възниквал въпросът дали следва да се постанови незабавно освобождаване на чужденеца в съответствие с тази разпоредба. При тези условия Административен съд София-град решава да спре производството и да отправи до Съда следните преюдициални въпроси: „1) Следва ли член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 2008/115 […] да се тълкуват в смисъл, че: а) когато по националното право на държавата членка не са предвидени изисквания за максимален срок за задържане и основания за удължаването му до въвеждане на изискванията на тази директива, а при въвеждането ѝ не е предвидено обратно действие на новите разпоредби, то посочените разпоредби от същата директива се прилагат и включват период от време само след въвеждане на изискванията ѝ в националното право от държавата членка? б) в предвидените срокове за задържане с цел извеждане в специализирано място по същата директива не се включва период от време, през който е съществувала забрана за изпълнение на решение за извеждане от [територията на] държавата членка по силата на изрична правна норма поради провеждане на производство за предоставяне на убежище по подадена молба от гражданина на трета страна, макар и през време на това производство да е продължил да пребивава в същия специализиран дом за задържане, когато националното законодателство на държавата членка допуска това? 2) Следва ли член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 […] да се тълкуват в смисъл, че в предвидените срокове за задържане с цел извеждане в специализирано място по същата директива не се включва период от време, през който е съществувала забрана за изпълнение на решение за извеждане от [територията на] държавата членка по силата на изрична правна норма, поради наличие на производство по съдебно обжалване на това решение, макар и през време на това производство да е продължил да пребивава в същия специализиран дом за задържане, когато гражданинът не е притежавал валидни документи за самоличност и поради това съществува съмнение за личността му, не притежава средства за издръжка и има агресивно поведение? 3) Следва ли член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 […] да се тълкува в смисъл, че не е налице разумна възможност за извеждане, когато: а) към момента на преразглеждане на задържането от съда държавата по националната принадлежност на гражданина е отказала да му издаде документ за пътуване с цел завръщане и не е постигната към този момент договореност с трета страна за приемането му, макар да продължават да се полагат усилия от страна на административните органи в държавата членка? б) към момента на преразглеждане на задържането от съда съществува споразумение за обратно приемане между Европейската общност и държавата по националната принадлежност на гражданина на трета страна, но държавата членка не се е позовала на разпоредбите му поради наличие на ново доказателство — свидетелство за раждане на този гражданин, при условие че същият не желае завръщането си? в) предвидените възможности за удължаване на сроковете за задържане по член 15, параграф 6 от […] [Д]иректива [2008/115] са изчерпани, както и когато не е постигната договореност с трета страна за приемане [на засегнатото лице] към момента на преразглеждане на задържането му от съда във връзка с член 15, параграф 6, буква б) от [посочената директива]? 4) Следва ли член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 2008/115 […] да се тълкува в смисъл, че ако при преразглеждане на задържането с цел извеждане на гражданин на трета страна се установи, че не е налице разумна възможност за извеждането му и са изчерпани възможностите за удължаване срока на задържането му, то: а) не следва да се постанови незабавното му освобождаване и когато са налице кумулативно следните условия: гражданинът не притежава валидни документи за самоличност без оглед на срока им и поради това съществува съмнение за личността му, има агресивно поведение, не притежава никакви средства за издръжка и не съществува трето лице, което да е поело задължение да му осигури издръжка? б) при вземане на решение за освобождаване подлежат на преценка обстоятелствата дали гражданинът на трета страна притежава необходимите средства за престой на територията на държавата членка и адрес, на който да пребивава, според изискванията на националното право на държавата членка?“ По спешното производство Административен съд София-град прави искане настоящото преюдициално запитване да се разгледа по реда на спешното производство, предвидено в член 104б от Процедурния правилник. Запитващата юрисдикция мотивира това искане, като посочва, че по делото възниква въпросът дали следва да се продължи задържането на г-н Кадзоев в дома за временно настаняване или същият следва да се освободи. Предвид положението на това лице посочената юрисдикция отбелязва, че не би било уместно производството да бъде спряно за продължително време. След изслушване на генералния адвокат втори състав на Съда реши да уважи искането на запитващата юрисдикция за разглеждане на преюдициалното запитване по реда на спешното производство и да предостави делото на Съда с оглед на разпределянето му на голям състав. По преюдициалните въпроси По първия въпрос, буква а) С първия си въпрос, буква а) запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че предвидената в него максимална продължителност на задържане трябва да включва и периода на задържането, изтекъл, преди да стане приложим режимът по тази директива. Следва да се отбележи, че член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 определя максималната продължителност на задържането с цел извеждане. Ако периодът на задържане с цел извеждане, изтекъл, преди да стане приложим режимът по Директива 2008/115, не се вземе предвид при изчисляването на максималната продължителност на задържането, лица в положението на г-н Кадзоев биха могли да бъдат задържани за срокове, надхвърлящи максималните, предвидени в член 15, параграфи 5 и 6 от тази директива. Подобно положение не би било в съответствие с преследваната от посочените разпоредби от Директива 2008/115 цел да се гарантира, че във всички случаи задържането с цел отвеждане няма да надвиши осемнадесет месеца. Впрочем член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 се прилага незабавно по отношение на бъдещите последици от фактическа ситуация, възникнала при действието на предходната правна уредба. Поради това на първия въпрос, буква а) следва да се отговори, че член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че предвидената в него максимална продължителност на задържане трябва да включва периода на задържане, изтекъл в рамките на производство по извеждане, образувано, преди да стане приложим режимът по тази директива. По първия въпрос, буква б) С първия си въпрос, буква б) запитващата юрисдикция иска да се установи дали в изчисляването на предвидения в член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 срок на задържане с цел извеждане трябва да се включи периодът от време, през който е спряно изпълнението на решението за извеждане поради разглеждането на молба за предоставяне на убежище, подадена от гражданин на трета страна, когато по време на производството по тази молба последният е продължил да пребивава в дома за временно настаняване. Следва да се припомни, че съображение 9 от Директива 2008/115 гласи, че „[в] съответствие с Директива 2005/85 […], гражданин на трета страна, който е подал молба за убежище в държава членка, не следва да бъде считан за [незаконно пребиваващо лице] на територията на държавата членка, до влизането в сила на отрицателно решение относно молбата или на решение, прекратяващо правото му на [пребиваване] като кандидат за убежище“. По силата на член 7, параграфи 1 и 3 от Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 година за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище ( ОВ L 31, стр. 18 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 48) лицата, търсещи убежище, могат да се движат свободно на територията на държавата членка, където са приети, или в рамките на зона, която им е определена от тази държава членка, но ако е необходимо, държавите членки могат да задължат лицето, търсещо убежище, да пребивава на определено в съответствие с тяхното национално право място поради например правни съображения или по съображения за обществен ред. Член 21 от Директива 2003/9 гласи, че държавите членки гарантират, че отказът да бъдат предоставени преимуществата, предвидени от тази директива, или решенията, взети по силата на член 7, които засягат индивидуално лицата, търсещи убежище, могат да бъдат обжалвани по реда на производствата, предвидени в националното право. Предвижда се, поне като последна инстанция, възможност за обжалване по съдебен ред. Съгласно член 18, параграф 1 от Директива 2005/85 държавите членки не могат да задържат определено лице единствено на основание, че е кандидат за убежище, а съгласно параграф 2 от същия член, ако кандидат за убежище е задържан, държавите членки гарантират възможността за бърз съдебен контрол. Така задържането с цел извеждане, уредено в Директива 2008/115, и задържането, постановено спрямо лице, търсещо убежище, в частност по силата на Директива 2003/9, Директива 2005/85 и приложимите национални разпоредби, се обуславят от различни правни режими. Националната юрисдикция следва да провери дали пребиваването на г-н Кадзоев в дома за временно настаняване за периода, през който той е имал качеството на лице, търсещо убежище, отговаря на условията, предвидени в общностните и националните разпоредби относно предоставянето на убежище. Ако се окаже, че в рамките на производствата, образувани по молбите на г-н Кадзоев за предоставяне на убежище, посочени в точка 19 от настоящото решение, не е прието никакво решение относно настаняването му в дома за временно настаняване и че задържането му следователно е продължавало да се основава на предишния национален режим на задържане с цел извеждане или на режима по Директива 2008/115, периодът на задържане на г-н Кадзоев, съответстващ на времето, през което са били в ход посочените производства за предоставяне на убежище, трябва да се вземе предвид при изчисляването на периода на задържане с цел извеждане, посочен в член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115. Следователно на първия преюдициален въпрос, буква б) трябва да се отговори, че периодът, през който лице е било настанено в дом за временно настаняване въз основа на решение, прието съгласно националните и общностни разпоредби относно търсещите убежище лица, не трябва да се счита за задържане с цел извеждане по смисъла на член 15 от Директива 2008/115. По втория въпрос С този въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че периодът от време, през който е спряно изпълнението на заповедта за принудително отвеждане до границата поради обжалването ѝ по съдебен ред от засегнатото лице, се взема предвид при изчисляването на периода на задържане с цел извеждане, когато по време на това производство засегнатото лице е продължило да пребивава в дом за временно настаняване. В това отношение е необходимо да се отбележи, че член 13, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/115 предвижда по-конкретно, че засегнатият гражданин на трета страна има право на ефективни средства, за да се защити срещу решенията, свързани с връщането му, пред компетентен съдебен или административен орган, или пред компетентен орган, съставен от членове, които са безпристрастни и чиято независимост е гарантирана. Посочените органи са компетентни да преразглеждат решенията, свързани с връщането му, и могат по-конкретно да спират временно изпълнението им, освен ако такова спиране не следва от приложимото национално законодателство. Въпреки това нито член 15, параграф 5 и 6 от Директива 2008/115, нито някоя друга разпоредба от тази директива позволяват да се счита, че определени периоди на задържане с цел извеждане не трябва да се включват в максималната продължителност на задържане, определена в посочения член 15, параграфи 5 и 6, поради спирането на изпълнението на решението за извеждане. В частност следва да се отбележи, че спирането на изпълнението на решението за извеждане поради обжалването му по съдебен ред, не е сред основанията за продължаване на периода на задържане, предвидени в член 15, параграф 6 от Директива 2008/115. Така периодът на задържане на съответното лице, изтекъл по време на съдебното производството за контрол на законосъобразността на решението за извеждане, трябва да се вземе предвид при изчисляването на максималната продължителност на задържане, предвидена в член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115. В противен случай продължителността на задържане с цел извеждане би варирала, понякога в значителна степен, в зависимост от случаите в една и съща държава членка или в зависимост от държавата членка поради специфичните за националните съдебни производства особености и обстоятелства, което би влязло в противоречие с целта на член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 да се гарантира еднаква за държавите членки максимална продължителност на задържане. Решението от 29 януари 2009 г. по дело Petrosian (C-19/08, Сборник, стр. I-495), на което се позовава българското правителство, не опровергава горния извод. Всъщност в това дело, касаещо тълкуването на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна ( ОВ L 50, стр. 1 ; Специално издание на български език, глава 19, том 6, стр. 56) Съдът се е произнесъл, че когато в рамките на процедура за прехвърляне на лице, търсещо убежище, законодателството на държавата членка предвижда суспензивно действие на жалба, предвиденият в член 20, параграф 1, буква г) от този регламент срок за изпълнение на прехвърлянето тече не считано от съдебното решение за спиране на изпълнението на процедурата за прехвърляне, а едва от съдебното решение по основателността на процедурата, което вече не може да попречи на това изпълнение. Това тълкуване на член 20, параграф 1, буква г) от Регламент № 343/2003 не може да бъде пренесено в рамките на тълкуването на член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115. Всъщност, докато срокът, разглеждан в решението по дело Petrosian, посочено по-горе, определя времето, с което разполага отправилата искане държава членка, за да изпълни прехвърлянето на лице, търсещо убежище, към държавата членка, която е длъжна да го приеме обратно, то максималните срокове, предвидени в член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115, целят да ограничат лишаването от свобода на лицата. В допълнение последните срокове ограничават продължителността на задържането с цел извеждане, но не и провеждането на самото производство по извеждане. Поради това на втория въпрос следва да се отговори, че член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че периодът, през който е спряно изпълнението на заповедта за принудително отвеждане до границата поради обжалването ѝ по съдебен ред от засегнатото лице, се взема предвид при изчисляването на периода на задържане с цел извеждане, когато по време на производството по обжалване засегнатото лице е продължило да пребивава в дом за временно настаняване. По третия въпрос С този въпрос запитващата юрисдикция иска да се изясни с оглед на фактическите обстоятелства на конкретния случай по главното производство смисълът на член 15, параграф 4 от Директива 2008/115, и по-конкретно, на понятието „разумна възможност за извеждане“. По третия въпрос, буква в) С третия си въпрос, буква в) запитващата юрисдикция иска да се установи дали член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че не съществува разумна възможност за извеждане, когато са изчерпани възможностите за продължаване на предвидените в параграф 6 от същия член срокове за задържане, в случай че към момента на извършване на съдебен контрол на задържането на съответното лице не е сключено никакво споразумение с трета страна за обратно приемане. Необходимо е да се отбележи, че след като е изтекла максималната продължителност на задържането, предвидена в член 15, параграф 6 от Директива 2008/115, въпросът дали вече не съществува „разумна възможност за извеждане“ по смисъла на параграф 4 от същия член не се поставя. Всъщност в подобен случай съответното лице трябва при всяко положение да бъде освободено незабавно. Така член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 може да намери приложение само доколкото не са изтекли максималните срокове на задържане, предвидени в член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115. С оглед на горното на третия въпрос, буква в) следва да се отговори, че член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че не намира приложение, когато към момента на извършване на съдебен контрол на задържането на съответното лице са изчерпани възможностите за продължаване на сроковете за задържане, предвидени в член 15, параграф 6 от Директива 2008/115. По третия въпрос, букви а) и б) Относно третия въпрос, букви а) и б) следва да се подчертае, че съгласно член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 задържането престава да бъде оправдано и засегнатото лице се освобождава незабавно, когато стане ясно, че вече не съществува, по правни или други съображения, разумна възможност за извеждане. Както е видно от член 15, параграфи 1 и 5 от Директива 2008/115, задържането на лице с цел извеждането му може да продължава само докато процедурата по извеждане е в ход и се изпълнява надлежно и доколкото е необходимо, за да се гарантира успешното му извеждане. За да може да се приеме, че продължава да съществува „разумна възможност за извеждане“ по смисъла на член 15, параграф 4 от Директива 2008/115, трябва също така към момента на преразглеждане от националната юрисдикция на законосъобразността на задържането да е ясно, че съществува действителна възможност за успешно извеждане предвид сроковете, определени в член 15, параграфи 5 и 6 от тази директива. Така не съществува разумна възможност за извеждане, когато изглежда малко вероятно засегнатото лице да бъде прието от трета страна предвид посочените срокове. Предвид горното на третия въпрос, букви а) и б) следва да се отговори, че член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че само действителната възможност за успешно извеждане предвид сроковете, определени в параграфи 5 и 6 от същия този член, съответства на разумна възможност за извеждане и че последната не е налице, когато изглежда малко вероятно засегнатото лице да бъде прието от трета страна предвид посочените срокове. По четвъртия въпрос С този въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 2008/115 допуска, макар и да е изтекъл предвиденият в тази директива максимален период на задържане, засегнатото лице да не бъде освободено незабавно на основание, че не притежава валидни документи за самоличност, има агресивно поведение и не разполага със собствени средства за издръжка, нито с жилище или със средства, предоставени за тази цел от държавата членка. В това отношение следва да се подчертае, че както следва по-конкретно от точки 35, 52 и 59 от настоящото решение, член 15, параграф 6 от Директива 2008/115 не разрешава в никакъв случай да се надвишават определените в тази разпоредба максимални срокове. Възможността за задържане на лице по съображения, свързани с обществения ред и сигурност, не може да се основава на Директива 2008/115. При това положение никое от посочените от запитващата юрисдикция обстоятелства не може да представлява само по себе си основание за задържане съгласно разпоредбите на тази директива. С оглед на гореизложеното на четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска при изтичане на предвидения в Директивата максимален период на задържане засегнатото лице да не бъде незабавно освободено на основание, че не притежава валидни документи за самоличност, има агресивно поведение и не разполага със собствени средства за издръжка, нито с жилище или със средства, предоставени за тази цел от държавата членка. По съдебните разноски С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. По изложените съображения Съдът (голям състав) реши: 1) Член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, трябва да се тълкува в смисъл, че предвидената в него максимална продължителност на задържане трябва да включва периода на задържане, изтекъл в рамките на производство по извеждане, образувано, преди да стане приложим режимът по тази директива. 2) Периодът, през който лице е било настанено в дом за временно настаняване въз основа на решение, прието съгласно националните и общностни разпоредби относно търсещите убежище лица, не трябва да се счита за задържане с цел извеждане по смисъла на член 15 от Директива 2008/115. 3) Член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че периодът, през който е спряно изпълнението на заповедта за принудително отвеждане до границата поради обжалването ѝ по съдебен ред от засегнатото лице, се взема предвид при изчисляването на периода на задържане с цел извеждане, когато по време на производството по обжалване засегнатото лице е продължило да пребивава в дом за временно настаняване. 4) Член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че не намира приложение, когато към момента на извършване на съдебен контрол на задържането на съответното лице са изчерпани възможностите за продължаване на сроковете за задържане, предвидени в член 15, параграф 6 от Директива 2008/115. 5) Член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че само действителната възможност за успешно извеждане предвид сроковете, определени в параграфи 5 и 6 от същия този член, съответства на разумна възможност за извеждане и че последната не е налице, когато изглежда малко вероятно засегнатото лице да бъде прието от трета страна предвид посочените срокове. 6) Член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска при изтичане на предвидения в Директивата максимален период на задържане засегнатото лице да не бъде незабавно освободено на основание, че не притежава валидни документи за самоличност, има агресивно поведение и не разполага със собствени средства за издръжка, нито с жилище или със средства, предоставени за тази цел от държавата членка. Подписи ( *1 ) Език на производството: български.

61993CJ0427

es

Motivación de la sentencia 1 Mediante resoluciones de 22 de octubre (C-427/93), 21 de octubre (C-429/93) y 1 de noviembre de 1993 (C-436/93), recibidas en el Tribunal de Justicia el 25 y el 26 de octubre y el 4 de noviembre siguientes, respectivamente, el Soe- og Handelsretten i Koebenhavn (C-427/93 y C-429/93) y el Hoejesteret (C-436/93) plantearon, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40 p. 1; en lo sucesivo, "Directiva"), y sobre la interpretación del artículo 36 del Tratado CE. 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres litigios pendientes entre, por un lado, la sociedad Bristol-Myers Squibb, las sociedades C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG y Boehringer Ingelheim A/S (en lo sucesivo, "Boehringer"), y las sociedades Bayer Aktiengesellschaft y Bayer Danmark A/S (en lo sucesivo, "Bayer"), fabricantes de productos farmacéuticos, y, por otro, la sociedad Paranova A/S (en lo sucesivo, "Paranova"), que importa en Dinamarca diversos productos fabricados por las primeras. Marco jurídico 3 Conforme al artículo 36 del Tratado, las prohibiciones y restricciones a la importación que estén justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial están admitidas siempre que no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. 4 El artículo 5 de la Directiva, relativo a los "derechos conferidos por la marca", está redactado en los siguientes términos: "1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca. 2. [...] 3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2: a) poner el signo en los productos o en su presentación; b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo; c) importar productos o exportarlos con el signo; d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. [...]" 5 El artículo 7 de la Directiva establece el denominado principio del "agotamiento del derecho conferido por la marca", disponiendo: "1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización." 6 El Derecho danés fue adaptado a estas disposiciones mediante los artículos 4 y 6, respectivamente, de la Ley nº 341, de 6 de junio de 1991, relativa a las marcas de fábrica y comercio y a las marcas colectivas. Hechos y cuestiones prejudiciales 7 Bristol-Myers Squibb comercializa en diferentes Estados miembros productos farmacéuticos fabricados por ella misma o por una sociedad vinculada. Es titular de los derechos derivados del registro en Dinamarca de las marcas Capoten, Mycostatin, Vepesid, Vumon y Diclocil. El Capoten, utilizado como hipotensor, se comercializa en forma de comprimidos presentados en blisters. El Mycostatin es un compuesto contra las micosis bucales, comercializado en frascos. El Vepesid es un anticanceroso comercializado en tubos o en cápsulas presentados en blisters. El Vumon también es un anticanceroso presentado en forma de ampollas. El Diclocil es un antibiótico antiinfeccioso comercializado en forma de cápsulas presentadas en blisters. 8 Boehringer fabrica productos farmacéuticos en Alemania y los comercializa en toda la Comunidad. En Dinamarca, registró la marca Boehringer Ingelheim, que figura generalmente en los productos farmacéuticos de Boehringer, y las marcas Atrovent, Berodual, Berotec y Catapresan, que se utilizan para designar algunos productos farmacéuticos. El Atrovent, el Berodual y el Berotec están indicados para el tratamiento del asma bronquial y son vendidos en aerosoles. En todos los Estados miembros se comercializan en estuches que incluyen un aerosol, pero con un contenido diferente de principio activo. El Catapresan se utiliza en los casos de hipertensión arterial y se comercializa en forma de comprimidos presentados en blisters. 9 Bayer fabrica y comercializa en diferentes Estados miembros un producto farmacéutico bajo la denominación Adalat, marca que registró en Dinamarca, al igual que su nombre comercial, Bayer. El Adalat está indicado para el tratamiento de las enfermedades cardíacas y cardiovasculares. Durante varios años fue comercializado en Dinamarca en envases de treinta o cien comprimidos presentados en blisters de diez comprimidos cada uno. Desde 1990, sólo se comercializan en Dinamarca los envases de cien unidades. En los demás Estados miembros, el Adalat se comercializa en envases de diferentes tamaños que contienen, según los casos, veinte, treinta, cincuenta, sesenta o cien comprimidos. 10 Paranova es una sociedad distribuidora de productos farmacéuticos procedentes de importaciones denominadas paralelas. Adquirió por lotes los mencionados productos farmacéuticos en los Estados miembros en que los precios son relativamente bajos (Grecia, Reino Unido, España y Portugal) y los importó en Dinamarca, donde los vende por debajo del precio de venta oficial de los fabricantes, obteniendo beneficios. 11 Para su venta en Dinamarca, Paranova reenvasó todos los medicamentos en nuevos embalajes exteriores con una apariencia uniforme y una imagen propia, es decir, blancos con rayas de colores que corresponden a los colores de los embalajes de origen de los fabricantes. Sobre estos nuevos embalajes figuraban, en particular, las correspondientes marcas de los fabricantes y la indicación de que el producto había sido fabricado, respectivamente, por "Bristol-Myers Squibb", "Boehringer Ingelheim" y "Bayer", junto con la inscripción "importado y reenvasado por Paranova". 12 Respecto al Capoten, al Diclocil, al Catapresan y al Adalat, el reenvasado realizado por Paranova implicó un cambio en el tamaño del embalaje. 13 Por lo que se refiere, en particular, al Adalat, el embalaje danés utilizado por Bayer incluía la inscripción "Adalat 20 mg". Paranova importó el Adalat de Grecia, donde el producto se vendía en embalajes que contenían tres blisters de diez comprimidos. Lo reenvasó en nuevos embalajes en los que figuraba la denominación "Adalat retard" y contenían diez blisters de diez comprimidos. 14 Además de sustituir los embalajes exteriores, Paranova realizó las operaciones siguientes. 15 Por lo que se refiere al Vepesid y al Vumon, Paranova retiró los tubos y ampollas de los blisters que los contenían y colocó en cada tubo o ampolla una nueva etiqueta autoadhesiva que recubría la del fabricante. En esta nueva etiqueta figuraban impresas la marca de Bristol-Myers Squibb y las indicaciones "fabricado por Bristol-Myers Squibb" e "importado y reenvasado por Paranova". Después, volvió a poner los tubos y ampollas en los blisters de origen y los colocó en un nuevo embalaje exterior. Respecto al Mycostatin, al Atrovent, al Berodual y al Berotec, Paranova también recubrió las etiquetas de origen de los frascos o de los inhaladores con su propia etiqueta, indicando, entre otros datos, las marcas de los fabricantes. 16 En el caso del Vepesid, el Vumon, el Berodual y el Berotec, Paranova incluyó en los nuevos embalajes un prospecto redactado en danés. 17 En el embalaje del Mycostatin, Paranova sustituyó el atomizador contenido en el embalaje de origen por un atomizador que no procedía de Bristol-Myers Squibb. 18 Por otra parte, y de acuerdo con la normativa danesa en la materia, Paranova registró dichos productos, como especialidades farmacéuticas, en el Registro de especialidades farmacéuticas danés, utilizando las mismas denominaciones que los fabricantes. 19 Bristol-Myers Squibb y Boehringer iniciaron acciones contra Paranova ante el Soe- og Handelsretten, solicitando, en particular, que se obligara a la demandada a reconocer que había violado las marcas de las demandantes, al haberlas puesto, sin el consentimiento de éstas, en los productos que ofrece en venta, y que se le ordenara cesar de poner dichas marcas en los productos reenvasados y comercializados por ella. 20 Dicho órgano jurisdiccional decidió suspender los procedimientos y someter al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: "1) Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que el titular de una marca que ha comercializado una mercancía en un Estado miembro con una marca determinada no puede °salvo que sea aplicable el apartado 2 del artículo 7° oponerse a que un tercero importe la mercancía en otro Estado miembro para comercializarla en él con la misma marca, aunque el tercero haya incluido en el envase interior adhesivos en los que indica nuevamente la marca y haya sustituido el envase exterior por un nuevo embalaje en el que también vuelve a figurar la marca? Este Soe- en Handelsretten subraya que no desea que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre los casos en que se considera que la segunda frase del artículo 36 del Tratado justifica el reenvasado y la colocación de nuevos adhesivos, conforme a los principios establecidos en el asunto 102/77, sino únicamente sobre si debe entenderse el apartado 1 del artículo 7 en el sentido de que, además del principio del agotamiento del derecho conferido por la marca dentro de la Comunidad, implica también una limitación general de la facultad atribuida al titular de la marca en caso de utilización de ésta sin su consentimiento. 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede indicar el Tribunal de Justicia si el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104 implica que, después de transcurrido el plazo para dar cumplimento a ésta, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desarrollada en la citada sentencia 102/77 y con posterioridad a ella sólo tendrá una importancia subsidiaria, habida cuenta de que el derecho a reenvasar un producto deberá apreciarse principalmente a la luz de las disposiciones de Derecho nacional concordantes con el apartado 2 del artículo 7 de dicha Directiva?" 21 En el asunto C-427/93, el Soe- og Handelsretten planteó al Tribunal de Justicia, además, las dos siguientes cuestiones: "3) En la medida en que se considere que el apartado 1 del artículo 7 de la citada Directiva permite al importador paralelo poner nuevamente la marca, este Soe- og Handelsretten desea saber si el hecho de que la mercancía haya sido reenvasada debe considerarse como un 'motivo legítimo' en el sentido del apartado 2 del artículo 7. ¿Es importante, en particular, que el reenvasado y la colocación de otro adhesivo afecten al embalaje exterior, y no al embalaje interior? 4) En relación con la excepción contenida en la segunda frase del artículo 36 del Tratado y en el contexto de las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia en el asunto 102/77, este Soe- og Handelsretten desea saber qué puede considerarse, para un producto concreto, como compartimentación del mercado y, en particular, qué elementos deben tenerse en cuenta para apreciar si, para un producto concreto y en relación con el sistema de distribución aplicado por el titular de la marca, puede considerarse que existe una 'compartimentación artificial' de los mercados de los Estados miembros." 22 Bayer inició acciones judiciales contra Paranova ante el Soe- og Handelsretten, que desestimó sus pretensiones. Interpuso después un recurso ante el Hoejesteret, que planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: "1) La posibilidad, por parte del titular de la marca, de oponerse a que un importador paralelo sustituya todo o parte del embalaje original del producto de dicho titular por un nuevo embalaje en el que el importador paralelo pone de nuevo la marca, ¿debe apreciarse a la luz del Derecho de marcas nacional en relación sólo con los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, o es preciso tener en cuenta, además, las frases primera y segunda del artículo 36 del Tratado CE? 2) Para apreciar si el titular de la marca puede legítimamente reaccionar frente a estas prácticas, ¿es importante que pueda suponerse la existencia de una 'compartimentación artificial de los mercados' respecto a la comercialización de la mercancía de que se trate? Se pide al Tribunal de Justicia que precise, en su caso, la incidencia que tendría tal comprobación sobre la citada posibilidad de reaccionar por parte del titular. 3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿tiene incidencia sobre los derechos del titular de la marca el hecho de que éste haya tenido intención de provocar o de explotar tal compartimentación artificial de los mercados? Se pide al Tribunal de Justicia que precise, en su caso, la incidencia sobre tales derechos. 4) En relación con la tercera cuestión, ¿debe el importador paralelo demostrar o, al menos, presentar como probable la existencia de tal intención, o corresponde al titular de la marca demostrar o, al menos, presentar como probable que no era tal su intención? 5) El hecho de poner nuevamente la marca, en la forma descrita en la primera cuestión, ¿constituye, en sí mismo, un 'motivo legítimo' en el sentido del artículo 7 de la Directiva, o el titular de la marca debe justificar, además, la existencia de otros hechos, como la modificación o alteración del estado original del producto al ser comercializado por el importador paralelo?" 23 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1993 se acordó la acumulación de estos asuntos a efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia. Sobre la aplicación del artículo 7 de la Directiva 24 Mediante la primera cuestión del asunto C-436/93, el Hoejesteret desea saber básicamente si, para apreciar si el titular de un derecho de marca puede invocar su derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por su titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca sin autorización del titular, debe tenerse en cuenta el Derecho de marcas nacional en relación sólo con el artículo 7 de la Directiva, o si a dicho fin es preciso, además, tomar en consideración el artículo 36 del Tratado. 25 A este respecto debe recordarse en primer lugar que, cuando las Directivas comunitarias prevén la armonización de las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses contemplados en el artículo 36 del Tratado, toda medida nacional a este respecto debe apreciarse a la luz de las disposiciones de dicha Directiva, y no de los artículos 30 a 36 del Tratado (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 1977, Tedeschi, 5/77, Rec. p. 1555, apartado 35; de 30 de noviembre de 1983, Van Bennekom, 227/82, Rec. p. 3883, apartado 35; de 12 de octubre de 1993, Vanacker y Lesage, C-37/92, Rec. p. I-4947, apartado 9, y de 5 de octubre de 1994, Centre d' insémination de la Crespelle, C-323/93, Rec. p. I-5077, apartado 31). 26 Debe observarse, a continuación, que el artículo 7 de la Directiva, redactado en términos generales, regula de manera completa el agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los productos comercializados en la Comunidad. Por consiguiente, las normas nacionales en la materia deben apreciarse en relación con esta disposición. 27 Sin embargo, como cualquier normativa de Derecho derivado, la Directiva debe ser interpretada a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 36 (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de junio de 1992, Delhaize et Le Lion, C-47/90, Rec. p. I-3669, apartado 26, y de 2 de febrero de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, C-315/92, Rec. p. I-317, apartado 12). 28 Procede, pues, responder a la primera cuestión del asunto C-436/93 que, para apreciar si el titular de un derecho de marca puede invocar su derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por su titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca sin autorización del titular, debe tenerse en cuenta el Derecho de marcas nacional en relación con el artículo 7 de la Directiva interpretado a la luz del artículo 36 del Tratado. Sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 29 Mediante la primera cuestión planteada en los asuntos C-427/93 y C-429/93, el Soe- og Handelsretten desea saber, básicamente, si el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva se opone, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del mismo artículo, a que el titular de un derecho de marca invoque este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, aunque dicho importador haya reenvasado el producto y haya puesto nuevamente la marca sin autorización del titular. 30 A este respecto, debe recordarse que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva prevé que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de ésta para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 31 Esta disposición está redactada en términos que corresponden a los empleados por el Tribunal de Justicia en las sentencias que, interpretando los artículos 30 y 36 del Tratado, han reconocido en Derecho comunitario el principio del agotamiento del derecho de marca. Así lo recoge la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento [véanse, especialmente, las sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthrop, 16/74, Rec. p. 1183, apartados 7 a 11; de 17 de octubre de 1990, HAG, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 12 (en lo sucesivo, "sentencia HAG II"), y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, Rec. p. I-2789, apartados 33 y 34]. 32 No obstante, tanto las demandantes en el litigio principal como el Gobierno alemán han alegado que el único derecho conferido al importador paralelo por el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva es el derecho a revender los productos en la forma en que el titular de la marca los ha comercializado en otro Estado miembro. Añaden que el derecho exclusivo a poner la marca en un producto, conferido a su titular conforme al artículo 5 de la Directiva, no se agota. Por consiguiente, incluso al margen de las excepciones admitidas en el apartado 2 del artículo 7, el titular puede prohibir que se ponga la marca en productos reenvasados. 33 No puede acogerse esta argumentación. 34 En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 36 del Tratado resulta que, en determinadas circunstancias, el derecho exclusivo a poner la marca en un producto, conferido al titular de ésta, debe considerarse agotado con el fin de permitir a un importador comercializar con esta marca productos que hayan sido comercializados en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, y de 10 de octubre de 1978, American Home Products, 3/78, Rec. p. 1823, así como las sentencias dictadas el día de hoy en los asuntos Eurim-Pharm Arzneimittel, asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-0000, y MPA Pharma, C-232/94, Rec. p. I-0000). 35 La aceptación de la tesis según la cual el principio del agotamiento previsto en el apartado 1 del artículo 7 no puede aplicarse cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo en éste la marca implicaría, por consiguiente, una modificación importante de los principios derivados de los artículos 30 y 36 del Tratado. 36 Pues bien, ningún elemento permite afirmar que el artículo 7 de la Directiva tenga por objeto restringir el alcance de esta jurisprudencia. Por otro lado, tal efecto no sería admisible, puesto que una Directiva no puede justificar obstáculos al comercio intracomunitario, salvo en los límites tolerados por las normas del Tratado. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que la prohibición de restricciones cuantitativas y de medidas de efecto equivalente es válida no sólo para las medidas nacionales, sino igualmente para las medidas que emanan de las Instituciones comunitarias (véase, como más reciente, la sentencia de 9 de agosto de 1994, Meyhui, C-51/93, Rec. p. I-3879, apartado 11). 37 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión de los asuntos C-427/93 y C-429/93 que el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva se opone, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del mismo artículo, a que el titular de un derecho de marca invoque este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, aunque dicho importador haya reenvasado el producto y haya puesto nuevamente la marca sin autorización del titular. Sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 38 Mediante la segunda cuestión de los asuntos C-427/93 y C-429/93, las cuestiones tercera y cuarta del asunto C-427/93 y las cuestiones segunda, tercera, cuarta y quinta del asunto C-436/93, los órganos jurisdiccionales nacionales desean, básicamente, que se determine en qué condiciones el titular de un derecho de marca puede oponerse, en virtud del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico reenvasado por el importador y en el que se ha puesto de nuevo la marca del titular. A este respecto, los órganos jurisdiccionales nacionales preguntan, en particular, si la jurisprudencia sentada en el marco del artículo 36 del Tratado es pertinente para la aplicación del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva. Se pide al Tribunal de Justicia que, en su caso, señale la importancia y el contenido de los conceptos de "compartimentación artificial de los mercados" y de "afectación del estado original del producto", elaborados por esta jurisprudencia. 39 El apartado 2 del artículo 7 de la Directiva prevé que el titular de un derecho de marca podrá oponerse a la comercialización ulterior de los productos cuando exista un motivo legítimo y, en especial, cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización. El empleo de los términos "en especial" demuestra que el supuesto contemplado sólo se ofrece a modo de ejemplo. 40 En efecto, debe considerarse que el artículo 7 de la Directiva, al igual que el artículo 36 del Tratado, tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, por lo que ambas disposiciones, que persiguen el mismo resultado, deben interpretarse de la misma manera. 41 Por consiguiente, para determinar si, en virtud del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, el titular de una marca puede oponerse a la comercialización de productos reenvasados en los que se ha puesto de nuevo la marca, hay que basarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sentada en el marco del artículo 36. 42 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva que el artículo 36 sólo admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial y comercial de que se trate. 43 Por lo que se refiere al derecho de marca, el Tribunal de Justicia ha declarado que constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos con ella designados han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (sentencias, antes citadas, HAG II, apartado 13, e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, apartados 37 y 45). 44 Por consiguiente, como ha afirmado este Tribunal de Justicia en varias ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca (véanse, en particular, las sentencias Hoffmann-La Roche, antes citada, apartado 7; de 3 de diciembre de 1981, Pfizer, 1/81, Rec. p. 2913, apartado 7; HAG II, antes citada, apartado 14, e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, antes citada, apartado 33). 45 De ello resulta en particular que, como se ha recordado anteriormente, el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento (véanse, en particular, las citadas sentencias Winthrop, apartados 7 a 11; HAG II, apartado 12, e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, apartados 33 y 34). 46 En efecto, el objeto del derecho de marca no es permitir a los titulares compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros. Es cierto que, especialmente en el mercado de los productos farmacéuticos, tales diferencias de precios pueden resultar de factores sobre los que los titulares de marcas no ejercen ningún control, en particular de las normativas, que difieren de un Estado miembro a otro, relativas a la fijación de los precios máximos, de los márgenes de beneficio de los mayoristas de productos farmacéuticos y de las farmacias o de los límites de reembolso de los gastos médicos en los regímenes de seguro de enfermedad. Pues bien, las distorsiones causadas por la existencia de una normativa sobre precios diferente en un Estado miembro deben remediarse a través de medidas adoptadas por las autoridades comunitarias y no mediante la introducción, por parte de otro Estado miembro, de medidas incompatibles con las normas relativas a la libre circulación de mercancías (véase, en particular, la sentencia Winthrop, antes citada, apartados 16 y 17). 47 Para responder a la cuestión de si el derecho exclusivo reconocido al titular de la marca implica la facultad de oponerse a la utilización de la marca por un tercero tras el reenvasado del producto, debe tenerse en cuenta la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia. Esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca que le es ofrecido no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca y que haya afectado al estado original del producto (sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y Pfizer, apartado 8). 48 De ello se desprende que el derecho, reconocido al titular de la marca, de oponerse a cualquier utilización de ésta que pueda falsear la garantía de procedencia así entendida forma parte del objeto específico del derecho de marca, cuya protección puede justificar excepciones al principio fundamental de libre circulación de mercancías (sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y Pfizer, apartado 9). 49 En la citada sentencia Hoffmann-La Roche, el Tribunal de Justicia declaró que, conforme a estos principios, el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento cuando dicho importador ha envasado el producto en un nuevo embalaje en el que ha vuelto a colocar la marca, a menos que ° se acredite que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros; ° se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto; ° el titular de la marca haya sido previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado, y ° se indique en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto. 50 Según esta jurisprudencia, el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva debe, pues, interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que se cumplan los cuatro requisitos enunciados en la sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada. 51 No obstante, esta jurisprudencia debe precisarse, a la vista de las alegaciones invocadas en los presente asuntos y en Eurim-Pharm Arzneimittel (asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-0000) y MPA Pharma (C-232/94, Rec. p. I-0000), en los que este Tribunal de Justicia ha dictado sentencia hoy. Sobre la compartimentación artificial de mercados entre Estados miembros 52 Debe observarse, a este respecto, que la utilización del derecho de marca por parte de su titular para oponerse a la comercialización, con esta marca, de productos reenvasados por un tercero contribuiría a compartimentar los mercados entre Estados miembros, especialmente si el titular ha comercializado, en diferentes Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diversos y el producto no puede ser importado y comercializado en otro Estado miembro por un importador paralelo tal y como ha sido comercializado por el titular del derecho en un Estado miembro. 53 Por consiguiente, el titular de la marca no puede oponerse al reenvasado del producto en un nuevo embalaje exterior cuando el embalaje, en el tamaño utilizado por el titular en el Estado miembro en el que el importador ha comprado el producto, no puede ser comercializado en el Estado miembro de importación, debido, en particular, a la existencia de una normativa que sólo autoriza los embalajes de cierto tamaño o de un práctica nacional en este sentido, de normas en materia del seguro de enfermedad que subordinan el reembolso de los gastos médicos al tamaño del embalaje o de prácticas de prescripción médica consolidadas que se basen, entre otras, en las normas sobre dimensión recomendadas por agrupaciones profesionales y por las entidades del seguro de enfermedad. 54 A este respecto, debe precisarse que, cuando, según las normas y prácticas vigentes en el Estado miembro de importación, el titular utiliza en éste embalajes de varios tamaños diferentes, la circunstancia de que uno de estos tamaños también se comercialice en el Estado miembro de exportación no basta para llegar a la conclusión de que no es necesario reenvasar el producto. En efecto, existiría una compartimentación de los mercados si el importador sólo pudiera comercializar el producto en una parte limitada del mercado de éste. 55 Por el contrario, el titular puede oponerse al reenvasado del producto en un nuevo embalaje exterior cuando el importador puede confeccionar un embalaje comercializable en el Estado miembro de importación, por ejemplo, adhiriendo en el embalaje original exterior o interior nuevas etiquetas redactadas en la lengua del Estado miembro de importación, añadiendo otro prospecto o folleto informativo en la lengua del Estado miembro de importación o sustituyendo un artículo suplementario que no pueda ser autorizado en el Estado miembro de importación por un artículo similar que haya obtenido tal autorización. 56 En efecto, la facultad del titular de un derecho de marca protegido en otro Estado miembro de oponerse a que productos reenvasados se comercialicen con esa marca sólo debe limitarse en la medida en que el reenvasado efectuado por el importador sea necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación. 57 Por último, debe precisarse que, en contra de lo alegado por las demandantes en los litigios principales, la utilización por parte del Tribunal de Justicia de la expresión "compartimentación artificial de los mercados" no implica que el importador deba demostrar que, al comercializar en diferentes Estados miembros un producto idéntico en envases diversos, el titular de la marca haya intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros. En efecto, al precisar que debe tratarse de una compartimentación artificial, el Tribunal de Justicia quiso subrayar que el titular siempre puede invocar su derecho de marca para oponerse a la comercialización de productos reenvasados si ello está justificado por la necesidad de proteger la función esencial de la marca, en cuyo caso no puede considerarse que la consiguiente compartimentación sea artificial. Sobre la afectación del estado original del producto 58 Considerando las alegaciones presentadas por las demandantes en los litigios principales, debe precisarse en primer lugar que el concepto de afectación del estado original del producto se refiere al estado del producto contenido en el embalaje. 59 El titular de un derecho de marca puede, pues, oponerse a cualquier reenvasado que implique el riesgo de exponer el producto contenido en el embalaje a manipulaciones o influencias que afecten a su estado original. Para apreciar si es así, debe tenerse en cuenta, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 10 de la citada sentencia Hoffmann-La Roche, la naturaleza del producto y el procedimiento de reenvasado. 60 Por lo que se refiere a los productos farmacéuticos, del mismo apartado de la citada sentencia Hoffmann-La Roche resulta que debe considerarse que el reenvasado se ha realizado en circunstancias que no pueden afectar al estado original del producto, especialmente cuando el titular de la marca ha comercializado el producto en un doble embalaje y el reenvasado sólo afecta al embalaje exterior, dejando intacto el embalaje interior, o cuando el reenvasado es controlado por una autoridad pública con el fin de garantizar la integridad del producto. 61 De esta jurisprudencia resulta, pues, que el mero hecho de retirar los blisters, los frascos, los tubos, las ampollas o los inhaladores de su embalaje exterior de origen y colocarlos en un nuevo embalaje exterior no basta para afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. 62 Sin embargo, las demandantes en el litigio principal han alegado que incluso tales manipulaciones implican el riesgo de afectar al estado original del producto. Así, los blisters procedentes de diferentes embalajes de origen y que se agrupan en un embalaje exterior único podrían proceder de lotes de producción diferentes y podrían tener diferentes fechas de caducidad, los productos podrían estar almacenados durante demasiado tiempo y los productos sensibles a la luz podrían deteriorarse al contacto con ésta durante el reenvasado. 63 No puede acogerse esta argumentación. En efecto, no puede admitirse que cualquier riesgo hipotético de error aislado baste para reconocer al titular de la marca el derecho a oponerse a cualquier reenvasado de los productos farmacéuticos en nuevos embalajes exteriores. 64 Por lo que se refiere a las operaciones consistentes en colocar etiquetas autoadhesivas en los frascos, tubos, ampollas o inhaladores, en añadir al embalaje nuevos prospectos o folletos informativos redactados en la lengua del Estado de importación o en incluir un artículo suplementario, como un atomizador, que no procede del titular de la marca, no existen motivos para presumir que el estado original del producto contenido en el embalaje resulte directamente afectado por tales operaciones. 65 No obstante, debe reconocerse que, de manera indirecta, el estado original del producto contenido en el embalaje puede resultar afectado cuando, en particular, ° el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no incluyen ciertas informaciones importantes, o mencionan informaciones inexactas sobre la naturaleza del producto, su composición, sus efectos, su utilización o su conservación, o ° el artículo suplementario incluido por el importador en el embalaje y destinado a la ingestión y dosificación del producto no respeta el modo de empleo y las dosis previstos por el fabricante. 66 Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si es éste el caso, realizando, en particular, una comparación con el producto comercializado por el titular de la marca en el Estado miembro de importación. Sin embargo, no debe excluirse la posibilidad de que el importador facilite algunas informaciones adicionales, siempre que éstas no contradigan las proporcionadas por el titular en el Estado miembro de importación, requisito éste que se cumple si se trata precisamente de informaciones diferentes derivadas del envase utilizado por el titular en el Estado miembro de exportación. Sobre las demás exigencias que debe cumplir el importador paralelo 67 En el caso de que el reenvasado se realice en condiciones que no puedan afectar al estado original del producto contenido en el embalaje, la función esencial de la marca como garantía de procedencia queda protegida. Así, el consumidor o el usuario final no se ve inducido a error sobre la procedencia de los productos, sino que recibe efectivamente productos fabricados bajo el control único del titular de la marca. 68 Pues bien, debe señalarse que aunque, en tales circunstancias, la conclusión según la cual el titular no puede invocar su derecho de marca para oponerse a la comercialización con ésta de productos reenvasados por un importador se impone con el fin de garantizar la libre circulación de mercancías, dicha conclusión equivale, sin embargo, a reconocer al importador una cierta facultad que, en circunstancias normales, está reservada al propio titular. 69 En interés del titular, como propietario de la marca, y para protegerle de cualquier abuso, procede, por tanto, como declaró el Tribunal de Justicia en la citada sentencia Hoffmann-La Roche, no admitir esta facultad más que en la medida en que el importador respete algunas otras exigencias. 70 Así, habida cuenta del interés del titular de la marca en que el consumidor o el usuario final no sea inducido a creer que dicho titular es responsable del reenvasado, debe indicarse en el embalaje quién ha reenvasado el producto. 71 Como el Tribunal de Justicia ya ha precisado, dicha indicación debe resultar claramente del embalaje exterior del producto reenvasado (sentencias Hoffmann-La Roche, apartado 12, y Pfizer, apartado 11, antes citadas). Ello implica, como señala el Abogado General en el punto 128 de sus conclusiones, que el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar si la indicación va impresa de manera que pueda ser comprendida por una persona con una vista normal y un grado de atención normal. 72 En cambio, no puede exigirse que, además, el embalaje señale expresamente que el reenvasado ha sido realizado sin autorización del titular de la marca, ya que tal indicación puede interpretarse, como observa el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, como signo de que el producto reenvasado no es totalmente regular. 73 No obstante, si el importador paralelo ha incluido en el embalaje un artículo suplementario que no procede del titular de la marca, debe procurar que el origen del artículo suplementario sea indicado, con el fin de disipar cualquier impresión de que el titular de la marca es responsable de tal artículo. 74 Igualmente, como resulta del apartado 11 de la citada sentencia Pfizer, puede exigirse que se indique claramente en el embalaje exterior quién ha fabricado el producto, ya que, en efecto, el fabricante puede tener interés en que no se induzca al consumidor o al usuario final a creer que el importador es titular de la marca y que el producto ha sido fabricado bajo su control. 75 Incluso cuando el autor del reenvasado del producto figure en el embalaje, no puede excluirse la posibilidad de que la reputación de la marca y, por consiguiente, la del titular de ésta resulten, de todos modos, perjudicadas por una presentación inadecuada del producto reenvasado. En tal caso, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización del producto. Para apreciar si la presentación del producto reenvasado puede perjudicar la reputación de la marca, debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el mercado al que va destinado. 76 En relación con los productos farmacéuticos, debe señalarse necesariamente que se trata de un ámbito sensible en el que el público es particularmente exigente en lo que atañe a la calidad e integridad del producto y que, de hecho, la presentación del producto puede inspirar la confianza del público a este respecto. Por consiguiente, un embalaje defectuoso, de mala calidad o descuidado podría perjudicar la reputación de la marca. 77 A cuanto se ha expuesto hay que añadir que las exigencias que debe cumplir la presentación de un producto farmacéutico reenvasado varían según se trate de un producto vendido a los hospitales o, a través de las farmacias, a los consumidores. En el primer caso, los productos farmacéuticos son administrados a los pacientes por profesionales, para los que la presentación del producto no tiene una gran importancia. En el segundo caso, la presentación del producto reviste una importancia mayor para el consumidor, aunque, tratándose de productos sujetos a prescripción médica, esta circunstancia puede, en sí misma, inspirar a los consumidores una cierta confianza en la calidad del producto. 78 Por último, como el Tribunal de Justicia señaló en la citada sentencia Hoffmann-La Roche, el titular de la marca debe ser previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado. Además, el titular puede exigir que el importador le proporcione, antes de la comercialización, un ejemplar del producto reenvasado, con el fin de poder verificar que el reenvasado no se ha realizado de forma que afecte directa o indirectamente al estado original del producto y que la presentación después del reenvasado no puede perjudicar la reputación de la marca. Asimismo, tal exigencia permite al titular de la marca protegerse mejor de las actividades de quienes infringen el derecho de marca. 79 A la vista de todas estas consideraciones, procede responder a la segunda cuestión de los asuntos C-427/93 y C-429/93, a las cuestiones tercera y cuarta del asunto C-427/93 y a las cuestiones segunda, tercera, cuarta y quinta del asunto C-436/93 que el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que: ° se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros; ° se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar los blisters, frascos, tubos, ampollas o inhaladores de su embalaje exterior de origen para colocarlos en un nuevo embalaje exterior, en fijar etiquetas autoadhesivas en el embalaje interior del producto, en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo o en incluir en él un artículo suplementario. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas, o por el hecho de que un artículo suplementario incluido en el embalaje por el importador y destinado a la ingestión y dosificación del producto no respete el modo de empleo y las dosis previstos por el fabricante; ° se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. Asimismo, el origen de un artículo suplementario que no proceda del titular de la marca debe indicarse de manera que disipe cualquier impresión de que el titular de la marca es responsable de tal artículo. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca; ° la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y ° el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado. Decisión sobre las costas Costas 80 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido, y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante los órganos jurisdiccionales nacionales, corresponde a éstos resolver sobre las costas. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Soe- og Handelsretten i Koebenhavn, mediante resoluciones de 22 de octubre (C-427/93) y 21 de octubre de 1993 (C-429/93), y por el Hoejesteret, mediante resolución de 1 de noviembre de 1993 (C-436/93), declara: 1) Para apreciar si el titular de un derecho de marca puede invocar su derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por su titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca sin autorización del titular, debe tenerse en cuenta el Derecho de marcas nacional en relación con el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, interpretado a la luz del artículo 36 del Tratado CE. 2) El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104 se opone, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del mismo artículo, a que el titular de un derecho de marca invoque este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, aunque dicho importador haya reenvasado el producto y haya puesto nuevamente la marca sin autorización del titular. 3) El apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, a menos que: ° se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros; ° se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar los blisters, frascos, tubos, ampollas o inhaladores de su embalaje exterior de origen para colocarlos en un nuevo embalaje exterior, en fijar etiquetas autoadhesivas en el embalaje interior del producto, en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo o en incluir en él un artículo suplementario. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas o por el hecho de que un artículo suplementario incluido en el embalaje por el importador y destinado a la ingestión y dosificación del producto no respete el modo de empleo y las dosis previstos por el fabricante; ° se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. Asimismo, el origen de un artículo suplementario que no proceda del titular de la marca debe indicarse de manera que disipe cualquier impresión de que el titular de la marca es responsable de tal artículo. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca; ° la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y ° el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.

62012CJ0105

sv

Respektive begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 63 FEUF och 345 FEUF. Respektive begäran har framställts i mål mellan å ena sidan Staat der Nederlanden och å andra sidan Essent NV, Essent Nederland BV, Eneco Holding NV och Delta NV (nedan tillsammans kallade Essentbolagen). Dessa bolag ägnar sig framför allt åt att producera, leverera och handla med el och gas i Nederländerna. Målen rör frågan huruvida det är förenligt med unionsrätten att ha en nationell lagstiftning som förbjuder, för det första, överlåtelse till privata aktörer av aktier i systemansvariga för distributionssystem för el och gas som är verksamma i Nederländerna (nedan kallat privatiseringsförbudet), för det andra, kopplingar i form av ägande eller kontroll mellan å ena sidan bolag som ingår i en koncern i vilken en systemansvarig för sådana distributionssystem också ingår och å andra sidan bolag som ingår i en koncern som äger ett företag som producerar, leverarar eller handlar med el eller gas i Nederländerna (nedan kallat koncernförbudet), och, för det tredje, handlingar och verksamheter som utförs av den systemansvarige eller den koncern som denne ingår i som kan vara till nackdel för nätdriften (nedan kallat förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften). Tillämpliga bestämmelser Unionsrätt Direktiv 2003/54/EG Skälen 4–8, 10 och 23 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG ( EUT L 176, s. 37 ), lydde på följande sätt: ”(4) De friheter som de europeiska medborgarna garanteras genom [EG‑]fördraget – fri rörlighet för varor, friheten att tillhandahålla tjänster och etableringsfriheten – kan endast säkras på en fullständigt öppnad marknad där alla konsumenter fritt kan välja leverantör och där alla leverantörer kan leverera fritt till sina kunder. (5) De största hindren på vägen mot en fullt fungerande och konkurrensutsatt inre marknad rör bland annat tillträde till näten, nätavgifter och skillnaderna medlemsstaterna emellan i fråga om marknadernas öppenhet. (6) En fungerande konkurrens kräver att nättillträdet garanteras utan diskriminering, på ett sätt som medger insyn och till rimliga priser. (7) För att fullborda den inre marknaden för el är det av avgörande betydelse att tillträdet till nätet tillhörande den systemansvarige för överförings- eller distributionssystemet är icke-diskriminerande. Den systemansvarige för överförings- eller distributionssystemet kan utgöras av ett eller flera företag. (8) För att se till att tillträdet till nätet är effektivt och icke-diskriminerande är det lämpligt att systemen för distribution och överföring drivs genom juridiskt åtskilda enheter när vertikalt integrerade företag existerar. [Europeiska k]ommissionen bör utvärdera åtgärder med motsvarande verkan som utvecklats av medlemsstaterna i syfte att uppnå målet med detta krav, och, när så är lämpligt, inkomma med förslag till ändringar av detta direktiv. Det är också lämpligt att den systemansvarige för distributions- och överföringssystemet har faktisk rätt att fatta beslut när det gäller de tillgångar som behövs för att underhålla, driva och utveckla nät när tillgångarna i fråga ägs och drivs av vertikalt integrerade företag. Det måste garanteras att de systemansvariga för distributions- och överföringssystem är oberoende av framför allt produktions- och leveransintressen. Därför måste oberoende ledningsstrukturer införas i förhållandet mellan systemansvariga för distributions- och överföringssystem och produktions- eller leveransföretag. Det är dock viktigt att skilja mellan en sådan juridisk åtskillnad och åtskillnad beträffande ägandet. Juridisk åtskillnad innebär inte ändringar beträffandet ägandet av tillgångarna, och ingenting hindrar att liknande eller identiska anställningsvillkor gäller i hela de vertikalt integrerade företagen. Ett icke-diskriminerande beslutsförfarande bör emellertid säkerställas genom organisatoriska åtgärder avseende de ansvariga beslutsfattarnas oberoende. … (10) Även om detta direktiv inte omfattar frågor om äganderätt erinras det om att när det gäller ett företag som bedriver överförings- eller distributionsverksamhet och som till sin juridiska form är åtskilt från de företag som bedriver produktions och/eller leveransverksamhet får utsedda systemansvariga utgöras av samma företag som äger infrastrukturen. … (23) Av försörjningstrygghetsskäl bör balansen mellan tillgång och efterfrågan i varje enskild medlemsstat bevakas, varefter en rapport bör utarbetas om situationen i gemenskapen som helhet med hänsyn till sammanlänkningskapaciteten mellan områden. … Underhåll och anläggning av nödvändig nätinfrastruktur inbegripet sammanlänkningskapaciteten och decentraliserad elproduktion, är viktiga förutsättningar för att garantera en stabil elförsörjning.” Artikel 15 i direktivet har rubriken ”Åtskillnad av systemansvariga för distributionssystemet” och där föreskrivs följande: ”1.   Om den systemansvarige för distributionssystemet utgör en del av ett vertikalt integrerat företag skall denne åtminstone vad avser juridisk form, organisation och beslutsfattande vara oberoende av annan verksamhet utan samband med distribution. Dessa regler skall inte ge upphov till någon skyldighet att skilja ägandet av tillgångar i distributionssystemet från det vertikalt integrerade företaget. 2.   Utöver de krav som fastställts i punkt 1 skall den systemansvarige för distributionssystemet, om denne utgör en del av ett vertikalt integrerat företag, med avseende på sin organisation och sitt beslutsfattande vara oberoende av annan verksamhet utan samband med distribution. För att uppnå detta skall följande minimikriterier gälla: a) De personer som ansvarar för ledningen för den systemansvarige för distributionssystemet får inte ingå i företagsstrukturer i det integrerade elföretag som direkt eller indirekt ansvarar för den dagliga driften avseende produktion, överföring, leverans av el. b) Lämpliga åtgärder skall vidtas för att se till att de yrkesmässiga intressena hos de personer som ansvarar för ledningen för den systemansvarige för distributionssystemet beaktas på ett sätt som garanterar att dessa personer kan agera självständigt. c) Den systemansvarige för distributionssystemet skall ha faktisk beslutanderätt, oberoende av det integrerade elföretaget, när det gäller de tillgångar som behövs för att trygga drift, underhåll eller utbyggnad av nätet. Detta bör inte hindra förekomsten av lämpliga samordningsmekanismer för att garantera att moderbolagets ekonomiska och förvaltningsmässiga övervakningsrättigheter när det gäller avkastningen, som regleras indirekt i artikel 23.2, i ett dotterbolag skyddas. Detta skall särskilt göra det möjligt för moderbolaget att godkänna den årliga finansieringsplan eller det motsvarande instrument som upprättas av den systemansvarige för distributionssystemet och att fastställa övergripande gränser för dess dotterbolags skuldsättningsnivåer. Det skall inte vara tillåtet för moderbolaget att ge instruktioner för den löpande verksamheten eller om enskilda beslut beträffande uppförande eller renovering av distributionsnät, så länge dessa beslut inte överskrider villkoren i den godkända finansieringsplanen eller motsvarande instrument. d) Den systemansvarige för distributionssystemet skall upprätta en övervakningsplan, där det anges vilka åtgärder som vidtagits för att motverka diskriminerande beteende och se till att planen följs. … …” Direktiv 2003/55/EG Skälen 4, 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG ( EUT L 176, s. 57 ) var till sin lydelse identiska med skälen 4, 5 och 6 i direktiv 2003/54, och skälen 8 och 23 i direktiv 2003/55 motsvarade i tillämpliga delar skälen 7 och 23 i direktiv 2003/54. I skälen 9 och 10 i direktiv 2003/55 angavs följande: ”(9) När det gäller ett gasföretag som bedriver överförings-, distributions- eller lagringsverksamhet eller verksamhet avseende kondenserad naturgas (LNG) och som i sin juridiska form är skilt från de företag som bedriver produktions- och/eller leveransverksamhet kan de som utsetts till systemansvariga vara samma företag som äger infrastrukturen. (10) För att se till att tillträdet till nätet är effektivt och icke-diskriminerande är det lämpligt att systemen för distribution och överföring drivs genom juridiskt åtskilda enheter när vertikalt integrerade företag existerar. Kommissionen bör utvärdera åtgärder med motsvarande verkan som utvecklats av medlemsstaterna i syfte att uppnå målet med detta krav, och, när så är lämpligt, inkomma med förslag till ändringar av detta direktiv. Det är också lämpligt att den systemansvarige för överförings- eller distributionssystemet har faktisk rätt att fatta beslut när det gäller de tillgångar som behövs för att underhålla, driva och utveckla nät när tillgångarna i fråga ägs och drivs av vertikalt integrerade företag. Det är dock viktigt att skilja mellan en sådan juridisk åtskillnad och åtskillnad beträffande ägandet. Juridisk åtskillnad innebär inte någon ändring beträffande ägandet av tillgångarna, och ingenting hindrar att liknande eller identiska anställningsvillkor tillämpas i hela de vertikalt integrerade företagen. Ett icke-diskriminerande beslutsförfarande bör emellertid säkerställas genom organisatoriska åtgärder avseende de ansvariga beslutsfattarnas oberoende.” Artikel 13 i direktivet hade rubriken ”Åtskillnad av systemansvariga för distributionssystemet” och gavs efter viss anpassning samma lydelse som artikel 15 i direktiv 2003/54. Direktiv 2009/72/EG Följande anges i skälen 3, 4, 7, 9–12, 15, 16, 21, 25, 26 och 44 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG ( EUT L 211, s. 55 ): ”3) De friheter som Europeiska unionens medborgare garanteras genom fördraget – bland annat, fri rörlighet för varor, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster – kan endast uppnås på en fullständigt öppnad marknad, där alla konsumenter fritt kan välja handlare och där alla handlare kan leverera fritt till sina kunder. (4) Det föreligger för närvarande hinder mot att sälja el på lika villkor och utan diskriminering eller nackdelar i [unionen]. Framför allt finns det ännu inte något icke-diskriminerande nättillträde eller någon myndighetstillsyn som är lika effektiv i alla medlemsstater. … (7) I kommissionens meddelande av den 10 januari 2007 med titeln ”En energipolitik för Europa” framhävdes betydelsen av att fullborda den inre marknaden för el och skapa lika villkor för alla elföretag i [unionen]. Kommissionens meddelanden av den 10 januari 2007”Om utsikterna för den inre el- och gasmarknaden” och ”Utredning i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1/2003 av de europeiska gas- och elsektorerna (slutrapport)” visade att nuvarande regler och åtgärder inte tillhandahåller den ram som krävs för att målet om en välfungerande inre marknad ska kunna uppnås. … (9) Utan effektiv åtskillnad mellan nätverksamhet och verksamheter som rör produktion och leverans (”effektiv åtskillnad”) finns det en inneboende risk för diskriminering, inte bara i samband med nätdriften utan även när det gäller incitamenten för de vertikalt integrerade företagen att göra de investeringar i näten som krävs. (10) De regler för rättslig och funktionell åtskillnad som anges i direktiv 2003/54/EG har emellertid inte medfört någon effektiv åtskillnad av systemansvariga för överföringssystem. Därför uppmanades kommissionen vid Europeiska rådets möte den 8 – 9 mars 2007 att utarbeta lagförslag för effektiv åtskillnad mellan leverans och produktion, å ena sidan, och nätverksamhet, å andra sidan. (11) Effektiv åtskillnad kan bara säkras genom att man undanröjer incitamentet för vertikalt integrerade företag att diskriminera konkurrenterna i samband med nättillträde och investeringar. Åtskilt ägande, vilket innebär att nätägaren utses till systemansvarig och att nätägaren är oberoende av leverans- eller produktionsintressen, är helt klart en effektiv och stabil metod för att lösa inbyggda intressekonflikter och säkra försörjningstryggheten. Europaparlamentet hänvisar därför i sin resolution av den 10 juli 2007 om utsikterna för den inre gas- och elmarknaden [ EUT C 175 E, 2008, s. 206 ] till åtskilt ägande av överföringsnäten som det effektivaste verktyget för att främja investeringar i infrastruktur på ett icke-diskriminerande sätt och trygga ett rättvist nättillträde för nya aktörer och transparens på marknaden. Vid åtskilt ägande bör det därför ställas krav på medlemsstaterna att säkerställa att en eller flera personer inte kontrollerar ett produktionsföretag eller ett elhandelsföretag samtidigt som den eller de utövar kontroll över eller rättigheter gentemot en systemansvarig för överföringssystemet eller ett överföringssystem. Omvänt bör kontroll över ett överföringssystem eller en systemansvarig för överföringssystemet utesluta möjligheten att utöva kontroll över eller rättigheter gentemot ett produktionsföretag eller ett elhandelsföretag. Inom dessa begränsningar bör ett produktionsföretag eller ett elhandelsföretag kunna inneha en minoritetsandel i en systemansvarig för ett överföringssystem eller ett överföringssystem. (12) Ett system för åtskillnad bör effektivt undanröja eventuella intressekonflikter mellan producenter, elhandlare och systemansvariga för överföringssystem för att skapa incitament för nödvändiga investeringar och garantera nya marknadsaktörers tillträde inom ramen för ett transparent och effektivt regelverk, samt bör inte skapa ett alltför betungande regelverk för de nationella tillsynsmyndigheterna. … (15) Vid åtskilt ägande bör, för att säkerställa att nätdriften är helt oberoende av leverans- och produktionsintressen och förhindra utbyte av konfidentiella uppgifter, inte samma person sitta i styrelsen för både en systemansvarig för överföringssystem eller ett överföringssystem och ett företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet. Av samma skäl bör samma person inte ha rätt att utse medlemmar till en styrelse för en systemansvarig för ett överföringssystem eller ett överföringssystem och inte heller utöva kontroll över eller rättigheter gentemot ett produktionsföretag eller ett elhandelsföretag. (16) Inrättandet av systemansvariga eller systemansvariga för överföringssystem vilka är oberoende av leverans- eller produktionsintressen bör göra det möjligt för vertikalt integrerade företag att bibehålla sitt ägande av nättillgångar, samtidigt som en effektiv intresseuppdelning säkras, förutsatt att den oberoende systemansvarige (ISO) eller den oberoende systemansvarige för överföring (ITO) utför den systemansvariges samtliga uppgifter samt att detaljerad reglering och omfattande myndighetstillsyn införs. … (21) En medlemsstat har rätt att välja fullständigt åtskilt ägande på sitt territorium. Om en medlemsstat har valt fullständigt åtskilt ägande, har ett företag inte rätt att välja alternativet med en oberoende systemansvarig eller en oberoende systemansvarig för överföring. Företag som bedriver något slags produktions- eller leveransverksamhet får dessutom inte direkt eller indirekt utöva kontroll över eller någon rättighet gentemot en systemansvarig för överföringssystem från en medlemsstat som har valt fullständigt åtskilt ägande. … (25) En tryggad energiförsörjning är absolut nödvändig för den allmänna säkerheten och är därför till sin natur förknippad med en effektivt fungerande inre marknad för el och med en integration av medlemsstaternas separata elmarknader. … (26) Icke-diskriminerande tillträde till distributionsnätet är avgörande för tillträdet för kunder i återförsäljarledet. Utrymmet för diskriminering när det gäller tredje parts tillträde och investeringar är dock mindre på distributionsnivå än på överföringsnivå, eftersom nätbegränsningar och produktions- eller leveransintressenas inflytande i allmänhet inte är så betydande på distributionsnivån som på överföringsnivån. I enlighet med direktiv 2003/54/EG blev rättslig och funktionell åtskillnad av systemansvariga för distributionssystemet dessutom obligatorisk först från och med den 1 juli 2007 och dess effekter på den inre marknaden för el har ännu inte utvärderats. De regler om rättslig och funktionell åtskillnad som för närvarande finns kan leda till effektiv åtskillnad förutsatt att de definieras tydligare, genomförs ordentligt och övervakas noggrant. För att skapa lika villkor i återförsäljarledet bör systemansvariga för distributionssystem övervakas, så att de hindras från att dra fördel av sin vertikala integration när det gäller konkurrensläget på marknaden, framför allt gentemot hushållskunder och små icke-hushållskunder. … (44) Av försörjningstrygghetsskäl bör balansen mellan tillgång och efterfrågan på el i varje enskild medlemsstat bevakas, varefter en rapport bör utarbetas om situationen i gemenskapen som helhet med hänsyn till sammanlänkningskapaciteten mellan områden. … Underhåll och anläggning av nödvändig nätinfrastruktur, inbegripet sammanlänkningskapaciteten och decentraliserad elproduktion, är viktiga förutsättningar för att garantera en stabil elförsörjning.” Artikel 9 i direktiv 2009/72 handlar om ”Åtskillnad av överföringssystem och systemansvariga för överföringssystem” och i artikel 14 behandlas frågan om ”Åtskillnad av ägare till överföringssystem”. Artiklarna 18 och 19 syftar enligt sina rubriker till ”[o]beroende för den oberoende systemansvarige för överföring” respektive ”[o]beroende för den oberoende systemansvarige för överförings personal och företagsledning”. I artikel 26.1–3, som har rubriken ”Åtskillnad av systemansvariga för distributionssystemet” föreskrivs följande: ”1.   Om den systemansvarige för distributionssystemet utgör en del av ett vertikalt integrerat företag ska denne åtminstone vad avser juridisk form, organisation och beslutsfattande vara oberoende av annan verksamhet utan samband med distribution. Dessa regler ska inte ge upphov till någon skyldighet att skilja ägandet av tillgångar i distributionssystemet från det vertikalt integrerade företaget. 2.   Utöver de krav som fastställts i punkt 1 ska den systemansvarige för distributionssystemet, om denne utgör en del av ett vertikalt integrerat företag, med avseende på sin organisation och sitt beslutsfattande vara oberoende av annan verksamhet utan samband med distribution. För att uppnå detta ska följande minimikriterier gälla: a) De personer som ansvarar för ledningen för den systemansvarige för distributionssystemet får inte ingå i företagsstrukturer i det integrerade elföretag som direkt eller indirekt ansvarar för den dagliga driften avseende produktion, överföring eller leverans av el. b) Lämpliga åtgärder ska vidtas för att se till att de yrkesmässiga intressena hos de personer som ansvarar för ledningen för den systemansvarige för distributionssystemet beaktas på ett sätt som säkerställer att dessa personer kan agera självständigt. c) Den systemansvarige för distributionssystemet ska ha faktisk beslutanderätt, oberoende av det integrerade elföretaget, när det gäller de tillgångar som behövs för att trygga drift, underhåll eller utveckling av nätet. För detta ändamål ska den systemansvarige för distributionssystemet förfoga över de resurser som krävs, inbegripet mänskliga, tekniska, fysiska och ekonomiska resurser. Detta bör inte hindra förekomsten av lämpliga samordningsmekanismer för att säkerställa att moderbolagets ekonomiska och förvaltningsmässiga övervakningsrättigheter när det gäller avkastningen på tillgångar, som regleras indirekt i enlighet med artikel 37.6, i ett dotterbolag skyddas. Detta ska särskilt göra det möjligt för moderbolaget att godkänna den årliga finansieringsplan eller det motsvarande instrument som upprättas av den systemansvarige för distributionssystemet och att fastställa övergripande gränser för dess dotterbolags skuldsättningsnivåer. Det ska inte vara tillåtet för moderbolaget att ge instruktioner för den dagliga driften eller om enskilda beslut beträffande uppförande eller uppgradering av distributionsnät, så länge dessa beslut inte överskrider villkoren i den godkända finansieringsplanen eller motsvarande instrument. d) Den systemansvarige för distributionssystemet ska upprätta en övervakningsplan, där det anges vilka åtgärder som vidtagits för att motverka diskriminerande beteende, och se till att det kontrolleras att planen följs. … 3.   Om den systemansvarige för distributionssystemet ingår i ett vertikalt integrerat företag ska medlemsstaterna se till att dennes verksamhet övervakas av tillsynsmyndigheterna eller andra behöriga organ, så att den systemansvarige inte kan dra fördel av sin vertikala integration för att snedvrida konkurrensen. Vertikalt integrerade systemansvariga för distributionssystem får i synnerhet inte, i samband med kommunikation och varumärkesprofilering, ge upphov till förvirring i fråga om den separata identitet som leveransdelen av det vertikalt integrerade företaget har.” Enligt artikel 49.1 första stycket löpte fristen för införlivandet av direktivet ut den 3 mars 2011. Direktiv 2009/73/EG Skälen 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13 och 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG ( EUT L 211, s. 94 ) har samma lydelse som skälen 3, 7, 9, 11, 12, 15, 16 och 21 i direktiv 2009/72. Skälen 4, 7, 22, 25 et 40 i direktiv 2009/73 motsvarar i tillämpliga delar skälen 4, 10, 25, 26 och 44 i direktiv 2003/72. Artikel 9 i direktiv 2009/73 innehåller regler om ”[å]tskillnad av överföringssystem och systemansvariga för överföringssystem” och artikel 15 regler om ”[å]tskillnad av ägare till överföringssystem … och systemansvariga för lagringssystem”. Artiklarna 18 och 19 syftar enligt sina rubriker till att säkerställa ”[o]beroende för den oberoende systemansvarige för överföring” och ”[o]beroende för den oberoende systemansvarige för överförings personal och företagsledning”. Artikel 26.1–3 i direktivet har rubriken ”Åtskillnad av systemansvariga för distributionssystemet”, och har, efter viss anpassning, getts samma lydelse som artikel 26.1–3 i direktiv 2009/72. Enligt artikel 54.1 första stycket i direktiv 2009/73 löpte fristen för införlivandet ut den 3 mars 2011. Nederländsk rätt Privatiseringsförbudet Det framgår av respektive begäran om förhandsavgörande att privatiseringsförbudet, vid tiden för omständigheterna i de nationella målen, följde av artikel 93 i lagen om produktion, överföring och leverans av el (1998 års ellag) ((Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit) (Elektriciteitswet 1998)) av den 2 juli 1998 ( Staatsblad 1998, s. 427 ) (nedan kallad ellagen) och artikel 85 i lagen om överföring och leverans av gas (gaslagen) ((Wet van 22 juni 2000, houdende regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet)) av den 22 juni 2000 ( Staatsblad 2000, s. 305 ) (nedan kallad gaslagen), jämförda med förordningen om beviljande av godkännande av ändringar avseende rättigheter knutna till aktier i en sådan systemansvarig som avses i 1998 års ellag och gaslagen (förordningen om aktier i systemansvariga) (Besluit van 9 februari 2008, houdende regels omtrent het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van rechten op aandelen in een netbeheerder als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet (Besluit aandelen netbeheerders)) av den 9 februari 2008 ( Staatsblad 2008, s. 62 ) (nedan kallad 2008 års förordning), vilken antogs med stöd av artikel 93 punkt 4 i ellagen och artikel 85 punkt 4 i gaslagen. För överlåtelse av aktier i en systemansvarig krävdes det ett godkännande från finansministern enligt artikel 93 punkt 2 i ellagen och artikel 85 punkt 2 i gaslagen). Enligt artiklarna 1 och 3 i 2008 års förordning fick godkännande inte beviljas för det fall överlåtelsen skulle leda till att aktierna kom att ägas av en aktör utanför den krets som består av nederländska staten, de nederländska provinserna och de nederländska kommunerna (nedan tillsammans kallade myndigheterna), och vissa andra juridiska personer, varibland Essentbolagen, i vilka nämnda myndigheter direkt eller indirekt ägde samtliga aktier. Koncernförbudet I likhet med privatiseringsförbudet infördes koncernförbudet i nederländsk lagstiftning genom lagen om ändring av ellagen och gaslagen med avseende på reglerna om en oberoende nätdrift (lagen om oberoende nätdrift) (Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer (Wet onafhankelijk netbeheer)) av den 23 november 2006 ( Staatsblad 2006, s. 614 ) (nedan kallad lagen om oberoende nätdrift). Förbudet togs in i artikel 10b punkt 1 i ellagen och i artikel 2c punkt 1 i gaslagen. Lagen om oberoende nätdrift innebar bland annat att de nationella bestämmelser som hade införts för att genomföra direktiven 2003/54 och 2003/55 (nedan tillsammans kallade 2003 års direktiv) ändrades. I artikel 10b punkterna 1–3 i ellagen anges följande: ”1.   En systemansvarig får inte ingå i en sådan koncern som avses i artikel 2:24b i civillagen och i vilken också en juridisk person eller ett bolag som producerar, levererar eller handlar med el i Nederländerna ingår. 2.   Juridiska personer och bolag som ingår i en sådan koncern som avses i artikel 2:24b i civillagen och i vilken också en juridisk person eller ett bolag som producerar, levererar eller handlar med el i Nederländerna ingår får inte äga aktier i en systemansvarig eller i en juridisk person som ingår i en koncern i vilken också en systemansvarig ingår, och får inte inneha aktier i ett bolag som ingår i en koncern i vilken också en systemansvarig ingår. 3.   En systemansvarig och de bolag som ingår i en sådan koncern som avses i artikel 2:24b i civillagen och som är knutna till den systemansvarige: a. får inte äga aktier i en juridisk person som producerar, levererar eller handlar med el i Nederländerna eller i en juridisk person som ingår i en koncern i vilken en juridisk person som producerar, levererar eller handlar med el i Nederländerna också ingår, b. får inte äga aktier i ett bolag som producerar, levererar eller handlar med el i Nederländerna eller i ett bolag som ingår i en koncern i vilken en juridisk person eller ett bolag som producerar, levererar eller handlar med el i Nederländerna också ingår.” Förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften Förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften, som också det infördes i den nederländska rättsordningen genom lagen om oberoende nätdrift, återfinns i artikel 17 punkterna 2 och 3 i ellagen och i artikel 10b punkterna 2 och 3 i gaslagen. Dessa bestämmelser gavs följande innehåll: ”2.   Om en systemansvarig, som inte är systemansvarig för det rikstäckande högspänningsnätet, ingår i en sådan koncern som avses i artikel 2:24b i civillagen, får den koncernen inte utföra handlingar eller bedriva verksamhet som skulle kunna vara till nackdel för nätdriften. 3.   Med sådana handlingar och verksamheter som avses i punkt 2 förstås i vart fall a. handlingar och verksamheter som helt saknar koppling till infrastruktur eller besläktad verksamhet, b. den systemansvarigas ställande av säkerhet för finansieringen av verksamhet som bedrivs av juridiska personer eller bolag som ingår i koncernen, och, c. den systemansvarigas borgensåtagande för lån tillhörande juridiska personer eller bolag som ingår i koncernen, förutom om den systemansvariges ställande av säkerhet eller borgensåtagande för skulder 1°. sker till förmån för handlingar eller verksamheter som den systemansvarige själv skulle ha rätt att utföra, 2°. på annat sätt har anknytning till nätdriften, eller 3°. sker för att uppfylla villkor i samband med tillämpningen av lagbestämmelser.” Målen vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna Vid tiden för antagandet av lagen om oberoende nätdrift, genom vilken koncernförbudet och förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften infördes i ellagen och gaslagen, utgjorde Essentbolagen vertikalt integrerade företag som var verksamma såväl inom produktion, leverans och handel med el respektive gas i Nederländerna, som inom drift av distributionssystem för el och gas i samma land. Till följd av antagandet av lagen om oberoende nätdrift, som bland annat innehöll koncernförbudet, skedde den 1 juli 2009 en uppdelning av Essent NV i två skilda bolag, å ena sidan Enexis Holding NV, vars verksamhetsföremål består i driften av ett distributionssystem för gas och el i Nederländerna och i vilket samtliga aktier ägs av myndigheter, och å andra sidan Essent NV, vars verksamhetsföremål består i produktion, leverans och handel med el och gas. Det sistnämnda bolaget köptes upp av dotterbolaget till en tysk koncern som specialiserat sig på energisektorn, nämligen RWE AG. Eneco Holding NV och Delta NV delades inte upp, men de utsåg i stället sina dotterbolag Stedin Netbeheer BV och Delta Netwerkbedrijf BV som systemansvariga för deras respektive distributionssystem i samma land. Essentbolagen yrkade i tre separata mål vid Rechtbank Den Haag att de nationella bestämmelser som innehåller koncernförbudet och förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften är oförenliga med bland annat artikel 63 FEUF och att de således inte ska tillämpas. Staat der Nederlanden, som talan riktas mot i vart och ett av målen, bestridde yrkandet, i första hand med åberopande av att det privatiseringsförbud som föreskrivs i den nationella lagstiftningen utgör en egendomsordning, i den mening som avses i artikel 345 FEUF. Nämnda förbud innebär dels att aktier i en systemansvarig som är verksam i Nederländerna inte kan bli föremål för privata investeringar, dels att reglerna i EUF-fördraget om fri rörlighet för kapital och etableringsfrihet inte är tillämpliga. Medlemsstaten gjorde i andra hand gällande att koncernförbudet och förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften inte medför några hinder för kapitalrörelserna och för etableringsfriheten, eller att en begränsning av dessa friheter är motiverad av tvingande skäl av allmänintresse. Den 11 mars 2009 ogillade Rechtbank Den Haag talan i samtliga mål som väckts av Essentbolagen. I andra instans upphävdes den domen av Gerechtshof Den Haag den 22 juni 2010, vilken i sin dom slog fast att de nationella bestämmelserna är oförenliga med artikel 63 FEUF och att de således ska lämnas utan avseende. Staat der Nederlanden överklagade domen till Hoge Raad der Nederlanden. Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden att vilandeförklara målen och att till domstolen ställa följande frågor, vilka utformats på samma sätt i vart och ett av de förenade målen: ”1) Ska artikel 345 FEUF tolkas så, att begreppet ’medlemsstaternas egendomsordning’ även omfattar det absoluta privatiseringsförbud som är i fråga i de aktuella målen, vilket föreskrivs i [2008 års förordning] jämförd med artikel 93 i [ellagen] och artikel 85 i gaslagen och vilket innebär att aktier i en systemansvarig uteslutande kan överlåtas inom myndighetskretsen? 2) Om den första frågan ska besvaras jakande, blir följden av detta att reglerna om den fria rörligheten för kapital inte är tillämpliga på koncernförbudet och förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften, eller åtminstone att det inte behöver prövas huruvida koncernförbudet och förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften är förenliga med reglerna om den fria rörligheten för kapital? 3) Är målen att skapa insyn på energimarknaden och förhindra konkurrenssnedvridning genom att motverka korssubventionering i vid mening (inklusive utbyte av strategisk information), som ingår bland de skäl som ligger till grund för [lagen om oberoende nätdrift], att betrakta som rent ekonomiska intressen eller kan de också betraktas som intressen av icke-ekonomisk art, så att de – i egenskap av tvingande skäl av allmänintresse – under vissa villkor kan motivera en restriktion av den fria rörligheten för kapital?” Förfarandet vid domstolen Den 26 mars 2012 beslutade domstolens ordförande att förena målen C‑105/12–C‑107/12 vad gäller det muntliga förfarandet och domen. Prövning av tolkningsfrågorna Den första och den andra frågan Den hänskjutande domstolen har ställt den första och den andra frågan, som ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 345 FEUF ska tolkas så, att den omfattar en sådan ordning med ett privatiseringsförbud som den som är i fråga i de nationella målen och som innebär att aktier i en systemansvarig för distributionssystem för el eller gas som är verksam i Nederländerna måste innehas, direkt eller indirekt, av de statliga, regionala eller kommunala myndigheter som anges i den nationella lagstiftningen. Om så är fallet frågar sig den hänskjutande domstolen huruvida denna tolkning medför att artikel 63 FEUF inte är tillämplig på sådana nationella bestämmelser som de som är i fråga i de nationella målen, vilka dels förbjuder kopplingar i form av ägande eller kontroll mellan å ena sidan bolag som ingår i en koncern i vilken en systemansvarig för distributionssystem för el eller gas som är verksam i landet också ingår och å andra sidan bolag som ingår i en koncern i vilken ett företag som producerar, levererar eller handlar med el eller gas i landet också ingår, dels förbjuder handlingar och verksamheter som utförs av den systemansvarige och den koncern som denne ingår i ”som kan vara till nackdel för [driften av det aktuella nätet]”. Artikel 345 FEUF uttrycker principen att fördragen är neutrala i förhållande till medlemsstaternas egendomsordning. Det framgår av domstolens praxis att fördragen i princip inte utgör hinder för att företag nationaliseras (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 juli 1964 i mål 6/64, Costa, REG 1964, s. 1141 , på s. 1163; svensk specialutgåva, volym 1, s. 211) eller privatiseras (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 november 2012, kommissionen mot Grekland, punkt 17). Av detta följer att medlemsstaterna lagligen får eftersträva ett mål som innebär införandet eller bibehållandet av en ordning för offentligt ägande när det gäller vissa företag. I de nationella målen framgår det av artikel 93 punkt 2 i ellagen, artikel 85 punkt 2 i gaslagen och artikel 1 i 2008 års förordning, vars innehåll sammanfattas ovan i punkt 17, att privatiseringsförbudet, i den ifrågavarande nationella lagstiftningens mening, i princip innebär att aktier i en systemansvarig för distributionssystem enbart får överlåtas till myndigheter och till juridiska personer som direkt eller indirekt ägs av myndigheter, eftersom varje överlåtelse som leder till att aktierna kommer i andra personers ägo är förbjuden. Detta betyder att privatiseringsförbudet hindrar att aktier i en systemansvarig för distributionssystem för el eller gas som är verksam i Nederländerna ägs av en privatperson. Syftet med förbudet är således att behålla en ordning för offentligt ägande med avseende på sådana systemansvariga. Ett sådant förbud omfattas av artikel 345 FEUF. I det aktuella fallet framgår det vidare att privatiseringsförbudet innefattar det förbud som återfinns i artikel 10b punkt 2 i ellagen och det förbud som återfinns i artikel 2c punkt 2 i gaslagen. Enligt dessa förbud är det inte tillåtet för företag i en annan medlemsstat som producerar, levererar eller handlar med el eller gas i Nederländerna, och för bolag i en annan medlemsstat som ingår i en koncern i vilken ett sådant företag ingår, att förvärva aktier i en systemansvarig för distributionssystem för el eller gas som är verksam i Nederländerna. Artikel 345 FEUF leder dock inte till att de grundläggande reglerna i EUF‑fördraget – framför allt reglerna om icke-diskriminering, etableringsfrihet och den fria rörligheten för kapital – inte ska tillämpas på medlemsstaternas befintliga egendomsordningar (se, för ett liknande resonemang, domen av den 6 november 1984 i mål 182/83, Fearon, REG 1984, s. 3677 , punkt 7, svensk specialutgåva, volym 7, s. 679, av den 1 juni 1999 i mål C-302/97, Konle, REG 1999, s. I-3099 , punkt 38, av den 23 september 2003 i mål C-452/01, Ospelt och Schlössle Weissenberg, REG 2003, s. I-9743 , punkt 24, av den 8 juli 2010 i mål C‑171/08, kommissionen mot Portugal, REU 2010, s. I‑6817, punkt 64, av den 21 december 2011 i mål C‑271/09, kommissionen mot Polen, REU 2011, s. I‑13613, punkt 44, och i det ovannämnda målet kommissionen mot Grekland, punkt 16). Således kan den omständigheten att Konungariket Nederländerna, vad gäller systemansvariga för distributionssystem för el eller gas som är verksamma i landet, har infört en ordning för offentligt ägande som omfattas av artikel 345 FEUF inte befria denna medlemsstat från sin skyldighet att, inom denna sektor, iaktta reglerna om fri rörlighet för kapital (se, analogt, domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Polen, punkt 44 och där angiven rättspraxis). Privatiseringsförbudet omfattas således av tillämpningsområdet för artikel 63 FEUF och ska, liksom koncernförbudet och förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften, prövas mot bakgrund av den artikeln. Det följer av fast rättspraxis att artikel 63.1 FEUF innebär ett förbud mot alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater (dom av den 28 september 2006 i de förenade målen C-282/04 och C-283/04, kommissionen mot Nederländerna, REG 2006, s. I-9141 , punkt 18 och där angiven rättspraxis, samt domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Portugal, punkt 48). Eftersom begreppet ”kapitalrörelser”, i den mening som avses i artikel 63.1 FEUF, inte definieras i EUF‑fördraget, har domstolen ansett att den nomenklatur för kapitalrörelser som finns i bilaga 1 till rådets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i [EG-]fördraget ( EGT L 178, s. 5 ; svensk specialutgåva, område 10, volym 1, s. 44) är vägledande. Domstolen har således slagit fast att så kallade direkta investeringar, det vill säga investeringar i form av delägande i företag genom köp av aktier som ger möjlighet att faktiskt medverka i förvaltningen eller kontrollen av företaget, samt så kallade portföljinvesteringar, det vill säga förvärv av värdepapper på kapitalmarknaden med enda syfte att genomföra en penningplacering utan avsikt att inverka på företagets förvaltning och kontrollen av detta, utgör kapitalrörelser i den mening som avses i artikel 63.1 FEUF (se domarna i de ovannämnda förenade målen kommissionen mot Nederländerna, punkt 19, och kommissionen mot Portugal, punkt 49). Domstolen har, vad gäller dessa två typer av investeringar, preciserat att nationella åtgärder som kan hindra eller begränsa förvärv av aktier i de berörda företagen eller som kan avskräcka investerare från andra medlemsstater att investera i dessa företag ska anses utgöra ”hinder” i den mening som avses i artikel 63.1 FEUF (se domarna av den 4 juni 2002 i mål C-367/98, kommissionen mot Portugal, REG 2002, s. I-4731 , punkterna 45 och 46, och i mål C-483/99, kommissionen mot Frankrike, REG 2002, s. I-4781 , punkt 40, domarna av den 13 maj 2003 i mål C-463/00, kommissionen mot Spanien, REG 2003, s. I-4581 , punkterna 61 och 62, och i mål C-98/01, kommissionen mot Förenade kungariket, REG 2003, s. I-4641 , punkterna 47 och 49, dom av den 2 juni 2005 i mål C-174/04, kommissionen mot Italien, REG 2005, s. I-4933 , punkterna 30 och 31, och domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Nederländerna, punkt 20). Det framgår också av domstolens praxis att en nationell bestämmelse som medför kvantitativa eller kvalitativa restriktioner när det gäller investeringar som görs i andra medlemsstater har en restriktiv verkan för de bolag som är etablerade i de andra medlemsstaterna i och med att den för dem utgör ett hinder för kapitalanskaffning, eftersom förvärvet av bland annat aktier är begränsat (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Polen, punkterna 51 och 52 och där angiven rättspraxis). I de nationella målen betyder privatiseringsförbudet att ingen privat investerare kan förvärva aktier eller andelar i en systemansvarig för ett distributionssystem för el eller gas som är verksam i Nederländerna. När det gäller koncernförbudet och förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften konstaterar domstolen dessutom att dessa förbud innehåller flera aspekter. För det första följer det av koncernförbudet att ett bolag i en annan medlemsstat som ingår i en koncern i vilken ett företag som producerar, levererar eller handlar med el eller gas i Nederländerna också ingår inte kan förvärva aktier i ett bolag som ingår i en koncern i vilken en systemansvarig för ett distributionssystem för el eller gas som är verksam i Nederländerna också ingår. För det andra betyder förbudet också att ett bolag som ingår i en koncern i vilken en systemansvarig för ett distributionssystem för el eller gas som är verksam i Nederländerna också ingår inte kan investera i ett företag i en annan medlemsstat som producerar, levererar eller handlar med el eller gas i Nederländerna eller i ett bolag som ingår i en koncern i vilken ett sådant företag ingår. För det tredje är förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften av sådan beskaffenhet att det kan medföra kvalitativa restriktioner för investeringar som görs i andra medlemsstater eftersom det, direkt eller indirekt, hindrar bolag som tillhör en koncern i vilken en systemansvarig för ett distributionssystem för el eller gas som är verksam i Nederländerna också ingår från att investera i företag som bedriver annan verksamhet än nätdrift. Följaktligen utgör dessa förbud hinder för den fria rörligheten för kapital i den mening som avses i artikel 63 FEUF. Följaktligen ska den första och den andra frågan besvaras enligt följande. Artikel 345 FEUF ska tolkas så, att den omfattar en ordning med ett privatiseringsförbud, såsom den som är i fråga i de nationella målen och som innebär att aktier i en systemansvarig för distributionssystem för el eller gas som är verksam i Nederländerna måste innehas, direkt eller indirekt, av de statliga, regionala eller kommunala myndigheter som anges i den nationella lagstiftningen. Denna tolkning medför dock inte att artikel 63 FEUF inte är tillämplig på sådana nationella bestämmelser som de som är i fråga i de nationella målen, som förbjuder privatisering av systemansvariga för distributionssystem för el eller gas, eller som dels förbjuder kopplingar i form av ägande eller kontroll mellan å ena sidan bolag som ingår i en koncern i vilken en systemansvarig för distributionssystem för el och gas som är verksam i Nederländerna också ingår och å andra sidan bolag som ingår i en koncern i vilken ett företag som producerar, leverarar eller handlar med el eller gas i landet också ingår, dels förbjuder den systemansvarige och den koncern som denne ingår i att utföra handlingar och bedriva verksamheter som kan vara till nackdel för driften av det aktuella nätet. Den tredje frågan Den nationella domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida målen att motverka korssubventionering i vid mening, inklusive utbyte av strategisk information, att skapa insyn på el- och gasmarknaden och att förhindra konkurrenssnedvridning utgör rent ekonomiska intressen eller tvärtom utgör tvingande skäl av allmänintresse som kan motivera en restriktion av den fria rörligheten för kapital. Domstolen har vid upprepade tillfällen slagit fast att den fria rörligheten för kapital får inskränkas med stöd av nationella bestämmelser endast om de är motiverade med hänsyn till ett av de skäl som anges i artikel 65 FEUF, eller om de är motiverade av tvingande skäl av allmänintresse i den mening som avses i domstolens praxis (se dom av den 14 februari 2008 i mål C‑274/06, kommissionen mot Spanien, punkt 35, och domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Polen, punkt 55). Det framgår dessutom av fast rättspraxis att rent ekonomiska skäl inte kan utgöra sådana tvingande skäl av allmänintresse som kan motivera en inskränkning av en grundläggande frihet som garanteras i fördragen (domarna av den 16 januari 2003 i mål C-388/01, kommissionen mot Italien, REG 2003, s. I-721 , punkt 22, och av den 17 mars 2005 i mål C-109/04, Kranemann, REG 2005, s. I-2421 , punkt 34). Domstolen har emellertid godtagit att en nationell lagstiftning som utgör ett hinder för en grundläggande frihet kan vara motiverad när den har införts på grund av ekonomiska skäl som syftar till att uppnå ett mål av allmänintresse (se, för ett liknande resonemang, domen av den 11 september 2008 i mål C-141/07, kommissionen mot Tyskland, REG 2008, s. I-6935 , punkt 60 och där angiven rättspraxis). När det gäller privatiseringsförbudet, som omfattas av artikel 345 FEUF, har det således visserligen slagits fast att denna artikel inte kan åberopas för att motivera ett hinder mot reglerna om den fria rörligheten för kapital (se domarna av den 8 juli 2010 i de ovannämnda målen kommissionen mot Portugal, punkt 64 och där angiven rättspraxis, och kommissionen mot Polen, punkt 44). Detta betyder för den skull inte att det intresse som låg bakom lagstiftarens beslut vid valet mellan offentligt och privat ägande för systemansvariga för distributionssystem för el eller gas inte kan beaktas såsom ett tvingande skäl av allmänintresse. Det ska noteras att omständigheterna i de nu aktuella nationella målen och i de ovannämnda målen kommissionen mot Portugal och kommissionen mot Polen inte är jämförbara. I de aktuella målen vid den nationella domstolen rör det sig nämligen om ett absolut privatiseringsförbud. I domen av den 8 juli 2010 i det ovannämnda målet kommissionen mot Portugal handlade det däremot om hinder som hade uppstått till följd av vissa förmåner som medlemsstaterna hade knutit till sina aktieinnehav i ett privatiserat företag, och i domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Polen, var det fråga om restriktioner av möjligheten för öppna pensionsfonder att investera i utlandet, som emellertid inte på något sätt påverkade egendomsordningen för dessa fonder. Således kan de skäl som ligger bakom valet av ägandeform i den nationella lagstiftningen, vilken omfattas av artikel 345 FEUF, utgöra faktorer som kan motivera restriktioner av den fria rörligheten för kapital. I de nationella målen ankommer det således på den hänskjutande domstolen att göra en sådan prövning. Vad beträffar de övriga förbuden konstaterar domstolen för det första att målen att motverka korssubventionering i vid mening, inklusive utbyte av strategisk information, att skapa insyn på el- och gasmarknaden och att förhindra konkurrenssnedvridning syftar till att säkerställa en fri konkurrens på marknaderna för produktion, leverans och handel med el och gas i Nederländerna, och för det andra att målet att motverka korssubventionering därutöver syftar till att säkerställa att tillräckliga investeringar görs i distributionssystemen för el och gas. Det ska således prövas huruvida de nationella åtgärder som är i fråga vid den hänskjutande domstolen har vidtagits för att – medelst de ovannämnda målen – slutligen uppnå tvingande mål av allmänintresse. Målet att det ska råda fri konkurrens på dessa marknader är också ett av EUF‑fördragets mål. I ingressen framhålls bland annat att det finns ett behov av samordnade åtgärder för att garantera sund konkurrens, detta för att i slutändan skydda konsumenterna. Enligt domstolens fasta praxis utgör konsumentskydd ett tvingande skäl av allmänintresse (domarna av den 13 september 2007 i mål C-260/04, kommissionen mot Italien, REG 2007, s. I-7083 , punkt 27, av den 29 november 2007 i mål C-393/05, kommissionen mot Österrike, REG 2007, s. I-10195 , punkt 52, och av den 18 november 2010 i mål C‑458/08, kommissionen mot Portugal, REU 2010, s. I‑11599, punkt 89). Målet att säkerställa att tillräckliga investeringar görs i distributionssystemen för el och gas syftar bland annat till att trygga energiförsörjningen, vilket är ett syfte som domstolen också har erkänt som ett tvingande skäl av allmänintresse (domen av den 10 juli 1984 i mål 72/83, Campus Oil m.fl., REG 1984, s. 2727 , punkterna 34 och 35, svensk specialutgåva, volym 7, s. 633, av den 4 juni 2002 i mål C-503/99, kommissionen mot Belgien, REG 2002, s. I-4809 , punkt 46, och av den 2 juni 2005 i det ovannämnda målet kommissionen mot Italien, punkt 40). Slutligen framhåller domstolen, vilket framgår av punkterna 18 och 20 i denna dom, att koncernförbudet och förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften infördes genom lagen om oberoende nätdrift, vilken i sin tur bland annat innebar ändringar av de nationella bestämmelser som hade antagits för att införliva artikel 15 i direktiv 2003/54 och artikel 13 i direktiv 2003/55. Det framgår av skälen 4–8 och 10 i direktiv 2003/54 samt av skälen 4 och 6–10 i direktiv 2003/55 att syftet med dessa direktiv bland annat är att säkerställa en öppnad marknad som medger insyn, att garantera ett tillträde till nät som tillhör den systemansvarige för distributionssystemet som är icke-diskriminerande och medger insyn samt att säkra en sund konkurrens. Det framgår av skäl 8 i direktiv 2003/54 och av skäl 10 i direktiv 2003/55 att medlemsstaterna utvecklar åtgärder i syfte att uppnå dessa mål. Vidare framhålls unionslagstiftarens önskan om att de systemansvariga för distributionssystemen ska ha faktisk rätt att fatta beslut när det gäller de tillgångar som behövs för att underhålla, driva och utveckla näten. Dessutom framgår det av skäl 23 i direktiv 2003/54 och av skäl 23 i direktiv 2003/55 att underhåll och anläggning av nödvändig nätinfrastruktur är viktiga förutsättningar för att garantera en stabil el- och gasförsörjning. Av detta följer att även om koncernförbudet och förbudet mot verksamhet som kan vara till nackdel för nätdriften inte föreskrivs genom dessa direktiv har Konungariket Nederländerna genom införandet av de aktuella åtgärderna eftersträvat vissa av de syften som har uppställts för 2003 års direktiv. Detta konstaterande stöds av direktiven 2009/72 och 2009/73 som har samma syften, vilket framgår såväl av skälen 3, 4, 9–12, 15, 25 och 44 i direktiv 2009/72 som av skälen 3, 4, 6–13, 22 och 40 i direktiv 2009/73. Framför allt visar skälen 4, 9, 11, 15, 25, 26 och 44 i direktiv 2009/72 och skälen 4, 6, 8, 12, 22, 25 och 40 i direktiv 2009/73 på unionslagstiftarens vilja att säkerställa ett icke-diskriminerande tillträde till distributionssystem för el och gas samt transparens på marknaderna, att motverka korssubventionering, att säkerställa att tillräckliga investeringar görs i nätverken för att garantera en stabil el- och gasförsörjning samt att hindra utbyte av konfidentiella uppgifter mellan de systemansvariga och produktions- och leveransföretagen. De syften som den hänskjutande domstolen har hänvisat till kan således i princip, i egenskap av tvingande skäl av allmänintresse, motivera de hinder för de grundläggande friheterna som har konstaterats. Dock krävs det också att hindren i fråga är ägnade att säkerställa förverkligandet av de mål som eftersträvas med dem och att de inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål (domarna av den 11 oktober 2007 i mål C-451/05, ELISA, REG 2007, s. I-8251 , punkt 82, och i det ovannämnda målet kommissionen mot Polen, punkt 58), och det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva om så är fallet. Mot denna bakgrund ska den tredje frågan besvaras enligt följande: — Vad gäller den ordning med ett privatiseringsförbud som är i fråga i de nationella målen, och som omfattas av artikel 345 FEUF, kan de syften som ligger bakom lagstiftarens val av egendomsordning beaktas såsom tvingande skäl av allmänintresse, vilka kan motivera hindret för den fria rörligheten för kapital. — Vad gäller de övriga förbuden kan syftena att motverka korssubventionering i vid mening, inklusive utbyte av strategisk information, att skapa insyn på el- och gasmarknaden och att förhindra konkurrenssnedvridning – i egenskap av tvingande skäl av allmänintresse – motivera att den fria rörligheten för kapital begränsas genom sådana nationella bestämmelser som de som är i fråga i de nationella målen. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande: 1) Artikel 345 FEUF ska tolkas så, att den omfattar en ordning med ett privatiseringsförbud, såsom den som är i fråga i de nationella målen och som innebär att aktier i en systemansvarig för distributionssystem för el eller gas som är verksam i Nederländerna måste innehas, direkt eller indirekt, av de statliga, regionala eller kommunala myndigheter som anges i den nationella lagstiftningen. Denna tolkning medför dock inte att artikel 63 FEUF inte är tillämplig på sådana nationella bestämmelser som de som är i fråga i det nationella målet, som förbjuder privatisering av systemansvariga för distributionssystem för el eller gas, eller som dels förbjuder kopplingar i form av ägande eller kontroll mellan å ena sidan bolag som ingår i en koncern i vilken en systemansvarig för distributionssystem för el och gas som är verksam i Nederländerna också ingår och å andra sidan bolag som ingår i en koncern i vilken ett företag som producerar, leverarar eller handlar med el eller gas i landet också ingår, dels förbjuder den systemansvarige och den koncern som denne ingår i att utföra handlingar och bedriva verksamheter som kan vara till nackdel för driften av det aktuella nätet. 2) Vad gäller den ordning med ett privatiseringsförbud som är i fråga i de nationella målen, och som omfattas av artikel 345 FEUF, kan de syften som ligger bakom lagstiftarens val av egendomsordning beaktas såsom tvingande skäl av allmänintresse, vilka kan motivera hindret för den fria rörligheten för kapital. Vad gäller de övriga förbuden kan syftena att motverka korssubventionering i vid mening, inklusive utbyte av strategisk information, att skapa insyn på el- och gasmarknaden och att förhindra konkurrenssnedvridning – i egenskap av tvingande skäl av allmänintresse – motivera att den fria rörligheten för kapital begränsas genom sådana nationella bestämmelser som de som är i fråga i de nationella målen. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: nederländska.

62015CJ0081

en

This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products ( OJ 1992 L 76, p. 1 ), as amended by Council Directive 92/108/EEC of 14 December 1992 ( OJ 1992 L 390, p. 124 ) (‘Directive 92/12’). The request has been made in proceedings between Kapnoviomichania Karelia AE (‘Karelia’) and the Ypourgos Oikonomikon (Ministry of Finance, Greece), concerning an attribution measure declaring Karelia to be jointly and severally liable for amounts of tax and excise duties by reason of a smuggling operation. Legal context EU law Articles 1 and 3 of Directive 92/12 provided that that directive ‘lays down the arrangements for products subject to excise duties and other indirect taxes which are levied directly or indirectly on the consumption of such products, except for value added tax and taxes established by the Community’ and ‘shall apply at Community level to ... manufactured tobacco’. Article 4 of that directive defined the concept of ‘authorised warehousekeeper’ as ‘a natural or legal person authorised by the competent authorities of a Member State to produce, process, hold, receive and dispatch products subject to excise duty in the course of his business, excise duty being suspended under a tax-warehousing arrangement’. According to Article 5(2) of that directive, when products subject to excise duty coming from, or going to, third countries were under a Community customs procedure other than release for free circulation, the excise duty on them was deemed to be suspended. In the wording of Article 6(1)(a) of that directive, ‘excise duty shall become chargeable at the time of release for consumption’, which includes ‘any departure, including irregular departure, from a suspension arrangement’. Article 13 of Directive 92/12 provided that an authorised warehousekeeper was, inter alia, required to ‘provide a guarantee, if necessary, to cover production, processing and holding and a compulsory guarantee to cover movement, the conditions for which shall be set by the tax authorities of the Member States where the tax warehouse is authorised’. Article 15(3) and (4) of that directive provided: ‘3.   The risks inherent in intra-Community movement shall be covered by the guarantee provided by the authorised warehousekeeper of dispatch, as provided for in Article 13, or, if need be, by a guarantee jointly and severally binding both the consignor and the transporter. If appropriate, Member States may require the consignee to provide a guarantee. The detailed rules for the guarantee shall be laid down by the Member States. The guarantee must be valid throughout the Community. 4.   Without prejudice to the provision of Article 20, the liability of the authorised warehousekeeper of dispatch and, if the case arises, that of the transporter may only be discharged by proof that the consignee has taken delivery of the products, in particular by the accompanying document ...’ Article 20(1) and (3) of that directive provided: ‘1.   Where an irregularity or offence has been committed in the course of a movement involving the chargeability of excise duty, the excise duty shall be due in the Member State where the offence or irregularity was committed from the natural or legal person who guaranteed payment of the excise duties in accordance with Article 15(3), without prejudice to the bringing of criminal proceedings. ... 3.   ... Member States shall take the necessary measures to deal with any offence or irregularity and to impose effective penalties.’ Greek law Law 2127/1993 on harmonisation with Community law of the fiscal rules applicable to petroleum products, ethyl alcohol and alcoholic beverages and manufactured tobacco, and other provisions (FEK A’ 48) transposed Directive 92/12 into Greek law. That law governed, as on the date of the facts at issue in the main proceedings, in addition to the excise duty arrangement and the time at which excise duty becomes chargeable, the matters relating to the suspension arrangement of the tax warehouse and the authorised warehousekeeper. Under Article 11(3) of that law, the authorised warehousekeeper is ‘liable to the State for the excise duty corresponding to the goods’ and the warehousekeeper ‘is also liable for any acts of which the staff of its warehouses might be accused by the competent authority’. Article 67(5) of that law provides that ‘any form of evasion or attempted evasion of payment of excise and other duties, as well as failure to comply with the formalities provided for by law with a view to evading payment of the aforementioned excise and other duties, shall constitute smuggling within the meaning of Article 89 et seq. of Law 1165/1918 on the Customs Code (‘the Customs Code’), and that ‘those acts shall incur the increased charge laid down in those articles, even if the competent authorities should find that the criteria defining the offence of smuggling punishable under criminal law are not met’. Article 97(3) of the Customs Code provides that ‘all persons who are known to have participated in a customs offence within the meaning of Article 89(2) of this Code shall have imposed upon them, in proportion to their individual degree of participation and independently of any criminal proceedings brought against them, an increased charge, for which they shall be jointly and severally liable, ranging from double to ten times the excise and other duties due in respect of the subject-matter of the offence’. According to Article 97(5) of the Customs Code, the ‘director of the competent customs office shall ... draft and issue a reasoned act by which he shall exonerate or identify, as appropriate, the persons liable within the meaning of the present Code, determine the degree of liability attaching to each of them and the customs duties and other charges due or lost in respect of the subject-matter of the smuggling offence, and seek to recover the increased charge within the meaning of the present article and, where appropriate, the customs duties and other charges lost’. According to Article 99(2) of the Customs Code, the fact that the persons jointly liable in civil law did not know that it was the intention of the persons identified as the primary perpetrators to commit the offence will not release the former from their liability. Article 108 of the Customs Code provides: ‘The criminal court dealing with the smuggling offence may, when passing sentence, declare the owner or the recipient of the smuggled goods jointly and severally liable along with the sentenced person for payment of the fine imposed, the costs and, at the request of the State in cases where the latter has joined the proceedings as a civil party, for the sum awarded to it in damages; this shall be the case even if the party jointly and severally liable has had no criminal charges brought against him, where the sentenced person had possession of the smuggled goods in his capacity as agent, administrator or representative of the owner or recipient, irrespective of the legal relationship under which the authority to act is presented or concealed. It shall therefore make no difference whether the agent acts in his own name ..., whether he presents himself as the owner of the goods or as having any other legal connection with those goods, or whether the actual representation of the owner is specific or general, unless it can be proved that the aforementioned persons could not in any way have been aware of the likelihood that a smuggling offence would be committed.’ Article 109 of the Customs Code provides: ‘In addition to the owner or recipient of the smuggled goods, referred to in the preceding article, the criminal court may also declare jointly and severally liable with the sentenced person for payment of the fine imposed, the costs and, at the request of the State where the latter has joined the proceedings as a civil party, for the sum awarded to it in damages, the owners of vessels, boats, cars, carts, land, sea or air transport companies and the agents and representatives, irrespective of their capacity or designation, of the latter or of the owners of vessels, boats, cars, carts or aeroplanes, as well as the managers of hotels, hostels, cafés or other establishments open to the public, even if they are not criminally liable for the smuggling offence, provided that that smuggling offence was committed within those means of transport or by means of them or within the establishments referred to or through their use, whether to engage in a smuggling offence or to conceal the smuggled goods, unless it can be proved that the aforementioned persons could not in any way have been aware of the likelihood that a smuggling offence would be committed.’ The dispute in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling Karelia is a Greek company, active in the manufacture of tobacco products and holding the status of authorised warehousekeeper. At the date of the facts in the main proceedings, that company had planned to export such products, placed under a suspension arrangement, to Bulgaria, which was not yet a Member State of the European Union. It is apparent from the observations submitted to the Court that, on 9 June 1994, Karelia, having received an order for 760 cartons of cigarettes from Bulgakommerz Ltd, filed an export declaration at the customs office. However, that cargo never reached its destination. The investigation carried out by the customs service revealed that the lorry in which the cargo was to be transported had gone to Bulgaria empty, the cargo having been transferred to another lorry. In the course of that investigation, Karelia’s export manager explained that, following the placement of the order, he had received a sum corresponding to the value of the goods in question, which he had lodged in a Karelia bank account in Greece. The managing director of Karelia maintained that he did not know whether Bulgakommerz actually existed, since attempts to identify that company in Bulgaria had proved unsuccessful. Since no proof of departure of the cargo at issue in the main proceedings had been produced, the bank guarantee which Karelia had provided to cover the amount of excise duty, namely 114726750 Greek drachmas (GRD) (EUR 336688.92), was retained. The customs authorities subsequently issued a measure attributing liability for payment in respect of the smuggling of the 760 cartons of cigarettes in question. By that measure, they declared that the joint perpetrators of that smuggling were, among others, the persons who had placed the order for those cigarettes, on behalf of Bulgakommerz, with Karelia’s export manager. Amounts of increased tax of GRD 573633750 (EUR 1683444.60) and of increased excise duty on tobacco of GRD 9880000 (EUR 28994.86) were allocated among the perpetrators of the smuggling. By the same measure attributing liability, Karelia was declared jointly and severally liable in civil law for payment of those sums. The action brought by that company against that measure was upheld by the Dioikitiko Protodikeio Peiraia (Administrative Court of First Instance, Piraeus, Greece) on the ground that there was no evidence of the existence of any relationship in the form of an agency or representation or of any other legal relationship concealing an authority to act as agent between Karelia and the persons designated as having been the perpetrators of the smuggling offence in question. The Ministry of Finance appealed against that judgment. The Dioikitiko Efeteio Peiraia (Administrative Court of Appeal, Piraeus, Greece) upheld the appeal but reduced the amount of the increased tax to GRD 344180250 (EUR 336688.91). That court took the view that, in so far as the cigarettes in question had been placed under an excise duty suspension arrangement, the perpetrators of the smuggling offence had acted as agents of Karelia, which, in its capacity as an authorised warehousekeeper, was in possession of the goods and had sole responsibility for their movement up to the time at which they were exported, irrespective of the capacity in which the perpetrators of that smuggling offence had purported to act, namely as drivers, intermediaries, consignees, buyers, and so forth. Karelia appealed against the judgment of the Dioikitiko Efeteio Peiraia (Administrative Court of Appeal, Piraeus) to the Symvoulio tis Epikrateias (Council of State, Greece). In the order for reference, that latter court found that, according to Article 99(2), Article 108 and Article 109 of the Customs Code, the owners of goods, their consignees and transporters, as well as their agents and representatives, are, inter alia, to be held jointly and severally liable for the financial consequences of smuggling offences, which include the payment of customs duties and charges lost and the corresponding fines, if those offences are committed at a time when the goods concerned are within the sphere of their professional responsibility, by persons with whom they have chosen to cooperate. According to that court, those jointly liable can be released from liability only if they prove that they acted without any negligence, however slight, that exoneration being assessed in the light of the diligence required in their activity and their profession. The civil liability thereby established — which does not constitute, under Greek law, an administrative penalty — seeks not only the recovery of customs duties and charges lost, but also to guarantee, in so far as is possible, the payment and, thus, the effectiveness of the fines imposed. In the referring court’s view, the legislature considered that the abovementioned operators, who profit from the economic activity in the context of which the smuggling was carried out, must take all appropriate measures to ensure that they will not be led, by the persons with whom they maintain business relationships, to participate in smuggling offences. According to the referring court, that national legislation, interpreted in the light of the provisions of Directive 92/12, makes it possible for the authorised warehousekeeper to be declared jointly and severally liable with the perpetrators of the smuggling offences in respect of goods which passed through the warehouse under an excise duty suspension arrangement and which unlawfully departed from that arrangement. The majority opinion within that court is that the joint and several liability of the authorised warehousekeeper extends not only to the payment of excise duties, in accordance with Directive 92/12, but also to the other financial consequences, including the financial penalties imposed on the perpetrators of smuggling offences. This is the position irrespective of any specific agreement between that warehousekeeper and the purchaser under which ownership of goods placed under an excise duty suspension arrangement is transferred upon delivery of the goods to the purchaser, who is responsible for their transportation. That increased liability on the part of the warehousekeeper serves the objective of preventing tax evasion because it acts as an incentive for that trader to ensure that the export procedure is properly followed and to take appropriate measures in the course of its contractual relations to protect itself against the risk of being held jointly and severally liable for all of the financial consequences of smuggling. Such liability is not contrary to the principle of proportionality, given the opportunity for the authorised warehousekeeper to avoid it by proving that he acted in good faith and took all appropriate measures possible, demonstrating the diligence required of an informed trader. The minority opinion within the referring court, by contrast, is that the authorised warehousekeeper can be held jointly and severally liable only for payment of the excise duties, but not for the payment of sums corresponding to the financial penalties imposed on the perpetrators of smuggling offences. According to this opinion, it follows neither from the Greek legislation nor from Directive 92/12 that the authorised warehousekeeper is presumed in law to be the owner of the goods which it holds, which depart from its tax warehouse and are dispatched to a third country under an excise duty suspension arrangement, until they arrive at their proper destination or until they leave the territory of the European Union. Nor does it follow from that legislation or from that directive that, until the departure of the goods from that suspension arrangement, the natural persons involved, in whichever capacity, in the movement of those goods are presumed in law to act as agents or representatives of the authorised warehousekeeper. Thus, the increased liability advocated by the majority opinion within the referring court is not required to ensure the effective application of Directive 92/12 and comes up against various principles of EU law. First, it clashes with the principle of legal certainty, in particular with the principle of clarity and foreseeability of restrictions on the freedom to conduct a business and with the property rights of the authorised warehousekeeper. Second, it is at variance with the principle of proportionality, in so far as it would be manifestly excessive to impose on the authorised warehousekeeper the obligation to pay administrative fines, which, the law provides, amount to at least double the charges due, irrespective of their amount, for offences resulting from intentional criminal conduct on the part of third parties which has none of the characteristics referred to in Article 108 in the Customs Code and over which that warehousekeeper, who has demonstrated the appropriate diligence, cannot have any control. It is under those circumstances that the Symvoulio tis Epikratias (Council of State) decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court for a preliminary ruling: ‘May Directive 92/12/EEC, in the light of the general principles of EU law and, in particular, the principles of effectiveness, legal certainty and proportionality thereof, be interpreted, in a case such as this, as precluding the implementation of legal provisions of a Member State, such as Article 108 of the Greek Customs Code, according to which the authorised warehousekeeper of goods moved from the tax warehouse thereof under a duty suspension arrangement, which departed from the arrangements in question irregularly through smuggling, may be declared jointly liable for the payment of administrative fines, on the ground of smuggling, regardless of whether the warehousekeeper had, at the time when the offence was committed, possession of the goods, on the basis of the rules of private law, and, furthermore, regardless of whether the perpetrators of the offence involved in that movement had concluded a particular contractual relationship with the authorised warehousekeeper from which they can be seen to have acted as agents of the authorised warehousekeeper?’ Consideration of the question referred By its question, the referring court asks, in essence, whether Directive 92/12, read in the light of the general principles of EU law, in particular the principles of legal certainty and proportionality, must be interpreted as precluding national legislation — such as that at issue in the main proceedings, which allows, inter alia, the owners of products moving under excise duty suspension to be declared jointly and severally liable for the payment of sums corresponding to the financial penalties imposed in the event of the commission of an offence during the movement of those products under excise duty suspension, in cases where the owners are linked to the perpetrators of the offence by a contractual relationship making them their agents — under which the authorised warehousekeeper is declared jointly and severally liable for payment of those sums, even if, under national law, that warehousekeeper was neither the owner of those products at the time when the offence was committed nor contractually linked to the perpetrators of that offence by a contractual relationship making them his agents. In order to answer that question, it is appropriate to note, at the outset, that it is apparent from the scheme of Directive 92/12 and, in particular, from Articles 13, 15(3) and (4) and 20(1) thereof that the legislature conferred a central role on the authorised warehousekeeper in the context of the procedure for movement of products subject to excise duty under a suspension arrangement. As the Advocate General observed in points 34 to 36 of his Opinion, Directive 92/12 imposes on the authorised warehousekeeper a system of liability for all risks inherent in the movement of products subject to excise duty under such an arrangement, and that warehousekeeper is, consequently, designated as liable for the payment of excise duties in cases where an irregularity or offence has been committed involving the chargeability of such duties in the course of the movement of those products. That liability is thus strict and is based not on the proven or presumed fault of the warehousekeeper, but on his participation in an economic activity. In the present case, it is common ground that an authorised warehousekeeper such as Karelia has strict liability in respect of payment of the excise duties. It is appropriate, however, to examine whether Directive 92/12 permits the Member States to burden the authorised warehousekeeper also with joint and several liability for payment of sums corresponding to the financial penalties imposed on the perpetrators of a smuggling offence. Under Article 20(3) of Directive 92/12, Member States are required to take the necessary measures to deal with any offence or irregularity and to impose effective penalties. In that regard, the Greek Government submits that an obligation can be inferred from that provision requiring Member States to establish additional criminal liability for the authorised warehousekeeper in respect of any irregularity committed during the release for movement of products subject to excise duty. It is true, as the Court has held on numerous occasions, that the cigarette market particularly lends itself to the development of unlawful trade (judgment of 13 December 2007 in BATIG, C‑374/06 , EU:C:2007:788 , paragraph and the case-law cited). The obligation which stems from Article 20(3) of Directive 92/12, namely to take the necessary measures to deal with any offence or irregularity and to impose effective penalties, must be interpreted in the light of that finding. However, it does not follow that Member States are required, pursuant to that provision, to impose additional criminal liability on the authorised warehousekeeper in respect of any irregularity committed during the release for movement of products subject to excise duty. In the first place, that provision specifies neither the appropriate penalties nor the categories of persons to be held liable in respect of them. In the second place, as the Advocate General observed in point 37 of his Opinion, the system of liability for risk provided for in Directive 92/12 stops at responsibility for the payment of excise duties. Thus, that directive does not impose a system of joint and several liability such as to render the authorised warehousekeeper liable for payment of the sums corresponding to the financial penalties imposed on the perpetrators of a smuggling offence. Although Directive 92/12 does not require Member States to make the authorised warehousekeeper jointly and severally liable for payment of the sums corresponding to the financial penalties imposed, the question arises as to whether that directive precludes them from so acting. According to settled case-law, it is not contrary to EU law to require an operator to take every step which could reasonably be required of him to satisfy himself that the transaction which he is effecting does not result in his participation in tax evasion (judgment of 21 February 2008 in Netto Supermarkt, C‑271/06 , EU:C:2008:105 , paragraph and the case-law cited). Therefore, the view must be taken, as the Advocate General observed in point 41 of his Opinion, that Directive 92/12 does not, in principle, preclude the Member States from increasing the liability of the authorised warehousekeeper by making him jointly and severally liable for the financial consequences of offences found to have been committed during the movement of products placed under an excise duty suspension arrangement. It is, however, necessary to determine whether increased liability, such as that at issue in the main proceedings, is in conformity with the principles of legal certainty and proportionality. In that regard, it is appropriate to recall, in the first place, that Member States, when exercising their powers to choose the appropriate penalties in the transposition of a directive, must observe the principle of legal certainty. EU legislation must be certain and its application foreseeable by those subject to it and that requirement of legal certainty must be observed all the more strictly in the case of rules liable to entail financial consequences, in order that those concerned may know precisely the extent of the obligations which those rules impose on them (judgment of 16 September 2008 in Isle of Wight Council and Others, C‑288/07 , EU:C:2008:505 , paragraph and the case-law cited). However, in a situation such as that at issue in the main proceedings, it is necessary to point out that the increased liability of the authorised warehousekeeper, bearing in mind that it did not retain ownership of the smuggled goods and was not linked to the smugglers by a contractual relationship making them its agents, is not expressly provided for either by Directive 92/12 or by the provisions of national law. It must be stated, in those circumstances, that the penalties that could be imposed on such an authorised warehousekeeper under such legislation do not appear, particularly in view of the diverging interpretations expressed within the referring court, sufficiently certain and foreseeable for the interested parties for the view to be taken that they meet the requirements of legal certainty, this, however, being a matter for that court to verify. As regards, in the second place, the principle of proportionality, it is clear from settled case-law that, in the absence of harmonisation of EU legislation in the field of sanctions applicable where conditions laid down by arrangements under that legislation are not complied with, Member States are empowered to choose the sanctions which seem to them to be appropriate. They must, however, exercise their powers in accordance with EU law and its general principles, and, consequently, in accordance with the principle of proportionality (see, inter alia, judgment of 29 July 2010 in Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski, C‑188/09 , EU:C:2010:454 , paragraph ). So far as concerns the measures aimed at preventing tax evasion, the Court has held, in relation to value added tax, that the sharing of the risk, following fraud committed by a third party, will not be compatible with the principle of proportionality if a tax regime imposes the entire responsibility for the payment on suppliers, regardless of whether or not they were involved in the fraud committed by the purchaser (judgment of 21 February 2008 in Netto Supermarkt, C‑271/06 , EU:C:2008:105 , paragraphs and ). Moreover, the Court has already taken the view that national measures which bring about, de facto , a system of strict joint and several liability go beyond what is necessary to preserve the public exchequer’s rights. It thus held that imposing responsibility for paying value added tax on a person other than the person liable to pay that tax, even where that person is an authorised tax warehousekeeper bound by the specific obligations referred to in Directive 92/12, without allowing him to escape liability by providing proof that he had nothing whatsoever to do with the acts of the person liable to pay the tax, must be considered contrary to the principle of proportionality, and it added that it would clearly be disproportionate to hold that person unconditionally liable for the shortfall in tax caused by acts of a third party over which he has no influence whatsoever (judgment of 21 December 2011 in Vlaamse Oliemaatschappij, C‑499/10 , EU:C:2011:871 , paragraph and the case-law cited). It is appropriate to take the view that compliance with those same requirements is necessary with regard to a measure such as the attribution to the authorised warehousekeeper of liability for the financial consequences of smuggling offences. However, as the referring court indicates, the majority opinion within that court is that Article 108 of the Customs Code must be interpreted as meaning that an authorised warehousekeeper who has taken every step which could reasonably be required of him to satisfy himself that the transaction which he is effecting does not result in his participation in tax evasion, escapes that liability only if he can prove that he could not in any way have been aware of the likelihood that a smuggling offence was being committed. If that is the case — and this is a matter for the referring court to verify — it is necessary to consider that that increased liability of the authorised warehousekeeper means that he may be declared jointly and severally liable for payment of sums corresponding to the financial penalties imposed even if the smuggling offence is committed by persons with whom he has not chosen to cooperate, and that that liability brings about, de facto , a system of strict joint and several liability which must be regarded as disproportionate. It follows from the foregoing that a system of increased liability, such as that at issue in the main proceedings, will be capable of satisfying the requirements resulting from the principles of legal certainty and proportionality only on condition that it is clearly and expressly provided for by national legislation and that it leaves the authorised warehousekeeper a genuine possibility of avoiding liability. Consequently, the answer to the question raised is that Directive 92/12, read in the light of the general principles of EU law, in particular the principles of legal certainty and proportionality, must be interpreted as precluding national legislation — such as that at issue in the main proceedings, which permits, inter alia, the owners of products moving under excise duty suspension to be declared jointly and severally liable for payment of sums corresponding to the financial penalties imposed in the event of the commission of an offence during the movement of those products under excise duty suspension arrangements, where those owners are linked to the perpetrators of the offence by a contractual relationship making them their agents — under which the authorised warehousekeeper is declared jointly and severally liable for payment of those sums, with no possibility for him to escape that liability by providing proof that he had nothing whatsoever to do with the acts of the perpetrators of the offence, even if, under national law, that warehousekeeper was neither the owner of those products at the time when the offence was committed nor linked to the perpetrators of that offence by a contractual relationship making them his agents. Costs Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (Sixth Chamber) hereby rules: Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992 on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products, as amended by Council Directive 92/108/EEC of 14 December 1992, read in the light of the general principles of EU law, in particular the principles of legal certainty and proportionality, must be interpreted as precluding national legislation — such as that at issue in the main proceedings, which permits, inter alia, the owners of products moving under excise duty suspension arrangements to be declared jointly and severally liable for payment of sums corresponding to the financial penalties imposed in the event of the commission of an offence during the movement of those products under excise duty suspension, where the owners are linked to the perpetrators of the offence by a contractual relationship making them their agents — under which the authorised warehousekeeper is declared jointly and severally liable for payment of those sums, with no possibility for him to escape that liability by providing proof that he had nothing whatsoever to do with the acts of the perpetrators of the offence, even if, under national law, that warehousekeeper was neither the owner of those products at the time when the offence was committed nor linked to the perpetrators of that offence by a contractual relationship making them his agents. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: Greek.

62018TJ0093

sl

I. Dejansko stanje A. Mednarodna drsalna zveza Tožeča stranka, International Skating Union (v nadaljevanju: tožeča stranka ali ISU) je edina mednarodna športna zveza, ki jo je priznal Mednarodni olimpijski komite (v nadaljevanju: MOK) ter ki je pristojna za urejanje in upravljanje umetnostnega drsanja in hitrostnega drsanja na ledu na svetovni ravni. Tožečo stranko sestavljajo nacionalne zveze, ki upravljajo umetnostno drsanje in hitrostno drsanje na ledu na nacionalni ravni (v nadaljevanju: članice). Te so sestavljene iz klubov in lokalnih zvez drsalnih športov, katerih športniki posamezniki se z umetnostnim ali hitrostnim drsanjem ukvarjajo poklicno. Tožeča stranka prav tako opravlja gospodarsko dejavnost, ker organizira najpomembnejša mednarodna tekmovanja v hitrostnem drsanju, do katerih ima vse pravice. Mednarodna tekmovanja, ki jih organizira tožeča stranka, zajemajo med drugim evropska prvenstva in svetovna prvenstva v hitrostnem drsanju na dolge in kratke proge, svetovno prvenstvo v hitrostnem drsanju na dolge proge in svetovno prvenstvo v hitrostnem drsanju na kratke proge. Poleg tega tožeča stranka organizira tekmovanja v hitrostnem drsanju na zimskih olimpijskih igrah v obliki mednarodnih tekmovanj. B. Pravila, ki jih je določila tožeča stranka Tožeča stranka je kot organ, pristojen za upravljanje umetnostnega drsanja in hitrostnega drsanja na ledu na svetovni ravni, odgovorna med drugim za določitev pravil o članstvu, ki jih morajo njeni člani in posamezni drsalci spoštovati. Pravila, ki jih je določila tožeča stranka, so navedena v njenih predpisih, ki zajemajo njeno „ustavo“ in postopkovne določbe, splošne in posebne predpise, tehnične predpise, etični kodeks, protidopinška pravila, pravila o protidopinških postopkih in vsa njena veljavna sporočila. Med vsemi temi pravili pravili 102 in 103 splošnih predpisov tožeče stranke (v nadaljevanju: pravili o upravičenosti) določata pogoje, pod katerimi lahko drsalci sodelujejo na tekmovanjih v hitrostnem drsanju in umetnostnem drsanju v pristojnosti tožeče stranke. Od leta 1998 pravili o upravičenosti določata „celovit sistem predhodnih odobritev“ (v nadaljevanju: sistem predhodnih odobritev), v skladu s katerim lahko drsalci sodelujejo le na tekmovanjih, ki jih odobri tožeča stranka ali njeni člani ter ki jih organizirajo predstavniki, ki jih odobri tožeča stranka, in na podlagi njenih pravil. Za namene te zadeve sta upoštevni različici pravil o upravičenosti tista iz junija 2014 (v nadaljevanju: pravili o upravičenosti iz leta 2014) in tista iz junija 2016 (v nadaljevanju: pravili o upravičenosti iz leta 2016). Kar zadeva pravili o upravičenosti iz leta 2014, iz pravila 102(2)(c) in (7) v povezavi s pravilom 103(2) izhaja, da je poklicnim drsalcem in predstavnikom tožeče stranke grozila doživljenjska izključenost iz vseh tekmovanj, ki jih organizira tožeča stranka, če bi se udeležili tekmovanja v hitrostnem drsanju, ki ga tožeča stranka ali eden njenih članov niso odobrili. V skladu s pravilom 102(1)(a)(i) v različici iz leta 2014 lahko oseba „sodeluje pri dejavnostih in tekmovanjih, ki spadajo v pristojnost ISU, če ta oseba spoštuje načela in politike ISU, kot so določena v predpisih ISU“. Pravilo 102(1)(a)(ii) je od leta 2002 določalo, da je „pogoj za upravičenost namenjen zagotavljanju ustreznega varstva ekonomskih in drugih interesov ISU, ki svoje finančne prihodke uporablja za upravljanje in razvoj športnih disciplin ISU ter za podporo ali v korist članov ISU in njihovih drsalcev“. Junija 2016 sta bili pravili o upravičenosti revidirani, namen česar je bil med drugim spremeniti pravila o naložitvi sankcij. Odslej se na podlagi pravila 102(7) sankcije v primeru sodelovanja športnikov na tekmovanju, ki spada v pristojnost tožeče stranke in ki ga ta ni odobrila, določijo glede na težo kršitve. V sistemu je v primeru prve kršitve določeno opozorilo, za malomarno sodelovanje na neodobrenih tekmovanjih sankcija izključitve do 5 let, za zavestno sodelovanje na neodobrenih tekmovanjih sankcija izključitve do 10 let in, nazadnje, za zelo resne kršitve sankcija doživljenjske izključitve, zlasti v primeru udeležbe na neodobrenih tekmovanjih, ki ogrožajo integriteto in pristojnost tožeče stranke. Poleg tega je bilo sklicevanje na ustrezno zaščito ekonomskih interesov tožeče stranke iz pravil o upravičenosti iz leta 2014 v različici iz leta 2016 odpravljeno. Novo pravilo 102(1)(a)(ii) odslej določa, da je „pogoj za upravičenost namenjen zagotavljanju ustreznega varstva etičnih vrednot, ciljev predpisov in drugih legitimnih interesov“ tožeče stranke, „ki svoje finančne prihodke uporablja za upravljanje in razvoj športnih disciplin ISU ter za podporo ali v korist članov ISU in njihovih drsalcev“. Poleg tega je treba poudariti, da člen 25 ustave tožeče stranke (v nadaljevanju: pravilnik o arbitraži) od 30. junija 2006 določa možnost, da drsalci pritožbo zoper odločbo o neupravičenosti vložijo le pri mednarodnem športnem razsodišču (v nadaljevanju: CAS) s sedežem v Lozani (Švica). Tožeča stranka je 25. oktobra 2015 objavila sporočilo št. 1974, naslovljeno „Odprta mednarodna tekmovanja“, v katerem je opredeljen postopek za pridobitev odobritve za organizacijo odprtega mednarodnega tekmovanja v okviru sistema predhodnih odobritev. Ta postopek se uporablja tako za člane tožeče stranke kot za zunanje organizatorje. Sporočilo št. 1974 določa, da mora vsa ta tekmovanja predhodno odobriti svet tožeče stranke in da morajo biti organizirana v skladu z njenimi pravili. V zvezi z rokom, določenim za vložitev vloge za odobritev, navedeno sporočilo razlikuje med člani tožeče stranke in zunanjimi organizatorji. Zunanji organizatorji morajo namreč svoje vloge predložiti vsaj šest mesecev pred datumom, določenim za tekmovanje, medtem ko je ta rok za člane skrajšan na tri mesece. Poleg tega je v sporočilu št. 1974 naštetih več splošnih, finančnih, tehničnih, športnih in etičnih zahtev, ki jih mora izpolniti organizator. Najprej, iz tega sporočila je razvidno, da morajo biti vsaki vlogi za odobritev priložene tehnične in športne informacije, kot so informacije v zvezi s krajem tekmovanja in višino nagrad, ki bodo dodeljene, ter splošne in finančne informacije, kot so med drugim poslovni načrti, proračun in televizijsko kritje, predvideno za dogodek. Dalje, organizator in vse osebe, ki z njim sodelujejo, morajo za izpolnitev etičnih zahtev predložiti izjavo, ki potrjuje, da sprejemajo etični kodeks tožeče stranke in zlasti da se zavežejo, da ne bodo vpletene v dejavnosti, povezane s stavami. Nazadnje, sporočilo št. 1974 določa, da si tožeča stranka pridržuje pravico zahtevati dodatne informacije za vsako od teh kategorij zahtev. Glede, natančneje, etičnih zahtev člen 4(h) etičnega kodeksa tožeče stranke od 25. januarja 2012 določa, da se morajo vsi, ki iz katerega koli naslova z njo sodelujejo, „vzdržati udeležbe pri vseh oblikah stav ali podpiranja vseh oblik stav ali iger na srečo, povezanih z vsemi tekmovanji ali dejavnostmi, ki spadajo v pristojnost ISU“. Sporočilo št. 1974 tožečo stranko pooblašča, da sprejme ali zavrne vlogo za odobritev, zlasti na podlagi zahtev, navedenih v navedenem sporočilu in povzetih zgoraj v točki 15, ter na podlagi temeljnih ciljev tožeče stranke, kot so opredeljeni „zlasti“ v členu 3(1) njene ustave. Člen 3(1) ustave tožeče stranke v bistvu določa, da so cilji tožeče stranke urejati, upravljati in spodbujati obe disciplini drsanja na ledu. V primeru zavrnitve vloge je v sporočilu št. 1974 določeno, da lahko vlagatelj vloge pri CAS vloži pritožbo zoper odločbo tožeče stranke, potem ko je v skladu z njenimi postopkovnimi pravili podpisal sporazum o arbitraži. Poleg tega je v sporočilu št. 1974 določeno, da mora vsak organizator tožeči stranki plačati solidarnostni prispevek, katerega znesek se določi za vsak primer posebej ter ki je namenjen spodbujanju in razvoju športov, za katere je na lokalni ravni pristojna tožeča stranka. II. Dejansko stanje A. Upravni postopek Evropska komisija je 23. junija 2014 prejela pritožbo dveh intervenientov, Marka Jana Hendrika Tuiterta in Nielsa Kersholta (v nadaljevanju: pritožnika), ki sta poklicna hitrostna drsalca, v zvezi z nezdružljivostjo pravil o upravičenosti iz leta 2014 s členoma 101 in 102 PDEU. Pritožnika sta med drugim navedla, da sta jima ti pravili preprečili sodelovanje na tekmovanju v hitrostnem drsanju, ki ga je korejska družba Icederby International Co. Ltd nameravala organizirati leta 2014 v Dubaju (Združeni arabski emirati) (v nadaljevanju: Velika nagrada Dubaja). Za to tekmovanje je bilo predvideno, da bi potekalo v novi obliki dirk, ki bi se izvedle na posebni ledeni stezi, na kateri bi hitrostni drsalci na dolge steze in na kratke steze tekmovali skupaj. Komisija se je 5. oktobra 2015 odločila, da bo proti tožeči stranki začela postopek v skladu s členom 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma [101 in 102 PDEU] (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. 81). Tožeča stranka je 8. januarja 2016 obvestila Komisijo, da namerava spremeniti pravili o upravičenosti. Zadevne spremembe je odobril kongres tožeče stranke in so začele veljati 11. junija 2016. Komisija je 27. septembra 2016 tožeči stranki poslala obvestilo o ugotovitvah o možnih kršitvah, ta pa je nanj odgovorila 16. januarja 2017. V okviru upravnega postopka, ki ga je vodila Komisija, je bilo 1. februarja 2017 opravljeno zaslišanje. Tožeča stranka je 27. aprila 2017 predložila vrsto zavez, da bi odpravila pomisleke Komisije v zvezi s konkurenco. Vendar je zadnjenavedena menila, da te zaveze ne zadostujejo za odpravo izraženih pomislekov v razumnem roku. Komisija je 6. oktobra 2017 tožeči stranki poslala dopis o ugotovljenih dejstvih. Ta je nanj odgovorila 25. oktobra 2017. Tožeča stranka je 30. oktobra 2017 predložila novo vrsto zavez, da bi odpravila pomisleke, ki jih je izrazila Komisija, ta pa je ponovno menila, da ne zadostujejo za odpravo izraženih pomislekov. Komisija je 8. decembra 2017 sprejela Sklep C(2017) 8230 final v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.40208 – Pravila Mednarodne drsalne zveze o upravičenosti) (v nadaljevanju: izpodbijani sklep). B. Izpodbijani sklep 1. Upoštevni trg Komisija je ugotovila, da je upoštevni trg v obravnavanem primeru svetovni trg organizacije in komercialnega izkoriščanja hitrostnega drsanja (v nadaljevanju: upoštevni trg). Kljub temu je Komisija – ob upoštevanju vloge tožeče stranke kot organizatorke najpomembnejših tekmovanj in regulativnega organa športa hitrostnega drsanja – menila, da pravili o upravičenosti omejujeta konkurenco, tudi če bi bilo treba trg opredeliti ožje (točka 115 obrazložitve izpodbijanega sklepa). Komisija je ugotovila, da je tožeča stranka lahko vplivala na konkurenco na upoštevnem trgu, ker je organ upravljanja in edini regulativni organ hitrostnega drsanja in ker ima pooblastilo za odobritev mednarodnih tekmovanj v tej disciplini. Poleg tega je tožeča stranka odgovorna za organizacijo najpomembnejših tekmovanj v hitrostnem drsanju. Njeno pomembno tržno moč naj bi potrjevalo dejstvo, da razen tožeče stranke in njenih članov nobeno podjetje ni moglo uspešno prodreti na upoštevni trg (točke od 116 do 134 obrazložitve izpodbijanega sklepa). 2. Uporaba člena 101(1) PDEU Komisija je menila, da je tožeča stranka podjetniško združenje in da pravili o upravičenosti pomenita sklep podjetniškega združenja v smislu člena 101(1) PDEU (točke od 147 do 152 obrazložitve izpodbijanega sklepa). Komisija je v oddelku 8.3 izpodbijanega sklepa ugotovila, da je bil cilj pravil o upravičenosti tako v različici iz leta 2014 kot v različici iz leta 2016 omejiti konkurenco v smislu člena 101(1) PDEU. V bistvu je menila, da navedeni pravili omejujeta možnosti poklicnih hitrostnih drsalcev, da svobodno sodelujejo na mednarodnih preizkusih, ki jih organizirajo tretje osebe, s tem pa potencialnim organizatorjem konkurenčnih preizkusov onemogočajo storitve športnikov, ki so potrebne za organizacijo teh tekmovanj. Do te ugotovitve je prišla po preučitvi vsebine navedenih pravil, njihovih ciljev, gospodarskega in pravnega okvira, v katerega so umeščena, ter subjektivnega namena tožeče stranke, da izključi zunanje organizatorje (točke od 162 do 188 obrazložitve izpodbijanega sklepa). Ker je Komisija ugotovila, da pravili o upravičenosti pomenita omejitev konkurence zaradi cilja, je poudarila, da ni treba analizirati posledic navedenih pravil. Vendar je v oddelku 8.4 izpodbijanega sklepa navedla razloge, na podlagi katerih je lahko sklepala, da je tudi posledica teh pravil omejevanje konkurence (točke od 189 do 205 obrazložitve izpodbijanega sklepa). Komisija je v oddelku 8.5 izpodbijanega sklepa preučila, ali sta pravili o upravičenosti lahko izvzeti s področja uporabe člena 101 PDEU. V zvezi s tem je v bistvu navedla, da ti pravili nista namenjeni le doseganju povsem legitimnih ciljev, ampak tudi drugih interesov tožeče stranke, med katerimi so njeni ekonomski interesi. Poleg tega Komisija meni, da pravili o upravičenosti delno nista neločljivo povezani z zastavljenimi legitimnimi cilji in nikakor nista sorazmerni z zadevnimi cilji (točke 220 in od 225 do 266 obrazložitve izpodbijanega sklepa). 3. Presoja pravilnika o arbitraži Komisija je v oddelku 8.7 izpodbijanega sklepa priznala, da je arbitraža splošno sprejeta metoda za reševanje sporov in da sklenitev arbitražne klavzule sama po sebi ne pomeni omejitve konkurence. Vendar je menila, da pravilnik o arbitraži tožeče stranke povečuje omejevanje konkurence, ki jo povzročajo njena pravila o upravičenosti (točka 269 obrazložitve izpodbijanega sklepa). Ta ugotovitev je po eni strani temeljila na dejstvu, da po mnenju Komisije pravilnik o arbitraži otežuje pridobitev učinkovitega sodnega varstva pred morebitnimi odločbami o neupravičenosti tožeče stranke, ki ne bi bile v skladu s členom 101 PDEU. Po drugi strani je Komisija ugotovila, da so bili športniki prisiljeni sprejeti pravilnik o arbitraži in izključno pristojnost CAS (točke od 270 do 276 obrazložitve izpodbijanega sklepa). 4. Izrek Komisija je v izreku izpodbijanega sklepa sklenila: „Člen 1 Mednarodna drsalna zveza je s tem, da je glede hitrostnega drsanja sprejela in uporabljala pravila o upravičenosti, zlasti pravili 102 in 103 splošnih predpisov ISU iz leta 2014 in splošnih predpisov ISU iz leta 2016, kršila člen 101 [PDEU] in člen 53 Sporazuma [EGP]. Kršitev se je začela junija 1998 in traja še danes. Člen 2 Mednarodna drsalna zveza mora v 90 dneh od datuma uradnega obvestila o sklepu odpraviti kršitev, navedeno v členu 1, in v istem roku Komisijo obvestiti o vseh ukrepih, ki jih je v zvezi s tem sprejela. Mednarodna drsalna zveza se mora vzdržati ponavljanja vseh dejanj ali ravnanj, opisanih v členu 1, ter kakršnih koli dejanj ali ravnanj, ki imajo enak ali podoben cilj ali posledico. […] Člen 4 Če Mednarodna drsalna zveza ne upošteva zahtev iz člena 2, ji Komisija naloži dnevno denarno kazen v višini 5 % njenega povprečnega dnevnega prometa v predhodnem letu.“ III. Postopek in predlogi strank Tožeča stranka je 19. februarja 2018 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila to tožbo. Komisija je 17. maja 2018 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila odgovor na tožbo. European Elite Athletes Association in pritožnika so 1. junija 2018 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložili predlog za intervencijo v podporo predlogom Komisije. Predlogi za intervencijo so bili vročeni glavnima strankama, ki jim nista nasprotovali. Vendar sta v skladu s členom 144 Poslovnika Splošnega sodišča predlagali, naj se nekateri zaupni podatki iz spisa ne posredujejo intervenientom in sta zato predložili nezaupno različico zadevnih aktov. Predsednica sedmega senata je s sklepom z dne 12. septembra 2018 predlogom za intervencijo ugodila. Ker se je sestava senatov Splošnega sodišča 25. marca 2019 spremenila, je bila ta zadeva na podlagi člena 27(5) Poslovnika dodeljena novi sodnici poročevalki petega senata, ki mu je bila zato zadeva dodeljena. Ker se je 16. oktobra 2019 sestava senatov Splošnega sodišča ponovno spremenila, je bila sodnica poročevalka na podlagi člena 27(5) Poslovnika razporejena v četrti senat, ki mu je bila zato dodeljena ta zadeva. Splošno sodišče je 20. decembra 2019 na predlog četrtega senata na podlagi člena 28 svojega Poslovnika odločilo, da zadevo predodeli razširjenemu senatu. Splošno sodišče (četrti razširjeni senat) je na predlog sodnice poročevalke odločilo, da bo izvedlo ustni del postopka, in je v okviru ukrepov procesnega vodstva, ki so določeni v členu 89 Poslovnika, strankam pisno postavilo vprašanja in jih pozvalo, naj nanje odgovorijo na obravnavi. Poleg tega je tožeča stranka na poziv Splošnega sodišča predložila kopijo sporočila št. 1974. Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj: – izpodbijani sklep razglasi za ničen; – Komisiji naloži plačilo stroškov. Komisija Splošnemu sodišču predlaga, naj: – tožbo zavrne; – plačilo stroškov naloži tožeči stranki. Intervenienti Splošnemu sodišču predlagajo, naj tožbo zavrne. IV. Pravo V podporo tožbi tožeča stranka navaja osem tožbenih razlogov. S prvim tožbenim razlogom v bistvu trdi, da je obrazložitev izpodbijanega sklepa protislovna. Z drugim in tretjim tožbenim razlogom nasprotuje temu, da se pravili o upravičenosti tožeče stranke opredelita, kot da imata za cilj in posledico omejevanje konkurence. Tožeča stranka s četrtim tožbenim razlogom graja presojo Komisije v zvezi z vprašanjem, ali sta pravili o upravičenosti neločljivo povezani in sorazmerni z uresničevanjem cilja zaščite integritete hitrostnega drsanja pred športnimi stavami. Tožeča stranka s petim tožbenim razlogom nasprotuje temu, da Komisija upošteva njeno odločitev, da zavrne odobritev organizacije Velike nagrade Dubaja, saj ta odločitev ne spada na ozemeljsko področje uporabe člena 101 PDEU. Tožeča stranka s šestim tožbenim razlogom izpodbija ugotovitev, da pravilnik o arbitraži povečuje ugotovljeno omejevanje konkurence. S sedmim tožbenim razlogom trdi, da je Komisija kršila člen 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov [101] in [102 PDEU] (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205), ker je v členu 2 izreka izpodbijanega sklepa naložila korektivne ukrepe, ki niso povezani z ugotovljeno kršitvijo. Tožeča stranka z osmim tožbenim razlogom izpodbija člen 4 izreka izpodbijanega sklepa iz istih razlogov, kot so navedeni v utemeljitev sedmega tožbenega razloga, ter zaradi nejasnosti in nenatančnosti korektivnih ukrepov. Komisija ob podpori intervenientov prereka vse trditve tožeče stranke. A. Prvi tožbeni razlog: protislovnost obrazložitve izpodbijanega sklepa Tožeča stranka s prvim tožbenim razlogom trdi, da je izpodbijani sklep nezakonit, ker temelji na očitno protislovni obrazložitvi. V skladu z ustaljeno sodno prakso je obveznost obrazložitve, določena v členu 296, drugi odstavek, PDEU, bistvena postopkovna zahteva, ki jo je treba razlikovati od vprašanja utemeljenosti obrazložitve, pri kateri gre za vsebinsko zakonitost spornega akta (glej sodbe z dne 29. septembra 2011, Elf Aquitaine/Komisija, C‑521/09 P , EU:C:2011:620 , točka in navedena sodna praksa; z dne 11. julija 2013, Ziegler/Komisija, C‑439/11 P , EU:C:2013:513 , točki in , ter z dne 13. decembra 2016, Printeos in drugi/Komisija, T‑95/15 , EU:T:2016:722 , točka ), tako da Splošno sodišče pri nadzoru spoštovanja obveznosti obrazložitve ne preizkuša zakonitosti razlogov, ki jih Komisija navaja v utemeljitev svojega sklepa. Iz tega sledi, da so v okviru razloga, ki se nanaša na neobstoj ali pomanjkljivost obrazložitve, očitki in trditve, katerih namen je izpodbijanje utemeljenosti izpodbijanega sklepa, brezpredmetni in niso upoštevni (glej sodbo z dne 15. junija 2005, Corsica Ferries France/Komisija, T‑349/03 , EU:T:2005:221 , točki in ter navedena sodna praksa). V obravnavanem primeru tožeča stranka v podporo prvemu tožbenemu razlogu navaja vrsto trditev, s katerimi dejansko izpodbija utemeljenost izpodbijanega sklepa. Tako je treba v skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 53, v okviru tega tožbenega razloga te trditve šteti za neupoštevne. Zato je treba za preučitev prvega tožbenega razloga preveriti le, ali je obrazložitev izpodbijanega sklepa, kot trdi tožeča stranka, protislovna. Tožeča stranka v zvezi s tem v bistvu trdi, da je obrazložitev izpodbijanega sklepa protislovna, ker je Komisija ugotovila, da pravili o upravičenosti kot taki omejujeta konkurenco, ne da bi pri tem menila, da sistem predhodne odobritve, ki ga ti pravili vsebujeta, ni neločljivo povezan z uresničevanjem legitimnih ciljev. To protislovje naj bi še bolj dokazovalo dejstvo, da naj bi Komisija trdila, da bi tožeča stranka lahko končala kršitev, hkrati pa ohranila svoj sistem predhodne odobritve. Iz sodne prakse izhaja, da mora biti obrazložitev logična in zlasti ne sme vsebovati notranjih protislovij, ki bi ovirala razumevanje razlogov, na katerih izpodbijani akt temelji (glej v tem smislu sodbi z dne 10. julija 2008, Bertelsmann in Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , točka , in z dne 29. septembra 2011, Elf Aquitaine/Komisija, C‑521/09 P , EU:C:2011:620 , točka ). Komisija je v obravnavanem primeru ugotovila, da pravili o upravičenosti, kot ju je tožeča stranka zasnovala in uporabljala na upoštevnem trgu, omejujeta konkurenco tako zaradi cilja kot zaradi posledice v smislu člena 101 PDEU (glej oddelke od 8.3 do 8.5 izpodbijanega sklepa). Iz oddelka 8.5 izpodbijanega sklepa je razvidno, da je tožeča stranka v upravnem postopku trdila, da se za pravili o upravičenosti med drugim ne uporablja prepoved iz člena 101 PDEU, saj naj bi bil zlasti sistem predhodne odobritve, vključen v navedeni pravili, nujen za zagotovitev, da vsi organizatorji tekmovanj v hitrostnem drsanju ravnajo v skladu s standardi in cilji tožeče stranke. Komisija pa je v točki 254 obrazložitve izpodbijanega sklepa menila, da za namene te zadeve ni bilo treba zavzeti stališča glede vprašanja, ali je sistem predhodne odobritve neločljivo povezan z uresničevanjem legitimnih ciljev. Vendar je v utemeljitev svoje ugotovitve, da sistem predhodne odobritve, kot ga je vzpostavila tožeča stranka, ni sorazmeren s cilji, ki naj bi jim ta sledila, in da zato zanj velja prepoved iz člena 101 PDEU, navedla več razlogov (glej točke od 254 do 258 obrazložitve izpodbijanega sklepa). Pri tem je Komisija uporabila sodno prakso, v skladu s katero za vsak sklep podjetniškega združenja, ki omejuje svobodo delovanja strank ali ene izmed njih, ne velja nujno prepoved, ki jo določa člen 101(1) PDEU. V skladu s to sodno prakso se prepoved iz člena 101 PDEU ne nanaša na omejitve, ki izhajajo iz sklepa podjetniškega združenja, če te izpolnjujejo dva kumulativna pogoja. Prvič, omejitev mora biti neločljivo povezana z uresničevanjem legitimnih ciljev in mora biti, drugič, sorazmerna s temi cilji (glej v tem smislu sodbo z dne 18. julija 2006, Meca-Medina in Majcen/Komisija, C‑519/04 P , EU:C:2006:492 , točka ). V obravnavanem primeru je Komisija – kot je bilo navedeno zgoraj v točki 59 – navedla več razlogov, iz katerih je ugotovila, da sistem predhodne odobritve ne izpolnjuje drugega merila iz sodne prakse, navedene zgoraj v točki 60, in sicer merila sorazmernosti. Ker sta merili iz te sodne prakse kumulativni, Komisiji v izpodbijanem sklepu ni bilo treba zavzeti stališča o neločljivi povezanosti zadevnega sistema s prizadevanjem za uresničitev legitimnih ciljev in zato njen sklep ni bil protisloven. Res je, da je Komisija v točki 339 obrazložitve izpodbijanega sklepa priznala, da bi tožeča stranka lahko odpravila ugotovljeno kršitev in hkrati ohranila sistem predhodne odobritve. Vendar ta ugotovitev ne nasprotuje ugotovitvi, da pravili o upravičenosti omejujeta konkurenco, ker je morebitno sprejetje takega sistema s strani Komisije jasno pogojeno s tem, da se vanj vnesejo „bistvene spremembe“ za odpravo kršitve, in sicer spremembe, katerih cilj bi bil nevtralizirati nesorazmernost navedenega sistema. Iz tega sledi, da Komisija – v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka – ni odobrila ohranitve sistema predhodne odobritve tožeče stranke, kot je bil zasnovan, in v zvezi s tem prav tako njen sklep ni protisloven. Zato je treba prvi tožbeni razlog zavrniti. B. Drugi, tretji in četrti tožbeni razlog: pravili o upravičenosti tožeče stranke ne omejujeta konkurence zaradi cilja in zaradi posledice ter ne spadata na področje uporabe člena 101 PDEU Tožeča stranka z drugim, tretjim in četrtim tožbenim razlogom izpodbija, prvič, presojo Komisije o obstoju omejevanja konkurence in, drugič, ugotovitev Komisije, da za pravili o upravičenosti velja prepoved iz člena 101 PDEU. Splošno sodišče meni, da je treba te tožbene razloge preučiti skupaj. Sklep podjetniškega združenja mora – da bi bil zajet s prepovedjo iz člena 101(1) PDEU – imeti za „cilj oziroma posledico“ preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. Na podlagi ustaljene sodne prakse Sodišča od sodbe z dne 30. junija 1966, LTM ( 56/65 , EU:C:1966:38 ) dalje, je treba zaradi možnosti izbire, ki jo vsebuje ta pogoj in označuje veznik „oziroma“, najprej preučiti sam cilj sklepa podjetniškega združenja (glej v tem smislu sodbi z dne 26. novembra 2015, Maxima Latvija, C‑345/14 , EU:C:2015:784 , točka , in z dne 20. januarja 2016, Toshiba Corporation/Komisija, C‑373/14 P , EU:C:2016:26 , točka ). Pojem omejevanja konkurence zaradi cilja je mogoče uporabiti le za nekatere vrste dogovorov med podjetji, ki sami po sebi pomenijo zadostno stopnjo škodljivosti za dobro delovanje običajne konkurence, da se šteje, da ugotavljanje njihovih posledic ni potrebno (glej v tem smislu sodbi z dne 30. junija 1966, LTM, 56/65 , EU:C:1966:38 , str. 359; z dne 11. septembra 2014, CB/Komisija, C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , točke 49, 50 in 58 ter navedena sodna praksa, in z dne 16. julija 2015, ING Pensii, C‑172/14 , EU:C:2015:484 , točka ). V skladu s sodno prakso Sodišča je treba za presojo, ali je sporazum med podjetji tako škodljiv, da se šteje za omejevanje konkurence zaradi cilja v smislu člena 101(1) PDEU, upoštevati vsebino njegovih določb, cilje, ki se želijo z njim doseči, ter pravni in gospodarski okvir, v katerega je umeščen (glej sodbo z dne 16. julija 2015, ING Pensii, C‑172/14 , EU:C:2015:484 , točka in navedena sodna praksa). Zato je treba v obravnavanem primeru preučiti pravili o upravičenosti glede na njune zatrjevane cilje in posebne okoliščine, ki jih tvori zlasti pooblastilo za odobritev, ki ga imajo športne zveze, da se preveri, ali je Komisija pravilno opredelila pravili o upravičenosti tožeče stranke kot omejevanje konkurence zaradi cilja. 1. Obveznosti športne zveze, ki ima pooblastilo za odobritev Tožeča stranka trdi, da se sodna praksa, ki izhaja iz sodbe z dne 1. julija 2008, MOTOE ( C‑49/07 , EU:C:2008:376 , točki in ), navedene v opombi 267 izpodbijanega sklepa, v obravnavani zadevi ne uporablja, ker se ta sodna praksa nanaša na uporabo členov 102 in 106 PDEU, ne pa na uporabo člena 101 PDEU kot v obravnavanem primeru. V zvezi s tem je treba spomniti, da v skladu s to sodno prakso zakonodaja – kadar pravni osebi, ki sama organizira in komercialno izkorišča tekmovanja, daje pooblastilo za imenovanje oseb, ki so pooblaščene za organizacijo navedenih tekmovanj in za določitev pogojev, pod katerimi se ta organizirajo – tej pravni osebi daje očitno prednost pred njenimi konkurenti. Podjetje, ki ima tako pravico, lahko drugim subjektom prepreči dostop na zadevni trg. Zato morajo za izvajanje te regulativne naloge veljati omejitve, obveznosti ali nadzor, da se zadevni pravni osebi prepreči, da bi s spodbujanjem tekmovanj, ki jih organizira ali pri organizaciji katerih sodeluje, izkrivljala konkurenco (glej v tem smislu sodbo z dne 1. julija 2008, MOTOE, 49/07 , EU:C:2008:376 , točki in ). Ugotoviti pa je treba, da iz sodbe z dne 28. februarja 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas ( C‑1/12 , EU:C:2013:127 , točki in ), izhaja, da je Sodišče to sodno prakso po analogiji uporabilo v zadevi, ki se je nanašala na uporabo člena 101 PDEU, glede pravil, ki jih je sprejelo podjetniško združenje, ki je bilo hkrati udeleženec in regulator upoštevnega trga, kot v obravnavani zadevi. Zato je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da se sodna praksa, navedena zgoraj v točki 70, uporablja le v zadevi, ki se nanaša na uporabo členov 102 in 106 PDEU. Poleg tega tožeča stranka meni, da sodba z dne 28. februarja 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas ( C‑1/12 , EU:C:2013:127 , točki in ), v obravnavani zadevi ne upravičuje uporabe sodne prakse, navedene zgoraj v točki 70, saj je Sodišče v tej sodbi to sodno prakso uporabilo v okviru analize omejevanja zaradi posledice, in ne omejevanja zaradi cilja kot v obravnavanem primeru. Iz sodne prakse pa izhaja, da lahko sporazum omejuje konkurenco zaradi cilja v posebnih okoliščinah, medtem ko bi bila v drugih okoliščinah potrebna analiza posledic sporazuma (glej v tem smislu sodbo z dne 30. januarja 2020, Generics (UK) in drugi, C‑307/18 , EU:C:2020:52 , točka ). Iz tega sledi, da dejstvo, da je Sodišče pravilnik združenja revizorjev opredelilo kot omejitev zaradi posledice, v okviru analize omejevanja zaradi cilja ne preprečuje uporabe sodne prakse, navedene zgoraj v točki 70. V obravnavanem primeru je tožeča stranka, kot je razvidno iz točke 4 zgoraj, pristojna za določitev pravil v disciplinah, ki spadajo v njeno pristojnost. Čeprav je res, da javni organ nanjo ni prenesel te regulativne funkcije kot v zadevah, v katerih so bile izdane sodbe, navedene zgoraj v točkah 70 in 71, pa kot izključna mednarodna športna zveza, ki jo priznava MOK, za zadevni disciplini izvaja regulativno dejavnost (glej v tem smislu sodbo z dne 26. januarja 2005, Piau/Komisija, 193/02 , EU:T:2005:22 , točka ). Poleg tega je iz točk od 38 do 41 obrazložitve izpodbijanega sklepa, ki jih tožeča stranka ne prereka, razvidno, da hitrostno drsanje za veliko večino poklicnih drsalcev ustvarja zelo omejene možnosti prihodkov. Prav tako – kot je Komisija ugotovila v točki 172 obrazložitve izpodbijanega sklepa, ne da bi ji tožeča stranka nasprotovala – tožeča stranka organizira ali nadzira organizacijo najpomembnejših tekmovanj v hitrostnem drsanju, na katerih drsalci, ki hitrostno drsajo, morajo sodelovati, da se lahko preživljajo. Opozoriti pa je treba, da pravili o upravičenosti, sprejeti pri izvajanju regulativne funkcije tožeče stranke, določata sankcije neupravičenosti v primeru sodelovanja drsalcev na neodobrenem tekmovanju. Ker si drsalci ne morejo privoščiti, da bi jim bila odvzeta možnost sodelovanja na večjih tekmovanjih, ki jih organizira tožeča stranka, iz tega sledi, da morajo zunanji organizatorji, ki nameravajo organizirati tekmovanje v hitrostnem drsanju, predhodno pridobiti odobritev tožeče stranke, če želijo, da drsalci na teh tekmovanjih sodelujejo. Zato je treba glede na to, da tožeča stranka organizira tekmovanja in da ima prav tako pooblastilo za odobritev tekmovanj, ki jih organizirajo tretje osebe, ugotoviti, da lahko ta položaj povzroči navzkrižje interesov. V teh okoliščinah iz sodne prakse, navedene zgoraj v točkah 70 in 71, izhaja, da mora tožeča stranka pri preučitvi vlog za odobritev zagotoviti, da se tem tretjim osebam neupravičeno ne odvzame dostop do trga do te mere, da je konkurenca na tem trgu izkrivljena. Zato je treba preučiti trditve tožeče stranke, s katerimi ta izpodbija presojo Komisije glede obsega in ciljev pravil o upravičenosti, pri čemer je treba upoštevati, da mora tožeča stranka pri izvajanju svoje regulativne funkcije izpolniti obveznosti, ki izhajajo iz sodne prakse, navedene zgoraj v točkah 70 in 71. 2. Vsebina in cilji pravil o upravičenosti V skladu z ustaljeno sodno prakso združljivosti ureditve s pravili Evropske unije o konkurenci ni mogoče presojati abstraktno. Prepoved, določena v členu 101(1) PDEU, ne velja nujno za vse sporazume med podjetji ali vse sklepe podjetniških združenj, ki omejujejo svobodo delovanja strank ali ene izmed njih. Za namene uporabe te določbe v zadevnem primeru je treba namreč najprej upoštevati celoten kontekst, v katerem je bil sklep podjetniškega združenja sprejet ali v katerem ta učinkuje, še posebej pa njegove cilje. Nato je treba preučiti, ali so omejevalni učinki konkurence, ki iz tega sklepa izhajajo, neločljivo povezani z uresničevanjem legitimnih ciljev in so sorazmerni s temi cilji (glej v tem smislu sodbi z dne 19. februarja 2002, Wouters in drugi, C‑309/99 , EU:C:2002:98 , točka , in z dne 18. julija 2006, Meca-Medina in Majcen/Komisija, C‑519/04 P , EU:C:2006:492 , točka ). V zvezi s cilji, ki jih je mogoče doseči, je treba opozoriti, da člen 165(1), drugi pododstavek, PDEU določa, da Unija prispeva k spodbujanju evropske razsežnosti v športu, ob upoštevanju njegove posebne narave, na prostovoljstvu temelječih struktur ter njegove družbene in vzgojne vloge. V skladu z odstavkom 2 istega člena je cilj dejavnosti Unije na tem področju razvijanje evropske razsežnosti v športu s spodbujanjem pravičnosti in odprtosti pri športnih tekmovanjih in sodelovanja med organi, odgovornimi za šport, ter z varovanjem telesne in moralne integritete športnikov, zlasti najmlajših med njimi. Zato je treba v okviru analize morebitnih utemeljitev omejitev na področju športa upoštevati posebne značilnosti športa na splošno ter njegovo družbeno in vzgojno funkcijo (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 16. marca 2010, Olympique Lyonnais, C‑325/08 , EU:C:2010:143 , točka ). V obravnavani zadevi tožeča stranka izpodbija presojo Komisije glede vsebine in ciljev pravil o upravičenosti. Zlasti trdi, da se s praviloma o upravičenosti uresničuje legitimni cilj zaščite integritete hitrostnega drsanja pred tveganji, povezanimi s stavami. a) Vsebina pravil o upravičenosti Tožeča stranka izpodbija preučitev vsebine pravil o upravičenosti in sporočila št. 1974. Na prvem mestu trdi, da bi navedena pravila lahko omejevala konkurenco zaradi cilja le, če bi drsalcem v celoti prepovedala sodelovanje na tekmovanjih, ki jih organizirajo tretje osebe, v obravnavanem primeru pa naj ne bi bilo tako. To trditev je treba že uvodoma zavrniti, ker bi bilo treba priznati, da opredelitev ravnanja kot omejevanja zaradi cilja temelji na odpravi vsakršne konkurence na upoštevnem trgu. Ugotoviti pa je treba, da opredelitev za omejevanje konkurence zaradi cilja ni pridržana za sklepe podjetniških združenj, s katerimi se odpravi vsakršna konkurenca. Iz sodne prakse namreč izhaja, da se ta opredelitev uporablja za vsak sklep podjetniškega združenja, ki je sam po sebi dovolj škodljiv za dobro delovanje konkurence, ob upoštevanju njegove vsebine, ciljev, ki se želijo z njim doseči, ter pravnega okvira, v katerega je umeščen (glej v tem smislu sodbi z dne 11. septembra 2014, CB/Komisija, C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , točka , in z dne 19. marca 2015, Dole Food in Dole Fresh Fruit Europe/Komisija, C‑286/13 P , EU:C:2015:184 , točka ). Na drugem mestu tožeča stranka trdi, da na podlagi nobenega od elementov, ki jih je upoštevala Komisija, ni mogoče sklepati, da je cilj pravil o upravičenosti omejiti konkurenco. Po njenem mnenju je Komisija pri opredelitvi pravil o upravičenosti kot omejevanje konkurence zaradi cilja upoštevala štiri elemente, in sicer neobstoj neposredne povezave z legitimnimi cilji, strogost sankcij, sklicevanje na varstvo ekonomskih interesov tožeče stranke in neobstoj povezave s tekmovanjem ali nizom tekmovanj, ki jih ta organizira. 1) Neobstoj neposredne povezave z legitimnimi cilji Tožeča stranka trdi, da ugotovitev, da pravili o upravičenosti nimata neposredne zveze z legitimnimi cilji, ni utemeljena. Ugotoviti pa je treba, na prvem mestu, da v pravilih o upravičenosti legitimni cilji, ki jim ti pravili sledita, niso izrecno navedeni. Kot navaja tožeča stranka, se pravilo 102 od leta 1998 res sklicuje na „načela in politike, kot so določena v [njenih] predpisih in [njenih] pravilih“, in po spremembi leta 2016 določa, da je „pogoj upravičenosti namenjen zagotavljanju ustreznega varstva etičnih vrednot ISU“. Vendar medtem ko „etične vrednote“ lahko izhajajo iz etičnega kodeksa tožeče stranke, „načela in politike“ v predpisih in pravilih tožeče stranke niso bile izrecno opredeljene ali naštete. Zato ti nejasni izrazi sami po sebi ne omogočajo natančne opredelitve legitimnih ciljev, ki naj bi jim navedena pravila sledila. Na drugem mestu je treba opozoriti, da od leta 1998 do objave sporočila št. 1974 20. oktobra 2015 pravili o upravičenosti nista določali nobenega merila za odobritev tekmovanj, ki bi jih tretje osebe želele organizirati kot odprta mednarodna tekmovanja. Iz tega sledi, da pravni okvir tožeče stranke pred objavo tega sporočila ni imel vsebine v zvezi z merili za odobritev tekmovanj, tako da je imela tožeča stranka pri zavrnitvi odobritve za tekmovanja, ki so jih nameravale organizirati tretje osebe, popolno diskrecijo. Ta diskrecijska pravica z objavo sporočila št. 1974, s katerim je bila dopolnjena vsebina pravil o upravičenosti, ni bila bistveno spremenjena. Čeprav so v navedenem sporočilu naštete nekatere splošne, finančne, tehnične, športne in etične zahteve, te zahteve namreč niso izčrpne, saj je v tem sporočilu poleg tega določeno, da bo tožeča stranka vlogo za odobritev sprejela ali zavrnila, ob upoštevanju „zlasti“ zahtev, ki jih določa, kar ji omogoča, da sprejme ali zavrne vlogo za odobritev iz drugih razlogov od tistih, ki so izrecno predvideni kot zahteve, določene v navedenem sporočilu. Poleg tega, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 15, iz vsebine sporočila št. 1974 izhaja, da si tožeča stranka pridržuje pravico, da od organizatorjev zahteva dodatne informacije, povezane z različnimi zgoraj navedenimi zahtevami. Zato je treba ugotoviti, da vse zahteve iz sporočila št. 1974 niso jasno opredeljena, pregledna in nediskriminatorna merila za odobritev, ki bi jih bilo mogoče preveriti in ki bi lahko organizatorjem tekmovanj zagotavljala učinkovit dostop na upoštevni trg (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 28. februarja 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C‑1/12 , EU:C:2013:127 , točka ). Iz teh ugotovitev izhaja, da je imela tožeča stranka od leta 1998 in celo po sprejetju sporočila št. 1974 široko diskrecijsko pravico za zavrnitev odobritve tekmovanj, ki so jih ponujale tretje osebe, tudi iz razlogov, ki niso bili izrecno določeni, kar je lahko privedlo do sprejetja odločb o zavrnitvi iz nezakonitih razlogov. V teh okoliščinah je Komisija v točkah 163 in 185 obrazložitve izpodbijanega sklepa pravilno ugotovila, da pravili o upravičenosti po vsebini nista neposredno povezani z legitimnimi cilji, ki jih je tožeča stranka navedla v upravnem postopku. 2) Strogost sankcij Tožeča stranka trdi, da strogost sankcij ni upošteven dejavnik pri ugotavljanju, ali je cilj vsebine njenega sistema predhodne odobritve omejevanje konkurence. Sodišče pa je že razsodilo, da imata lahko represivnost ureditve in pomen sankcij, ki se uporabijo v primeru kršitve, negativne učinke na konkurenco, saj bi lahko, če sankcije niso omejene na to, kar je nujno za zagotovitev pravilnega poteka športnega tekmovanja, in če bi se nazadnje izkazale za neutemeljene, privedle do neupravičene izključitve športnika s tekmovanj in s tem do izkrivljanja pogojev za opravljanje zadevne športne dejavnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 18. julija 2006, Meca-Medina in Majcen/Komisija, C‑519/04 P , EU:C:2006:492 , točka ). V obravnavanem primeru v skladu s praviloma o upravičenosti drsalcem, ki sodelujejo na tekmovanjih, ki jih tožeča stranka ali eden od njenih članov nista odobrila, grozi sankcija. Kot izhaja iz točke 7 zgoraj, sta pravili o upravičenosti do njune spremembe leta 2016 določali enotno in izjemno strogo sankcijo doživljenjske izključitve, ki se je uporabljala v vseh primerih, ne glede na to, ali je šlo za prvo kršitev ali za ponovno kršitev. Zato je šlo za strogo sankcijo. Iz tega sledi, da so bile omejitve, ki so izhajale iz pravil o upravičenosti iz leta 2014, očitno nesorazmerne glede na cilj zaščite integritete drsanja. Res je, kot je razvidno iz točke 10 zgoraj, da je bil režim sankcij leta 2016 omiljen, ker ne določa več enotne sankcije doživljenjske izključitve za vse kršitve. Vendar je treba poudariti dejstvo, ki ga tožeča stranka poleg tega ne izpodbija, da kariera drsalca v povprečju traja osem let. Zato je treba ugotoviti, da sankcije, predvidene v pravilih o upravičenosti iz leta 2016, tudi tiste, ki so določene za določeno obdobje 5 in 10 let, še vedno niso sorazmerne v delu, v katerem se uporabljajo zlasti za sodelovanje na zunanjih tekmovanjih, ki niso odobrena. Poleg tega pravili o upravičenosti iz leta 2016 ne določata natančno pogojev, ki bi omogočali delitev med različnimi kategorijami kršitev. Zlasti ne razlikujeta jasno med kršitvami, ki so opredeljene kot „zelo resne“, in kršitvami, ki niso opredeljene tako. Iz tega sledi, da sistem sankcij ni predvidljiv in tako pomeni tveganje samovoljne uporabe, zaradi česar imajo navedene sankcije pretiran odvračilni učinek. V teh okoliščinah je v nasprotju s trditvami tožeče stranke strogost sankcij, določenih s pravili o upravičenosti, posebej upošteven element pri analizi njihove vsebine. Ta strogost lahko namreč športnike odvrne od sodelovanja na tekmovanjih, ki jih tožeča stranka ni odobrila, tudi če ni legitimnih razlogov, s katerimi bi bilo mogoče tako zavrnitev utemeljiti, in zato lahko omeji dostop do trga potencialnim konkurentom, ki ne morejo zagotoviti sodelovanja športnikov, potrebnih za organizacijo njihovega športnega tekmovanja. 3) Neobstoj povezave med praviloma o upravičenosti in tekmovanjem ali nizom tekmovanj tožeče stranke Tožeča stranka trdi, da dejstvo, da njeni pravili o upravičenosti nista povezani s tekmovanjem ali nizom tekmovanj, ki jih organizira, ni upoštevno v okviru analize omejevanja zaradi cilja. Iz točke 166 v povezavi s točko 243 obrazložitve izpodbijanega sklepa pa je razvidno, da Komisija graja dejstvo, da pravili o upravičenosti naložitve sankcije ne pogojujeta s tem, da neodobreno tekmovanje, na katerem naj bi sodelovali zadevni športniki, sovpada s tekmovanjem tožeče stranke. Ta ugotovitev v resnici ni nič drugega kot primer neobstoja neposredne povezave z legitimnimi cilji, na katere se je tožeča stranka sklicevala v upravnem postopku, in razkriva širok, celo pretiran obseg pravil o upravičenosti. Navedeni pravili namreč tožeči stranki omogočata, da športnikom naloži sankcije neupravičenosti, če sodelujejo na neodobrenih tekmovanjih, tudi če v časovnem načrtu tožeče stranke ni predvideno nobeno tekmovanje istočasno in tudi če zadevni športniki iz katerega koli razloga ne morejo sodelovati na tekmovanjih, ki jih organizira tožeča stranka. Zato je treba zavrniti očitek tožeče stranke, da ugotovitev iz točk 166 in 243 obrazložitve izpodbijanega sklepa ni upoštevna. Glede argumentov v zvezi s sklicevanjem na zaščito ekonomskih interesov tožeče stranke je treba navesti, da so ti preučeni spodaj v točkah od 106 do 111 v okviru analize ciljev pravil o upravičenosti. b) Cilji, ki se želijo doseči s praviloma o upravičenosti Očitke tožeče stranke v zvezi s preučitvijo ciljev pravil o upravičenosti s strani Komisije je mogoče razdeliti na dva dela. Na eni strani tožeča stranka s četrtim tožbenim razlogom izpodbija ugotovitev, da naj pravili o upravičenosti ne bi bili utemeljeni z legitimnim ciljem zaščite integritete hitrostnega drsanja pred tveganji, povezanimi s stavami. Na drugi strani tožeča stranka v okviru drugega tožbenega razloga trdi, da je Komisija s tem, da se je za utemeljitev ugotovitve, da je namen teh pravil izključiti organizatorje konkurenčnih dogodkov, oprla na sklicevanje na varstvo ekonomskih interesov iz pravil o upravičenosti iz leta 2014, površno analizirala zastavljene cilje. 1) Prvi del: cilj zaščititi integriteto hitrostnega drsanja pred tveganji, povezanimi s stavami, ki se uresničuje s praviloma o upravičenosti Poudariti je treba, da je tožeča stranka v upravnem postopku trdila, da pravili o upravičenosti sledita več ciljem, ki so značilni za posebnosti športa. Čeprav se je tožeča stranka v okviru tega postopka sklicevala na več legitimnih ciljev, pa je podrobne trditve navedla le v podporo legitimnemu cilju zaščite integritete drsanja pred stavami. V zvezi s tem je treba spomniti, da je Sodišče že priznalo, da je zaščita integritete športa legitimni cilj (sodba z dne 18. julija 2006, Meca-Medina in Majcen/Komisija, C‑519/04 P , EU:C:2006:492 , točka ). Vendar uresničevanje legitimnih ciljev samo po sebi ne more zadoščati za preprečitev opredelitve kot omejevanje konkurence zaradi cilja, če so uporabljeni načini za uresničevanje tega cilja v nasprotju z določbami člena 101 PDEU (glej v tem smislu sodbi z dne 6. aprila 2006, General Motors/Komisija, C‑551/03 P , EU:C:2006:229 , točka in navedena sodna praksa, in z dne 20. novembra 2008, Beef Industry Development Society in Barry Brothers, C‑209/07 , EU:C:2008:643 , točka ). Zlasti je treba preučiti, ali so zadevne omejitve neločljivo povezane z uresničevanjem navedenih ciljev in sorazmerne s temi cilji (glej v tem smislu sodbi z dne 19. februarja 2002, Wouters in drugi, C‑309/99 , EU:C:2002:98 , točka , in z dne 18. julija 2006, Meca-Medina in Majcen/Komisija, C‑519/04 P , EU:C:2006:492 , točka ). V obravnavanem primeru je mogoče šteti, da je bila tožeča stranka upravičena določiti pravila, katerih namen je preprečiti, da bi športne stave lahko povzročile nevarnost prirejanja rezultatov tekmovanj in manipulacije športnikov, kar je poleg tega v skladu s priporočili MOK z dne 24. junija 2010, naslovljenimi „Športne stave: izziv, ki ga je treba premagati“, in Konvencijo o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj, ki jo je Svet Evrope sprejel leta 2014. Vendar tudi ob predpostavki, da so omejitve, ki izhajajo iz sistema predhodnih odobritev, ki je bil uveden v obravnavani zadevi, neločljivo povezane z uresničevanjem tega legitimnega cilja, ki se nanaša na zaščito integritete hitrostnega drsanja pred tveganji, povezanimi s stavami, pa – kot je razvidno iz razlogov, navedenih zgoraj v točkah od 92 do 95 – presegajo to, kar je potrebno za uresničitev takega cilja v smislu sodne prakse, navedene zgoraj v točki 77. Zato je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da so omejitve, ki izhajajo iz pravil o upravičenosti, utemeljene s ciljem zaščite integritete hitrostnega drsanja pred tveganji, povezanimi s stavami. 2) Drugi del: graja tega, da se je Komisija oprla na cilj varstva ekonomskih interesov tožeče stranke Na prvem mestu tožeča stranka graja to, da je Komisija uporabila sklicevanje na varstvo njenih ekonomskih interesov, navedeno v pravilih o upravičenosti iz leta 2014, za utemeljitev ugotovitve, da je bil cilj teh pravil zaščititi njene ekonomske interese. Tožeča stranka zlasti trdi, da se je Komisija pri ugotovitvi, da je namen različice pravil o upravičenosti iz leta 2014 izključiti vse konkurenčne organizatorje tekmovanj, ki bi lahko vplivali na njene ekonomske interese, napačno oprla na sklicevanje na ekonomske interese iz teh pravil, saj iz okoliščin, v katerih so bila ta pravila pripravljena, izhaja, da je bil njihov namen zagotoviti skladnost vseh tekmovanj, ki spadajo v pristojnost tožeče stranke, s skupnimi standardi. Kot je Komisija ugotovila v točkah 164 in 165 obrazložitve izpodbijanega sklepa, je pravilo 102(1)(a)(ii) od leta 2002 do njegove spremembe leta 2016 določalo, da je pogoj upravičenosti zasnovan za „ustrezno varstvo ekonomskih in drugih interesov ISU“. Poleg tega je iz spisa razvidno, da je bil ta izraz uveden leta 2002 za „pojasnitev razlogov za pravilo o upravičenosti“. Iz tega sledi, da je bil cilj v zvezi z varstvom ekonomskih interesov zgodnejši od spremembe, uvedene leta 2002, saj je bil v zadnjenavedeni ta cilj le pojasnjen. Zato je lahko Komisija, ne da bi storila napako pri presoji, ugotovila, da je ta cilj obstajal od začetka obdobja kršitve leta 1998 pa do leta 2016. Vendar je Komisija v točki 187 obrazložitve izpodbijanega sklepa napačno menila, da je kljub izbrisu sklicevanja na ekonomske interese iz različice pravil o upravičenosti iz leta 2016 iz vsebine te različice razvidno, da se ta še naprej nanašajo na varstvo ekonomskih interesov tožeče stranke. Zgolj na podlagi dejstva, da pravilo 102(1)(a)(ii) pravil v različici iz leta 2016 povezuje izraz „drugi legitimni interesi tožeče stranke“ z uporabo prihodkov tožeče stranke, namreč ni mogoče šteti, da se s praviloma o upravičenosti od leta 2016 dejansko in prednostno želijo zaščititi ekonomski interes tožeče stranke. Vendar ta napaka Komisije ne more izpodbiti analize legitimnih ciljev v izpodbijanem sklepu. V zvezi s tem je treba poudariti, da je upravičeno šteti, kot trdi tožeča stranka (glej točko 105 zgoraj), da je treba ob upoštevanju posebnosti športa zagotoviti, da športna tekmovanja izpolnjujejo skupne standarde, katerih cilj je med drugim zagotoviti pravičen potek tekmovanj ter varstvo telesne in moralne integritete športnikov. Tožeča stranka je poleg tega lahko razumno menila, da je sistem predhodne odobritve, namenjen preverjanju, ali vsak organizator spoštuje take standarde, mehanizem, ki je primeren za zagotovitev uresničitve takega cilja. Poleg tega, tudi če bi se izkazalo, da se s praviloma o upravičenosti iz leta 2016 prav tako uresničuje cilj zaščite ekonomskih interesov tožeče stranke, je treba ugotoviti, da dejstvo, da želi zveza zaščititi svoje ekonomske interese, samo po sebi ni protikonkurenčno. Kot je Komisija priznala na obravnavi, je namreč uresničevanje ekonomskih ciljev neločljivo povezano z vsemi podjetji, vključno s športno zvezo, kadar opravljajo gospodarsko dejavnost. Vendar kot je Komisija pravilno navedla v točkah od 255 do 258 obrazložitve izpodbijanega sklepa, sistem predhodne odobritve, kot ga je v obravnavanem primeru zasnovala tožeča stranka, presega to, kar je nujno za uresničitev cilja zagotavljanja skladnosti športnih tekmovanj s skupnimi standardi. Prvič, sporočilo št. 1974 namreč zunanjim organizatorjem nalaga nekatere obveznosti razkritja finančnih informacij, ki presegajo tisto, kar je potrebno za dosego navedenega cilja. V zvezi s tem je treba poudariti, da je razkritje okvirnega proračuna sicer mogoče utemeljiti s potrebo po tem, da se zagotovi, da zunanji organizator lahko organizira tekmovanje, vendar tožeča stranka ni predložila nobenega dokaza, na podlagi katerega bi bilo mogoče šteti, da je razkritje celotnega poslovnega načrta potrebno za dosego takega cilja. Drugič, tožeča stranka ni predložila nobene utemeljitve, s katero bi pojasnila, zakaj sistem predhodne odobritve, kot je formaliziran v sporočilu št. 1974, določa daljši in strožji rok za vložitev vloge za odobritev, kadar gre za tekmovanje, ki ga organizira tretja oseba (glej točko 14 zgoraj). Tretjič, zahteve iz sporočila št. 1974 niso izčrpne in tožeči stranki puščajo široko polje proste presoje, da sprejme ali zavrne vlogo za odprto mednarodno tekmovanje. Četrtič, v sporočilu št. 1974 ni določen natančen rok za obravnavo vloge za odobritev, kar bi tudi lahko povzročilo samovoljno obravnavo prošenj za odobritev. Iz tega sledi, da je Komisija – tudi če bi se napačno oprla na cilj zaščite ekonomskih interesov tožeče stranke v zvezi s praviloma o upravičenosti iz leta 2016 – pravilno ugotovila nesorazmernost sistema predhodne odobritve, zlasti glede na domnevni drugi cilj, ki mu sledita pravili o upravičenosti, ki naj bi bil skladnost vseh tekmovanj s skupnimi standardi. Na drugem mestu tožeča stranka Komisiji očita, da je menila, da bi lahko ISU svoje dohodke uporabila za podporo tekmovanjem, ki jih organizirajo njeni člani, čeprav svojih sredstev ne bi dala na voljo tretjim osebam, nato pa iz tega sklepala, da se pravili o upravičenosti iz leta 2016 še naprej nanašata na varstvo njenih ekonomskih interesov. Po mnenju tožeče stranke naj bi iz tega izhajalo, da naj bi Komisija od nje zahtevala, naj financira tekmovanja, ki jih organizirajo tretje osebe. Vendar je Komisija v točkah 187 in 220 obrazložitve izpodbijanega sklepa izpostavila le, da tožeča stranka sredstev, ki izvirajo iz solidarnostnega prispevka, ki ga plačujejo tudi tretje osebe, ne more uporabiti za financiranje lastnih tekmovanj in tekmovanj svojih članov, medtem ko te koristi ne zagotavlja tretjim organizatorjem. Res je, kot trdi tožeča stranka, da se lahko športna zveza z omejenimi prihodki veljavno sklicuje na pravico do uporabe solidarnostnega prispevka za financiranje tekmovanj, za katera meni, da jih je treba financirati, in s tem prikrajša druga. Vendar mora tožeča stranka ob upoštevanju vloge, ki jo ima kot organizatorka tekmovanj in imetnica pooblastila za odobritev tekmovanj, ki jih organizirajo tretje osebe, zagotoviti neizkrivljeno konkurenco med gospodarskimi subjekti v smislu sodne prakse, navedene zgoraj v točkah 72 in 73. Iz tega sledi, kot je pravilno ugotovila Komisija, da tožeča stranka za odobritev za tekmovanja, ki jih organizirajo tretje osebe, ne more zahtevati plačila solidarnostnega prispevka, ki bi se uporabljal le za financiranje njenih tekmovanj in tekmovanj njenih članov. Zato je treba trditev, da je Komisija od tožeče stranke zahtevala, naj financira tekmovanja, ki jih organizirajo tretje osebe, zavrniti, saj tožeča stranka ni navedla drugih očitkov zoper točki 187 in 220 obrazložitve izpodbijanega sklepa o solidarnostnem prispevku. 3. Drugi elementi konteksta, v katerega sta umeščeni pravili o upravičenosti Tožeča stranka trdi, da Komisija ni opravila resne analize upoštevnega trga glede na njegov kontekst. Zlasti meni, da je Komisija storila napako, ker ni upoštevala tekmovanj v umetnostnem drsanju, ki jih je odobrila. Vendar je treba ugotoviti, da tekmovanja v umetnostnem drsanju niso del upoštevnega trga, kot ga je opredelila Komisija, in sicer svetovnega trga organizacije in komercialnega izkoriščanja hitrostnega drsanja, in da tožeča stranka tej opredelitvi ne nasprotuje. Sodišče je sicer razsodilo, da je treba v okviru analize omejevanja zaradi cilja upoštevati vse upoštevne elemente – ob upoštevanju zlasti narave zadevnih storitev ter dejanskih pogojev delovanja in strukture trgov – v zvezi z gospodarskim ali pravnim okvirom, v katerega je umeščeno navedeno usklajevanje, ne da bi bilo pomembno, ali tak element spada na upoštevni trg (glej sodbo z dne 11. septembra 2014, CB/Komisija, C‑67/13 P , EU:C:2014:2204 , točka ). Vendar je v zadevi, v kateri je bila sprejeta ta sodna praksa, obstajalo medsebojno vplivanje med upoštevnim trgom in ločenim povezanim trgom, kar v obravnavanem primeru ni dokazano. Zgolj okoliščina, da je tožeča stranka pristojna tudi za umetnostno drsanje in da se za obe disciplini uporabljajo enaka pravila, ne zadostuje za dokaz o takem medsebojnem vplivanju. Zato Komisiji ni bilo treba upoštevati tekmovanj, ki jih je tožeča stranka odobrila na trgu, ki je ločen od upoštevnega trga. Poleg tega, kot je bilo navedeno zgoraj v točkah od 86 do 89, niti pred objavo sporočila št. 1974 niti po njej pravili o upravičenosti nista vsebovali potrebnih jamstev za izvajanje regulativne funkcije tožeče stranke, ki bi tretjim osebam omogočala učinkovit dostop do upoštevnega trga. Ob upoštevanju neobstoja objektivnih, preglednih, nediskriminatornih in preverljivih meril za odobritev široko polje proste presoje tožeče stranke za odobritev ali zavrnitev takih tekmovanj nikakor ni bilo omejeno. Iz tega sledi, da okoliščina, da je tožeča stranka lahko odobrila tekmovanja v umetnostnem drsanju, tudi če je šlo za resnična neodvisna tekmovanja, ni upoštevna za analizo okvira, v katerega sta umeščeni pravili o upravičenosti, saj ne izpodbija ugotovitve, da sistem predhodne odobritve tožeče stranke tej omogoča izkrivljanje konkurence na upoštevnem trgu s tem, da daje prednost lastnim tekmovanjem v škodo tekmovanj, ki jih ponujajo tretje osebe, in da zato ta pravila ne zagotavljajo učinkovitega dostopa do tega trga. Glede na vse navedeno je Komisija pravilno ugotovila, da je cilj pravil o upravičenosti omejevanje konkurence. Pravili o upravičenosti sta namreč glede na svojo vsebino in cilje ter kontekst, v katerega sta umeščeni, dovolj škodljivi, da se zanju šteje, da omejujeta konkurenco zaradi cilja v smislu člena 101 PDEU. Ker je obstoj omejevanja konkurence zaradi cilja zadostno podprt s preučitvijo vsebine in ciljev pravil o upravičenosti ter konteksta, v katerega sta umeščeni, se ni treba izreči o trditvah tožeče stranke, ki se nanašajo na ugotovitve Komisije v zvezi z njenim namenom, da izključi zunanje organizatorje. Ker namera ni nujen dejavnik za opredelitev, da je sklep podjetniškega združenja omejevalen zaradi cilja (glej v tem smislu sodbo z dne 6. aprila 2006, General Motors/Komisija, C‑551/03 P , EU:C:2006:229 , točka ), so trditve tožeče stranke zoper ta del preučitve omejevanja zaradi cilja brezpredmetne. Zato je treba drugi in četrti tožbeni razlog tožeče stranke zavrniti. Ker je Komisija pravilno ugotovila obstoj omejevanja zaradi cilja, ni treba ugotavljati njegovih posledic na konkurenco (sodbi z dne 26. novembra 2015, Maxima Latvija, C‑345/14 , EU:C:2015:784 , točka , in z dne 20. januarja 2016, Toshiba Corporation/Komisija, C‑373/14 P , EU:C:2016:26 , točka ). Zato ni treba preučiti utemeljenosti tretjega tožbenega razloga tožeče stranke, ki se nanaša na to, da naj bi Komisija napačno ugotovila, da je posledica pravil o upravičenosti omejevanje konkurence. C. Peti tožbeni razlog: sklep v zvezi z Veliko nagrado Dubaja iz leta 2014 ne spada na ozemeljsko področje uporabe člena 101 PDEU Tožeča stranka trdi, da odločitev o neodobritvi Velike nagrade Dubaja ne spada na ozemeljsko področje uporabe člena 101 PDEU, ker bi moralo to tekmovanje potekati zunaj ozemlja Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Najprej je treba opozoriti, da je v skladu s sodno prakso pristojnost Komisije za ugotavljanje in sankcioniranje ravnanja zunaj Unije na podlagi pravil mednarodnega javnega prava mogoče ugotoviti bodisi glede na merilo izvajanja bodisi glede na kvalificirane učinke (sodba z dne 6. septembra 2017, Intel/Komisija, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , točki in ). Na podlagi merila izvajanja je pristojnost Komisije utemeljena s krajem, kjer se je očitano ravnanje izvajalo (sodba z dne 31. marca 1993, Ahlström Osakeyhtiö in drugi/Komisija, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 in od C‑125/85 do C‑129/85 , EU:C:1993:120 , točka ). V skladu z merilom kvalificiranih učinkov lahko Komisija svojo pristojnost utemelji tudi, kadar ima lahko ravnanje takojšnje, znatne in predvidljive učinke na ozemlju Unije (glej v tem smislu sodbo z dne 6. septembra 2017, Intel/Komisija, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , točke od 48 do 53). Komisija je v obravnavani zadevi v členu 1 izreka izpodbijanega sklepa ugotovila, da je tožeča stranka „s sprejetjem in uporabo pravil o upravičenosti […] kršila člen 101 PDEU“. To ugotovitev je treba razumeti ob upoštevanju obrazložitve izpodbijanega sklepa. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je v izpodbijanem sklepu sicer večkrat grajana odločitev, ki jo je tožeča stranka sprejela v primeru Velike nagrade Dubaja, vendar se ne nanaša na odločitev o zavrnitvi te velike nagrade kot take. Komisija je namreč zavrnitev tožeče stranke, da odobri Veliko nagrado Dubaja, uporabila samo zato, da bi ponazorila, kako tožeča stranka uporablja pravili o upravičenosti v praksi (glej med drugim točke 175, 176, od 199 do 205, od 232 do 235 in 243 obrazložitve izpodbijanega sklepa). Ker se izpodbijani sklep nanaša na pravili o upravičenosti, in ne na Veliko nagrado Dubaja, tako ni upoštevno vprašanje, ali bi to tekmovanje potekalo znotraj ali zunaj ozemlja EGP, ampak vprašanje, ali je bila Komisija na podlagi sodne prakse, navedene zgoraj v točki 125, pristojna za odločanje o združljivosti pravil o upravičenosti s členom 101 PDEU. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da – ob upoštevanju zlasti strogih in nesorazmernih sankcij, določenih v primeru sodelovanja drsalcev na tekmovanjih, ki jih tožeča stranka ni odobrila, ter neobstoja objektivnih, preglednih, nediskriminatornih in preverljivih meril za odobritev – pravili o upravičenosti onemogočata drsalcem, da bi svoje storitve ponujali organizatorjem mednarodnih tekmovanj v drsanju, ki jih tožeča stranka ni odobrila, in s tem navedenim organizatorjem onemogočajo, da bi koristili njihove storitve za konkurenčna tekmovanja znotraj ali zunaj EGP. Posledično imata lahko pravili o upravičenosti takojšnje, znatne in predvidljive učinke na ozemlju Unije v smislu sodne prakse, navedene zgoraj v točki 125. Zato je bila Komisija v obravnavanem primeru pristojna za sprejetje izpodbijanega sklepa in s tem sklepom ni bilo kršeno ozemeljsko področje uporabe člena 101 PDEU. Iz tega sledi, da je treba peti tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen. D. Šesti tožbeni razlog, s katerim se nasprotuje ugotovitvi, da se s pravilnikom o arbitraži tožeče stranke povečuje omejevanje konkurence Tožeča stranka s šestim tožbenim razlogom trdi, da ugotovitev iz oddelka 8.7 izpodbijanega sklepa, da se z njenim pravilnikom o arbitraži povečuje omejevanje konkurence, nastalo s praviloma o upravičenosti, ni utemeljena in se ne bi smela upoštevati. Komisija zoper šesti tožbeni razlog primarno navaja ugovor nedopustnosti, ker tožeča stranka nikakor ni predlagala razglasitve ničnosti ugotovitve v zvezi z pravilnikom o arbitraži. Komisija je na obravnavi poleg tega izjavila, da je oddelek 8.7 izpodbijanega sklepa analiza, ki jo je opravila zaradi celovitosti, in da ugotovitev iz tega oddelka, ki se nanaša na pravilnik o arbitraži, ni del ugotovljene kršitve. Glede na to izjavo iz tega sledi, da Komisija Splošnemu sodišču predlaga, naj ta tožbeni razlog zavrne kot brezpredmeten. V skladu s sodno prakso namreč brezpredmetnost tožbenega razloga, ki se navaja, napotuje na njegovo zmožnost, da če je utemeljen, povzroči razglasitev ničnosti, ki jo predlaga tožeča stranka, in ne na interes, ki ga ima ta lahko za vložitev take tožbe ali tudi za navedbo določenega tožbenega razloga, saj ti vprašanji spadata v okvir dopustnosti tožbe oziroma dopustnosti tožbenega razloga (sodba z dne 21. septembra 2000, EFMA/Svet, C‑46/98 P , EU:C:2000:474 , točka ). Podredno Komisija v odgovoru na tožbo trdi tudi, da je šesti pritožbeni razlog vsekakor neutemeljen. 1. Upoštevnost šestega tožbenega razloga Tožeča stranka je v odgovor na vprašanje, ki ji je bilo postavljeno na obravnavi, potrdila, da je namen njene zahteve za neupoštevanje oddelka 8.7 izpodbijanega sklepa v resnici doseči razglasitev ničnosti izpodbijanega sklepa v delu, v katerem naj bi ta temeljil na ugotovitvah, predstavljenih v navedenem oddelku. Člen 1 izpodbijanega sklepa določa, da je tožeča stranka „s tem, da je glede hitrostnega drsanja sprejela in uporabljala pravila o upravičenosti, zlasti pravili 102 in 103 splošnih predpisov ISU iz leta 2014 in splošnih predpisov ISU iz leta 2016, kršila člen 101 [PDEU] in člen 53 Sporazuma EGP“. Poleg tega je iz oddelka 8.6 izpodbijanega sklepa, naslovljenega „Sklep o členu 101 [PDEU] in členu 53(1) Sporazuma EGP“, razvidno, da člen 1 izreka temelji na obrazložitvi iz oddelkov od 8.3 do 8.5 izpodbijanega sklepa. Vendar so presoje v zvezi s pravilnikom o arbitraži navedene v oddelku, ki sledi ugotovitvi o obstoju omejevanja konkurence, in sicer v oddelku 8.7 izpodbijanega sklepa. V tem oddelku Komisija ni ugotovila, da pravilnik o arbitraži pomeni samostojno kršitev konkurenčnega prava, ampak le, da povečuje omejevanje konkurence, nastalo s praviloma o upravičenosti. Iz tega sledi, kot je Komisija priznala na obravnavi, da je v zvezi z ugotovljeno kršitvijo oddelek 8.7 izpodbijanega sklepa, ki se nanaša na pravilnik o arbitraži, nepotreben, ker tudi če bi bil ta oddelek napačen, na podlagi njega ne bi bilo mogoče izpodbijati obstoja omejevanja konkurence kot takega. Zato okoliščina, da navedeni oddelek ni zakonit, ne more privesti do razglasitve ničnosti člena 1 izreka izpodbijanega sklepa. Tako je šesti tožbeni razlog tožeče stranke v delu, v katerem je naveden v utemeljitev predloga za razglasitev ničnosti člena 1 izreka izpodbijanega sklepa, brezpredmeten. Vendar mora tožeča stranka v skladu s členom 2 izpodbijanega sklepa med drugim odpraviti kršitev iz člena 1 in se vzdržati ponavljanja kakršnih koli dejanj ali ravnanj z enakim ciljem ali posledico. Ta člen je treba razlagati ob upoštevanju točk od 338 do 342 obrazložitve izpodbijanega sklepa, v katerih so določeni ukrepi, ki jih mora tožeča stranka sprejeti, da izpolni svojo obveznost odprave kršitve. V teh točkah pa je Komisija navedla, da bi tožeča stranka v bistvu lahko končala kršitev, hkrati pa ohranila svoj sistem predhodne odobritve le, če bi bistveno spremenila ne le pravili o upravičenosti in sporočilo št. 1974, ampak tudi svoj pravilnik o arbitraži. Tako je Komisija zakonitost ohranitve sistema predhodne odobritve tožeče stranke pogojila s tem, da se med drugim bistveno spremeni njen pravilnik o arbitraži. Iz tega sledi, da je oddelek 8.7 izpodbijanega sklepa del potrebne podlage člena 2 njegovega izreka. Zato je, v nasprotju s trditvami Komisije, šesti tožbeni razlog v delu, v katerem je naveden v podporo predlogu za razglasitev ničnosti člena 2 izpodbijanega sklepa, upošteven. 2. Utemeljenost Tožeča stranka v zvezi z utemeljenostjo tega tožbenega razloga trdi, da oddelek 8.7 izpodbijanega sklepa v bistvu vsebuje dve napaki pri presoji. Po eni strani naj bi Komisija napačno ugotovila, da njen pravilnik o arbitraži otežuje učinkovito sodno varstvo zoper odločitev ISU, ki bi lahko bila protikonkurenčna. Po drugi strani meni, da ta oddelek ni upošteven, ker Komisija ne meni, da uporaba arbitražnega postopka CAS pomeni kršitev člena 101 PDEU. Kot izhaja iz točke 132 zgoraj, Komisija priznava, da pravilnik o arbitraži ne pomeni kršitve člena 101 PDEU. Vendar zagovarja presojo, ki jo je podala v oddelku 8.7 izpodbijanega sklepa, in odgovarja, da je bila pristojna za izvedbo sporne analize. Komisija v svojih vlogah med drugim trdi, da bi lahko pravilnik o arbitraži štela za oteževalno okoliščino v smislu točke 28 Smernic o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 ( UL 2006, C 210, str. 2 , v nadaljevanju: smernice iz leta 2006), če bi se odločila naložiti tako sankcijo. V izpodbijanem sklepu pa ni uporabljen pojem oteževalne okoliščine in se ne sklicuje na smernice iz leta 2006. Vendar je treba opozoriti, da je Komisija, ker je ugotovila, da pravili o upravičenosti omejujeta konkurenco, nato ugotovila, da pravilnik o arbitraži povečuje omejevanje, ki ga ti pravili povzročata. Poleg tega je v bistvu menila, da je treba v primeru ohranitve sistema predhodne odobritve pravili o upravičenosti, sporočilo št. 1974 in pravilnik o arbitraži tožeče stranke bistveno spremeniti. Tako sicer Komisija v obravnavanem primeru ni naložila globe, potem ko je to nameravala storiti v fazi obvestila o ugotovitvah o možnih kršitvah, vendar jo je to, da je menila, da pravilnik o arbitraži povečuje omejevanje, ki ga povzročata pravili o upravičenosti, privedlo do razširitve obsega obveznosti, naloženih tožeči stranki, s tem, da je zakonitost ohranitve njenega sistema predhodne odobritve pogojila s spremembo med drugim tega pravilnika. Komisija je tako v bistvu še naprej sledila logiki smernic iz leta 2006 o upoštevanju oteževalnih okoliščin pri izračunu glob, čeprav nazadnje v izpodbijanem sklepu ni naložila globe. Tudi ob predpostavki, da je Komisija, kot trdi, na podlagi smernic iz leta 2006 razširila obveznosti za tožečo stranko in se tako lahko sklicuje na uporabo teh smernic, ne da bi spremenila obrazložitev, pa je treba ugotoviti, da je napačno menila, da je pravilnik o arbitraži tožeče stranke oteževalna okoliščina v smislu smernic iz leta 2006. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je sicer res, da smernice niso pravna podlaga za sklepe, ki jih sprejme Komisija, vendar se Komisija s sprejetjem takih pravil ravnanja in s tem, da z njihovo objavo razglasi, da jih bo uporabljala, sama omejuje pri izvrševanju svoje diskrecijske pravice. Zato se od teh pravil ne more oddaljiti, ne da bi bila, glede na okoliščine primera, sankcionirana na podlagi kršitve splošnih pravnih načel, kot sta enako obravnavanje ali varstvo legitimnih pričakovanj. Zato ni mogoče izključiti, da imajo lahko taka pravila ravnanja, ki so splošno veljavna, pod nekaterimi pogoji in glede na svojo vsebino pravne učinke (glej v tem smislu sodbo z dne 28. junija 2005, Dansk Rørindustri in drugi/Komisija, C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P do C‑208/02 P in C‑213/02 P , EU:C:2005:408 , točke od 209 do 211). Točka 28 smernic iz leta 2006 določa: „Osnovni znesek globe se lahko poveča, kadar Komisija ugotovi, da obstajajo oteževalne okoliščine, kot so: – kadar podjetje nadaljuje ali ponovi enako ali podobno kršitev, potem ko Komisija ali nacionalni organ, pristojen za konkurenco, ugotovi, da je to podjetje kršilo določbe [člena 101 PDEU] ali [člena 102 PDEU]. Osnovni znesek se bo povečal do 100 % za vsako ugotovljeno kršitev; – zavračanje sodelovanja s Komisijo ali oviranja Komisije med njenimi preiskavami; – vloga vodje ali pobudnika kršitve; Komisija bo posebno pozornost namenila tudi vsem ukrepom z namenom prisiljevanja drugih podjetij k udeležbi pri kršitvi in/ali vsem povračilnim ukrepom proti drugim podjetjem z namenom izvrševanja ravnanj, ki pomenijo kršitev.“ Uporaba izraza „kot so“ v točki 28, prvi odstavek, smernic iz leta 2006 kaže na to, da gre za neizčrpen seznam oteževalnih okoliščin (glej v tem smislu sodbo z dne 11. julija 2013, Team Relocations in drugi/Komisija, C‑444/11 P , neobjavljena, EU:C:2013:464 , točka ). Vendar je treba ugotoviti, da je oteževalnim okoliščinam, navedenim na seznamu iz točke 28 smernic iz leta 2006, skupno, da opisujejo nezakonita ravnanja ali okoliščine, zaradi katerih je kršitev bolj škodljiva in ki upravičujejo posebno obsodbo, katere posledica je povečanje sankcije, naložene odgovornemu podjetju. V točki 4 smernic iz leta 2006 namreč pristojnost Komisije, da naloži globe na dovolj odvračilni ravni, pomeni, da je treba osnovni znesek vsake globe prilagoditi ob upoštevanju zlasti morebitnih oteževalnih okoliščin kršitve. Iz tega sledi, da lahko le nezakonita ravnanja ali okoliščine, zaradi katerih je kršitev škodljivejša, kot so tri okoliščine, naštete v točki 28 Smernic, upravičijo povišanje globe, naložene za kršitev konkurenčnega prava Unije, saj nihče ne sme biti odvrnjen od zakonitega ali neškodljivega ravnanja. V obravnavanem primeru je treba poudariti, prvič, kot priznava Komisija v točki 269 obrazložitve izpodbijanega sklepa, da je arbitraža splošno sprejeta metoda reševanja sporov, ki je zavezujoča, in da sklenitev arbitražne klavzule sama po sebi ne omejuje konkurence. Drugič, kot izhaja iz točke 286 obrazložitve izpodbijanega sklepa in v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, je treba ugotoviti, da Komisija ni menila, da se s pravilnikom tožeče stranke o arbitraži krši pravica športnikov do poštenega sojenja. Tretjič, poudariti je treba, da je mogoče obvezno naravo arbitraže in dejstvo, da pravilnik o arbitraži podeljuje CAS izključno pristojnost za reševanje sporov v zvezi z odločbami o neupravičenosti tožeče stranke, utemeljiti z legitimnimi interesi, povezanimi s posebno naravo športa. V zvezi s tem je treba poudariti, da se je Evropsko sodišče za človekove pravice tako izreklo v zadevi, ki se je med drugim nanašala na pravilnik tožeče stranke o arbitraži. Priznalo je, da obstaja nedvomen interes, da se lahko spori, ki nastanejo v okviru poklicnega športa, zlasti tisti, ki imajo mednarodno razsežnost, predložijo specializiranemu sodišču, ki lahko odloči hitro in ekonomično. Dodalo je, da mednarodne športne dogodke na visoki ravni v različnih državah organizirajo organizacije s sedežem v različnih državah in da so ti dogodki pogosto odprti za športnike z vsega sveta. V tem okviru uporaba enotnega in specializiranega mednarodnega arbitražnega sodišča olajšuje določeno postopkovno enotnost in spodbuja pravno varnost (ESČP, 2. oktober 2018, Mutu in Pechstein proti Švici, CE:ECHR:2018:1002JUD004057510, točka 98). Četrtič, spomniti je treba, da je Sodišče že razsodilo, da ima vsakdo pravico vložiti tožbo pri nacionalnem sodišču in zahtevati odškodnino za nastalo škodo, če obstaja vzročna zveza med navedeno škodo in omejevalnim sporazumom ali ravnanjem, ki je prepovedano s členom 101 PDEU (glej sodbo z dne 5. junija 2014, Kone in drugi, C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , točka ). Pravica vsake osebe, da zahteva odškodnino za tako škodo, namreč krepi delovanje pravil Unije o konkurenci in lahko odvrača od pogosto prikritih sporazumov ali ravnanj, ki lahko omejujejo ali izkrivljajo konkurenco, ter tako prispeva k ohranjanju učinkovite konkurence v Uniji (sodbi z dne 20. septembra 2001, Courage in Crehan, C‑453/99 , EU:C:2001:465 , točka , ter z dne 5. junija 2014, Kone in drugi, C‑557/12 , EU:C:2014:1317 , točka ). Čeprav je v obravnavanem primeru res, da pravilnik tožeče stranke o arbitraži drsalcem ne omogoča, da pri nacionalnem sodišču vložijo ničnostno tožbo zoper odločbo o neupravičenosti, s katero bi bil kršen člen 101(1) PDEU, pa lahko drsalci v skladu s sodno prakso, navedeno v točkah 156 in 157 zgoraj, vložijo odškodninsko tožbo pred nacionalnim sodiščem, če to želijo. Poleg tega lahko tudi zunanji organizatorji vložijo odškodninsko tožbo, če menijo, da se z odločbo o zavrnitvi odobritve krši člen 101(1) PDEU. V takih primerih nacionalno sodišče ni vezano na presojo CAS o združljivosti odločbe o neupravičenosti ali zavrnitve odobritve s konkurenčnim pravom Unije in lahko po potrebi pri Sodišču vloži predlog za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 267 PDEU. Poleg tega je treba poudariti, da lahko tudi drsalci in zunanji organizatorji, na katere se nanaša odločba o neupravičenosti ali zavrnitev odobritve v nasprotju s členom 101(1) PDEU, vložijo pritožbo pri nacionalnem organu, pristojnem za konkurenco, ali pri Komisiji, kot sta to storila pritožnika v obravnavanem primeru. Če bi moral organ, pristojen za zadevo, sprejeti odločbo, bi lahko bila ta, odvisno od primera, še vedno predmet nadzora pred sodišči Unije. Sodišča Unije bi lahko namreč o takem vprašanju odločala v okviru ničnostne tožbe, vložene zoper sklep Komisije, ali na podlagi predloga za sprejetje predhodne odločbe nacionalnega sodišča, ki odloča o tožbi, vloženi zoper odločbo nacionalnega organa, pristojnega za konkurenco. Iz preudarkov v točkah od 157 do 160 zgoraj izhaja, da v nasprotju s trditvami Komisije uporaba arbitražnega sistema CAS ne more ogroziti polne učinkovitosti konkurenčnega prava Unije. Sodna praksa, ki jo navaja Komisija, ne izpodbije te ugotovitve. Drugače kot v okoliščinah, v katerih je bila izdana sodba z dne 6. marca 2018, Achmea ( C‑284/16 , EU:C:2018:158 , točka ), namreč ustanovitev CAS ne izvira iz pogodbe, s katero so se države pogodbenice dogovorile, da spore, ki se lahko nanašajo na uporabo ali razlago konkurenčnega prava, izvzamejo iz pristojnosti svojih sodišč in s tem iz ureditve pravnih sredstev, ki jo morajo v skladu s členom 19(1), drugi pododstavek, PEU vzpostaviti na področjih, ki jih ureja pravo Unije. Iz navedenega izhaja, da dejstvo, da je pravilnik o arbitraži CAS podelil izključno pristojnost za nadzor zakonitosti odločb o neupravičenosti in da je arbitraža v obravnavanem primeru obvezna, ne pomeni nezakonitih okoliščin, zaradi katerih bi bila kršitev, ugotovljena v obravnavanem primeru, bolj škodljiva, kot so okoliščine, naštete v smislu točke 28 smernic iz leta 2006. Zato Komisija ni mogla šteti, da je pravilnik o arbitraži oteževalna okoliščina, in zato ni mogla ugotoviti, da povečuje omejevanje konkurence, ki ga povzročata pravili o upravičenosti. Iz tega sledi, da je treba šesti tožbeni razlog tožeče stranke, ki se nanaša na to, da ugotovitev iz oddelka 8.7 izpodbijanega sklepa ni utemeljena, sprejeti. E. Sedmi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1), drugi stavek, Uredbe št. 1/2003 Tožeča stranka s sedmim tožbenim razlogom izpodbija zakonitost člena 2 izpodbijanega sklepa, pri čemer v bistvu trdi, da je Komisija s tem, da ji je naložila korektivne ukrepe, ki nimajo nobene zveze z zatrjevano kršitvijo, kršila člen 7 Uredbe št. 1/2003. Natančneje, tožeča stranka trdi, da ji je Komisija v nasprotju s členom 7(1) Uredbe št. 1/2003 napačno naložila, naj spremeni njeni pravili o upravičenosti, čeprav vidiki pravil, na katere naj bi se te spremembe nanašale, ne pomenijo kršitev. Prav tako naj ji Komisija, ker ni ugotovila, da pravilnik o arbitraži pomeni kršitev, ne bi mogla naložiti, naj ga spremeni. Komisija ugovarja, da tožeči stranki ni naložila korektivnih ukrepov. Trdi, da je zgolj zahtevala, naj tožeča stranka odpravi kršitev v skladu s členom 7(1), prvi stavek, Uredbe št. 1/2003, pri čemer ji je pustila izbiro glede načina odprave kršitve. Opozoriti je treba, da člen 7(1) Uredbe št. 1/2003 določa: „Kadar Komisija na podlagi pritožbe ali po uradni dolžnosti ugotovi, da gre za kršitev [členov 101 in 102 PDEU], lahko z odločbo zahteva od zadevnih podjetij ali podjetniških združenj, da tako kršitev odpravijo. Za ta namen jim lahko naloži vse ravnalne ali strukturne ukrepe, ki so sorazmerni storjeni kršitvi in potrebni za njeno učinkovito odpravo […].“ Pogoj iz te določbe, v skladu s katerim morajo biti korektivni ukrepi sorazmerni s storjeno kršitvijo, pomeni, da stroški, naloženi podjetjem za odpravo kršitve konkurenčnega prava, ne smejo presegati tega, kar je primerno in potrebno za uresničitev želenega cilja, in sicer ponovne vzpostavitve zakonitosti glede na pravila, ki so bila v obravnavanem primeru kršena (sodba z dne 6. aprila 1995, RTE in ITP/Komisija, C‑241/91 P in C‑242/91 P , EU:C:1995:98 , točka ). V skladu s členom 2 izpodbijanega sklepa je Komisija tožeči stranki naložila, naj dejansko odpravi ugotovljeno kršitev in naj se v prihodnosti vzdrži sprejetja vseh ukrepov z enakim ciljem ali posledico oziroma enakovrednim ciljem ali posledico. Komisija je v točki 339 obrazložitve izpodbijanega sklepa navedla, da obstaja „več kot en način“ za učinkovito odpravo ugotovljene kršitve, nato pa je opredelila dva. Tako je po eni strani menila, da bi tožeča stranka lahko odpravila svoj sistem predhodne odobritve in z njim povezan sistem sankcij. Po drugi strani, če bi se tožeča stranka odločila za ohranitev svojega sistema predhodne odobritve, je Komisija v točki 339 obrazložitve izpodbijanega sklepa navedla, da bi tožeča stranka lahko učinkovito odpravila kršitev „le“ tako, da bi bistveno spremenila pravili o upravičenosti, „pravilnik o arbitraži ISU“ in merila za odobritev, določena v sporočilu št. 1974, pri čemer je navedla vrsto ukrepov, ki bi jih morala tožeča stranka za to sprejeti. Takoj je treba ugotoviti, da je treba – ker je Komisija v obravnavanem primeru pravilno ugotovila obstoj omejevanja zaradi cilja – ta tožbeni razlog zavrniti v delu, v katerem se Komisiji očita, da je tožeči stranki naložila ukrepe, ki ne ustrezajo ugotovitvi kršitve. Vendar kot je Komisija poudarila na obravnavi v odgovor na pisno vprašanje Splošnega sodišča, pravilnik o arbitraži ni sestavni del ugotovljene kršitve in je Komisija, kot je razvidno iz točke 162 zgoraj, napačno ocenila, da povečuje to kršitev. Komisija pa je v točki 339 obrazložitve izpodbijanega sklepa menila, da je ohranitev sistema predhodne odobritve mogoča le, če bi tožeča stranka spremenila pravilnik o arbitraži (glej točko 169 zgoraj). Tak razlog v povezavi s členom 2 izpodbijanega sklepa, ki tožeči stranki nalaga, naj odpravi kršitev in Komisiji sporoči ukrepe, sprejete v zvezi s tem, je zavezujoč, tudi če – kot trdi Komisija – ta zahteva za spremembo pravilnika o arbitraži ni „korektivni ukrep“ v smislu člena 7(1), drugi stavek, Uredbe št. 1/2003. Iz navedenega izhaja, da je Komisija od tožeče stranke napačno zahtevala, naj spremeni pravilnik o arbitraži, ki ne povečuje teže ugotovljene kršitve in poleg tega ni njen sestavni del. Zato je treba sedmemu tožbenemu razlogu delno ugoditi v delu, v katerem je Komisija zahtevala bistveno spremembo pravilnika o arbitraži v primeru ohranitve sistema predhodne odobritve, v preostalem pa ga zavrniti. F. Osmi tožbeni razlog: naložitev periodičnih denarnih kazni naj ne bi imela pravne podlage Tožeča stranka trdi, da ji Komisija iz dveh razlogov ne more naložiti periodičnih denarnih kazni. Po eni strani naj bi bili naloženi korektivni ukrepi nejasni in nenatančni, po drugi strani pa naj ne bi bili povezani z ugotovljeno kršitvijo. Na prvem mestu, kot je razvidno iz preučitve sedmega tožbenega razloga, je Komisija predložila dovolj natančne podatke o ukrepih, ki jih mora tožeča stranka sprejeti za odpravo ugotovljene kršitve. Zato je treba trditev tožeče stranke, da Komisija ne bi smela naložiti periodičnih denarnih kazni zaradi nejasnosti in nenatančnosti navedenih ukrepov, zavrniti. Na drugem mestu je treba spomniti, da lahko Komisija v skladu s členom 24(1)(a) Uredbe št. 1/2003, kadar sprejme odločbo na podlagi člena 7 navedene uredbe, podjetjem ali podjetniškim združenjem naloži periodične denarne kazni, da jih prisili k odpravi kršitve členov 101 ali 102 PDEU. Kot je bilo navedeno v okviru sedmega tožbenega razloga, pa pravilnik o arbitraži ni del ugotovljene kršitve, tako da Komisija od tožeče stranke ni mogla zahtevati, naj ga spremeni, in zato ni mogla naložiti periodičnih denarnih kazni, ki se navezujejo na zahtevo po spremembi navedenega pravilnika. Zato je treba osmi tožbeni razlog sprejeti v delu, v katerem se nanaša na naložitev periodičnih denarnih kazni v primeru nespremembe pravilnika o arbitraži, v preostalem pa ga zavrniti. V. Ugotovitve o izidu tožbe Predloge tožeče stranke v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti člena 1 izpodbijanega sklepa je treba zavrniti. Iz analize šestega in sedmega tožbenega razloga pa izhaja, da je Komisija napačno ugotovila, da pravilnik o arbitraži povečuje omejitve konkurence, ki jih povzročata pravili o upravičenosti, in da je napačno zahtevala bistveno spremembo navedenega pravilnika, čeprav ta pravilnik ni sestavni del kršitve, ugotovljene v členu 1 izpodbijanega sklepa. Zato je treba razglasiti delno ničnost člena 2 izpodbijanega sklepa. Nazadnje, iz analize osmega tožbenega razloga izhaja, da je zato treba razglasiti delno ničnost člena 4 izpodbijanega sklepa, ki določa periodične denarne kazni v primeru nespoštovanja člena 2, v delu, v katerem se navezuje na zahtevo po spremembi pravilnika o arbitraži. Stroški V skladu s členom 134(3) Poslovnika vsaka stranka nosi svoje stroške, če vsaka uspe samo deloma. Ker v obravnavanem primeru tožeča stranka s predlogom za razglasitev ničnosti člena 1 izpodbijanega sklepa ni uspela in ker je bilo njenemu predlogu za razglasitev ničnosti členov 2 in 4 navedenega sklepa deloma ugodeno, je treba odločiti, da vsaka stranka nosi svoje stroške. V skladu s členom 138(3) Poslovnika lahko Splošno sodišče intervenientu, ki ni država članica ali institucija, naloži, da nosi svoje stroške. V okoliščinah te zadeve je treba odločiti, da intervenienti nosijo svoje stroške. Iz teh razlogov je SPLOŠNO SODIŠČE (četrti razširjeni senat) razsodilo: 1. Člena 2 in 4 Sklepa Komisije C(2017) 8230 final z dne 8. decembra 2017 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.40208 – Pravila Mednarodne drsalne zveze o upravičenosti) se razglasita za nična v delu, v katerem se Komisija s tem, da je International Skating Union naložila odpravo ugotovljene kršitve, sicer ji bo naložena periodična denarna kazen, nanaša na pravilnik o arbitraži in v primeru ohranitve predhodnega sistema odobritve zahteva spremembo navedenega pravilnika. 2. V preostalem se tožba zavrne. 3. International Skating Union in Evropska komisija nosita svoje stroške. 4. European Elite Athletes Association, Jan Hendrik Tuitert in Niels Kersholt nosijo svoje stroške. Gervasoni Madise Nihoul Frendo Martín y Pérez de Nanclares Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 16. decembra 2020. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: angleščina.

61984CJ0311

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων 28 Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , οι οποίες κατέθεσαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο , δεν αποδίδονται . Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης το χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου , σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων . Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ( πέμπτο τμήμα ), κρίνοντας επί των ερωτημάτων που του υπέβαλε , με Διάταξη της 21ης Δεκεμβρίου 1984 , ο αντιπρόεδρος του tribunal de commerce των Βρυξελλών , αποφαίνεται : 1 ) Το άρθρο 86 της Συνθήκης EOK έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε συγκεκριμένη αγορά , ακόμα και όταν η θέση αυτή οφείλεται όχι στη δραστηριότητα των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά στο γεγονός ότι , λόγω νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων , στην αγορά αυτή δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός ή μπορεί να υπάρξει μόνο εξαιρετικά περιορισμένος ανταγωνισμός . 2 ) Συνιστά κατάχρηση , υπό την έννοια του άρθρου 86 , το γεγονός ότι επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα θέση σε συγκεκριμένη αγορά κρατεί για την ίδια ή για επιχείρηση ανήκουσα στον αυτό όμιλο , χωρίς να υπάρχει αντικειμενική ανάγκη , μια βοηθητική δραστηριότητα , την οποία θα μπορούσε να ασκήσει τρίτη επιχείρηση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της σε παραπλήσια αλλά διαφορετική αγορά , με κίνδυνο να εξουδετερωθεί οποιοσδήποτε ανταγωνισμός εκ μέρους της επιχειρήσεως αυτής .

62021CJ0472

lv

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/71/EK (1998. gada 13. oktobris) par dizainparaugu tiesisko aizsardzību ( OV 1998, L 289, 28. lpp. ) 3. panta 3. un 4. punktu. Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā starp Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG (turpmāk tekstā – “ Monz ”) un Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (turpmāk tekstā – “ Büchel ”) par pēdējās minētās sabiedrības iesniegto pieteikumu par reģistrēta valsts dizainparauga atzīšanu par spēkā neesošu. Atbilstošās tiesību normas Savienības tiesības Direktīva 98/71 Saskaņā ar Direktīvas 98/71 12. apsvērumu: “[..] aizsardzība nebūtu jāattiecina uz tām sastāvdaļām, kas parasti nav redzamas, ražojumu lietojot, vai tām sastāvdaļu iezīmēm, kas parasti nav redzamas, sastāvdaļu montējot, vai kuras pašas par sevi neatbilst prasībām attiecībā uz novitāti un individuālu būtību; [..] dizainparauga iezīmes, uz kurām šo iemeslu dēļ neattiecas aizsardzība, nebūtu jāņem vērā, novērtējot, vai citas dizainparauga iezīmes atbilst aizsardzības prasībām”. Šīs direktīvas 1. pantā “Definīcijas” ir noteikts: “Šajā direktīvā: a) “dizainparaugs” ir visa ražojuma vai tā daļas izskats, kas radies no paša ražojuma un/vai tā rotājumu iezīmēm, jo īpaši līnijām, kontūrām, krāsām, formas, virsmas struktūras un/vai materiāla; b) “ražojums” ir rūpniecības vai amatnieka izstrādājums, ieskaitot, inter alia , daļas, kas paredzētas samontēšanai kompleksā ražojumā, iepakojumu, apdari, grafiskos simbolus un tipogrāfijas šriftus, bet izņemot datorprogrammas; c) “komplekss ražojums” ir ražojums, kas sastāv no vairākām sastāvdaļām, ko var aizstāt un kas ļauj ražojumu izjaukt un no jauna samontēt.” Minētās direktīvas 3. pantā “Aizsardzības prasības” ir paredzēts: “1.   Dalībvalstis aizsargā dizainparaugus ar reģistrāciju un piešķir to īpašniekiem ekskluzīvas tiesības saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem. 2.   Dizainparaugs ir aizsargāts ar dizainparauga tiesībām, ciktāl tas ir jauns un tam ir individuāla būtība. 3.   Dizainparaugu, ko izmanto vai iekļauj ražojumā, kurš ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa, uzskata par jaunu un par tādu, kam ir individuāla būtība [individuāls raksturs]: a) ja sastāvdaļa, kad tā ir iekļauta kompleksajā ražojumā, paliek redzama minētā ražojuma parastās izmantošanas laikā un b) ciktāl šīs sastāvdaļas redzamās iezīmes pašas par sevi atbilst novitātes un individuālas būtības [individuāla rakstura] prasībām. 4.   “Parastā izmantošana” 3. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir gala lietotāja veikta izmantošana, ietverot [izņemot] apkopi, apkalpošanu vai remontu.” Šīs pašas direktīvas 5. panta “Individuālā būtība [Individuāls raksturs]” 1. punktā ir paredzēts: “Uzskata, ka dizainparaugam ir individuāla būtība [individuāls raksturs], ja kopējais iespaids, ko tas rada informētam lietotājam, atšķiras no vispārējā iespaida, ko šādam lietotājam rada dizainparaugs, kas ir bijis pieejams sabiedrībai pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienas vai, ja ir celta prasība par prioritāti, pirms prioritātes dienas.” Regula (EK) Nr. 6/2002 Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem ( OV 2002, L 3, 1. lpp. ) 9. un 12. apsvērums ir formulēts šādi: “(9) Šīs regulas noteikumi par dizainparaugu tiesību aktiem būtu jāsaskaņo ar attiecīgajiem noteikumiem Direktīvā [98/71]. [..] (12) Aizsardzība nebūtu jāattiecina uz tām sastāvdaļām, kas nav redzamas, ražojumu lietojot, vai uz tām sastāvdaļu iezīmēm, kas nav redzamas, sastāvdaļu montējot, vai kuras pašas par sevi neatbilst prasībām attiecībā uz novitāti un individuālu būtību [raksturu]. Tādēļ dizainparauga iezīmes, uz kurām šo iemeslu dēļ aizsardzība neattiecas, nebūtu jāņem vērā, novērtējot, vai citas dizainparauga iezīmes atbilst aizsardzības iegūšanas nosacījumiem.” Šīs regulas 4. pantā “Aizsardzības iegūšanas nosacījumi” ir paredzēts: “1.   Dizainparaugs ir aizsargāts kā Kopienas dizainparaugs, ja tas ir jauns un tam ir individuāla būtība [individuāls raksturs]. 2.   Dizainparaugu, ko izmanto vai iekļauj ražojumā, kurš ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa, uzskata par jaunu un par tādu, kam ir individuāla būtība [individuāls raksturs], ja: a) sastāvdaļa, kad tā ir iekļauta kompleksajā ražojumā, paliek redzama minētā ražojuma parastās izmantošanas laikā un b) šīs sastāvdaļas redzamās iezīmes pašas par sevi atbilst novitātes un individuālas būtības [individuāla rakstura] prasībām. 3.   “Parastā izmantošana” 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir tiešā lietotāja veikta izmantošana, ietverot [izņemot] apkopi, apkalpošanu vai remontu.” Vācijas tiesības Ar 2014. gada 24. februāra Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (Likums par dizaina tiesisko aizsardzību; BGBl . 2014 I, 122. lpp.), redakcijā, kas piemērojama pamatlietā (turpmāk tekstā – “ DesignG ”), 1. panta 4. punktu un 4. pantu ir transponēts Direktīvas 98/71 3. panta 3. un 4. punkts. DesignG 1. panta “Definīcijas” 3. punktā ir noteikts, ka komplekss ražojums ir ražojums, kas sastāv no vairākām sastāvdaļām, kuras var aizstāt tādējādi, ka ražojumu var izjaukt un samontēt no jauna. Saskaņā ar šī 1. panta 4. punktu “parastā izmantošana” ir definēta kā galalietotāja veikta izmantošana, izņemot apkopi, apkalpošanu vai remontu. DesignG 4. pantā “Kompleksi ražojumu sastāvdaļas” ir paredzēts, ka dizainparaugs, ko izmanto vai iekļauj ražojumā un kas ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa, uzskata par jaunu un ar individuālu raksturu vienīgi tad, ja sastāvdaļa, kad tā ir iekļauta kompleksajā ražojumā, paliek redzama šī ražojuma parastās izmantošanas laikā un ja sastāvdaļas redzamās iezīmes pašas par sevi atbilst novitātes un individuāla rakstura prasībām. Pamatlieta un prejudiciālie jautājumi Saskaņā ar Vācijas tiesībām dibinātajai sabiedrībai Monz pieder dizainparaugs, kas kopš 2011. gada 3. novembra ir reģistrēts Deutsches Patent- und Markenamt (Vācijas Patentu un preču zīmju birojs, Vācija; turpmāk tekstā – “ DPMA ”) attiecībā uz ražojumiem “velosipēdiem un motocikliem paredzēti sēdekļi”. Šis dizainparaugs ir reģistrēts ar vienu attēlu, kurā sēdekļa apakša ir attēlota šādi: 2016. gada 27. jūlijā saskaņā ar Vācijas tiesībām dibinātā sabiedrība Büchel lūdza DPMA atzīt pamatlietā aplūkoto dizainparaugu par spēkā neesošu, norādot, ka tas neatbilstot DesignG 4. pantā paredzētajiem nosacījumiem dizainparaugu tiesiskās aizsardzības saņemšanai. Tā it īpaši apgalvoja, ka šis dizainparaugs, kas tiek izmantots sēdeklī, kas ir kompleksa ražojuma, proti, “velosipēda” vai “motocikla”, sastāvdaļa, šī ražojuma parastās izmantošanas gadījumā neesot redzams. Ar 2018. gada 10. augusta lēmumu DPMA noraidīja šo pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, uzskatot, ka attiecībā uz pamatlietā aplūkoto dizainparaugu nav nekāda iemesla izslēgt aizsardzību atbilstoši DesignG 4. pantam. Tā uzskata, ka, lai gan velosipēda sēdeklis, kurā ir izmantots šis dizainparaugs, protams, ir “kompleksa ražojuma sastāvdaļa”, šī sastāvdaļa tomēr paliek redzama šī kompleksā ražojuma parastās izmantošanas gadījumā. DPMA uzskatīja, ka šāda ražojuma parastā izmantošana attiecas arī uz “tādu sēdekļa izjaukšanu un samontēšanu no jauna, kas netiek izmantota apkopei, apkalpošanai vai remontam”, jo šie pēdējie minētie aspekti ir ietverti no šī jēdziena izslēgto izmantošanas veidu sarakstā DesignG 1. panta 4. punkta izpratnē. Pēc tam, kad Büchel par šo lēmumu cēla prasību Bundespatentgericht (Federālā patentu tiesa, Vācija), šī tiesa ar 2020. gada 27. februāra lēmumu pasludināja pamatlietā aplūkoto dizainparaugu par spēkā neesošu, pamatojoties uz to, ka tas neatbilstot novitātes un individuālā rakstura prasībām. Minētā tiesa uzskata, ka saskaņā ar DesignG 4. pantu dizainparaugu tiesiskā aizsardzība var attiekties tikai uz tām sastāvdaļām, kas paliek “redzamas kā kompleksa ražojuma sastāvdaļas pēc to montāžas/iekļaušanas tajā”. Savukārt sastāvdaļa, kas ir redzama tikai tādēļ, ka tā ir atdalīta no kompleksā ražojuma, nevar tikt uzskatīta par tādu, kas atbilst nosacījumam par redzamību, un tādēļ uz to nevar attiecināt minēto aizsardzību. Turklāt šī pati tiesa par parasto izmantošanu DesignG 1. panta 4. punkta izpratnē ir uzskatījusi vienīgi braukšanu ar velosipēdu, kā arī uzkāpšanu uz velosipēda un nokāpšanu no tā. Tās viedoklis ir, ka saistībā ar šiem izmantošanas veidiem sēdekļa apakšējā daļa nav redzama ne galalietotājam, ne trešām personām. Monz par šo nolēmumu iesniedza apelācijas sūdzību Bundesgerichtshof (Federālā augstākā tiesa, Vācija), kas ir iesniedzējtiesa. Šī tiesa uzskata, ka pamatlietas iznākums ir atkarīgs no jēdzienu “redzamība” un “parastā izmantošana” interpretācijas Direktīvas 98/71 3. panta 3. un 4. punkta izpratnē. Iesniedzējtiesa vispirms norāda, ka tā piekrīt Bundespatentgericht (Federālā Patentu tiesa) viedoklim, saskaņā ar kuru, piemērojot Tiesas judikatūru, kas it īpaši izriet no 2017. gada 20. decembra sprieduma Acacia un D’Amato ( C‑397/16 un C‑435/16 , EU:C:2017:992 , 64. punkts), velosipēds ir komplekss ražojums un sēdeklis ir šī ražojuma sastāvdaļa. Šī tiesa uzskata, ka, lai atrisinātu tajā izskatāmo strīdu, ir jānosaka, pirmkārt, vai prasība par sastāvdaļas, tiklīdz tā ir iekļauta kompleksā ražojumā, šī ražojuma “parastās izmantošanas” laikā, “redzamību” ir jāizvērtē, ņemot vērā noteiktus minētā ražojuma izmantošanas nosacījumus vai noteikta tādas personas perspektīva, kas ražojumu aplūko, vai, gluži pretēji, pietiek tikai ar objektīvu iespēju atpazīt dizainparaugu, kas ir izmantots sastāvdaļā, kā tā ir iekļauta kompleksā ražojumā. Šajā ziņā iesniedzējtiesa norāda, pirmkārt, ka Bundespatentgericht (Federālā patentu tiesa) ir secinājusi, ka esot nepieciešams, lai sastāvdaļa paliktu redzama galalietotājam vai trešai personai, galalietotājam veicot kompleksā ražojuma, kurā šī sastāvdaļa ir iekļauta, parasto izmantošanu. Otrkārt, prasītāja pamatlietā esot apgalvojusi, ka, lai dizainparaugs varētu tikt aizsargāts, pietiek ar to, ka tas var tikt identificēts, ja sastāvdaļa, uz kuras tas ir izmantots, ir iekļauta kompleksajā ražojumā. Līdz ar to neesot nozīmes tam, vai dizainparaugu var viegli ievērot no konkrētas “perspektīvas”. Šajā kontekstā iesniedzējtiesa šaubās par Direktīvas 98/71 3. panta 3. un 4. punkta interpretāciju, uzskatot, ka no šīs direktīvas nevar skaidri secināt šo tiesību normu mērķi. Šī tiesa tostarp uzskata, ka apsvērums, saskaņā ar kuru ražotājam, kuram nav intereses redzamā veidā attēlot dizainparaugu, nav intereses atsaukties uz šī dizainparauga aizsardzību, ir pārāk vienkāršots, jo dizainparauga īpašniekam, sastāvdaļas ražotājam un kompleksā ražojuma ražotājam nav obligāti jābūt vienai un tai pašai personai. Turklāt tā norāda, ka saskaņā ar doktrīnu šī tiesību norma esot pretrunā principam, saskaņā ar kuru tiesības uz dizainparaugu tiesisko aizsardzību ir jānosaka jau attiecīgā dizainparauga reģistrācijas brīdī. Iesniedzējtiesa uzskata, ka šie apsvērumi liecina par labu šaurai Direktīvas 98/71 3. panta 3. un 4. punkta interpretācijai. Tomēr šī tiesa uzskata, ka, lai gan vārda “redzams” nozīme ikdienas valodā liek domāt par objektīvu izpratni, kas norāda uz iespēju uztvert lietu, no vārdiem “parastā izmantošana” nevar secināt, ka konkrēti kompleksā ražojuma aplūkošanas veidi ir izslēgti. Otrkārt, būtu jānosaka kritēriji, kuriem ir nozīme, lai galalietotājs novērtētu kompleksā ražojuma “parasto izmantošanu” šīs direktīvas 3. panta 4. punkta izpratnē. Šajā ziņā it īpaši rodoties jautājums, vai, veicot šādu vērtējumu, ir jāņem vērā sastāvdaļas vai kompleksa ražojuma ražotāja iecerētā izmantošana vai tikai tas, kā galalietotājs parasti izmanto komplekso ražojumu. Iesniedzējtiesa uzskata, ka Direktīvas 98/71 3. panta 4. punktā ietverto jēdziena “parastā izmantošana” definīciju var saprast tādējādi, ka Savienības likumdevējam jebkāda kompleksā ražojuma izmantošana, ko veic galalietotājs, principā ir parasta izmantošana, ievērojot šajā tiesību normā minētos izņēmumus. Attiecībā uz sastāvdaļas vai kompleksa ražojuma ražotāja vēlamo izmantošanas veida kritēriju šī tiesa norāda, ka tā piemērošana, pēc tās domām, ļautu izvairīties no dizainparaugu tiesiskās aizsardzības izslēgšanas, jo neesot nozīmes tam, kā galalietotāji izmanto komplekso ražojumu, tomēr vienlaikus atgādina savas šaubas attiecībā uz šo šī sprieduma 21. punktā minēto kritēriju. Treškārt, iesniedzējtiesa vēlas noskaidrot, vai noteicoša ir tikai kompleksā ražojuma galvenā izmantošana vai arī attiecīgā gadījumā ir jāņem vērā citi šī ražojuma izmantošanas veidi. Šajā ziņā tā sliecas uz plašu Direktīvas 98/71 3. panta 4. punkta interpretāciju, lai mazinātu šīs direktīvas 3. panta 3. punkta sekas, kas doktrīnā tiek uzskatīta par tādu, kas ir pretrunā dizainparaugu aizsardzības sistēmas loģikai, un lai novērstu lielāku nevienlīdzīgu attieksmi pret tādu dizainparaugu, kuri aptver kompleksa ražojuma sastāvdaļas, īpašniekiem un citu dizainparaugu īpašniekiem. Šādos apstākļos Bundesgerichtshof (Federālā Augstākā tiesa) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus: “1) Vai sastāvdaļa, kurā atspoguļojas dizainparaugs, ir jau tad “redzama” Direktīvas [98/71] 3. panta 3. punkta izpratnē, ja ir objektīvi iespējams atpazīt dizainu, sastāvdaļai atrodoties iebūvētā stāvoklī, vai arī nozīme ir redzamībai noteiktos izmantošanas apstākļos vai no noteiktas tādas personas perspektīvas, kas sastāvdaļu aplūko? 2) Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild tādējādi, ka nozīme ir redzamībai noteiktos izmantošanas apstākļos vai no noteiktas tādas personas perspektīvas, kas sastāvdaļu aplūko: a) vai, lai vērtētu galalietotāja veiktu kompleksā ražojuma “parasto izmantošanu” Direktīvas[98/71] 3. panta 3. un 4. punkta izpratnē, nozīme ir sastāvdaļas vai kompleksā ražojuma ražotāja iecerētajam izmantošanas mērķim vai arī galalietotāja veiktajai kompleksā ražojuma parastajai izmantošanai? b) saskaņā ar kādiem kritērijiem ir jāvērtē, vai galalietotāja veikta kompleksā ražojuma izmantošana ir “parastā” Direktīvas [98/71] 3. panta 3. un 4. punkta izpratnē?” Par prejudiciālajiem jautājumiem Ar šiem diviem jautājumiem, kas ir jāizskata kopā, iesniedzējtiesa būtībā jautā, pirmkārt, vai Direktīvas 98/71 3. panta 3. un 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā tiesību normā paredzētā “redzamības” prasība, lai dizainparaugam, kurš ir izmantots ražojumā vai iekļauts ražojumā, kurš ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa, varētu piemērot dizainparauga tiesisko aizsardzību, ir jāizvērtē, ņemot vērā konkrētus šā kompleksā ražojuma izmantošanas nosacījumus vai vienīgo objektīvo iespēju atpazīt dizainparaugu, kas izmantots sastāvdaļā, kura ir iekļauta kompleksā ražojumā, un, otrkārt, kādi ir atbilstošie kritēriji, lai raksturotu kompleksa ražojuma “parasto izmantošanu”, ko veic galalietotājs. Šie jautājumi ir uzdoti saistībā ar strīdu, kas radies Büchel iesniegtā pieteikuma par pamatlietā aplūkotā dizainparauga atcelšanu, pamatojoties uz to, ka uz to nevar attiecināt dizainparaugu tiesisko aizsardzību, jo sēdeklis kā kompleksa ražojuma, piemēram, “velosipēds” vai “motocikls”, sastāvdaļa šī kompleksā ražojuma parastās izmantošanas gadījumā neesot redzams. Vispirms ir jākonstatē, ka šajā gadījumā velosipēda vai motocikla sēdeklis ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa Direktīvas 98/71 3. panta 3. punkta izpratnē, jo velosipēds vai motocikls pats par sevi ir komplekss ražojums šīs direktīvas 1. panta c) punkta izpratnē. Proti, sēdekli var nomainīt tā, lai ļautu izjaukt vai no jauna samontēt velosipēdu vai motociklu, un tā neesamības gadījumā šo komplekso ražojumu nevarētu izmantot parastā veidā (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2017. gada 20. decembris, Acacia un D’Amato, C‑397/16 un C‑435/16 , EU:C:2017:992 , 64. – 66. punkts). Pirmām kārtām, ir jāatgādina, ka saskaņā ar Direktīvas 98/71 3. panta 3. punktu, lasot to kopsakarā ar tās 12. apsvērumu, dizainparaugs, ko izmanto ražojumā vai ir iekļauts ražojumā, kurš ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa, uzskata par jaunu un par tādu, kam ir individuāls raksturs, tikai tad, ja sastāvdaļa, kad tā ir iekļauta kompleksajā ražojumā, paliek redzama šī ražojuma parastās izmantošanas laikā (a) apakšpunkts) un ja sastāvdaļas redzamās iezīmes pašas par sevi atbilst novitātes un individuālas būtības prasībām (b) apakšpunkts). Tādējādi Direktīvas 98/71 3. panta 3. punktā ir paredzēts īpašs noteikums, kas konkrēti attiecas uz dizainparaugiem, kurus izmanto ražojumā vai kas ir iekļauti ražojumā, kas ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa Direktīvas 98/71 1. panta c) punkta izpratnē. Turpinājumā ir jāatgādina, ka saskaņā ar Direktīvas 98/71 1. panta a) punktu dizainparaugu tiesiskā aizsardzība atbilstoši šai direktīvai attiecas uz ražojuma vai ražojuma sastāvdaļas izskatu. Regulā Nr. 6/2002 paredzētās dizainparaugu aizsardzības kontekstā Tiesa jau ir nospriedusi, ka izskats ir dizainparauga izšķirošais elements un ka tas, ka dizainparauga iezīmes ir redzamas, ir būtisks šīs aizsardzības nosacījums (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2017. gada 21. septembris, Easy Sanitary Solutions un EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P un C‑405/15 P , EU:C:2017:720 , 62. un 63. punkts, kā arī 2021. gada 28. oktobris, Ferrari, C‑123/20 , EU:C:2021:889 , 30. punkts). It īpaši attiecībā uz dizainparaugiem, kas iekļauti ražojumā, kas ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa, Tiesa ir precizējusi, ka, lai kompleksa ražojuma sastāvdaļas izskats varētu tikt aizsargāts kā dizainparaugs, tai pēc definīcijas ir jābūt redzamai un norobežotai ar iezīmēm, kas veido tās īpašo izskatu, proti, līnijām, kontūrām, krāsām, formām vai arī īpašu virsmas struktūru. Tas nozīmē, ka šīs sastāvdaļas izskats nevar pilnībā saplūst ar ražojumu kopumā (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2021. gada 28. oktobris, Ferrari, C‑123/20 , EU:C:2021:889 , 49. un 50. punkts). Šajā ziņā ir jāuzskata, ka šie paši principi ir piemērojami Direktīvā 98/71 paredzētajai dizainparaugu aizsardzības sistēmai. Tādējādi Direktīvas 98/71 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā ir prasīts, ka, lai sastāvdaļa, kas ir iekļauta kompleksā ražojumā, varētu tikt aizsargāta kā dizainparaugs, tai ir jāpaliek redzamai šī ražojuma parastās izmantošanas laikā. Turklāt saskaņā ar šīs direktīvas 12. apsvērumu aizsardzība nebūtu jāattiecina uz tām sastāvdaļām, kas parasti nav redzamas, ražojumu lietojot, vai tām sastāvdaļu iezīmēm, kas parasti nav redzamas, sastāvdaļu montējot, vai kuras pašas par sevi neatbilst prasībām attiecībā uz novitāti un individuālu raksturu. Šī dizainparaugu tiesiskās aizsardzības ierobežošana ar attiecīgās sastāvdaļas redzamajām iezīmēm ir izskaidrojama ar to, ka šīs sastāvdaļas izskats izriet vienīgi no pašas sastāvdaļas. Šādu interpretāciju pamato Direktīvas 98/71 sistēma, kā arī tās 3. panta 3. punktā izvirzītais mērķis. Proti, dizainparauga aizsardzība saskaņā ar šo direktīvu attiecas tikai uz iezīmēm, kas nosaka ražojuma vai ražojuma sastāvdaļas izskatu. Sastāvdaļa, kas ir redzama, noteikti dod ieguldījumu kompleksa ražojuma izskatā (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2017. gada 20. decembris, Acacia un D’Amato, C‑397/16 un C‑435/16 , EU:C:2017:992 , 73. punkts). Turklāt no Direktīvas 98/71 3. panta 3. punkta a) apakšpunkta formulējuma skaidri izriet, ka, lai saņemtu dizainparaugu tiesisko aizsardzību, sastāvdaļai, tiklīdz tā ir iekļauta kompleksajā ražojumā, ir jāpaliek redzamai “parastās izmantošanas laikā”. No tā izriet, ka kompleksā ražojumā iekļautās sastāvdaļas redzamības novērtējums in abstracto bez jebkādas saiknes ar kādu konkrētu šī ražojuma izmantošanas situāciju nav pietiekams, lai šādai sastāvdaļai varētu piešķirt dizainparauga aizsardzību saskaņā ar Direktīvu 98/71. Šajā ziņā ir jāprecizē, ka Direktīvas 98/71 3. panta 3. punktā tomēr nav prasīts, ka sastāvdaļai, kas ir iekļauta kompleksā ražojumā, ir jāpaliek pilnībā redzamai jebkurā brīdī, kad kompleksais ražojums tiek izmantots. Proti, kā ģenerāladvokāts ir uzsvēris secinājumu 33. un 34. punktā, kompleksajā ražojumā iekļautas sastāvdaļas redzamība Direktīvas 98/71 3. panta 3. punkta, lasot to kopā ar tās 3. panta 4. punktu, izpratnē nevar tikt izvērtēta tikai no šī ražojuma galalietotāja perspektīvas. Šajā ziņā ir jāņem vērā arī šādas sastāvdaļas redzamība ārējam novērotājam. Otrām kārtām, jāatgādina, ka saskaņā ar Direktīvas 98/71 3. panta 4. punktu jēdziens kompleksa ražojuma “parastā izmantošana” ir definēts kā “gala lietotāja veikta izmantošana, ietverot [izņemot] apkopi, apkalpošanu vai remontu”. Saskaņā ar šo definīciju “parastā izmantošana” atbilst galalietotāja veiktai izmantošanai. Tas nepārprotami neattiecas uz galalietotāja veikto izmantošanu, kas saistīta ar kompleksā ražojuma apkopi, apkalpošanu vai remontu. Šajā ziņā ir jānosaka, vai ražojuma “parastās izmantošanas” jēdziens, ko veic galalietotājs Direktīvas 98/71 3. panta 4. punkta izpratnē, atbilst izmantošanai, kuru iecerējis sastāvdaļas ražotājs vai dizaineris, izmantošanai, kuru iecerējis kompleksā ražojuma ražotājs vai dizaineris, vai galalietotāja veiktajai kompleksā ražojuma parastajai izmantošanai. Pirmkārt, attiecībā uz jautājumu, vai kompleksā ražojuma “parastā izmantošana” atbilst sastāvdaļas ražotāja iecerētajai izmantošanai, izmantošanai, ko iecerējis kompleksā ražojuma ražotājs, vai šī ražojuma parastai izmantošanai, ko veic galalietotājs, vispirms ir jākonstatē, ka saskaņā ar Direktīvas 98/71 3. panta 4. punktu šī tiesību norma attiecas uz kompleksā ražojuma “parasto izmantošanu”, ko veic galalietotājs. Šajā ziņā, lai gan Direktīvas 98/71 3. panta 3. un 4. punkta vācu valodas versijā kā kritērijs kompleksā ražojumā iekļautas sastāvdaļas redzamībai ir minēta “izmantošana atbilstoši tās mērķim” (“bestimmungsgemäße Verwendung”), šo pašu noteikumu versijas citās valodās, piemēram, angļu (“normal use”), franču (“utilisation normale”), itāļu (“la normale utilizzazione”), spāņu (“la utilización normal”) vai holandiešu (“normaal gebruik”) valodā, norāda, ka kompleksā ražojumā iekļautai sastāvdaļai šā ražojuma “parastās” vai “ierastās” izmantošanas laikā ir jāpaliek redzamai. Jānorāda, kā to rakstveida apsvērumos būtībā ir uzsvērusi Eiropas Komisija, ka kompleksa ražojuma parastā vai ierastā izmantošana, ko veic galalietotājs, vispārēji atbilst izmantošanai saskaņā ar kompleksā ražojuma mērķi, ko ir iecerējis tā ražotājs vai dizainers. Tomēr, kā attiecībā uz jēdzienu “parasta izmantošana” būtībā norādījusi Komisija, Savienības likumdevējs ir vēlējies paredzēt, ka galalietotājs parasti izmanto komplekso ražojumu, lai izslēgtu šī ražojuma izmantošanu citos tirdzniecības posmos un tādējādi izvairītos no redzamības nosacījuma apiešanas. Tātad kompleksā ražojuma “parastās izmantošanas” Direktīvas 98/71 3. panta 3. punkta a) apakšpunkta un 4. punkta izpratnē vērtējumu nevar balstīt vienīgi uz sastāvdaļas vai kompleksā ražojuma ražotāja ieceri. Otrkārt, attiecībā uz jautājumu par to, kura kompleksā ražojuma izmantošana, ko veic galalietotājs, ir “parastā izmantošana” Direktīvas 98/71 3. panta 4. punkta izpratnē, vispirms ir jānorāda, ka tas, ka šajā tiesību normā nav precizēts, uz kāda veida šāda ražojuma izmantošanu attiecas šis jēdziens, un tas, ka tajā vispārīgā veidā ir ietverta atsauce uz šāda ražojuma izmantošanu, ko veic galalietotājs, liecina par labu plašai minētā jēdziena interpretācijai. Šajā ziņā, kā secinājumu 38. punktā ir norādījis ģenerāladvokāts, praksē ražojuma izmantošanai tā galvenajā funkcijā bieži ir nepieciešamas dažādas darbības, kuras var veikt pirms vai pēc tam, kad ražojums ir izpildījis savu galveno funkciju, piemēram, ražojuma uzglabāšana vai pārvadāšana. Līdz ar to ir jāuzskata, ka Direktīvas 98/71 3. panta 4. punkta izpratnē kompleksā ražojuma “parastā izmantošana” ietver visas šīs darbības, izņemot tās, kuras ir skaidri izslēgtas ar minēto 4. punktu, proti, darbības, kas saistītas ar apkopi, apkalpošanu un remontu. Tātad ir jāuzskata, ka jēdzienam “parastā izmantošana” Direktīvas 98/71 3. panta 4. punkta izpratnē ir jāattiecas uz darbībām, kas saistītas ar ražojuma ierasto izmantošanu, kā arī citām darbībām, kuras var saprātīgi veikt šādas izmantošanas laikā un kas ir ierastas no galalietotāja viedokļa, tostarp darbības, kuras var tikt veiktas pirms vai pēc tam, kad ražojums ir izpildījis savu galveno funkciju, piemēram, tā uzglabāšana un pārvadāšana. Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, uz uzdotajiem jautājumiem ir jāatbild, ka Direktīvas 98/71 3. panta 3. un 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā tiesību normā paredzētā “redzamības” prasība, lai uz dizainparaugu, ko izmanto ražojumā vai kas ir iekļauts ražojumā, kurš ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa, varētu attiecināt dizainparaugu tiesisko aizsardzību, ir jāizvērtē, ņemot vērā šī kompleksā ražojuma parastās izmantošanas situāciju, tādējādi, ka attiecīgā sastāvdaļa, līdzko tā ir iekļauta minētajā ražojumā, šādas izmantošanas laikā paliek redzama. Šajā nolūkā kompleksa ražojuma sastāvdaļas redzamība, galalietotājam veicot tā “parasto izmantošu”, ir jāizvērtē no šī lietotāja, kā arī no ārēja novērotāja viedokļa, tomēr jāprecizē, ka šai parastajai izmantošanai ir jāattiecas uz darbībām, kas veiktas kompleksā ražojuma galvenajā izmantošanā, kā arī darbībām, kuras galalietotājam ierasti ir jāveic šādas izmantošanas ietvaros, izņemot apkopi, apkalpošanu un remontu. Par tiesāšanās izdevumiem Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība izriet no tiesvedības, kas notiek iesniedzējtiesā, tāpēc tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (piektā palāta) nospriež: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/71/EK (1998. gada 13. oktobris) par dizainparaugu tiesisko aizsardzību 3. panta 3. un 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā tiesību normā paredzētā “redzamības” prasība, lai uz dizainparaugu, ko izmanto ražojumā vai kas ir iekļauts ražojumā, kas ir kompleksa ražojuma sastāvdaļa, varētu attiecināt dizainparaugu tiesisko aizsardzību, ir jāizvērtē, ņemot vērā šī kompleksā ražojuma parastās izmantošanas situāciju, tādējādi, ka attiecīgā sastāvdaļa, līdzko tā ir iekļauta minētajā ražojumā, šādas izmantošanas laikā paliek redzama. Šajā nolūkā kompleksa ražojuma sastāvdaļas redzamība, galalietotājam veicot tā “parasto izmantošanu”, ir jāizvērtē no šī lietotāja, kā arī no ārēja novērotāja viedokļa, tomēr jāprecizē, ka šai parastajai izmantošanai ir jāattiecas uz darbībām, kas veiktas kompleksā ražojuma galvenajā izmantošanā, kā arī darbībām, kuras galalietotājam ierasti ir jāveic šādas izmantošanas ietvaros, izņemot apkopi, apkalpošanu un remontu. [Paraksti] ( *1 ) Tiesvedības valoda – vācu.

62016TJ0364

lv

Tiesvedības priekšvēsture 2008. gada 9. jūlijā pēc Eiropas Savienības Tērauda bezšuvju cauruļu ražošanas nozares aizsardzības komitejas iesniegtās sūdzības Eiropas Komisija publicēja paziņojumu par antidempinga procedūras sākšanu attiecībā uz tādu konkrētu dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importu, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā ( OV 2008, C 174, 7. lpp. ). 2009. gada 24. septembrī Eiropas Savienības Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 926/2009, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts tādu konkrētu dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam, kā izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā ( OV 2009, L 262, 19. lpp. ). 2009. gada 30. decembrī Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd , kas reģistrēta Huanši [ Huang Shi ] (Ķīna) (turpmāk tekstā – “ Hubei ”), cēla prasību attiecībā uz to atcelt Regulu Nr. 926/2009. Komisija un ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s ., kā arī trīspadsmit citi Eiropas uzņēmumi, kuri ražo bezšuvju caurules un caurulītes (turpmāk tekstā – “ ArcelorMittal u.c.”), iestājās lietā Padomes prasījumu atbalstam. Ar 2014. gada 29. janvāra spriedumu Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ) Vispārējā tiesa atcēla Regulu Nr. 926/2009, ciktāl ar to Hubei ražoto izstrādājumu eksportam tika piemēroti antidempinga maksājumi un ciktāl tajā tika reglamentēta šim eksportam piemēroto pagaidu maksājumu iekasēšana. 2014. gada 14. un 15. aprīlī ArcelorMittal u.c. un Padome attiecīgi iesniedza apelācijas sūdzības par 2014. gada 29. janvāra spriedumu Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ). 2015. gada 7. decembrī Komisija pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2015/2272, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam ( OV 2015, L 322, 21. lpp. ). Ar 2016. gada 7. aprīļa spriedumu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) Tiesa ArcelorMittal u.c. un Padomes celtās apelācijas sūdzības noraidīja. 2016. gada 7. jūnijā prasītājas, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava un pārējās prasītājas, kuru nosaukumi ir ietverti pielikumā pievienotajā sarakstā, proti, divpadsmit citi uzņēmumi, kas bija lietas dalībnieki lietās T‑528/09, C‑186/14 P un C‑193/14 P, uzzināja, ka Komisija ir nolēmusi svītrot Hubei no Eiropas Savienības integrētā muitas tarifa ( TARIC ) papildu kodā A 950 ietvertajiem uzņēmumiem un to iekļaut papildu kodā C 129 uzskaitītajos uzņēmumos (turpmāk tekstā – “apstrīdētais lēmums”). Atbilstoši prasītāju norādītajam apstrīdēto lēmumu bija pieņēmis Komisijas ģenerāldirektorāts (ĢD) “Nodokļu politika un muitas savienība”. Komisija savos rakstveida dokumentos apstiprināja, ka ĢD “Nodokļu politika un muitas savienība” TARIC kodu 2016. gada 3. jūnijā ir grozījis, izveidojot minēto papildu kodu. Tiesvedība un lietas dalībnieku prasījumi Ar prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2016. gada 7. jūlijā, prasītājas cēla šo prasību. Ar atsevišķu dokumentu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts tajā pašā dienā, prasītājas iesniedza pieteikumu par paātrinātā procesa piemērošanu saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta 152. pantu. 2016. gada 26. jūlijā Komisija iesniedza savus apsvērumus par šo pieteikumu. Ar 2016. gada 11. augusta lēmumu Vispārējā tiesa (septītā palāta) noraidīja pieteikumu par lietas izskatīšanu paātrinātā procesā. Tā kā, piemērojot Reglamenta 27. panta 5. punktu, Vispārējās tiesas palātu sastāvs tika mainīts, tiesnesis referents tagad darbojas septītajā palātā, kurai attiecīgi tika nodota šī lieta. Pamatojoties uz tiesneša referenta ziņojumu, Vispārējā tiesa (septītā palāta) nolēma sākt tiesvedības mutvārdu daļu un Reglamenta 89. pantā paredzēto procesa organizatorisko pasākumu ietvaros uzdeva lietas dalībniekiem rakstveida jautājumus. Lietas dalībnieki uz šiem jautājumiem atbildēja noteiktajā termiņā. Tika uzklausīti lietas dalībnieku mutvārdu paskaidrojumi un to atbildes uz jautājumiem, ko Vispārējā tiesa uzdeva 2018. gada 18. janvāra tiesas sēdē. Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi: – atcelt apstrīdēto lēmumu; – piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Komisijas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi: – noraidīt prasību kā nepieņemamu un katrā ziņā kā nepamatotu; – piespriest prasītajām atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Juridiskais pamatojums Prasībai ir izvirzīts viens pamats, kurš ir saistīts ar apstrīdētā lēmuma juridisko pamatu, kā arī Īstenošanas regulas 2015/2272 1. panta 2. punkta un tās pielikuma pārkāpumu. Komisija uzskata, ka prasība ir nepieņemama, formālu iebildi par nepieņemamību ar atsevišķu dokumentu tomēr neizvirzot. Par pieņemamību Vispirms Komisija pauž šaubas par apstrīdama tiesību akta pastāvēšanu. Tā atgādina – tā kā Savienības tiesību akta atcelšana notiek ex tunc un tās sekas ir tūlītējas un beznosacījuma, maksājumu nepiemērošana Hubei ražotajiem izstrādājumiem ir Savienības tiesu pasludināto spriedumu sekas. Pretēji tam, ko, šķiet, norāda prasītājas, Īstenošanas regulā 2015/2272 nav “atjaunots” juridiskais pamats, lai piemērotu maksājumus Hubei ražotajiem izstrādājumiem. Šajā regulā, kurā ir pārskatīti spēkā esošie pasākumi, nav noteikti jauni pasākumi, bet tikai atstāti spēkā jau esošie, kā to apliecina minētās regulas apsvērumi. Komisija turklāt uzsver, ka jaunu pasākumu piemērošanas vai jau esošo paturēšanas spēkā nosacījumi ir atšķirīgi. Tā kā pēc 2016. gada 7. aprīļa sprieduma ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra sprieduma Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ) pasludināšanas antidempinga pasākumi pret Hubei ražojumiem tika atcelti ar atpakaļejošu spēku, minētos pasākumus nevarēja paturēt spēkā. Katrā ziņā speciāla TARIC koda izveide nav apstrīdams tiesību akts, kuram ir tiesiskas sekas. TARIC ir informatīva nozīme un tas tikai atspoguļo aktus ar tiesiskām sekām. Valstu muitas iestādēm arī ir ļauts vairs neiekasēt antidempinga maksājumus par Hubei ražotajiem izstrādājumiem neatkarīgi no TARIC koda, ar ko informē sabiedrību, izveides. Turpinot un pakārtoti – Komisija apgalvo, ka prasītājām nav tiesību celt prasību LESD 263. panta ceturtās daļas izpratnē. TARIC datu bāzē ietvertā informācija tās individuāli neskar. Turklāt tās arī neesot tieši skartas, jo, lai arī TARIC datu bāzē ietvertajai informācijai ir tiesiskas sekas, tās ir šauri aprobežojas ar dalībvalstu muitas iestādēm. Pret Hubei vērsto pasākumu izbeigšanas iespējamā ekonomiskā ietekme nav pietiekami liela, lai varētu konstatēt prasītāju tiesiskās situācijas izmaiņas. Visbeidzot Komisija norāda, ka prasības faktiskais mērķis patiesībā varētu būt gūt no Vispārējās tiesas interpretāciju par tās sprieduma par tiesību akta atcelšanu sekām uz Īstenošanas regulas 2015/2272 spēkā esamību. Šāda prasība nevar būt pieņemama. Prasītājas apstrīd Komisijas argumentus. Par apstrīdama tiesību akta pastāvēšanu Ir jāatgādina, ka saskaņā ar pastāvīgo judikatūru tiesību akti vai lēmumi, par kuriem var celt prasību par to atcelšanu LESD 263. panta izpratnē, ir tikai tādi pasākumi, kas rada saistošas tiesiskās sekas, kuras ietekmē prasītāju intereses. Turklāt tāds akts, par kuru var celt atcelšanas prasību, nevar būt akts, kas nevar radīt tiesiskās sekas un tā mērķis nav radīt šādas sekas. Lai noteiktu, vai apstrīdētais tiesību akts rada šādas sekas, ir jāaplūko tā saturs (skat. spriedumu, 2003. gada 30. septembris, Eurocoton u.c./Padome, C‑76/01 P , EU:C:2003:511 , 54. un 56. punkts un tajos minētā judikatūra). Šajā lietā apstrīdētais lēmums ir akts, ar kuru Komisija nolēma svītrot Hubei no TARIC papildu koda A 950 saraksta un to ietvert TARIC papildu koda C 129 sarakstā, kurā nav paredzēta antidempinga maksājumu piemērošana attiecīgajam izstrādājumam. Komisija savos rakstveida dokumentos apstiprināja, ka šis papildu kods “informē muitas iestādes, ka atmuitošanas brīdī antidempinga maksājumi nav jāaprēķina”. Pirmkārt, ir jāuzsver, ka TARIC izstrādā, atjaunina, pārvalda un izziņo Komisija atbilstoši Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu ( OV 1987, L 256, 1. lpp. ) 2. un 6. pantam. Turklāt atbilstoši Regulas Nr. 2658/87 5. panta 1. punktam Komisija un dalībvalstis izmanto TARIC , lai “piemērotu” Savienības pasākumus, kas saistīti ar importu un eksportu no Savienības. Atbilstoši šīs pašas normas 2. punktam TARIC kodus un papildu kodus “piemēro [..] ievešanai”. Turklāt saskaņā ar Regulas Nr. 2658/87 2. pantu TARIC papildu apakšnodaļas, kas apzīmētas kā “ TARIC apakšpozīcijas”, ir “nepieciešamas” šīs regulas II pielikumā uzskaitīto īpašo Savienības pasākumu īstenošanai, kuri tostarp ietver antidempinga maksājumus. Visbeidzot, Regulas Nr. 2658/87 divpadsmitajā apsvērumā ir atgādināts, ka TARIC ietvertie tarifu pasākumi veido kopējo muitas tarifu. No iepriekš izklāstītā izriet, ka dalībvalstīm principā ir jāpiemēro TARIC kodos un papildu kodos ietvertie pasākumi, lai vienveidīgi tiktu piemērots kopējais muitas tarifs. Turklāt ir jāuzsver, ka Komisijai ne vien kompetence izveidot, atjaunināt, pārvaldīt un publiskot TARIC , bet arī pieņemt, grozīt un atcelt antidempinga pasākumus. Otrkārt, ir jānorāda, ka ar apstrīdēto lēmumu Komisija izveidoja TARIC papildu kodu C 129, kura iepriekš nebija. Ar minētā koda izveidi attiecībā uz Hubei ražojumiem tika aizstāts TARIC kods, kas bija piemērojams antidempinga maksājumu iekasēšanai, proti, TARIC papildu kods A 950. Turklāt, kā izriet no TARIC izvilkuma, kas iekļauts prasības pieteikuma pielikumā, TARIC papildu kods C 129 tika izveidots, piemērojot Īstenošanas regulu 2015/2272, kas tajā ir formāli minēta. Treškārt, TARIC papildu koda C 129 izveide katrā ziņā ļāva norādīt valstu muitas iestādēm, ka par attiecīgā Hubei ražojuma importu nav jāiekasē antidempinga maksājums, neraugoties uz Īstenošanas regulu 2015/2272, kurā šāda iekasēšana ir paredzēta. Minētā TARIC papildu koda izveide tādējādi ļāva nodrošināt, ka visā Savienības muitas teritorijā vienveidīgi netiek iekasēti antidempinga maksājumi par Hubei ražojumiem. Turklāt Komisija atbildēs uz procesa organizatoriskajiem pasākumiem apstiprināja, ka antidempinga maksājumi tika iekasēti laika posmā no 2016. gada 7. aprīļa, kad tika pasludināts spriedums ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ), līdz TARIC papildu koda C 129 izveidei, un ka valstu muitas iestādes kopš šī koda izveides maksājumu vairs neiekasē. Komisija arī norādīja, ka TARIC papildu kods C 129 tika izveidots, lai veicinātu Hubei ražoto izstrādājumu automātisku atmuitošanu. Visbeidzot, Komisija būtībā atzīmēja, ka tika pieļauta kļūda, valstu muitas iestādēm iekasējot antidempinga maksājumus par Hubei ražojumiem pēc 2016. gada 7. aprīļa sprieduma ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra sprieduma Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ) pasludināšanas. No tā izriet, ka TARIC papildu koda C 129 izveidošanas rezultātā katrā ziņā tika grozīta šī situācija un ka Komisijas nolūks bija novērst to, ka valstu muitas iestādes turpina iekasēt antidempinga maksājumus par Hubei ražojumiem. Ceturtkārt, ir jāuzsver, ka lietās, kurās tika pasludināts 2016. gada 7. aprīļa spriedums ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra spriedums Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ), netika aplūkots Īstenošanas regulas 2015/2272 tiesiskums attiecībā uz Hubei , un ka TARIC papildu koda C 129 izveide attiecas konkrēti uz šajā regulā paredzēto antidempinga maksājumu nepiemērošanu Hubei . Šajā ziņā ir jāatgādina, ka iestāžu aktiem principā ir likumības prezumpcija un tie tādējādi rada tiesiskas sekas tik ilgi, kamēr tie nav atsaukti, atcelti prasības atcelt tiesību aktu ietvaros vai pasludināti par spēkā neesošiem pēc prejudiciāla nolēmuma pieņemšanas vai iebildes par prettiesiskumu apmierināšanas (šajā nozīmē skat. spriedumus, 1994. gada 15. jūnijs, Komisija/BASF u.c., C‑137/92 P , EU:C:1994:247 , 48. punkts; 1999. gada 8. jūlijs, Chemie Linz/Komisija, C‑245/92 P , EU:C:1999:363 , 93. punkts, un 2016. gada 4. februāris, C & J Clark International un Puma, C‑659/13 un C‑34/14 , EU:C:2016:74 , 184. punkts). TARIC papildu koda C 129 izveide tādējādi ir tikai Komisijas veikta juridiska interpretācija par saikni, kas vieno Regulas Nr. 926/2009 atcelšanu attiecībā uz Hubei un Īstenošanas regulas 2015/2272 piemērošanu šī uzņēmuma ražotajiem izstrādājumiem. Turklāt Komisija savā aizstāvības rakstā ir apstiprinājusi, ka šajā lietā runa ir par to, kā tā ir interpretējusi “jautājumu [..], vai attiecībā uz lietas dalībnieku, kurš ir uzvarējis tiesvedībā par antidempinga maksājumu atcelšanu, Vispārējās tiesas pasludinātās šīs maksājumu atcelšanas sekas [aptvēra] arī pasākumu, kur mērķis ir tikai paturēt šos maksājumus spēkā”. Taču šāda interpretācija neietilpst 2016. gada 7. aprīļa sprieduma ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra sprieduma Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ) piemērošanā valstu muitas iestādēs. Tādējādi aplūkojamā situācija no gadījumiem, kad valstu muitas iestādēm ir jānosaka sekas, kas atbilstoši to tiesību sistēmai izriet no regulas, ar kuru noteikti antidempinga maksājumi, atcelšanas vai spēkā neesamības atzīšanas, atbilstošā gadījumā atmaksājot minētos maksājumus (skat. spriedumu, 2017. gada 18. janvāris, Wortmann, C‑365/15 , EU:C:2017:19 , 34. punkts un tajā minētā judikatūra). No tā izriet, ka apstrīdētajam lēmumam ir tiesiskas sekas, kuras īsteno valstu muitas iestādes, sākot no TARIC papildu koda C 129 izveidošanas, kura mērķis ir, lai minētās iestādes vairs neiekasētu Īstenošanas regulā 2015/2272 noteiktos antidempinga maksājumus par Hubei ražojumiem, kaut arī šī regula nav nedz atcelta, nedz atzīta par spēkā neesošu Savienības tiesā. Ir arī jāuzsver, ka apstrīdētā lēmuma sekas ir uzskatāmas par galīgām, kā to uzskata arī Komisija pati savā paziņojumā par 2016. gada 7. aprīļa spriedumu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ), kas publicēts 2016. gada 9. septembrī ( OV 2016, C 331, 4. lpp. ). Šajā paziņojumā Komisija ir norādījusi, ka “līdz šim [par Hubei ražotajiem izstrādājumiem] iekasētos antidempinga maksājumus tādējādi ir jāatmaksā saskaņā ar piemērojamajiem muitas tiesību aktiem”. Turklāt Komisija nolēma atsākt izmeklēšanu, to aprobežojot vienīgi ar to antidempinga maksājumu atcelšanu, kuri piemērojami Īstenošanas regulā 2015/2272 norādītajiem Ķīnas ražotājiem eksportētājiem “izņemot Hubei ”. Ņemot vērā iepriekš minēto, apstrīdēto lēmumu var uzskatīt arī par 2016. gada 7. aprīļa sprieduma ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra sprieduma Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ) izpildes pasākumu LESD 266. panta izpratnē. Šajā ziņā, lai arī Komisija savai aizstāvībai ir norādījusi, ka tai nebija jāpamatojas uz LESD 266. pantu, lai pieņemtu juridiski saistošu aktu, tā atbildē uz pieteikumu par paātrinātās tiesvedības piemērošanu ir norādījusi, ka “saskaņā ar LESD 266. pantu” tai bija jāveic pasākumi, kas ietver minēto spriedumu izpildi, un ka TARIC papildu koda C 129 izveide “pilnībā atbilda šai normai”. Šādā kontekstā ir jāatgādina, ka LESD 266. pants rada pienākumu iestādēm novērst konstatēto prettiesiskumu, ievērojot sprieduma, ar ko atcelts attiecīgais akts, rezolutīvo daļu un motīvus (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2000. gada 3. oktobris, Industrie des poudres sphériques/Padome, C‑458/98 P , EU:C:2000:531 , 80. un 81. punkts, un 2016. gada 28. janvāris, CM Eurologistik un GLS, C‑283/14 un C‑284/14 , EU:C:2016:57 , 48. un 49. punkts). No LESD 266. panta izrietošā iestāžu pienākuma izpildes pārbaude tiesā ir nodrošināta tostarp ar LESD 263. pantā paredzēto tiesību aizsardzības līdzekli (rīkojums, 2006. gada 28. marts, Mediocurso/Komisija, T‑451/04 , nav publicēts, EU:T:2006:95 , 23. punkts; šajā nozīmē skat. arī spriedumu, 2005. gada 21. aprīlis, Holcim (Deutschland)/Komisija, T‑28/03 , EU:T:2005:139 , 33. punkts un tajā minētā judikatūra). Visbeidzot, apstrīdētā lēmuma tiesiskās sekas, kuras ir Īstenošanas regulā 2015/2272 noteikto antidempinga maksājumu neiekasēšana par Hubei ražojumiem, var ietekmēt uzņēmumu intereses, kuras ir pamatā antidempinga izmeklēšanai (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2003. gada 30. septembris, Eurocoton u.c./Padome, C‑76/01 P , EU:C:2003:511 , 66. un 67. punkts). Ņemot vērā visus šos apstākļus, ir jāatzīst, ka apstrīdētais lēmums ir akts, par ko var celt prasību par tiesību akta atcelšanu LESD 263. panta izpratnē. Par prasītāju tiesībām celt prasību Saskaņā ar LESD 263. panta ceturto daļu jebkura fiziska vai juridiska persona ar pirmajā un otrajā daļā minētajiem nosacījumiem var celt prasību par tiesību aktu, kas adresēts šai personai vai kas to skar tieši un individuāli, un par reglamentējošu aktu, kas to skar tieši, bet nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem. Tā kā prasītājas nav apstrīdētā lēmuma adresātes, Vispārējā tiesa vispirms vēlas pārbaudīt, vai tās šis lēmums skar tieši un individuāli. – Par prasītāju individuālu skaršanu Ir jāatgādina, ka nosacījums par to, ka fiziskai vai juridiskai personai ir jābūt tieši skartai ar apstrīdēto pasākumu, kā noteikts LESD 263. panta ceturtajā daļā, prasa, lai tiktu izpildīti divi kumulatīvi nosacījumi, proti, lai apstrīdētais pasākums, pirmkārt, tieši ietekmētu indivīda tiesisko stāvokli un, otrkārt, nepieļautu nekādu rīcības brīvību šī pasākuma adresātiem, kuri ir atbildīgi par tā ieviešanu, kas ir pavisam automātiska un izriet tikai no Savienības tiesiskā regulējuma, nepiemērojot citus starpnoteikumus (skat. rīkojumu, 2016. gada 10. marts, SolarWorld/Komisija, C‑142/15 P , nav publicēts, EU:C:2016:163 , 22. punkts un tajā minētā judikatūra). Attiecībā uz pirmo nosacījumu par ietekmi uz indivīda tiesisko stāvokli ir jānorāda, ka apstrīdētā lēmuma sekas ir tādas, ka vairs netiek iekasēti TARIC minētajā Īstenošanas regulā 2015/2272 paredzētie antidempinga maksājumi par Hubei ražojumu importu un tādējādi importu, kas konkurē ar ražojumiem, kurus Savienībā tirgo prasītājas. Protams, kā norāda Komisija, jau ir ticis nospriests, ka tikai tas, ka akts var ietekmēt prasītāja materiālo stāvokli, nav pietiekams, lai varētu uzskatīt, ka tas to skar tieši un ka tikai īpašu apstākļu esamība indivīdam, kurš uzskata, ka akts skar tā stāvokli tirgū, var dot tiesības atsaukties uz LESD 263. panta ceturto daļu (rīkojums, 2011. gada 21. septembris, Etimine un Etiproducts/ECHA, T‑343/10 , EU:T:2011:509 , 41. punkts). Taču šajā lietā apstrīdētais lēmums prasītājas skar ne tikai saistībā ar to materiālo stāvokli, tostarp tādējādi, ka Hubei ražojumi atbilstoši prasītāju sniegtajai informācijai, kuru Komisija nav apstrīdējusi, veido būtisku Ķīnas importa daļu Savienībā, bet arī saistībā ar to tiesisko situāciju procedūrā, kuras rezultātā tika pieņemti antidempinga pasākumi attiecībā uz minēto ražojumu. Īpaši ir jāuzsver, ka sūdzību, kas ir pamatā Regulas Nr. 926/2009 pieņemšanai, un pārskatīšanas lūgumu, kura rezultātā tika pieņemta Īstenošanas regula 2015/2272, ražotāju, tostarp prasītāju, vārdā bija iesniegusi Eiropas Savienības Tērauda bezšuvju cauruļu ražošanas nozares aizsardzības komiteja. Šo divu procedūru rezultātā, kuru pamatā bija prasītāju iebildumi, tika noteikti antidempinga maksājumi tostarp Hubei ražotajiem izstrādājumiem. Tādējādi apstrīdētais lēmums prasītājas skar tieši, jo tajā ir noteikts, ka Īstenošanas regulā 2015/2272 paredzētie antidempinga maksājumi par Hubei ražojumiem vairs nav jāiekasē, savukārt prasītāju vārdā iesniegtā pārskatīšanas lūguma mērķis bija – tieši pretēji – šos maksājumus joprojām piemērot (šajā nozīmē skat. spriedumu, 1985. gada 20. marts, Timex/Padome un Komisija, 264/82 , EU:C:1985:119 , 13. – 16. punkts; pēc analoģijas skat. arī spriedumu, 1986. gada 28. janvāris, Cofaz u.c./Komisija, 169/84 , EU:C:1986:42 , 30. punkts). Attiecībā uz otro tiešas skaršanas nosacījumu, kas saistīts ar apstrīdētā lēmuma adresātiem doto izvērtējuma brīvību, ir jāatgādina, ka dalībvalstīm principā ir jāpiemēro TARIC kodos un papildu kodos ietvertie pasākumi, lai kopējo muitas tarifu piemērotu vienveidīgi. Turklāt Komisija savos rakstveida dokumentos ir apstiprinājusi, ka valstu muitas iestādes antidempinga maksājumus par Hubei ražotajiem izstrādājumiem kopš TARIC papildu koda C 129 izveides vairs neiekasēja. Tādēļ jākonstatē, ka valstu muitas iestādēm šajā gadījumā nebija izvērtējuma brīvības. Līdz ar to apstrīdētais lēmums prasītājas skar tieši. – Par prasītāju individuālu skaršanu No pastāvīgās judikatūras izriet, ka citi subjekti, kuriem lēmums nav adresēts, var tikt uzskatīti par skartiem LESD 263. panta ceturtās daļas nozīmē tikai tad, ja šis lēmums attiecas uz tiem to noteiktu īpašo raksturiezīmju dēļ un saistībā ar kādu faktu, kas tos izceļ salīdzinājumā ar kādu citu un tādējādi tos nošķir tādā pašā veidā kā šāda lēmuma adresātu (spriedumi, 1963. gada 15. jūlijs, Plaumann/Komisija, 25/62 , EU:C:1963:17 , 197. un 223. lpp., un 2016. gada 15. septembris, Unitec Bio/Padome, T‑111/14 , EU:T:2016:505 , 29. punkts). Turklāt ir jāatgādina, ka gadījumā, kad prasību ir iesnieguši vairāki prasītāji, tā ir pieņemama, ja vienam no tiem ir tiesības celt prasību. Šādā gadījumā nav jāpārbauda pārējo prasītāju tiesības celt prasību (spriedums, 2015. gada 26. novembris, Comunidad Autónoma del País Vasco un Itelazpi/Komisija, T‑462/13 , EU:T:2015:902 , 34. punkts; šajā nozīmē skat. arī spriedumu, 1993. gada 24. marts, CIRFS u.c./Komisija, C‑313/90 , EU:C:1993:111 , 30. un 31. punkts). Šajā gadījumā ir jānorāda, ka papildus pārskatīšanas lūgumam, kurš bija iesniegts prasītāju vārdā un kura pamatā bija viņu iebildumi, seši Savienības ražotāji, kas bija iekļauti atlasē un pie kā procedūras gaitā tika veikti pārbaudes apmeklējumi, ir prasītāju vidū (Īstenošanas regulas 2015/2272 21. apsvērums). Šie atlasītie ražotāji, kuri ir konkrēti minēti Īstenošanas regulā 2015/2272, pārstāv aptuveni 55 % no kopējiem pārdošanas apjomiem nesaistītiem pircējiem Savienībā (Īstenošanas regulas 2015/2272 12. apsvērums). Tie atbildēja uz Komisijas anketas jautājumiem (Īstenošanas regulas 2015/2272 20. apsvērums). Šādi iegūtie dati ļāva Komisijai noteikt, vai pastāv kaitējuma draudu atkārtošanās risks (Īstenošanas regulas 2015/2272 111. apsvērums). Līdzīgi apsvērumi ir attiecināmi uz sākotnējo procedūru, kuras noslēgumā tika pieņemta Regula Nr. 926/2009. Turklāt ir jānorāda, ka atbilstoši prasītāju aplēsēm pieteikumā par paātrinātās tiesvedības piemērošanu, kuras Komisija nav apstrīdējusi, Hubei eksports 2015. gadā veidoja aptuveni vienu trešdaļu no attiecīgā izstrādājuma eksporta no Ķīnas uz Savienību un Hubei neizmantotās ražošanas jaudas bija aptuveni 20–50 % no attiecīgā izstrādājuma kopējā patēriņa Savienībā. Šie skaitļi ir jāpretstata prasītāju stāvoklim Savienības tirgū, kas, vismaz attiecībā uz sešiem Savienības ražotājiem, kuri pārskatīšanas procedūrā tika iekļauti atlasē, veido 55 % no kopējiem pārdošanas apjomiem nesaistītiem pircējiem Savienībā. No tā izriet, ka apstrīdētais lēmums, kura rezultātā vairs netiek iekasēti Īstenošanas regulā 2015/2272 paredzētie antidempinga maksājumi Hubei ražojumiem, individuāli skar vismaz sešus Savienības ražotājus, kuri ir arī prasītāji šajā lietā, kuri pārskatīšanas procedūras nolūkiem bija iekļauti atlasē un pie kuriem tika veikti pārbaudes apmeklējumi, jo tā bija uzsākta viņu vārdā un pamatojoties uz to izvirzītajiem iebildumiem un tās noslēgumā tika ņemta vērā viņu konkrētā situācija (šajā nozīmē skat. spriedumu, 1985. gada 20. marts, Timex/Padome un Komisija, 264/82 , EU:C:1985:119 , 13. – 16. punkts). Turklāt ir jāatgādina, ka prasītājas bija personas, kas iestājušās lietā tiesvedībā Vispārējā tiesā, un lietas dalībnieces tiesvedībā Tiesā lietās, kurās tika pasludināts 2016. gada 7. aprīļa spriedums ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra spriedums Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ). Tā kā apstrīdēto lēmumu var uzskatīt arī par minēto spriedumu izpildes pasākumu (skat. iepriekš 33. punktu), šis apstāklis arī individualizē prasītājas. No tā izriet, ka prasītājas apstrīdētais lēmums skar individuāli un līdz ar to tām ir tiesības celt prasību, un nav jānoskaidro, vai minētais lēmums ir reglamentējošs akts, kurā attiecībā uz tām nav ietverti īstenošanas pasākumi. Ņemot vērā visus šos apstākļus, prasība ir atzīstama par pieņemamu. Par lietas būtību Prasītājas vienīgajā izvirzītajā pamatā norāda, ka apstrīdētajam lēmumam nav juridiska pamata un tas ir pretrunā Īstenošanas regulas 2015/2272 1. panta 2. punktam, kā arī tās pielikumam, jo Komisija esot kļūdaini paplašinājusi 2016. gada 7. aprīļa sprieduma ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra sprieduma Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ) tvērumu. Ar šo regulu, kas stājā spēkā 2015. gada 9. decembrī, tika aizstāta Regula Nr. 926/2009. Tā bija juridiskais pamats attiecīgā Ķīnas izcelsmes izstrādājuma aplikšanai ar antidempinga maksājumu. Prasītājas turklāt norāda, ka Īstenošanas regulas 2015/2272 1. panta 2. punktā, kā arī tās pielikumā ir noteikts, ka Hubei ir ietverama to uzņēmumu sarakstā, kam piemērojams TARIC papildu kods A 950. Ar apstrīdēto lēmumu Komisija šo sarakstu atsauca. Komisija apstrīdēto lēmumu varēja pieņemt tikai tad, ja ar minētajiem spriedumiem attiecībā uz Hubei būtu tikusi atcelta arī Īstenošanas regula 2015/2272. Taču tā nebija. Minēto spriedumu rezolutīvajās daļās runa ir tikai par Regulu Nr. 926/2009. Šo spriedumu seku piemērošana, pārsniedzot Regulas Nr. 926/2009 atcelšanu, esot pretrunā judikatūrai. Prasītājas konkrēti atsaucas uz 2001. gada 15. februāra spriedumu Nachi Europe ( C‑239/99 , EU:C:2001:101 ). Tās uzskata, ka apstrīdēto lēmumu nevarēja balstīt uz 2016. gada 7. aprīļa spriedumu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra spriedumu Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ), jo ar tiem netika atcelta Īstenošanas regula 2015/2272. Tādēļ apstrīdētajam lēmumam neesot juridiskā pamata. Turklāt tas esot pretrunā arī Īstenošanas regulas 2015/2272 1. panta 2. punktam un tās pielikumam. Turklāt, pat ja pienākums, kas Komisijai paredzēts LESD 266. panta pirmajā daļā, īstenot 2016. gada 7. aprīļa spriedumu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra spriedumu Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ) pretēji prasītāju uzskatam ietvertu pienākumu atcelt antidempinga maksājumus Hubei ražojumiem, kas tiem piemēroti ar Īstenošanas regulu 2015/2272, Komisijai būtu bijis jāpieņem regulu, ar ko minēto regulu groza vai atceļ. Tas izrietot no tiesību principa, atbilstoši kuram tiesību aktu var atcelt tikai ar tādu pašu tiesību aktu. Ja Komisija izlemtu atcelt Īstenošanas regulu 2015/2272, tai būtu jāievēro prasītāju tiesības uz aizstāvību, jāapspriežas ar dalībvalstīm un detalizētāk jāizklāsta savs pamatojums. Turklāt šāds lēmums ietilpst komisāru kolēģijas, nevis Komisijas ĢD “Nodokļi un muitas savienība” kompetencē. Prasītājas piebilst, ka Komisijas aizstāvības arguments, ka tā ir aizstājusi Īstenošanas regulas 2015/2272 1. panta 2. punktu, ir nepamatots. Vienīgi regulas, ar ko groza Īstenošanas regulu 2015/2272, pieņemšana ļautu šo normu aizstāt. Katrā ziņā, ja Komisija Īstenošanas regulu 2015/2272 varot grozīt, mainot TARIC , tad apstrīdētais lēmums esot prettiesisks, jo tostarp esot pārkāptas prasītāju tiesības uz aizstāvību un neesot izpildīts pienākums norādīt pamatojumu. Turklāt pretēji Komisijas nostājai Regula Nr. 2658/87 neesot juridiskais pamats apstrīdētā lēmuma pieņemšanai un tas esot pretrunā spēkā esošajam antidempinga tiesiskajam regulējumam, proti, tam, kura termiņš nav beidzies, kuru nav atcēlusi Savienības tiesa vai kā citādi. Komisija apgalvo – tā kā Vispārējā tiesa ar atpakaļejošu spēku atcēla Regulā Nr. 926/2009 ietverto antidempinga maksājumu par attiecīgo Hubei ražoto izstrādājumu, atcelšana noteikti attiecas arī uz Īstenošanas regulā 2015/2272 paredzēto maksājumu. Antidempinga maksājumu, kas atzīts par nekad nepastāvējušu, nevar paturēt spēkā ar jaunu regulu, kurā pārskatīti pasākumi, kam tuvojas piemērošanas termiņa beigas. Jaunizveidotais TARIC kods par šo faktu informē muitas iestādes un tirgus dalībniekus. Prasītāju norādītā judikatūra šajā lietā neesot piemērojama, jo tā attiecas uz citādu juridisko situāciju. Attiecībā uz apgalvoto Īstenošanas regulas 2015/2272 1. panta 2. punkta pārkāpumu tā norāda, ka tas ir pretrunā prasības pieteikumā izklāstītajai argumentācijai, saskaņā ar kuru Komisija Hubei izstrādājumiem atbilstoši Īstenošanas regulai 2015/2272 piemēroto antidempinga maksājumu esot atcēlusi nelikumīgi. Proti, šāda atbrīvošana no maksājuma obligāti nozīmē, ka Īstenošanas regulas 2015/2272 1. panta 2. punkts ir aizstāts ar cita akta tiesību normu. Šo divu normu starpā nevar būt pretrunu. Varētu būt vienīgi augstāka ranga normas pārkāpums, taču prasītājas uz šādu situāciju nav norādījušas. Runājot par pienākumu atsaukties uz juridisko pamatu, Komisija uzsver, ka atbilstoši Regulai Nr. 2658/87 tai ir pienākums izveidot, pārvaldīt, atjaunināt un publiskot TARIC datu bāzi. Tādējādi Regula Nr. 2658/87 ir juridiskais pamats šajā lietā aplūkojamā TARIC koda publiskošanai. Komisijai neesot bijis jāpamatojas uz LESD 266. pantu, lai pieņemtu saistošu tiesību aktu, jo visas tiesiskās sekas attiecībā uz Hubei ražoto izstrādājumu importu izrietēja no 2014. gada 29. janvāra sprieduma Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ). Pārskatīšana antidempinga pasākumu termiņa beigu tuvošanās dēļ nevarot paturēt spēkā un, vēl jo mazāk, “atjaunot” par nekad nebijušiem atzītus antidempinga maksājumus. Komisija piebilst, ka pretēji prasītāju versijai antidempinga maksājumus par attiecīgā Hubei izstrādājuma importu no Savienības tiesību sistēmas izsvītroja Savienības tiesas. Tādēļ neesot pamatoti apgalvot, ka Īstenošanas regulas 2015/2272 1. panta 2. punktu var aizstāt vienīgi, pieņemot jaunu regulu. Katrā ziņā prasītājas neesot norādījušas ne uz kādu Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis ( OV 2009, L 343, 51. lpp. , labojums OV 2010, L 7, 22. lpp. ) [aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis ( OV 2016, L 176, 21. lpp. )], pārkāpumu. Attiecībā uz procesuālo pienākumu neizpildi prasītājas neesot pierādījušas, ka administratīvajai procedūrai varētu būt citāds rezultāts. Pirmkārt, ir jāatgādina, ka atceļošs spriedums vienmēr ir ar atpakaļejošu spēku, jo prettiesiskuma konstatējums attiecas uz atceltā akta spēkā stāšanās dienu (spriedums, 1988. gada 26. aprīlis, Asteris u.c./Komisija, 97/86, 99/86, 193/86 un 215/86 , EU:C:1988:199 , 30. punkts; šajā nozīmē skat. arī spriedumu, 2008. gada 12. februāris, CELF un ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06 , EU:C:2008:79 , 61. punkts). Šajā lietā Regula Nr. 926/2009 ex tunc tika atcelta attiecībā uz Hubei , kas nozīmē, ka ir jāuzskata, ka šī regula minēto uzņēmumu nekad nav ietekmējusi (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2012. gada 19. jūlijs, Padome/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P , EU:C:2012:471 , 48. punkts). Otrkārt, Īstenošanas regula 2015/2272 tika pieņemta pēc pārskatīšanas procedūras, pamatojoties uz Regulas Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu (tagad – Regulas Nr. 2016/1036 11. panta 2. punkts). Atbilstoši šai normai galīgā antidempinga pasākuma termiņš beidzas piecus gadus pēc tā uzlikšanas vai piecus gadus pēc datuma, kurā beidzās pēdējais pārskats par dempingu un zaudējumiem, “ja vien pārskatā nekonstatē, ka pasākuma beigas var novest pie dempinga un zaudējumu turpināšanās vai atkārtošanās”. Šajā nolūkā Komisija spēkā esošos pasākumus var vai nu paturēt spēkā, vai ļaut tiem beigties (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2012. gada 8. maijs, Dow Chemical/Padome, T‑158/10 , EU:T:2012:218 , 43. punkts). Šīs normas mērķis tādējādi nav vis pirmreizēji piemērot antidempinga pasākumus, bet gan attiecīgā gadījumā paturēt spēkā jau esošus antidempinga pasākumus, kuriem citādi tuvojas termiņa beigas (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2010. gada 11. februāris, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08 , EU:C:2010:68 , 65. – 67. punkts, un 2008. gada 24. septembris, Reliance Industries/Padome un Komisija, T‑45/06 , EU:T:2008:398 , 94. punkts). Īstenošanas regulas 2015/2272 122. apsvērumā ir arī norādīts, ka “būtu jāturpina ar Regulu [..] Nr. 926/2009 noteiktie antidempinga pasākumi, kas piemērojami konkrētām [Ķīnas] izcelsmes bezšuvju caurulēm un caurulītēm”. Treškārt, lai arī tik tiešām ar Īstenošanas regulu 2015/2272 tiek tikai paturēti spēkā sākotnēji ar Regulu Nr. 926/2009 noteiktie pasākumi, tieši Īstenošanas regula 2015/2272 ir antidempinga maksājumu iekasēšanas juridiskais pamats un, konkrēti, tās rezolutīvajā daļā un pielikumā paredzētais, ka tiek noteikti antidempinga maksājumi tostarp Hubei ražoto izstrādājumu importam. Prasības pieteikuma pielikumā ietvertajos TARIC izvilkumos kā juridiskais pamats antidempinga maksājumu iekasēšanai par attiecīgo izstrādājumu ir konkrēti minēta Īstenošanas regula 2015/2272. Tas pats ir secināms no Komisijas 2016. gada 9. septembrī publicētā paziņojuma par 2016. gada 7. aprīļa spriedumu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) (skat. iepriekš 32. punktu). Tā kā Īstenošanas regula 2015/2272 ar 2016. gada 7. aprīļa spriedumu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra spriedumu Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ) netika atcelta, uz to principā attiecas likumības prezumpcija (skat. iepriekš 29. punktā minēto judikatūru). Turklāt ir jāatgādina, ka atceļoša sprieduma absolūtā spēka sekas nevar būt tādas, ka par spēkā neesošu tiek pasludināts akts, kas nav nodots Savienības tiesas kontrolei, pat ja tas ir nelikumīgs (šajā nozīmē skat. spriedumus, 1999. gada 14. septembris, Komisija/AssiDomän Kraft Products u.c., C‑310/97 P , EU:C:1999:407 , 54. punkts, un 2001. gada 15. februāris, Nachi Europe, C‑239/99 , EU:C:2001:101 , 26. punkts). No tā izriet, ka Regulas Nr. 926/2009 atcelšanas attiecībā uz Hubei rezultātā no Savienības tiesību sistēmas automātiski nepazustu Īstenošanas regulas 2015/2272 normas, kuras Savienības tiesa nav atcēlusi. Ceturtkārt, ir jāatgādina, ka pamatojoties uz LESD 266. pantu attiecīgajai iestādei it īpaši ir jāizvairās no tā, ka aktā, kas ir paredzēts, lai aizstātu aktu, kurš ir ticis atzīts par spēkā neesošu, tiek pieļauti tādi paši pārkāpumi kā tie, kuri ir tikuši identificēti spriedumā par tiesību akta atcelšanu (spriedumi, 1999. gada 14. septembris, Komisija/AssiDomän Kraft Products u.c., C‑310/97 P , EU:C:1999:407 , 56. punkts, un 2004. gada 29. aprīlis, IPK‑München un Komisija, C‑199/01 P un C‑200/01 P , EU:C:2004:249 , 83. punkts). Tiesa turklāt ir norādījusi uz pienākumu, kurš attiecīgā gadījumā varētu būt iestādēm, proti, atcelt pēc atceltā tiesību akta pieņemtos aktus (spriedums, 1988. gada 26. aprīlis, Asteris u.c./Komisija, 97/86, 99/86, 193/86 un 215/86 , EU:C:1988:199 , 30. punkts). Šajā pašā kontekstā Vispārējā tiesa ir atzinusi, ka ir jāatceļ akti, kuri ir pamatoti ar jau atceltajiem aktiem un kuri tādējādi ir dzēsti no Savienības tiesību sistēmas (spriedums, 2015. gada 18. septembris, HTTS un Bateni/Padome, T‑45/14 , nav publicēts, EU:T:2015:650 , 46. – 48. punkts). Turklāt lietā, kurā 2016. gada 4. februārī tika pasludināts spriedums C & J Clark International un Puma ( C‑659/13 un C‑34/14 , EU:C:2016:74 , 175. – 177. punkts), Tiesa uzskatīja, ka pārskatīšanas regula nav spēkā, “ciktāl” nav spēkā regula, ar ko piemēroti sākotnējie dempinga maksājumi, jo tai bija jāizvērtē abu regulu spēkā esamība. Ņemot vērā šos elementus un tostarp faktu, ka, pirmkārt, Īstenošanas regulas Nr. 2015/2272 mērķis bija noteikt pasākumus, kas līdzinās ar Regulu Nr. 926/2009 noteiktajiem, lai saglabātu to iedarbību, un ka, otrkārt, ar Regulu Nr. 926/2009 noteiktie pasākumi tika atcelti ar 2016. gada 7. aprīļa spriedumu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) un 2014. gada 29. janvāra spriedumu Hubei Xinyegang Steel/Padome ( T‑528/09 , EU:T:2014:35 ), Komisijai bija tiesības uzskatīt, ka minēto spriedumu izpilde atbilstoši LESD 266. pantam ietver Īstenošanas regulā 2015/2272 noteikto antidempinga maksājumu turpmāku neiekasēšanu par Hubei ražotajiem izstrādājumiem. Taču, kā pakārtoti uzskata prasītājas un tā kā Īstenošanas regulai 2015/2272 principā ir piemērojama likumības prezumpcija, Komisijai ar jaunu regulu tā bija jāgroza vai jāatceļ. Proti, ir jāatgādina, ka saskaņā ar formu paralēlisma noteikumu, kas atbilst tiesību vispārējam principam, aktam nepieciešamā forma, lai to darītu zināmu trešajām personām, principā ir jāievēro arī šī akta vēlākos grozījumos (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2004. gada 29. aprīlis, Parlaments/Ripa di Meana u.c., C‑470/00 P , EU:C:2004:241 , 67. punkts; 1998. gada 21. jūlijs, Mellett/Tiesa, T‑66/96 un T‑221/97 , EU:T:1998:187 , 136. punkts; 2006. gada 17. maijs, Kallianos/Komisija, T‑93/04 , EU:T:2006:130 , 56. punkts, un 2006. gada 14. decembris, Gagliardi/ITSB – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04 , nav publicēts, EU:T:2006:400 , 53. punkts). Šajā lietā tostarp ir jānorāda, ka atbilstoši Regulas Nr. 1225/2009 14. panta 1. punktam (tagad – Regulas 2016/1036 14. panta 1. punkts), kurš ietver “vispārīgos noteikumus”, antidempinga maksājumus “uzliek ar regulu, un dalībvalstis tos iekasē, ievērojot regulā par šādu maksājumu ieviešanu noteikto iekasēšanas veidu, likmi un pārējos kritērijus”. Tā tas bija Īstenošanas regulā 2015/2272 noteikto antidempinga maksājumu Hubei ražotajiem izstrādājumiem gadījumā. Turklāt ir jāatgādina, ka Komisijas kompetencē ietilpst antidempinga pasākumu pieņemšana, grozīšana un atcelšana. No tā izriet, ka regulā, kura nav nedz atcelta, nedz atzīta par spēkā neesošu Savienības tiesā, noteiktu antidempinga maksājumu iekasēšanas izbeigšana attiecībā uz kādu sabiedrību principā arī ir jāīsteno ar regulas palīdzību. Taču šajā lietā, galīgā veidā nosakot Īstenošanas regulā 2015/2272 paredzēto antidempinga maksājumu iekasēšanas izbeigšanu par Hubei ražotajiem izstrādājumiem, izveidojot TARIC papildu kodu, Komisija ir pārkāpusi formu paralēlisma noteikumu. Turklāt, kā savos procesuālajos rakstos pareizi ir norādījušas prasītājas, ir arī jāatzīmē, ka atbilstoši formu paralēlisma noteikumam ir būtu bijis ne tikai jāvēršas Komisijas komisāru kolēģijā, bet arī jāsaņem Regulas Nr. 1225/2009 15. panta 1. punktā (tagad – Regulas 2016/1036 15. panta 1. punkts) paredzētās komitejas nostāja, kā tas notika Īstenošanas regulas 2015/2272 pieņemšanas gadījumā. Šajā ziņā ir jānorāda, ka atbilstoši Regulas Nr. 1225/2009 11. panta 6. punktam (tagad – Regulas 2016/1036 11. panta 6. punkts) pasākumus atceļ vai turpina, ievērojot 11. panta 2. punktu, saskaņā ar šīs pašas regulas “15. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru”. Tāpat arī Regulas Nr. 1225/2009 9. panta 4. punktā (tagad – Regulas Nr. 2016/1036 9. panta 4. punkts) ir noteikts, ka Komisija saskaņā ar pārbaudes procedūru nosaka galīgo antidempinga maksājumu. Šī komiteja un minētā pārbaudes procedūra ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu ( OV 2011, L 55, 13. lpp. ). Šādai dalībvalstu īstenotai kontrolei paredzētajām procedūrām ir jābūt īpaši skaidrām, un tām jāatspoguļo LESD institucionālās prasības (Regulas Nr. 182/2011 piektais apsvērums). Apspriedēm ar Regulā Nr. 1225/2009 15. panta 1. punktā paredzēto komiteju tādējādi ir ne tikai procesuāla nozīme, bet tās ir arī svarīgas no LESD institucionālo prasību aspekta. Turklāt ir jāuzsver tiesiskās nenoteiktības situācija, kura ir radusies no apstrīdētā lēmuma, kā savos procesuālajos rakstos to ir norādījušas prasītājas. Proti, no vienas puses, tirgus dalībnieki, tostarp prasītājas, kuri analizē Savienības tiesisko regulējumu, ņem vērā Īstenošanas regulu 2015/2272, kas nav nedz atcelta, nedz atzīta par spēkā neesošu Savienības tiesā, nedz arī atcelta ar citu regulu, un tas pats attiecas uz tajā noteiktajiem antidempinga maksājumiem. No otras puses, TARIC papildu kods C 129 ir pamats uzskatīt, ka Īstenošanas regulā 2015/2272 paredzētie antidempinga maksājumi neattiecas uz Hubei ražotajiem izstrādājumiem. No minētā izriet acīmredzama pretruna, kuras rezultātā tirgus dalībniekiem, tostarp prasītājām, rodas tiesiskā nenoteiktība. Turklāt, lai arī Komisijas izmantoto interpretāciju šajā gadījumā var secināt no atsauces uz 2016. gada 7. aprīļa spriedumu ArcelorMittal Tubular Products Ostrava u.c./Hubei Xinyegang Steel ( C‑186/14 P un C‑193/14 P , EU:C:2016:209 ) TARIC papildu koda C 129 zemsvītras piezīmē, formu paralēlisma noteikuma ievērošana Komisijas pamatojumu šajā ziņā būtu padarījusi skaidrāku. Ir arī jānorāda, ka Savienības iestādes citās procedūrās jau bija nolēmušas grozīt vai atcelt pārskatīšanas regulu, ar ko antidempinga pasākumi ir paturēti spēkā, pēc tam, kad tā iepriekš tikusi atcelta [Savienības tiesā]. Tā tas tostarp bija Padomes Regulas (EK) Nr. 989/2009 (2009. gada 19. oktobris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 661/2008, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam ( OV 2009, L 278, 1. lpp. ) gadījumā, uz ko Komisija atsaucās tiesas sēdē. Šī regula tika pieņemta pēc tam, kad tika pasludināts 2008. gada 10. septembra spriedums JSC Kirovo‑Chepetsky Khimichesky Kombinat/Padome ( T‑348/05 , nav publicēts, EU:T:2008:327 ). Ar šo spriedumu Vispārējā tiesa atcēla regulu, kura bija spēkā pirms pārskatīšanas regulas, proti, Padomes Regulu (EK) Nr. 945/2005 (2005. gada 21. jūnijs), ar kuru pēc starpposma pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 3. punktu groza Regulu (EK) Nr. 658/2002, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importu, un Regulu (EK) Nr. 132/2001, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu attiecībā uz, inter alia , Ukrainas izcelsmes amonija nitrāta importu ( OV 2005, L 160, 1. lpp. ), ar ko tika paplašināts to izstrādājumu loks, kuriem piemēro antidempinga pasākumus. Šajā saistībā Padome pēc Komisijas priekšlikuma, apspriedusies ar konsultatīvo komiteju, izlēma pieņemt Regulu (EK) Nr. 989/2009, ar kuru ar atpakaļejošu spēku atcēla Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2008 (2008. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam pēc tam, kad veikta termiņa beigu pārskatīšana atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktam un daļēja starpposma pārskatīšana atbilstīgi minētās regulas 11. panta 3. punktam ( OV 2008, L 185, 1. lpp. ), attiecībā uz uzņēmumu, kas bija prasītājs tiesvedībā Vispārējā tiesā, saistībā ar izstrādājumiem, uz kuriem attiecās [spriedumā noteiktā] atcelšana. Šajā ziņā Padome arī izveidoja TARIC papildu kodu konkrēti attiecībā uz uzņēmumu, kas bija prasītājs tiesvedībā Vispārējā tiesā. Priekšlikumā Padomes regulai (COM(2009) 493, galīgā redakcija) ietvertajā motīvu izklāstā Komisija uzsvēra, ka šis priekšlikums ietilpst “Vispārējās tiesas sprieduma izpildes kontekstā”. Ņemot vērā šos elementus, ir jāatzīst, ka Komisijas pieļautais formu paralēlisma noteikuma pārkāpums ir tāds, kura dēļ apstrīdētais lēmums ir jāatceļ. Ar pārējiem Komisijas argumentiem šo secinājumu nevar atspēkot. Konkrēti, Komisijas procesuālajos rakstos norādītā judikatūra, kas attiecas tieši uz uzņēmuma tiesību uz aizstāvību pārkāpumu procedūrā, nav efektīva. Proti, kā ticis konstatēts, formu paralēlisma noteikuma pārkāpums ir kas vairāk nekā prasītāju tiesību uz aizstāvību ievērošana. Turklāt ir jānoraida arī Komisijas argumenti, ka prasītājām nav intereses panākt apstrīdētā lēmuma atcelšanu, pamatojoties uz formu paralēlisma noteikuma pārkāpumu. Kā tiesas sēdē norādīja prasītājas, to interese, katrā ziņā prima facie , ir attiecīgo Īstenošanas regulas 2015/2272 normu piemērošana Hubei ražotajiem izstrādājumiem. Komisija nav izvirzījusi nevienu pamatotu argumentu šī konstatējuma atspēkošanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, apstrīdētais lēmums ir jāatceļ. Par tiesāšanās izdevumiem Atbilstoši Reglamenta 134. panta 1. punktam lietas dalībniekam, kuram nolēmums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram nolēmums ir labvēlīgs. Tā kā Komisijai nolēmums ir nelabvēlīgs, tai jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus saskaņā ar to prasījumiem. Ar šādu pamatojumu VISPĀRĒJĀ TIESA (septītā palāta) nospriež: 1) Atcelt Eiropas Komisijas 2016. gada 3. jūnija lēmumu svītrot Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd no TARIC papildu kodā A 950 uzskaitīto uzņēmumu saraksta un iekļaut to jauna TARIC papildu koda C 129 sarakstā attiecībā uz visiem Kombinētās nomenklatūras kodiem, kas minēti 1. panta 1. punktā Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2272 (2015. gada 7. decembris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam. 2) Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s . un pārējo prasītāju, kuru nosaukumi ietverti pielikumā, tiesāšanās izdevumus. Tomljenović Bieliūnas Marcoulli Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2018. gada 18. oktobrī. [Paraksti] ( *1 ) Tiesvedības valoda – angļu. ( ) Pārējo prasītāju nosaukumu saraksts ir pievienots vienīgi lietas dalībniekiem paziņotajā galīgajā redakcijā.

62019CJ0900

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 9(1)(c) Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic ( UL 2010, L 20, str. 7 , v nadaljevanju: Direktiva o pticah). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med združenjem One Voice in zvezo Ligue pour la protection des oiseaux (zveza za varstvo ptic) na eni strani ter ministre de la Transition écologique et solidaire (minister za ekološki in solidarnostni prehod, Francija) na drugi v zvezi z veljavnostjo petih odlokov z dne 24. septembra 2018 o uporabi limanic za lov na drozge in kose, namenjenih za vabo v lovni sezoni 2018–2019 v departmajih Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse in Var (Francija) (JORF z dne 27. septembra 2018, besedila št. od 10 do 13 in 15, v nadaljevanju: odloki z dne 24. septembra 2018). Pravni okvir Pravo Unije Člen 9(1) Direktive Sveta z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 1, str. 98) je določal: „Države članice lahko odstopajo od določb členov 5, 6, 7 in 8, kadar ni na voljo druge zadovoljive rešitve, zaradi: […] (c) dopustitve ujetja, posedovanja ali druge sprejemljive oblike uporabe določenih ptic v majhnem številu pod strogo nadzorovanimi pogoji in na selektivni podlagi.“ Z Direktivo o pticah je bila Direktiva 79/409 kodificirana in razveljavljena. V uvodnih izjavah 3 in 5 Direktive o pticah je navedeno: „(3) Število mnogih vrst prosto živečih ptic, ki so naravno prisotne na evropskem ozemlju držav članic, upada, v nekaterih primerih zelo hitro. Ta upad resno ogroža ohranjanje naravnega okolja predvsem zato, ker je s tem ogroženo biološko ravnovesje. […] (5) V okviru ciljev [Evropske unije], ki se nanašajo na izboljšanje življenjskih razmer ter trajnostnega razvoja je treba doseči ohranitev vrst prosto živečih ptic, naravno prisotnih na evropskem ozemlju držav članic.“ Člen 1(1) te direktive določa: „Ta direktiva se nanaša na ohranjanje vseh prostoživečih vrst ptic, naravno prisotnih na evropskem ozemlju držav članic, kjer se uporablja Pogodba. Njen cilj je varovanje, upravljanje in nadzor nad temi vrstami in določa pravila njihovega izkoriščanja.“ Člen 2 navedene direktive določa: „Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za vzdrževanje populacije vseh vrst iz člena 1 na stopnji, ki ustreza zlasti ekološkim, znanstvenim in kulturnim zahtevam, ob upoštevanju gospodarskih in rekreacijskih zahtev, ali za prilagajanje populacije teh vrst tej stopnji.“ Člen 5 te direktive določa: „Brez poseganja v člena 7 in 9 države članice sprejmejo potrebne ukrepe za uvedbo splošnega sistema varstva vseh vrst ptic iz člena 1, ki prepovedujejo zlasti: (a) namerno ubitje ali ujetje na kakršen koli način; […]“. Člen 7(1) in (3) Direktive o pticah določa: „1.   V vsej [Uniji] se vrste iz Priloge II zaradi svojega populacijskega nivoja, geografske razporeditve in stopnje razmnoževanja lahko lovijo skladno z nacionalno zakonodajo. Države članice zagotovijo, da lov na te vrste ne ogroža prizadevanj za njihovo ohranitev na območju njihove razširjenosti. […] 3.   Vrste iz dela B Priloge II se lahko lovijo samo v državah članicah, v zvezi s katerimi se navajajo.“ V Prilogi II, del B, k tej direktivi so med drugim navedeni Turdus merula (kos), Turdus pilaris (brinovka), Turdus philomelos (cikovt), Turdus iliacus (vinski drozg) in Turdus viscivorus (carar). Člen 8(1) navedene direktive določa: „Države članice za lov na ptice ter njihovo ujetje ali ubitje po tej direktivi prepovejo uporabo vseh sredstev, naprav ali načinov, zlasti tistih iz točke (a) Priloge IV, ki se uporabljajo za množično neselektivno ujetje ali ubitje ptic ali ki bi lahko povzročili lokalno izginotje vrste.“ Limanice so navedene med načini ujetja iz točke (a) Priloge IV k tej direktivi. Člen 9(1) in (2) Direktive o pticah določa: „1.   Države članice lahko odstopajo od določb členov 5 do 8, kadar ni na voljo druge zadovoljive rešitve, zaradi: […] (c) dopustitve ujetja, posedovanja ali druge sprejemljive oblike uporabe določenih ptic v majhnem številu pod strogo nadzorovanimi pogoji in na selektivni podlagi. 2.   Odstopanja iz odstavka 1 morajo navajati: (a) vrste, ki so predmet odstopanj; (b) sredstva, naprave ali načine, dovoljene za ujetje ali ubitje; (c) pogoje tveganja ter krajevne in časovne okoliščine, v katerih se ta odstopanja lahko odobrijo; (d) organ, pooblaščen za izjavo, da so zahtevani pogoji dani, in za odločitev o tem, katera sredstva, naprave ali načini se lahko uporabijo, v okviru kakšnih omejitev in kdo jih lahko uporabi; (e) nadzorne ukrepe, ki se bodo izvedli.“ Francosko pravo Naslov II knjige IV okoljskega zakonika, ki se nanaša na lov, med drugim zajema poglavje IV, naslovljeno „Izvajanje lova“, ki je razdeljeno na šest oddelkov, pri čemer je oddelek 3 posvečen „načinom in sredstvom lova“. Člen L. 424-4 tega zakonika, ki je v navedenem oddelku, določa: „V času lovne dobe daje dovoljenje njegovemu imetniku pravico do dnevnega lova, bodisi s puško, bodisi s psi ali ujedami, v skladu z razlikovanji, določenimi v odlokih ministra, pristojnega za lovstvo. Dnevni lov zajema obdobje, ki se začne eno uro pred sončnim vzhodom v glavnem mestu departmaja, konča pa eno uro po sončnem zahodu. […] Da bi se pod strogo nadzorovanimi pogoji selektivno omogočil lov nekaterih ptic selivk v majhnem številu, minister, pristojen za lovstvo, pod pogoji, ki jih določi, odobri uporabo načinov in sredstev lova, skladnih s tradicijo, ki odstopajo od tistih, dovoljenih v prvem odstavku. […] Limanice se nastavijo eno uro pred sončnim vzhodom, poberejo pa pred 11. uro. Vsa druga sredstva lova, vključno z letali in avtomobili, tudi če so uporabljena kot sredstvo za gonjo, so prepovedana. […]“. Člen 1 odloka državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, pristojnega za okolje ter za preprečevanje večjih tehnoloških in naravnih tveganj, o uporabi limanic za ujetje drozgov in kosov, namenjenih za vabo, v departmajih Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var in Vaucluse z dne 17. avgusta 1989 (JORF z dne 13. septembra 1989, str. 11560, v nadaljevanju: odlok z dne 17. avgusta 1989), določa: „V departmajih Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var in Vaucluse je pod strogo nadzorovanimi pogoji, določenimi v nadaljevanju, dovoljena uporaba limanic za ujetje cararjev, brinovk, vinskih drozgov, cikovtov in kosov, namenjenih za vabo za osebne namene, da se omogoči selektivno ujetje teh ptic v majhnem številu, ker ni na voljo druge zadovoljive rešitve.“ Člen 4, prvi odstavek, tega odloka določa: „Limanice smejo biti nastavljene zgolj ob prisotnosti lovca. Vse ujete ptice je treba takoj očistiti.“ Člen 6 navedenega odloka določa: „Največje število ptic, ki se smejo ujeti med lovno sezono, in po potrebi tehnične podrobnosti za vsak departma vsako leto določi minister, pristojen za lovstvo.“ Člen 11 tega odloka določa: „Vsa divjad razen cararjev, brinovk, vinskih drozgov, cikovtov in kosov, ki se ujame nenamerno, se takoj očisti in izpusti.“ Državni minister, minister za ekološki in solidarnostni prehod, je na podlagi odloka z dne 17. avgusta 1989 z odloki z dne 24. septembra 2018 določil največje število drozgov in kosov, namenjenih za vabo, ki se jih v lovni sezoni 2018–2019 sme ujeti z uporabo limanic, in sicer 2900 v departmaju Alpes-de-Haute-Provence, 400 v departmaju Alpes-Maritimes, 11.400 v departmaju Bouches-du-Rhône, 15.600 v departmaju Vaucluse in 12.200 v departmaju Var. Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje Združenje One Voice je pri Conseil d’État (državni svet, Francija) vložilo pet tožb, s katerimi je predlagalo, naj se odloki z dne 24. septembra 2018 razveljavijo ter naj se ministru za ekološki in solidarnostni prehod naloži, da odpravi odlok z dne 17. avgusta 1989. Ligue pour la protection des oiseaux je pri istem organu vložila pet tožb za razveljavitev odlokov z dne 24. septembra 2018. Predložitveno sodišče je te ločene tožbe združilo. Tožeči stranki v postopku v glavni stvari sta v utemeljitev tožb v bistvu navedli, da je odlok z dne 17. avgusta 1989, na podlagi katerega so bili sprejeti odloki z dne 24. septembra 2018, v nasprotju z določbami člena 9(1) Direktive o pticah, zlasti ker dovoljuje tradicionalen neselektiven načina lova, in sicer uporabo limanic, ne da bi bilo utemeljeno, zakaj ni na voljo drugih zadovoljivih rešitev. Poleg tega Ligue pour la protection des oiseaux trdi, da so odloki z dne 24. septembra 2018 v nasprotju s to direktivo tudi zato, ker dovoljujejo odvzem ptic pod pogoji, ki niso strogo nadzorovani, in brez dokazov, da so dovoljeni odvzemi omejeni na majhno število. Predložitveno sodišče na prvem mestu navaja, da je Sodišče v sodbi z dne 27. aprila 1988, Komisija/Francija ( 252/85 , EU:C:1988:202 ), razsodilo, da so določbe, ki izhajajo iz odloka z dne 27. julija 1982, od katerih se določbe odloka z dne 17. avgusta 1989 bistveno ne razlikujejo, združljive z zahtevami Direktive 79/409 in da zlasti niso v nasprotju z zahtevo po „sprejemljivi obliki uporabe določenih ptic v majhnem številu“ glede na „zelo natančna“ pravila, ki jih vsebujejo. Vendar to sodišče ugotavlja, da je Sodišče v sodbi z dne 21. junija 2018, Komisija/Malta ( C‑557/15 , EU:C:2018:477 ), ki je bila izdana po začetku veljavnosti člena 3 PEU in člena 37 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), razsodilo, da nacionalna zakonodaja, s katero je dovoljen drug tradicionalni postopek lova, ne izpolnjuje enega od pogojev, ki se zahtevajo s členom 9(1)(c) Direktive o pticah za to, da bi bilo mogoče odstopati od člena 8 te direktive, in sicer pogoja glede selektivnosti načina zadevnega ujetja, pri čemer se je oprlo na obstoj „stranskega ulova“, ne da bi pojasnilo obseg tega stranskega ulova. V teh okoliščinah želi predložitveno sodišče izvedeti, ali je treba člen 9(1)(c) Direktive o pticah razlagati tako, da nasprotuje temu, da države članice dovolijo uporabo sredstev, naprav in načinov ujetja ali ubitja, ki bi lahko, čeprav minimalno in zgolj začasno, vodili do stranskega ulova. Če je odgovor nikalen, naj bi bilo treba določiti, katera merila – ki se nanašajo zlasti na omejen delež ali obseg tega stranskega ulova, na dejstvo, da dovoljeni postopek lova načeloma ne povzroči smrti, in na obveznost, da se brez resnega poškodovanja osvobodijo nenamerno ujeti primerki – je mogoče uporabiti, da bi se štelo, da je merilo selektivnosti iz teh določb izpolnjeno. Predložitveno sodišče na drugem mestu poudarja, da je Sodišče v sodbi z dne 27. aprila 1988, Komisija/Francija ( 252/85 , EU:C:1988:202 ), sicer tudi razsodilo, da uporaba limanic za ujetje drozgov, ki je tradicionalni način lova v nekaterih francoskih departmajih, ni v nasprotju z zahtevami iz Direktive 79/409, ki so povzete v Direktivi o pticah, vendar je v sodbi z dne 21. junija 2018, Komisija/Malta ( C‑557/15 , EU:C:2018:477 ), vseeno štelo, da določbe člena 9 zadnjenavedene direktive nalagajo, da se pri odstopanju, ki ga odobri država članica, natančno in ustrezno obrazloži, zakaj ni na voljo druge zadovoljive rešitve. Ker je v odloku z dne 17. avgusta 1989 navedeno, da glede na to, da je način lova z limanicami v zadevnih departmajih tradicionalen, „ni na voljo druge zadovoljive rešitve“, želi predložitveno sodišče torej izvedeti, ali je treba Direktivo o pticah razlagati tako, da lahko že sam cilj ohranitve tradicionalnih načinov in sredstev lova na ptice za rekreativne namene – če so izpolnjeni vsi drugi pogoji, ki jih za tako odstopanje nalaga člen 9(1)(c) te direktive – upraviči neobstoj druge zadovoljive rešitve v smislu člena 9(1) navedene direktive, in tako omogoča odstopanje od načela prepovedi teh načinov in sredstev lova iz njenega člena 8. V teh okoliščinah je Conseil d’État (državni svet) prekinil odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložil ti vprašanji: „1. Ali je treba določbe člena 9(1)(c) [Direktive o pticah] razlagati tako, da nasprotujejo temu, da države članice dovolijo uporabo sredstev, naprav in načinov ujetja ali ubitja, ki bi lahko, čeprav minimalno in zgolj začasno, vodili do stranskega ulova? Katera merila – ki se nanašajo zlasti na omejen delež ali obseg tega stranskega ulova, na dejstvo, da dovoljeni postopek lova načeloma ne povzroči smrti, in na obveznost, da se brez resnega poškodovanja osvobodijo nenamerno ujeti primerki – je mogoče glede na okoliščine primera uporabiti, da bi se štelo, da je izpolnjeno merilo selektivnosti, določeno s temi določbami? 2. Ali je treba Direktivo [o pticah] razlagati tako, da je mogoče s ciljem ohranitve uporabe načinov in sredstev lova ptic, skladnih s tradicijo, v rekreativne namene, če so izpolnjeni vsi drugi pogoji za tako odstopanje iz [njenega člena 9(1)(c)], utemeljiti neobstoj druge zadovoljive rešitve v smislu [njenega člena 9(1)], in da je tako mogoče odstopiti od načela prepovedi teh načinov in sredstev lova, ki je določeno v členu 8 te direktive?“ Vprašanji za predhodno odločanje Drugo vprašanje Predložitveno sodišče želi z drugim vprašanjem, ki ga je treba obravnavati na prvem mestu, v bistvu izvedeti, ali je treba člen 9(1)(c) Direktive o pticah razlagati tako, da to, da je način ujetja ptic tradicionalen, zadostuje za ugotovitev, da tega načina ni mogoče nadomestiti z drugo zadovoljivo rešitvijo v smislu te določbe. Najprej je treba opozoriti, da iz sodne prakse Sodišče izhaja, da morajo biti nacionalni zakonodajni okvir in drugi predpisi za to, da bi pristojni organi odstopanje iz člena 9 Direktive o pticah uporabili na način, ki je v skladu s pravom Unije, zasnovani tako, da izvajanje določb glede odstopanja iz tega člena ustreza načelu pravne varnosti. Zato morajo biti v nacionalni ureditvi, ki se uporablja na tem področju, merila za odstopanje določena jasno in natančno, organi, ki so pristojni za njihovo uporabo, pa morajo biti s to ureditvijo zavezani k njihovemu upoštevanju. Glede izjem, ki jih je treba razlagati ozko, je breme dokazovanja glede obstoja zahtevanih pogojev za vsako odstopanje na organu, ki sprejme odločitev, države članice pa morajo zagotoviti, da je vsak poseg v zaščiteno vrsto dovoljen le na podlagi odločitev, ki so natančno in ustrezno obrazložene ter v katerih so navedeni razlogi, pogoji in zahteve iz člena 9(1) in (2) te direktive (sodba z dne 21. junija 2018, Komisija/Malta, C‑557/15 , EU:C:2018:477 , točka ). Natančneje, elementi, ki dokazujejo, da so pogoji za odstopanje od sistema varstva iz Direktive o pticah izpolnjeni, morajo temeljiti na trdno uveljavljenih znanstvenih spoznanjih. Organi morajo tako ob izdajanju dovoljenj imeti na voljo najboljša upoštevna spoznanja (sodba z dne 23. aprila 2020, Komisija/Finska (Spomladanski lov na samca navadne gage), C‑217/19 , EU:C:2020:291 , točka in navedena sodna praksa). Poleg tega, čeprav je treba v okviru nacionalne ureditve, ki se uporablja na področju ohranjanja prostoživečih ptic – če se v njej namerava uporabiti sistem odstopanja iz člena 9 Direktive o pticah – jasno in natančno določiti merila za odstopanje ter pristojnemu organu naložiti, naj preveri, ali ne obstaja druga zadovoljiva rešitev v smislu tega člena, mora biti iz obrazložitve, uporabljene pri izvajanju tega sistema odstopanja, razvidno, da je pogoj v zvezi z neobstojem druge zadovoljive rešitve izpolnjen (glej v tem smislu sodbo z dne 21. junija2018, Komisija/Malta, C‑557/15 , EU:C:2018:477 , točki in ). V teh okoliščinah ni mogoče šteti, da nacionalna ureditev, v kateri je uporabljen sistem odstopanja iz člena 9 Direktive o pticah, izpolnjuje pogoje v zvezi z obveznostjo obrazložitve, ki izhajajo iz člena 9(2) te direktive, če vsebuje zgolj navedbo, da ni druge zadovoljive rešitve, ne da bi bila ta navedba podprta s podrobno obrazložitvijo, ki bi temeljila na najboljših upoštevnih znanstvenih spoznanjih in ki bi vsebovala razloge, na podlagi katerih je pristojni organ prišel do ugotovitve, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki omogočajo odstopanje v smislu člena 9 navedene direktive, med katerimi je pogoj v zvezi z neobstojem druge zadovoljive rešitve. Dalje, opozoriti je treba, da je Sodišče že razsodilo, da je lov na prostoživeče ptice, ki se izvaja kot prostočasna dejavnost pod pogoji, določenimi v Direktivi o pticah, lahko „sprejemljiva oblika uporabe“, ki je s to direktivo dovoljena (sodba z dne 23. aprila 2020, Komisija/Finska (Spomladanski lov na samca navadne gage), C‑217/19 , EU:C:2020:291 , točka in navedena sodna praksa). Pojem „sprejemljiva oblika uporabe“ lahko zajema tudi tradicionalne načine lova, saj morajo države članice, kot je navedeno v členu 2 navedene direktive, pri sprejemanju ukrepov iz tega člena upoštevati rekreacijske zahteve. Toda čeprav člen 2 Direktive o pticah države članice poziva, naj to direktivo izvajajo ob upoštevanju ekoloških, znanstvenih in kulturnih ter gospodarskih in rekreacijskih zahtev, je treba ugotoviti, da je ohranjanje ptic glavni cilj te direktive. Sodišče je v zvezi s tem že večkrat razsodilo, da ohranitev tradicionalnih dejavnosti ne pomeni samostojnega odstopanja od sistema varstva, vzpostavljenega z Direktivo o pticah (glej v tem smislu sodbe z dne 8. julija 1987, Komisija/Belgija, 247/85 , EU:C:1987:339 , točka ; z dne 28. februarja 1991, Komisija/Nemčija, C‑57/89 , EU:C:1991:89 , točka , in z dne 23. aprila 2020, Komisija/Finska (Spomladanski lov na samca navadne gage), C‑217/19 , EU:C:2020:291 , točka ). Načini lova so namreč pogosto del lokalnih tradicij ali običajev, tako da če bi bil cilj, da se ti ohranijo kot taki, samostojen razlog za odstopanje, bi to pripeljalo do dovolitve velikega števila praks, ki so v nasprotju z zahtevami iz člena 9 Direktive o pticah. Tak pristop bi bil v nasprotju z ozko razlago te določbe, ki mora prevladati. Opozoriti je še treba, da mora pristojni organ pri preverjanju, ali ne obstajajo druge zadovoljive rešitve, primerjati različne rešitve, ki ustrezajo pogojem sistema odstopanja iz člena 9(1)(c) Direktive o pticah, in izbrati tisto, ki se zdi najbolj zadovoljiva (glej v tem smislu sodbo z dne 23. aprila 2020, Komisija/Avstrija (Spomladanski lov na sloko), C‑161/19 , neobjavljena, EU:C:2020:290 , točke od 51 do 57 ter navedena sodna praksa). V zvezi s tem Fédération nationale des Chasseurs (nacionalna lovska zveza) in francoska vlada trdita, da vzreja vrst iz postopka v glavni stvari glede na stroške in veljavno ureditev, v skladu s katero je trgovanje s temi vrstami prepovedano, ne more biti zadovoljiva rešitev. Kot je generalna pravobranilka navedla v točki 36 sklepnih predlogov, je treba upoštevati člen 13 PDEU, v skladu s katerim morajo Unija in države članice pri oblikovanju in izvajanju njene politike v celoti upoštevati zahteve po dobrem počutju živali. Iz tega izhaja, da je treba zadovoljivost alternativnih rešitev presojati glede na razumne možnosti in najboljše razpoložljive tehnike (glej po analogiji sodbo z dne 9. marca 2010, ERG in drugi, C‑379/08 in C‑380/08 , EU:C:2010:127 , točka ). V zvezi s tem je Sodišče že razsodilo, da sta vzreja in razmnoževanje zaščitenih vrst v ujetništvu lahko druga zadovoljiva rešitev, če se izkažeta za mogoča (sodba z dne 12. decembra 1996, LRBPO in AVES, C‑10/96 , EU:C:1996:504 , točka in navedena sodna praksa), in da je tudi prevoz zakonito ujetih ali posedovanih ptic sprejemljiva oblika uporabe v smislu Direktive 79/409 (sodba z dne 8. julija 1987, Komisija/Belgija, 247/85 , EU:C:1987:339 , točka ). Prav tako zgolj okoliščina, da vzreja in razmnoževanje zadevnih vrst v ujetništvu zaradi nacionalne ureditve še nista izvedljivi v velikem obsegu, ne more omajati upoštevnosti teh drugih rešitev (glej v tem smislu sodbo z dne 12. decembra 1996, LRBPO in AVES, C‑10/96 , EU:C:1996:504 , točka ). Iz tega izhaja, kot je generalna pravobranilka v bistvu navedla v točkah 30 in 38 sklepnih predlogov, da se zdi, da so na voljo druge možnosti, s katerimi je mogoče izpolniti zahtevo iz člena 9(1) Direktive o pticah. Poleg tega, čeprav ujetje ptic z limanicami kot tako spada med lovske dejavnosti, pomeni zgolj predhodno fazo drugih načinov ujetja, saj tako ujete ptice služijo kot vaba, da bi privabile druge ptice iste vrste, ki so nato ustreljene s puško. Zgolj dejstvo, da bi bila za drug način ujetja potrebna prilagoditev in da bi se bilo treba zaradi tega drugega načina posledično oddaljiti od nekaterih značilnosti tradicije, ne more zadostovati za to, da bi se štelo, da ni na voljo „druge zadovoljive rešitve“ v smislu člena 9(1) Direktive o pticah (glej v tem smislu sodbo z dne 12. decembra 1996, LRBPO in AVES, C‑10/96 , EU:C:1996:504 , točka ). Ob upoštevanju zgoraj navedenih preudarkov je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9(1) in (2) Direktive o pticah razlagati tako, da zgolj to, da gre za tradicionalen način ujetja ptic, ne zadostuje za ugotovitev, da tega načina ni mogoče nadomestiti z drugo zadovoljivo rešitvijo v smislu te določbe. Prvo vprašanje Predložitveno sodišče želi s prvim vprašanjem v bistvu izvedeti, ali je treba člen 9(1)(c) Direktive o pticah razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki z odstopanjem od člena 8 te direktive dovoljuje uporabo načina ujetja ptic, ki pripelje do stranskega ulova v majhnem obsegu in za omejen čas. Poudariti je treba, da to vprašanje zahteva razlago pogoja iz člena 9(1)(c) Direktive o pticah, v skladu s katerim je treba ujetje, posedovanje ali drugo sprejemljivo obliko uporabe nekaterih ptic izvesti na selektivni podlagi. V zvezi s tem so se stranke, ki so predložile pisna stališča, sklicevale na sodbe z dne 27. aprila 1988, Komisija/Francija ( 252/85 , EU:C:1988:202 ); z dne 9. decembra 2004, Komisija/Španija ( C‑79/03 , EU:C:2004:782 ), in z dne 21. junija 2018, Komisija/Malta ( C‑557/15 , EU:C:2018:477 ). V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da je Sodišče v prvi sodbi sicer ugotovilo, da so veljavna nacionalna pravila „zelo natančna“ in da je postavljeno „veliko število omejujočih pogojev“, ki se nanašajo na izdajo dovoljenj za ujetje, vendar je zgolj ugotovilo, da na podlagi elementov, ki jih je predložila Evropska komisija, ni mogoče podpreti trditev te institucije, da je ureditev zadevne države članice v nasprotju z zahtevami iz Direktive 79/409 (glej v tem smislu sodbo z dne 27. aprila 1988, Komisija/Francija, 252/85 , EU:C:1988:202 , točki in ), ne da bi posebej in izrecno preučilo vsebino teh pravil glede ujetja ob upoštevanju merila selektivnosti. Zato te sodbe ni mogoče razumeti tako, da so bila z njo navedena pravila izrecno potrjena ob upoštevanju tega merila. Dalje, v zvezi z drugo sodbo je bila v zadevi, v kateri je bila izdana ta sodba, nacionalna ureditev, s katero je bila omogočena posebna oblika lova z limanicami, manj stroga od ureditve iz postopka v glavni stvari, tako da rešitve, ki je bila uporabljena v navedeni sodbi, ni mogoče prenesti na obravnavano zadevo. Nazadnje, v tretji sodbi je zadevna država članica sama priznala, da način ujetja, dovoljen v okviru njene ureditve, ni selektiven. Po tem pojasnilu je treba navesti, da iz besedila člena 9(1)(c) Direktive o pticah izhaja, da lahko države članice odstopijo od prepovedi iz člena 8 te direktive glede uporabe načinov ujetja, navedenih v točki (a) Priloge IV k navedeni direktivi, med drugim če ti načini omogočajo ujetje nekaterih ptic „na selektivni podlagi“. Poudariti je treba, da v členu 9(1)(c) Direktive o pticah ni pojasnjeno, kako je treba ta pogoj razumeti. Poleg tega ni niti na podlagi analize različnih jezikovnih različic te določbe, kot je generalna pravobranilka navedla v točkah 53 in 54 sklepnih predlogov, mogoče ugotoviti, kako je treba razumeti pojem „selektivnost“. Ker člen 9(1)(c) Direktive o pticah ne vsebuje nobene napotitve na nacionalna prava, je treba ugotoviti, da je pojem „selektivnost“ avtonomen pojem prava Unije, ki ga je treba na njenem ozemlju razlagati enotno (glej po analogiji sodbo z dne 25. junija 2020, A in drugi (Vetrne elektrarne v občinah Aalter in Nevele), C‑24/19 , EU:C:2020:503 , točka ). Poleg tega je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso pri razlagi določbe prava Unije upoštevati ne le njeno besedilo, ampak tudi sobesedilo, v katero je umeščena, ter cilje, ki jim sledi akt, katerega del je (sodba z dne 9. oktobra 2019, BGL BNP Paribas, C‑548/18 , EU:C:2019:848 , točka ). Najprej je treba v zvezi z izrazom „selektivnost“ navesti, da ta v običajnem smislu zajema vse, na podlagi česar se opravi selekcija, torej postopek, s katerim se znotraj nekega sklopa nekateri elementi glede na določene značilnosti izberejo oziroma upoštevajo, drugi pa izključijo. Dalje, v zvezi s sobesedilom, v katero je umeščen člen 9(1)(c) Direktive o pticah, je treba opozoriti, da člen 5(a) te direktive brez poseganja v njena člena 7 in 9 določa splošno prepoved namernega ubitja ali ujetja vrst ptic iz člena 1 navedene direktive na kakršen koli način. V tem okviru člen 8(1) te direktive določa, da države članice prepovejo „uporabo vseh sredstev, naprav ali načinov, zlasti tistih iz točke (a) Priloge IV, ki se uporabljajo za množično neselektivno ujetje ali ubitje ptic ali ki bi lahko povzročili lokalno izginotje vrste“, med katerimi je uporaba limanic. Iz teh določb izhaja, kot je generalna pravobranilka navedla v točki 21 sklepnih predlogov, da Direktiva o pticah načeloma prepoveduje način ujetja, pri katerem se uporabljajo limanice. Tako možnost odstopanja, ki je na voljo v členu 9(1)(c) Direktive o pticah, odraža prepoved neselektivnih načinov odvzema iz člena 8(1) te direktive, zlasti tistih, ki so navedeni v točki (a) Priloge IV k navedeni direktivi. Nazadnje, v zvezi s cilji, ki jim sledi Direktiva o pticah, je treba poudariti, da je, kot je razvidno iz uvodnih izjav 3 in 5 te direktive, „[v] okviru ciljev [Unije], ki se nanašajo na izboljšanje življenjskih razmer ter trajnostnega razvoja[,] […] treba doseči ohranitev vrst prosto živečih ptic, naravno prisotnih na evropskem ozemlju držav članic“, in da upad velikega števila teh vrst „resno ogroža ohranjanje naravnega okolja predvsem zato, ker je s tem ogroženo biološko ravnovesje.“ Za soočanje s takim ogrožanjem je v členu 1(1) Direktive o pticah pojasnjeno, da ima ta direktiva, ki „se nanaša na ohranjanje vseh prostoživečih vrst ptic, naravno prisotnih na evropskem ozemlju držav članic, kjer se uporablja Pogodba“, za cilj „varovanje, upravljanje in nadzor nad temi vrstami in določa pravila njihovega izkoriščanja“. Poleg tega navedena direktiva spada v okvir, določen tako s členom 3 PEU kot s členom 37 Listine, v skladu s katerima si Unija v bistvu prizadeva za trajnostni razvoj in zagotavlja visoko raven varstva okolja. Poleg tega iz določb člena 9 Direktive o pticah, ki se nanašajo na strog nadzor nad odstopanjem iz tega člena in na selektivnost ujetja, ter iz splošnega načela sorazmernosti izhaja, da mora biti navedeno odstopanje, ki ga želi država članica uporabiti, sorazmerno s potrebami, s katerimi je upravičeno (sodba z dne 23. aprila 2020, Komisija/Finska (Spomladanski lov na samca navadne gage), C‑217/19 , EU:C:2020:291 , točka in navedena sodna praksa). Zato je treba pri presoji selektivnosti načina ujetja v smislu člena 9(1)(c) Direktive o pticah upoštevati ne le podrobnosti tega načina in količine neciljnih ptic, ujetih na ta način, ampak tudi njegove morebitne posledice za ujete vrste z vidika povzročene škode ob upoštevanju ciljev varstva, ki jim sledi ta direktiva. V zvezi s tem je treba razlikovati glede na to, ali je način ujetja smrten ali ne. V prvem primeru je treba sprejeti strožje pojmovanje pogoja selektivnosti, v drugem primeru pa je, nasprotno, mogoče šteti, da je ta pogoj pri stranskem ulovu izpolnjen, če so vrste, ki s tem načinom niso ciljane, ujete v majhnem številu za določen čas in če jih je mogoče izpustiti ob kvečjemu zanemarljivih poškodbah. Tako zgolj na podlagi okoliščine, da neki način ujetja, ki načeloma ni smrten, pripelje do stranskega ulova, sicer ni mogoče ugotoviti, da je ta način neselektiven, vendar obseg tega stranskega ulova in razsežnost morebitnih vplivov na ciljne in neciljne vrste odražata raven selektivnosti takega načina. Iz besedila člena 9(1)(c) Direktive o pticah v povezavi s členom 8(1) te direktive, iz ciljev navedene direktive in iz okvira, v katerega je umeščena in kakor je razviden iz določb člena 3 PEU, člena 37 Listine, člena 191(2), prvi pododstavek, PDEU in člena 13 PDEU, ki se nanaša na dobro počutje živali, izhaja, da je treba pogoj selektivnosti iz člena 9(1)(c) te direktive razumeti tako, da je v primerih uporabe načina ujetja, ki ni smrten in ki pripelje do stranskega ulova, lahko izpolnjen le, če je količina tega stranskega ulova majhna, torej če je s tem za omejen čas prizadeto zelo majhno število nenamerno ujetih primerkov, in če jih je mogoče izpustiti ob kvečjemu zanemarljivih poškodbah. V obravnavani zadevi predložitveno sodišče poudarja, da način ujetja iz postopka v glavni stvari „načeloma“ ni smrten in povzroča stranski ulov v zelo majhnih količinah za zelo omejen čas. Poleg tega člen 11 odloka z dne 17. avgusta 1989 določa, da se vsaka ptica, ki je predmet stranskega ulova, „takoj očisti in izpusti“. Vendar, kot so opozorile tožeči stranki v postopku v glavni stvari in Komisija ter kot je generalna pravobranilka navedla v točkah 51 in 64 sklepnih predlogov, je zelo verjetno – brez poseganja v ugotovitve, do katerih bo nazadnje prišlo predložitveno sodišče – da ujete ptice kljub čiščenju utrpijo nepopravljive poškodbe, saj lahko limanice že po svoji naravi poškodujejo perje vseh ujetih ptic. V zvezi s tem je treba opozoriti, prvič, da iz sodne prakse, navedene v točki 30 te sodbe, izhaja, da morajo imeti pristojni organi ob izdaji dovoljenj na voljo najboljša znanstvena spoznanja, na podlagi katerih je mogoče dokazati, da so pogoji za odstopanje od sistema varstva, uvedenega z Direktivo o pticah, izpolnjeni. Drugič, pristojni organi morajo po odobritvi odstopanj v skladu s členom 9(2)(e) te direktive sprejeti nadzorne ukrepe, potrebne za zagotovitev, da stranski ulov kar najbolj ustreza pričakovani ravni in da pri tem niso povzročene poškodbe, ki bi bile več kot zanemarljive. Iz tega izhaja, da način ujetja, ki ni smrten in ki pripelje do dodatnega ulova, ne izpolnjuje zahteve glede selektivnosti iz člena 9(1)(c) Direktive o pticah, če lahko ta stranski ulov – čeprav je ta majhnega obsega in traja omejen čas – neciljnim ujetim vrstam povzroči poškodbe, ki niso zanemarljive. Ob upoštevanju navedenih preudarkov je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 9(1)(c) Direktive o pticah razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki z odstopanjem od člena 8 te direktive dovoljuje način ujetja, ki pripelje do stranskega ulova, če lahko ta stranski ulov – čeprav je ta majhnega obsega in traja omejen čas – neciljnim ujetim vrstam povzroči poškodbe, ki niso zanemarljive. Stroški Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo: 1. Člen 9(1) in (2) Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic je treba razlagati tako, da zgolj to, da gre za tradicionalen način ujetja ptic, ne zadostuje za ugotovitev, da tega načina ni mogoče nadomestiti z drugo zadovoljivo rešitvijo v smislu te določbe. 2. Člen 9(1)(c) Direktive 2009/147 je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki z odstopanjem od člena 8 te direktive dovoljuje način ujetja, ki pripelje do stranskega ulova, če lahko ta stranski ulov – čeprav je ta majhnega obsega in traja omejen čas – neciljnim ujetim vrstam povzroči poškodbe, ki niso zanemarljive. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: francoščina.

62007TJ0427

sv

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 20 augusti 2009 (ärende R 875/2006-2) om ett invändningsförfarande mellan Creaciones Mirto SA och Maglificio Barbara Srl. Uppgifter i målet Sökande av gemenskapsvarumärke: Maglificio Barbara Srl Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket Mirtillino för varor i klasserna 3, 18 och 25 – ansökan nr 3252467 Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Creaciones Mirto, S.A; sökande efter överlåtelse av de varumärken som åberopats i invändningsförfarandet Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Ordmärket MIRTO (gemenskapsvarumärke nr 1653351) för varor i klasserna 3, 18 och 25 och flera andra nationella ord- och figurmärken MIRTO Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen Överklagandenämndens beslut: Upphävande av det överklagade beslutet och avslag på invändningen Domslut 1) Talan ogillas. 2) Mirto Corporación Empresarial, SL, ska ersätta rättegångskostnaderna.

62016CJ0525

cs

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU. Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA (dále jen „MEO“) a Autoridade da Concorrência (Úřad pro hospodářskou soutěž, Portugalsko) ve věci rozhodnutí o odložení věci vydaného posledně uvedeným v návaznosti na stížnost podanou společností MEO vůči GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes Ou Executantes (sdružení pověřené správou práv výkonných umělců, Portugalsko, dále jen „GDA“) z důvodu údajného zneužívání dominantního postavení spočívajícího zejména v diskriminačním uplatňování výše poplatku sdružením GDA vůči společnosti MEO v jejím postavení poskytovatele úplatných služeb v oblasti přenosu televizního signálu a jeho obsahu. Právní rámec Unijní právo Podle článku 3 odst. 1 poslední věty nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích [101] a [102 SFEU] ( Úř. věst. 2003, L 1, s. 1 ; Zvl. vyd. 08/02, s. 205): „Pokud orgány pro hospodářskou soutěž členských států nebo vnitrostátní soudy použijí vnitrostátní právní předpisy o hospodářské soutěži na zneužití zakázané článkem [102 SFEU], použijí také článek [102 SFEU].“ Portugalské právo Článek 11 odst. 1 a 2 písm. c) Novo Regime Juridíco da Concorrência (nový právní režim hospodářské soutěže) má stejné znění jako čl. 102 druhý pododstavec písm. c) SFEU. Spor v původním řízení a předběžné otázky Sdružení GDA je neziskovým sdružením kolektivní správy práv výkonných umělců, které spravuje práva související s autorskými právy svých členů a členů zahraničních organizací správy práv, se kterými má uzavřenou smlouvu o zastoupení nebo smlouvu o vzájemnosti. V tomto kontextu je hlavní činností sdružení GDA výběr poplatků pocházejících z výkonu práv souvisejících s autorskými právy a rozdělování těchto částek nositelům těchto práv. Tato společnost je v současnosti jediným subjektem pověřeným kolektivní správou práv souvisejících s autorskými právy v Portugalsku. Mezi podniky, které využívají repertoár členů GDA, jakož i členů obdobných zahraničních organizací, se kterými má GDA uzavřenou smlouvu o zastoupení nebo smlouvu o vzájemnosti, patří poskytovatelé nabízející úplatné služby v oblasti přenosu televizního signálu a jeho obsahu. Žalobkyně v původním řízení, společnost MEO, je jedním z takových poskytovatelů, a tudíž zákazníkem sdružení GDA. V období let 2010 až 2013 uplatňovalo sdružení GDA v rámci velkoobchodní nabídky současně tři ceny, a tudíž požadovalo různé ceny od různých poskytovatelů úplatných služeb v oblasti přenosu televizního signálu a jeho obsahu. Ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že sdružení GDA uplatňovalo vůči společnosti MEO cenu, která byla stanovena rozhodčím nálezem ze dne 10. dubna 2012. Podle příslušných vnitrostátních předpisů jsou totiž smluvní strany v případě, že nedojde při jednání o právech k dohodě, povinny využít rozhodčího řízení. Ve dnech 24. června a 22. října 2014 podala PT Comunicações SA, právní předchůdce společnosti MEO, k Úřadu pro hospodářskou soutěž stížnost proti sdružení GDA z důvodu možného zneužití dominantního postavení. MEO tvrdila, že toto zneužití vyplývalo ze skutečnosti, že GDA uplatňovalo nepřiměřeně vysoké ceny při uplatňování práv souvisejících s autorskými právy i rozdílné podmínky mezi ní a jiným poskytovatelem úplatných služeb v oblasti přenosu televizního signálu a jeho obsahu, společností NOS Comunicações SA (dále jen „NOS“). Dne 19. března 2015 zahájil Úřad pro hospodářskou soutěž šetření, které vedlo k odložení věci rozhodnutím ze dne 3. března 2016 z důvodu, že skutečnosti týkající se předmětu řízení neobsahovaly indicie, které by dostatečně prokazovaly zneužití dominantního postavení. Úřad pro hospodářskou soutěž uvedl, že sdružení GDA uplatňovalo v období 2009–2013 rozdílné ceny vůči různým zákazníkům. Tento orgán měl ovšem za to, že vzhledem zejména ke struktuře nákladů, zisků a návratnosti maloobchodní nabídky služeb v oblasti přenosu televizního signálu a jeho obsahu neměly tyto rozdíly v cenách za následek oslabení soutěžního postavení MEO. Podle uvedeného orgánu musí být za účelem prokázání porušení čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU dáno, že eventuální diskriminace v oblasti cen skutečně může narušit hospodářskou soutěž na trhu tím, že dojde ke znevýhodnění v hospodářské soutěži jednoho nebo více vzájemně si konkurujících podniků ve srovnání s ostatními. Výklad, podle kterého vede jakékoli diskriminační chování ze strany podniku v dominantním postavení ipso facto k porušení čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU, je podle jeho názoru v rozporu s judikaturou Soudního dvora. MEO podala proti rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž o odložení věci ze dne 3. března 2016 k Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Soud pro hospodářskou soutěž, regulaci a dohled, Portugalsko), předkládajícímu soudu žalobu, ve které tvrdila, že toto rozhodnutí je stiženo vadou nesprávného právního posouzení, neboť namísto toho, aby tento orgán posoudil kritérium znevýhodnění v hospodářské soutěži tak, jak je vykládán v judikatuře Soudního dvora, zkoumal, zda se jednalo o zásadní a vyčíslitelné narušení hospodářské soutěže. Podle názoru MEO však měl Úřad pro hospodářskou soutěž v souladu s uvedenou judikaturou přezkoumat, zda dotčené chování mohlo narušit hospodářskou soutěž. Předkládající soud uvádí, že faktický monopol na relevantním trhu, který má sdružení GDP, v zásadě umožňuje dospět k závěru, že toto sdružení má dominantní postavení. Tento soud však rovněž uvádí, že existují indicie nasvědčující tomu, že poskytovatelé úplatných služeb v oblasti přenosu televizního signálu a jeho obsahu mají nicméně značný prostor pro vyjednávání se sdružením GDA. Podle předkládajícího soudu je rozhodnutí o odložení věci ze dne 3. března 2016 založeno na skutečnosti, že rozdíl v cenách uplatňovaných sdružením GDA vůči společnosti MEO na straně jedné a společnosti NOS na straně druhé byl ve srovnání s průměrnými náklady nepatrný, takže tyto rozdíly nemohly ohrozit soutěžní postavení MEO a tato společnost byla schopna se s uvedeným rozdílem vyrovnat. Uvedený soud v tomto ohledu uvádí, že podíl společnosti MEO na trhu s nabídkami úplatných služeb v oblasti přenosu televizního signálu a jeho obsahu se během období, ve kterém sdružení GDA uplatňovalo rozdílné ceny vůči společnostem MEO a NOS, zvýšil. V rámci projednávání věci v původním řízení společnost MEO poskytla číselné údaje týkající se celkových nákladů a průměrných nákladů na spotřebitele hrazených společnostmi MEO a NOS a také předložila číselné údaje týkající se jejích zisků a návratnosti v průběhu relevantního období, a sice v letech 2010 až 2013. Podle předkládajícího soudu není vyloučeno, že z důvodu těchto rozdílných cen byla dotčena konkurenceschopnost společnosti MEO. Podle tohoto soudu z judikatury Soudního dvora vyplývá, že některá diskriminační chování vůči obchodním partnerům mohou již ze své povahy způsobit soutěžní znevýhodnění. Z této judikatury kromě toho podle jeho názoru vyplývá, že v případě diskriminačních chování prvního rozhraní, která mají účinky na přímé konkurenty působící na témže relevantním trhu, stačí prokázat, že tato chování mohou narušit hospodářskou soutěž. Pokud jde o takovou diskriminaci na navazujícím trhu, jako je diskriminace, jež je předmětem věci v původním řízení, není a priori nutné konkrétně posuzovat ani účinky na soutěžní postavení dotčených podniků. Soudní dvůr se však podle jeho názoru dosud jasně nevyjádřil k otázce relevantnosti konkrétních účinků na hospodářskou soutěž možného zneužití dominantního postavení s cílem určit, zda došlo ke „znevýhodnění v hospodářské soutěži“ ve smyslu čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU. V tomto kontextu se Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (soud pro hospodářskou soutěž, regulaci a dohled, Portugalsko) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: „1) Kdyby v sankčním řízení bylo přímo či nepřímo prokázáno, že podnik v dominantním postavení uplatňuje vůči jednomu z maloobchodních podniků diskriminační cenové praktiky, jejichž důsledkem by bylo znevýhodnění uvedeného podniku v porovnání s jeho konkurenty, musí být kvalifikace tohoto jednání jako ‚znevýhodnění v hospodářské soutěži‘ ve smyslu čl. 102 [druhého pododstavce] písm. c) SFEU založena i na dodatečném posouzení závažnosti, relevance nebo významu těchto účinků z hlediska soutěžního postavení dotčeného podniku nebo jeho konkurenceschopnosti, zejména v souvislosti se schopností vyrovnat rozdílné náklady vynaložené v rámci velkoobchodní nabídky? 2) Kdyby v sankčním řízení bylo přímo či nepřímo prokázáno, že diskriminační cenová praktika, kterou uplatňuje podnik v dominantním postavení, má ‚velmi omezený dopad‘ na náklady, jež vynaložil dotčený maloobchodní podnik, jakož i na příjmy a výnosy, jichž tento podnik dosáhl, je třeba mít na základě správného výkladu čl. 102 [druhého pododstavce] písm. c) SFEU a rozsudků [ze dne 15. března 2007, British Airways v. Komise ( C‑95/04 P , EU:C:2007:166 ), a ze dne 9. září 2009, Clearstream v. Komise ( T‑301/04 , EU:T:2009:317 )] za to, že neexistují žádné nepřímé důkazy o zneužití dominantního postavení a zakázaných praktikách? 3) Nebo tato pouhá okolnost nepostačuje k vyloučení možnosti považovat dotčené jednání pro účely čl. 102 [druhého pododstavce] písm. c) SFEU za zneužití dominantního postavení a za zakázanou praktiku a je relevantní pouze v okamžiku, kdy má být určena odpovědnost podniku, který se tohoto jednání dopustil, nebo sankce, která mu má být uložena? 4) Má být skutečnost, že s ohledem na čl. 102 [druhý pododstavec] písm. c) SFEU musí být [okolnost, na kterou se vztahuje toto ustanovení] takové povahy, aby mohla způsobit ‚znevýhodnění v hospodářské soutěži‘ [obchodním partnerům], vykládána v tom smyslu, že vyjadřuje požadavek, aby výhoda plynoucí z diskriminace odpovídala určitému minimálnímu procentnímu podílu nákladové struktury dotčeného podniku? 5) Má být skutečnost, že s ohledem na čl. 102 [druhý pododstavec] písm. c) SFEU musí být [okolnost, na kterou se vztahuje toto ustanovení] takové povahy, aby mohla způsobit ‚znevýhodnění v hospodářské soutěži‘ [obchodním partnerům], vykládána v tom smyslu, že vyjadřuje požadavek, aby výhoda plynoucí z diskriminace odpovídala určitému minimálnímu rozdílu mezi průměrnými náklady, jež vynaložily soutěžící podniky v rámci dotčené velkoobchodní nabídky? 6) Může být skutečnost, že s ohledem na čl. 102 [druhý pododstavec] písm. c) SFEU musí být [okolnost, na kterou se vztahuje toto ustanovení] takové povahy, aby mohla způsobit ‚znevýhodnění v hospodářské soutěži‘ [obchodním partnerům], vykládána v tom smyslu, že vyjadřuje požadavek, aby výhoda plynoucí z diskriminace v rámci dotčeného trhu a dotčené služby odpovídala hodnotám, které jsou vyšší než rozdíly uvedené v tabulkách 5 až 7 [uvedené v projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce], za účelem kvalifikace dotčeného jednání jako zakázané praktiky? 7) V případě kladné odpovědi na čtvrtou, pátou nebo šestou otázku, jakým způsobem má být stanovena uvedená minimální prahová hodnota relevantnosti znevýhodnění v souvislosti s nákladovou strukturou nebo s průměrnými náklady, jež vynaložily soutěžící podniky na dotčeném maloobchodním trhu? 8) Bude-li tato minimální prahová hodnota stanovena, umožňuje nedosažení této hodnoty v jednotlivých jednoletých obdobích vyvrátit domněnku vyplývající z rozsudku [ze dne 9. září 2009, Clearstream v. Komise ( T‑301/04 , EU:T:2009:317 )], podle níž je třeba mít za to, že použití, vůči obchodnímu partnerovi, rozdílných cen za rovnocenné služby, a to nepřetržitě v průběhu pěti let a podnikem majícím faktický monopol na předcházejícím trhu, nemohlo nezpůsobit soutěžní znevýhodnění téhož partnera?“ K předběžným otázkám Podstatou otázek předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda musí být pojem „znevýhodnění v hospodářské soutěži“ ve smyslu čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU vykládán v tom smyslu, že vyjadřuje požadavek, aby bylo provedeno posouzení konkrétních účinků uplatňování rozdílných cen podnikem v dominantním postavení na soutěžní postavení podniku, který je tím dotčen, a případně, zda je třeba přihlížet k závažnosti uvedených účinků. Podle čl. 102 prvního a druhého pododstavce písm. c) SFEU je zakázáno, aby podniky, které mají dominantní postavení na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části, uplatňovaly rozdílné podmínky vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy. Podle judikatury Soudního dvora má zvláštní zákaz diskriminace stanovený v čl. 102 druhém pododstavci písm. c) SFEU za cíl zajistit, aby na vnitřním trhu nebyla narušována hospodářská soutěž. Obchodní chování podniku v dominantním postavení nesmí narušovat hospodářskou soutěž na předcházejícím nebo navazujícím trhu, tzn. hospodářskou soutěž mezi dodavateli nebo mezi odběrateli tohoto podniku. Smluvní partneři uvedeného podniku nesmí být v soutěži mezi sebou zvýhodňováni ani znevýhodňováni (rozsudek ze dne 15. března 2007, British Airways v. Komise, C‑95/04 P , EU:C:2007:166 , bod ). Není proto nezbytné, aby zneužívající chování mělo účinky na soutěžní postavení samotného podniku v dominantním postavení na trhu, na němž působí, a ve vztahu k jeho případným vlastním konkurentům. Proto, aby byly splněny podmínky použití čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU, je třeba zjistit, že chování podniku v dominantním postavení na trhu je nejen diskriminační, ale i směřuje k narušení tohoto soutěžního vztahu, tzn. k narušení soutěžního postavení jedněch obchodních partnerů tohoto podniku ve vztahu k druhým (rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 2007, British Airways v. Komise, C‑95/04 P , EU:C:2007:166 , bod a citovaná judikatura). Pro účely zjištění, zda diskriminace v oblasti cen uplatňovaná podnikem v dominantním postavení vůči jeho obchodním partnerům může narušit hospodářskou soutěž na navazujícím trhu, jak v podstatě uvedl generální advokát v bodě 63 svého stanoviska, pouhá existence okamžitého znevýhodnění týkajícího se subjektů, kterým byly uloženy vyšší ceny ve srovnání s cenami uplatňovanými vůči jejich konkurentům za rovnocenné plnění, však neznamená, že hospodářská soutěž je nebo by mohla být narušena. Pouze pokud chování podniku v dominantním postavení směřuje z hlediska celkových okolností projednávaného případu k narušení hospodářské soutěže mezi těmito obchodními partnery, může být diskriminace obchodních partnerů, kteří se nacházejí v soutěžním vztahu, považována za zneužívající. V takové situaci však nelze požadovat, aby byl dodatečně podán důkaz skutečného a kvantifikovatelného zhoršení soutěžního postavení jednotlivých obchodních partnerů (rozsudek ze dne 15. března 2007, British Airways v. Komise, C‑95/04 P , EU:C:2007:166 , bod ). Jak tedy uvedl generální advokát v bodě 86 svého stanoviska, je třeba provést posouzení všech relevantních okolností, aby bylo možné určit, zda diskriminace v oblasti cen má nebo může mít za následek znevýhodnění v hospodářské soutěži ve smyslu čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU. Pokud jde o otázku, zda je pro účely použití čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU třeba přihlížet k závažnosti případného znevýhodnění v hospodářské soutěži, je třeba uvést, že stanovení prahu citlivosti (prahové hodnoty de minimis ) za účelem určení zneužití dominantního postavení není opodstatněné (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. října 2015, Post Danmark, C‑23/14 , EU:C:2015:651 , bod ). Diskriminace v oblasti cen ve smyslu čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU musí mít dopad na zájmy subjektu, vůči kterému byly uplatňovány vyšší ceny ve srovnání s jeho konkurenty, aby tato diskriminace mohla způsobit znevýhodnění v hospodářské soutěži. Úřad pro hospodářskou soutěž nebo příslušný vnitrostátní soud jsou při konkrétním přezkumu uvedeném v bodě 28 tohoto rozsudku povinny zohlednit všechny okolnosti případu, který je mu předložen. Takový orgán nebo soud může v této souvislosti posoudit dominantní postavení podniku, vyjednávací sílu, pokud jde o ceny, podmínky a způsoby poskytnutí předmětných slev, jejich dobu trvání a výši, jakož i případnou existenci strategie směřující k vyloučení z navazujícího trhu jednoho ze svých obchodních partnerů, který je přinejmenším stejně výkonný jako jeho konkurenti (viz obdobně rozsudek ze dne 6. září 2017, Intel v. Komise, C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , bod a citovaná judikatura). Pokud jde v projednávané věci zaprvé o dominantní postavení a vyjednávací sílu ohledně stanovení cen na navazujícím trhu, ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že společnost MEO a společnost NOS jsou hlavními zákazníky sdružení GDA. V tomto ohledu předkládající soud poukazuje na to, že existují důkazy, podle nichž mají určitou vyjednávací sílu vůči sdružení GDA. Ze skutečností předložených Soudnímu dvoru dále vyplývá, že tvorba cen sdružením GDA je podmíněna zákonem, který ukládá smluvním stranám, aby v případě, že nedojde k dohodě, využily rozhodčího řízení, přestože předkládajícímu soudu přísluší ověřit, zda tomu tak je. V takové situaci a jak tomu bylo, a to v každém případě od určitého okamžiku během období dotčeného ve věci v původním řízení – pokud jde o ceny uplatňované vůči společnosti MEO, sdružení GDA pouze uplatňovalo ceny stanovené rozhodčím nálezem. Zadruhé, pokud jde o dobu trvání uplatňování cen a jejich výši, které jsou dotčeny ve věci v původním řízení, předkládající soud uvádí, že rozdílné ceny byly uplatňovány mezi lety 2010 až 2013. Pokud jde dále o částky, které společnost MEO hradila každý rok sdružení GDA, z údajů obsažených v rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž o odložení věci ze dne 3. března 2016, jejichž správnost může být ověřena předkládajícím soudem, vyplývá, že uvedené částky představovaly relativně nízké procento celkových nákladů, které společnost MEO vynaložila v rámci své maloobchodní nabídky předplaceného přístupu k televiznímu signálu a v této souvislosti měla rozdílnost cen nepatrný vliv na zisky společnosti MEO. Jak ale uvedl generální advokát v bodě 104 svého stanoviska, pokud dopad rozdílných cen na náklady subjektu, který má za to, že byl poškozen, nebo i na výnosnost a zisky tohoto subjektu, není významný, lze z toho případně vyvodit, že tato rozdílnost cen nemůže mít žádný vliv na soutěžní postavení tohoto subjektu. Zatřetí je třeba uvést, že v takové situaci, jako je situace, jež je předmětem věci v původním řízení, kdy se uplatňování rozdílných cen týká pouze navazujícího trhu, podnik v dominantním postavení v zásadě nemá žádný zájem na tom, aby na navazujícím trhu vyloučil některého ze svých obchodních partnerů z trhu. V každém případě spis předložený Soudnímu dvoru neobsahuje žádný důkaz o tom, že by sdružení GDA sledovalo takový cíl. Ve světle všech předchozích úvah předkládajícímu soudu přísluší určit, zda rozdílnost cen dotčená ve věci v původním řízení mohla způsobit znevýhodnění v hospodářské soutěži vůči společnosti MEO. Vzhledem k výše uvedenému je třeba na položené otázky odpovědět tak, že pojem „znevýhodnění v hospodářské soutěži“ ve smyslu čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že se v případě, že podnik v dominantním postavení uplatňuje diskriminační ceny vůči obchodním partnerům na navazujícím trhu, vztahuje na situaci, kdy toto chování může mít za následek narušení hospodářské soutěže mezi těmito obchodními partnery. Konstatování takového „znevýhodnění v hospodářské soutěži“ nevyžaduje důkaz skutečného a kvantifikovaného zhoršení soutěžního postavení, ale musí se opírat o posouzení všech relevantních okolností případu, které umožňuje dospět k závěru, že uvedené chování má vliv na náklady, zisky nebo na jiný relevantní zájem jednoho nebo více z těchto partnerů, takže toto chování může mít vliv na uvedené postavení. K nákladům řízení Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují. Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto: Pojem „znevýhodnění v hospodářské soutěži“ ve smyslu čl. 102 druhého pododstavce písm. c) SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že se v případě, že podnik v dominantním postavení uplatňuje diskriminační ceny vůči obchodním partnerům na navazujícím trhu, vztahuje na situaci, kdy toto chování může mít za následek narušení hospodářské soutěže mezi těmito obchodními partnery. Konstatování takového „znevýhodnění v hospodářské soutěži“ nevyžaduje důkaz skutečného a kvantifikovaného zhoršení soutěžního postavení, ale musí se opírat o posouzení všech relevantních okolností případu, které umožňuje dospět k závěru, že uvedené chování má vliv na náklady, zisky nebo na jiný relevantní zájem jednoho nebo více z těchto partnerů, takže toto chování může mít vliv na uvedené postavení. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: portugalština.

62002TJ0289

cs

Skutečnosti předcházející sporu 1       Dne 26. listopadu 1999 žalobkyně, původně Adds Inc., podala Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) přihlášku k zápisu slovní ochranné známky Společenství na základě nařízení (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), v platném znění. 2       Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, bylo slovní označení TELEPHARMACY SOLUTIONS. 3       Výrobky a služby, pro které byl požadován zápis, spadají do tříd 9, 10, 38 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, s následujícím popisem: –       „počítače, počítačové periferie, počítačové skříně, tiskárny, etiketovací stroje, nábytek pro počítače a počítačový software; datové nosiče, včetně všech výše uvedených výrobků obsahujících části distribučního systému nebo určených pro farmaceutické, lékařské nebo lékárnické služby; distribuční systémy včetně počítačového softwaru a počítačového vybavení“, spadající do třídy 9; –       „distribuční systémy, distribuční systémy pro balené lékařské nebo farmaceutické výrobky; distribuční systémy včetně skříní, kusů a podstatných částí všech výše uvedených výrobků“, spadající do třídy 10; –       „přenos informací, údajů a distribučních pokynů, elektronický nebo rádiový přenos informací, údajů a distribučních pokynů“, spadající do třídy 38; –       „poradenské služby pacientům; rozesílání distribučních pokynů vzdáleným distribučním systémům; lékařské a farmaceutické služby“, spadající do třídy 42. 4       Rozhodnutím ze dne 21. listopadu 2000 průzkumový referent zamítl přihlášku k zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Usoudil, že předmětné označení bylo přímým popisem výrobků a služeb uvedených v přihlášce k zápisu ochranné známky, neboť pojem „telepharmacy“ je obvykle užíván v oblasti distribuce léků na dálku. Průzkumový referent se domníval, že ochranná známka TELEPHARMACY SOLUTIONS, pokud je čtena jako celek, spotřebiteli pouze oznamuje, že žalobkyně poskytováním požadovaných výrobků a služeb nabízí řešení podnikům a jednotlivcům, kteří si přejí zahájit činnosti týkající se distribuce léků na dálku. Ochranná známka byla tudíž posouzena jako známka bez jakékoli rozlišovací způsobilosti pro veškeré požadované výrobky a služby. 5       Dne 22. ledna 2001 žalobkyně podala odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta OHIM na základě článku 59 nařízení č. 40/94. Toto odvolání odůvodnila vyjádřením ze dne 21. března 2001. 6       Rozhodnutím ze dne 28. června 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM zamítl toto odvolání s odůvodněním, že čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 brání zápisu slovní ochranné známky TELEPHARMACY SOLUTIONS, neboť tato ochranná známka může být spotřebiteli vnímána jako označení účelu požadovaných výrobků a služeb, tedy že jsou určeny k distribuci farmaceutických výrobků na dálku. Podle odvolacího senátu přihlašovaná ochranná známka popisuje zařízení a služby, které slouží k distribuci farmaceutických výrobků na dálku, protože pojem „telepharmacy“ je v této oblasti běžně používán. Řízení a návrhy účastníků řízení 7       Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 20. září 2002 žalobkyně podala tuto žalobu. 8       Ve svém návrhu na zahájení řízení žalobkyně uvedla, že tato žaloba se týká pouze následujících výrobků: „distribuční elektronický systém pro balené farmaceutické výrobky ovládaný na dálku, který obsahuje prostor, ve kterém jsou balené farmaceutické výrobky skladovány za účelem distribuce, počítač připojený na distribuční automat a komunikační síť spojující počítač se vzdáleným počítačem“, spadajících do třídy 9. 9       Žalobkyně navrhuje, aby Soud: –       zrušil rozhodnutí v rozsahu, ve kterém se týká výrobků uvedených v bodě 8 výše; –       uložil OHIM náhradu nákladů řízení. 10     OHIM navrhuje, aby Soud: –       zamítl žalobu; –       uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení. Právní otázky 11     Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává tří žalobních důvodů. První žalobní důvod v podstatě vychází z porušení práva na obhajobu, druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písmen b) a c) nařízení č. 40/94 a třetí žalobní důvod vychází z porušení zásady legitimního očekávání. K předmětu sporu 12     Nejdříve je namístě přezkoumat, zda je návrh žalobkyně, který je obsažen v návrhu na zahájení řízení a který směřuje k omezení seznamu výrobků a služeb uvedených v přihlášce ochranné známky (viz bod 8 výše), přípustný. 13     V tomto ohledu je namístě připomenout, že přihlašovatel ochranné známky Společenství se může v kterémkoliv okamžiku obrátit na OHIM s žádostí směřující k omezení seznamu výrobků a služeb v souladu s článkem 44 nařízení č. 40/94 a pravidlem 13 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189). Z těchto ustanovení vyplývá, že omezení výrobků nebo služeb označených v přihlášce ochranné známky musí být provedeno za určitých zvláštních podmínek. Návrh předložený žalobkyní v návrhu na zahájení řízení neodpovídá těmto náležitostem, a nemůže být tudíž považován za žádost o změnu přihlášky ve smyslu výše uvedených ustanovení [v tomto smyslu viz rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Unilever v. OHIM (Vejčitá tableta), T‑194/01, Recueil, s. II‑383, bod 13]. 14     Naopak tento návrh může být vykládán v tom smyslu, že žalobkyně navrhuje pouze částečné zrušení napadeného rozhodnutí (v tomto smyslu viz rozsudek Vejčitá tableta, bod 13 výše, bod 14). Takový návrh není v rozporu se zákazem měnit před Soudem předmět sporu, který byl předložen odvolacímu senátu, který vyplývá z čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu (v tomto smyslu viz Vejčitá tableta, bod 13 výše, bod 15). 15     V projednávaném případě, jak potvrzují společně žalobkyně a OHIM ve svých odpovědích na písemnou otázku Soudu, se jedná o návrh na částečné zrušení napadeného rozhodnutí, který nemění předmět sporu v souladu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu. Tudíž je tento návrh přípustný. K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení práva na obhajobu Argumenty účastníků řízení 16     Žalobkyně uvádí, že zatímco se rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 21. listopadu 2000 zakládá pouze na čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, napadené rozhodnutí vychází z čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení. Odvolací senát vyslovil nový absolutní důvod pro zamítnutí zápisu, aniž by žalobkyně měla možnost se k němu vyjádřit nebo předložit v tomto ohledu důkazy. Tímto jednáním odvolací senát porušil článek 73 nařízení č. 40/94. 17     OHIM navrhuje zamítnutí tohoto žalobního důvodu, neboť příčiny, které byly v tomto případě důvodem pro zamítnutí zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, byly stejné. Změnil se pouze právní základ zamítnutí zápisu. Odvolací senáty jsou oprávněny takto postupovat na základě článku 62 nařízení č. 40/94, který stanoví, že odvolací senát může rozhodnout místo oddělení, které rozhodnutí vydalo. 18     OHIM má za to, že neporušil článek 73 nařízení č. 40/94, protože stále uváděl, že důvodem pro zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky bylo, že dotčené označení bylo popisem všech požadovaných výrobků a služeb, tedy že tyto výrobky a služby nabízely řešení v oblasti přípravy a distribuce léků na dálku. Uplatňuje, že průzkumový referent sdělením důvodů pro zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství ze dne 16. května 2000 již oznámil, že ochranná známka nebyla způsobilá k zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož byla popisem všech výrobků a služeb uváděných v přihlášce k zápisu. Žalobkyně tedy měla dvakrát příležitost vyjádřit své připomínky k důvodům, které vedly k závěru, že přihlašovaná ochranná známka měla popisný charakter: jednou před průzkumovým referentem a jednou před odvolacím senátem. Závěry Soudu 19     Je namístě uvést, že v projednávaném případě není sporné, že průzkumový referent zamítl přihlášku ochranné známky TELEPHARMACY SOLUTIONS, protože postrádala rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 ve vztahu k výrobkům a službám uvedeným v této přihlášce. Odvolací senát uvedl, že dotčené slovní označení naráží na absolutní důvod pro zamítnutí zápisu, který stanoví čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení. 20     V tomto ohledu je třeba nejdříve připomenout, že zásada ochrany práva na obhajobu je zakotvena v článku 73 nařízení č. 40/94, podle kterého rozhodnutí OHIM mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým se účastníci měli možnost vyjádřit [rozsudky Soudu ze dne 16. února 2000, Procter & Gamble v. OHIM (Tvar mýdla), T‑122/99, Recueil, s. II‑265, bod 40, a ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T‑34/00, Recueil, s. II‑683, bod 20, a Rewe‑Zentral v. OHIM (LITE), T‑79/00, Recueil, s. II‑705, bod 13]. 21     Krom toho dodržování práva na obhajobu představuje obecnou zásadu práva Společenství, podle které adresátům rozhodnutí veřejných orgánů, které se citelným způsobem dotýkají jejich zájmů, musí být umožněno, aby efektivně vyjádřili své stanovisko (rozsudky Tvar mýdla, bod 20 výše, bod 42; EUROCOOL, bod 20 výše, bod 21, a LITE, bod 20 výše, bod 14). 22     V tomto ohledu z judikatury Soudu vyplývá, že odvolací senát porušuje právo na obhajobu, pokud nedá přihlašovateli ochranné známky příležitost, aby se vyjádřil k uplatnění absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu, které odvolací senát provede bez návrhu (rozsudky Tvar mýdla, bod 20 výše, bod 47; EUROCOOL, bod 20 výše, bod 22, a LITE, bod 20 výše, bod 15). 23     Je však namístě rovněž připomenout, že i když z čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyplývá, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedený v tomto ustanovení je nezávislý na ostatních a vyžaduje oddělený přezkum [analogicky viz rozsudek Soudního dvora ze dne 8. dubna 2003, Linde a další, C‑53/01 až C‑55/01, Recueil, s. I‑3161, bod 67, kde se jednalo o totožná ustanovení čl. 3 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92)], oblasti působnosti důvodů uvedených v bodech b), c) a d) tohoto nařízení se zjevně překrývají (analogicky viz rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Recueil, s. I‑1699, bod 18, kde se jednalo o totožná ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 89/104/EHS). 24     Konkrétněji, slovní ochranná známka, která je popisem vlastností výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, na základě této skutečnosti nezbytně postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu ke stejným výrobkům nebo službám ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení (analogicky viz rozsudky Soudního dvora Campina Melkunie, C‑265/00, bod 23 výše, bod 19, a ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Recueil, s. I‑1619, bod 86, kde se jednalo o totožná ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 89/104). 25     V projednávaném případě jsou důvody, kterých se dovolával odvolací senát v napadeném rozhodnutí na podporu použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, a odůvodnění, které uvedl průzkumový referent, podobné. Průzkumový referent tím, že odkázal na vymezení „tele“ (dálkový), „pharmacy“ (lékárna) a „solutions“ (řešení) ve slovníku anglických pojmů, naznačil, že přihlašovaná ochranná známka nemohla být zapsána na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, neboť postrádala rozlišovací způsobilost, protože popisovala výrobky a služby, které nabízely řešení v oblasti přípravy a dodávání léků na dálku. 26     Odvolací senát tuto analýzu potvrdil tím, že v bodech 8 a 9 napadeného rozhodnutí uvedl následující: „[…] ochranná známka se skládá z výrazu, který spotřebitelé mohou použít k označení požadovaných výrobků nebo k označení účelu požadovaných služeb. Tudíž musí být zamítnuta na základě čl. 7 odst. 1 [písm.] c) [nařízení č. 40/94]. […] Rozhodnutí [průzkumového referenta] potvrdilo zamítnutí ochranné známky na základě čl. 7 odst. 1 [písm.] b) [nařízení č. 40/94], neboť ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, protože je popisem výrobků a služeb. Tudíž odvolací senát potvrzuje, že [průzkumový referent] zamítl žádost kvůli popisnému charakteru ochranné známky a nezaložil zamítnutí na jiných prvcích vztahujících se k rozlišovací způsobilosti než na těch, které se týkají popisného charakteru. Senát je rovněž toho názoru, že ochranná známka musí být zamítnuta pouze na základě čl. 7 odst. 1 [písm.] c) [nařízení č. 40/94].“ 27     Z těchto rozhodnutí vyplývá, že okolnosti této věci se liší od okolností, které vedly k judikatuře uvedené v bodě 20 výše. V těchto věcech totiž odvolací senát uplatnil bez návrhu nové absolutní důvody pro zamítnutí, aniž by dal přihlašovatelům možnost vyjádřit se k použití těchto absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu a k důvodům uvedeným na podporu tohoto použití (rozsudky Tvar mýdla, bod 20 výše, body 43 až 46; EUROCOOL, bod 20 výše, body 23 a 24, a LITE, bod 20 výše, body 16 až 19). 28     V projednávaném případě se naopak odvolací senát správně domníval, že zatímco průzkumový referent v rozhodnutí uvedl výslovně pouze čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, z odůvodnění tohoto rozhodnutí jasně vyplývalo, že se toto rozhodnutí zakládalo na čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení. Tudíž tím, že odvolací senát založil své rozhodnutí na tomto posledně zmíněném ustanovení, neuplatnil bez návrhu nový absolutní důvod pro zamítnutí, ke kterému by musel dát žalobkyni příležitost se předem vyjádřit. 29     Navíc průzkumový referent tím, že odůvodnil zamítnutí zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 důvody, které vycházejí pouze z popisného charakteru přihlašované ochranné známky, dal žalobkyni příležitost vyjádřit se k důvodům, které odvolací senát vedly k potvrzení zamítnutí zápisu. Vyjádření žalobkyně ze dne 21. března 2001, ve kterém vysvětluje důvody odvolání k odvolacímu senátu, se mimo jiné zabývá otázkou předpokládaného popisného charakteru předmětné ochranné známky. 30     Z toho vyplývá, že první žalobní důvod musí být zamítnut. K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94 Argumenty účastníků řízení 31     Žalobkyně odkazem na rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM (C‑383/99 P, Recueil, s. I‑6251), na prvním místě uplatňuje, že zápis přihlašované ochranné známky nemůže být zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, protože se neskládá výlučně z označení nebo údajů, které označují účel dotčených výrobků nebo služeb. Žalobkyně připouští, že pojem „pharmacy“ může být v obchodě užíván k označení těchto výrobků. Mimo jiné uznává, že prvek „tele“ může být používán jako předpona, která znamená „na dálku“. Nicméně podle ní žádné z těchto zjištění nemůže vést k závěru, že tato kombinace pojmů odkazuje na výraz z běžného života. Skutečnost, že pojem „tele“ je uveden ve slovníku, toho není důkazem. 32     Navíc OHIM zanedbal přezkum ochranné známky jako celku, tedy přidání pojmu „solutions“, což nemůže být považováno za pojem z každodenního života zejména pro výrobky, které se od služeb liší. 33     Žalobkyně tvrdí, že přihlašovaná ochranná známka se skládá z eliptického označení, které má neobvyklou gramatickou strukturu a které tvoří větnou dvojici, jejíž smysl není ihned zjevný. Nadto připomíná, že prostá skutečnost, že ochranná známka obsahuje zmínku o výrobcích nebo určitých službách, nesmí být posouzena tak, že zahrnuje jejich popis. 34     Dodává, že pokud podle OHIM přihlašovaná ochranná známka je čistě popisem nabídky řešení odborníkům nebo jednotlivcům, kteří si přejí zahájit činnosti v oboru „telefarmacie“, tedy distribuce léků při použití telekomunikačních prostředků, není popisem výrobků uvedených v přihlášce, jak je vymezena v rámci této žaloby. 35     Zadruhé žalobkyně soudí, že odvolací senát, který byl vázán důkazy předloženými průzkumovému oddělení, neměl k dispozici žádný důkaz, nebo podpůrně žádný rozumný důkaz, na podporu svého zjištění, že zápis přihlašované ochranné známky musel být zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Zdůrazňuje, že zamítnutí průzkumového referenta se opíralo o jediný odkaz na internetu, který se týkal konference zmíněné na stránce vzdělávacího zařízení umístěného mimo Evropské společenství. Navíc žalobkyně neměla možnost ověřit existenci uvedeného odkazu. 36     Zatřetí žalobkyně zdůrazňuje, že zápis ochranné známky nemůže být zamítnut ani na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, neboť ochranná známka není popisná a OHIM nepředložil další důkazy na podporu tvrzení, že ochranná známka je zbavena rozlišovací způsobilosti. 37     OHIM má za to, že přihlašovaná ochranná známka ve svém celku odkazuje na lékárnu, která může být konzultována na dálku přes internet. Z pohledu cílové veřejnosti, kterou je odborná veřejnost skládající se z osob pocházejících z lékařského odvětví, je tato ochranná známka popisná. Podle OHIM tato veřejnost může být anglofonní nebo může znát lékařský vědecký jazyk, tedy angličtinu. 38     Co se týče tvrzení žalobkyně, že odvolací senát neměl k dispozici žádný důkaz na podporu svého zjištění, na jehož základě měla být ochranná známka zamítnuta na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, OHIM poznamenává, že odvolací senát k vynesení svého rozhodnutí pouze uplatnil kritéria popisného charakteru v souladu s judikaturou. 39     Co se týče nedostatku rozlišovací způsobilosti ochranné známky, OHIM tvrdí, že ačkoli se napadené rozhodnutí zakládá na čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, ochranná známka je rovněž zbavena veškeré rozlišovací způsobilosti. V tomto ohledu poznamenává, že vyhledání pojmů „telepharmacy and solutions“ na internetu umožňuje získat seznam 245 internetových stránek, na kterých je přihlašovaná ochranná známka používána jako obecný pojem. Závěry Soudu 40     Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“. Navíc článek 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 uvádí, že „odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství“. 41     Je namístě vyložit různé důvody zamítnutí zápisu uvedené v článku 7 nařízení č. 40/94 ve světle obecného zájmu, který je podkladem pro každý z nich [analogicky viz rozsudky Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips, C‑299/99, Recueil, s. I‑5475, bod 77; Linde a další, bod 23 výše, bod 71; ze dne 6. května 2003, Libertel, C‑104/01, Recueil, s. I‑3793, bod 51, a Campina Melkunie, bod 23 výše, bod 34, ve kterých se jednalo o totožná ustanovení čl. 3 směrnice 89/104]. 42     Tím, že zakazuje zápis uvedených označení nebo údajů jako ochranné známky Společenství, článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 sleduje účel obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení nebo údaje popisující vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které se požaduje zápis, mohli volně používat všichni. Toto ustanovení tudíž brání tomu, aby takováto označení nebo údaje byly vyhrazeny pro jediný podnik z důvodu zápisu jakožto ochranná známka (rozsudek Soudu ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley, C‑191/01 P, Recueil, s. I‑12447, bod 31 a uvedená judikatura). 43     K tomu, aby OHIM zamítl zápis ochranné známky na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, není nutné, aby označení nebo údaje tvořící ochrannou známku, které toto ustanovení uvádí, byly skutečně použity v okamžiku přihlášky k zápisu jako popis takovéhoto zboží nebo služeb, které se přihlašují k zápisu, nebo vlastností tohoto zboží nebo služeb. Stačí, jak uvádí samotné znění tohoto ustanovení, že tato označení nebo údaje mohou být použity za těmito účely. Slovní označení je tudíž třeba zamítnout na základě uvedeného ustanovení, pokud alespoň jeden z možných významů popisuje vlastnost dotyčných výrobků nebo služeb (rozsudek OHIM v. Wrigley, bod 42 výše, bod 32). 44     Tudíž je třeba pro účely použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 přezkoumat, zda alespoň jeden z možných významů dotčeného označení popisuje vlastnost dotyčných výrobků nebo služeb. 45     Při přezkumu možných významů označení je namístě posoudit, zda při obvyklém použití z hlediska relevantní veřejnosti může toto označení sloužit k popisu výrobku nebo služby, pro kterou se požaduje zápis, ať přímo nebo odkazem na jednu ze zásadních vlastností (v tomto smyslu viz rozsudek Procter & Gamble v. OHIM, bod 31 výše, bod 39). Posouzení popisného charakteru označení tedy může být provedeno na jedné straně ve vztahu k dotyčným výrobkům nebo službám a na druhé straně ve vztahu k tomu, jak jej chápe relevantní veřejnost (rozsudek EUROCOOL, bod 20 výše, bod 38). 46     Předem je namístě připomenout, že tato žaloba se týká pouze následujících výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky: „distribuční elektronický systém pro balené farmaceutické výrobky ovládaný na dálku, který obsahuje prostor, ve kterém jsou balené farmaceutické výrobky skladovány za účelem distribuce, počítač připojený na distribuční automat a komunikační síť spojující počítač se vzdáleným počítačem“, spadajících do třídy 9. 47     V důsledku toho je namístě se domnívat, že relevantní veřejnost je anglofonní a odborná veřejnost, která se skládá z osob pocházejících z lékařského odvětví, jak usoudil OHIM, aniž by to žalobce zpochybnil. 48     Co se týče významu slovního označení TELEPHARMACY SOLUTIONS v angličtině, je namístě mít za to, jak mimo jiné připouští žalobce, že prvek „pharmacy“ může být používán k označení účelu výrobků uvedených v přihlášce k zápisu a prvek „tele“ může být použit jako předpona, která znamená „na dálku“. Následně je namístě učinit závěr, že pojem „telepharmacy“ znamená distribuci léků na dálku. 49     V tomto ohledu není důležité, zda je prvek „telepharmacy“ neologismem, nebo nikoliv. Jak totiž uvedl Soud, ochranná známka skládající se z neologismu, který je tvořen slovními prvky, přičemž každý z nich je popisem vlastností výrobků nebo služeb, pro které se požaduje zápis, je sama o sobě popisem uvedených vlastností, ledaže existuje rozeznatelný rozdíl mezi neologismem a pouhým součtem prvků, které jej tvoří, což předpokládá, že z důvodu neobvyklosti kombinace ve vztahu k uvedeným výrobkům nebo službám neologismus vyvolává dojem, který je dostatečně vzdálený od dojmu, který je vyvolán pouhým spojením významů propůjčených prvky, ze kterých se skládá, s tím výsledkem, že je něčím víc než součtem uvedených prvků [analogicky viz rozsudek Campina Melkunie, bod 23 výše, bod 43, kde se jednalo o totožná ustanovení v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104]. 50     V projednávaném případě jednoduchá kombinace slovních prvků „tele“ a „pharmacy“, z nichž je každý popisem vlastností výrobků nebo služeb, pro které byl požadován zápis, zůstává sama o sobě popisem uvedených vlastností. Z pouhého spojení těchto prvků dohromady, aniž by byly provedeny neobvyklé změny, zejména v syntaktickém nebo sémantickém pořádku, nemůže vzniknout nic jiného než ochranná známka, která se skládá výlučně z označení nebo údajů, které mohou sloužit v obchodním styku k popisu vlastností uvedených výrobků. 51     Pokud jde o pojem „solutions“, týká se zejména operací, které směřují k vyřešení praktického nebo teoretického problému. Tudíž při společném čtení musejí být pojmy „telepharmacy“ a „solutions“ považovány za popis účelu výrobků uváděných v přihlášce k zápisu, a tudíž za popis jejich zásadní vlastnosti. 52     V důsledku toho je namístě domnívat se, jak to učinil OHIM, že slovní označení TELEPHARMACY SOLUTIONS ve svém celku pouze oznamuje cílové veřejnosti, která se skládá z anglofonních osob pocházejících z lékařského odvětví, že žalobce tím, že poskytuje výrobky uvedené v přihlášce k zápisu, nabízí zařízení, které slouží k distribuci farmaceutických výrobků na dálku. 53     Z toho vyplývá, že slovní označení TELEPHARMACY SOLUTIONS může sloužit ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 k označení zásadní vlastnosti výrobků uvedených v přihlášce k zápisu. 54     Co se týče tvrzení žalobkyně, že odvolací senát neměl k dispozici žádný důkaz na podporu zjištění, že zápis známky musí být zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, stačí uvést, že možnost zapsat označení jako ochrannou známku Společenství smí být posuzována pouze na základě příslušné právní úpravy Společenství tak, jak je vykládána soudcem Společenství. Tudíž stačí, jak OHIM správně uvádí, že odvolací senát k přijetí rozhodnutí použil kritéria popisného charakteru, jak jsou vykládána v judikatuře, aniž by svůj závěr musel odůvodnit předložením důkazů. 55     Konečně co se týče argumentace žalobkyně, která se týká čl. 7 odst. 1 písm. b), je namístě připomenout, že podle čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 stačí, aby se uplatnil pouze jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí k tomu, aby označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství [rozsudky Soudního dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C‑104/00 P, Recueil, s. I‑7561, bod 29, a Soudu ze dne 12. ledna 2000, DKV v. OHIM (COMPANYLINE), T‑19/99, Recueil, s. II‑1, bod 30]. Tvrzení žalobkyně vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 tudíž není namístě přezkoumat. 56     S ohledem na výše uvedené musí být druhý žalobní důvod zamítnut. K třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení zásady legitimního očekávání Argumenty účastníků řízení 57     Žalobkyně poznamenává, že přihláška k zápisu slovního označení TELEPHARMACY, která je v současné době projednávána, byla jednak podána ve stejný den jako přihláška k zápisu označení TELEPHARMACY SOLUTIONS a jednak se v důsledku omezení provedeného v této žalobě týká stejného seznamu výrobků. Zdůrazňuje, že po změně seznamu výrobků a služeb, pro které byl požadován zápis ochranné známky TELEPHARMACY, průzkumový referent vzal zpět své výhrady zakládající se na čl. 7 odst. 1 písmenech b) a c) nařízení č. 40/94. Navíc přihláška k zápisu označení TELEPHARMACY již byla zveřejněna ve Věstníku ochranných známek dne 27. srpna 2001. Domnívá se, že označení TELEPHARMACY SOLUTIONS by mělo být posouzeno tak, že má spíše vyšší než nižší rozlišovací způsobilost než označení TELEPHARMACY. Zamítnutí zápisu prvního označení, avšak přijetí zápisu druhého označení je nelogické a je v rozporu se zásadou legitimního očekávání. 58     OHIM zdůrazňuje, že slovní označení TELEPHARMACY dosud nebylo zapsáno, neboť probíhá námitkové řízení. Navíc dokud ochranná známka není zapsána, má OHIM vždy možnost přezkoumat ochrannou známku bez návrhu s ohledem na existenci absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu této ochranné známky, aby napravil chyby. V každém případě se účastník řízení nemůže dovolávat nesprávného právního rozhodnutí ve svůj prospěch. Závěry Soudu 59     Co se týče tohoto žalobního důvodu, stačí uvést s ohledem na výše uvedené a také s ohledem na to, co OHIM na jednání připustil, že rozhodnutí průzkumového referenta nevznést výhrady proti zápisu slovního označení TELEPHARMACY bylo nesprávné. Neboť pokud OHIM připustil v rozhodnutí vydaném v rámci dané věci možnost zapsat označení jako ochrannou známku Společenství, pak se dopustil nesprávného právního posouzení a tohoto rozhodnutí se nelze efektivně dovolávat na podporu návrhu směřujícího ke zrušení pozdějšího rozhodnutí, kterým bylo v podobné věci rozhodnuto v opačném smyslu. Z judikatury Soudu totiž vyplývá, že dodržování zásady rovného zacházení musí být uvedeno do souladu se zásadou legality, podle které se nikdo nemůže dovolávat ve svůj prospěch protiprávnosti spáchané ku prospěchu jiného (v tomto smyslu viz rozsudky Soudu ze dne 9. října 1984, Witte v. Parlament, C‑188/83, Recueil, s. 3465, bod 15, a ze dne 4. července 1985, Williams v. Účetní dvůr, C‑134/84, Recueil, s. 2225, bod 14). 60     Každopádně je třeba poznamenat, že zveřejnění přihlášky ochranné známky nezaručuje zápis uvedené ochranné známky. Z čl. 40 odst. 2 nařízení č. 40/94 totiž vyplývá, že po zveřejnění může být známka ještě zamítnuta podle článků 37 a 38 tohoto nařízení . V tomto ohledu je třeba podotknout, že článek 38 tohoto nařízení upravuje průzkum absolutních důvodů pro zamítnutí. Navíc přihláška ochranné známky může být také zamítnuta zejména na základě připomínek třetích osob podle článku 41 nařízení č. 40/94, který stanoví, že: „[k]aždá fyzická nebo právnická osoba, jakož i sdružení, zastupující výrobce, poskytovatele služeb, obchodníky nebo spotřebitele, může po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství zaslat [OHIM] písemná vyjádření založená zejména na důvodech podle článku 7, pro které nelze z úřední moci známku zapsat […]“ nebo na základě námitky podané podle článku 42 tohoto nařízení. 61     Za těchto podmínek není žalobní důvod vycházející z porušení zásady legitimního očekávání opodstatněný. 62     Z toho vyplývá, že je namístě zamítnout také třetí žalobní důvod, a tudíž žalobu jako celek. K nákladům řízení 63     Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení ve svém návrhu a žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě jí uložit náhradu nákladů řízení. Z těchto důvodů SOUD (čtvrtý senát) rozhodl takto: 1) Žaloba se zamítá. 2) Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení. Legal Tiili Vilaras Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 8. července 2004. Vedoucí soudní kanceláře Předseda H. Jung H. Legal * Jednací jazyk: angličtina.

62010CJ0010

mt

Permezz tar-rikors tagħha, il-Kummissjoni Ewropea titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tikkonstata li r-Repubblika tal-Awstrija naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 56 KE u l-Artikolu 40 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta’ Mejju 1992 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 11, Vol. 52, p. 3, iktar ’il quddiem il-“Ftehim ŻEE”), billi awtorizzat it-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet mogħtija lil istituzzjonijiet b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim biss fil-każ li dawn l-istituzzjonijiet ikunu stabbiliti fl-Awstrija. Il-kuntest ġuridiku Il-Ftehim ŻEE L-Artikolu 40 tal-Ftehim ŻEE jipprovdi: “Fil-qafas tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim, ma għandu jkun hemm l-ebda restrizzjoni bejn il-Partijiet Kontraenti fuq il-moviment ta’ kapital li jappartjeni lil persuni li huma residenti fi Stati Membri [tal-Unjoni Ewropea] jew fi Stati ta’ l-[Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA)] u ma għandu jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni msejsa fuq ic-cittadinanza jew fuq il-post ta’ residenza tal-partijiet jew fuq il-post fejn dak il-kapital hu investit. L-Anness XII fih id-dispożizzjonijiet neċessarji biex jigi implimentat dan l-Artikolu.” L-Anness XII tal-Ftehim ŻEE, intitolat “Moviment liberu tal-kapital”, jirreferi għad-Direttiva tal-Kunsill 88/361/KEE, tal-24 ta’ Ġunju 1988, għall-implementazzjoni tal-Artikolu 67 tat-Trattat [Artikolu abrogat mit-Trattat ta’ Amsterdam] (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 10, Vol. 1, p. 10). Skont l-Artikolu 1(1) ta’ din id-direttiva, il-movimenti ta’ kapital huma kklassifikati skont in-nomenklatura stabbilita fl-Anness I ta’ din id-direttiva. Id-dritt nazzjonali L-Artikolu 4 tal-Liġi dwar it-taxxa fuq id-dħul (Einkommensteuergesetz) tas-7 ta’ Lulju 1988 (BGB1. 400/1988, iktar ’il quddiem l-“EStG”) jikkunsidra d-determinazzjoni tal-qligħ bħala l-bażi għall-kalkolu tat-taxxa fuq id-dħul. Dan l-artikolu jipprovdi li l-ispejjeż tal-operat għandhom jitnaqqsu mill-qligħ. Il-paragrafu 4 ta’ dan l-artikolu jipprovdi inter alia li ċerti spejjeż imsemmija speċifikament “huma fi kwalunkwe każ” spejjeż tal-operat. L-Artikolu 4(a)(1) tal-imsemmija liġi, fil-verżjoni li tirriżulta mil-Liġi tal-2009 li wettqet riforma fiskali (BGB1. I, 26/2009, iktar ’il quddiem l-“EStG emendata”), li jirrigwarda d-donazzjonijiet li joħorġu mill-kapital tal-impriża, jelenka numru ta’ donazzjonijiet li huma ukoll meqjusa li huma spejjeż tal-operat. F’dan il-kuntest l-Artikolu 4(a) tal-EStG emendata jirrepeti l-lista tal-ispejjeż tal-operat li sal-31 ta’ Marzu 2009 kienet tidher fl-Artikolu 4(4)(5) tal-EStG. L-Artikolu 4(a) tal-EStG emendata huwa fformulat kif ġej: “Jitqiesu wkoll bħala spejjeż tal-operat: 1.       id-donazzjonijiet mogħtija mill-kapital tal-impriża bil-għan li jkunu jistgħu jitwettqu –        attivitajiet ta’ riċerka jew –        attivitajiet ta’ tagħlim fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti, meta dawn ikunu jirrigwardaw tagħlim xjentifiku jew artistiku u jkunu konformi mal-liġi dwar l-Università tal-2002, u l-produzzjoni ta’ pubblikazzjonijiet u dokumenti xjentifiċi relatati ma’ dan, lill-istituzzjonijiet li ġejjin: a)       universitajiet, skejjel ta’ tagħlim avvanzat artistiku u l-Akkademja tal-arti klassiċi, il-fakultajiet tagħhom, kif ukoll dipartimenti jew istituzzjonijiet speċjali; b)       fondi maħluqa minn liġi federali jew reġjonali li jkunu inkarigati minn missjonijiet relatati mal-promozzjoni tar-riċerka; c)      l-Akkademja Awstrijaka tax-xjenza; d)       istituzzjonijiet ta’ awtoritajiet territorjali mhux awtonomi mill-aspett ġuridiku, li jkunu inkarigati prinċipalment minn attivitajiet ta’ riċerka u tagħlim tat-tip imsemmi iktar ’il fuq għax-xjenza jew l-ekonomija Awstrijaka u l-produzzjoni ta’ pubblikazzjonijiet u dokumenti xjentifiċi relatati; e)       persuni ġuridiċi li jkunu inkarigati prinċipalment minn attivitajiet ta’ riċerka u tagħlim tat-tip imsemmi iktar ’il fuq għax-xjenza jew l-ekonomija Awstrijaka u l-produzzjoni ta’ pubblikazzjonijiet u dokumenti xjentifiċi relatati. Il-kundizzjoni l-oħra hija li entità lokali jkollha sehem ta’ mill-inqas b’mod maġġoritarju f’dawk il-persuni ġuridiċi jew li l-persuna ġuridika bħala entità lokali skont l-Artikoli 34 et sequitur tal-kodiċi federali dwar it-taxxa tkun issegwi esklużivament għanijiet xjentifiċi. Il-kundizzjonijiet stipulati fil-punti d) u e) għandhom jiġu ppruvati mill-istituzzjoni kkonċernata permezz ta’ attestazzjoni tal-Finanzamt Wien 1/23, flimkien ma’ riżerva li tippermetti li tiġi rrevokata f’kull ħin. Il-lista tal-istituzzjonijiet kollha li għalihom tkun inħarġet tali attestazzjoni għandha tiġi ppubblikata ta’ mill-inqas darba fis-sena, fuq formola elettronika adattata, fuq il-paġna tal-internet ewlenija tal-ministeru federali tal-finanzi. Il-valur monetarju tad-donazzjonijiet jista’ jitnaqqas kemm-il darba, meta jiżdied mal-valur monetarju tad-donazzjonijiet fis-sens tal-punt 2), ma jaqbiżx l-10 % tal-qligħ tas-sena finanzjarja preċedenti. […]” Il-fatti li wasslu għall-kawża u l-proċedura prekontenzjuża Permezz ta’ ittra tat-12 ta’ Mejju 2005, il-Kummissjoni talbet lill-Ministeru Federali tal-Finanzi tar-Repubblika tal-Awstrija sabiex jippreċiża jekk il-benefiċjarji tad-donazzjonijiet skont l-Artikolu 4(4)(5) tal-EStG (li sar l-Artikolu 4a(1) tal-EStG emendata) setgħux ikunu biss istituzzjonijiet stabbiliti fl-Awstrija jew jekk setgħux ikunu wkoll istituzzjonijiet ekwivalenti li jinsabu fi Stati Membri oħra tal-Unjoni jew taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE). Il-Ministeru Federali tal-Finanzi rrisponda għal din l-ittra permezz ta’ ittra tal-5 ta’ Settembru 2005, fejn ikkonferma li l-benefiċjarji tad-donazzjonijiet iddefiniti fl-Artikolu 4(4)(5)(a) sa (d) tal-EStG setgħu jkunu biss istituzzjonijiet Awstrijaċi. Min-naħa l-oħra, l-applikazzjoni tal-Artikolu 4(4)(5)(e) tal-EStG ma kinitx limitata, skont il-formulazzjoni tiegħu stess, għall-istituzzjonijiet Awstrijaċi. Fl-4 ta’ April 2007 il-Kummissjoni bagħtet l-ewwel ittra ta’ intimazzjoni lir-Repubblika tal-Awstrija, fejn ikkonkludiet li l-Artikolu 4(4)(5)(a) sa (e) tal-EStG kienu jiksru l-Artikolu 49 KE kif ukoll l-Artikolu 36 tal-Ftehim ŻEE u stiednet lir-Repubblika tal-Awstrija sabiex tissottometti l-kummenti tagħha dwar dan is-suġġett fi żmien xahrejn min-notifika ta’ din l-ittra. Fir-risposta tagħha tal-5 ta’ Ġunju 2007, ir-Repubblika tal-Awstrija oġġezzjonat għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rigward il-libertà li jiġu pprovduti servizzi u argumentat li d-donazzjonijiet rregolati mid-dispożizzjoni kkontestata ma kinux ħlas għal servizz. Hija ċaħdet ukoll kwalunkwe ksur tal-prinċipju ta’ moviment liberu tal-kapital. F’ittra ta’ intimazzjoni addizzjonali tas-6 ta’ Mejju 2008, trażmessa lir-Repubblika tal-Awstrija fit-8 ta’ Mejju 2008, il-Kummissjoni kkompletat l-evalwazzjoni legali magħmula fl-ewwel ittra ta’ intimazzjoni billi indikat li, minbarra l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, hija kienet qegħda tibbaża l-evalwazzjoni tagħha fuq id-dispożizzjonijiet dwar il-moviment liberu tal-kapital, jiġifieri l-Artikolu 56 KE u l-Artikolu 40 tal-Ftehim ŻEE peress li s-sistema fiskali inkwistjoni għamlet anqas attraenti d-donazzjonijiet mogħtija lil istituzzjonijiet stabbiliti fi Stati Membri oħra tal-UE jew taż-ŻEE. Ir-Repubblika tal-Awstrija rrispondiet permezz ta’ ittra tad-9 ta’ Lulju 2008, fejn essenzjalment irreferiet għar-risposta tagħha tal-5 ta’ Ġunju 2007 fis-sens li ma kien hemm ebda ksur, la tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi u lanqas tal-moviment liberu tal-kapital. Peress li l-Kummissjoni ma kinitx sodisfatta b’din ir-risposta, hija adottat opinjoni motivata fid-19 ta’ Marzu 2009, fejn ikkonkludiet li r-Repubblika tal-Awstrija kienet qegħdha tikser l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 56 KE u taħt l-Artikolu 40 tal-Ftehim ŻEE billi tawtorizza t-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet mogħtija lil istituzzjonijiet b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim fil-każ biss li dawn l-istituzzjonijiet ikunu stabbiliti fl-Awstrija. Fl-analiżi legali tagħha tal-Artikolu 4(4)(5) tal-EStG, il-Kummissjoni ddistingwiet bejn l-Artikolu 4(4)(5)(a) sa (d), minn naħa, u d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(4)(5)(e), min-naħa l-oħra. Skont il-Kummissjoni, id-dispożizzjonijiet tal-ewwel jagħmlu distinzjoni fuq il-bażi tas-sede tal-istituzzjoni kkonċernata. Huma biss id-donazzjonijiet mogħtija lill-istituzzjonijiet imsemmija f’dawn id-dispożizzjonijiet u li jkunu stabbiliti fl-Awstrija li jistgħu jiġu rikonoxxuti bħala spejjeż tal-operat li jistgħu jitnaqqsu. Min-naħa l-oħra, għalkemm l-Artikolu 4(4)(5)(e) tal-EStG ma jagħmilx distinzjoni fuq il-bażi tas-sede tal-benefiċjarju tad-donazzjoni, il-klassifikazzjoni tad-donazzjonijiet bħala spejjeż tal-operat hija aċċettata biss jekk il-persuna ġuridika kkonċernata tkun prinċipalment attiva f’isem ix-xjenza jew l-ekonomija tal-Awstrija. Permezz ta’ ittra tal-25 ta’ Mejju 2009 ir-Repubblika tal-Awstrija saħħqet u kkompletat l-argumenti tagħha li hija kienet diġà invokat fir-risposti tagħha għall-ittra ta’ intimazzjoni u għall-ittra ta’ intimazzjoni addizzjonali. F’dawn iċ-ċirkustanzi l-Kummissjoni ddeċidiet li tippreżenta r-rikors ineżami. Fuq ir-rikors L-argumenti tal-partijiet Skont il-Kummissjoni, l-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata huma kuntrarji għall-moviment liberu tal-kapital kif iggarantit mill-Artikolu 56 KE u mill-Artikolu 40 tal-Ftehim ŻEE sa fejn jawtorizzaw biss it-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet magħmula lil istituzzjonijiet b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim li jkollhom is-sede tagħhom fl-Awstrija filwaqt li jeskludu donazzjonijiet mogħtija lil istituzzjonijiet komparabbli stabbiliti fi Stati Membri oħra tal-UE jew taż-ŻEE. Tali dispożizzjoni tal-liġi Awstrijaka hija bħala prinċipju pprojbita permezz tal-Artikolu 56 KE u ma tistax tiġi ġustifikata. Mill-kliem ta’ din id-dispożizzjoni u mill-argumenti mressqa mir-Repubblika tal-Awstrija fil-proċedura prekontenzjuża jirriżulta b’li din id-dispożizzjoni tagħmel distinzjoni purament abbażi ta’ kriterji purament ġeografiċi, jiġifieri jekk is-sede tal-benefiċjarju hijiex fl-Awstrija. Dawn il-kunsiderazzjonijiet relatati mal-Artikolu 56 KE japplikaw kollha mutatis mutandis għall-Artikolu 40 tal-Ftehim ŻEE. Ir-Repubblika tal-Awstrija tammetti li l-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata jagħmlu distinzjoni, sa ċertu punt, bejn l-istituzzjonijiet stabbiliti fl-Awstrija u dawk stabbiliti fi Stati Membri oħra, iżda tikkunsidra li dawn id-dispożizzjonijiet ma jikkostitwixxux restrizzjoni għall-moviment liberu tal-kapital. Fl-ewwel lok, hija tqis li l-istituzzjonijiet b’funzjoni ta’ riċerka u ta’ tagħlim, elenkati fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata, ma humiex oġġettivament komparabbli ma’ istituzzjonijiet simili stabbiliti fi Stati Membri oħra, u dan peress li dawk tal-ewwel biss huma suġġetti għall-influwenza tal-awtoritajiet pubbliċi tar-Repubblika tal-Awstrija. Fit-tieni lok, fil-każ li tiġi stabbilita restrizzjoni għall-moviment liberu tal-kapital, ir-Repubblika tal-Awstrija tikkunsidra li din tkun ġustifikata minħabba raġuni imperattiva ta’ interess ġenerali. Iktar speċifikament, il-limitazzjoni tal-benefiċċju tat-tnaqqis fiskali għad-donazzjonijiet lill-istituzzjonijiet elenkati fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata tikkorrispondi għall-għan, fl-interess ġenerali tal-pubbliku nazzjonali, li tinżamm u tiġi appoġġjata l-pożizzjoni tal-Awstrija bħala ċentru kulturali u xjentifiku. L-istituzzjonijiet li ma humiex koperti mill-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata jistgħu, madankollu, l-istess bħall-istituzzjonijiet komparabbli stabbiliti fi Stati Membru ieħor u mhux fir-Repubblika tal-Awstrija, jibbenefikaw mit-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet skont l-Artikolu 4a(1)(e) tal-EStG emendata jekk dawn isegwu għanijiet fl-interess ġenerali fil-qasam tax-xjenza u tal-ekonomija. Ir-rinunzja għal dħul mit-taxxa minħabba t-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet magħmula lill-istituzzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim elenkati fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata hija ġustifikata peress li dawn l-istituzzjonijiet jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom lill-interess ġenerali permezz ta’ prestazzjonijiet materjali u peress li dawn id-donazzjonijiet jistgħu jieħdu post il-ħlas tat-taxxi. It-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet fuq il-bażi ta’ dawn id-dispożizzjonijiet għalhekk jippermetti li mezzi finanzjarji addizzjonali jkunu disponibbli għall-eżekuzzjoni ta’ funzjonijiet fl-interess pubbliku. Il-limitazzjoni tat-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet għall-istituzzjonijiet b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim imsemmija fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata hija xierqa u meħtieġa sabiex tikseb l-għan mixtieq. Estensjoni ta’ dan it-tnaqqis għall-istituzzjonijiet stabbiliti fi Stat Membru ieħor u mhux fir-Repubblika tal-Awstrija ma tistax tiggarantixxi l-istess għanijiet peress li tista’ twassal sabiex parti mid-donazzjonijiet inkwistjoni, li jistgħu jitnaqqsu sa 10 % mill-qligħ tal-istituzzjoni donatriċi, tmur għall-benefiċċju ta’ istituzzjonijiet li għandhom għanijiet li ma humiex fl-interess ġenerali tar-Repubblika tal-Awstrija, b’tali mod li twassal għalhekk għal tnaqqis fil-mezzi tal-istituzzjonijiet stabbiliti f’dan l-Istat Membru. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja Fil-proċedura preżenti, għandu jkun osservat mill-bidu nett li, kif wieħed jista’ jara mir-rikors tagħha, il-Kummissjoni tirreferi biss għall-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata u ma tagħmilx riferiment għall-Artikolu 4a(1)(e). Il-Kummissjoni essenzjalment issostni li l-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata, billi jawtorizza t-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet mogħtija lill-istituzzjonijiet elenkati f’din id-dispożizzjoni, jagħmel distinzjoni fuq il-bażi tal-kriterju uniku tas-sede tal-benefiċjarju tad-donazzjoni, distinzjoni li hija tqis inkompatibbli mar-rekwiżiti tal-Artikolu 56 KE u tal-Artikolu 40 tal-Ftehim ŻEE. Għandu jiġi mfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, għalkemm it-taxxa diretta taqa’ taħt il-kompetenza tal-Istati Membri, dawn tal-aħħar għandhom, madankollu, jeżerċitaw din il-kompetenza inkonformità mad-dritt tal-Unjoni (ara, b’mod partikolari, is-sentenza tat-28 ta’ Ottubru 2010, Établissements Rimbaud, C-72/09, Ġabra p. I‑10659, punt 23 u l-ġurisprudenza ċċitata). L-Artikolu 56(1) KE jipprojbixxi r-restrizzjonijiet kollha għall-moviment tal-kapital bejn l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi. Għalkemm it-Trattat KE ma jagħtix definizzjoni tal-kunċett ta’ moviment tal-kapital, huwa xorta waħda paċifiku li d-Direttiva 88/361, flimkien man-nomenklatura annessa magħha, għandha valur indikattiv sabiex tingħata definizzjoni ta’ dan il-kunċett (ara s-sentenza tat-28 ta’ Settembru 2006, Il-Kummissjoni vs Il-Pajjiżi l-Baxxi, C-282/04 u C-283/04, Ġabra p. I-9141, punt 19). Issa, id-donazzjonijiet (“rigali”) u l-għotjiet (“iddotar”) jidhru fil-Parti XI, intitolata “Movimenti ta’ kapitali personali”, tal-Anness I tad-Direttiva 88/361. Fil-każ preżenti, l-EStG emendata tipprovdi għat-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet magħmula mill-kapital tal-impriża lill-istituzzjonijiet b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim elenkati fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (e) tagħha. Kif ir-Repubblika tal-Awstrija rrikonoxxiet matul il-proċedura prekontenzjuża, il-benefiċjarji tad-donazzjonijiet iddefiniti fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) jistgħu jkunu biss istituzzjonijiet li jkollhom is-sede tagħhom fir-Repubblika tal-Awstrija. Konsegwentement, għandu jiġi osservat li s-sistema tat-tnaqqis fiskali inkwistjoni tfisser, għall-persuni taxxabbli li jagħmlu donazzjonijiet lil istituzzjonijiet b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim stabbiliti fi Stat Membru ieħor u mhux fir-Repubblika tal-Awstrija, piż fiskali ikbar milli għall-persuni taxxabbli li jagħmlu donazzjonijiet lill-istituzzjonijiet elenkati fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata. Peress li l-possibbiltà li wieħed jikseb tnaqqis fiskali jista’ jkollha effett sinjifikattiv fuq l-attitudni tad-donatur, il-fatt li d-donazzjonijiet mogħtija lil istituzzjonijiet b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim stabbiliti fi Stat Membru ieħor u mhux fir-Repubblika tal-Awstrija ma jistgħux jitnaqqsu jista’ jiskoraġġixxi lill-persuni taxxabbli milli jagħtuhom donazzjonijiet (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-27 ta’ Jannar 2009, Persche, C-318/07, Ġabra p. I-359, punt 38). L-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata għalhekk jikkostitwixxi restrizzjoni għall-moviment tal-kapital li, bħala prinċipju, hija pprojbita mill‑Artikolu 56(1) KE. Madankollu, skont l-Artikolu 58(1)(a) KE, l-Artikolu 56 KE huwa bla ħsara għad-dritt tal-Istati Membri “li japplikaw id-disposizzjonijiet relevanti tal-liġi fiskali tagħhom li jagħmlu distinzjoni bejn persuni li jħallsu t-taxxa li mhumiex fl-istess sitwazzjoni […] rigward il-post fejn il-kapital tagħhom ikun investit”. Min-naħa tagħha, din id-deroga hija limitata mill-Artikolu 58(3) KE, li jipprovdi li d-dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija fl-Artikolu 58(1) KE “m’għandhomx jikkostitwixxu mezz ta’ diskriminazzjoni arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-moviment liberu ta’ kapital u ħlasijiet kif definit fl-Artikolu 56”. Id-differenzi fit-trattament awtorizzati mill-Artikolu 58(1)(a) KE huma għalhekk distinti mid-diskriminazzjoni pprojbita mill-Artikolu 58(3) KE. Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, sabiex leġiżlazzjoni fiskali nazzjonali bħal dik inkwistjoni, li tiddistingwi bejn donazzjonijiet mogħtija lill-istituzzjonijiet nazzjonali u dawk mogħtija lill-istituzzjonijiet stabbiliti fi Stat Membru ieħor, tkun tista’ titqies li hija kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-moviment liberu tal-kapital, id-differenza fit-trattament għandha tikkonċerna sitwazzjonijiet li ma humiex oġġettivament komparabbli jew għandha tkun ġustifikata minħabba raġuni imperattiva ta’ interess ġenerali. Barra minn hekk, sabiex tkun ġustifikata, id-differenza fit-trattament ma għandhiex tmur lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq l-għan imfittex mil-leġiżlazzjoni inkwistjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-14 ta’ Settembru 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, Ġabra p. I-8203, punt 32, u Persche, iċċitata iktar ’il fuq, punt 41). Ir-Repubblika tal-Awstrija ssostni, fl-ewwel lok, li l-istituzzjonijiet elenkati fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata ma humiex oġġettivament komparabbli mal-istituzzjonijiet b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim korrispondenti stabbiliti fi Stati Membri oħra. Fil-fatt, sa fejn is-sistema fiskali marbuta mad-donazzjonijiet inkwistjoni twassal għal differenza fit-trattament tal-persuni taxxabbli skont il-post fejn il-kapital tagħhom ikun investit, ir-Repubblika tal-Awstrija tqis li d-differenza fit-trattament bejn, minn naħa, il-persuni taxxabbli Awstrijaċi li jagħmlu donazzjonijiet lill-istituzzjonijiet elenkati fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata u, min-naħa l-oħra, dawk li jagħmlu donazzjonijiet lill-istituzzjonijiet korrispondenti stabbiliti fi Stati Membri oħra hija permessa minħabba d-differenza bejn il-benefiċjarji tad-donazzjonijiet imsemmija. Skont ir-Repubblika tal-Awstrija, din id-differenza hija ġustifikata minħabba l-influwenza tal-awtoritajiet pubbliċi fl-Awstrija fuq l-istituzzjonijiet elenkati fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata, influwenza li ma hijiex preżenti fil-każ ta’ istituzzjonijiet stabbiliti fi Stati Membri oħra. Din l-influwenza tippermetti lill-awtoritajiet pubbliċi sabiex jiddefinixxu l-għanijiet ta’ interess ġenerali assenjati lill-istituzzjonijiet elenkati f’dawn id-dispożizzjonijiet, sabiex jiddiriġuhom attivament fil-kisba ta’ dawn l-għanijiet u sabiex jintervjenu jekk l-għanijiet imsemmija ma jintlaħqux. F’dan ir-rigward għandu jiġi osservat li, għalkemm l-Istati Membri huma liberi li jiddeterminaw l-għanijiet ta’ interess ġenerali li huma jixtiequ jippromwovu billi jagħtu vantaġġi fiskali lil korpi privati jew pubbliċi li jridu jilħqu l-istess għanijiet b’mod diżinteressat u li jħarsu r-rekwiżiti dwar l-implementazzjoni tal-imsemmija għanijiet, huma għandhom jeżerċitaw din is-setgħa diskrezzjonali inkonformità mad-dritt tal-Unjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Persche, iċċitata iktar ’il fuq, punt 48). Għalkemm huwa minnu li l-awtoritajiet nazzjonali għandhom mezzi addizzjonali sabiex jissorveljaw u jinfluwenzaw il-kondotta tal-istituzzjonijiet stabbiliti fit-territorju Awstrijak meta mqabbla ma’ dawk stabbiliti fi Stat Membru ieħor, xorta jibqa’ l-fatt li r-Repubblika tal-Awstrija naqset milli turi li tali intervent fit-tmexxija tal-istituzzjonijiet inkwistjoni huwa meħtieġ sabiex jiġi ggarantit li jintlaħqu l-għanijiet ta’ interess ġenerali li dan l-Istat Membru jixtieq jippromwovi. Barra minn hekk, għalkemm huwa leġittimu għal Stat Membru li jirriżerva l-għoti ta’ benefiċċji fiskali għal entitajiet li għandhom għanijiet li huma ta’ interess ġenerali, Stat Membru ma jistax madankollu jirriżerva l-benefiċċju ta’ vantaġġi tali għall-entitajiet biss stabbiliti fuq it-territorju tiegħu (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Persche, iċċitata iktar ’il fuq, punt 44). Fil-każ preżenti, ir-Repubblika tal-Awstrija tindika li l-għan ta’ interess ġenerali segwit mill-Artikolu 4a(1) tal-EStG emendata huwa l-promozzjoni tal-pożizzjoni tal-Awstrija bħala ċentru xjentifiku u ta’ tagħlim. Kif osservat l-Avukat Ġenerali fil-punt 56 tal-konklużjonijiet tagħha, dan l-għan huwa ddefinit b’tali mod u manjiera li kważi l-istituzzjonijiet kollha b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim li jkollhom is-sede tagħhom fl-Awstrija jikkonformaw ma’ dan l-għan, filwaqt li kwalunkwe istituzzjonijiet korrispondenti li tkun stabbilita fi Stat Membru ieħor hija awtomatikament eskluża mill-benefiċċju tal-vantaġġ fiskali inkwistjoni. Minn dan isegwi li l-uniku kriterju li kapaċi jiddistingwi bejn persuni taxxabbli li jagħtu donazzjonijiet lill-istituzzjonijiet li jkollhom is-sede tagħhom fl-Awstrija u dawk li jagħtu donazzjonijiet lil istituzzjonijiet korrispondenti li jkunu stabbiliti fi Stati Membri oħra huwa fil-fatt il-post tal-istabbiliment tal-benefiċjarju tad-donazzjoni. Kriterju bħal dan, mid-definizzjoni tiegħu stess, ma jistax ikun kriterju validu għall-evalwazzjoni tal-komparabbiltà oġġettiva tas-sitwazzjonijiet u, konsegwentement, sabiex tiġi stabbilita differenza oġġettiva bejniethom (ara, bħala analoġija, fir-rigward tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, is-sentenza tal-11 ta’ Settembru 2007, Schwarz u Gootjes-Schwarz, C-76/05, Ġabra p. I-6849, punti 72 u 73). Għalhekk, huwa xieraq li jiġu rrifjutati l-argumenti tar-Repubblika tal-Awstrija fis-sens li l-istituzzjonijiet elenkati fl-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata, minn naħa, u l-istituzzjonijiet korrispondenti b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim li jkunu stabbiliti fi Stati Membri oħra, min-naħa l-oħra, ma humiex f’sitwazzjoni oġġettivament komparabbli, u, konsegwentement, fis-sens li d-differenza fit-trattament bejn il-persuni taxxabbli li huma suġġetti għat-taxxa fuq id-dħul fl-Awstrija skont fejn huwa investit il-kapital tagħhom hija ġustifikata. Fit-tieni lok, fir-rigward tal-argument li hemm raġuni imperattiva ta’ interess ġenerali, għalkemm huwa minnu li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet, fil-punt 23 tas-sentenza tal-10 ta’ Marzu 2005, Laboratoires Fournier (C-39/04, Ġabra p. I-2057), li l-promozzjoni tar-riċerka u tal-iżvilupp jistgħu jikkostitwixxu tali raġuni, hija madankollu kkunsidrat li leġiżlazzjoni nazzjonali li tirriżerva l-benefiċċju ta’ kreditu tat-taxxa unikament għar-riċerka li ssir fl-Istat Membru kkonċernat kienet tmur direttament kontra l-għan tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tar-riċerka u tal-iżvilupp teknoloġiku. Skont l-Artikolu 163(2) KE, din il-politika għandha l-għan, b’mod partikolari, li tneħħi l-ostakoli fiskali għall-kooperazzjoni fil-qasam tar-riċerka u, għalhekk, ma tistax tkun implementata permezz tal-promozzjoni tar-riċerka u tal-iżvilupp fil-livell nazzjonali. L-istess jgħodd għas-sistema fiskali rigward id-donazzjonijiet inkwistjoni fil-każ preżenti, sa fejn ir-Repubblika tal-Awstrija tistrieħ fuq dan l-għan sabiex tillimita t-tnaqqis għad-donazzjonijiet mogħtija lill-istituzzjonijiet u universitajiet b’funzjoni ta’ riċerka fl-Awstrija. Sa fejn ir-Repubblika tal-Awstrija tistrieħ fuq l-għan li tippromwovi t-taħriġ nazzjonali, anki jekk wieħed jassumi li għan bħal dan jista’ jikkostitwixxi raġuni imperattiva ta’ interess ġenerali li kapaċi jiġġustifika restrizzjoni għall-moviment liberu tal-kapital, xorta jibqa’ l-fatt li, sabiex tkun tista’ tiġi ġustifikata, miżura restrittiva għandha tikkonforma mal-prinċipju ta’ proporzjonalità. F’dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li r-Repubblika tal-Awstrija ma pprovdiet ebda argument sabiex turi li l-għan li tixtieq tilħaq f’dan il-qasam ma setax jintlaħaq mingħajr il-leġiżlazzjoni kkontestata u ma setax jintlaħaq billi jiġu applikati miżuri anqas restrittivi fir-rigward tal-possibiltà għall-persuni taxxabbli Awstrijaċi sabiex jagħżlu lill-benefiċjarji tad-donazzjonijiet li huma jixtieq jagħmlu. Fil-fatt, ir-Repubblika tal-Awstrija sempliċement sostniet, barra minn hekk f’termini ġenerali, li l-effett tal-estensjoni tal-benefiċċju tat-tnaqqis fiskali għad-donazzjonijiet lill-istituzzjonijiet stabbiliti fi Stati Membri oħra jkun bidla parzjali fid-destinazzjoni tad-donazzjonijiet li attwalment jingħataw lill-istituzzjonijiet Awstrijaċi u, għalhekk, tnaqqis fil-mezzi li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tagħhom bħala riżultat tad-dħul mid-donazzjonijiet. Hija targumenta li l-fondi li jirriżultaw minn donazzjonijiet privati jikkompletaw il-baġit tal-istituzzjonijiet, b’tali mod li t-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet inkwistjoni jagħmilha possibbli li dawn il-funzjonijiet pubbliċi jkollhom mezzi finanzjarji addizzjonali għad-dispożizzjoni tagħhom mingħajr ma jżidu n-nefqa baġitarja. F’dak li jirrigwarda dan l-argument, mill-ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li l-bżonn li jiġi evitat tnaqqis fid-dħul mit-taxxa la huwa fost l-għanijiet iddikjarati fl-Artikolu 58 KE u lanqas ma huwa raġuni imperattiva ta’ interess ġenerali li kapaċi tiġġustifika restrizzjoni għal libertà stabbilita mit-Trattat (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Persche, iċċitata iktar ’il fuq, punt 46 u l-ġurisprudenza ċċitata). Minn dan isegwi li r-restrizzjoni għall-moviment liberu tal-kapital li tirriżulta mis-sistema inkwistjoni ma tistax tkun ġustifikata minħabba r-raġunijiet mogħtija mir-Repubblika tal-Awstrija. Sa fejn id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 40 tal-Ftehim ŻEE għandhom l-istess portata legali bħad-dispożizzjonijiet, li huma sostanzjalment identiċi, tal-Artikolu 56 KE (ara s-sentenzi tal-11 ta’ Ġunju 2009, Il-Kummissjoni vs Il-Pajjiżi l-Baxxi, C-521/07, Ġabra p. I-4873, punt 33, u Établissements Rimbaud, iċċitata iktar ’il fuq, punt 22), il-kunsiderazzjonjiet preċedenti kollha jistgħu, f’ċirkustanzi bħal dawk tal-każ preżenti, ikunu trasposti mutatis mutandis għall-imsemmi Artikolu 40. Minn dak kollu li ntqal, jirriżulta li l-Artikolu 4a(1)(a) sa (d) tal-EStG emendata, sa fejn jillimita t-tnaqqis tad-donazzjonijiet għar-raġunijiet tat-taxxa fuq id-dħul għal dawk mogħtija lill-istituzzjonijiet li jkollhom is-sede tagħhom fl-Awstrija, jikkostitwixxi restrizzjoni għall-moviment liberu tal-kapital stabbilit fl-Artikolu 56 KE u fl-Artikolu 40 tal-Ftehim ŻEE. Għalhekk, għandu jiġi kkonstatat li, billi tawtorizza t-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet mogħtija lil istituzzjonijiet b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim esklużivament meta dawn l-istituzzjonijiet ikunu stabbiliti fl-Awstrija, ir-Repubblika tal-Awstrija naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 56 KE u taħt l-Artikolu 40 tal-Ftehim ŻEE. Fuq l-ispejjeż Skont l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li r-Repubblika tal-Awstrija tilfet, hemm lok li hija tiġi kkundannata għall-ispejjeż kif mitlub mill-Kummissjoni. Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) taqta’ u tiddeċiedi: 1) Billi tawtorizza t-tnaqqis fiskali tad-donazzjonijiet mogħtija lil istituzzjonijiet b’funzjonijiet ta’ riċerka u ta’ tagħlim esklużivament meta dawn l-istituzzjonijiet ikunu stabbiliti fl-Awstrija, ir-Repubblika tal-Awstrija naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 56 KE u taħt l-Artikolu 40 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat‑2 ta’ Mejju 1992. 2) Ir-Repubblika tal-Awstrija hija kkundannata għall-ispejjeż. Firem Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

62009CJ0189

ro

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Neadoptarea sau necomunicarea, în termenul prevăzut, a actelor necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE (JO L 105, p. 54, Ediție specială, 13/vol. 53, p. 51) Dispozitivul 1) Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE, Republica Austria nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul acestei directive. 2) Obligă Republica Austria la plata cheltuielilor de judecată.

61998CJ0361

nl

Overwegingen van het arrest 1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 8 oktober 1998, heeft de Italiaanse regering krachtens artikel 173, eerste alinea, EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 230, eerste alinea, EG) verzocht om nietigverklaring van beschikking 98/710/EG van de Commissie van 16 september 1998 inzake een procedure aangaande de toepassing van verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad (Zaak VII/AMA/11/98 - Italiaanse verkeersverdelingsregels voor het luchthavensysteem van Milaan) (PB L 337, blz. 42; hierna: bestreden beschikking"). 2 Bij de bestreden beschikking heeft de Commissie de Italiaanse regering verboden de verkeersverdelingsregels voor het luchthavensysteem van Milaan (Italië) toe te passen, die waren vastgesteld bij nationale decreten waarin in het bijzonder werd bepaald dat een deel van het luchtverkeer van de luchthaven Linate naar de luchthaven Malpensa werd overgebracht. Juridisch kader 3 Artikel 59, eerste alinea, EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 49 EG) bepaalt: In het kader van de volgende bepalingen worden de beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Gemeenschap in de loop van de overgangsperiode geleidelijk opgeheven ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die in een ander land van de Gemeenschap zijn gevestigd dan dat, waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt verricht." 4 Artikel 61, lid 1, EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 51, lid 1, EG) luidt: Het vrije verkeer van de diensten op het gebied van het vervoer wordt geregeld door de bepalingen voorkomende in de titel betreffende het vervoer." 5 Artikel 84, lid 2, EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 80, lid 2, EG) luidt: De Raad kan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten of, in hoeverre en volgens welke procedure, passende bepalingen voor de zeevaart en de luchtvaart zullen worden genomen. De procedurebepalingen van artikel 75, leden 1 en 3, zijn van toepassing." 6 In artikel 155 EG-Verdrag (thans artikel 211 EG) wordt bepaald: Teneinde de werking en de ontwikkeling van de interne markt te verzekeren [...] - heeft de Commissie een eigen beslissingsbevoegdheid en werkt zij mede aan de totstandkoming van de handelingen van de Raad en van het Europees Parlement overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag, - oefent de Commissie de bevoegdheden uit welke de Raad haar verleent ter uitvoering van de regels die hij stelt." 7 Met het oog op de geleidelijke totstandbrenging van de interne markt van het luchtvervoer nam de gemeenschapswetgever in 1987, 1990 en 1992 drie reeksen van maatregelen, pakketten" genaamd omdat zij talrijke teksten omvatten. Het derde pakket", dat is vastgesteld op 23 juli 1992, bestaat uit vijf verordeningen die ertoe strekken de vrijheid van dienstverrichting in het luchtvervoer alsook de toepassing van de communautaire mededingingsregels in deze sector te verzekeren. 8 Een van deze vijf verordeningen is verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes (PB L 240, blz. 8), die krachtens artikel 16 van deze verordening op 1 januari 1993 in werking is getreden. 9 De eerste twee overwegingen van verordening nr. 2408/92 luiden: overwegende dat het met het oog op de totstandbrenging van de interne markt in de loop van een periode die op 31 december 1992 eindigt, overeenkomstig artikel 8 A van het Verdrag, dienstig is een luchtvervoerbeleid te verwezenlijken; overwegende dat de interne markt een ruimte omvat zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd". 10 De dertiende overweging van genoemde verordening bepaalt: [...] dat met het oog op de planning van het luchtvervoer aan de lidstaten het recht moet worden gegeven om niet-discriminerende regels vast te stellen voor de verdeling van het luchtverkeer tussen luchthavens binnen hetzelfde luchthavensysteem". 11 De negentiende overweging luidt: overwegende dat het dienstig is alle met de markttoegang verband houdende vraagstukken in dezelfde verordening te behandelen". 12 Artikel 3, lid 1, van verordening nr. 2408/92 stelt als beginsel, dat met inachtneming van deze verordening [...] door de betrokken lidstaat (lidstaten) aan communautaire luchtvaartmaatschappijen [wordt] toegestaan om vervoersrechten op routes in de Gemeenschap uit te oefenen". 13 Artikel 8 van verordening nr. 2408/92 bepaalt: 1. Deze verordening laat het recht van een lidstaat onverlet om de verdeling van het verkeer tussen de luchthavens van een luchthavensysteem zonder discriminatie op grond van nationaliteit of identiteit van de luchtvaartmaatschappij te verdelen. 2. De uitoefening van vervoersrechten is onderworpen aan de bekendgemaakte communautaire, nationale, regionale of plaatselijke voorschriften betreffende de veiligheid, de bescherming van het milieu en de toewijzing van ,slots. 3. Op verzoek van een lidstaat of uit eigen beweging onderzoekt de Commissie hoe de leden 1 en 2 worden toegepast en zij besluit binnen één maand na ontvangst van een verzoek en na overleg met het in artikel 11 genoemde comité of de lidstaat de maatregel mag blijven toepassen. De Commissie deelt haar besluit mede aan de Raad en aan de lidstaten. [...]" 14 In artikel 2, sub m, van verordening nr. 2408/92 wordt een luchthavensysteem" gedefinieerd als twee of meer luchthavens die samen de luchtverbindingen van dezelfde stad of agglomeratie verzorgen. Uit bijlage II bij deze verordening blijkt dat, wat de stad Milaan betreft, Milano-Linate/Malpensa/Bergamo (Orio al Serio)" tot de in artikel 8, lid 1, bedoelde luchthavensystemen worden gerekend. De bestreden beschikking 15 De bestreden beschikking is gebaseerd op artikel 8, lid 3, van verordening nr. 2408/92. 16 In de eerste plaats constateert de Commissie in de punten 5 tot en met 13 van de bestreden beschikking, dat de Italiaanse autoriteiten hebben besloten het luchthavensysteem van Milaan (de luchthavens Malpensa, Linate en Orio al Serio) te reorganiseren en van Malpensa een knooppunt (,hub) te maken. Hiertoe wordt de luchthaven Malpensa uitgebreid en ingericht in het kader van een project genaamd Malpensa 2000", dat als een van de veertien prioritaire projecten is opgenomen in de lijst van bijlage III bij beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (PB L 228, blz. 1), en waaraan financiële bijstand wordt verleend door de Gemeenschap en door het Europees Investeringsfonds en steun wordt verleend door de Europese Investeringsbank. 17 Om het verkeer naar de luchthaven Malpensa over te brengen, hebben de Italiaanse autoriteiten in juli 1996 decreet nr. 46-T vastgesteld, waarin werd bepaald dat vanaf de datum van inbedrijfstelling van de prioritaire infrastructuren van Malpensa - welke datum in een later decreet zou worden vastgesteld - alle intracommunautaire en intercontinentale vluchten naar de luchthaven Malpensa zouden worden overgebracht, met als enige uitzondering de vluchten van luchtvaartmaatschappijen met in totaal meer dan twee miljoen passagiers per jaar, die op Linate zouden kunnen blijven. In de praktijk zou deze uitzondering alleen gelden voor de verbinding Milaan-Rome. In oktober 1997 werd in een nieuw decreet - decreet nr. 70-T - de datum van overbrenging van het verkeer naar de luchthaven Malpensa vastgesteld op 25 oktober 1998. 18 Vervolgens onderzocht de Commissie in de punten 29 tot en met 46 van de bestreden beschikking, of in de twee in het vorige punt genoemde decreten (hierna: onderhavige decreten") het discriminatieverbod in acht is genomen. 19 In dat verband herinnert de Commissie in punt 30 van de bestreden beschikking eraan, dat zij reeds had opgemerkt, dat het in artikel 8, lid 1, van verordening nr. 2408/92 neergelegde discriminatieverbod onder andere een verbod inhoudt van iedere maatregel die in de praktijk een discriminerende werking heeft, ook al is deze slechts indirect. Om te bepalen of de onderhavige decreten een discriminerende werking hebben, onderzoekt de Commissie wat de gevolgen van deze criteria per 25 oktober 1998 zijn geweest. 20 Bij dat onderzoek stelt de Commissie vast, dat de exploitatie van naaf en spaak"-netten, een praktijk die op een knooppuntsysteem berust, een gemeenschappelijke trek van alle communautaire luchtvaartmaatschappijen is geworden. Hierdoor kunnen zij enerzijds diensten aanbieden tussen twee willekeurige communautaire luchthavens die vanuit het knooppunt worden bediend, en anderzijds tussen een willekeurige luchthaven die vanuit het knooppunt wordt bediend en luchthavens in derde landen. Daarnaast stelt de Commissie in punt 33 van de bestreden beschikking, dat niet-rechtstreekse diensten via knooppunten meestal verwisselbaar zijn. Bovendien is er volgens de Commissie bij de verstrekking van luchtdiensten van Milaan naar een aantal luchthavens concurrentie, namelijk tussen Alitalia, een Italiaanse luchtvaartmaatschappij, en andere communautaire luchtvaartmaatschappijen. 21 Op grond van de informatie waarover zij beschikt, vooral op grond van het in andere communautaire procedures gebleken voornemen van Alitalia om haar activiteiten tussen de twee knooppuntluchthavens te blijven verdelen, concludeert de Commissie dat Alitalia vanaf 25 oktober 1998 de enige communautaire maatschappij is die vanuit Milaan zowel via Linate als via Malpensa toegang heeft tot haar knooppunt Rome-Fiumicino. 22 Verder wijst de Commissie erop dat de luchthaven Linate, die tien kilometer ten zuidoosten van het centrum van Milaan ligt, zowel van de vervoersinfrastructuur van de stad profiteert, als van de vervoersinfrastructuur die alle belangrijke gebieden van het Noord-Italiaanse bekken met de stad Milaan verbindt. De luchthaven Malpensa ligt daarentegen 53 kilometer ten noordwesten van het centrum van Milaan en heeft geen rechtstreekse autosnelweg- of spoorverbinding. De Commissie gaat ervan uit dat de bereikbaarheid van de luchthaven Malpensa na 25 oktober 1998 ongewijzigd zal blijven en concludeert dat na die datum de toegangsinfrastructuur voor die luchthaven niet berekend zal zijn op het te verwerken verkeer. 23 Hieruit concludeert de Commissie, dat Alitalia als enige maatschappij haar knooppunt Rome-Fiumicino vanaf de luchthaven Linate kan blijven bedienen, terwijl andere communautaire luchtvaartmaatschappijen hun knooppunten niet vanaf deze Milanese luchthaven kunnen bedienen. De Commissie is daarom van oordeel dat de toepassing van de criteria van decreet nr. 46-T vanaf 25 oktober 1998 in de praktijk een discriminerende werking zal hebben ten gunste van Alitalia, hetgeen niet verenigbaar is met artikel 8, lid 1, van verordening nr. 2408/92, waarin is bepaald dat discriminatie op grond van de identiteit van de luchtvaartmaatschappij niet is toegestaan. 24 Ten slotte toetst de Commissie in de punten 47 tot en met 52 van de bestreden beschikking de onderhavige decreten aan het evenredigheidsbeginsel. Na te hebben opgemerkt dat in artikel 8, lid 1, van verordening nr. 2408/92 uitdrukkelijk de legitimiteit wordt erkend van een actief beleid op het gebied van luchthavenplanning en dat de Italiaanse autoriteiten ernaar streven een volledig rendabel en operationeel knooppunt tot stand te brengen, analyseert de Commissie de beperkingen die de verkeersverdelingsregels met zich meebrengen. 25 De Commissie spreekt in punt 50 van de bestreden beschikking als haar oordeel uit, dat het voorschrijven van de verplaatsing op 25 oktober 1998 van alle verkeer van de luchthaven Linate naar de luchthaven Malpensa - met uitzondering van de verbinding Rome-Milaan - niet aan het evenredigheidsvereiste voldoet, aangezien de totstandbrenging van een volledig rendabel en operationeel knooppunt op zichzelf niet de verplaatsing van een verkeersvolume vereist dat niet met het niveau van de luchthavenstructuren en de toegangsinfrastructuren overeenstemt. Volgens haar zou uitstel van de verkeersverplaatsing dan wel een geleidelijke verplaatsing van dit volume vanaf 25 oktober 1998 beter bij de doelstelling van de Italiaanse autoriteiten passen en ook het vrij verrichten van luchtdiensten naar en van Milaan minder beperken. 26 Na te hebben geconcludeerd dat de bepalingen in de onderhavige decreten niet verenigbaar waren met artikel 8, lid 1, van verordening nr. 2408/92, beslist de Commissie krachtens lid 3 van deze bepaling, dat Italië de verkeersverdelingsregels voor het luchthavensysteem van Milaan, zoals neergelegd in deze decreten, niet mag toepassen. Ten gronde 27 Tot staving van haar beroep tot nietigverklaring stelt de Italiaanse regering in haar eerste middel dat, aangezien artikel 8, leden 1 en 3, van verordening nr. 2408/92 slechts discriminatie op grond van de nationaliteit of de identiteit van de luchtvaartmaatschappij verbiedt, de bestreden beschikking, voorzover deze is gebaseerd op een vermeende schending van het evenredigheidsbeginsel, de grenzen van de bevoegdheid van de Commissie uit hoofde van deze verordening heeft overschreden. 28 Subsidiair betwist de Italiaanse regering de juridische uitgangspunten waarop de Commissie haar conclusie baseert dat de onderhavige decreten in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. Meer subsidiair stelt zij, dat de Commissie het evenredigheidsbeginsel onjuist heeft toegepast en met betrekking tot de feiten op basis waarvan zij een indirecte discriminatie ten gunste van Alitalia heeft geconstateerd, de grenzen van haar beoordelingsbevoegdheid heeft overschreden. Het eerste middel 29 De Italiaanse regering stelt om te beginnen, dat in het kader van de verdeling van het verkeer tussen de luchthavens die een luchthavensysteem vormen, artikel 8, lid 1, van verordening nr. 2408/92 - anders dan artikel 9, leden 4 en 5, dat de Commissie de bevoegdheid verleent om te beslissen of een nationale maatregel op enigerlei wijze in strijd is met de gemeenschapswetgeving - de bevoegdheid van de lidstaat slechts op één punt beperkt: het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit of identiteit van de luchtvaartmaatschappij. Zij betoogt dat de Commissie met de vaststelling van de bestreden beschikking, die is gebaseerd op de constatering dat de in de onderhavige decreten vervatte nationale voorschriften, gelet op het evenredigheidsbeginsel, in strijd zijn met het beginsel van vrije dienstverrichting, de grenzen van de haar in artikel 8, lid 3, van deze verordening verleende bevoegdheid heeft overschreden. 30 De Italiaanse regering voegt hieraan toe dat een ruime uitlegging van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 2408/92 in strijd is met het beginsel van strikte wetmatigheid van de beslissingsbevoegdheid van de Commissie in de zin van artikel 155, derde en vierde streepje, van het Verdrag. Overigens moet artikel 8, lid 3, van deze verordening, als afwijking van artikel 169 EG-Verdrag (thans artikel 226 EG), volgens haar eng worden uitgelegd, zodat laatstgenoemde bepaling niet kan worden opgevat als een bepaling die de Commissie toestaat haar beslissingsbevoegdheid te gebruiken voor beoordelingen die niet rechtstreeks verband houden met de toepassing van lid 1. 31 Zoals het Hof reeds heeft verklaard, moet bij de uitlegging van een gemeenschapsrechtelijke bepaling niet enkel rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en de doelstellingen van de regeling waarvan zij deel uitmaakt (zie met name arrest van 21 februari 1984, St. Nikolaus Brennerei, 337/82, Jurispr. blz. 1051, punt 10). 32 Uit de eerste, de tweede en de negentiende overweging van verordening nr. 2408/92 blijkt, dat deze verordening met name tot doel heeft voor de luchtvervoerssector de toepassingsvoorwaarden vast te stellen betreffende het in het bijzonder in de artikelen 59 en 61 van het Verdrag neergelegde beginsel van het vrij verrichten van diensten, zodat alle met de markttoegang verband houdende vraagstukken in dezelfde verordening worden behandeld. 33 Ook is het vaste rechtspraak dat artikel 59 van het Verdrag niet alleen de afschaffing van iedere discriminatie van de in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter op grond van diens nationaliteit voorschrijft, maar tevens de opheffing van iedere beperking - ook indien deze zonder onderscheid voor binnenlandse dienstverrichters en voor dienstverrichters uit andere lidstaten geldt - die de werkzaamheden van de dienstverrichter die in een andere lidstaat is gevestigd en aldaar rechtmatig gelijksoortige diensten verricht, verbiedt, belemmert of minder aantrekkelijk maakt (zie arresten van 25 juli 1991, Säger, C-76/90, Jurispr. blz. I-4221, punt 12, en 23 november 1999, Arblade e.a., C-369/96 en C-376/96, Jurispr. blz. I-8453, punt 33). 34 De in de onderhavige decreten vastgelegde maatregelen om de verdeling van het verkeer binnen een luchthavensysteem te regelen, als bedoeld in artikel 8, lid 1, houden beperkingen van de vrije dienstverrichting in. 35 Gelet op de bepalingen van verordening nr. 2408/92, kunnen dergelijke beperkingen alleen worden toegestaan, indien zij gerechtvaardigd zijn en, vooral, evenredig zijn aan het doel waarvoor zij zijn aangenomen. 36 Hieruit volgt dat de Commissie in het kader van de haar in artikel 8, leden 1 en 3, van verordening nr. 2408/92 toegekende bevoegdheid terecht heeft onderzocht of de in de onderhavige decreten vastgelegde nationale maatregelen beperkingen inhouden die zonder onderscheid van toepassing zijn, en of deze kunnen garanderen dat het beoogde doel wordt bereikt zonder verder te gaan dan voor dit doel noodzakelijk is. 37 Zo gezien kunnen de argumenten van de Italiaanse regering op basis van de artikelen 155 en 169 van het Verdrag niet worden aanvaard. 38 Vanuit het oogpunt van artikel 155 van het Verdrag kan, aangezien de door de Italiaanse regering voorgestelde uitlegging van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 2408/92 niet kan worden aanvaard, tegen de criteria die de Commissie uit de rechtspraak van het Hof heeft afgeleid in het kader van haar onderzoek van de rechtmatigheid van de onderhavige decreten, niet als bezwaar worden aangevoerd dat daarmee de grenzen van haar beslissingsbevoegdheid en de grenzen van de haar door de Raad verleende bevoegdheden zijn overschreden. 39 Wat anderzijds artikel 169 van het Verdrag betreft, blijkt uit de punten 31 tot en met 36 van dit arrest, dat de Commissie op grond van de artikelen 8, leden 1 en 3, van verordening nr. 2408/92 bevoegd is om te onderzoeken of de aangenomen nationale maatregelen beperkingen inhouden die zonder onderscheid van toepassing zijn en, zo ja, of deze gerechtvaardigd zijn. De Commissie is dus niet verplicht de naleving van het beginsel van het vrij verrichten van diensten uit het oogpunt van evenredigheid uitsluitend af te dwingen via de inbreukprocedure van artikel 169 van het Verdrag. 40 Hieruit volgt dat de Italiaanse Republiek niet kan stellen dat deze bepaling van het Verdrag is geschonden. 41 Het eerste middel moet dus worden afgewezen. Het tweede middel 42 In het tweede middel betoogt de Italiaanse regering subsidiair, dat de Commissie ten onrechte heeft geoordeeld dat de onderhavige decreten in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel. 43 Dit middel valt uiteen in twee onderdelen. 44 In de eerste plaats bestrijdt de Italiaanse regering de redenering op basis waarvan de Commissie stelt dat de nationale voorschriften voor de verdeling van het verkeer aan het evenredigheidsbeginsel moeten beantwoorden, aangezien dit beginsel nergens wordt vermeld in verordening nr. 2408/92, de enige norm op het gebied waarop de bestreden beschikking betrekking heeft. 45 In de tweede plaats stelt de Italiaanse regering, dat de Commissie in punt 49 van de bestreden beschikking blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Zij betoogt dat de Commissie daarin de onderhavige decreten aan het gemeenschapsrecht heeft getoetst aan de hand van een economisch criterium, namelijk de levensvatbaarheid van een luchthavensysteem. Zij betoogt dat uit de rechtspraak van het Hof volgt dat het evenredigheidsbeginsel geen toepassing vindt wanneer een beperking niet is gebaseerd op een dwingende reden van algemeen belang. Volgens deze rechtspraak kunnen economische eisen geen hogere redenen van algemeen belang vormen. Niettemin laat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 2408/92 volgens haar in het onderhavige geval nationale voorschriften voor de verdeling van het luchtverkeer op basis van geldige economische vereisten toe, mits het discriminatieverbod wordt gerespecteerd, zodat sprake zou zijn van willekeur, indien deze nationale voorschriften op hun evenredigheid werden getoetst. 46 Ten aanzien van het eerste onderdeel van het tweede middel volstaat de vaststelling dat de Commissie, om de in de punten 31 tot en met 36 van dit arrest vermelde redenen, in het kader van haar bevoegdheid uit hoofde van artikel 8, leden 1 en 3, van verordening nr. 2408/92 mocht onderzoeken, of de nationale maatregelen in de onderhavige decreten aan het evenredigheidsvereiste voldeden. 47 Het argument van de Italiaanse regering kan daarom niet worden aanvaard. 48 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het tweede middel, gebaseerd op de vermeende afwezigheid van een dwingende reden van algemeen belang, staat vast dat zuiver economische doelstellingen geen rechtvaardiging kunnen vormen voor een schending van het fundamentele beginsel van het vrij verrichten van diensten (zie in deze zin arrest van 28 april 1998, Kohll, C-158/96, Jurispr. blz. I-1931, punt 41). 49 Het loutere feit dat een lidstaat een doel nastreeft onder omstandigheden die onder meer economisch haalbaar moeten zijn, sluit echter als zodanig niet uit, dat een dergelijk doel een dwingende reden van algemeen belang kan zijn die een dergelijke belemmering kan rechtvaardigen. 50 In dit verband zij eraan herinnerd dat de luchthaven Malpensa een van de prioritaire projecten voor het trans-Europese vervoersnet is, die zijn opgenomen in de lijst van bijlage III bij beschikking nr. 1692/96, en dat er bij de actie van de Gemeenschap op het gebied van de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken als bedoeld in artikel 129 C EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 155 EG), rekening wordt gehouden met de potentiële economische levensvatbaarheid van de projecten. 51 Bovendien maakt de verdeling van het verkeer binnen een luchthavensysteem het mogelijk om de planning van het luchtvervoer te verzekeren, zoals blijkt uit de dertiende overweging van verordening nr. 2408/92. 52 Daargelaten of de oprichting van een operationeel en rendabel knooppunt een dwingende reden van algemeen belang kan worden genoemd, kan een dergelijk legitiem doel dus slechts een belemmering rechtvaardigen voorzover het in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel. 53 Derhalve is ook het tweede onderdeel van het tweede middel niet gegrond, en moet dit middel dus worden afgewezen. Het derde middel 54 In haar derde middel bestrijdt de Italiaanse regering, meer subsidiair, de toepassing van het evenredigheidsbeginsel door de Commissie in het onderhavige geval. Volgens haar heeft de Commissie, in plaats van haar onderzoek toe te spitsen op het juridische criterium evenredigheid, de bestreden beschikking gebaseerd op een discretionaire beoordeling van de opportuniteit van de door de Italiaanse regering ten aanzien van de luchthaven Malpensa genomen maatregelen, waardoor zij de grenzen van haar bevoegdheden uit hoofde van verordening nr. 2408/92 heeft overschreden. Zij stelt dat de verklaring dat dit beginsel is geschonden, gebaseerd is op drie argumenten, die alle irrelevant of onjuist zijn. 55 De Italiaanse regering betoogt om te beginnen, dat het eerste argument van de Commissie, dat het verplaatste verkeersvolume niet verenigbaar is met het huidige niveau van de toegangsinfrastructuur, niets van doen heeft met het enige relevante evenredigheidscriterium, namelijk de vraag of de concentratie van de vluchten naar de luchthaven Malpensa geschikt is ter verwezenlijking van het doel van de Italiaanse regering. In elk geval hadden de nationale autoriteiten haars inziens duidelijk aangetoond dat de toegangsinfrastructuur berekend was op het te verplaatsen verkeersvolume. 56 Vervolgens stelt zij, dat het tweede argument van de Commissie, betreffende de financiële regelingen voor Malpensa 2000, in het kader waarvan een verkeersverplaatsing vóór 31 december 2000 noodzakelijk zou zijn, volstrekt irrelevant is voor de beoordeling van de evenredigheid van het nationale decreet inzake de verkeersverplaatsing. 57 Tot slot is de Italiaanse regering van mening dat het derde argument van de Commissie, dat het besluit tot een verkeersverplaatsing van de luchthaven Linate naar de luchthaven Malpensa in strijd zou zijn met de uitdrukkelijk in decreet nr. 46-T uitgesproken doelstelling om de luchthaven Linate in ieder geval in bedrijf te houden, nergens op slaat. Dit vliegveld blijft namelijk hoe dan ook in bedrijf, ook al wordt het gebruik beperkt. 58 In de eerste plaats moet met betrekking tot de eerste twee argumenten van de Italiaanse regering worden opgemerkt, dat uit de punten 48 tot en met 52 van dit arrest blijkt dat de Commissie bevoegd was de totstandbrenging van een operationeel en rendabel knooppunt te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel. 59 In het kader van de evenredigheidstoetsing van de in de onderhavige decreten vervatte maatregelen diende de Commissie dus na te gaan, of op de datum die voor de verplaatsing van het luchtverkeer naar de luchthaven Malpensa was voorzien, de capaciteit van de toegangsinfrastructuur van die luchthaven het gebruik van die luchthaven door de passagiers zou ontmoedigen. Ook moest zij nagaan of deze verplaatsing noodzakelijk was om de financiële haalbaarheid van een operationeel knooppunt te garanderen. 60 De grieven van de Italiaanse regering - inhoudende dat de door de Commissie gehanteerde criteria, namelijk enerzijds het verband tussen het verplaatste verkeersvolume en de bestaande toegangsinfrastructuur, en anderzijds de financiële noodzaak van een verplaatsing van dit verkeer op een eerdere datum dan aanvankelijk door de Italiaanse autoriteiten in het kader van Malpensa 2000 was vastgesteld, niet relevant zijn om te beoordelen of de in de onderhavige decreten vastgelegde maatregelen evenredig zijn aan het doel - zijn dus niet gegrond. 61 In de tweede plaats moet met betrekking tot de bedenkingen van de Italiaanse regering tegen de juistheid van de bevindingen van de Commissie betreffende de toestand van de infrastructuur voor de verbinding tussen Milaan en de luchthaven Malpensa op de beoogde datum van verplaatsing van het luchtverkeer, worden vastgesteld dat deze regering niet heeft kunnen aantonen dat deze bevindingen onjuist waren. 62 Ten slotte moet met betrekking tot het derde argument van de Commissie over het in bedrijf houden van de luchthaven Linate worden opgemerkt, dat het betoog dienaangaande in de bestreden beschikking zuiver subsidiair van aard is en dat, zelfs indien de Italiaanse regering dit terecht betwist, deze kritiek niets kon afdoen aan de juistheid van het oordeel van de Commissie betreffende de evenredigheid van de maatregelen in de onderhavige decreten aan het door de Italiaanse autoriteiten nagestreefde doel. 63 Om deze redenen moet het derde middel worden afgewezen.Het vierde middel 64 In haar vierde middel betoogt de Italiaanse regering dat de analyse die de Commissie in de punten 29 tot en met 46 van de bestreden beschikking heeft verricht om een indirecte discriminatie vast te stellen, om drie redenen onwettig is. 65 In de eerste plaats stelt de Italiaanse regering, dat er in dit geval geen sprake is van indirecte discriminatie, omdat de maatregelen in de onderhavige decreten, in tegenstelling tot hetgeen de Commissie beweert, niet een voordeel voor Alitalia opleveren en een nadeel voor de communautaire maatschappijen die vanuit andere knooppunten dan Rome-Fiumicino opereren. Zij merkt in dit verband op, dat het bij het verkeer tussen Milaan en Rome voornamelijk om zakelijk verkeer gaat, met grotendeels dagelijkse pendeldiensten. Volgens haar kan dit verkeer objectief gezien het best vanuit een stedelijke luchthaven als Linate worden verricht, ook om te zorgen dat de luchtverbinding met de spoorverbinding kan blijven concurreren. 66 Vervolgens stelt de Italiaanse regering, dat de Commissie de gevolgen van de verplaatsing van het verkeer naar de luchthaven Malpensa niet alleen op basis van de bestaande, maar ook van de toekomstige situatie had moeten beoordelen. Volgens haar kan een bepaling slechts als indirect discriminerend worden beschouwd, indien genoegzaam is bewezen dat deze iemand kan bevoordelen of benadelen. In de nieuwe situatie, waarin deze luchthaven volledig in dienst zal worden genomen voor intercontinentale vluchten, levert de verbinding vanuit de luchthaven Linate naar het knooppunt Rome-Fiumicino Alitalia in de praktijk geen enkel concurrentievoordeel op. 67 Tot slot merkt de Italiaanse regering op dat de Commissie, indien zij van mening was dat een verbinding tussen de luchthaven Linate en de luchthaven Rome-Fiumicino Alitalia een concurrentievoordeel kon opleveren, voor maatregelen tegen de Italiaanse regering had moeten opteren, die minder rigoureus waren doch toereikend om de belangen van de Gemeenschap bij de eerbiediging van het in artikel 8, lid 1, van verordening nr. 2408/92 neergelegde non-discriminatiebeginsel te waarborgen. 68 Ten aanzien van het eerste onderdeel van het eerste middel zij opgemerkt dat door geen van de door de Italiaanse regering aangevoerde bewijzen wordt aangetoond dat de Commissie ten onrechte zou hebben vastgesteld dat Alitalia als enige maatschappij toegang had tot het knooppunt Rome-Fiumicino vanuit de luchthaven Linate, terwijl de andere communautaire maatschappijen hun knooppunten enkel vanuit de luchthaven Malpensa konden bedienen. Weliswaar heeft Alitalia het aantal intercontinentale vluchten vanuit haar knooppunt Rome-Fiumicino verlaagd ten gunste van de vluchten vanuit de luchthaven Malpensa, doch op de beoogde datum voor de verplaatsing van het luchtverkeer van de luchthaven Linate behield de luchthaven Rome-Fiumicino, zoals de Italiaanse regering zelf toegeeft, haar functie van knooppunt voor deze luchtvaartmaatschappij. 69 Hieruit volgt dat de Commissie terecht een discriminatie tussen Alitalia en de andere communautaire luchtvaartmaatschappijen heeft vastgesteld, zodat het eerste onderdeel van het vierde middel moet worden afgewezen. 70 Ten aanzien van de onjuiste beoordeling door de Commissie, hierin bestaande dat zij een indirecte discriminatie zou hebben vastgesteld zonder de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven Malpensa in aanmerking te nemen, volstaat de opmerking dat de Commissie in dit geval niet enkel is uitgegaan van de gegevens betreffende de periode vóór de datum van de beoogde verplaatsing, omdat zij de te verwachten evolutie van de luchthavens Linate en Malpensa alsook die van de knooppunten van Alitalia heeft onderzocht, zoals blijkt uit de punten 35 en 44 van de bestreden beschikking. 71 Gezien het voorgaande, moet de tweede grief van de Italiaanse regering in het vierde middel worden verworpen. 72 Wat ten slotte het derde onderdeel van dit door de Italiaanse regering ingeroepen middel betreft, betreffende een vermeende schending van het evenredigheidsbeginsel door de bestreden beschikking, voorzover daarin de uitvoering van de in de onderhavige decreten vastgestelde maatregelen wordt verboden, zij eraan herinnerd dat de Commissie op grond van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 2408/92 de nationale maatregel van de betrokken lidstaat enkel kan onderzoeken en, na raadpleging van het comité met raadgevende bevoegdheid bedoeld in artikel 11 van die verordening, kan besluiten of die staat deze maatregel mag blijven toepassen. 73 Aangezien de Commissie niet bevoegd was om een wijziging van de in de onderhavige decreten vastgestelde maatregelen voor te stellen, kan haar niet worden verweten dat zij het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden door geen maatregelen te opperen die minder bezwaarlijk zijn voor de nationale autoriteiten. 74 Hieruit volgt, dat het vierde middel moet worden afgewezen. 75 Aangezien geen van de door de Italiaanse regering aangevoerde middelen gegrond is, moet het beroep in zijn geheel worden verworpen. Beslissing inzake de kosten Kosten 76 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, indien dat is gevorderd. Daar de Italiaanse Republiek in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van de Commissie in de kosten worden verwezen. Dictum HET HOF VAN JUSTITIE, rechtdoende: 1) Verwerpt het beroep. 2) Verwijst de Italiaanse Republiek in de kosten.

62019CJ0503

et

Eelotsusetaotlused käsitlevad nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta ( ELT 2004, L 16, lk 44 ; ELT eriväljaanne 19/06, lk 272) artikli 6 lõike 1 tõlgendamist. Taotlused on esitatud UQ (kohtuasi C‑503/19) ja SI (kohtuasi C‑592/19) kohtuvaidlustes Subdelegación del Gobierno en Barcelonaga (valitsuse esindus Barcelonas, Hispaania) nende esitatud pikaajalise elaniku staatuse saamise taotluste rahuldamata jätmise üle. Õiguslik raamistik Liidu õigus Direktiivi 2003/109 II peatükis „Pikaajalise elaniku staatus liikmesriigis“ sisalduvad selle direktiivi artiklid 4–13. Direktiivi artikli 4 lõike 1 kohaselt: „Liikmesriigid annavad pikaajalise elaniku staatuse kolmanda riigi kodanikele, kes on nende territooriumil elanud seaduslikult ja pidevalt viie aasta jooksul vahetult enne asjaomase taotluse esitamist.“ Direktiivi artiklis 5 on ette nähtud: „1.   Liikmesriigid nõuavad kolmandate riikide kodanikult selle tõendamist, et tal on iseenda ja tema ülalpeetavate pereliikmete jaoks: a) stabiilne ja korrapärane sissetulek, millega ta suudab iseennast ja oma pereliikmeid ilma asjaomase liikmesriigi sotsiaalabisüsteemi abita ülal pidada. Liikmesriigid hindavad kõnealuse sissetuleku laadi ja korrapärasust ning võivad seejuures võtta arvesse palkade ja pensionide miinimumtaset enne pikaajalise elaniku staatuse saamise taotluse esitamist; b) ravikindlustus, mis katab kõiki riske, mis asjaomase liikmesriigi enda kodanike puhul üldiselt on kaetud. 2.   Liikmesriigid võivad kooskõlas siseriikliku õigusega nõuda kolmandate riikide kodanikelt, et need täidaksid integratsioonitingimusi.“ Direktiivi 2003/109 artikli 6 lõige 1 on sõnastatud järgmiselt: „Liikmesriik võib keelduda pikaajalise elaniku staatuse andmisest avaliku korra ja julgeolekuga seotud põhjustel. Asjaomast otsust tehes kaalub liikmesriik avaliku korra või julgeoleku vastu sooritatud õigusrikkumise raskust või laadi või asjaomase isikuga seotud ohte, võttes asjakohaselt arvesse elamise kestust ning sidemete olemasolu elukohariigiga.“ Vastavalt selle direktiivi artikli 7 lõikele 3 annab liikmesriik asjaomasele kolmanda riigi kodanikule pikaajalise elaniku staatuse, kui direktiivi artiklites 4 ja 5 ette nähtud tingimused on täidetud ja isik ei kujuta ohtu direktiivi artikli 6 tähenduses. Direktiivi artikli 12 lõigetes 1 ja 3 on sätestatud: „1.   Liikmesriik võib teha otsuse pikaajaline elanik välja saata üksnes siis, kui isik kujutab tegelikku ja piisavalt tõsist ohtu avalikule korrale ja julgeolekule. […] 3.   Enne kui liikmesriik teeb otsuse pikaajaline elanik välja saata, peab ta arvestama järgmiste teguritega: a) elamise kestus tema territooriumil; b) asjaomase isiku vanus; c) tagajärjed asjaomase isiku ja tema pereliikmete jaoks; d) sidemed elukohariigiga ja sidemete puudumine päritoluriigiga.“ Direktiivi 2003/109 III peatükk kannab pealkirja „Elamine teistes liikmesriikides“. Direktiivi artikli 14 lõike 1 kohaselt saab pikaajaline elanik õiguse elada muu liikmesriigi kui selle liikmesriigi territooriumil, kus talle anti pikaajalise elaniku staatus, kauem kui kolm kuud, tingimusel, et selles peatükis sätestatud tingimused on täidetud. Direktiivi samasse peatükki kuuluva artikli 17 lõikes 1 on sätestatud: „Liikmesriik võib pikaajalise elaniku või tema pereliikme elamisloa taotluse tagasi lükata, kui asjaomane isik kujutab ohtu avalikule korrale ja julgeolekule. Asjaomast otsust tehes kaalub liikmesriik pikaajalise elaniku või tema pereliikme poolt avaliku korra või julgeoleku vastu sooritatud õiguserikkumise raskust või laadi või asjaomase isikuga seotud ohte.“ Hispaania õigus Konstitutsiooniline seadus 4/2000 11. jaanuari 2000. aasta konstitutsioonilise seaduse 4/2000, mis käsitleb välismaalaste õigusi ja vabadusi Hispaanias ning nende sotsiaalset integratsiooni (Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; BOE nr 10, 12.1.2000, lk 1139), põhikohtuasja vaidluste asjaoludele kohaldatav redaktsioon (edaspidi „konstitutsiooniline seadus 4/2000“) sisaldab artiklit 31 „Ajutine riigis elamine“. Selle seaduse artikli 31 lõige 7 on sõnastatud järgmiselt: „Ajutise elamisloa pikendamisel võetakse vajadusel arvesse: a) varasemaid kriminaalkaristusi, arvestades karistuse vähendamist või tingimisi täitmisele mittepööramist või vanglakaristuse kandmisest osalist või täielikku vabastamist […] Pikendamisel võetakse iseäranis arvesse välismaalase poolt väljendatud integreerumispingutust ja aktiivset tegutsemist pikendamise nimel, mida tuleb tõendada autonoomse piirkonna positiivse aruandega […]“. Konstitutsioonilise seaduse 4/2000 artikkel 32 puudutab pikaajalist riigis elamist. Selles on sätestatud: „1.   Pikaajaline riigis elamine tähendab õigust elada ja töötada Hispaanias ilma piiranguteta, Hispaania kodanikega samadel tingimustel. 2.   Pikaajaline riigis elamise õigus on nendel isikutel, kes on ajutise elanikuna elanud Hispaanias pidevalt vähemalt viis aastat ja kelle puhul on täidetud määrusandluses sätestatud tingimused. Pikaajalise elamise puhul võetakse arvesse ajavahemikke, mil isik on eelnevalt elanud Euroopa Liidu sinist kaart kasutades pidevalt teistes liikmesriikides. Elamise periood on pidev ka juhul, kui välismaalane on riigist vaid ajutiselt lahkunud, näiteks puhkuse ajaks või muudel määrusandluses nimetatud põhjustel. 3.   Välismaalane, kes on Euroopa Liidu teise liikmesriigi pikaajaline elanik, võib taotleda endale ja talle antakse Hispaanias pikaajalise elaniku elamisluba, kui ta soovib asuda tööle või tegeleda ettevõtlusega või muudel määrusandluses kehtestatud tingimustel. Kui aga välismaalane, kes on Euroopa Liidu teise liikmesriigi pikaajaline elanik, soovib säilitada pikaajalise elaniku staatuse selles teises liikmesriigis, võib ta taotleda ja talle antakse Hispaanias ajutine elamisluba. […]“. Konstitutsioonilise seaduse 4/2000 rakendusmäärus Kuninga 20. aprilli 2011. aasta dekreedi 557/2011, millega kiidetakse heaks konstitutsioonilise seaduse 4/2000 rakendusmäärus pärast selle muutmist konstitutsioonilise seadusega 2/2009 (Real Decreto 557/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009; BOE nr 103, 30.4.2011, lk 43821), artiklis 148 on ette nähtud: „1.   Pikaajalise elaniku elamisloale on õigus välismaalastel, kes on elanud Hispaania territooriumil seaduslikult ja pidevalt viis aastat. Sellele elamisloale on õigus ka välismaalastel, kes tõendavad, et nad on elanud pidevalt sama ajavahemiku Euroopa Liidus sinist kaarti kasutades, kui nad on elanud Hispaania territooriumil vahetult taotluse esitamisele eelnenud kaks aastat. […]“. Konstitutsioonilise seaduse 4/2000 rakendusmääruse artiklis 149 on reguleeritud pikaajalise elaniku elamisloa saamise menetlus. Selle määruse artikli 149 lõike 2 punktis f on sätestatud, et sellise elamisloa taotlusele tuleb vajadusel lisada karistusregistri väljavõte või samaväärne dokument, mille on väljastanud taotleja päritoluriigi ametiasutus või selle riigi või nende riikide ametiasutused, kus taotleja on elanud viimase viie aasta jooksul; sellest dokumendist ei tohi nähtuda ühtegi karistust sellise süüteo eest, mis on ette nähtud Hispaania õiguskorras. Põhikohtuasjad ja eelotsuse küsimused Kohtuasi C‑503/19 UQ on kolmanda riigi kodanik, kellel on Hispaania ajutine elamisluba. 10. novembril 2014 karistati teda kohustusega teha 40 päeva üldkasulikku tööd ja peatati tema juhiluba kaheksaks kuuks ja kaheks päevaks sõiduki joobeseisundis juhtimise eest 2. novembril 2014. 2. veebruaril 2018 esitas UQ, kes oli selleks ajaks elanud Hispaanias seaduslikult elamisloa alusel juba vähemalt viis aastat, Oficina de Extranjeros de Barcelonale (Barcelona välismaalaste amet, Hispaania) taotluse pikaajalise elamise õiguse saamiseks konstitutsioonilise seaduse 4/2000 artikli 32 tähenduses. Barcelona välismaalaste amet jättis selle taotluse 27. märtsi 2018. aasta otsusega rahuldamata UQ varasema kriminaalkaristuse tõttu, mida on mainitud käesoleva kohtuotsuse punktis 15. UQ esitas selle otsuse peale vaide, mis jäeti 6. juuli 2018. aasta otsusega samuti rahuldamata. UQ esitas seejärel 6. juuli 2018. aasta otsuse peale kaebuse kohtuasjas C‑503/19 eelotsusetaotluse esitanud kohtule. See kohus selgitab, et Hispaania erinevate kohtute praktika on ebaselge ja vastuoluline selles osas, kas ainuüksi asjaomase isiku varasem kriminaalkaristus on piisav selleks, et keelduda talle pikaajalise elaniku staatuse andmisest, või tuleb sellisel keeldumisel hoopis hinnata iga üksikjuhtumi asjaolusid, et teha kindlaks, kas asjaomane isik kujutab endast tegelikku, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu, mis kahjustab mõnd ühiskonna põhihuvi. Kohtuasjas C‑503/19 eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul on aga Tribunal Supremo (Hispaania kõrgeim kohus) 5. juuli 2018. aasta kohtuotsuses kõrvaldanud riigisiseste kohtute ebaselgest praktikast võrsuvad kahtlused. Selles kohtuotsuses leidis Tribunal Supremo (kõrgeim kohus) eelkõige konstitutsioonilise seaduse 4/2000 rakendusmääruse artikli 149 lõike 2 punktile f tuginedes sisuliselt, et juba ainult asjaomase isiku varasemad kriminaalkaristused takistavad talle pikaajalise elaniku staatuse andmist. Tribunal Supremo (kõrgeim kohus) leidis samuti, et selline tõlgendus ei ole vastuolus direktiivi 2003/109 sätete mõtte ega eesmärgiga. Esiteks kahtleb kohtuasjas C‑503/19 eelotsusetaotluse esitanud kohus selles, kas Tribunal Supremo (kõrgeim kohus) seisukoht eelmises punktis nimetatud kohtuotsuses on kooskõlas direktiiviga 2003/109. Teiseks kahtleb ta ka selles, kas Hispaania õigusnormid on selle direktiiviga kooskõlas osas, mis puudutab võimalust keelduda kolmanda riigi kodanikule pikaajalise elaniku staatuse andmisest avaliku korra või julgeolekuga seotud põhjustel vastavalt selle direktiivi artikli 6 lõikele 1. Selles sättes on tema arvates liikmesriigile ette nähtud võimalus keelduda nendel põhjustel pikaajalise elaniku staatuse andmisest, kuid see ei ole kohustus. Kohtuasjas C‑503/19 eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul peaksid liikmesriigi õigusnormid direktiiviga 2003/109 kooskõlas olemiseks olema läbipaistvad ja arusaadavad. Hispaania Kuningriik ei ole aga direktiivis antud võimalust kasutanud. Konstitutsioonilise seaduse 4/2000 rakendusmääruse artikli 149 lõike 2 punkti f ei saa tõlgendada nii, et selles on ette nähtud vastav keeldumise alus. Kolmandaks märgib kohtuasjas C‑503/19 eelotsusetaotluse esitanud kohus, et käesoleva kohtuotsuse punktis 20 nimetatud Tribunal Supremo (kõrgeim kohus) seisukohast tulenevalt on kolmanda riigi kodanikul lihtsam taotleda Hispaania ajutise elamisloa pikendamist kui saada pikaajalise elaniku staatus. Nimelt ei ole varasemad kriminaalkaristused absoluutseks takistuseks ajutise elamisloa pikendamisel, konstitutsioonilise seaduse 4/2000 artikli 31 lõike 7 punktis a on üksnes ette nähtud, et neid „võetakse arvesse“ pikendamisel. Nimetatud kohus küsib, kas selline olukord on kooskõlas liidu õigusega, kui kolmanda riigi kodanikul, keda on varem mingi teo eest kriminaalkorras karistatud, on takistatud taotleda pikaajalise elaniku staatust ja ta jääb määramata ajaks ajutiseks elanikuks. Neil asjaoludel otsustas Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 17 de Barcelona (Barcelona 17. halduskohus, Hispaania), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus kohtuasjas C‑503/19, menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused: „1. Kas direktiivi 2003/109 artikli 6 lõikega 1 ja artikliga 17 on kooskõlas liikmesriigi kohtute antud tõlgendus, mille kohaselt mis tahes laadi varasem kriminaalkaristus on piisav põhjus pikaajalise elaniku staatuse andmisest keeldumiseks? 2. Kas liikmesriigi kohus peab võtma arvesse lisaks varasema kriminaalkaristuse olemasolule muid tegureid, nagu karistuse raskusaste ja kestus, oht, mida kujutab endast taotleja ühiskonnale, tema eelneva seadusliku riigis elamise kestus ja riigiga loodud sidemeid, hinnates kõiki neid tegureid koos? 3. Kas direktiivi [2003/109] artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, et liikmesriigi õigusnorm võimaldab avaliku korra või julgeoleku kaalutlustel keelduda pikaajalise elaniku staatuse andmisest artikli 4 alusel, kehtestamata hindamiskriteeriumeid, mis on sätestatud direktiivi [2003/109] artikli 6 lõikes 1 ja artiklis 17? 4. Kas direktiivi [2003/109] artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale direktiivide allapoole suunatud vertikaalse õigusmõju kohta võib liikmesriigi kohus kohaldada vahetult [selle direktiivi] artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 17 varasemate kriminaalkaristuste olemasolu hindamiseks nende raskusastme, karistuse kestuse ja ohu seisukohast, mida taotleja endast kujutab? 5. Kas liidu õigust, eelkõige õigust saada pikaajalise elaniku staatus, samuti selguse, läbipaistvuse ja arusaadavuse põhimõtteid, tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus [konstitutsioonilise seaduse 4/2000 rakendusmääruse] artiklite 147–149 ja [konstitutsioonilise seaduse] 4/2000 artikli 32 tõlgendamine Hispaania kohtute poolt nii, et pikaajalise elaniku staatuse andmisest keeldumise põhjuseks võivad olla avaliku korra ja julgeoleku kaalutlused, vaatamata sellele, et nendes õigusnormides ei ole selgelt ja läbipaistvalt sätestatud, et nimetatud kaalutlused võivad olla keeldumise põhjus? 6. Kas riigisisene õigusnorm ja selle niisugune tõlgendamine riigisiseste kohtute poolt, mis raskendab pikaajalise elaniku staatuse saamist ja hõlbustab ajutise elaniku staatuse saamist, on kooskõlas direktiivi 2003/109 soovitava toime põhimõttega ja eelkõige selle direktiivi artikli 6 lõikega 1?“ Kohtuasi C‑592/19 SI on kolmanda riigi kodanik. Tal on ajutine elamisluba elamiseks Hispaanias, kus ta töötab tähtajatu töölepingu alusel ning on registreeritud sotsiaalkindlustussüsteemis. Juzgado de lo Penal n o 18 de Barcelona (Barcelona 18. kriminaalkohus, Hispaania) 17. oktoobri 2016. aasta otsusega tunnistati ta süüdi avalike dokumentide võltsimises ja talle määrati 30. novembril 2011. aastal toime pandud teo eest 11 kuuline vanglakaristus tingimisi kaheaastase katseajaga alates 17. oktoobrist 2016. SI esitas valitsuse esindusele Barcelonas taotluse pikaajalise elaniku staatuse saamiseks. See taotlus jäeti rahuldamata valitsuse esinduse Barcelonas 30. oktoobri 2017. aasta otsusega eelkõige põhjendusel, et SId on varem kriminaalkorras karistatud. Viimane esitas selle otsuse peale vaide, mis jäeti 13. märtsi 2018. aasta otsusega samuti rahuldamata. SI esitas seejärel 13. märtsi 2018. aasta otsuse peale kaebuse kohtuasjas C‑592/19 eelotsusetaotluse esitanud kohtule. See kohus kordab sisuliselt selgitusi, mille oli esitanud kohtuasjas C‑503/19 eelotsusetaotluse esitanud kohus ja mis on kokku võetud käesoleva kohtuotsuse punktides 19 ja 20. Kohus selgitab, et kui ta peab kohaldama Hispaania õigusnorme, nagu neid on tõlgendatud käesoleva kohtuotsuse punktis 20 nimetatud Tribunal Supremo (kõrgeim kohus) kohtuotsuses, ei saa ta hinnata SI isiklikku olukorda ja seda, kuidas ta on lõimunud Hispaanias, talle käesoleva kohtuotsuse punktis 26 nimetatud Juzgado de lo Penal n o 18 de Barcelona (Barcelona 18. kriminaalkohus) otsusega määratud karistuse täitmise seisu, toime pandud süütegu või muid asjaolusid, sest tegemist on varasema kriminaalkaristusega, mida ei ole asjaomase isiku karistusregistrist kustutatud. Kuid see kohus kahtleb, kas selline lähenemine on kooskõlas liidu õigusega ja eelkõige direktiiviga 2003/109. Neil asjaoludel otsustas Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 5 de Barcelona (Barcelona 5. halduskohus, Hispaania), kes on eelotsusetaotluse esitanud kohus kohtuasjas C‑592/19, samuti menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse: „Kas direktiivi 2003/109 [artiklit] 4 ja [artikli] 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et mis tahes laadi varasem kriminaalkaristus on piisav põhjus pikaajalise elaniku staatuse andmisest keeldumiseks, ilma et oleks vaja hinnata riigis elamise kestust ja sidemete olemasolu elukohariigiga?“ Eelotsuse küsimuste analüüs Kuivõrd kohtuasjas C‑503/19 eelotsusetaotluse esitanud kohus viitas oma esimeses, kolmandas ja neljandas küsimuses direktiivi 2003/109 artiklile 17, siis selles osas tuleb kõigepealt täpsustada, et see artikkel, mis kuulub direktiivi III peatükki „Elamine teistes liikmesriikides“, puudutab kolmanda riigi sellise kodaniku olukorda, kellele on antud ühes liikmesriigis pikaajalise elaniku staatus ja kes soovib elada teises liikmesriigis. Järelikult ei ole see artikkel asjakohane põhikohtuasjade aluseks olnud olukorras, milles kolmanda riigi kodanikule keeldus pikaajalise elaniku staatuse andmisest liikmesriik, mille territooriumil asjaomane isik on vahetult enne taotluse esitamist elanud seaduslikult ja pidevalt viis aastat. Järgnevalt tuleb märkida, et nende küsimustega, mida tuleb arutada koos, soovivad eelotsusetaotluse esitanud kohtud sisuliselt teada, kas direktiivi 2003/109 artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, nagu neid on tõlgendanud selle riigi teatavad kohtud ja milles on ette nähtud, et kolmanda riigi kodanikule võib keelduda selles liikmesriigis pikaajalise elaniku staatuse andmisest üksnes põhjendusega, et teda on varem kriminaalkorras karistatud, uurimata konkreetselt tema olukorda ja eelkõige selle kodaniku toimepandud süüteo laadi, temast avalikule korrale ja julgeolekule tuleneda võivat ohtu, liikmesriigis elamise kestust ja sidemete olemasolu selle riigiga. Selle kohta tuleb kõigepealt meelde tuletada, et direktiivi 2003/109 artikli 6 lõike 1 esimeses lõigus on liikmesriikidele ette nähtud võimalus keelduda pikaajalise elaniku staatuse andmisest avalikust korrast ja julgeolekust tulenevatel põhjustel, kuid see ei ole kohustus. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika järgi tuleb aga õiguskindluse nõude täitmiseks rakendada direktiivi sätteid vaieldamatu sunnijõuga ning nõutava konkreetsuse, täpsuse ja selgusega (11. septembri 2014. aasta kohtuotsus komisjon vs. Portugal, C‑277/13 , EU:C:2014:2208 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Eeltoodust tuleneb, et liikmesriik peab direktiivi 2003/109 artikli 6 lõike 1 esimese lõigu korrektseks rakendamiseks oma riigisiseses õiguses ette nägema võimaluse keelduda kolmanda riigi kodanikule pikaajalise elaniku staatuse andmisest avalikust korrast ja julgeolekust tulenevatel põhjustel, tehes seda nõutava konkreetsuse, täpsuse ja selgusega, et see oleks kooskõlas õiguskindluse nõudega. Järelikult peavad eelotsusetaotluse esitanud kohtud, kes on ELTL artiklis 267 ette nähtud menetluses ainsana pädevad tõlgendama riigisisest õigust (vt selle kohta 16. juuni 2015. aasta kohtuotsus Gauweiler jt, C‑62/14 , EU:C:2015:400 , punkt , ning 21. novembri 2018. aasta kohtuotsus De Diego Porras, C‑619/17 , EU:C:2018:936 , punkt ), kontrollima seda, kas Hispaania õiguses on säte, millel on käesoleva kohtuotsuse eelmises punktis nimetatud tunnused. Mis puudutab küsimust, kas sellises sättes võib ette näha, et ainuüksi asjaomase isiku varasemast kriminaalkaristusest piisab, et keelduda talle avalikust korrast või julgeolekust tulenevalt pikaajalise elaniku staatuse andmisest, siis direktiivi 2003/109 artikli 6 lõike 1 teise lõigu sõnastusest endast nähtub, et sellise keeldumise puhul tuleb arvesse võtta ja kaaluda teatud hulka tegureid, nimelt esiteks asjaomase isiku toime pandud süüteo raskust või laadi, temast avalikule korrale ja julgeolekule tulenevat ohtu, ning teiseks vastuvõtvas liikmesriigis elamise kestust ja võimalikke sidemeid selle liikmesriigiga. Kõigi nende tegurite arvesse võtmiseks tuleb iga üksikjuhtumit eraldi hinnata, mis välistab, et asjaomasele isikule võidakse keelduda pikaajalise elaniku staatuse andmisest ainuüksi põhjusel, et teda on varem kriminaalkorras karistatud ükskõik mis laadi teo eest. Selline direktiivi 2003/109 artikli 6 lõike 1 tõlgendus on kinnitust leidnud Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikas, mille kohaselt võib avaliku korra või julgeoleku kaalutlustel meetmeid võtta üksnes siis, kui pärast juhtumipõhist hindamist liikmesriigi pädevate ametiasutuste poolt on tõendatud, et asjaomase isiku isiklik käitumine kujutab endast vastaval ajahetkel tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu, mis kahjustab mõnd ühiskonna põhihuvi (2. mai 2018. aasta kohtuotsus K. ja H. F. (elamisõigus ja väidetavad sõjakuriteod), C‑331/16 ja C‑366/16 , EU:C:2018:296 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Seega otsustati seoses direktiivi 2003/109 artikli 12 lõikega 3, mille sõnastus on väga sarnane selle direktiivi artikli 6 lõike 1 teise lõiguga, et pikaajalisest elanikust kolmanda riigi kodaniku väljasaatmise otsust ei saa teha ainuüksi seetõttu, et sellele isikule mõisteti üle üheaastane vangistus (7. detsembri 2017. aasta kohtuotsus López Pastuzano, C‑636/16 , EU:C:2017:949 , punkt ). Eeltoodust tuleneb, et liikmesriigi pädevad asutused ei saa automaatselt asuda seisukohale, et kolmanda riigi kodanikule tuleb keelduda pikaajalise elaniku staatuse andmisest avalikust korrast tulenevatel põhjustel kooskõlas direktiivi 2003/109 artikli 6 lõikega 1 ainuüksi asjaolu tõttu, et teda on kriminaalkorras süüdi mõistetud (vt analoogia alusel 12. detsembri 2019. aasta kohtuotsus G. S. ja V. G. (oht avalikule korrale), C‑381/18 ja C‑382/18 , EU:C:2019:1072 , punkt ). Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvestades tuleb esitatud küsimustele vastata, et direktiivi 2003/109 artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, nagu neid on tõlgendanud osa selle riigi kohtuid ja milles on ette nähtud, et kolmanda riigi kodanikule võib keelduda selles liikmesriigis pikaajalise elaniku staatuse andmisest üksnes põhjendusega, et teda on varem kriminaalkorras karistatud, uurimata konkreetselt tema olukorda ja eelkõige selle kodaniku toimepandud süüteo laadi, temast avalikule korrale ja julgeolekule tuleneda võivat ohtu, liikmesriigis elamise kestust ja sidemete olemasolu selle riigiga. Kohtukulud Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (neljas koda) otsustab: Nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, nagu neid on tõlgendanud osa selle riigi kohtuid ja milles on ette nähtud, et kolmanda riigi kodanikule võib keelduda selles liikmesriigis pikaajalise elaniku staatuse andmisest üksnes põhjendusega, et teda on varem kriminaalkorras karistatud, uurimata konkreetselt tema olukorda ja eelkõige selle kodaniku toimepandud süüteo laadi, temast avalikule korrale ja julgeolekule tuleneda võivat ohtu, liikmesriigis elamise kestust ja sidemete olemasolu selle riigiga. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: hispaania.

62009TJ0152

sk

Žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. februára 2009 (vec R 1661/2007‑4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Bernhardom Rintischom a Valfleuri Pâtes alimentaires SA Výrok 1. Žaloba sa zamieta. 2. Bernhard Rintisch je povinný nahradiť trovy konania.

61988CJ0244

de

1 Die Usines coopératives de déshydratation du Vexin und acht weitere Firmen, die Trockenfutter herstellen, haben mit Klageschrift, die am 1 . September 1988 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, gemäß Artikel 173 Absatz 2 EWG-Vertrag Klage erhoben auf Nichtigerklärung der Verordnung Nr . 1910/88 der Kommission vom 30 . Juni 1988 über die Aussetzung der Vorausfestsetzung der Beihilfe für Trockenfutter ( ABl . L 168, S . 111 ). 2 Die Klägerinnen beantragten am 28 ., 29 . und 30 . Juni 1988 bei der französischen Interventionsstelle, der Société interprofessionnelle des oléagineux protéagineux et cultures textiles ( SIDO ), die Ausstellung von Bescheinigungen über die Vorausfestsetzung der Beihilfe für verschiedene Mengen Trockenfutter . 3 Nach Artikel 9 der Verordnung Nr . 1528/78 der Kommission vom 30 . Juni 1978 über Durchführungsbestimmungen zur Beihilferegelung für Trockenfutter ( ABl . L 179, S . 10 ) in der durch die Verordnung Nr . 3074/78 vom 21 . Dezember 1978 ( ABl . L 367, S . 1 ) geänderten Fassung hätten diese Bescheinigungen an dem dem Tag der Antragstellung folgenden dritten Werktag, also am Freitag, dem 1 . Juli, Montag, dem 4 . Juli, und Dienstag, dem 5 . Juli 1988 ausgestellt werden müssen, sofern während dieser Zeit keine Sondermaßnahmen ergriffen worden waren . 4 Während dieser Wartefrist erließ die Kommission die angefochtene Verordnung, mit der die Vorausfestsetzung der Beihilfe in der Zeit vom 1 . bis 7 . Juli 1988 ausgesetzt wurde . Die Kommission ergriff diese Maßnahme, weil sie der Ansicht war, daß die am 28 ., 29 . und 30 . Juni 1988 eingereichten Anträge auf Vorausfestsetzung anomal grosse Mengen beträfen . Nach Auffassung der Kommission war diese Situation durch das Bestreben der Erzeuger zu erklären, noch in den Genuß der Beihilfe zu dem im Juni geltenden Betrag zu gelangen, da wegen des Anstiegs des Weltmarktpreises für Trockenfutter eine deutliche Kürzung des Beihilfebetrags im Juli vorhersehbar war . Diese Kürzung trat dann tatsächlich ein . 5 Die SIDO lehnte unter Berufung auf die streitige Verordnung die von den Klägerinnen eingereichten Anträge auf Bescheinigungen mit Vorausfestsetzung ab . 6 Diese erhoben gegen die Entscheidungen der SIDO Klage beim Tribunal administratif Paris . Sie haben ausserdem beim Gerichtshof die vorliegende Klage auf Nichtigerklärung der Verordnung eingereicht, mit der die Vorausfestsetzung ausgesetzt wurde . 7 Die Kommission hat gemäß Artikel 91 § 1 der Verfahrensordnung eine Einrede der Unzulässigkeit erhoben und beantragt, vorab über diese Einrede zu entscheiden . 8 Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts, der anwendbaren Rechtsvorschriften sowie des Parteivorbringens wird auf den Sitzungsbericht verwiesen . Der Akteninhalt ist im folgenden nur insoweit wiedergegeben, als die Begründung des Urteils dies erfordert . 9 Die Kommission führt aus, daß die Klage unzulässig sei, weil die angefochtene Verordnung die Klägerinnen nicht im Sinne von Artikel 173 Absatz 2 EWG-Vertrag individuell betreffe . Sie habe nämlich Rechtswirkungen nicht nur gegenüber den Unternehmen entfalten können, deren Anträge im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Aussetzung anhängig gewesen seien, sondern auch gegenüber all denen, die in der Zeit, in der die Vorausfestsetzung ausgesetzt gewesen sei, Anträge hätten stellen können . Die letztgenannten Unternehmen seien im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verordnung nicht bestimmbar gewesen . Diese stelle somit sehr wohl eine Maßnahme mit allgemeiner Geltung dar . 10 Die Klägerinnen räumen ein, daß die angefochtene Verordnung auch für Anträge auf Bescheinigungen mit Vorausfestsetzung gegolten habe, die in der Zeit vom 1 . bis 7 . Juli 1988 hätten gestellt werden können . Die Kommission habe jedoch die streitige Verordnung nicht erlassen, um diese Anträge scheitern zu lassen . Auch wenn nämlich während des Aussetzungszeitraums Anträge gestellt worden wären, so hätten sie doch keinen spekulativen Charakter besessen, denn der Betrag der Beihilfe sei Anfang Juli stark gekürzt worden . Die angefochtene Verordnung sei dagegen nur zu dem Zweck erlassen worden, die Ausstellung der Bescheinigungen zu verhindern, für die Anträge anhängig gewesen seien, da die Kommission diese Anträge als spekulativ erachtet habe . Die angefochtene Verordnung habe somit die Rechtsposition eines streng abgegrenzten Personenkreises regeln sollen, nämlich der Unternehmen, deren Anträge auf Vorausfestsetzung im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Aussetzung anhängig gewesen seien . 11 Es ist daran zu erinnern, daß Artikel 173 Absatz 2 EWG-Vertrag die Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen eine Verordnung durch eine natürliche oder juristische Person davon abhängig macht, daß diese Verordnung in Wirklichkeit eine Entscheidung darstellt, die diese Person unmittelbar und individuell betrifft . 12 Eine Verordnung über die Aussetzung der Vorausfestsetzung betrifft sowohl die Anträge, die vor Inkrafttreten der Aussetzung eingereicht wurden, als auch die während des Aussetzungszeitraums eingereichten Anträge ( Urteil vom 25 . März 1982 in der Rechtssache 45/81, Moksel, Slg . 1982, 1129, Randnr . 17; Urteil vom 27 . Oktober 1983 in der Rechtssache 276/82, De beste boter, Slg . 1983, 3331, Randnr . 16 ). Im vorliegenden Fall war es nicht ausgeschlossen, daß Anträge auf Bescheinigungen mit Vorausfestsetzung während des Zeitraums der Aussetzung der Vorausfestsetzung eingereicht wurden . Denn die Befürchtung, daß im August eine neue Kürzung der Beihilfe erfolgen würde, konnte die Erzeuger dazu veranlassen, bereits Anfang Juli Anträge auf Vorausfestsetzung zu stellen . Hätte es ferner in der Absicht der Kommission gelegen, wie die Klägerinnen ausführen, nur die Ausstellung der Bescheinigungen zu verhindern, für die Anträge anhängig waren, so hätte sie sich darauf beschränken können, die Vorausfestsetzung für die Zeit vom 1 . bis 5 . Juli auszusetzen, anstatt, wie sie es getan hat, vom 1 . bis 7 . Juli auszusetzen . 13 Somit gilt die angefochtene Verordnung für objektiv bestimmte Situationen und erzeugt Rechtswirkungen gegenüber abstrakt umschriebenen Personengruppen . Sie hat somit allgemeine Geltung im Sinne von Artikel 189 Absatz 2 EWG-Vertrag und kann die Klägerinnen nicht individuell im Sinne von Artikel 173 Absatz 2 EWG-Vertrag betreffen . 14 Nach allem ist die Klage als unzulässig abzuweisen . Kostenentscheidung Kosten 15 Gemäß Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur Tragung der Kosten zu verurteilen . Da die Klägerinnen mit ihrer Klage unterlegen sind, sind ihnen die Kosten gesamtschuldnerisch aufzuerlegen . Tenor Aus diesen Gründen hat DER GERICHTSHOF ( Erste Kammer ) für Recht erkannt und entschieden : 1 ) Die Klage wird als unzulässig abgewiesen . 2 ) Die Klägerinnen tragen die Kosten als Gesamtschuldner .

62008TJ0182

et

Komisjoni poolt EÜ artikli 238 alusel esitatud hagi, milles palutakse kohustada kostjat maksma tagasi ühenduse poolt lepingu BU 183/95 UK/AT kohaselt ettemaksuna tasutud ettemaks koos intressiga. Resolutsioon 1. Mõista Atlantic Energy LTd‑lt Euroopa Ühenduste Komisjoni kasuks välja 226 010 eurot, millele lisandub lepingu BU 183/95 UK/AT üldsätete artiklis 23.1 ette nähtud intress esiteks ajavahemiku eest 1. juuni 1996 kuni 28. veebruar 2002 ja teiseks ajavahemiku eest 16. juuli 2002 kuni 31. mai 2008, ja millest arvatakse maha 3610,33 eurot, kusjuures lõplikult tasumisele kuuluvale summale lisandub eespool viidatud punktis 23.1 ette nähtud intress ajavahemiku eest 1. juuni 2008 kuni võlgnevuse lõpliku tasumiseni. 2. Mõista kohtukulud välja Atlantic Energy LTd‑lt.

62017CJ0060

da

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 1, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter ( EFT 2001, L 82, s. 16 ). Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Ángel Somoza Hermo og Ilunión Seguridad SA på den ene side og Esabe Vigilancia SA og Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) på den anden side vedrørende betalingen til Ángel Somoza Hermo af udestående løn og supplerende sociale ydelser for årene 2010-2012. Retsforskrifter EU-retten Direktiv 2001/23 udgør kodificeringen af Rådets direktiv 77/187/EØF af 14. februar 1977 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter ( EFT 1977, L 61, s. 26 ), som ændret ved Rådets direktiv 98/50/EF af 29. juni 1998 ( EFT 1998, L 201, s. 88 ). Tredje betragtning til direktiv 2001/23 har følgende ordlyd: »Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser til beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af ny indehaver især for at sikre varetagelsen af deres rettigheder.« I ottende betragtning til dette direktiv anføres: »Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden skulle begrebet overførsel afklares på baggrund af Domstolens retspraksis. Denne afklaring ændrer ikke anvendelsesområdet for direktiv 77/187/EØF som fortolket af Domstolen.« Artikel 1, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2001/23 bestemmer: »a) Dette direktiv finder anvendelse på overførsel af en virksomhed eller bedrift eller af en del af en virksomhed eller bedrift til en anden indehaver som følge af en overdragelse eller fusion. b) Som overførsel i henhold til dette direktiv anses overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, forstået som en helhed af midler, der er organiseret med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet, uanset om den er væsentlig eller accessorisk, jf. dog litra a) og de følgende bestemmelser i denne artikel.« Artikel 3 i direktiv 2001/23 har følgende ordlyd: »1.   Overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, som bestod på tidspunktet for overførslen, overgår som følge af denne overførsel til erhververen. Medlemsstaterne kan bestemme, at overdrageren og erhververen efter datoen for overførslen hæfter solidarisk for forpligtelser, der er opstået inden datoen for overførslen som følge af en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, der bestod på datoen for overførslen. […] 3.   Efter overførslen skal erhververen opretholde de løn- og arbejdsvilkår, som ifølge en kollektiv overenskomst gjaldt for overdrageren, indtil den kollektive overenskomst opsiges eller udløber, eller en anden kollektiv overenskomst træder i kraft eller får virkning. Medlemsstaterne kan begrænse den periode, hvori løn- og arbejdsvilkårene skal opretholdes, idet den dog ikke kan være kortere end ét år. a) Medmindre medlemsstaterne bestemmer andet, finder stk. 1 og 3 ikke anvendelse på arbejdstageres ret til ydelser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller ydelser til efterladte i henhold til supplerende faglige eller tværfaglige forsikringsordninger, der findes ud over medlemsstaternes lovbestemte sociale sikringsordninger. b) Selv når medlemsstaterne ikke i henhold til litra a) bestemmer, at stk. 1 og 3 finder anvendelse på sådanne rettigheder, træffer de nødvendige foranstaltninger for at beskytte arbejdstagernes interesser og de personers interesser, som allerede har forladt overdragerens bedrift på tidspunktet for overførslen, for så vidt angår helt eller delvis erhvervet ret til ydelser i forbindelse med alderdom, herunder ydelser til efterladte, i henhold til supplerende faglige eller tværfaglige forsikringsordninger som omhandlet i litra a).« Dette direktivs artikel 8 bestemmer: »Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at anvende eller indføre love eller administrative bestemmelser, der er mere gunstige for arbejdstagerne, eller at fremme eller tillade anvendelsen af overenskomstmæssige bestemmelser, der er mere gunstige for arbejdstagerne.« Spansk ret De regler, der finder anvendelse på arbejdstagerne i tilfælde af overførsel af økonomiske enheder, er fastsat i Real Decreto Legislativo 1/1995 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (kongeligt lovdekret nr. 1/1995 om godkendelse af lovbekendtgørelse af lov om arbejdstageres rettigheder) af 24. marts 1995 (BOE nr. 75 af 29.3.1995, s. 9654), som affattet ved lov nr. 12/2001 af 9. juli 2001 (BOE nr. 164 af 10.7.2001, s. 24890, herefter »lov om arbejdstageres rettigheder«). Artikel 44 i lov om arbejdstageres rettigheder bestemmer: »1.   Overførslen af en virksomhed, af et erhvervscenter eller af en selvstændig produktionsenhed i denne virksomhed medfører ikke i sig selv, at ansættelsesforholdet ophører, idet den nye arbejdsgiver indtræder i den tidligere arbejdsgivers rettigheder og forpligtelser i henhold til arbejdskontrakten og på området for den sociale sikringsordning, herunder de aftaler, der er indgået med hensyn til pension, under de betingelser, der er fastsat i den særlige lovgivning, som finder anvendelse, og generelt i alle de forpligtelser vedrørende supplerende social sikring, som påhviler overdrageren. 2.   Med henblik på denne artikel anses det for en overførsel af en virksomhed, når overførslen vedrører en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, forstået som en helhed af midler, der er organiseret med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet, uanset om den er væsentlig eller accessorisk. 3.   Med forbehold af bestemmelserne i lovgivningen om social sikring hæfter overdrageren og erhververen i forbindelse med overførsler, der finder sted for handlinger i levende live, solidarisk i en periode på tre år for de forpligtelser, der udspringer af arbejdskontrakten forud for overførslen, og som ikke er blevet opfyldt.« Artikel 14 i Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad (den statslige kollektive overenskomst for private vagtselskaber, BOE nr. 99 af 25.4.2013, s. 31668, herefter »den kollektive overenskomst for vagtselskaber«) bestemmer: »Henset til de aktivitetens særlige egenskaber og omstændigheder, der kræver, at arbejdstagerne kan bevæge sig fra én stilling til en anden, tilsigter denne bestemmelse at sikre stabiliteten i ansættelsen for arbejdstagerne i denne branche, men ikke stabilitet i selve stillingen, på grundlag af følgende gennemførelsesforskrift, der finder anvendelse på overvågningstjenester, sikkerhedssystemer, personbeskyttelse og personlige vagttjenesteydelser på landet: A) Gennemførelsesforskrift Når en virksomhed ophører med at være tilslagsmodtagende virksomhed for tjenesteydelser, der leveres til en offentlig eller privat kunde, på grund af opsigelse af kontrakten om levering af tjenesteydelser, uanset af hvilken grund, er den nye tilslagsmodtagende virksomhed under alle omstændigheder forpligtet til at overtage kontrakterne for de arbejdstagere, som er tilknyttet denne kontrakt og dette arbejdssted, uanset disses kontraktform og/eller ansættelsesstatus, for så vidt som der for de arbejdstagere, der er berørt af den nævnte kontrakt, bevises en faktisk anciennitet på minimum syv måneder umiddelbart forud for den dato, hvor kontrakten overtages, hvilken periode omfatter lovligt fravær for den ansatte i den overtagne tjenestegren, jf. artikel 45, 46 og 50 i nærværende kollektive overenskomst, situationer med midlertidig uarbejdsdygtighed og disciplinære suspensioner, uanset årsagen, med udtrykkelig undtagelse af den orlov uden løn, der er fastsat i artikel 48, bortset fra de arbejdstagere, der er ansat med henblik på udførelse af en bestemt opgave eller levering af en bestemt ydelse. […] B) Forpligtelser, som påhviler virksomheder, der indstiller leveringen af tjenesteydelser, og den tilslagsmodtagende virksomhed B.1 Virksomhed, der ophører med at være tilslagsmodtagende virksomhed: den virksomhed, der indstiller leveringen af tjenesteydelser: […] 3.   skal sikre og er alene ansvarlig for: a) betalinger og ydelser, der er forbundet med udførelsen af arbejdet, indtil den ophører med at være tilslagsmodtagende virksomhed, og b) afvikling i enhver henseende, herunder ferie, eftersom subrogationen for den nye tilslagsmodtagende virksomhed kun medfører en forpligtelse til at opretholde de berørte arbejdstageres beskæftigelse.« Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål Ángel Somoza Hermo arbejdede som sikkerhedsvagt hos Esabe Vigilancia, der var den tilslagsmodtagende virksomhed for overvågningstjenesten ved Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela (pilgrimsmuseet i Santiago de Compostela, Spanien), som henhører under Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia (kulturministeriet i Galicien, Spanien). Den 16. oktober 2012 blev denne overvågningstjeneste tildelt Vigilancia Integrada, SA (herefter »VINSA«), nu Ilunión Seguridad, som fra denne dato overtog forpligtelserne i henhold til arbejdskontrakterne for arbejdstagerne i den tidligere tilslagsmodtagende virksomhed for den nævnte tjenesteydelse, herunder Ángel Somoza Hermos arbejdskontrakt. I denne henseende tilkendegav VINSA over for Ángel Somoza Hermo, at de udestående beløb for så vidt angik den udestående løn og de supplerende sociale ydelser, som Esabe Vigilancia havde tildelt for årene 2010-2012, ifølge den kollektive overenskomst for vagtselskaber skulle udbetales af Esabe Vigilancia. Da disse to virksomheder nægtede at betale de krævede beløb til Ángel Somoza Hermo, anlagde sidstnævnte sag ved Juzgado de lo Social n o 3 de Santiago de Compostela (arbejdsret nr. 3 i Santiago de Compostelas, Spanien) med påstand om betaling af disse beløb. Denne ret tog denne påstand delvist til følge og pålagde Esabe Vigilancia og VINSA in solidum at betale de skyldige beløb, som retten ikke anså for at være forældede, på grundlag af artikel 44, stk. 1, i lov om arbejdstageres rettigheder. VINSA har iværksat appel af den nævnte rets dom ved Tribunal Superior de Justicia de Galicia (øverste regionale domstol i Galicien, Spanien), idet VINSA har gjort gældende, at den anvendelige bestemmelse ikke er artikel 44 i lov om arbejdstageres rettigheder, men artikel 14 i den kollektive overenskomst for vagtselskaber, der forpligter den tilslagsmodtagende virksomhed til at indtræde i den overdragende virksomheds rettigheder og forpligtelser, der følger af arbejdskontrakter. Virksomheden har gjort gældende, at denne subrogation alene forpligter den til at overtage forpligtelserne i arbejdskontrakter fra tidspunktet for tildelingen af kontrakten, og fritager den for ansvar for så vidt angår tidligere forpligtelser. Ángel Somoza Hermo har ligeledes iværksat appel af den nævnte dom ved Tribunal Superior de Justicia de Galicia (øverste regionale domstol i Galicien) vedrørende de påstande om betaling af de udestående lønningsbeløb, som han ikke fik medhold i. Den forelæggende ret har anført, at Tribunal Supremo (øverste domstol, Spanien) i en dom af 7. april 2016 fastslog, at artikel 14 i den kollektive overenskomst for vagtselskaber omhandler den tidsmæssige succession af to virksomheder, der skal levere en privat sikkerhedstjenesteydelse. Denne succession omfatter erhververens obligatoriske overtagelse af den tidligere virksomheds arbejdstagere. Ifølge den nævnte dom sker subrogationen således ikke i henhold til artikel 44 i lov om arbejdstageres rettigheder, når kontrahenterne succederer hinanden, hvis der ikke er sket en overførsel af aktiver eller en overførsel af personale, i de brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten. I sådanne tilfælde sker subrogationen således i henhold til den anvendelige kollektive overenskomst. Overtagelsen af den tidligere virksomheds arbejdstagere svarer således ikke til den situation, hvor personale overføres som følge af, at det nye kontraherende selskab frivilligt overtager størstedelen af de arbejdstagere, der leverede de pågældende tjenesteydelser. Tværtimod er overførslen af personale i disse tilfælde resultatet af en efterlevelse af bestemmelserne i den anvendelige kollektive overenskomst. Den nye kontraherende virksomhed kunne nemlig have tildelt sit eget personale de pågældende tjenesteydelser, men den er imidlertid ifølge den kollektive overenskomst forpligtet til at overtage de arbejdstagere, som den tidligere kontraherende virksomhed havde tildelt disse tjenesteydelser. Tribunal Supremo (øverste domstol) er af den opfattelse, at Domstolens praksis i dom af 24. januar 2002, Temco ( C-51/00 , EU:C:2002:48 ), ikke er til hinder for denne konklusion, eftersom den subrogation, der pålægges ved den kollektive overenskomst for vagtselskaber, ikke følger af en situation, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2001/23 eller af artikel 44 i lov om arbejdstageres rettigheder. Forholdet mellem artikel 44 i lov om arbejdstageres rettigheder og artikel 14 i den kollektive overenskomst for vagtselskaber er nemlig et forhold, der er karakteriseret derved, at disse bestemmelser supplerer hinanden, eller at de eksisterer fredeligt side om side, eftersom overenskomstbestemmelsen, som regulerer en anden situation, tilfører en forbedring, idet den anvender en af de virkninger, der er fastsat i lovbestemmelsen. Den forelæggende ret ønsker således nærmere bestemt oplyst, om en subrogation mellem virksomheder i forbindelse med en aktivitet, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del, som sker efter en overførsel af en kontrakt om tjenesteydelser i henhold til en kollektiv overenskomst, der bestemmer, at den erhvervende virksomhed er forpligtet til at overtage den tidligere tilslagsmodtagende virksomheds personale, er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2001/23. Såfremt det er tilfældet, ønsker denne ret oplyst, om en bestemmelse i den anvendelige kollektive overenskomst, der udelukker et solidarisk ansvar for overdrageren og erhververen for så vidt angår overholdelsen af kontraktlige forpligtelser, der udspringer af arbejdskontrakter, før datoen for overførslen af den omhandlede tjenesteydelse, er i overensstemmelse med dette direktivs artikel 3, stk. 1. På denne baggrund har Tribunal Superior de Justicia de Galicia (øverste regionale domstol i Galicien) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »1) Finder artikel 1, stk. 1, i […] direktiv 2001/23[…] anvendelse, når en virksomhed indstiller leveringen af [tjenesteydelser til] en kunde […] ved opsigelse af kontrakten om levering af tjenesteydelser, hvor [arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten] (overvågning af faciliteterne), og den nye tilslagsmodtager, der [bliver] tildelt tjenesten, overtager en [væsentlig] del af de beskæftigede ansatte, når indtrædelsen i de pågældende [arbejds-]kontrakter foretages i overensstemmelse med den kollektive overenskomst [for vagtselskaber]? 2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, [spørges:] Hvis det ifølge den af medlemsstaten vedtagne lovgivning med henblik på at gennemføre direktivet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/23[…] gælder, at overdrageren og erhververen efter datoen for overførslen hæfter solidarisk for forpligtelser – herunder i forbindelse med løn – der er opstået inden datoen for overførslen som følge af en arbejdskontrakt [før] […] datoen for overførslen, er en fortolkning, hvorefter solidarisk hæftelse for tidligere forpligtelser ikke gælder, når størstedelen af de ansatte blev overtaget af den nye kontrahent som følge af bestemmelserne i [den] kollektive overenskomst [for vagtselskaber], og ordlyden af denne overenskomst udelukker solidarisk hæftelse for forpligtelser forud for overførslen, da i overensstemmelse med […] [det nævnte direktivs] artikel 3, stk. 1?« Om de præjudicielle spørgsmål Det første spørgsmål Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 1, stk. 1, i direktiv 2001/23 skal fortolkes således, at dette direktiv finder anvendelse i en situation, hvori en ordregiver opsiger en kontrakt om levering af overvågningstjenesteydelser indgået med en virksomhed og med henblik på udførelsen af denne ydelse indgår en ny kontrakt med en anden virksomhed, der i medfør af en kollektiv overenskomst overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som den første virksomhed beskæftigede med at udføre den nævnte ydelse, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af den pågældende aktivitet. Ifølge ordlyden af artikel 1, stk. 1, litra a), i direktiv 2001/23 finder dette direktiv anvendelse på overførsel af en virksomhed eller bedrift eller af en del af en virksomhed eller bedrift til en anden indehaver som følge af en overdragelse eller fusion. I denne henseende fremgår det af fast retspraksis, at rækkevidden af denne bestemmelse ikke alene kan bedømmes på grundlag af en fortolkning med udgangspunkt i ordlyden. Som følge af forskellene mellem de sproglige versioner af direktivet og forskellene mellem de nationale lovgivninger med hensyn til begrebet overdragelse har Domstolen anlagt en fortolkning af dette begreb, der er tilstrækkeligt smidig til at tilgodese direktivets formål, således som det fremgår af tredje betragtning, nemlig at beskytte arbejdstagerne ved overførsel til ny indehaver (dom af 20.1.2011, CLECE, C-463/09 , EU:C:2011:24 , præmis og deri nævnte retspraksis). Det fremgår nemlig af Domstolens faste praksis, at direktiv 2001/23 finder anvendelse i alle de tilfælde, hvor der som led i et kontraktforhold sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for virksomhedens drift, og som påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for arbejdstagerne i virksomheden. Det er således ikke en forudsætning for, at direktiv 2001/23 finder anvendelse, at der består et direkte kontraktforhold mellem overdrageren og erhververen, og overdragelsen vil kunne finde sted via en tredjemand (dom af 19.10.2017, Securitas, C-200/16 , EU:C:2017:780 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Det følger heraf, at manglen på kontraktforhold mellem to virksomheder, som afløser hinanden i overvågningen af de pågældende faciliteter, ikke påvirker spørgsmålet om, hvorvidt direktiv 2001/23 finder anvendelse på en situation som den i hovedsagen omhandlede (jf. i denne retning dom af 19.10.2017, Securitas, C-200/16 , EU:C:2017:780 , præmis ). Det skal ligeledes bemærkes, at det i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, litra b), i direktiv 2001/23 for at dette direktiv finder anvendelse, gælder, at overførslen skal vedrøre »en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, forstået som en helhed af midler, der er organiseret med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet, uanset om den er væsentlig eller accessorisk«. Med henblik på at fastlægge, om denne betingelse faktisk er opfyldt, skal der tages hensyn til alle de faktiske omstændigheder, som kendetegner den pågældende transaktion, herunder hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om, hvorvidt der er sket en overførsel af materielle aktiver som f.eks. bygninger og løsøre, værdien af de immaterielle aktiver på tidspunktet for overførslen, hvorvidt den nye indehaver har overtaget størstedelen af arbejdsstyrken, om kundekredsen overføres, samt i hvor høj grad aktiviteterne før og efter overførslen er de samme, og hvor længe disse eventuelt har været indstillet. Disse elementer skal vurderes som led i den samlede bedømmelse af omstændighederne i den foreliggende sag og kan følgelig ikke vurderes isoleret (dom af 19.10.2017, Securitas, C-200/16 , EU:C:2017:780 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Domstolen har navnlig fastslået, at den nationale ret ved vurderingen af de faktiske omstændigheder, som kendetegner den pågældende transaktion, bl.a. skal tage hensyn til, hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om (dom af 26.11.2015, Aira Pascual og Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14 , EU:C:2015:781 , præmis , og af 19.10.2017, Securitas, C-200/16 , EU:C:2017:780 , præmis ). Heraf følger, at afvejningen af, hvilken vægt der skal tillægges de forskellige kriterier for, om der i henhold til direktiv 2001/23 er tale om en overførsel, nødvendigvis afhænger af, hvilken type aktivitet der udføres, og hvilke produktions- eller driftsmåder der anvendes i virksomheden, bedriften eller den pågældende del af bedriften (dom af 19.10.2017, Securitas, C-200/16 , EU:C:2017:780 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Domstolen har tidligere udtalt, at en økonomisk enhed navnlig i visse brancher kan fungere uden materielle eller immaterielle aktiver af betydning, og det kan i så fald ikke være afgørende for, om enheden opretholdes efter den pågældende transaktion, at der overdrages sådanne aktiver (dom af 20.1.2011, CLECE, C-463/09 , EU:C:2011:24 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Domstolen har således fastslået, at i visse brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed, og en sådan enhed vil kunne opretholde sin identitet efter en overførsel, når den nye indehaver ikke blot viderefører den hidtidige aktivitet, men også overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos forgængeren specielt udførte denne opgave. I så fald overtager den nye indehaver en organiseret helhed af aktiver, der gør det muligt på stabil måde at fortsætte den overdragende virksomheds aktiviteter eller nogle af disse (dom af 20.1.2011, CLECE, C-463/09 , EU:C:2011:24 , præmis og den deri nævnte retspraksis). En aktivitet, der består i overvågning af et museum som den i hovedsagen omhandlede, der ikke kræver anvendelsen af særlige materialer, kan således anses for en aktivitet, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, og følgelig vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles overvågningsaktivitet, i fravær af andre produktionsfaktorer kunne udgøre en økonomisk enhed. Det er imidlertid nødvendigt, at sidstnævntes identitet opretholdes efter den pågældende operation (jf. analogt dom af 20.1.2011, CLECE, C-463/09 , EU:C:2011:24 , præmis ). I denne henseende fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at VINSA med henblik på at udføre aktiviteterne med overvågning af Pilgrimsmuseet i Santiago de Compostela, der før var betroet Esabe Vigilancia, overtog de arbejdstagere, som sidstnævnte tidligere havde tilknyttet disse aktiviteter. Heraf følger, at identiteten af en økonomisk enhed som den i hovedsagen omhandlede, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, kan være opretholdt, hvis størstedelen af arbejdsstyrken i denne enhed overtages af den angivelige erhverver. Den spanske regering har desuden i sine skriftlige bemærkninger gjort gældende, at selv om VINSA havde pligt til at overtage Esabe Vigilancias personale i henhold til en kollektiv overenskomst, er dette forhold under alle omstændigheder uden betydning for det forhold, at overførslen vedrører en økonomisk enhed. Endvidere må det fremhæves, at formålet med den kollektive overenskomst for vagtselskaber er det samme som formålet med direktiv 2001/23, og at denne kollektive overenskomst for så vidt angår overtagelsen af en del af personalet udtrykkeligt skal dække et nyt udbud som det i hovedsagen omhandlede (jf. i denne retning dom af 24.1.2002, Temco, C-51/00 , EU:C:2002:48 , præmis ). Følgelig skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 1, stk. 1, i direktiv 2001/23 skal fortolkes således, at dette direktiv finder anvendelse i en situation, hvori en ordregiver opsiger en kontrakt om levering af overvågningstjenesteydelser indgået med en virksomhed og med henblik på udførelsen af denne ydelse indgår en ny kontrakt med en anden virksomhed, der i medfør af en kollektiv overenskomst overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som den første virksomhed beskæftigede med at udføre den nævnte ydelse, for så vidt som operationen ledsages af overførslen af en økonomisk enhed mellem de to berørte virksomheder. Det andet spørgsmål Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2001/23 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at overdrageren og erhververen af den berørte økonomiske enhed i henhold til en kollektiv overenskomst udelukkes fra forpligtelsen til at hæfte solidarisk for forpligtelser, herunder lønmæssige forpligtelser, der udspringer af arbejdskontrakter inden overdragelsen af denne enhed. I artikel 3, stk. 1, første afsnit, i direktiv 2001/23 fastsættes princippet om, at overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, som bestod på tidspunktet for overførslen, overgår til erhververen. Artikel 3, stk. 1, andet afsnit, fastslår, at medlemsstaterne kan bestemme, at overdrageren og erhververen efter datoen for overførslen hæfter solidarisk for forpligtelser, der er opstået inden datoen for overførslen i henhold til en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, der bestod på datoen for overførslen. I denne forbindelse fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at artikel 44, stk. 3, i lov om arbejdstageres rettigheder bestemmer, at overdrageren og erhververen i forbindelse med overførsler, der finder sted for handlinger i levende live, hæfter solidarisk i en periode på tre år for de forpligtelser, der udspringer af arbejdskontrakten forud for overførslen, og som ikke er blevet opfyldt. I den kollektive overenskomst for vagtselskaber er der ikke fastsat en sådan solidarisk hæftelse. Den spanske regering har i sine skriftlige bemærkninger gjort gældende, at det andet spørgsmål ligger uden for Domstolens kompetence. Med den formulering, som den forelæggende ret har anvendt, vil dette spørgsmål nemlig ikke føre Domstolen til at foretage en fortolkning af artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2001/23, men til at udtale sig om visse nationale bestemmelsers forenelighed med hinanden. Domstolen er imidlertid ikke kompetent til at udtale sig om foreneligheden af sådanne bestemmelser. Det skal i denne henseende bemærkes, at Domstolens kompetence ifølge fast retspraksis er begrænset til en undersøgelse af de EU-retlige bestemmelser. Det tilkommer den nationale ret at vurdere rækkevidden af de nationale bestemmelser, og hvorledes de skal anvendes (kendelse af 23.5.2011, Rossius og Collard, C-267/10 og C-268/10 , ikke trykt i Sml., EU:C:2011:332 , præmis ). I det foreliggende tilfælde skal det, henset til ordlyden af det nævnte spørgsmål, fastslås, at dette i virkeligheden omhandler en undersøgelse af foreneligheden af en bestemmelse i en kollektiv overenskomst med en national lovbestemmelse. En sådan undersøgelse, der indebærer vurderingen af spørgsmål om hierarkiet af retsnormer i national ret, ligger uden for Domstolens kompetence. Heraf følger, at Domstolen ikke har kompetence til at besvare det andet spørgsmål, der er blevet forelagt af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (øverste regionale domstol i Galicien). Sagsomkostninger Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret: 1) Artikel 1, stk. 1, i Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter skal fortolkes således, at dette direktiv finder anvendelse i en situation, hvori en ordregiver opsiger en kontrakt om levering af overvågningstjenesteydelser indgået med en virksomhed og med henblik på udførelsen af denne ydelse indgår en ny kontrakt med en anden virksomhed, der i medfør af en kollektiv overenskomst overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som den første virksomhed beskæftigede med at udføre den nævnte ydelse, for så vidt som operationen ledsages af overførslen af en økonomisk enhed mellem de to berørte virksomheder. 2) Den Europæiske Unions Domstol har ikke kompetence til at besvare det andet spørgsmål, der er blevet forelagt af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (øverste regionale domstol i Galicien, Spanien) ved afgørelse af 30. december 2016. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: spansk.

62021CJ0162

nl

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 53 van verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB 2009, L 309, blz. 1). Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen twee verenigingen voor de bestrijding van pesticiden en de bevordering van biodiversiteit, te weten Pesticide Action Network Europe ASBL en Nature et Progrès Belgique ASBL, en een imker, TN, enerzijds, en de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, anderzijds, betreffende nationale besluiten tot toelating van, ten eerste, het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van in de Europese Unie verboden werkzame stoffen voor de behandeling van zaaizaad en, ten tweede, de verkoop en het zaaien van met deze middelen behandeld zaad. Toepasselijke bepalingen Richtlijn 2009/128 Artikel 14, lid 1, van richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PB 2009, L 309, blz. 71), bepaalt: „De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om bestrijding met lage pesticideninzet te bevorderen, waarbij zij waar mogelijk voorrang geven aan niet-chemische methoden, zodat professionele gebruikers van pesticiden overschakelen op praktijken en producten die binnen het gehele voor de bestrijding van een bepaald schadelijk organisme ter beschikking staande aanbod het laagste risico voor de gezondheid van de mens en het milieu opleveren. Bestrijding met lage pesticideninzet omvat geïntegreerde gewasbescherming alsmede biologische landbouw [...]”. Verordening nr. 1107/2009 De overwegingen 8, 24, 32 en 33 van verordening nr. 1107/2009 luiden: „(8)      Deze verordening heeft tot doel een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu te waarborgen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de communautaire landbouw te vrijwaren. [...] Het voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en deze verordening dient te waarborgen dat de industrie aantoont dat de stoffen of producten die worden geproduceerd of op de markt worden gebracht geen enkel schadelijk effect op de gezondheid van mens of dier hebben, noch enig onaanvaardbaar effect voor het milieu. [...] (24)      De toelatingsvoorschriften moeten een goede bescherming garanderen. Wanneer toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen worden verleend, moet met name de bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu voorrang hebben op de verbetering van de teelt van planten. Alvorens gewasbeschermingsmiddelen op de markt worden gebracht, moet dan ook worden aangetoond dat zij een duidelijk voordeel inhouden voor de teelt van planten en zij geen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mensen en dieren, met inbegrip van die van kwetsbare groepen, noch onaanvaardbare effecten hebben voor het milieu. [...] (32)      In uitzonderlijke gevallen van een op geen enkele andere redelijke manier te beperken gevaar of bedreiging voor de teelt van planten of voor ecosystemen moeten de lidstaten gewasbeschermingsmiddelen kunnen toelaten die niet aan de voorwaarden van deze verordening voldoen. Dergelijke tijdelijke toelatingen moeten op het niveau van de Gemeenschap worden onderzocht. (33)      De communautaire wetgeving betreffende zaaizaad voorziet in vrij verkeer van zaaizaad in de Gemeenschap, maar bevat geen specifieke bepaling betreffende zaaizaad dat met gewasbeschermingsmiddelen is behandeld. Een dergelijke bepaling dient derhalve in deze verordening te worden opgenomen. Wanneer behandeld zaaizaad een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu, dienen de lidstaten beschermende maatregelen te kunnen nemen.” Artikel 1, leden 3 en 4, van deze verordening bepaalt: „3.      Het doel van deze verordening is een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mensen en dieren en van het milieu te waarborgen en de werking van de interne markt te verbeteren door de regels voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, te harmoniseren en tegelijkertijd de landbouwproductie te verbeteren. 4.      De bepalingen van deze verordening stoelen op het voorzorgsbeginsel teneinde te garanderen dat werkzame stoffen of middelen die op de markt worden gebracht niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren of voor het milieu. [...]” Artikel 2, lid 1, van deze verordening luidt: „Deze verordening is van toepassing op middelen, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, die geheel of gedeeltelijk bestaan uit werkzame stoffen, beschermstoffen of synergisten, en die bestemd zijn voor een van de volgende toepassingen: a)      de bescherming van planten of plantaardige producten tegen alle schadelijke organismen of het verhinderen van de werking van dergelijke organismen, tenzij deze middelen worden beschouwd als middelen die vooral om hygiënische redenen worden gebruikt veeleer dan ter bescherming van planten of plantaardige producten; [...] Deze middelen worden hierna ‚gewasbeschermingsmiddelen’ genoemd.” Artikel 3, punten 5, 9, 10 en 17, van deze verordening luidt als volgt: „Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: [...] 5.      ‚planten’: levende planten en levende delen van planten, met inbegrip van vers fruit, groente en zaden; [...] 9.      ‚op de markt brengen’: het voorhanden hebben met het oog op verkoop binnen de Gemeenschap, met inbegrip van het ten verkoop aanbieden of enige andere vorm van overdracht, al dan niet gratis, alsmede de eigenlijke verkoop, de distributie en andere vormen van overdracht zelf, maar niet het retourneren aan de oorspronkelijke verkoper. Het in het vrije verkeer brengen op het grondgebied van de Gemeenschap geldt in het kader van deze verordening als op de markt brengen; 10.      ‚toelating van een gewasbeschermingsmiddel’: bestuursrechtelijk besluit waarmee de bevoegde instantie van een lidstaat toelaat dat een gewasbeschermingsmiddel op zijn grondgebied op de markt wordt gebracht; [...] 17.      [...] Wat betreft het gebruik in kassen, als behandeling na de oogst, bij de behandeling van lege opslagruimten en de behandeling van zaaizaad moeten onder zone worden verstaan alle in bijlage I gedefinieerde zones”. Artikel 28 van verordening nr. 1107/2009, met als opschrift „Toelating voor het op de markt brengen en het gebruik”, bepaalt in lid 1: „Een gewasbeschermingsmiddel wordt alleen op de markt gebracht of gebruikt wanneer het in de betrokken lidstaat overeenkomstig deze verordening is toegelaten.” Artikel 29 van deze verordening, „Eisen voor de toelating voor het op de markt brengen”, bepaalt in lid 1, onder a): „Onverminderd artikel 50 wordt een gewasbeschermingsmiddel slechts toegelaten indien het overeenkomstig de in lid 6 bedoelde uniforme beginselen aan de volgende eisen voldoet: a)      de werkzame stoffen, beschermstoffen en synergisten die het bevat, zijn goedgekeurd”. In artikel 33 van die verordening, „Aanvraag van een toelating of wijziging van de toelating”, heeft lid 2, onder b), betrekking op de behandeling van zaaizaad. In artikel 40 van deze verordening, betreffende de wederzijdse erkenning van toelatingen, heeft lid 1, onder c), betrekking op de behandeling van zaaizaad. Artikel 49 van verordening nr. 1107/2009, „Het op de markt brengen van behandeld zaaizaad”, luidt: „1.      De lidstaten stellen geen verbod op het op de markt brengen en gebruiken van zaaizaad dat behandeld is met gewasbeschermingsmiddelen die in ten minste een lidstaat voor dat gebruik zijn toegelaten. 2.      Indien er aanmerkelijke bezorgdheid bestaat dat in lid 1 bedoeld behandeld zaaizaad waarschijnlijk een ernstige bedreiging [vormt] voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu, en dat dit risico niet op bevredigende wijze kan worden beperkt door middel van door de betrokken lidstaat/lidstaten genomen maatregelen, worden overeenkomstig de in artikel 79, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure onverwijld maatregelen genomen om de verkoop en/of het gebruik van dit behandelde zaaizaad te beperken of te verbieden. Alvorens deze maatregelen te nemen, onderzoekt de [Europese] Commissie het bewijsmateriaal en kan zij advies van de [Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)] inwinnen. De Commissie kan een termijn vaststellen waarbinnen een dergelijk advies moet worden verstrekt. 3.      De artikelen 70 en 71 zijn van toepassing. 4.      Onverminderd andere communautaire wetgeving betreffende de etikettering van zaaizaad, dienen de begeleidende etiketten en documenten van het behandeld zaaizaad de naam te vermelden van het gewasbeschermingsmiddel waarmee het zaaizaad is behandeld, de naam/namen van de werkzame stof(fen) in dat middel, de standaardwaarschuwingszinnen [...] alsmede de risicobeperkende maatregelen die in voorkomend geval in de toelating van het middel zijn vermeld.” Artikel 53 van deze verordening, „Noodsituaties op het gebied van gewasbescherming”, luidt als volgt: „1.      In afwijking van artikel 28 mag een lidstaat in bijzondere omstandigheden voor een periode van ten hoogste 120 dagen toelaten dat gewasbeschermingsmiddelen op de markt worden gebracht voor beperkt en gecontroleerd gebruik, wanneer deze maatregel nodig blijkt ingevolge een op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar. De betrokken lidstaat brengt de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk op de hoogte van de genomen maatregel en verstrekt gedetailleerde informatie over de situatie en de maatregelen die zijn genomen om de veiligheid van de consumenten te garanderen. [...] 4.       De leden 1 tot en met 3 zijn niet van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen die uit genetisch gemodificeerde organismen zijn samengesteld of zulke organismen bevatten, tenzij een dergelijke introductie overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG [van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PB 2001, L 106, blz. 1)] werd geaccepteerd.” Artikel 66, lid 1, van deze verordening preciseert dat het woord „gewasbeschermingsmiddelen” mag worden vervangen door een nauwkeurigere aanduiding van de productsoort, zoals bijvoorbeeld insecticide. Uitvoeringsverordening 2018/784 De overwegingen 6, 11 en 13 van uitvoeringsverordening (EU) 2018/784 van de Commissie van 29 mei 2018 tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof clothianidine (PB 2018, L 132, blz. 35) luiden als volgt: „(6)      De Commissie heeft [EFSA] geraadpleegd en die heeft op 13 oktober 2016 haar conclusie over de risicobeoordeling voor clothianidine gepresenteerd [...]. [EFSA] stelde voor de meeste gewassen vast dat gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof clothianidine bevatten, een hoog acuut risico voor bijen inhouden. In het bijzonder met betrekking tot blootstelling via stof, heeft [EFSA] gewezen op hoge acute risico’s voor bijen met betrekking tot wintergranen en hoge chronische risico’s voor bijen kunnen niet worden uitgesloten met betrekking tot suikerbieten. Voor de consumptie van residuen in besmette pollen en nectar, zijn hoge acute en chronische risico’s vastgesteld of kan een hoog risico niet worden uitgesloten voor de meeste toepassingen. Chronische en acute risico’s voor bijen zijn ook vastgesteld in de volggewassen voor alle toepassingen. Met betrekking tot woudbomen en -heesters zijn door de aanvragers geen gegevens verstrekt en risico’s voor bijen kunnen derhalve niet worden uitgesloten. Bovendien heeft [EFSA] gewezen op een aantal lacunes in de gegevens. (11)      [...] Rekening houdend met de noodzaak om te zorgen voor een niveau van veiligheid en bescherming in overeenstemming met het hoge niveau van bescherming van de gezondheid van dieren dat wordt nagestreefd binnen de [Europese] Unie, is het passend alle toepassingen buitenshuis te verbieden. Daarom is het wenselijk het gebruik van clothianidine te beperken tot permanente kassen en te eisen dat het verkregen product gedurende de gehele levenscyclus ervan binnen een permanente kas blijft en dus niet buiten wordt herplant. [...] (13)      Rekening houdend met de risico’s voor bijen met betrekking tot behandelde zaden, moet het op de markt brengen en gebruiken van zaad dat behandeld is met gewasbeschermingsmiddelen die clothianidine bevatten, worden onderworpen aan dezelfde beperkingen als het gebruik van clothianidine. Daarom is het passend te bepalen dat zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die clothianidine bevatten, niet in de handel mogen worden gebracht of worden gebruikt tenzij het zaad alleen bestemd is om te worden gebruikt in permanente kassen en het verkregen product in een permanente kas blijft gedurende zijn hele levenscyclus.” Artikel 2 van deze uitvoeringsverordening, met als opschrift „Verbod op het in de handel brengen en het gebruik van behandelde zaden”, bepaalt: „Zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die clothianidine bevatten, mogen niet in de handel worden gebracht of gebruikt, tenzij: a)      de zaden alleen zijn bedoeld voor gebruik in permanente kassen, en b)      het verkregen product in een permanente kas blijft gedurende zijn hele levenscyclus.” Uitvoeringsverordening 2018/785 De formulering van de overwegingen 11 en 13 en artikel 2 van uitvoeringsverordening (EU) 2018/785 van de Commissie van 29 mei 2018 tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof thiamethoxam (PB 2018, L 132, blz. 40) is identiek met die van de overwegingen 11 en 13 en artikel 2 van uitvoeringsverordening 2018/784, met uitzondering van de verwijzing naar de werkzame stof thiamethoxam in plaats van die naar de werkzame stof clothianidine in laatstgenoemde bepalingen. Hoofdgeding en prejudiciële vragen Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, zijn clothianidine en thiamethoxam werkzame stoffen van de neonicotinoïdefamilie, die in de landbouw als insecticiden voor zaadcoating worden gebruikt. Deze in 1991 door de Commissie goedgekeurde stoffen zijn wegens de risico’s voor bijen en rekening houdend met de noodzaak om te zorgen voor een niveau van veiligheid en bescherming dat in overeenstemming is met het hoge niveau van bescherming van de gezondheid van dieren dat binnen de Unie wordt nagestreefd, sinds 2013 onderworpen aan beperkingen, eerst bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011, wat de voorwaarden voor goedkeuring van de werkzame stoffen clothianidine, thiamethoxam en imidacloprid betreft, en houdende een verbod op het gebruik en de verkoop van zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten (PB 2013, L 139, blz. 12), en later bij de uitvoeringsverordeningen 2018/784 en 2018/785. Deze laatste uitvoeringsverordeningen voorzien met name in een verbod op het op de markt brengen en het gebruik van zaaizaad dat met de werkzame stoffen clothianidine en thiamethoxam is behandeld, behalve voor producten die gedurende hun hele levenscyclus in permanente kassen blijven en dus niet buiten worden herplant. Uit het dossier waarover het Hof beschikt, blijkt dat de goedkeuring van clothianidine op 31 januari 2019 is verlopen en die van thiamethoxam op 30 april 2019, aangezien de aanvragers hun respectieve verlengingsaanvragen voor de goedkeuring van deze werkzame stoffen hebben ingetrokken, zodat het gebruik ervan voortaan verboden is in de Unie. Op 19 oktober 2018 hebben de Belgische autoriteiten onder verwijzing naar de afwijkende en tijdelijke regeling van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 tijdelijk toegelaten dat gewasbeschermingsmiddelen die clothianidine („Poncho Beta” – product van Bayer AG) en thiamethoxam („Cruiser 600 FS” – product van Syngenta) bevatten, op de markt werden gebracht met het oog op de behandeling van het zaaizaad van suikerbieten. Bij brieven van 7 december 2018 zijn nog vier andere tijdelijke toelatingen verleend voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, met het oog op het zaaien van zaad dat met deze middelen is behandeld, te weten zaaizaad van suikerbieten, wortelen, sla, witlof, roodlof en groenlof (suikerbrood). Op 21 januari 2019 hebben verzoekers in het hoofdgeding bij de verwijzende rechter beroep ingesteld tot schorsing en nietigverklaring van deze toelatingen. Verzoekers in het hoofdgeding betogen in wezen dat neonicotinoïden steeds meer worden gebruikt via de techniek van zaadcoating, in de zin dat zij in plaats van op het gewas te worden gespoten, preventief op het zaad worden aangebracht, vóór het zaaien. De landbouwers kopen aldus zaaizaad dat reeds is behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, ongeacht of de insecten die door deze middelen moeten worden verdelgd, aanwezig zijn. Volgens verzoekers in het hoofdgeding heeft zowel het Europees Parlement als de Commissie bezorgdheid geuit over het toenemende gebruik door de lidstaten van de in artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 bedoelde afwijking, waardoor in meerdere opeenvolgende jaren op onrechtmatige wijze noodtoelatingen zijn verleend zonder dat er enig gevaar voor de gewassen was aangetoond, met als doel de groei van planten te regelen of de oogst of opslag ervan te vergemakkelijken. Gelet op nieuwe wetenschappelijke gegevens over de toxische effecten van clothianidine en thiamethoxam op bijen, heeft de Commissie de verkoop en de toepassing buitenshuis van zaaizaad met een coating van gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, verboden. Voor de verwijzende rechter stelt de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, met name dat verzoekers in het hoofdgeding niet hebben aangetoond dat de door hen aangevoerde gegevens relevant zijn en dat zij bovendien geen enkel element hebben aangevoerd dat rechtvaardigt dat het gebruik van deze middelen onder de in de betrokken toelatingen gestelde voorwaarden wordt verboden. De verwijzende rechter heeft twijfels zowel over de werkingssfeer van artikel 53 van verordening nr. 1107/2009 als over de omvang van de afwijking waarin deze bepaling voorziet. Daarop heeft de Raad van State (België) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen: „1)      Moet artikel 53 van [verordening nr. 1107/2009] aldus worden uitgelegd dat het een lidstaat toestaat om onder bepaalde voorwaarden toe te laten dat met gewasbeschermingsmiddelen behandeld zaaizaad wordt gebruikt, verkocht of gezaaid? 2)      Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, kan artikel 53 van [verordening nr. 1107/2009] dan worden toegepast op gewasbeschermingsmiddelen die werkzame stoffen bevatten waarvan het op de markt brengen of het gebruik in de Europese Unie beperkt of verboden is? 3)      Vallen onder de in artikel 53 van [verordening nr. 1107/2009] vereiste ,bijzondere omstandigheden’ situaties waarin het intreden van een gevaar niet zeker maar louter aannemelijk is? 4)      Vallen onder de in artikel 53 van [verordening nr. 1107/2009] vereiste ,bijzondere omstandigheden’ situaties waarin het intreden van een gevaar voorzienbaar, gebruikelijk en zelfs cyclisch is? 5)      Moet de in artikel 53 van [verordening nr. 1107/2009] gebruikte uitdrukking ,op geen enkele andere redelijke manier te beheersen’ aldus worden uitgelegd dat, gelet op de bewoordingen van overweging 8 ervan, in deze verordening evenveel belang wordt gehecht aan het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu enerzijds en het vrijwaren van het concurrentievermogen van de communautaire landbouw anderzijds?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Eerste en tweede vraag Met zijn eerste en zijn tweede vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een lidstaat, mits aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan, op grond daarvan mag toelaten dat gewasbeschermingsmiddelen voor de behandeling van zaaizaad op de markt worden gebracht en dat zaaizaad dat met deze middelen is behandeld op de markt wordt gebracht en gebruikt, hoewel het op de markt brengen en het gebruik van met die middelen behandeld zaaizaad bij een uitvoeringsverordening uitdrukkelijk is verboden. Er zij aan herinnerd dat, zoals in de punten 19 en 20 van het onderhavige arrest is gepreciseerd, het op de markt brengen en de toepassing buitenshuis van met gewasbeschermingsmiddelen behandeld zaaizaad dat met name de werkzame stoffen clothianidine en thiamethoxam bevat, waarop de in het hoofdgeding aan de orde zijnde toelatingen betrekking hebben, bij respectievelijk uitvoeringsverordening 2018/784 en uitvoeringsverordening 2018/785 zijn verboden. Meer in het bijzonder bepalen deze uitvoeringsverordeningen in hun respectieve artikel 2 dat zaaizaad dat wordt behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die dergelijke werkzame stoffen bevatten, niet op de markt mag worden gebracht of gebruikt, behalve wanneer het zaaizaad alleen bedoeld is voor gebruik in permanente kassen en wanneer het verkregen product in een permanente kas blijft gedurende zijn hele levenscyclus. Zoals blijkt uit de overwegingen 11 en 13 van die uitvoeringsverordeningen, is een dergelijke beperking van het gebruik van deze werkzame stoffen tot permanente kassen – met als gevolg dat het verkregen product niet buiten wordt herplant – ingegeven door de risico’s die zaaizaad dat is behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, meebrengt voor bijen, en door de noodzaak om te zorgen voor een niveau van veiligheid en bescherming dat in overeenstemming is met het hoge niveau van bescherming van de gezondheid van dieren dat binnen de Unie wordt nagestreefd. De vragen van de verwijzende rechter hebben dus betrekking op de mogelijkheid om het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen voor de behandeling van zaaizaad en het op de markt brengen en het gebruik van met deze middelen behandeld zaaizaad toe te laten in afwijking van een uitdrukkelijke verbodsmaatregel die is vastgesteld op grond van artikel 49, lid 2, van verordening nr. 1107/2009. Meteen moet worden benadrukt dat artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 een afwijking vormt van de in artikel 28, lid 1, van deze verordening geformuleerde algemene regel dat een gewasbeschermingsmiddel alleen op de markt kan worden gebracht of kan worden gebruikt wanneer het in de betrokken lidstaat overeenkomstig deze verordening is toegelaten. Aangezien het om een afwijking gaat, moet deze volgens vaste rechtspraak strikt worden uitgelegd (zie in die zin arrest van 4 maart 2021, Agrimotion, C‑912/19, EU:C:2021:173, punt 28). Bovendien moet volgens vaste rechtspraak bij de uitlegging van een bepaling van het Unierecht niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context ervan en met de doelstellingen die worden nagestreefd met de regeling waarvan zij deel uitmaakt (arrest van 25 juli 2018, Confédération paysanne e.a., C‑528/16, EU:C:2018:583, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Wat om te beginnen de bewoordingen van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 betreft, moet worden vastgesteld dat daaruit volgt dat deze bepaling van toepassing is „in afwijking van artikel 28” van deze verordening. In dit verband moet worden opgemerkt dat artikel 28, lid 1, van deze verordening preciseert dat een gewasbeschermingsmiddel alleen op de markt wordt gebracht of wordt gebruikt wanneer het in de betrokken lidstaat overeenkomstig deze verordening is toegelaten, terwijl artikel 28, lid 2, van die verordening de gevallen opsomt waarvoor geen toelating vereist is. Overeenkomstig artikel 29, lid 1, onder a), van verordening nr. 1107/2009 is de in artikel 28, lid 1, van deze verordening bedoelde toelating van een gewasbeschermingsmiddel met name afhankelijk van de goedkeuring van de werkzame stoffen die het middel bevat. Hieruit volgt dat artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 de lidstaten toestaat om, mits aan de daarin gestelde voorwaarden wordt voldaan, toe te laten dat gewasbeschermingsmiddelen die stoffen bevatten die niet onder een goedkeuringsverordening vallen, op de markt worden gebracht. Uit de bewoordingen van deze bepaling kan daarentegen niet worden afgeleid dat deze lidstaten aldus kunnen afwijken van de regelgeving van de Unie die uitdrukkelijk het op de markt brengen en het gebruik van met gewasbeschermingsmiddelen behandeld zaaizaad beoogt te verbieden. In dit verband moet worden opgemerkt dat de Uniewetgever volgens overweging 33 van verordening nr. 1107/2009 een „specifieke bepaling” van deze verordening heeft gewijd aan zaaizaad dat met gewasbeschermingsmiddelen is behandeld, namelijk artikel 49 van die verordening. Lid 2 van dit artikel bepaalt dat indien er aanmerkelijke bezorgdheid bestaat dat zaaizaad dat behandeld is met gewasbeschermingsmiddelen die in een lidstaat voor dat gebruik zijn toegelaten, waarschijnlijk een ernstige bedreiging vormt voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu, en dat dit risico niet op bevredigende wijze kan worden beperkt door middel van door de betrokken lidstaat of lidstaten genomen maatregelen, onverwijld maatregelen worden genomen om de verkoop en/of het gebruik van dit behandelde zaaizaad te beperken of te verbieden. De krachtens artikel 49 van verordening nr. 1107/2009 genomen maatregelen zijn dus specifieke maatregelen voor zaaizaad dat behandeld is met gewasbeschermingsmiddelen. Vastgesteld moet worden dat uit de bewoordingen van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 niet blijkt dat deze bepaling afwijkt van artikel 49, lid 2, van deze verordening of van de krachtens laatstgenoemde bepaling vastgestelde maatregelen, aangezien eerstgenoemde bepaling alleen verwijst naar artikel 28 van die verordening. Wat vervolgens de context van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 betreft, moet worden opgemerkt dat de Uniewetgever in overweging 32 van die verordening heeft verwezen naar de mogelijkheid voor de lidstaten om gewasbeschermingsmiddelen die niet aan de voorwaarden van die verordening voldoen, in uitzonderlijke gevallen toe te laten. Hoewel deze wetgever blijkens die overweging de lidstaten de mogelijkheid heeft willen bieden om gewasbeschermingsmiddelen, of, zoals in casu, zaaizaad dat met dergelijke middelen is behandeld, toe te laten zonder de voorwaarden van deze verordening in acht te nemen, wordt in die overweging geenszins vermeld dat die Uniewetgever hun heeft willen toestaan af te wijken van een uitdrukkelijk verbod op dergelijk zaaizaad. Voorts moet worden opgemerkt dat de in punt 39 van het onderhavige arrest gegeven uitlegging van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 steun vindt in de krachtens artikel 14, lid 1, van richtlijn 2009/128 op de lidstaten rustende verplichting om alle nodige maatregelen te nemen om de bestrijding van plagen met lage pesticideninzet te bevorderen, waarbij zij waar mogelijk voorrang geven aan niet-chemische methoden, zodat professionele gebruikers van pesticiden overschakelen op praktijken en producten die binnen het gehele voor de bestrijding van een bepaald schadelijk organisme ter beschikking staande aanbod het laagste risico voor de gezondheid van de mens en het milieu opleveren. Tot slot moet worden opgemerkt dat bij de vaststelling van de verbodsmaatregelen van de uitvoeringsverordeningen 2018/784 en 2018/785 rekening is gehouden met de noodzaak om te zorgen voor een niveau van veiligheid en bescherming dat in overeenstemming is met het hoge niveau van bescherming van de gezondheid van dieren dat binnen de Unie wordt nagestreefd, zoals is uiteengezet in overweging 11 van die verordeningen. Dergelijke verboden beantwoorden dus aan het doel van verordening nr. 1107/2009, te weten, zoals is gespecificeerd in artikel 1, leden 3 en 4, van deze verordening en zoals blijkt uit overweging 8 ervan, met name een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu te waarborgen. In dit verband zij eraan herinnerd dat deze bepalingen zijn gebaseerd op het voorzorgsbeginsel, een van de grondslagen van het streven van de Unie overeenkomstig artikel 191, lid 2, eerste alinea, VWEU om in haar beleid een hoog beschermingsniveau te waarborgen, teneinde te garanderen dat werkzame stoffen of middelen die op de markt worden gebracht, niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren of voor het milieu. Voorts moet worden vastgesteld dat, zoals is vermeld in overweging 24 van verordening nr. 1107/2009, de toelatingsvoorschriften een goede bescherming moeten garanderen en dat wanneer toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen worden verleend, met name de bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu „voorrang moet hebben” op de verbetering van de teelt van planten [zie naar analogie arrest van 5 mei 2022, R. en R. (Gebruik van een niet-toegelaten product in de landbouw), C‑189/21, EU:C:2022:360, punten 42 en 43]. Bijgevolg moet, zoals in deze overweging wordt gepreciseerd, vóór het op de markt brengen ervan niet alleen worden aangetoond dat gewasbeschermingsmiddelen een duidelijk voordeel inhouden voor de teelt van planten, maar bovendien dat zij geen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mensen en dieren. Indien artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 echter aldus zou moeten worden uitgelegd dat daarbij het op de markt brengen en het gebruik van met gewasbeschermingsmiddelen behandeld zaaizaad wordt toegelaten, terwijl dit op de markt brengen en gebruik na een beoordeling door EFSA uitdrukkelijk is verboden, zou een dergelijke uitlegging in strijd zijn met het doel van deze verordening, zoals dat in herinnering is gebracht in de punten 46 en 47 van het onderhavige arrest. Voorts zou deze uitlegging erop neerkomen dat voorrang wordt gegeven aan de verbetering van de teelt van planten boven de preventie van risico’s voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu die kunnen worden veroorzaakt door het gebruik van zaaizaad dat is behandeld met gewasbeschermingsmiddelen waarvan is vast komen te staan dat zij schadelijk zijn, hetgeen in strijd is met de overwegingen in punt 48 van dit arrest. In dit verband moet worden benadrukt dat verbodsmaatregelen, zoals die in de uitvoeringsverordeningen 2018/784 en 2018/785, door de Commissie onder strikte voorwaarden worden genomen, aangezien zaaizaad dat met dergelijke gewasbeschermingsmiddelen is behandeld, een ernstig risico voor het milieu en de gezondheid van mens en dier kan vormen. Zoals in overweging 6 van uitvoeringsverordening 2018/784 is vermeld, heeft EFSA met name vastgesteld dat bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stof clothianidine bevatten, de meeste gewassen hoge acute en chronische risico’s voor bijen inhouden, in het bijzonder door blootstelling via stof en door de consumptie van residuen in besmette pollen en nectar. In overweging 13 van uitvoeringsverordening 2018/785 wordt ook gewezen op de risico’s voor bijen van zaaizaad dat behandeld is met gewasbeschermingsmiddelen die thiamethoxam bevatten. Hieraan moet overigens worden toegevoegd dat de uitlegging van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 niet alleen geldt voor het op de markt brengen en het gebruik van zaaizaad dat is behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die bij een uitvoeringsverordening uitdrukkelijk zijn verboden, in casu voor het zaaien van dit zaad, maar ook voor het op de markt brengen van dergelijke gewasbeschermingsmiddelen met het oog op de behandeling van dit zaaizaad. Gelet op een en ander moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 53, lid 1, van verordening nr. 1107/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een lidstaat op grond daarvan niet mag toelaten dat gewasbeschermingsmiddelen voor de behandeling van zaaizaad op de markt worden gebracht en dat zaaizaad dat met deze middelen is behandeld op de markt wordt gebracht en gebruikt, indien het op de markt brengen en het gebruik van met die middelen behandeld zaaizaad bij een uitvoeringsverordening uitdrukkelijk is verboden. Derde tot en met vijfde vraag Gelet op het antwoord op de eerste en de tweede vraag hoeven de derde tot en met de vijfde vraag niet te worden beantwoord. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht: Artikel 53, lid 1, van verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat op grond daarvan niet mag toelaten dat gewasbeschermingsmiddelen voor de behandeling van zaaizaad op de markt worden gebracht en dat zaaizaad dat met deze middelen is behandeld op de markt wordt gebracht en gebruikt, indien het op de markt brengen en het gebruik van met die middelen behandeld zaaizaad bij een uitvoeringsverordening uitdrukkelijk is verboden. ondertekeningen * Procestaal: Frans.

62008TJ0145

pt

Quadro jurídico O artigo 59.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1) [que passou a artigo 60.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)], prevê: «O recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso. As alegações com os fundamentos do recurso devem ser apresentadas por escrito num prazo de quatro meses a contar da data de notificação da decisão.» O artigo 61.° do Regulamento n.° 40/94 (que passou a artigo 63.° do Regulamento n.° 207/2009) prevê: «1.      Se o recurso for admissível, a Câmara de Recurso verificará se lhe pode ser dado provimento. 2.      Durante o exame do recurso, a Câmara de Recurso convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.» A regra 20, n.° 7, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), prevê: «O Instituto pode decidir suspender o processo de oposição: […] se existirem circunstâncias que justifiquem a suspensão.» A regra 48, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95, intitulado «Conteúdo do acto de recurso», prevê: «O acto de recurso deve incluir: […] c)      A indicação da decisão recorrida e em que medida é requerida a alteração ou revogação da mesma.» A regra 49, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95 dispõe: «Se o recurso não estiver em conformidade com o disposto nos artigos 57.° a 59.° do regulamento e nos n. os 1, alínea c), e 2 da regra 48, a Câmara de Recurso rejeitá‑lo‑á por inadmissibilidade […]» Antecedentes do litígio Em 5 de Janeiro de 2006, a recorrente, Atlas Transport GmbH, obteve o registo da marca nominativa comunitária ATLAS para, entre outros, os serviços de transporte abrangidos pela classe 39, na acepção do acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado. Em 21 de Julho de 2006, a interveniente, Atlas Air Inc., apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca da recorrente (a seguir «pedido de declaração de nulidade de 21 de Julho de 2006»). O referido pedido fundava‑se, por um lado, num conflito, nos termos do artigo 52.°, n.° 1, alínea c), e do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 [que passaram a artigo 53.°, n.° 1, alínea c), e artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 207/2009], conjugados com algumas disposições nacionais, com as designações comerciais ATLAS AIR e ATLAS AIR Inc., utilizadas no Benelux, na Alemanha, no Reino Unido e noutros países europeus para serviços de frete aéreo, e, por outro lado, na existência de risco de confusão, mencionado no artigo 52.°, n.° 1, alínea a), e no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 [que passaram a artigo 53.°, n.° 1, alínea a), e artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009] com a sua marca figurativa Benelux n.° 555184, registada em 19 de Abril de 1994 para «serviços de transporte aéreo, frete aéreo» da classe 39 na acepção do Acordo de Nice, a seguir representada: Em 13 de Dezembro de 2005, a interveniente aprsentou um novo pedido de declaração de nulidade da marca comunitária ATLAS TRANSPORT, registada sob o n.° 545681 (a seguir «pedido de declaração de nulidade de 13 de Dezembro de 2005»). Em 28 de Agosto de 2006, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de apensação dos dois processos instaurados na sequência dos pedidos de declaração de nulidade de 13 de Dezembro de 2005 e de 21 de Julho de 2006. Em 29 de Junho de 2007, a Divisão de Anulação deferiu o pedido de declaração de nulidade de 21 de Julho de 2006 com o fundamento de que havia risco de confusão, nos termos do artigo 52.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, conjugado com o artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, com a marca Benelux anterior (a seguir «decisão controvertida»). Por conseguinte, decidiu que era inútil proceder à apreciação das designações comerciais anteriores. Em 29 de Junho de 2007, a recorrente interpôs recurso da decisão controvertida para a Câmara de Recurso, reservando‑se o direito de apresentar posteriormente as alegações com os fundamentos de recurso. Em 15 de Outubro de 2007, a recorrente dirigiu uma primeira carta à Câmara de Recurso, incluindo como anexo uma cópia, sem data, dum projecto de petição, acompanhado da respectiva tradução, em que se pedia a um tribunal do Benelux competente em matéria de marcas a anulação no registo da marca Benelux anterior da interveniente. Declarava, nessa carta: «Com a presente, a recorrente apresenta a petição e a respectiva tradução pela qual pede ao tribunal competente do Benelux a anulação do registo anterior da recorrida. Esse registo Benelux constitui o único fundamento da decisão da divisão de anulação que se impugna no presente processo.» Em 29 de Outubro de 2007, a recorrente dirigiu uma segunda carta à Câmara de Recurso, na qual declarava o seguinte: «A recorrente remete para o seu memorando de 15 de Outubro de 2007 e expõe, pela presente, os fundamentos do seu recurso. 1. A decisão controvertida baseia‑se no registo Benelux n.° 555.184 de 4 de Maio de 1994. Se este registo for anulado, a recorrida perde todos os fundamentos da sua pretensão. A Câmara de Recurso tem conhecimento de que este fundamento é objecto de impugnação no tribunal competente do Benelux, a saber, o Tribunal de Haia. 2. Dito isto, coloca‑se também a questão da utilização do registo Benelux n.° 555.184, de forma a ser mantido o direito a essa marca. Essa utilização foi contestada no processo de declaração de nulidade [instaurado na sequência do pedido de declaração de nulidade de 13 de Dezembro de 2005] que corre seus termos no IHMI e também se contesta no presente processo. A recorrente pretende contestar a utilização, mas, ao mesmo tempo, não pretende atulhar o IHMI com documentos volumosos. A recorrente não se opõe a que a recorrida se limite a fazer referência às provas apresentadas no processo [instaurado na sequência do pedido de declaração de nulidade de 13 de Dezembro de 2005] e a que o IHMI decida que as provas se dão como apresentadas no presente processo. Compete, todavia, ao IHMI decidir esta questão. 3. Dado que o processo vai agora ser suspenso, aguardando a decisão do processo nacional, a recorrente abstém‑se de formular objecções [em relação] à decisão anexa. A recorrente limita as suas observações à declaração de que o titular dos direitos mais antigos sofreu uma injustiça que é contrária à justiça natural.» Em 20 de Novembro de 2007, a recorrente apresentou no IHMI, no processo instaurado na sequência do pedido de declaração de nulidade de 13 de Dezembro de 2005, uma cópia da petição apresentada no Rechtbank van ’s‑Gravenhage (Tribunal de Haia, Países Baixos). Esta petição corresponde ao projecto de recurso anexado à carta de 15 de Outubro de 2007, no quadro do recurso instaurado na sequência do pedido de declaração de nulidade de 21 de Julho de 2006. Por decisão de 24 de Janeiro de 2008, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI julgou inadmissível o recurso interposto pela recorrente em 29 de Junho de 2007, na sequência do pedido de declaração de nulidade de 21 de Julho de 2006 (a seguir «decisão impugnada»). Fundamentou a sua decisão afirmando que, nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 (que passou a artigo 60.° do Regulamento n.° 207/2009), as alegações com os fundamentos do recurso devem ser apresentadas por escrito num prazo de quatro meses. Estas alegações devem conter, pelo menos, a indicação sucinta dos factos e das questões de direito pertinentes e explicar por que razão a decisão controvertida está errada. Ora, nem a carta da recorrente de 15 de Outubro de 2007 nem a de 29 de Outubro de 2007 obedecem a estas condições. Pelo contrário, na carta de 29 de Outubro de 2007, a recorrente renunciou expressamente a suscitar objecções à decisão controvertida. Além disso, a Câmara de Recurso entendeu que não podia deferir o pedido de suspensão, na medida em que este se fundava apenas num projecto de acção a intentar num tribunal do Benelux competente em matéria de marcas e que não tinham sido apresentadas provas de que tivesse sido instaurada qualquer acção no referido tribunal. A Câmara de Recurso anotou ainda que o pedido de declaração de nulidade de 21 de Julho de 2006 não se fundava apenas numa marca Benelux anterior, mas também noutros direitos anteriores, na acepção do artigo 8.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94. Pedidos das partes A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne: –        anular a decisão impugnada; –        condenar o recorrido nas despesas. O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne: –        negar provimento ao recurso; –        condenar a recorrente nas despesas. A interveniente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne: –        negar provimento ao recurso; –        condenar a recorrente nas despesas Questão de direito Introdução No presente recurso, a recorrente apresenta dois fundamentos, consubstanciados, respectivamente, na violação do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 e na violação do artigo 61.° do mesmo regulamento, conjugado com a regra 20, n.° 7, do Regulamento n.° 2868/95. Quanto à violação do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 Argumentos das partes A recorrente afirma que a Câmara de Recurso infringiu o artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, sob duas perspectivas. Por um lado, entende que a Câmara de Recurso condicionou erradamente a exposição dos fundamentos a condições muito precisas. Por outro, entende que a Câmara de Recurso errou ao exigir uma fundamentação expressa. Na opinião da recorrente, basta uma fundamentação implícita. Assim, em primeiro lugar, a recorrente entende que a obrigação de expor os fundamentos do recurso, constante do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, tem sido condicionada pelo Tribunal Geral às exigências «mais reduzidas que se possa imaginar». Mais concretamente, a recorrente afirma que, no acórdão de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI – LHS (UK) (KLEENCARE) (T‑308/01, Colect., p. II‑3253), o Tribunal Geral decidiu que a obrigação de expor os fundamentos de um recurso, prevista no artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, visa apenas facilitar o bom andamento do processo de recurso, sem que, contudo, seja necessário entender que a extensão do exame que a Câmara de Recurso está obrigada a efectuar no que toca à decisão objecto de recurso é determinada ou limitada pelos fundamentos invocados pela parte que interpõe recurso. Além disso, o Tribunal Geral afirmou que a Câmara de Recurso tem o dever de efectuar um exame da decisão objecto de recurso, mesmo na falta de fundamentos específicos suscitados pelo recorrente (acórdão KLEENCARE, já referido, n. os 31 e 32). A recorrente deduz do referido acórdão que a obrigação de expor os fundamentos do recurso, constante do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, é satisfeita desde que escreva «qualquer coisa sobre o litígio, que não se limite ao pedido». A recorrente entende que, no caso vertente, cumpriu a referida «obrigação de fundamentar». Invoca a carta de 15 de Outubro de 2007, na qual dirigiu ao IHMI um projecto de recurso pedindo a anulação da marca da interveniente, e a carta de 29 de Outubro de 2007, na qual invocava a excepção da não utilização e remetia para o processo judicial pendente no Tribunal de Haia. Em apoio do seu argumento, a recorrente refere‑se à decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI, de 31 de Janeiro de 2006 (processo R 440/2004‑4), e à opinião do relator da Câmara de Recurso, autor da decisão impugnada e de uma obra doutrinária. Além disso, a recorrente entende que a simplificação do processo que resulta da exposição de fundamentos do recurso não constitui um argumento que contrarie a sua interpretação quanto ao alcance limitado da «obrigação de fundamentar» constante do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. A simplificação do processo que resulta da exposição dos fundamentos do recurso pode ter uma importância essencial para a Câmara de Recurso e, por si só, pode justificar que a falta total de fundamentos conduza à inadmissibilidade do recurso. Finalmente, a recorrente considera que o artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 deve ser interpretado tomando em conta que não é obrigatória a representação por advogado nas Câmaras de Recurso do IHMI. Por consequência, esta disposição deve ser interpretada tendo em atenção que a mesma não se destina apenas a especialistas, mas a qualquer cidadão de União Europeia que poderá frequentemente limitar‑se a fazer observações gerais sobre «o seu caso». Em segundo lugar, a recorrente entende que a Câmara de Recurso infringiu o artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, ao exigir uma exposição formal e explícita dos fundamentos do recurso. A recorrente contesta que tivesse a obrigação de expor de modo expresso que a decisão controvertida não podia ser mantida. Considera que a Câmara de Recurso podia, sem dúvida alguma, se o desejasse, compreender a sua argumentação exposta na carta de 29 de Outubro de 2007, expressamente intitulada «exposição dos fundamentos do recurso», na qual alegava que a própria marca da interveniente era objecto de contestação, e, eventualmente, nula, e suscitava expressamente a excepção da não utilização. Ao proceder desta forma, é verdade que a recorrente não procedeu ao exame expresso da decisão controvertida, mas apreciou essa decisão de modo implícito e considerou implicitamente que a mesma não podia ser mantida. Mais concretamente, a recorrente afirma que, em primeiro lugar, um leitor avisado só poderia entender a transmissão da petição apresentada no Tribunal de Haia no sentido de que a recorrente pretendia fazer referência à possível anulação da única marca da interveniente em que se baseava a decisão controvertida. Essa anulação teria como consequência que a decisão impugnada já não poderia ser proferida. A recorrente considera que, dessa forma, fez referência ao facto de que a decisão controvertida proferida pela Divisão de Anulação não podia ser mantida. Em segundo lugar, a recorrente considera que o facto de ter invocado a excepção da não utilização devia ser entendido no sentido de que já tinha suscitado essa excepção na Divisão de Anulação. Entende que, dado que, nos termos da regra 22, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95, a não utilização de uma marca não podia ser suscitada pela primeira vez na Câmara de Recurso, o facto de ter invocado a excepção da não utilização na Câmara de Recurso só podia ser interpretado por esta no sentido de que a recorrente já tinha suscitado essa excepção na Divisão de Anulação. A recorrente afirma também que essa exposição implícita dos fundamentos do recurso numa Câmara de Recurso satisfaz os requisitos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, tendo em conta os elementos seguintes. Em primeiro lugar, o IHMI é uma Administração multinacional, razão pela qual o legislador europeu se esforçou sempre por evitar as formalidades, tanto quanto possível, e por organizar os processos «de modo simples e acessível». Neste contexto, não se pode esperar uma fundamentação tão precisa e directa de uma pessoa que se exprime numa língua que não é a sua língua materna (acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Setembro de 2003, Kik/IHMI, C‑361/01 P, Colect., p. I‑8283, n. os 93 e segs.). Em segundo lugar, as pessoas que se dirigem ao IHMI são oriundas de meios jurídicos diversos, logo, de meios culturais diversos, e têm hábitos linguísticos diferentes, nos quais a crítica directa não é uniformemente habitual e considerada polida. Em muitos casos, a formulação indirecta ou implícita é privilegiada por razões de delicadeza. No caso vertente, as alegações com os fundamentos do recurso do anterior representante da recorrente correspondiam manifestamente a esses padrões de delicadeza. Além disso, a recorrente entende que, abstraindo deste problema de cultura jurídica, continua provavelmente a ser verdade que a «comunicação entre humanos» (e, por conseguinte, nas alegações dos fundamentos de um recurso), o destinatário «só compreende aquilo que quer, de facto, compreender». A linguagem não é o reflexo exacto da realidade, dependendo sempre da «interacção entre o emissor e o receptor». A este respeito, não há diferenças fundamentais entre a fundamentação implícita e a fundamentação explícita. Por isso, não é de modo algum obrigatória a rejeição de fundamentação meramente implícita. Em terceiro lugar, a recorrente considera que o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral têm interpretado o dever de fundamentação no IHMI ou nos tribunais, em função da possibilidade de o destinatário da decisão entender a fundamentação. Sublinha que o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral «interpretam de modo compreensivo» os pedidos e argumentos das partes, tomando em consideração pedidos implícitos e fundamentando os seus acórdãos «naquilo que as partes efectivamente pretendiam». Sublinha que o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça admitiram em vários casos que o IHMI podia fundamentar as suas decisões de modo implícito. Considera que se não se exigem requisitos mais estritos nas fundamentações do IHMI e do Tribunal Geral, se deve aplicar o mesmo à fundamentação apresentada pelos profissionais do direito. Em quarto lugar, a recorrente afirma que o artigo 6.° da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma, em 4 de Novembro de 1950 (a seguir «CEDH»), e o artigo 1.° do Protocolo Adicional à CEDH seriam violados se os requisitos relativos à exposição de fundamentos fossem demasiado estritos. Se as partes num processo forem capazes de entender uma argumentação, nenhum objectivo processual permite justificar outras restrições. Impor requisitos adicionais relativamente a um recurso no IHMI restringiria o acesso a outras instâncias e, logo, aos órgãos jurisdicionais da União, violando o artigo 6.° da CEDH. Além disso, no caso vertente, esses requisitos adicionais ofenderiam o direito de propriedade da recorrente. O IHMI e a interveniente contestam os argumentos expostos pela recorrente. Apreciação do Tribunal Geral –       Quanto ao alcance do dever de apresentar os fundamentos do recurso nas alegações apresentadas na Câmara de Recurso Nos termos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, o recurso de uma decisão deve ser interposto por escrito no IHMI, num prazo de dois meses a contar da data da notificação da decisão a que se refere. As alegações com os fundamentos do recurso devem ser apresentadas por escrito, no prazo de quatro meses a contar da data de notificação da decisão. Por outro lado, a regra 48, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 2868/95 estabelece que o acto de recurso deve incluir a indicação da decisão recorrida e em que medida é requerida a alteração ou revogação da mesma. Finalmente, a regra 49 do Regulamento n.° 2868/95 precisa que se o recurso não estiver em conformidade com o disposto no artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 e nos n. os 1, alínea c), e 2 da regra 48 do Regulamento n.° 2868/95, a Câmara de Recurso rejeitá‑lo‑á por inadmissibilidade, a menos que todas as irregularidades tenham sido corrigidas antes do termo do prazo aplicável previsto no artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. A interpretação sistemática destas disposições mostra que um recorrente que pretenda interpor recurso para a Câmara de Recurso tem o dever de, sob pena de o seu recurso ser declarado inadmissível, apresentar no IHMI, no prazo previsto, as alegações com os fundamentos do recurso e que estes fundamentos são mais do que a simples indicação da decisão que se pretende impugnar e da pretensão do recorrente de obter a respectiva anulação ou reforma pela decisão da Câmara de Recurso. Por outro lado, resulta da interpretação literal do termo «fundamentos», reproduzido na primeira parte da última frase do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, que o recorrente deve explicar por escrito as razões que determinam o seu recurso. Não compete à Câmara de Recurso determinar, por dedução, os fundamentos em que assenta o recurso que deve apreciar. O articulado escrito do recorrente deve, por isso, permitir compreender as razões pelas quais pede à Câmara de Recurso que anule ou reforme a decisão. A recorrente considera, no entanto, que, no acórdão KLEENCARE, referido no n.° 22, supra , o Tribunal Geral estabeleceu os requisitos da exposição dos fundamentos do recurso «mais reduzidos que se possa imaginar», de modo que, «basta que o recorrente escreva qualquer coisa sobre o litígio», que ultrapasse o simples pedido, para que se cumpra «o dever de fundamentar» a que se refere o artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Esta interpretação do alcance do acórdão KLEENCARE, referido no n.° 22, supra , não deve ser acolhida. Com efeito, esse acórdão não trata directamente a questão do dever de expor os fundamentos do recurso a que se refere o artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, mas da extensão do exame da Câmara de Recurso quando lhe é submetido um recurso. O Tribunal Geral afirma, nesse contexto, que a extensão do referido exame em relação à decisão que é objecto do recurso não é, em princípio, determinada pelos fundamentos invocados pela parte que interpôs o recurso (n. os 29 a 32). O facto de o Tribunal Geral ter afirmado, neste contexto, que as alegações previstas no artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 facilitam o bom andamento processual do recurso e que a Câmara de Recurso não está limitada na sua apreciação pelos fundamentos invocados nas alegações não indica de modo nenhum que os requisitos de fundamentação que incumbem ao recorrente por força desta disposição são reduzidos. Ao considerar que as alegações previstas no artigo 59.° do dito regulamento «facilitam o bom andamento do processo de recurso», o Tribunal Geral confirmou a razão de ser desse dever e o seu carácter substancial. Com efeito, este dever facilita o bom andamento do processo de recurso, na medida em que permite à Câmara de Recurso e, se for caso disso, à outra parte na primeira instância administrativa conhecerem as razões do recurso do recorrente. Por consequência, a recorrente não tem razão ao deduzir da jurisprudência KLEENCARE, referida no n.° 22, supra, que o dever de expor os fundamentos de recurso constante do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 é cumprido quando o recorrente «escreve qualquer coisa sobre o litígio» e não se limita apenas ao pedido. Por outro lado, deve observar‑se que, mesmo antes de poder questionar a extensão do exame da Câmara de Recurso, é necessário que lhe tenha sido submetido um recurso admissível, o que implica que o mesmo contenha, entre outros elementos, uma exposição dos fundamentos, na acepção do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Com efeito, a exposição, pelo recorrente, dos fundamentos do recurso da decisão impugnada constitui uma condição prévia essencial para que a Câmara de Recurso exerça a sua competência de fiscalização da mesma decisão. Assim, a pertinência das passagens do acórdão KLEENCARE, referido no n.° 22, supra , citadas pela recorrente no caso vertente, é também posta em causa, uma vez que a apreciação contida nessas passagens pressupõe que tenha sido interposto um recurso na Câmara de Recurso, devidamente fundamentado. Finalmente, quanto ao argumento que a recorrente deduz da inexistência de obrigação de se fazer representar por advogado na Câmara de Recurso, não pode deixar de se reconhecer que esta inexistência de obrigação é aplicável tanto a uma parte recorrente como a outras partes. Por isso, deve observar‑se que, embora o recurso do recorrente não tenha de conter fundamentos que indiquem com precisão todas as disposições jurídicas aplicáveis, o recorrente deve, porém, indicar os elementos de facto e/ou de direito que, no seu entender, justificam a anulação ou a reforma da decisão que contesta, e os fundamentos de recurso devem ser suficientemente claros, para que, se necessário, uma outra eventual parte no processo não representada por advogado possa apreciar a oportunidade de apresentar observações e responder aos argumentos do recorrente. Por conseguinte, tendo em conta tudo o que precede, deve concluir‑se que, quando o artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 impõe ao recorrente o dever de apresentar alegações com os fundamentos do recurso, o recorrente deve expor, por escrito e de modo suficientemente claro, quais os elementos de facto e/ou de direito que justificam o seu pedido à Câmara de Recurso para anular ou reformar a decisão impugnada. Esta interpretação sobre o alcance do dever de expor os fundamentos do recurso, previsto pelo artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, não pode ser posta em causa pelas apreciações da Câmara de Recurso noutros processos ou pelas do relator da Câmara de Recurso no caso vertente. Com efeito, essas apreciações não vinculam o Tribunal Geral. Por outro lado, a natureza multinacional da administração do IHMI não permite interpretar o artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 num sentido contrário à sua própria redacção. Com efeito, a apresentação dos fundamentos de recurso na Câmara de Recurso é uma condição de admissibilidade a que a recorrente não se pode eximir. Por outro lado, no que respeita aos singulares argumentos que a recorrente deduz das diferenças jurídico‑culturais das pessoas que se dirigem ao IHMI, basta afirmar que estas diferenças impõem uma fundamentação expressa do recurso, e não o contrário. Finalmente, a analogia com o dever de fundamentação da Câmara de Recurso, invocada pela recorrente, não é pertinente para interpretar o dever de um recorrente de expor os fundamentos de recurso na Câmara de Recurso, dado que os referidos deveres incumbem, respectivamente, a uma pessoa e a uma administração. Do mesmo modo, a interpretação dos argumentos das partes pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Geral no decurso de um processo judicial não é pertinente para apreender o dever de exposição dos fundamentos do recurso da recorrente, tendo em conta a diferente natureza do processo na Câmara de Recurso e dos processos nos órgãos jurisdicionais da União. –       Quanto ao cumprimento do dever de exposição dos fundamentos no caso vertente A recorrente apresentou duas cartas no IHMI, a saber, uma primeira carta, em 15 de Outubro de 2007, cujo teor foi reproduzido no n.° 12, supra , e uma segunda carta, em 29 de Outubro de 2007, cujo teor foi reproduzido no n.° 13, supra . O artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 prevê a apresentação de um único articulado e não de dois, como parece à primeira vista ter sido feito no caso vertente. Todavia, a carta de 15 de Outubro de 2007 não contém uma exposição dos fundamentos pelos quais a recorrente pede a anulação da decisão controvertida. Com efeito, a referida carta limita‑se a informar o IHMI da acção de declaração de nulidade da marca Benelux da interveniente no tribunal competente e a precisar que essa marca Benelux constitui o único fundamento da decisão controvertida que contesta. Por conseguinte, a referida carta não pode constituir o articulado de alegações a que se refere o artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Esta conclusão não basta, porém, para implicar a inadmissibilidade do recurso da recorrente. Com efeito, nos termos da regra 49, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95, pode sanar‑se uma irregularidade no prazo de quatro meses previsto pelo artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Ora, não é contestado que, nos termos das disposições que regem a contagem dos prazos, previstas no Regulamento n.° 2868/95, a carta de 29 de Outubro de 2007 foi apresentada no referido prazo. Quanto ao teor da carta de 29 de Outubro de 2007, deve observar‑se que a recorrente afirma, nos dois primeiros pontos da referida carta, que a decisão controvertida se baseava numa marca Benelux objecto de contestação e que entendia contestar a utilização da marca Benelux na Câmara de Recurso. Todavia, a recorrente afirma, no terceiro ponto da referida carta, que se abstém de contestar a decisão controvertida. Com esta frase, a recorrente contradiz‑se com o que expôs anteriormente, de modo que não se pode considerar que os dois primeiros pontos da carta exponham os fundamentos do recurso na Câmara de Recurso. A conclusão de que na carta de 29 de Outubro de 2007 não foram expostos os fundamentos que suportassem o recurso na Câmara de Recurso não é posta em causa pelo facto de, após ter afirmado que se abstinha de contestar a decisão controvertida, a recorrente afirmar que «limita as suas observações à declaração de que o titular dos direitos mais antigos sofreu uma injustiça que é contrária à justiça natural». Com efeito, esta frase não permite compreender as razões que levam a recorrente a interpor recurso da decisão controvertida para a Câmara de Recurso. Nem a identidade do titular de direitos anteriores, nem a razão da sua detenção de direitos anteriores, nem a razão pela qual sofreu um prejuízo podem ser compreendidas. Mesmo admitindo que a recorrente era titular de direitos anteriores, como admitiu na audiência, não resulta da referida carta de que direitos se trata. O único direito anterior a que se faz referência na carta de 29 de Outubro de 2007 é a marca Benelux invocada no primeiro e no segundo ponto da referida carta. Todavia, em relação à marca da recorrente, aquela marca Benelux ou é anterior ou é nula. O direito anterior que a recorrente alega possuir não é, por isso, nem a sua marca nem a marca Benelux. Por conseguinte, a última frase da carta de 29 de Outubro de 2007 não pode ser considerada como uma fundamentação suficiente do recurso que a recorrente interpôs para a Câmara de Recurso. Vista a inexistência de fundamentos claros e compreensíveis nas cartas de 15 e 29 de Outubro de 2007 e dado que a exposição dos fundamentos na Câmara de Recurso deve, nomeadamente, permitir a uma potencial parte interveniente, sem a assistência de um advogado, apreciar a oportunidade de responder aos argumentos contidos no recurso da recorrente, deve considerar‑se que o recurso da recorrente para a Câmara de Recurso não cumpre os requisitos do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Nem na petição de recurso nem em nenhum outro documento posterior apresentado na Câmara de Recurso no prazo estabelecido, a recorrente expôs os fundamentos do recurso de modo suficientemente claro para poderem constituir uma exposição de fundamentos do recurso na acepção do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Nenhum dos outros argumentos expendidos pela recorrente quanto ao referido dever de fundamentar pode pôr em causa esta apreciação. Com efeito, a recorrente continua a não demonstrar em que medida a exigência de fundamentação mencionada no n.° 46, supra, e a sua aplicação no caso vertente constituem uma violação do artigo 6.° da CEDH. Além disso, a referida exigência é proporcionada ao objectivo de facilitar o andamento do processo e, dado o teor das cartas de 15 e 29 de Outubro de 2007, não se pode considerar que estas tenham facilitado o andamento do processo na Câmara de Recurso. Por outro lado, os argumentos deduzidos da psicologia das partes, da delicadeza e da teoria da linguagem são infundados, dado o alcance do dever de fundamentar na Câmara de Recurso, definido no n.° 46, supra, e o teor das cartas de 15 e 29 de Outubro de 2007. Esta apreciação é confirmada pela circunstância de que, no caso vertente, a recorrente era representada por um advogado no decurso do processo na Câmara de Recurso, como resulta da assinatura das cartas de 15 e de 29 de Outubro de 2007. Ora, a representação dos clientes por um advogado implica que este esteja em condições de expor claramente as razões pelas quais o seu cliente pede a anulação da decisão controvertida. No entanto, há ainda que examinar se o argumento da recorrente fundado no seu pedido de suspensão é susceptível de influenciar as consequências da violação do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, neste caso concreto. Quanto à violação do artigo 61.° do Regulamento n.° 40/94, conjugado com a regra 20, n.° 7, do Regulamento n.° 2868/95 Argumentos das partes A recorrente entende que o processo na Câmara de Recurso devia ter sido suspenso na sequência da carta de 15 de Outubro de 2007, na qual explicava que a marca Benelux da interveniente era objecto de recurso para um tribunal competente nessa matéria e seria provavelmente anulada. Segundo a recorrente, esta circunstância excluía a manutenção da decisão controvertida pela Câmara de Recurso. Além disso, como a marca Benelux constituía o único fundamento da decisão controvertida, o processo devia necessariamente ser suspenso até que fosse proferida decisão sobre a validade dessa marca. A decisão de não suspender o processo neste caso constitui, por isso, um desvio de poder. A recorrente afirma também que, se o processo tivesse sido suspenso em 15 de Outubro de 2007, esta suspensão teria impedido que expirasse o prazo para apresentação das alegações com os fundamentos do recurso. Por consequência, o referido prazo não teria ainda expirado, de modo que o recurso na Câmara de Recurso não poderia ser julgado inadmissível por «falta de fundamentação». O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente. Apreciação do Tribunal Geral No caso vertente, a Câmara de Recurso indeferiu o pedido de suspensão formulado pela recorrente, pelos fundamentos seguintes: «A suspensão, que é geralmente concedida ao abrigo da regra 20, n.° 7, do [Regulamento n.° 2868/95], aplicado por analogia aos processos de anulação (v. decisão da Câmara de Recurso de 24 de Janeiro de 2008, no processo [R 285/2007‑1] – Le Meridien), não é um direito automático. Trata‑se de uma decisão que só é tomada se a suspensão for julgada apropriada após o exame dos interesses das diferentes partes. No caso vertente, o pedido de suspensão não estava devidamente fundamentado e apoiava‑se apenas numa cópia de uma petição judicial desprovida de data. Não foi produzida prova de que tivesse sido intentada uma acção contra a marca Benelux anterior no tribunal competente. Mesmo tomando em consideração o documento apresentado no quadro do processo de anulação paralelo, a Câmara observa que a parte pertinente não foi traduzida. Em terceiro lugar, o pedido de anulação não se fundava exclusivamente na marca Benelux, mas também em três outros direitos anteriores, conferidos nos termos do artigo 8.°, n.° 4, do [Regulamento n.° 40/94]. A validade da marca Benelux anterior só era determinante para a solução do presente processo, no caso de o pedido de declaração de nulidade ter de ser julgado improcedente no que respeita aos direitos conferidos ao abrigo do artigo 8.°, n.° 4, do [Regulamento n.° 40/94].» (n.° 16 da decisão impugnada) A este propósito, deve sublinhar‑se que a suspensão do processo na Câmara de Recurso não produz efeitos no prazo de quatro meses para apresentação das alegações com os fundamentos do recurso para a Câmara de Recurso, previsto no artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Mais concretamente, o referido prazo tem as mesmas características que o prazo de recurso na Câmara de Recurso, no sentido de que não está na disponibilidade das partes nem na da Câmara de Recurso. Com efeito, diferentemente de outras disposições, como a regra 49, n.° 2, e a regra 71, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95, o artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94 fixa este prazo, sem conferir ao IHMI a competência para o fazer. Além disso, o artigo 78.°‑A, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94 (que passou a artigo 82.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009) exclui que a parte que tenha interposto um recurso possa conseguir que o IHMI dê seguimento ao processo quando ela não respeita um dos prazos previstos pelo artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Finalmente, a regra 49, n.° 1, do Regulamento n.° 2868/95 prevê que a Câmara de Recurso declare inadmissível um recurso para ela interposto, se o mesmo não cumprir as condições previstas no artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, a não ser que as irregularidades em causa tenham sido sanadas antes do termo do prazo correspondente fixado no artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94. Por conseguinte, mesmo considerando que, neste caso, a Câmara de Recurso deveria ter suspendido o processo que nela estava pendente, esta circunstância não poderia implicar a prorrogação do prazo de quatro meses para apresentação das alegações com os fundamentos do recurso da recorrente. Assim, no caso vertente, na sequência da análise da exposição de fundamentos alegada pela recorrente, deve concluir‑se que esta não fundamentou devidamente o seu recurso para a Câmara de Recurso, no prazo legalmente fixado. Ora, essa omissão do dever, previsto no artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, de expor os fundamentos do recurso deve ser sancionada pela inadmissibilidade do recurso. Por consequência, a Câmara de Recurso não podia tomar outra decisão que não fosse declarar o recurso manifestamente inadmissível. Resulta do exposto que o fundamento pelo qual a recorrente critica a Câmara de Recurso por não ter suspendido o recurso para ela interposto, aguardando a decisão do Tribunal de Haia, no qual a recorrente tinha intentado uma acção de declaração de nulidade da marca Benelux anterior, deve ser julgado improcedente. Mesmo supondo que o referido fundamento não fosse improcedente, devem fazer‑se as seguintes observações quanto à justeza da argumentação da recorrente em apoio desse fundamento. Deve notar‑se liminarmente que as disposições do quadro regulamentar aplicáveis não conferiram à Câmara de Recurso o poder de suspender um processo de declaração de nulidade. Todavia, o artigo 79.° do Regulamento n.° 40/94 (que passou a artigo 83.° do Regulamento n.° 207/2009) prevê que, na falta de uma disposição processual no referido regulamento, no regulamento de execução, no Regulamento (CE) n.° 2869/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo às taxas a pagar ao IHMI (JO L 303, p. 33), ou no Regulamento (CE) n.° 216/96 da Comissão, de 5 de Fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento processual das Câmaras de Recurso do IHMI (JO L 28, p. 11), o IHMI tomará em consideração os princípios geralmente aceites nos Estados‑Membros sobre a matéria. Ora, a possibilidade de uma instância jurisdicional suspender um processo nela pendente, quando as circunstâncias do caso o justifiquem, deve ser considerada um princípio geralmente aceite nos Estados‑Membros. A regra 20, n.° 7, do Regulamento n.° 2868/95 e o artigo 8.° do Regulamento n.° 216/96, que prevêem a possibilidade de suspender o processo na Câmara de Recurso, respectivamente, num processo de oposição e na sequência de um parecer do secretário da Câmara de Recurso sobre a admissibilidade de um recurso interposto para a referida Câmara, constituem a expressão do princípio geral acima referido. Por outro lado, a aplicação, por analogia, da regra 20, n.° 7, alínea c), do Regulamento n.° 2868/95 num processo de declaração de nulidade justifica‑se quando o processo de oposição fundado no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e o processo por nulidade relativa fundado no artigo 52.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 têm por objecto apreciar o risco de confusão entre duas marcas e a possibilidade de suspender a instância contribui para a eficácia dos referidos processos. Por conseguinte, a Câmara de Recurso tem o poder de suspender a instância num processo de declaração de nulidade quando as circunstâncias o justifiquem. Em seguida, deve observar‑se que o poder de apreciação da Câmara de Recurso para suspender ou não a instância é amplo. A regra 20, n.° 7, alínea c), do Regulamento n.° 2868/95 é um exemplo deste amplo poder de apreciação, indicando que a Câmara de Recurso pode suspender o processo se houver circunstâncias que justifiquem a suspensão. A suspensão é uma faculdade da Câmara de Recurso, que apenas a exerce quando a considera justificada [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 16 de Setembro de 2004, Metro‑Goldwyn‑Mayer Lion/IHMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T‑342/02, Colect., p. II‑3191, n.° 46]. O processo na Câmara de Recurso não é, por conseguinte, automaticamente suspenso na sequência de um pedido nesse sentido formulado por uma parte no processo. A circunstância de a Câmara de Recurso dispor de um amplo poder de apreciação para suspender um processo nela pendente não subtrai o exercício desse poder à fiscalização jurisdicional. Esta circunstância, no entanto, restringe a referida fiscalização quanto ao mérito ao exame da inexistência de erro manifesto de apreciação ou de desvio de poder. No caso vertente, a recorrente considera que a decisão da Câmara de Recurso de não suspender a instância constitui um desvio de poder. A este propósito, deve recordar‑se que uma decisão só está viciada por desvio de poder quando se verifique, com base em indícios objectivos, pertinentes e concordantes, que foi tomada para alcançar fins diversos dos invocados [acórdãos do Tribunal Geral de 24 de Abril de 1996, Industrias Pesqueras Campos e o./Comissão, T‑551/93, T‑231/94 a T‑233/94 e T‑234/94, Colect., p. II‑247, n.° 168; de 19 de Setembro de 2001, Henkel/IHMI (Imagem de um detergente), T‑30/00, Colect., p. II‑2663, n.° 70; e de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T‑247/01, Colect., p. II‑5301, n.° 22]. A recorrente, porém, não apresenta elementos que demonstrem que, ao recusar a suspensão da instância, a Câmara de Recurso exerceu os seus poderes para alcançar fins diversos daqueles para os quais os poderes lhe foram conferidos, ou que a recusa de suspensão da instância resulta de desvio de poder. Por conseguinte, a recorrente não tem razão quando alega que a decisão impugnada está ferida de desvio de poder em virtude de ter sido indeferido o pedido que apresentou à Câmara de Recurso para suspensão da instância que levou à decisão impugnada. Além disso, a recorrente entende, em substância, que a decisão da Câmara de Recurso que recusou a suspensão da instância no caso vertente está ferida por erro manifesto de apreciação. A este propósito, deve recordar‑se que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso justificou a recusa de suspensão da instância pela falta de prova suficiente de que estivesse pendente no tribunal competente uma acção de declaração de nulidade da marca Benelux anterior (v. n.° 61, supra ). Ora, o simples projecto de petição anexado à carta de 15 de Outubro de 2007, no qual se contesta a validade da marca Benelux, não constitui uma prova da pendência efectiva de uma acção no tribunal competente para declaração da nulidade da marca Benelux anterior. Por consequência, a Câmara de Recurso podia fundamentar o indeferimento do pedido de suspensão nessa falta de prova, sem cometer um erro manifesto de apreciação. Acresce que, mesmo supondo que fosse demonstrado que num tribunal nacional estava pendente uma acção contestando a validade da marca anterior na qual se fundava a decisão impugnada, essa demonstração não basta, por si só, para qualificar como erro manifesto de apreciação a recusa da Câmara de Recurso de suspender a instância. Com efeito, no exercício do seu poder de apreciação quanto à suspensão da instância, a Câmara de Recurso deve respeitar os princípios gerais que regem um processo equitativo numa comunidade de direito. Assim, no referido exercício, deve ter em conta não apenas o interesse da parte cuja marca comunitária é contestada mas também o das outras partes. A decisão de suspender ou de não suspender a instância deve ser o resultado de uma ponderação dos interesses em causa. Ora, no caso vertente, a interveniente tinha um interesse legítimo em obter sem demora uma decisão sobre a alegada nulidade da marca da recorrente. Por outro lado, a recorrente não demonstra que a Câmara de Recurso tenha decidido a questão da suspensão por considerações diversas da ponderação dos diferentes interesses em causa. Visto o que fica exposto, a recorrente não demonstrou que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao recusar a suspensão da instância. Aliás, se a recorrente entendia realmente que o processo de declaração de nulidade em que contestava a validade da marca Benelux anterior constituía, necessariamente, uma condição prévia para o litígio no IHMI, competia‑lhe intentar essa outra acção e esperar que chegasse ao seu termo, antes de apresentar ao IHMI o seu pedido de registo. Tendo em conta o conjunto dos argumentos que precedem, todos os fundamentos da recorrente devem ser julgados improcedentes e, consequentemente, o recurso improcede na sua totalidade. Quanto às despesas Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, deve ser condenada nas despesas, conforme os pedidos do IHMI e da interveniente. Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção) decide: 1) É negado provimento ao recurso. 2) A Atlas Transport GmbH é condenada a suportar as suas próprias despesas, as do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) e as da Atlas Air Inc. Azizi Cremona Frimodt Nielsen Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de Maio de 2011. Assinaturas * * Língua do processo: alemão.

62013TJ0039

sk

Dňa 1. septembra 2003 podala žalobkyňa, spoločnosť Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński, prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva ( Ú. v. ES L 3, s. 1 ; Mim. vyd. 13/027, s. 142). Dizajn, ktorého zápis sa požadoval, je určený na použitie na „podlahových lištách“ patriacich do triedy 25‑02 v zmysle dohody podpísanej v Locarne 8. októbra 1968, ktorou sa zavádza medzinárodné triedenie priemyselných vzorov, v znení neskorších zmien a doplnení a je vyobrazený takto: Tento dizajn Spoločenstva bol zapísaný ku dňu podania prihlášky na zápis dizajnu pod číslom 000070438‑0002 a uverejnený vo Vestníku dizajnov Spoločenstva č. 2003/035 z 9. decembra 2003. Dňa 11. septembra 2007 vedľajší účastník konania, spoločnosť Poli‑Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o., podal na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti dotknutého dizajnu. Dôvod uvádzaný na podporu tohto návrhu sa opieral o článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkami 4 až 6 tohto nariadenia. Vedľajší účastník konania uviedol, že sporný dizajn nie je nový, keďže rovnaké dizajny boli v roku 1999 uvedené na trh tureckou spoločnosťou Nil Plastik a nemeckými spoločnosťami Bolta a Döllken. Na podporu svojho návrhu predložil vedľajší účastník konania najmä vybrané stránky katalógu Programm 1999 spoločnosti Döllken (ďalej len „katalóg Döllken“) obsahujúce nasledujúce vyobrazenie: Rozhodnutím z 31. mája 2010 výmazový odbor ÚHVT vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti z dôvodu, že sporný dizajn nie je nový. Svoje posúdenie založil na jednom zo zobrazení v katalógu Döllken z roku 1999, ktorý je znázornený nižšie (ďalej len „skorší dizajn D1“): Výmazový odbor sa v podstate domnieval, že sporný dizajn sa nijako viditeľne nelíši od skoršieho dizajnu D1, keďže je súčasťou zloženého výrobku a jeho jediným viditeľným znakom počas bežného užívania je predná plocha. Dňa 4. augusta 2010 žalobkyňa podala proti tomuto rozhodnutiu výmazového odboru odvolanie na ÚHVT podľa článkov 55 až 60 nariadenia č. 6/2002. Rozhodnutím z 8. novembra 2012 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) tretí odvolací senát ÚHVT toto odvolanie zamietol. Odvolací senát sa v podstate domnieval, že sporný dizajn musí byť vyhlásený za neplatný z dôvodu, že nie je nový a nemá osobitý charakter. Konkrétne odvolací senát konštatoval, že sporný dizajn je súčasťou zloženého výrobku v zmysle článku 3 písm. c) nariadenia č. 6/2002 a že jeho jedinou viditeľnou časťou počas bežného užívania je plochý povrch základnej časti. Keďže plochý povrch sporného dizajnu sa zhoduje s plochým povrchom skoršieho dizajnu D1, odvolací senát usúdil, že tieto dva dizajny sú totožné, a teda sporný dizajn nie je nový. Takisto celkové dojmy, ktoré kolidujúce dizajny vyvolávajú u informovaného užívateľa sporného dizajnu, ktorým je v prejednávanej veci remeselník bežne kupujúci podlahové lišty, sú rovnaké. V dôsledku toho sporný dizajn nemá osobitý charakter. Návrhy účastníkov konania Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd: — zrušil napadnuté rozhodnutie, — zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania. ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd: — zamietol žalobu, — zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania. Právny stav Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvý je založený na porušení článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002, druhý na porušení článku 63 ods. 1 uvedeného nariadenia a tretí na porušení článku 62 tohto nariadenia. V rámci svojho prvého žalobného dôvodu žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát nesprávne usúdil, že sporný dizajn nie je nový a nemá osobitý charakter. ÚHVT a vedľajší účastník konania sa domnievajú, že odvolací senát oprávnene usúdil, že sporný dizajn nie je nový a nemá osobitý charakter. Článok 25 nariadenia č. 6/2002 stanovuje: „1.   Dizajn spoločenstva sa môže vymazať iba v nasledujúcich prípadoch: … b) ak dizajn nespĺňa požiadavky článkov 4 až 9; …“ V zmysle článku 4 nariadenia č. 6/2002: „… 1.   Dizajn je chránený dizajnom Spoločenstva, ak je nový a má osobitý charakter. 2.   Dizajn použitý alebo stelesnený vo výrobku, ktorý predstavuje súčasť zloženého výrobku, sa považuje za nový s osobitým charakterom iba vtedy, ak: a) súčasť po začlenení do zloženého výrobku zostáva viditeľná počas bežného užívania zloženého výrobku; a b) samotné viditeľné znaky súčasti samy osebe spĺňajú podmienky týkajúce sa novosti a osobitého charakteru. 3.   ‚Bežné užívanie‘ v zmysle odseku 2 písm. a) znamená užívanie konečným užívateľom vynímajúc údržbu, servis alebo opravy.“ V článku 3 písm. c) nariadenia č. 6/2002 je „zložený výrobok“ definovaný ako výrobok, ktorý sa skladá z viacerých častí, ktoré sa môžu nahradiť, pričom sa umožňuje rozobratie a opätovné zostavenie výrobku. Z článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 vyplýva, že zapísaný dizajn Spoločenstva sa považuje za nový, ak pred dňom podania prihlášky na zápis dizajnu, pre ktorý sa žiada ochrana, verejnosti nebol sprístupnený žiaden zhodný dizajn. V odseku 2 tohto článku je spresnené, že dizajny sa považujú za zhodné, ak sa ich znaky odlišujú iba v nepodstatných detailoch. Podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 má zapísaný dizajn Spoločenstva osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý verejnosti už bol sprístupnený pred dňom podania prihlášky, alebo ak sa žiada o právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti. Predmetnú žalobu je potrebné preskúmať s ohľadom na vyššie uvedené ustanovenia. Na úvod je potrebné zdôrazniť, že sporný dizajn, ako uviedol odvolací senát, pozostáva z plochej časti a dvoch bočných častí, ktoré sa otvárajú pod uhlom málo presahujúcim 90 stupňov a na svojich „voľných koncoch“ obsahujú výbežky smerujúce von, a že prihláška na zápis dizajnu vymedzuje, že tento dizajn je určený na používanie na podlahových lištách. Pred vykonaním porovnania kolidujúcich dizajnov na účely posúdenia novosti a osobitého charakteru sporného dizajnu je potrebné určiť, či je sporný dizajn súčasťou zloženého výrobku, a v prípade kladnej odpovede určiť, ktoré jeho časti sú počas bežného užívania viditeľné. Treba preskúmať takisto skorší dizajn D1, o ktorý sa odvolací senát opieral, keďže žalobkyňa spochybňuje posúdenie tohto dizajnu odvolacím senátom a následne zhodnosť dotknutých dizajnov. O kvalifikovaní sporného dizajnu ako súčasti zloženého výrobku Odvolací senát sa domnieval, že sporný dizajn je súčasťou zloženého výrobku pozostávajúceho z podlahovej lišty, ktorá obsahuje dutinu určenú na ukladanie elektrických káblov alebo telefónnych drôtov, a zo sporného dizajnu, a to zo zásuvného dielu zakrývajúceho dutinu, ktorý je prispôsobený podlahovej lište a možno ho odmontovať a znovu nasadiť. Rovnako je tento dizajn súčasťou zloženého výrobku, ak je začlenený do iných typov podlahových líšt, keďže jeho plochá časť sa namontuje na stenu a podlahová lišta bude spojená s ostatnými bočnými vyčnievajúcimi prvkami prostredníctvom iných vyčnievajúcich prvkov nachádzajúcich sa na jej zadnej strane. Z toho v každom prípade vyplýva, že sporný dizajn je súčasťou zloženého výrobku. Žalobkyňa tvrdí, že sporný dizajn je multifunkčný výrobok, ktorý je možné používať viacerými spôsobmi, a že jeho použitie nemožno obmedzovať iba na používanie ako súčasti zloženého výrobku. V zásade spomína dva spôsoby používania sporného dizajnu, a to použitie slúžiace na zakrytie dutiny podlahovej lišty a na pripojenie k podlahe alebo stene. Stena ani podlaha pritom nie sú považované za výrobok. Žalobkyňa sa navyše domnieva, že článok 3 písm. c) nariadenia č. 6/2002 musí byť vykladaný reštriktívne, a preto dizajn možno považovať za súčasť zloženého výrobku, iba ak je toto použitie jeho jediným rozumným spôsobom použitia. ÚHVT sa domnieva, že rozličné spôsoby použitia sporného dizajnu, na ktoré poukázala žalobkyňa, potvrdzujú, že tento dizajn je súčasťou zloženého výrobku. Na úvod je potrebné pripomenúť, že je nevyhnutné určiť, či je sporný dizajn súčasťou zloženého výrobku, keďže podľa článku 4 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia č. 6/2002 v prípade súčastí zložených výrobkov sa pri porovnávaní dotknutých dizajnov musia zohľadniť iba znaky viditeľné počas bežného užívania. Pokiaľ ide o prejednávanú vec, treba zdôrazniť, že zo spisu, a najmä z dokumentov obsiahnutých v prílohe žaloby, vyplýva, že sporný dizajn je súčasťou zloženého výrobku, keďže je určený na zakrytie dutiny podlahovej lišty a druhorado aj dutiny v stene alebo podlahe. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že hoci žalobkyňa tvrdí, že sporný dizajn je multifunkčný výrobok, uvádza v podstate iba spôsoby použitia tohto dizajnu ako zásuvného dielu v podlahovej lište, stene alebo podlahe. Je pravda, že žalobkyňa spomína aj možnosť používania sporného dizajnu ako nezávislého výrobku, a to ako žľabu, a v tomto smere odkazuje na prílohu A7 žaloby. Pri vypočutí na pojednávaní však žalobkyňa priznala, že toto použitie je iba hypotetické. Aj keď takéto prípadné používanie dizajnu nemožno vylúčiť, treba zdôrazniť, že výlučne hypotetické použitie sporného dizajnu, ako je uvedené v prílohe A7 žaloby, nemôže byť zohľadnené, keďže zo spisu v prejednávanej veci jasne vyplýva, že sporný dizajn sa bude používať prevažne ako zásuvný diel na zakrytie dutiny. Sporný dizajn je teda súčasťou zloženého výrobku. O viditeľných znakoch súčasti počas bežného užívania Podľa článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 6/2002 viditeľné znaky dizajnu predstavujúce súčasť zloženého výrobku musia samy osebe spĺňať podmienky týkajúce sa novosti a osobitého charakteru. Podľa odseku 3 uvedeného článku bežné užívanie znamená užívanie konečným užívateľom s výnimkou údržby, servisu alebo opráv. Preto treba identifikovať viditeľné znaky počas bežného užívania výrobku. Odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia usúdil, že pre konečného užívateľa sporného dizajnu, teda užívateľa miestností, v ktorých boli podlahové lišty namontované, zostáva viditeľným iba jeho predná plocha, ak slúži ako zásuvný diel na zakrytie dutiny podlahovej lišty. Naproti tomu počas užívania, ktoré je zobrazené v katalógu Döllken, nie je viditeľná žiadna časť dizajnu, keďže dizajn je skrytý za podlahovou lištou. Žalobkyňa nesúhlasí s tvrdeniami odvolacieho senátu a domnieva sa, že všetky časti sporného dizajnu zostávajú viditeľné počas jeho bežného užívania, t. j. keď je sporný dizajn vyrobený z priehľadného materiálu, v prípade odňatia zásuvného dielu počas inštalovania káblov v podlahovej lište alebo aj vtedy, ak okraje podlahovej lišty nie sú zakryté. ÚHVT sa domnieva, že úvaha odvolacieho senátu, podľa ktorej je počas bežného užívania jedinou viditeľnou časťou sporného dizajnu plochý povrch, je opodstatnená. V súvislosti s argumentmi žalobkyne uvádza, že odňatie zásuvného dielu podlahovej lišty pri oprave káblov alebo ich uložení v dutine nepatrí k bežnému užívaniu. Navyše by bolo nelogické predstaviť si, že okraje podlahovej lišty by mohli byť ponechané odkryté. Okrem toho žalobkyňa uvádza, že v rozpore so závermi odvolacieho senátu sporný dizajn nemôže byť užívaný v spojení s podlahovou lištou, ako je zobrazená v katalógu Döllken, t. j. byť pripevnený na stene a zakrytý podlahovou lištou pripevnenou k vyčnievajúcim prvkom dizajnu za pomoci iných vyčnievajúcich prvkov nachádzajúcich sa na tej istej podlahovej lište. Takéto užívanie by nebolo možné najmä z dôvodu, že výbežky sporného dizajnu sú príliš dlhé na to, aby mohli byť vsunuté do zadnej časti podlahovej lišty. V tejto súvislosti treba konštatovať, že podľa článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 6/2002 sa dizajn, ktorý predstavuje súčasť zloženého výrobku, považuje za nový s osobitým charakterom iba vtedy, ak táto súčasť po začlenení do zloženého výrobku zostáva viditeľná počas bežného užívania tohto výrobku. Z toho vyplýva, že užívanie dizajnu tým spôsobom, že sa pripevní k zadnej časti podlahovej lišty, by viedlo k nemožnosti ochrany tohto dizajnu, a teda ho nemožno zohľadniť v prejednávanej veci. Jediným užívaním sporného dizajnu, ktoré má byť zohľadnené na účely predmetného skúmania, je užívanie zásuvného dielu na účely zakrytia dutiny. Záver odvolacieho senátu, podľa ktorého žiadna časť výrobku, na ktorý sa dizajn vzťahuje, nezostáva viditeľnou, ak je dizajn pripevnený k zadnej časti podlahovej lišty, teda nie je v prejednávanej veci relevantný, avšak bez toho, aby táto skutočnosť mala vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. Žalobkyňa teda nemôže oprávnene tvrdiť, že výbežky sporného dizajnu sú príliš dlhé. Treba preto preskúmať iba viditeľnosť znakov sporného dizajnu, keď tento dizajn slúži ako zásuvný diel na zakrytie dutiny v podlahovej lište alebo v stene. Odvolací senát pritom konštatoval, že keď sa tento dizajn používa na zakrytie dutiny v podlahovej lište alebo stene, viditeľný zostáva iba plochý povrch sporného dizajnu. Táto skutočnosť je navyše zobrazená v dokumentoch predložených prílohách A8 až A13 žaloby. V tomto štádiu treba tiež preskúmať tvrdenie žalobkyne, že vzhľadom na to, že stena ani podlaha, na ktoré je umiestnený výrobok, na ktorý sa sporný dizajn vzťahuje, nie sú výrobkom v zmysle článku 3 nariadenia č. 6/2002, na sporný dizajn nemožno uplatniť kritérium viditeľnosti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že viditeľnosť je základným kritériom ochrany dizajnu Spoločenstva. Z odôvodnenia 12 nariadenia č. 6/2002 totiž vyplýva, že ochrana by sa nemala rozširovať na tie súčasti, ktoré nie sú viditeľné počas bežného užívania výrobku, ani na tie znaky takejto časti, ktoré nie sú viditeľné, keď je daná časť nainštalovaná. Z toho vyplýva, že na účely predmetného skúmania nie je nevyhnutné posúdiť, či dutiny, ktoré sporný dizajn zakrýva, sa nachádzajú vo výrobku v striktnom zmysle článku 3 nariadenia č. 6/2002, ale naopak, treba vykonať posúdenie viditeľných znakov počas bežného užívania, ako ho v prejednávanej veci uskutočnil odvolací senát. Ostatné tvrdenia žalobkyne nemôžu tento záver odvolacieho senátu spochybniť. Po prvé, inštalácia elektrických alebo telefónnych káblov v dutine podlahovej lišty zakrytej zásuvným dielom, na ktorý sa sporný dizajn vzťahuje, patrí pod výnimky stanovené v článku 4 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 v tom zmysle, že údržbu, servis alebo opravy nemožno považovať za bežné užívanie. Keďže tieto operácie sú dočasné, inštalácia alebo preloženie káblov v dutine zodpovedá práve údržbe alebo servisu v zmysle spomenutého ustanovenia. Odvolací senát navyše v bode 26 napadnutého rozhodnutia správne usúdil, že počas bežného užívania sa podlahové lišty odstraňujú iba v prípade rekonštrukcie miestnosti, opravy alebo výmeny káblov či telefónnych drôtov. V dôsledku toho sa správne domnieval, že bežné užívanie nezahŕňa odmontovanie a pravidelné kontroly zásuvného dielu. Po druhé, pokiaľ ide o možnosť nezakryť okraje podlahovej lišty a umožniť tak výhľad na priečnu časť podlahovej lišty a priečny pohľad na zásuvný diel, je potrebné vychádzať z toho, že by bolo nelogické, ako to zdôraznil ÚHVT, ponechať okraje výrobku odkryté, keďže tento výrobok bol v zásade navrhnutý tak, aby zakrýval káble. Z prílohy A13 k žalobe (s. 61 až 64) okrem toho vyplýva, že podlahové lišty, do ktorých je vložená časť, na ktorú sa vzťahuje sporný dizajn, obsahujú prvky na zakrytie okrajov líšt. V prílohe 14 žaloby (s. 66) sa navyše spresňuje, že používanie nástavcov a adaptérov umožňuje ľahko a rýchlo samostatne vykonať inštaláciu, čo v predmetnom prípade potvrdzuje, že je určený na zakrytie bočných častí podlahových líšt. Po tretie, čo sa týka výroby dizajnu z priehľadného materiálu, treba zdôrazniť, že zobrazenia používania zásuvného dielu, pripojené v prílohách A8, A9 a A12 žaloby, neumožňujú konštatovať, že priehľadný povrch umožňuje vidieť výbežky zásuvného dielu, ak je pripevnený k podlahovej lište, stene alebo podlahe. Takisto odvolací senát sa v bode 29 napadnutého rozhodnutia oprávnene domnieval, že obidva dotknuté dizajny, tak ako sú zobrazené, možno použiť pre výrobky vyrobené z rozličných materiálov, a nie iba z priehľadných materiálov. ÚHVT navyše správne uviedol, že tento znak sa neobjavuje na grafickom zobrazení sporného dizajnu. Preto záver odvolacieho senátu, podľa ktorého jediným viditeľným znakom sporného dizajnu počas bežného užívania je predná plocha, nie je nesprávny. O posúdení skoršieho dizajnu Žalobkyňa uvádza, že skorší dizajn D1 je zobrazený ako jednoduchá čiara s dvoma jednoduchými háčikmi so skrátenými koncami. Keďže pre tento dizajn nie je zobrazený žiaden trojrozmerný výrobok, akékoľvek presvedčenie, že ide o plochý povrch, je pochybné a neisté. Záver odvolacieho senátu v bode 30 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého skorší dizajn D1 zodpovedá výrobku s plochým povrchom, je teda chybný. Z dokumentu ÚHVT „Examination of Applications for Registered Community Designs“ ďalej vyplýva, že znaky skoršieho dizajnu, ktoré nie sú dostatočne zobrazené v podobe, ktorá mohla byť prv sprístupnená, nemožno zohľadniť na účely posúdenia osobitého charakteru sporného dizajnu. ÚHVT tvrdí, že zobrazenie skoršieho dizajnu, tak ako sa objavuje najmä v katalógu Döllken, umožňuje „chápať samotný výrobok“, a teda cielene porovnať sporný dizajn. Skutočnosť, že toto zobrazenie sa obmedzuje na čelný pohľad, nevylučuje porovnanie so sporným dizajnom, keďže forma a znaky skoršieho dizajnu sú v prejednávanej veci ľahko identifikovateľné, a to napriek tomu, že toto zobrazenie je dvojrozmerné a neobsahuje pohľad z perspektívy. V tejto súvislosti je potrebné najprv poznamenať, že nariadenie č. 6/2002, pokiaľ ide o posúdenie novosti a osobitého charakteru v zmysle jeho článkov 5 a 6, nevyžaduje, aby grafické zobrazenie dizajnu, ktorého zápis sa požadoval, ani grafické zobrazenie dizajnu už sprístupneného verejnosti obsahovalo pohľad z perspektívy, pokiaľ toto grafické zobrazenie umožní identifikovať formu a znaky dizajnu. V prejednávanej veci sa odvolací senát oprávnene domnieval, že zobrazenie dizajnu, tak ako bolo zverejnené v katalógu Döllken, umožňuje identifikovať formu a znaky tohto skoršieho dizajnu, ako aj spôsob jeho používania. Následne treba preskúmať otázku viditeľnosti skoršieho dizajnu počas bežného užívania. V prejednávanej veci odvolací senát v bode 30 napadnutého rozhodnutia usúdil, že jediným viditeľným znakom je, rovnako ako v prípade sporného dizajnu, predná plocha. Podľa katalógu Döllken obsahujúceho najmä skorší dizajn D1 je tento dizajn pripevnený k zadnej časti podlahovej lišty. Z toho vyplýva, že tento dizajn nie je viditeľný počas bežného užívania zloženého výrobku, ktorého je súčasťou. V tejto súvislosti treba poznamenať, že odvolací senát v bode 21 napadnutého rozhodnutia v rámci posudzovania užívania sporného dizajnu zdôraznil, že podlahové lišty, tak ako boli prezentované na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti, pozostávajú zo základnej plochej časti s vyčnievajúcimi prvkami pripevnenými k stene a z podlahovej lišty pripevnenej k týmto prvkom prostredníctvom iných, tesne zasadených vyčnievajúcich prvkov nachádzajúcich sa na zadnej strane. Odvolací senát z toho v bode 25 napadnutého rozhodnutia vyvodil, že takto používaný prvok, reprezentovaný tak sporným dizajnom, ako aj skorším dizajnom, nie je viditeľný. Keďže dizajn predstavuje súčasť zloženého výrobku, ktorá počas bežného užívania tohto zloženého výrobku nie je viditeľná, nemôže byť chránený v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 6/2002, v dôsledku čoho treba analogicky usúdiť, že pri posudzovaní novosti a osobitého charakteru dizajnu Spoločenstva nemožno porovnávať tento dizajn so skorším dizajnom, ktorý ako súčasť zloženého výrobku nie je viditeľný počas bežného užívania tohto výrobku. Kritérium viditeľnosti, stanovené v odôvodnení 12 nariadenia č. 6/2002 a pripomenuté v bode 40 vyššie, sa teda uplatňuje na skorší dizajn. ÚHVT na pojednávaní takisto pripustil, že rovnaké kritériá sa musia uplatňovať na obidva kolidujúce dizajny. Z toho vyplýva, že odvolací senát sa pri porovnaní dotknutých dizajnov dopustil nesprávneho posúdenia, keďže sa domnieval, že predná strana výrobku, na ktorý sa vzťahuje skorší dizajn a ktorý je súčasťou zloženého výrobku, zostáva pri bežnom užívaní viditeľná. V tomto zmysle nesprávne identifikoval viditeľné znaky skoršieho dizajnu. Ako sa pritom uvádza v bode 51 vyššie, návrh na vyhlásenie neplatnosti nemožno opierať o skorší dizajn, ktorý ako súčasť zloženého výrobku nie je viditeľný počas bežného užívania tohto výrobku. V dôsledku toho bolo preskúmanie novosti a osobitého charakteru sporného dizajnu, ktoré uskutočnil odvolací senát, nesprávne. Táto skutočnosť postačuje na vyhovenie predmetnému žalobnému dôvodu. Z toho vyplýva, že predmetnému žalobnému dôvodu treba vyhovieť bez toho, aby bolo nevyhnutné skúmať ďalšie tvrdenia a dôvody uvádzané žalobkyňou. O trovách Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT nemal úspech vo veci, je opodstatnené, aby znášal svoje vlastné trovy konania a bol zaviazaný na náhradu trov konania žalobkyne v súlade s jej návrhmi. Podľa článku 87 ods. 4 tretieho pododseku rokovacieho poriadku vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania. Z týchto dôvodov VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora) rozhodol a vyhlásil: 1. Rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 8. novembra 2012 (vec R 1512/2010‑3) sa zrušuje. 2. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania spoločnosti Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński. 3. Poli‑Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. znáša svoje vlastné trovy konania. Prek Labucka Kreuschitz Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 3. októbra 2014. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: angličtina.

62009TJ0433

sk

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. augusta 2009 (vec R 1538/2008‑2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi C. Marchovou Juanovou a spoločnosťou TTNB Údaje týkajúce sa veci Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: Tamara Taichman, ktorej právnou nástupkyňou je žalobkyňa, TTNB Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka Tila March pre tovary patriace do tried 3, 18 a 25 – prihláška č. 5402722 Majiteľ ochrannej známky alebo označenia, ktoré je základom námietky: Carmen March Juan Ochranná známka alebo označenie, ktoré je základom námietky: španielska slovná ochranná známka CARMEN MARCH pre tovary a služby patriace do tried 3, 18, 24, 25, 35 a 38, pričom námietka smeruje len proti zápisu pre tovary patriace do tried 3, 18 a 25 Rozhodnutie námietkového oddelenia: zamietnutie námietky Rozhodnutie odvolacieho senátu: zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia Výrok 1. Žaloba sa zamieta. 2. TTNB je povinná nahradiť trovy konania.

62002CJ0282

pl

1       Komisja Europejska wnosi w skardze do Trybunału o stwierdzenie, że nie podejmując wszelkich działań niezbędnych do zapewnienia prawidłowej transpozycji i stosowania dyrektywy Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (Dz.U. L 129, str. 23, zwanej dalej „dyrektywą”), Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy, a w szczególności jej art. 7 i 9, oraz na mocy traktatu WE. Ramy prawne 2       Zadaniem dyrektywy jest ochrona środowiska wodnego Wspólnoty przed zanieczyszczeniami. W tym celu wprowadza ona rozróżnienie na dwie kategorie substancji niebezpiecznych, wskazanych odpowiednio w wykazie I oraz wykazie II, zamieszczonych w załączniku do niej. Wykaz I wymienia substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska wodnego, które zostały wybrane głównie na podstawie toksyczności, trwałości i bioakumulacji. Wykaz II wymienia substancje, które mają szkodliwy wpływ na środowisko wodne, który może jednak być ograniczony do określonego obszaru i zależny od właściwości i położenia wody, do której te substancje są odprowadzane. Załącznik ten wskazuje, że substancje wymienione w wykazie I, dla których nie określono wartości granicznych, o których mowa w art. 6 dyrektywy, powinny być traktowane jak substancje wymienione w wykazie II. 3       Artykuł 1 ust. 1 dyrektywy stanowi, że ma ona zastosowanie do śródlądowych wód powierzchniowych, wód terytorialnych, wewnętrznych wód przybrzeżnych i wód gruntowych. 4       Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy zawiera szereg definicji, w tym definicje pojęć „zrzut” i „zanieczyszczanie”. Pojęcie „zrzutu” jest zdefiniowane w art. 1 ust. 2 lit. d) jako „wprowadzenie do wód określonych w ust. 1 substancji z wykazu I lub [wykazu] II [załącznika], z wyjątkiem: –       zrzutów podczas pogłębiania, –       zrzutów eksploatacyjnych ze statków znajdujących się na wodach terytorialnych, –       zatapiania odpadów ze statków znajdujących się na wodach terytorialnych”. 5       Pojęcie „zanieczyszczania” zostało zdefiniowane w art. 1 ust. 2 lit. e) tej dyrektywy jako „odprowadzanie przez ludzi, bezpośrednio lub pośrednio, substancji lub energii do środowiska wodnego, czego wynikiem jest zagrożenie ludzkiego zdrowia, szkody w zasobach żywych i ekosystemach wodnych, zniszczenia urządzeń lub zakłócenia innych [zgodnych z prawem] sposobów wykorzystania wody”. 6       Artykuł 2 dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek podjęcia odpowiednich działań w celu eliminacji zanieczyszczania wód przez substancje wymienione w wykazie I załącznika do dyrektywy oraz w celu zmniejszenia zanieczyszczania substancjami wymienionymi w wykazie II tego załącznika. 7       Artykuł 7 dyrektywy stanowi: „1. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód określon[ych] w art. 1 substancjami z wykaz[u] II państwa członkowskie ustanawiają programy, przy wprowadzeniu których stosowane są w szczególności metody określon[e] w ust. 2 i 3. 2. Wszystkie zrzuty do wód określonych w art. 1 mogące zawierać którąkolwiek z substancji z wykazu II wymagają uprzedniego upoważnienia właściwych władz danego państwa członkowskiego, w którym są ustanowione normy emisji. Normy te są oparte na wskaźnikach jakości ustalonych zgodnie z ust. 3. 3. Programy określone w ust. 1 obejmują wskaźniki jakości dla wody; są one ustanowione zgodnie z dyrektywami Rady, jeśli takie istnieją. 4. Programy mogą zawierać również przepisy szczególne określając[e] skład i wykorzystanie substancji lub grup substancji i produktów, biorąc przy tym pod uwagę najnowsze osiągnięcia techniczne wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia. 5. Programy określają nieprzekraczalne terminy ich wdrożenia. 6. Podsumowania programów i wyniki ich wdrażania są przekazywane Komisji. 7. Komisja i państwa członkowskie prowadzą regularne porównania programów celem zapewnienia wystarczającej koordynacji ich wdrażania. W razie potrzeby przedstawiają Komisji w tej sprawie odpowiednie wnioski”. 8       Artykuł 8 zdanie drugie dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zabraniają wszelkich działań, których celem bądź skutkiem jest obejście przepisów niniejszej dyrektywy. 9       Artykuł 9 dyrektywy wskazuje, że zastosowanie podejmowanych na jej podstawie środków nie może w żadnym przypadku prowadzić, bezpośrednio czy pośrednio, do zwiększenia zanieczyszczenia wód objętych tą dyrektywą. 10     Artykuł 10 dyrektywy stanowi, że tam, gdzie jest to celowe, jedno lub kilka państw członkowskich może, indywidualnie lub wspólnie, przedsięwziąć bardziej rygorystyczne środki od przewidzianych tą dyrektywą. 11     Dyrektywa nie wskazuje w sposób wyraźny terminu jej wdrożenia. W art. 12 ust. 2 przewidziano, że „[jeśli to możliwe, w ciągu 27 miesięcy] od ogłoszenia niniejszej dyrektywy Komisja wysyła pierwsze wnioski, zgodnie z art. 7 ust. 7. Rada działająca jednomyślnie podejmuje decyzje w ciągu dziewięciu miesięcy”. 12     W piśmie z dnia 3 listopada 1976 r. Komisja zaproponowała państwom członkowskim następujące terminy wdrożenia dyrektywy: 15 września 1978 r. dla systemu upoważnień, 15 września 1981 r. dla przyjęcia programów redukcji zanieczyszczenia substancjami wskazanymi w wykazie II i 15 września 1986 r. dla realizacji tych programów. 13     Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327, str. 1) zawiera szereg postanowień odnoszących się do dyrektywy. 14     W szczególności art. 22 ust. 2 dyrektywy 2000/60 stanowi, co następuje: „Następujące przepisy tracą moc w ciągu 13 lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy: [...] –       dyrektywa 76/464/EWG [...]”. Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi 15     W następstwie otrzymanego przez Komisję powiadomienia w dniu 4 lutego 1991 r. przedstawiła ona Irlandii wezwanie do usunięcia uchybienia, wskazując, że to państwo członkowskie nie przedstawiło podsumowań programów redukcji zanieczyszczenia niektórymi substancjami wskazanymi w wykazie II załącznika do dyrektywy. 16     W dniu 23 grudnia 1992 r. Komisja przedstawiła Irlandii nowe wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym stwierdziła w szczególności, że w ustawodawstwie irlandzkim nie dokonano prawidłowej transpozycji art. 7 dyrektywy. Jej zdaniem, przepisy irlandzkie nie nadają programom redukcji zanieczyszczeń charakteru obligatoryjnego i nie określają w wystarczającym stopniu wskaźników jakości oraz systemu upoważnień dotyczącego ścieków. Komisja dodała, że art. 7 dyrektywy nie został prawidłowo wdrożony w odniesieniu do szeregu konkretnych dziedzin. Irlandia udzieliła odpowiedzi pismem z dnia 30 lipca 1993 r. 17     W dniu 14 lutego 1996 r., po zbadaniu szeregu powiadomień dotyczących irlandzkich morskich gospodarstw rybackich, Komisja przedstawiła temu państwu członkowskiemu wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym zwróciła jego uwagę na okoliczność, że do wspomnianych gospodarstw nie stosuje ono art. 7 dyrektywy. 18     Pismami z dnia 11 i 14 czerwca 1996 r. Irlandia przedstawiła Komisji odpowiedź oraz uściśliła swoje stanowisko odnośnie do art. 7. 19     W dniu 3 października 1996 r. Komisja skierowała do tego państwa członkowskiego wezwanie do usunięcia uchybienia, którym uzupełnia wezwanie z dnia 23 grudnia 1992 r. 20     W dniu 12 czerwca 1997 r. Komisja przedstawiła Irlandii uzasadnioną opinię, w której połączyła te postępowania i wskazała różnorodne naruszenia zobowiązań ciążących na tym państwie członkowskim, stanowiące pogwałcenie art. 7 i art. 9 dyrektywy, w szczególności wskazała na brak programów redukcji zanieczyszczenia lub brak informacji o tych programach oraz wynikach ich stosowania w formie podsumowań, jak również na zaniechania w przedmiocie obligatoryjnych środków wykonawczych (tj. wskaźników jakości, upoważnień i norm emisji) oraz brak przeciwdziałania powstaniu i pogłębianiu się powszechnego zanieczyszczenia wód słodkich fosforem. 21     11 czerwca 1997 r., to jest dzień przed wysłaniem wspomnianej uzasadnionej opinii, Irlandia skierowała do Komisji pismo zawierające opis strategii walki z eutrofizacją rzek i jezior irlandzkich, koncentrującej się na dorzeczach. Strategia ta miała na celu walkę ze wskazanym w uzasadnionej opinii zjawiskiem zanieczyszczenia fosforem. 22     Po wielokrotnej wymianie pism pomiędzy Irlandią i Komisją ta ostatnia w dniu 28 lipca 2000 r. skierowała do tego państwa członkowskiego uzupełniającą uzasadnioną opinię, w której stwierdziła, że nie podejmując wszelkich działań wymaganych do zapewnienia prawidłowej transpozycji i stosowania dyrektywy, Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy, a w szczególności jej art. 7 i 9, oraz na mocy traktatu WE, i wezwała to państwo członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków celem zastosowania się do tej opinii w terminie dwóch miesięcy od jej doręczenia. 23     W dniu 2 lutego 2001 r. Irlandia w odpowiedzi na uzasadnioną opinię przekazała Komisji nowy akt prawny, tj. rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie jakości wody – substancje niebezpieczne [Water Quality (Dangerous Substances) Regulations (S.I. nr 12 z 2001 r.), zwane dalej „rozporządzeniem z 2001 r.”]. Rozporządzenie to ustala wskaźniki jakości dla atracyny, chlorku metylenu, metylobenzenu, tributylocyny, dwumetylobenzenu, arsenu, chromu, miedzi, cyjanku, fluorku, ołowiu, simazyny, niklu i cynku. Irlandia wskazała, że notyfikacja tych nowych przepisów została dokonana na podstawie dyrektywy 2000/60. 24     W dniu 6 kwietnia 2001 r. Irlandia przekazała Komisji kopię raportu sporządzonego przez irlandzką agencję ds. ochrony środowiska dotyczącego obecności 78 substancji niebezpiecznych w irlandzkich wodach powierzchniowych. 25     W dniu 30 lipca 2001 r. rzeczone państwo członkowskie notyfikowało Komisji inne środki, takie jak rozporządzenia gminne mające na celu wdrożenie dyrektywy, jak również dyrektywy 2000/60. 26     W dniu 15 lutego 2002 r. Irlandia przekazała Komisji kopię publikacji dotyczącej zanotowanego postępu w wykonaniu przez irlandzkie jednostki administracji terytorialnej środków redukcji zanieczyszczenia fosforem. 27     Nieusatysfakcjonowana wyjaśnieniami przedstawionymi przez to państwo członkowskie Komisja postanowiła wnieść niniejszą skargę. W przedmiocie skargi W przedmiocie terminu transpozycji dyrektywy 28     Tytułem wstępu należy wskazać, że dyrektywa nie określa wyraźnie terminu, w którym państwa członkowskie są zobowiązane do dokonania jej transpozycji. Przed orzeczeniem w przedmiocie zasadności zarzutów Komisji należy ustalić, czy mimo to państwa członkowskie były związane jakimkolwiek terminem zastosowania się do zobowiązań wynikających z tej dyrektywy. 29     Artykuł 12 ust. 2 dyrektywy stanowi, że Komisja prześle Radzie, jeśli to możliwe w terminie dwudziestu siedmiu miesięcy od ogłoszenia dyrektywy, pierwsze wnioski sporządzone w celu porównania programów ustanowionych przez państwa członkowskie w trybie art. 7 ust. 7 dyrektywy. 30     Rzeczywiście, art. 12 ust. 2 nie określa wiążącego terminu. Zawarte w nim sformułowanie „jeśli to możliwe” wskazuje, że nie chodzi o termin o wiążącym charakterze. Jednak, określając relatywnie krótki okres do oceny pierwszych rezultatów wykonania dyrektywy, przepis ten ma na celu uniknięcie zwłoki w stosowaniu jej postanowień. 31     Ponadto dyrektywa, której transpozycja mogłaby pozostawać zawieszona na czas nieokreślony, byłaby pozbawiona sensu i wszelkiej skuteczności. Cel dyrektywy, w tym przypadku w postaci eliminacji bądź redukcji zanieczyszczenia wód, wymaga, by została ona transponowana w rozsądnym terminie w celu zagwarantowania jej skuteczności. W razie braku transpozycji przez dłuższy czas brak byłoby bowiem jakiejkolwiek kontroli sytuacji sprzyjających wzrostowi zanieczyszczenia, przez co dyrektywa byłaby pozbawiona wszelkiej skuteczności. 32     Jeśli chodzi o sformułowanie „rozsądny termin”, należy przypomnieć, że w piśmie z dnia 3 listopada 1976 r. Komisja zaproponowała państwom członkowskim przyjęcie daty 15 września 1978 r. dla systemu upoważnień, 15 września 1981 r. dla ustanowienia programów i 15 września 1986 r. dla ich wykonania. Irlandia nie sprzeciwiła się w tamtym okresie sugerowanym terminom. Ponadto jako że ochrona środowiska ma podstawowe znaczenie w planowaniu i realizacji polityk oraz działań Wspólnoty, szybkie działanie władz krajowych mogło być konieczne w celu zaradzenia problemowi zanieczyszczenia wód. 33     W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że o ile rzeczywiście, odbiegając od zwykłej praktyki, dyrektywa nie wskazała terminu swej transpozycji, o tyle okoliczność ta nie oznacza, że państwa członkowskie miały swobodę w zakresie podjęcia zmierzających do jej wdrożenia działań w terminach, które same uznałyby za odpowiednie. W świetle konieczności zagwarantowania skuteczności dyrektywy oraz okoliczności, że terminy zaproponowane przez Komisję w celu stopniowego jej wdrożenia nie spotkały się w okresie ich przedstawienia ze sprzeciwem Irlandii, była ona zobowiązana do transpozycji dyrektywy w rozsądnym terminie. 34     Należy stwierdzić, że w chwili otwarcia postępowania poprzedzającego wniesienie skargi rozsądny okres na dokonanie transpozycji dyrektywy już upłynął. W przedmiocie pierwszego zarzutu, opartego na naruszeniu przepisów art. 7 ust. 1 dyrektywy. Argumentacja stron 35     W pierwszym zarzucie Komisja podnosi, że Irlandia, sprzecznie z wymogami art. 7 ust. 1 dyrektywy, nie ustanowiła programów redukcji zanieczyszczeń w odniesieniu do wszystkich substancji wskazanych w wykazie II. 36     Ze swej strony Irlandia podnosi, że nałożony na nią w art. 7 ust. 1 dyrektywy obowiązek obejmuje rzeczone substancje wyłącznie, gdy zostaną one wykryte bądź mogą zostać wykryte w wodach należących do jej jurysdykcji. Stwierdza więc, że ciążący na niej obowiązek ustanowienia programów dla wszystkich substancji zawartych w wykazie II dyrektywy musi być rozumiany w ten sposób, że jest uwarunkowany konkretną sytuacją tego państwa członkowskiego. 37     Dalej Irlandia twierdzi, że wykonała programy dla wszystkich substancji wskazanych w wykazie II, dla których była zobowiązana to uczynić. Stwierdza ona, że wobec braku znacznego, rzeczywistego bądź potencjalnego, zanieczyszczenia lub odpadów zawierających takie substancje, nie była zobowiązana do ustanawiania programów przewidzianych w art. 7 dyrektywy w odniesieniu do tych substancji. Ocena Trybunału 38     Tytułem wstępu należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału programy, które powinny zostać ustanowione w trybie art. 7 dyrektywy, muszą być szczegółowe. Szczegółowy charakter programów polega na tym, że muszą one przedstawiać globalne i spójne podejście mające charakter konkretnego i szczegółowego planowania, obejmującego całość terytorium kraju i dotyczącego redukcji zanieczyszczeń spowodowanych wszystkimi substancjami z wykazu II, które są istotne z punktu widzenia sytuacji w każdym państwie członkowskim, z uwzględnieniem ustalonych w ramach tych programów wskaźników jakości dla wód, do których odprowadzane są zanieczyszczenia (wyrok z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie C‑207/97 Komisja przeciwko Belgii, Rec. str. I‑275, pkt 39 i 40). Koncepcja „programu” oznacza więc serię skoordynowanych i zintegrowanych działań o globalnym charakterze. 39     W tym kontekście należy zbadać, czy akty krajowe przyjęte przez Irlandię spełniają te kryteria. Przyjęte akty krajowe to: –       rozporządzenie z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie wskaźników jakości wód dla fosforu [Local Government (Water Pollution) Act 1977 (Water Quality Standards for Phosphorus) Regulations 1998; S.I. nr 258 z 1998 r., zwane dalej „rozporządzeniem z 1998 r.”] ustalające obowiązkowe wskaźniki dla fosforu, –       rozporządzenie z  2001 r. ustalające wskaźniki jakości dla czternastu innych substancji, –       pewne rozporządzenia gminne mające na celu wykonanie zarówno dyrektywy, jak i rozporządzenia z 1998 r. Akty te przewidują określenie jako podstawy programu wskaźników jakości dla fosforu i czternastu innych substancji. 40     Po pierwsze, w przedmiocie czternastu substancji wymienionych w rozporządzeniu z 2001 r. należy stwierdzić, że rozporządzenie to weszło w życie po upływie terminu wskazanego w uzupełniającej uzasadnionej opinii, co władze irlandzkie przyznały w odpowiedzi na skargę. Istnienie uchybienia zobowiązaniom, które ciążą na państwie członkowskim, musi być oceniane w świetle okoliczności mających miejsce w dniu upływu terminu wskazanego w uzasadnionej opinii, a mające miejsce w późniejszym okresie zmiany nie mogą być brane pod uwagę przez Trybunał (wyrok z dnia 17 września 1996 r. w sprawie C‑289/94 Komisja przeciwko Włochom, Rec. str. I‑4405, pkt 20). Należy zatem stwierdzić, że Irlandia nie ustanowiła w wyznaczonym jej terminie programów redukcji zanieczyszczenia dla wszystkich substancji, dla których była zobowiązana to uczynić. 41     Po drugie, w przedmiocie zakwalifikowania rozporządzenia z 1998 r. jako aktu ustanawiającego program redukcji zanieczyszczenia fosforem należy zauważyć, że nie obejmuje ono całości krajowych wód powierzchniowych, jako że wskaźniki jakości ustalone rozporządzeniem nie dotyczyły kanałów. Irlandia przyznaje w odpowiedzi na skargę, że nie ustanowiła wskaźników jakości dla kanałów w odniesieniu do fosforu i w ten sposób uchybiła swojemu zobowiązaniu zastosowania się do wymogu ustanowienia takich wskaźników dla wszystkich krajowych wód powierzchniowych. 42     Co się tyczy rozporządzeń gminnych mających na celu wykonanie dyrektywy, wystarczy zauważyć, że z akt sprawy wynika, że informacje przesłane przez Irlandię w dniu 30 lipca 2001 r. wskazują, iż dotyczą one wyłącznie rozporządzeń przyjętych przez cztery jednostki administracji terytorialnej w odniesieniu do działalności rolniczej. W informacji tej Irlandia wskazała również, że inne projekty rozporządzeń są przygotowywane przez władze lokalne. 43     W świetle powyższego należy stwierdzić, że Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 7 ust. 1 dyrektywy, wskutek nieustanowienia programów redukcji zanieczyszczenia dla wszystkich substancji, dla których była zobowiązana to uczynić na mocy dyrektywy. W przedmiocie drugiego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 3 dyrektywy Argumentacja stron 44     W drugim zarzucie Komisja podnosi, że Irlandia, sprzecznie z postanowieniem art. 7 ust. 3 dyrektywy, nie ustanowiła wskaźników jakości. Zarzut ten składa się z dwóch części. 45     W pierwszej części Komisja stwierdza, że rzeczone państwo członkowskie nie ustanowiło wskaźników jakości w odniesieniu do substancji innych niż fosfor i czternaście substancji objętych rozporządzeniem z 2001 r. 46     W drugiej części podniesiono, że rozporządzenie z 1998 r., które przewiduje ustanowienie wskaźników jakości dla fosforu, nie spełnia wymogów dyrektywy. Komisja powołuje szereg okoliczności, do których należą: brak wyznaczenia wskaźników jakości dla wszystkich wód krajowych, okoliczność, że władze irlandzkie ograniczyły się do przeprowadzenia obserwacji, co nie jest równoznaczne z wyznaczeniem wskaźników jakości, termin 20 lat po przyjęciu dyrektywy na dokonanie takich obserwacji, naruszenie zawartej w dyrektywie definicji pojęcia „zanieczyszczania” oraz brak niezawodności przyjętych przez Irlandię metod analizy dotyczących jezior. 47     Władze irlandzkie zaprzeczają twierdzeniom Komisji, wskazując, po pierwsze, na zakres przyjętych środków nadzoru, po drugie, na uwzględnienie rozporządzenia z 1998 r. jako środka tymczasowego mającego na celu poprawę jakości wód wyraźnie wskazanych w tym rozporządzeniu oraz, po trzecie, swobodę wyboru metody analizy jakości wód jezior w świetle okoliczności, że dyrektywa nie narzuca wyboru metody analizy. Ocena Trybunału 48     Na wstępie należy stwierdzić, że chociaż Irlandia twierdzi, że w istocie spełniła wymogi art. 7 dyrektywy, w odpowiedzi na skargę państwo to przyznaje, że w chwili upływu terminu przewidzianego w uzupełniającej uzasadnionej opinii nie przyjęło wszystkich środków wymaganych w ust. 3 tego artykułu. 49     W szczególności w odniesieniu do pierwszej części drugiego zarzutu Irlandia stwierdza, że obowiązek ustanowienia wskaźników jakości dla substancji wymienionych w wykazie II załącznika do dyrektywy jest uwarunkowany konkretną sytuacją każdego państwa członkowskiego. Jednakże przyznaje ona w odpowiedzi na skargę, że przyjęła wskaźniki jakości wyłącznie dla fosforu i czternastu innych substancji, a przy tym w odniesieniu do tych ostatnich dokonała tego cztery miesiące po upływie terminu wskazanego w uzasadnionej opinii. Natomiast, jak wskazała to Komisja w skardze, nie ustalono żadnych wskaźników dla pewnej liczby substancji pochodzących z sektora przemysłowego. 50     W świetle powyższych okoliczności pierwsza część drugiego zarzutu jest zasadna. 51     Co się tyczy drugiej części drugiego zarzutu, w odniesieniu w pierwszej kolejności do argumentu Irlandii dotyczącego zakresu środków nadzoru jakości wód krajowych w pkt 41 niniejszego wyroku zostało już wskazane, że rozporządzenie z 1998 r. nie dotyczy wszystkich krajowych wód powierzchniowych, jako że kanały nie zostały objęte zakresem jego stosowania. Ponadto obserwacja jezior dotyczyła tylko 65% ogólnej powierzchni jezior krajowych, jak przyznała to w duplice Irlandia. Ponadto Irlandia ograniczyła się do zwykłej obserwacji jakości wody. Choć przeprowadzenie zwykłych obserwacji może stanowić istotny element zdefiniowania wskaźników jakości, nie jest równoznaczne z ustaleniem takich wskaźników. W tych okolicznościach argumenty Irlandii nie mogą zostać uwzględnione. 52     W odniesieniu do naruszenia definicji pojęcia „zanieczyszczanie” zawartej w dyrektywie Irlandia wskazuje, że rozporządzenie z 1998 r. stanowi tymczasowy środek mający na celu doprowadzenie do poprawy jakości wód wyraźnie wskazanych w tym rozporządzeniu i wobec tego musi zostać uznane za pragmatyczny krok w celu podjęcia problemu zanieczyszczenia wód słodkich fosforem, przy zastosowaniu standardów surowszych niż przewidziane w ustawodawstwie innych państw członkowskich. 53     Zgodnie z tym, co Trybunał orzekł uprzednio, okoliczność, że państwo członkowskie twierdzi, że narzuciło sobie cele bardziej ambitne od wskazanych w dyrektywie, nie uwalnia tego państwa od obowiązku zastosowania się co najmniej do wymogów przewidzianych przez tę dyrektywę (zob. wyrok z dnia 2 maja 2002 r. w sprawie C‑292/99 Komisja przeciwko Francji, Rec. str. I‑4097, pkt 48). 54     Okoliczność zakwalifikowania rozporządzenia z 1998 r. jako środka tymczasowego, którego wyniki zostaną rozliczone w  2007 r., nie pozwala na uznanie go za wystarczające do wykonania obowiązków wynikających z art. 7 ust. 3 dyrektywy, pomimo rozważanego przez władze irlandzkie przyjęcia surowszych wskaźników jakości. W tych okolicznościach argumentacja Irlandii nie może zostać uwzględniona. 55     Wreszcie jeśli chodzi o niezawodność systemu analizy jakości wód jezior, dwa opracowania przygotowane przez Central Fisheries Board (centralne biuro ds. rybołówstwa) oraz Environmental Protection Agency (agencję ds. ochrony środowiska) zawarte przez Komisję w załączniku do skargi podważają niezawodność systemu pobierania próbek na środku jeziora. Ponieważ Irlandia nie przedstawiła żadnego dowodu podważającego argumenty oparte na tych dokumentach, jej argumentacja w odniesieniu do tego punktu musi również zostać uznana za bezzasadną. 56     W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że nie ustanawiając wskaźników jakości zgodnie z wymogami art. 7 ust. 3 dyrektywy, Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tego przepisu. W przedmiocie trzeciego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 2 dyrektywy Argumentacja stron 57     Komisja zarzuca Irlandii, że nie ustanowiła systemu upoważnień zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy, wskazując jako przykład pewne rodzaje zrzutów powodujących zanieczyszczenie nieobjęte obowiązkiem uzyskania takiego upoważnienia. 58     Komisja wskazuje, że Irlandia nie ustanowiła systemu uprzednich upoważnień do niektórych zrzutów pochodzących ze zbiorowości lokalnych. 59     Podobnie, zdaniem Komisji, zrzuty substancji wskazanych w wykazie II, pochodzących z irlandzkich instalacji morskich nie są przedmiotem uprzednich upoważnień. 60     Podnosi ona również, że irlandzkie ustawodawstwo nie gwarantuje nawet – a chodzi o jedno z najważniejszych źródeł zanieczyszczenia – że pochodzące z instalacji rolniczych zrzuty fosforu będą przedmiotem obowiązku uzyskania upoważnienia, a w razie jego braku będą zabronione. 61     W ostatniej kolejności Komisja podnosi okoliczność, że zrzuty fosforu pochodzące z rozpylania z powietrza do celów zalesiania nie są przedmiotem uprzedniego upoważnienia. 62     Irlandia zaprzecza tym twierdzeniom. W szczególności jeśli chodzi o zrzuty pochodzące z kanałów ściekowych, za które odpowiadają władze lokalne, Irlandia twierdzi, że podlegają one przepisom rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (Urban Waste Water Treatment Regulations 2001), które w prawidłowy sposób wdraża dyrektywę Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135, str. 40). 63     Irlandia przyznaje, że nie ustanowiła systemu upoważnień, jeśli chodzi o przelewy burzowe znajdujące się w kompetencji lokalnych służb sanitarnych. Jednakże uważa ona, że nie była zobowiązana do ustanowienia takiego systemu dla rzeczonych przelewów w świetle swobody uznania przyznanej państwom członkowskim w dyrektywie 91/271, która pozwala na wprowadzanie – poza systemem uprzednich upoważnień właściwym dla tej dyrektywy – rozporządzeń o charakterze ogólnym. Wspomniane rozporządzenie z dnia 14 lipca 2001 r. spełnia w Irlandii funkcję uprzedniego rozporządzenia o charakterze ogólnym. Ponadto jest przygotowywana ustawa mająca na celu ustanowienie wymogu uprzedniego upoważnienia do zrzutów dokonywanych przez zbiorowości lokalne w przypadkach, gdy nie są one jeszcze objęte standardami wyznaczonymi w przepisach prawa lub systemem uprzednich upoważnień. 64     Co się tyczy instalacji morskich, Irlandia wskazuje na ustawę o zmianie ustawy o rybołówstwie z 1997 r. [Fisheries (Amendment) Act 1997], choć przyznaje, że jej przepisy dotyczą wyłącznie zrzutów pochodzących z instalacji hydroponicznych. Jednakże, zdaniem Irlandii, przepisy te powinny być interpretowane w związku z ustawami o przedbrzeżu morskim z lat 1933–1998 (Foreshore Acts 1933–1998) przewidującymi wymóg uzyskania upoważnienia ministra na zagospodarowanie strefy przedbrzeża. 65     Jeśli chodzi o zanieczyszczenia pochodzące z instalacji rolniczych, Irlandia stwierdza, że niektóre przecieki zanieczyszczonych cieczy pochodzących z instalacji rolniczych mają charakter niezamierzony i wielokrotnie są skutkiem wypadku. Choć przyznaje ona, że uprzednie upoważnienie mogłoby być wymagane w świetle postanowień dyrektywy tam, gdzie zrzuty są przewidywalne, właściwą reakcją na zrzuty niezamierzone lub będące skutkiem wypadku jest wezwanie osób odpowiedzialnych do podjęcia możliwie najskuteczniejszych działań zaradczych, a w razie ich braku zastosowanie kar pieniężnych. 66     W odniesieniu do rozpylania nawozów nad obszarami leśnymi Irlandia podnosi, że od dawna zostało ono poddane wymogowi uzyskania uprzedniego upoważnienia krajowych władz administracyjnych i że przynajmniej od stycznia 2002 r. takie nawożenie wymaga specjalnego postępowania administracyjnego. 67     Wreszcie Irlandia kwestionuje przedstawiony we wniosku Komisji argument, że ustanowiony przez art. 3 ust. 1 ustawy z 1977 r. o władzach terenowych (zanieczyszczenie wody) [Local Government (Water Pollution) Act 1977, zwanej dalej „ustawą z 1977 r.”] system oparty na zakazie nie stanowi surowszego systemu niż system upoważnień. Artykuł 3 ust. 1 tej ustawy stanowi, że „żaden podmiot nie spowoduje zanieczyszczenia wód ani nie zezwoli na takie zanieczyszczenie” i wobec tego stanowi on, zdaniem Irlandii, bardziej rygorystyczny środek w rozumieniu art. 10 dyrektywy. Ocena Trybunału 68     Tytułem wstępu należy zauważyć, że jak już wielokrotnie orzekał Trybunał, z art. 7 ust. 2 dyrektywy wynika w szczególności, że upoważnienia powinny zawierać normy emisji mające zastosowanie do indywidualnych zrzutów, na które udzielono zgody, przy czym normy te są oparte na ustalonych wcześniej – w ramach programu w rozumieniu ust. 1 tego artykułu i mających na celu ochronę przedmiotowych wód stojących i bieżących – wskaźnikach jakości (wyrok z dnia 11 czerwca 1998 r w sprawach połączonych C‑232/95 i C‑233/95 Komisja przeciwko Grecji, Rec. str. I‑3343, pkt 28). Z powodu braku spójnego i ogólnego systemu wskaźników jakości inne elementy programu (upoważnienia i oparte na wskaźnikach normy emisji) nie mogą zostać ustalone w sposób pozwalający na zastosowanie się do wymogów dyrektywy. 69     Należy przypomnieć, że jak stwierdzono w pkt 43 i 56 niniejszego wyroku, Irlandia nie zastosowała się do wymogów dyrektywy w zakresie ustalenia wskaźników jakości przed upływem terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii. 70     Ponadto jeśli chodzi o brak poddania niektórych zrzutów pozostających w kompetencji władz lokalnych – takich jak zrzuty z kanałów ściekowych i przelewy burzowe – wymogowi uzyskania upoważnienia, należy zauważyć, że rozporządzenie z 2001 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, wskazane przez Irlandię w celu wykazania braku uchybienia, zostało przyjęte w dniu 14 czerwca 2001 r., to znaczy prawie w rok po przesłaniu przez Komisję uzupełniającej uzasadnionej opinii. Istnienie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego musi być oceniane w świetle okoliczności mających miejsce w dniu upływu terminu wskazanego w uzasadnionej opinii, a mające miejsce w  późniejszym okresie zmiany nie mogą być brane pod uwagę przez Trybunał (zob. ww. wyrok Komisja przeciwko Włochom, pkt 20). Należy w tym zakresie stwierdzić uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego. 71     Jeśli chodzi o brak systemu upoważnień w odniesieniu do instalacji morskich, zarzut jest zasadny. Z jednej strony Irlandia w odpowiedzi na skargę przyznała, że ustawodawstwo krajowe w tej dziedzinie nie wymaga upoważnień dla instalacji morskich innych niż instalacje hydroponiczne. Z drugiej strony nie wykazała ona, by ustawy o przedbrzeżu morskim z lat 1933–1998 zawierały przepisy wyraźnie przewidujące wymóg ustanowienia norm emisji na podstawie wskaźników jakości. Te dwa uchybienia stanowią naruszenie zobowiązań wynikających z art. 7 ust. 2 dyrektywy. 72     Zarzut Komisji należy również uwzględnić w odniesieniu do braku systemu upoważnień do zrzutów pochodzących z instalacji rolniczych. W tym względzie Irlandia i Komisja zgadzają się, że istotna część zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska wodnego Irlandii pochodzi z gospodarstw rolnych (przynajmniej 30% wszystkich składników pokarmowych, w szczególności dotyczy to fosforu w wodach śródlądowych – do 73%). 73     Ponadto w odpowiedzi na argument Komisji, że niezbędny związek przyczynowy między działaniami zarzucanymi podmiotowi a zanieczyszczeniem wód oraz przewidywalność tych działań mogą w przypadku takiego zanieczyszczenia fosforem zostać stwierdzone, jeśli pochodzi ono ze stałych instalacji rolniczych, Irlandia przyznaje, że na podstawie przepisów dyrektywy uprzednie upoważnienie mogłoby być wymagane w przypadku miejsc, w których zrzutu te są możliwe do przewidzenia. 74     Jak stwierdziła to zarówno Komisja, jak i Irlandia, nawet jeżeli nie można wymagać upoważnienia do zrzutów pochodzących z instalacji rolniczych, to nie można zaprzeczyć, że jest ono niezbędne przynajmniej w sytuacji, gdy powodujące zanieczyszczenie zrzuty ścieków są możliwe do przewidzenia. Z okoliczności, że żadne zrzuty z instalacji rolniczych nie są objęte obowiązkiem uzyskania upoważnienia, wynika, że instalacje stałe, w przypadku których zrzuty są możliwe do przewidzenia, nie są objęte takim systemem upoważnień. 75     W tych okolicznościach należy stwierdzić, że nie poddając obowiązkowi uzyskania upoważnienia powodujących zanieczyszczenie zrzutów ze stałych instalacji rolniczych – w przypadkach gdy takie zrzuty są możliwe do przewidzenia – Irlandia uchybiła swoim zobowiązaniom. 76     W ostatniej kolejności, jeśli chodzi o brak upoważnień na rozpylanie z powietrza, Irlandia przyznaje, że dopiero od stycznia 2002 r., a więc po upływie terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii, wprowadzono wymóg postępowania w zakresie specjalnego upoważnienia na rozpylanie nawozów nad obszarami leśnymi. Irlandia wskazuje, że przed tą datą ten typ nawożenia był poddany obowiązkowi uzyskania uprzedniego upoważnienia krajowych władz administracyjnych. Jednakże to państwo członkowskie nie wykazało, że takie upoważnienie było zgodne z wymogami dyrektywy w zakresie wskaźników jakości i norm emisji. Z powyższego wynika, że również w tym punkcie zarzut Komisji jest zasadny. 77     Należy wreszcie w ramach trzeciego zarzutu poddać ocenie argumentację Irlandii, zgodnie z którą system oparty na zakazie, który wprowadzono ustawą z 1977 r., stanowi „bardziej rygorystyczny środek” w rozumieniu art. 10 dyrektywy. 78     Pomimo tego, że co do zasady system oparty na zakazie stanowi zgodnie z postanowieniami dyrektywy alternatywę dla systemu upoważnień, Irlandia nie wykazała, że ustanowiony ustawą z 1977 r. system może skutecznie zastąpić system upoważnień przewidziany w dyrektywie. 79     Przewidziany w art. 3 ust. 1 ustawy z 1977 r. system oparty na zakazie jest uzupełniony o zawartą w ust. 3 tego przepisu klauzulę wyłączającą odpowiedzialność zainteresowanego podmiotu, jeżeli wykaże on, że przedsięwziął wszystkie racjonalne kroki w celu zapobieżenia wprowadzeniu do wody substancji zanieczyszczających. Skuteczne stosowanie tego systemu jest gwarantowane przez uprawnienia przyznane władzom sądowym (art. 11) i władzom lokalnym (art. 12). Ten ostatni przepis pozwala władzom lokalnym na wystosowanie do podmiotów odpowiedzialnych za zanieczyszczenia nakazów podjęcia konkretnych środków walki z zanieczyszczeniem. Nie wspomniano natomiast w rzeczonej ustawie o wskaźnikach jakości ani programach redukcji zanieczyszczenia wód. 80     Przede wszystkim ustawa z 1977 r. nie zawiera szczegółowych przepisów dotyczących zanieczyszczania, które pozwoliłyby jednostkom na odniesienie się do jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych ram prawnych, zgodnie z wymogami Trybunału (zob. w tym zakresie wyrok z dnia 9 lutego 1994 r. w sprawie C‑119/92 Komisja przeciwko Włochom, Rec. str. I‑393, pkt 17). Tytułem przykładu należy wskazać, że ustawa z 1977 r. nie zawiera wyliczenia zanieczyszczających substancji w rozumieniu wykazu II załącznika do dyrektywy, co uniemożliwia zainteresowanym podmiotom poznanie rzeczywistego zakresu zakazu. 81     W następnej kolejności skuteczność systemu opiera się w znacznym zakresie na nakazach wystawianych przez władze lokalne na podstawie art. 12. Nakazy te są jednakże wystawiane przez przedmiotowe władze lokalne w każdej konkretnej sytuacji w sposób uznaniowy, bez jakiegokolwiek odniesienia do jakichkolwiek parametrów jakości wody, których brak w ustawie. Ten brak ustalonych w ustawie jednolitych kryteriów nie zapewnia jednolitego, globalnego i spójnego stosowania dyrektywy. W tym zakresie Irlandia wskazuje również w pkt 8.3 dupliki, że nie twierdzi, że system nakazów na podstawie art. 12 jest równorzędny z systemem upoważnień. 82     Wreszcie jeśli chodzi o klauzulę wyłączającą w art. 3 ust. 3 ustawy z 1977 r., przepis ten nie wskazuje zakresu ani charakteru środków podejmowanych w ramach takiego wyłączenia, pozostawiając władzom lokalnym, każdorazowo gdy zachodzą po temu powody, ocenę racjonalnego charakteru przyjętych środków. W tym świetle system taki nie jest równorzędny z systemem, w ramach którego wszystkie aspekty redukcji zanieczyszczenia są uprzednio zdefiniowane w jasny, precyzyjny i jednoznaczny sposób. 83     Z powyższych rozważań wynika, że Irlandia uchybiła zobowiązaniu ustanowienia systemu upoważnień wymaganego na podstawie art. 7 ust. 2 dyrektywy. W przedmiocie czwartego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 9 dyrektywy Argumentacja stron 84     W tym zarzucie Komisja podnosi, że po przyjęciu dyrektywy – z naruszeniem przepisów jej art. 9 – doszło do zwiększenia zanieczyszczenia wód znajdujących się w jurysdykcji Irlandii. 85     To naruszenie art. 9 ma źródło w zwłoce tego państwa członkowskiego w transpozycji dyrektywy, co miało dwojakie skutki pozostające w sprzeczności z celami realizowanymi przez ten przepis. Z jednej strony spóźniona realizacja pozwoliła na ustawową tolerancję degradacji jakości wód, która nie była przewidziana w dyrektywie. Z drugiej strony zastosowanie jako odniesienia wskaźników uzyskanych na podstawie badań przeprowadzonych w 1997 r. mogło prowadzić do zniekształceń rzeczywistego poziomu zanieczyszczeń w 1976 r., to znaczy w chwili przyjęcia dyrektywy. 86     Irlandia podnosi natomiast, że zastosowanie się do przepisów art. 9 dyrektywy jest wymagane jedynie wówczas, gdy państwo członkowskie podejmuje środki na jego podstawie i gdy zastosowanie tych środków powoduje pogorszenie jakości wody. Gdy nie doszło do wykonania środków na podstawie dyrektywy, jej art. 9 nie ma zastosowania. Irlandia stwierdza zatem, że kwestia, którą przedstawiono Trybunałowi, dotyczy ustalenia, czy zastosowanie rozporządzenia z 1998 r. doprowadziło, bezpośrednio lub pośrednio, do zwiększenia zanieczyszczenia wody, czemu to państwo członkowskie zaprzecza. 87     Ponadto Irlandia podnosi, że wskazane przez Komisję orzecznictwo, zgodnie z którym wykładni dyrektyw nie należy dokonywać na korzyść państw członkowskich, które nie przestrzegają ich postanowień, nie ma zastosowania w przypadku, gdy przedmiotowe postanowienia nie przewidują daty transpozycji. Ocena Trybunału 88     Na wstępie należy przypomnieć, że w świetle art. 9 dyrektywy zastosowanie środków zgodnie z nią podejmowanych nie może w żadnym przypadku prowadzić, bezpośrednio czy pośrednio, do zwiększenia zanieczyszczenia wód określonych w jej art. 1. Z samego brzmienia tego przepisu – wyraźnie odnoszącego się do „środków podejmowanych zgodnie z […] dyrektywą” – wynika jasno, że przewidziany w nim obowiązek dotyczy sytuacji, w której państwa członkowskie rzeczywiście podjęły środki w celu transpozycji dyrektywy. 89     Wbrew argumentom przedstawionym przez Irlandię, ze stwierdzenia takiego nie wynika jednakże, że w razie braku jakichkolwiek środków transpozycji lub w razie częściowej transpozycji dyrektywy państwo członkowskie może swobodnie przyjmować środki mogące bezpośrednio lub pośrednio prowadzić do wzrostu zanieczyszczenia. Choć nie jest ono bezpośrednio objęte zakresem zastosowania art. 9 dyrektywy, zachowanie takie może być z nią sprzeczne, w szczególności z jej art. 2 nakładającym na państwa członkowskie obowiązek podejmowania na każdym etapie odpowiednich działań w celu eliminacji lub redukcji zanieczyszczenia wód przez substancje wymienione w wykazie I i II jej załącznika. 90     W niniejszej sprawie Komisja nie wykazała w sposób wymagany przepisami prawa, że przyjęcie środków transpozycji dyrektywy spowodowało pogłębienie zanieczyszczenia wód irlandzkich. Należy wobec tego stwierdzić, że w przedmiocie naruszenia art. 9 nie doszło do uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 91     W świetle powyższego należy stwierdzić, że nie podejmując wszelkich działań niezbędnych do zapewnienia prawidłowej transpozycji i stosowania dyrektywy, Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 7 dyrektywy. Skarga zostaje oddalona w pozostałej części. W przedmiocie kosztów 92     Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Irlandia sprawę przegrała, należy ją obciążyć kosztami postępowania, zgodnie z żądaniem Komisji. Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje 1) Nie podejmując wszelkich działań niezbędnych do zapewnienia prawidłowej transpozycji i stosowania dyrektywy Rady 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty, Irlandia uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 7 tej dyrektywy. 2) Skarga zostaje oddalona w pozostałej części. 3) Irlandia zostaje obciążona kosztami postępowania. Podpisy * Język postępowania: angielski.

62007CJ0553

es

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ( DO L 281, p. 31 ) (en lo sucesivo, la «Directiva»). Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Rijkeboer y el College van burgemester en wethouders van Rotterdam (en lo sucesivo, «College»), en relación a la desestimación parcial por este último de la solicitud de acceso de aquél a la información sobre la comunicación a terceros de sus datos personales durante los dos años anteriores a su solicitud. Marco jurídico Normativa comunitaria Los considerandos segundo y décimo de la Directiva, atinentes a los derechos y libertades fundamentales, proclaman: «2) Considerando que los sistemas de tratamiento de datos están al servicio del hombre; que deben, cualquiera que sea la nacionalidad o la residencia de las personas físicas, respetar las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, la intimidad, y contribuir al progreso económico y social, al desarrollo de los intercambios, así como al bienestar de los individuos; […] 10) Considerando que las legislaciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales tienen por objeto garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, particularmente del derecho al respeto de la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como en los principios generales del Derecho comunitario; […]». Según el vigesimoquinto considerando de la Directiva, los principios relativos a la protección de la persona tienen su expresión, por una parte, en las distintas obligaciones que incumben a los responsables del tratamiento de los datos, obligaciones relativas, en particular, a la calidad de los datos y, por otra parte, en los derechos otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento de ser informadas acerca de dicho tratamiento, de poder acceder a los datos, de poder solicitar su rectificación o incluso de oponerse a su tratamiento en determinadas circunstancias. El cuadragésimo considerando de la Directiva, relativo a la obligación de informar al interesado cuando los datos no se han recabado de éste, dispone que no es necesario imponer dicha obligación si resulta imposible informarle, o ello implica esfuerzos desproporcionados y que a este respecto puede tomarse en consideración el número de interesados, la antigüedad de los datos y las posibles medidas compensatorias. Conforme al cuadragésimo primer considerando de la Directiva, cualquier persona debe disfrutar del derecho de acceso a los datos que le conciernan y sean objeto de tratamiento, para cerciorarse, en particular, de su exactitud y de la licitud de su tratamiento. El artículo 1, titulado «Objeto de la Directiva», estipula lo siguiente: «1.   Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales. 2.   Los Estados miembros no podrán restringir ni prohibir la libre circulación de datos personales entre los Estados miembros por motivos relacionados con la protección garantizada en virtud del apartado 1.» El concepto de «datos personales» se define en el artículo 2, letra a), de la Directiva como toda información sobre una persona física identificada o identificable (el «interesado»). Por «tratamiento de datos personales» («tratamiento»), el artículo 2, letra b), de la Directiva, entiende: «cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción.» Según el artículo 2, letra b), de la Directiva, el «responsable del tratamiento» es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales. El artículo 2, letra g), de la Directiva, define el «destinatario» como la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que reciba comunicación de datos, se trate o no de un tercero, tal como se define a éste último, en el artículo 2, letra f). El artículo 6 de la Directiva enuncia los principios relativos a la calidad de los datos. En lo que respecta a su conservación, el párrafo 1, letra e), establece que los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean «conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. Los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas para los datos personales archivados por un período más largo del mencionado, con fines históricos, estadísticos o científicos». Los artículos 10 y 11 de la Directiva, disponen la información que el responsable del tratamiento de los datos o su representante deberán comunicar a la persona interesada, en los casos en que, respectivamente, recaben los datos del propio interesado o no los recaben de éste. El artículo 12 de la Directiva, titulado «Derecho de acceso», se redacta en los siguientes términos: «Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento: a) libremente, sin restricciones y con una periodicidad razonable y sin retrasos ni gastos excesivos: — la confirmación de la existencia o inexistencia del tratamiento de datos que le conciernen, así como información por lo menos de los fines de dichos tratamientos, las categorías de datos a que se refieran y los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se comuniquen dichos datos; — la comunicación, en forma inteligible, de los datos objeto de los tratamientos, así como toda la información disponible sobre el origen de los datos; — el conocimiento de la lógica utilizada en los tratamientos automatizados de los datos referidos al interesado, al menos en los casos de las decisiones automatizadas a que se refiere el apartado 1 del artículo 15; b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos; c) la notificación a los terceros a quienes se hayan comunicado los datos de toda rectificación, supresión o bloqueo efectuado de conformidad con la letra b), si no resulta imposible o supone un esfuerzo desproporcionado.» El artículo 13, párrafo 1, de la Directiva, titulado «Excepciones y limitaciones», autoriza a los Estados miembros a adoptar medidas legales para limitar el alcance de lo establecido en sus artículos 6 y 12, cuando tal limitación constituya una medida necesaria para la salvaguardia de la seguridad del Estado, la defensa, la prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales o de las infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas, la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas. La Directiva establece en su artículo 14 que los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho a oponerse, en determinadas condiciones, a que los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento. Según el artículo 17, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva, los Estados miembros establecerán la obligación del responsable del tratamiento de aplicar las medidas técnicas y de organización adecuadas, que deberán garantizar, habida cuenta de los conocimientos técnicos existentes y del coste de su aplicación, un nivel de seguridad apropiado en relación con los riesgos que presente el tratamiento y con la naturaleza de los datos que deban protegerse. Conforme al artículo 22 y al artículo 23, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros establecerán que toda persona disponga de un recurso judicial en caso de violación de los derechos que le garanticen las disposiciones de Derecho nacional aplicables al tratamiento de que se trate y que toda persona que sufra un perjuicio como consecuencia de un tratamiento ilícito o de una acción incompatible con las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva, tenga derecho a obtener del responsable del tratamiento la reparación del perjuicio sufrido. Normativa nacional El ordenamiento jurídico neerlandés fue adaptado a la Directiva 95/46 mediante un texto general, la Ley relativa a la protección de datos personales (Wet bescherming persoonsgegevens). Por otro lado, se modificaron determinadas leyes sectoriales con objeto de adaptarlas a la Directiva. Tal es el caso de la normativa nacional controvertida en el procedimiento principal, la Ley sobre la gestión de padrones municipales (Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, Stb. 1994, n o 494, en lo sucesivo, «Wet GBA»). En virtud del artículo 103, apartado 1, de la Wet GBA, el College van burgemeester en wethouders comunica por escrito, previa solicitud, al interesado, en un plazo de cuatro semanas, si los datos del padrón municipal que le conciernen se han facilitado a un solicitante o a un tercero en el año anterior a la solicitud. Según el artículo 110 de la Wet GBA, el College conserva la mención de dicha comunicación durante el período de un año a partir de la comunicación, salvo si ésta se desprende de otro modo del fichero de datos. De las observaciones escritas del College resulta, que los datos conservados por el municipio hacen constancia en particular del nombre, la fecha de nacimiento, los datos administrativos, el número de identificación fiscal, la vecindad civil, el domicilio en el municipio y la fecha de empadronamiento, el estado civil, la curatela, la patria potestad, la nacionalidad y el derecho de estancia de los extranjeros. Litigio principal y cuestión prejudicial Mediante escrito de 26 de octubre de 2005, el Sr. Rijkeboer solicitó del College una relación de todas las comunicaciones a terceros de información relativa a él procedente de la base de datos de padrón municipal, efectuadas durante los dos años anteriores a su petición. En particular, deseaba conocer la identidad de dichas personas y el contenido de la información facilitada. El Sr. Rijkeboer, que se había mudado a otro municipio, quería saber concretamente a quién se había comunicado su domicilio anterior. Mediante resoluciones de 27 y de 29 de noviembre de 2005, el College desestimó parcialmente la petición del Sr. Rijkeboer, suministrándole sólo los datos relativos al año anterior, en aplicación del artículo 103, apartado 1, de la Wet GBA. La comunicación de los datos se registra mediante el denominado «Logisch Ontwerp GBA». Se trata de un sistema automatizado creado por el Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos de la Corona). Según la petición de decisión prejudicial, los datos solicitados por el Sr. Rijkeboer, anteriores en más de un año a la fecha de la solicitud, fueron automáticamente cancelados, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Wet GBA. El Sr. Rijkeboer presentó una reclamación contra la resolución del College por la que se le denegaba la información sobre los destinatarios a los que se había comunicado información relativa a su persona durante el período inmediatamente anterior al año de presentación de su solicitud. La citada reclamación se desestimó mediante resolución de 13 de febrero de 2006, por lo que el Sr. Rijkeboer interpuso un recurso ante el Rechtbank Rotterdam. Dicho tribunal declaró fundado el recurso al considerar que la limitación del derecho a la información sobre la comunicación de datos al año anterior a la solicitud, tal como se prevé en el artículo 103, apartado 1, de la Wet GBA, no es compatible con el artículo 12 de la Directiva sobre protección de datos. En su opinión, esta limitación tampoco encuentra base alguna en los intereses enunciados con carácter limitativo en el artículo 13 de la Directiva. Contra esta resolución el College interpuso un recurso en apelación ante el Raad van State. Esta jurisdicción constata que el artículo 12 de la Directiva relativo al derecho de acceso a los datos, no fija un plazo determinado para el ejercicio del citado derecho. Según dicha jurisdicción, de la lectura de dicha disposición no se infiere sin más que los Estados miembros no puedan establecer ninguna restricción al derecho de información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se comunican los datos relativos al interesado, pero alberga ciertas dudas al respecto. Ante esta situación, el Raad van State decidió suspender el procedimiento principal y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «La limitación legal de la comunicación de datos al año anterior a la solicitud, ¿es compatible con el artículo 12 […] letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos y a su libre circulación, interpretado en relación con el artículo 6, apartado 1, letra e), de la citada Directiva y con el principio de proporcionalidad?» Sobre la cuestión prejudicial Procede recordar con carácter preliminar que, en el marco del sistema de cooperación judicial establecido por el artículo 234 CE, corresponde al Tribunal de Justicia interpretar las disposiciones de Derecho comunitario. En lo que atañe a las disposiciones nacionales, su interpretación corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales (véase la sentencia de 14 de febrero de 2008, Gysen, C-449/06, Rec. p. I-553, apartado 17). Por consiguiente, procede entender la cuestión planteada por el tribunal remitente, en esencia, en el sentido de que su objeto es que se determine si, según la Directiva, en particular su artículo 12, letra a), el derecho de acceso del interesado a la información sobre los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se comunican los datos relativos a su persona, así como el contenido de los datos comunicados, puede circunscribirse al período de un año anterior a la solicitud de acceso. Dicho órgano jurisdiccional pone de relieve dos artículos de la Directiva, a saber, el artículo 6, apartado 1, letra e), relativo a la conservación de los datos personales y el artículo 12, letra a), relativo al derecho de acceso a éstos. En cambio, ni la citada jurisdicción ni ninguna de las partes que han presentado observaciones al Tribunal de Justicia, invoca las excepciones enunciadas en el artículo 13 de la Directiva. El artículo 6 de la Directiva alude a la calidad de los datos. Su apartado 1, letra e), impone a los Estados miembros el deber de prever que los datos personales sean conservados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. Por tanto, los datos deberán ser destruidos cuando se cumplan dichos fines. Conforme al artículo 12, letra a), de la Directiva, los Estados miembros garantizarán a todos los interesados un derecho de acceso a los datos personales que le conciernen, así como información sobre los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se comuniquen dichos datos, sin establecer un plazo concreto. La finalidad de los dos artículos antes citados es, por tanto, la protección del interesado. El órgano jurisdiccional remitente pretende saber si existe un vínculo entre dichos artículos, de modo que el derecho de acceso a la información sobre los destinatarios o las categorías de destinatarios a quienes se comuniquen los datos y sobre el contenido de los datos comunicados, podría depender del plazo de conservación de los mismos. En las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se aprecian distintos puntos de vista respecto a la interacción entre ambos artículos. El College, al igual que los gobiernos neerlandés, checo, español y del Reino Unido, defienden que el derecho de acceso a la información sobre los destinatarios o las categorías de destinatarios, reflejado en el artículo 12, letra a), de la Directiva, se contempla para los datos que están siendo objeto de tratamiento en el presente, y no para los datos tratados en el pasado. Según éstos, toda vez que los datos han sido borrados, conforme a la normativa nacional, la persona afectada ya no puede tener acceso a ellos. Esta consecuencia no es, a su juicio, contraria a la Directiva. El College y el Gobierno neerlandés sostienen, por consiguiente, que el artículo 103, apartado 1, de la Wet GBA, según el cual el municipio informa al interesado, a petición de éste, de los datos comunicados a los destinatarios durante el año anterior a su solicitud, va más allá de las exigencias impuestas por la Directiva. La Comisión y el Gobierno griego estiman, por su parte, que la Directiva prevé un derecho de acceso no sólo para el presente, sino también de cara al período anterior a la solicitud de acceso. Sin embargo, sus puntos de vista divergen en lo que se refiere al plazo concreto de ejercicio del derecho de acceso. Para apreciar el alcance del citado derecho de acceso, garantizado por la Directiva, es preciso, primeramente, determinar a qué tipos de datos se aplica y, a continuación, referirse a la finalidad del artículo 12, letra a), de la Directiva a la luz de los objetivos de la misma. En un caso como el del Sr. Rijkeboer, dos tipos de datos entran en juego. El primer tipo se refiere a los datos de carácter privado sobre una persona, que obran en poder del municipio, como el nombre o domicilio, que constituyen, en este caso, los datos principales. Se desprende de las observaciones orales formuladas por el College y el Gobierno neerlandés, que tales datos pueden ser objeto de un plazo de conservación más largo. Constituyen «datos personales» en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva, puesto que se trata de información sobre una persona física identificada o identificable (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 mayo de 2003, Österreichischer Rundfunk y otros, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, Rec. p. I-4989 , apartado 64, de , Lindqvist, C-101/01, Rec. p. I-12971 , apartado 24, y de , Huber, C-524/06, Rec. p. I-9705 , apartado 43). El segundo tipo atañe a la información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes se comunican los datos principales y a la información sobre el contenido de éstos, por lo que hace referencia al tratamiento de los datos principales. Conforme a la normativa nacional controvertida en el procedimiento principal, la conservación de dicha información se limita al período de un año. La limitación en el tiempo del derecho de acceso a la información sobre el destinatario o los destinatarios de los datos de carácter personal, y sobre el contenido de la información transmitida, objeto del litigio principal, afecta, así pues, a esta segunda categoría de datos. A fin de determinar si el artículo 12, letra a), de la Directiva autoriza o no tal limitación temporal, es preciso interpretar dicho artículo a la luz de los objetivos de la Directiva. El objeto de la Directiva, expresado en su artículo 1, es la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y la libre circulación de datos personales entre los Estados miembros. El valor dado a la protección de la intimidad se pone de manifiesto en los considerandos segundo y décimo, y es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia (véanse, en este sentido, las sentencias Österreichischer Rundfunk y otros, apartado 70, y Lindqvist, apartados 97 y 99, antes citadas, de 29 de enero de 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. I-271, apartado 63, y de , Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, C-73/07, Rec. p. I-7075, apartado 52). Por otro lado, tal y como se desprende del vigesimoquinto considerando de la Directiva, los principios de protección deben encontrar su expresión, por una parte, en las obligaciones impuestas a los responsables del tratamiento de los datos, obligaciones relativas en particular, a la calidad de los datos –objeto del artículo 6 de la Directiva– y, por otra parte, en los derechos reconocidos a las personas cuyos datos están siendo tratados, para poder acceder a dichos datos, solicitar su rectificación e, incluso, oponerse a su tratamiento en determinadas circunstancias. El citado derecho a la intimidad conlleva que la persona de que se trata pueda cerciorarse de la exactitud y de la licitud del tratamiento de sus datos personales, esto es, en particular, de que los datos principales son exactos, y de que son comunicados a los destinatarios autorizados. Como establece el cuadragésimo primer considerando de la Directiva, para poder efectuar las comprobaciones necesarias, cualquier persona debe disfrutar del derecho de acceso a los datos que le conciernan y sean objeto de tratamiento. A este respecto, el artículo 12, letra a), de la Directiva, contempla un derecho de acceso a los datos principales y a la información sobre los destinatarios o las categorías de los destinatarios a quienes se comuniquen dichos datos. El citado derecho de acceso es indispensable para que el interesado pueda ejercer los derechos que se contemplan en el artículo 12, letras b) y c), de la Directiva, a saber, en su caso, cuando el tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la misma, obtener del responsable del tratamiento de los datos, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos [letra b)], o que proceda a notificar a los terceros a quienes se hayan comunicado los datos, toda rectificación, supresión o bloqueo efectuado, si no resulta imposible o supone un esfuerzo desproporcionado [letra c)]. El derecho de acceso es, igualmente, condición necesaria para el ejercicio por el interesado del derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales, contemplado en el artículo 14 de la Directiva, como lo es para el derecho a recurrir por los daños sufridos, previsto en los artículos 22 y 23 de ésta. La Directiva no precisa si el derecho de acceso a la información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos principales y sobre el contenido de los datos comunicados concierne al pasado y, en su caso, a qué período del pasado. A este respecto, debe señalarse que, para garantizar el efecto útil de las disposiciones a que se refieren los apartados 51 y 52 de la presente sentencia, el citado derecho debe necesariamente afectar al pasado. De no ser así, el interesado no estaría en condiciones de ejercer eficazmente su derecho a exigir la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos que se presume ilícitos o incorrectos, ni de interponer un recurso judicial y obtener la compensación por el daño sufrido. Se suscita la cuestión de saber cuál es la extensión del citado derecho en el pasado. El Tribunal ya ha declarado que las disposiciones de la Directiva son relativamente generales, dado que deben aplicarse a un gran número de situaciones, muy diversas entre sí, y que la Directiva contiene normas que se caracterizan por una cierta flexibilidad, que deja en muchos casos en manos de los Estados miembros la tarea de regular los detalles o de elegir entre varias opciones (véase la sentencia Lindqvist, antes citada, apartado 83). El Tribunal ha reconocido igualmente que los Estados miembros disponían, en muchos aspectos, de un amplio margen de maniobra para la adaptación de los Derechos nacionales a la Directiva (véase la sentencia Lindqvist, antes citada, apartado 84). Dicha flexibilidad, que se constata a la hora de adaptar la normativa nacional al artículo 12, letra a), de la Directiva, no es, sin embargo, ilimitada. El sometimiento a plazo del derecho de acceso a la información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se comunican los datos y al contenido de lo comunicado debe permitir al afectado ejercer los distintos derechos contemplados en la Directiva y mencionados en los apartados 51 y 52 de la presente sentencia. El período de conservación de los datos principales puede servir como un criterio útil, no siendo, aun así, decisivo. En efecto, el ámbito de aplicación de la Directiva es muy amplio, como ha reconocido el Tribunal (véanse las sentencias Österreichischer Rundfunky y otros, apartado 43, así como Lindqvist, apartado 88, antes citadas), y los datos de carácter personal a los que se refiere la Directiva, heterogéneos. El período de conservación de estos últimos, definido según el artículo 6, apartado 1, letra e), de la Directiva, en función de los fines para las que fueron recabados o posteriormente tratados, puede por tanto ser diferente. Cuando el período de conservación de los datos principales es muy prolongado, el interés de la persona afectada, de cara al ejercicio de las distintas vías de intervención y de recurso mencionadas en el apartado 57 de esta sentencia, puede, en determinados casos, disminuir. Si, por ejemplo, los destinatarios de tales datos son numerosos, o la frecuencia con la que se comunican los datos a un número más restringido de destinatarios sigue siendo elevada, la obligación de conservar todo ese tiempo la información sobre los destinatarios o las categorías de los destinatarios de los datos y su contenido, podría suponer una carga excesiva para el responsable del tratamiento. Sin embargo, la Directiva no exige que los Estados miembros impongan una carga semejante al responsable del tratamiento. En este sentido, el artículo 12, letra c), de la Directiva, prevé expresamente una reserva a la obligación de aquél de notificar a los terceros a los que se han comunicado los datos la rectificación, supresión o bloqueo de los datos, en particular, si resulta imposible o supone un esfuerzo desproporcionado. Según se contempla en otros puntos de la Directiva, puede tenerse en cuenta el carácter desproporcionado de ciertas medidas. En relación con la obligación de informar al interesado, el cuadragésimo considerando de la Directiva señala que el número de interesados y la antigüedad de los datos pueden ser tomados en consideración a este respecto. Además, según el artículo 17 de la Directiva relativo a la seguridad del tratamiento, los Estados miembros establecerán la obligación del responsable del tratamiento de aplicar las medidas técnicas y de organización pertinentes para asegurar un nivel de seguridad adecuado, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su aplicación en relación con los riesgos que presente el tratamiento y con la naturaleza de los datos que deban protegerse en atención a los riesgos del tratamiento y la naturaleza de los datos. A la misma conclusión se llega con respecto al establecimiento de un plazo relativo al derecho de acceso a la información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos y a la información sobre su contenido. Además de lo expuesto en el apartado 57 de la presente sentencia, los Estados miembros pueden servirse de una serie de parámetros, en particular las disposiciones de Derecho interno aplicables en materia de plazo para interponer un recurso, la naturaleza más o menos sensible de los datos principales, el período de conservación de dichos datos y el número de destinatarios. Corresponde, por tanto, a los Estados miembros, fijar un plazo de conservación de la información atinente a los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se comunican los datos y el contenido de éstos, así como configurar el acceso a dicha información guardando un justo equilibrio entre, por un lado, el interés del afectado en proteger su intimidad, concretamente a través de los derechos de rectificación, supresión y bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de la Directiva, y los derechos a oponerse justificadamente al tratamiento y a recurrir judicialmente y, por otro lado, la carga que la obligación de dicha información puede representar para el responsable del tratamiento. Por otra parte, a la hora de fijar dicho plazo, es preciso tomar en consideración las obligaciones derivadas del artículo 6, letra e), de la Directiva, con vistas a garantizar que los datos de carácter personal sean conservados de forma tal que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente. En el caso de autos, una normativa que limita la conservación de la información sobre los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos y el contenido de lo transmitido, al período de un año, limitando correlativamente el acceso a dicha información, si bien los datos principales son guardados durante mucho más tiempo, no constituye un justo equilibrio entre el interés tutelado y la obligación discutidos, a menos que pueda demostrarse que un período de conservación más largo constituye una carga excesiva para el responsable del tratamiento. Corresponde al juez nacional, sin embargo, efectuar las comprobaciones necesarias a la luz de las consideraciones expuestas en los apartados anteriores. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, la alegación de determinados Estados miembros, según la cual la aplicación de los artículos 10 y 11 de la Directiva dejaría sin efecto la concesión retroactiva del derecho de acceso a la información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios, contemplado en el artículo 12, letra a), de la Directiva, no puede acogerse. En efecto, procede señalar que los artículos 10 y 11 de la Directiva imponen una serie de obligaciones al responsable del tratamiento o a su representante, como informar a la persona afectada, en determinadas condiciones, de los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos. El responsable del tratamiento de los datos o su representante deben comunicar de oficio dicha información a la persona afectada, a partir del momento en que reciben los datos o, si los datos no se recaban directamente del propio interesado, desde el momento del registro o, en su caso, en el momento de la primera comunicación de datos. Los citados artículos imponen por tanto obligaciones distintas de las que se desprenden del artículo 12, letra a), de la Directiva. Por consiguiente, éstos no mitigan en modo alguno la obligación que incumbe a los Estados miembros, de establecer que el responsable del tratamiento ha de dar a la persona afectada acceso a la información relativa a los destinatarios o categorías de destinatarios y a los datos comunicados, si dicho interesado decide ejercer el derecho de acceso que le confiere el artículo 12, letra a), de la Directiva. Los Estados miembros deben adoptar medidas encaminadas a adaptar sus Derechos internos, por un lado, al contenido de los artículos 10 y 11 de la Directiva, relativos a la obligación de informar, y por otro, a lo dispuesto en el artículo 12, letra a), de la Directiva, sin que los artículos 10 y 11 de la Directiva, puedan atenuar las obligaciones derivadas de este último artículo. Por tanto, procede responder a la cuestión planteada en los siguientes términos: — El artículo 12, letra a), de la Directiva obliga a los Estados miembros a garantizar un derecho de acceso a la información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes se comunican los datos y al contenido de la información comunicada, no sólo para el presente, sino también para el pasado. Corresponde a los Estados miembros fijar un plazo de conservación de dicha información, así como el acceso correlativo a ésta, guardando un justo equilibrio entre, por un lado, el interés del afectado en proteger su intimidad, concretamente a través de las distintas vías de intervención y de recurso previstas por la Directiva y, por otro, la carga que la obligación de dicha información puede representar para el responsable del tratamiento. — Una normativa que limita la conservación de la información sobre los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos y el contenido de los datos transmitidos, al período de un año, limitando correlativamente el acceso a dicha información, si bien los datos principales se conservan durante mucho más tiempo, no constituye un justo equilibrio entre el interés tutelado y la obligación discutida, a menos que pueda demostrarse que un período de conservación más largo constituiría una carga excesiva para el responsable del tratamiento. Corresponde al juez nacional efectuar las comprobaciones necesarias. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: El artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, obliga a los Estados miembros a garantizar un derecho de acceso a la información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes se comunican los datos y al contenido de la información comunicada, no sólo para el presente, sino también para el pasado. Corresponde a los Estados miembros fijar un plazo de conservación de dicha información, así como el acceso correlativo a ésta, guardando un justo equilibrio entre, por un lado, el interés del afectado en proteger su intimidad, concretamente a través de las distintas vías de intervención y de recurso previstas por la Directiva 95/46 y, por otro, la carga que la obligación de dicha información puede representar para el responsable del tratamiento. Una normativa que limita la conservación de la información sobre los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos y el contenido de los datos transmitidos al período de un año, limitando correlativamente el acceso a dicha información, si bien los datos se conservan durante mucho más tiempo, no constituye un justo equilibrio entre el interés tutelado y la obligación discutida, a menos que pueda demostrarse que un período de conservación más largo constituiría una carga excesiva para el responsable del tratamiento. Corresponde al juez nacional efectuar las comprobaciones necesarias. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: neerlandés.

62008CJ0370

fi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, s . 1), sellaisena kuin se on muutettuna 7.9.2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1810/2004 (EUVL L 327, s. 1), liitteeseen I sisältyvän yhdistetyn nimikkeistön (jäljempänä yhdistetty nimikkeistö) 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohdan tulkintaa. Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Data I/O GmbH (jäljempänä Data I/O) ja Hauptzollamt Hannover (Hannoverin tulliviranomainen), joka oli aiemmin Bundesfinanzdirektion Südost, ja joka koskee sovittimen, joka sisältää muistisirun ja jonka tehtävänä on kytkeä automaattinen ohjelmointilaite ohjelmoitaviin elektronisiin moduuleihin, tariffiluokittelua. Asiaa koskevat oikeussäännöt Yhdistetty nimikkeistö Euroopan talousyhteisö hyväksyi harmonisoidusta (harmonoidusta) tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmästä (jäljempänä harmonoitu järjestelmä) 14.6.1983 Brysselissä tehdyn yleissopimuksen ja sen 24.6.1986 tehdyn muutospöytäkirjan 7.4.1987 tehdyllä neuvoston päätöksellä 87/369/ETY (EYVL L 198, s. 1). Asetuksella N:o 2658/87 käyttöön otettu yhdistetty nimikkeistö perustuu harmonoituun järjestelmään, ja siinä käytetään viimeksi mainitun mukaisia nimikkeitä ja kuusinumeroisia alaninimikkeitä. Euroopan komissio saattaa tämän asetuksen liitteen I ajan tasalle kerran vuodessa. Komissio hyväksyi asetuksella N:o 1810/2004 yhdistetyn nimikkeistön täydellisen toisinnon, jota sovelletaan 1.1.2005 alkaen. Yhdistetyn nimikkeistön ensimmäinen osa sisältää sen johdantomääräykset. Tämän osan I osaston, joka sisältää yleissäännöt, A kohdassa, jonka otsikko on ”Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt”, säädetään seuraavaa: ”Tavarat luokitellaan yhdistettyyn nimikkeistöön seuraavien periaatteiden mukaisesti. 1.      Nimikkeistön jaksojen, ryhmien tai alaryhmien otsikot ovat ainoastaan ohjeellisia; oikeudellisesti luokittelu määräytyy nimikkeiden sekä asianomaisten jaksojen tai ryhmien huomautusten sanamuodon mukaisesti ja, jollei näistä nimikkeistä ja huomautuksista muuta johdu, seuraavien sääntöjen mukaisesti. – – 3.      Jos tavarat 2 säännön b alakohdan mukaan tai muutoin olisi luokiteltava kahteen tai useampaan nimikkeeseen, ne luokitellaan seuraavasti. a) Tavaran kuvaukseltaan yksityiskohtaisinta nimikettä on sovellettava ennen yleisempiä nimikkeitä. Jos kuitenkin kahdessa tai useammassa nimikkeessä kussakin tarkoitetaan ainoastaan osaa sekoitettujen tai kokoonpantujen tavaroiden sisältämistä aineista tai ainoastaan osaa vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämistä tavaroista, näitä sekoitetun tai kokoonpannun tavaran nimikkeitä on pidettävä yhtä yksityiskohtaisina, vaikka tavara kuvattaisiin jossakin niistä täydellisemmin tai täsmällisemmin. b) Jos sekoitettuja, eri aineista koostuvia tai eri tavaroista kokoonpantuja tavaroita ja vähittäismyyntiä varten pakattujen sarjojen sisältämiä tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a alakohdan mukaan, ne luokitellaan sen aineen tai tavaran mukaan, joka antaa tavaroille niiden olennaisen luonteen, jos tällaista perustetta voidaan soveltaa. c) Jos tavaroita ei voida luokitella 3 säännön a tai b alakohdan mukaan, ne luokitellaan kyseeseen tulevista nimikkeistä numerojärjestyksessä viimeiseen. – –” Yhdistetyn nimikkeistön toinen osa sisältää XVI jakson, jota edeltävät huomautukset, joiden sanamuoto on seuraava: ”– – 2.       Jollei tämän jakson 1 huomautuksesta, 84 ryhmän 1 huomautuksesta ja 85 ryhmän 1 huomautuksesta muuta johdu, koneiden osat (lukuun ottamatta nimikkeen 8484, 8544, 8545, 8546 tai 8547 tavaroiden osia) luokitellaan seuraavien sääntöjen mukaisesti: a)      osat, jotka ovat jonkin 84 tai 85 ryhmän nimikkeen (lukuun ottamatta nimikkeitä 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 ja 8548) tavaroita, luokitellaan aina kukin omaan nimikkeeseensä – – 3.      Jollei toisin määrätä, yhdistelmäkoneet, joissa on kaksi tai useampia yhdeksi kokonaisuudeksi asennettuja koneita, ja muut koneet, jotka on tarkoitettu suorittamaan kahta tai useampaa toisiaan täydentävää tai vaihtoehtoista toimintoa, luokitellaan yhdistelmän pääasiallisen toiminnon suorittavan osan tai koneen mukaisesti. 4.      Jos kone (myös koneiden yhdistelmä) koostuu erillisistä (joko erillään sijaitsevista tai toisiinsa putkijohdoilla, voimansiirtolaitteilla, sähkökaapeleilla tai muilla laitteilla yhdistetyistä) osalaitteista, jotka on tarkoitettu yhdessä suorittamaan selvästi määriteltyä, jonkun 84 tai 85 ryhmän nimikkeen kattamaa toimintaa, kokonaisuus luokitellaan tuon toiminnan mukaan määräytyvään nimikkeeseen. 5.      Näissä huomautuksissa tarkoitetaan ilmaisulla ’kone’ mitä tahansa 84 tai 85 ryhmän nimikkeissä tarkoitettua konetta, laitetta tai laitteistoa.” Kyseinen XVI jakso sisältää 84 ryhmän, joka kattaa ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet sekä niiden osat. Yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5 huomautuksessa todetaan seuraavaa: ”– – B.      Automaattiset tietojenkäsittelykoneet voivat olla järjestelmiä, jotka koostuvat vaihtelevista määristä erillisiä yksiköitä. Jollei jäljempänä E kohdassa toisin määrätä, yksikköä pidetään täydellisen järjestelmän osana, jos se täyttää seuraavat edellytykset: a)      se on tyyppiä, jota käytetään yksinomaan tai pääasiassa automaattisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä; b)      se voidaan yhdistää keskusyksikköön joko suoraan tai yhden tai useamman muun yksikön kautta; ja c)      se voi ottaa vastaan ja välittää tietoa sellaisessa muodossa (koodeina tai signaaleina), jota järjestelmä voi käyttää. C.      Erikseen tullattaviksi ilmoitetut automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän yksiköt luokitellaan nimikkeeseen 8471. – – E.      Koneet, joilla suoritetaan muita erityistoimintoja kuin tietojenkäsittelyä ja jotka sisältävät automaattisen tietojenkäsittelykoneen tai jotka toimivat tällaisen koneen yhteydessä, luokitellaan siihen nimikkeeseen, joka vastaa niiden asianomaisia toimintoja, tai jollei sellaisia ole, kaatonimikkeeseen.” Pääasian kannalta keskeiset yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän nimikkeet ja alanimikkeet ovat seuraavat: ”8471 Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat: – – 8473               Osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8469–8472 koneissa: – – 8473 30  − nimikkeen 8471 koneiden osat ja tarvikkeet 8473 30 10  − − elektroniset rakenneyhdistelmät – – 8473 30 90  − − muut” Yhdistetyn nimikkeistön toisen osan XVI jakso sisältää myös 85 ryhmän, joka koskee sähkökoneita ja -laitteita sekä niiden osia; äänen tallennus- tai toistolaitteita, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteita sekä tällaisten tavaroiden osia ja tarvikkeita. Tähän 85 ryhmään kuuluvat muun muassa seuraavat nimikkeet ja alanimikkeet: ”8536 Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpitimet ja liitäntärasiat), enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten: – – 8536 90          − muut laitteet – – 8536 90 85          − − muut” Pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan alanimikkeeseen 8536 90 85 luokiteltuihin tavaroihin sovellettava tuontitulli oli 2,3 prosenttia, kun taas nimikkeisiin 8471 ja 8473 kuuluvat laitteet oli vapautettu tullista. Harmonoidun järjestelmän selitykset Tulliyhteistyöneuvosto, josta on tullut Maailman tullijärjestö, hyväksyy harmonoidusta tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmästä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen 8 artiklassa määrätyin edellytyksin selitykset ja tariffointisuositukset, jotka on antanut harmonoidun järjestelmän komitea. Nimikettä 8471 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset kuuluvat seuraavasti: ”I.       Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt Tietojenkäsittely käsittää kaikenlaisten tietojen käsittelyn etukäteen määrätyssä loogisessa järjestyksessä tiettyä tarkoitusta tai tiettyjä tarkoituksia varten. – – D.       Tullille erikseen esitettävät yksiköt Tähän nimikkeeseen kuuluu myös erikseen esitettyjä tietojenkäsittelyjärjestelmien osayksiköitä. Nämä voivat olla omissa koteloissaan olevia yksikköjä tai ilman omaa koteloa olevia yksikköjä, jotka on suunniteltu koneen sisälle sijoitettaviksi (esim. sijoitettavaksi keskusyksikön emolevylle). – – – – Yksikkö voidaan luokitella tähän nimikkeeseen automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän osana vain, jos a)      sillä suoritetaan tietojenkäsittelytoiminto; b)      se täyttää tämän ryhmän 5 huomautuksen B kohdassa mainitut edellytykset, kyseisen huomautuksen johdanto-osan edellytykset mukaan lukien ja c)      sitä ei suljeta pois tästä nimikkeestä tämän ryhmän 5 huomautuksen E kohdan perusteella. – – Keskusyksikköjen sekä syöttö- ja tulostusyksikköjen lisäksi esimerkkeinä muista yksiköistä mainittakoon: – – 4.      Ohjaimet ja sovittimet, kuten sellaiset, joilla keskusyksikkö kytketään toisiin digitaalisiin tietojenkäsittelykoneisiin taikka toisiin syöttö- ja tulostusyksikköryhmiin, jotka voivat käsittää näyttöyksiköitä, etäisterminaaleja jne. – –      kanavalta kanavalle yhdistävät sovittimet, joita käytetään liittämään digitaalijärjestelmiä (esim. LAN-verkkoja) toisiinsa. – – II.       Magneettiset ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat – – B.      Koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa – – 4.      Koneet kiinteiden ohjelmien siirtämiseksi integroiduille piireille (ohjelmointilaitteet). Nämä on suunniteltu siirtämään ohjelmointilaitteen sisäisessä muistissa olevia tietoja koodimuodossa integroiduille piireille. Ohjelmointilaitteet ’polttavat’ tiedot yhdelle tai useammalle integroidulle piirille, noudattaen erilaisia, kullekin ohjelmoitavalle integroidulle piirille sopivia tekniikkoja. Joissakin ohjelmointilaitteissa on lisäominaisuutena ns. emulaattori, jonka avulla käyttäjä voi muodostaa kuvan ohjelmoinnin tuloksesta ennen integroidun piirin varsinaista lopullista ohjelmoimista. – – Osat ja tarvikkeet Osien luokittelua koskevien yleismääräysten varauksin – – tämän nimikkeen koneiden osat ja tarvikkeet luokitellaan nimikkeeseen 8473.” Nimikettä 8473, joka koskee osia ja tarvikkeita (muita kuin suojuspeitteitä, kantolaukkuja ja niiden kaltaisia tavaroita), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8469–8472 koneissa, koskevien harmonoidun järjestelmän selityksien sanamuoto on seuraava: ”– – Osien luokittelua koskevien yleisohjeiden varauksin (ks. XVI jakson yleisohjeita) tähän nimikkeeseen kuuluvat osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8469–8472 koneissa. Tämän nimikkeen tarkoittamat tarvikkeet ovat vaihdettavia osia tai tarvikkeita, joiden on tarkoitus sopeuttaa kone tiettyyn työhön tai johonkin erityistehtävään koneen päätehtävän yhteydessä tai sen käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi. Tähän nimikkeeseen kuuluvat mm.: – – 9.      Sähköiset muistimoduulit (esim. yksiriviset muistimoduulit [SIMM, Single In-line Memory Modules] ja kaksiriviset muistimoduulit [DIMM, Dual In-line Memory Modules]), jotka soveltuvat käytettäviksi ainoastaan tai pääasiassa automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja jotka eivät koostu 85 ryhmän 5 huomautuksen B kohdan c alakohdan mukaisesti erilliskomponenteista ja joilla ei ole itsenäistä tehtävää. – –” Harmonoidun järjestelmän selitysten, jotka koskevat 85 ryhmää, A kohdassa, jonka otsikko on ”Ryhmän laajuus ja sisältö” ja joka sisältyy yleisohjeisiin, lausutaan seuraavaa: ”Tämä ryhmä käsittää kaikki sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, muut kuin a)      84 ryhmään sisältyvät koneet ja laitteet, jotka kuuluvat sanottuun ryhmään siinäkin tapauksessa, että ne ovat sähköisiä – –” Harmonoidun järjestelmän selityksissä, jotka koskevat nimikettä 8536, joka koskee sähkölaitteita sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten (esim. kytkimet, releet, varokkeet, syöksyaaltosuojat, pistotulpat, pistorasiat, lampunpitimet ja liitäntärasiat), enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten, lausutaan seuraavaa: ”– – Tämä nimike käsittää yleisesti asunnoissa ja teollisuuden laitteissa käytettävät sähkölaitteet, jotka on tarkoitettu korkeintaan 1 000 voltin nimellisjännitteelle. Jäljempänä kuvatut laitteet luokitellaan nimikkeeseen 8535, silloin kun ne ovat yli 1 000 voltin nimellisjännitteelle. Tähän nimikkeeseen kuuluvat mm.: – – III.      Laitteet sähkövirtapiirin kytkemistä tai siihen liittämistä varten Näitä laitteita käytetään sähkövirtapiirien eri osien toisiinsa liittämiseen. Tähän kuuluvat mm.: A.      Pistotulpat, pistorasiat ja muut koskettimet, joita käytetään siirrettävän johtimen tai laitteen liittämiseksi laitteistoon, joka on tavallisimmin kiinteä. – –” Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset Data I/O pyysi heinäkuussa 2005 Bundesfinanzdirektion Südostilta Yhdysvalloista maahantuotavan ”PA T009 -ohjelmointilaitteeseen soveltuvan sovittimen” luokittelemista koskevan sitovan tullitariffitiedon. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että kyseinen sovitin mahdollistaa elektronisten muisti- ja logiikkamoduulien ohjelmoimisen. Sillä luodaan ohjelmointilaitteen ja ohjelmoitavien elektronisten moduulien välinen liitäntä, joka mahdollistaa tiedonsiirron ohjelmointilaitteesta tällaisiin moduuleihin, jotka ovat muodoltaan ja sähköliitännöiltään erilaisia ja joita ei voida kytkeä suoraan ohjelmointilaitteeseen. Tämä sovitin muodostuu erillisillä kondensaattoreilla varustetusta, sisään työnnettävään älykorttiin (plug in -kortti), jonka neljässä vastakkeessa on sisäänrakennetut johdinlangat, sisältyvästä painetusta piirilevystä. Kortti sisältää myös muistisirun, johon ohjelmointiprosessin eteneminen ja siten koko prosessi tallentuu ja josta tämä prosessi voidaan myöhemmin lukea. Tavara luokiteltiin 27.7.2005 annetulla sitovalla tariffitiedolla yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8536 90 85. Finanzgericht München hylkäsi antamallaan tuomiolla DATA I/O:n kyseisestä tariffitiedosta nostaman kanteen, jonka DATA I/O nosti sen jälkeen, kun sen tariffitiedosta tekemä oikaisuvaatimus oli hylätty, ja jolla vaadittiin tämän tavaran luokittelemista yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471 ja toissijaisesti tämän nimikkeistön nimikkeeseen 8473. Kansallinen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi on saatettu Data I/O:n tekemä Revision-valitus, kysyy, pitäisikö kyseinen sovitin paremminkin luokitella asiaan sovellettavien säännösten nojalla yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471. Tässä tilanteessa Bundesfinanzhof päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: ”1)       Onko – – yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohtaa tulkittava siten, että sähköinen sovitin, jonka tehtävänä on kytkeä sähköisesti automaattinen ohjelmointilaite ohjelmoitaviin elektronisiin moduuleihin, voidaan luokitella yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471? 2)      Jos vastaus tähän [ensimmäiseen] kysymykseen on kieltävä: onko edellä mainittu sovitin luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471 siinä tapauksessa, että se sisältää muistisirun, jonne ohjelmointiprosessi tallennetaan ja josta se voidaan sen jälkeen lukea?” Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu Alustavat huomautukset Aluksi on todettava, että ennakkoratkaisupyynnössä ei täsmennetä, onko ohjelmointilaitteen sähköinen kytkeminen ohjelmoitaviin moduuleihin ainoa pääasiassa kyseessä olevan sovittimen tehtävä vai onko sellaisen ohjelmointiprosessin tallentamista, joka voidaan myöhemmin lukea, pidettävä tätä tehtävää täydentävänä ja siitä erillisenä tehtävänä. Unionin tuomioistuimelle toimitetuista asiakirjoista ei myöskään käy ilmi, voidaanko muistisirun sisältö lukea ilman, että sovitin on liitettynä ohjelmointilaitteeseen. Kuten kansallinen tuomioistuin itsekin toteaa, yhdistetyn nimikkeistön XVI jakson 3 huomautuksesta seuraa, että yhdistelmäkoneet, joissa on kaksi tai useampia yhdeksi kokonaisuudeksi asennettuja koneita, ja muut koneet, jotka on tarkoitettu suorittamaan kahta tai useampaa toimintoa, luokitellaan yhdistelmän pääasiallisen toiminnon suorittavan osan tai koneen mukaisesti. Lisäksi saman jakson 4 huomautuksen mukaan tilanteessa, jossa kone tai koneiden yhdistelmä koostuu erillisistä osalaitteista, mutta suorittaa selvästi määriteltyä toimintoa, kokonaisuus luokitellaan tuon toiminnon mukaan määräytyvään nimikkeeseen. Tältä osin on muistutettava, että kun unionin tuomioistuimen käsiteltävänä on tariffiluokitusta koskeva ennakkoratkaisupyyntö, sen tehtävänä on paremminkin selventää kansalliselle tuomioistuimelle niitä kriteereitä, joiden soveltaminen tekee tälle mahdolliseksi luokitella oikein asianomaiset tuotteet yhdistettyyn nimikkeistöön, eikä luokitella tuotteita itse, mikä johtuu siitä, ettei sillä välttämättä ole kaikkia tähän tarvittavia tietoja. On ilmeistä, että kansallinen tuomioistuin on joka tapauksessa paremmassa asemassa tekemään luokittelun. Antaakseen kansalliselle tuomioistuimelle hyödyllisen vastauksen unionin tuomioistuin voi kuitenkin kansallisten tuomioistuinten kanssa harjoittamansa yhteistyön nimissä esittää ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle kaikki tarpeellisiksi katsomansa ohjeet (ks. mm. asia C-56/08, Pärlitigu, tuomio 16.7.2009, 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on sen käsiteltävänä olevassa asiassa yhtäältä ratkaista, onko pääasiassa kyseessä oleva sovitin yhdistelmäkone vai useista komponenteista koostuva kone, joka suorittaa selvästi määriteltyä toimintoa tai useaa erilaista toimintoa, ja toisaalta tarvittaessa päättää, mikä on tämän sovittimen suorittama pääasiallinen toiminto, jotta kyseinen sovitin voidaan luokitella tämän toiminnon mukaisesti ottaen samalla huomioon unionin tuomioistuimen määrittelemät kriteerit. Asiakysymys Kahdella kysymyksellään, jotka on syytä tutkia yhdessä, kansallinen tuomioistuin tiedustelee pääpiirteissään, onko pääasiassa kyseessä olevan kaltainen sovitin, jonka toimintoina on ohjelmointilaitteen sähköinen kytkeminen ohjelmoitaviin moduuleihin sekä ohjelmointiprosessin tallentaminen ja näin sen myöhemmän lukemisen mahdollistaminen, yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohdassa tarkoitettu automaattisen tietojenkäsittelykoneen ”yksikkö” ja kuuluuko se tästä syystä tämän nimikkeistön nimikkeeseen 8471. Data I/O katsoo, että pääasiassa kyseessä olevaa sovitinta käytetään automaattisen tietojenkäsittelykoneen kytkemiseen ohjelmoitavaan elektroniseen moduuliin ja että sovitin mahdollistaa tämän koneen sisältämien tietojen siirtämisen tähän moduuliin. Lisäksi sovittimen välityksellä voidaan lähettää ja tallentaa tietoja, jotta kyseinen kone voi suorittaa ohjelmointitoimenpiteen. Näin ollen tämä tavara olisi luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471. Sen sijaan komissio toteaa harmonoidun järjestelmän selityksiin tukeutuen, että tavaraa voidaan pitää yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471 luokiteltavana tietojenkäsittelykoneen yksikkönä ainoastaan silloin, kun sillä suoritetaan myös tietojenkäsittelytoiminto. Pääasiassa kyseessä oleva sovitin ei kuulu tähän nimikkeeseen, koska sillä ei suoriteta tällaista toimintoa. Kun otetaan huomioon se, että tämä sovitin sisältää muistisirun, joka mahdollistaa myös ohjelmointiprosessin myöhemmän lukemisen, kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on kuitenkin määritellä, ovatko tallentaminen ja tietojen lukemisen mahdollistaminen tällaisia tietojenkäsittelytoimintoja. Ensinnäkin on syytä muistuttaa unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, jonka mukaan oikeusvarmuus ja valvonnan helppous edellyttävät, että tavaroiden tariffiluokittelun ratkaisevana luokitteluperusteena on yleensä oltava tavaroiden objektiivisesti todettavat ominaispiirteet ja ominaisuudet, sellaisina kuin ne on määritelty yhdistetyn nimikkeistön nimiketekstissä sekä sen jaksojen tai ryhmien huomautusten teksteissä (ks. mm. asia C-142/06, Olicom, tuomio 18.7.2007, Kok., s. I‑6675, 16 kohta ja asia C-376/07, Kamino International Logistics, tuomio 19.2.2009, Kok., s. I-1167, 31 kohta). Komission laatimat yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset sekä harmonoidun järjestelmän osalta Maailman tullijärjestössä laaditut selitykset auttavat huomattavasti eri tullinimikkeiden sisällön tulkinnassa, vaikka ne eivät olekaan oikeudellisesti sitovia (asia C-250/05, Turbon International, tuomio 26.10.2006, Kok., s. I-10531, 16 kohta ja asia C-173/08, Kloosterboer Services, tuomio 18.6.2009, 25 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 8471 osalta yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohdasta ilmenee, että jollei saman ryhmän 5 huomautuksen E kohdassa toisin määrätä, laitteen on täytettävä kyseisen 5 huomautuksen B kohdan a–c alakohdissa mainitut kolme kumulatiivista ehtoa, jotta se voidaan luokitella tähän nimikkeeseen automaattisen tietojenkäsittelykoneen yksikkönä, eli ensiksi sen on oltava tyyppiä, jota käytetään yksinomaan tai pääasiassa automaattisessa tietojenkäsittelyjärjestelmässä, toiseksi se on voitava yhdistää keskusyksikköön joko suoraan tai epäsuorasti, ja kolmanneksi sen on voitava ottaa vastaan ja välittää tietoa sellaisessa muodossa, jota järjestelmä voi käyttää. Kansallinen tuomioistuin katsoo Finanzgericht Münchenin esittämien toteamusten pohjalta näytetyksi, että pääasiassa kyseessä oleva sovitin täyttää kaksi ensimmäistä edellä mainittua ehtoa. Lisäksi se täsmentää, että sovittimella ei ole sellaista kyseisen 5 huomautuksen E kohdassa tarkoitettua erityistoimintoa, jota se kykenisi suorittamaan itsenäisesti ilman automaattista tietojenkäsittelykonetta. Tämä tuomioistuin pohtii kuitenkin sitä, täyttääkö tämä sovitin kyseisen 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohdan c alakohdassa mainitun ehdon eli sen, että ”se voi ottaa vastaan ja välittää tietoa sellaisessa muodossa (koodeina tai signaaleina), jota järjestelmä voi käyttää”, jotta sitä voidaan pitää automaattisen tietojenkäsittelykoneen yksikkönä. On todettava, että yhdistetyssä nimikkeistössä ei ole mitään mainintaa siitä, mitä tarkoitetaan sillä, että yksikkö ”voi ottaa vastaan ja välittää tietoa sellaisessa muodossa (koodeina tai signaaleina), jota järjestelmä voi käyttää”. Yhdistetyn nimikkeistön nimikettä 8471 koskevan harmonoidun järjestelmän selityksen I kohdan D alakohdasta käy kuitenkin ilmi, että tämän alakohdan kahdeksannen kappaleen a alakohdan mukaan tavaraa voidaan pitää automaattisen tietojenkäsittelykoneen yksikkönä ja se voidaan luokitella tähän nimikkeeseen vain, jos sillä suoritetaan myös ”tietojenkäsittelytoiminto[a]”. Tietojenkäsittelyn käsitteen osalta kyseisen I kohdan ensimmäisessä kappaleessa yhtäältä määrätään, että tällainen käsittely käsittää kaikenlaisten tietojen käsittelyn etukäteen määrätyssä loogisessa järjestyksessä ja tiettyä tarkoitusta tai tiettyjä tarkoituksia varten. Toisaalta sekä kyseisen selityksen yleisen rakenteen että sen asiayhteyden perusteella on ilmeistä, että tämän käsitteen on katsottava periaatteessa tarkoittavan tietojen käyttämistä, kuten tietojen tallentamista, muuttamista, säilyttämistä, muuntamista tai editointia. Tästä seuraa, että pääasiassa kyseessä oleva sovitin, jonka yhtenä toimintona on tallentaa ja säilyttää tietoja muistisirun avulla, täyttää yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohdan c alakohdassa mainitun ehdon siltä osin kuin sillä suoritetaan tietojenkäsittelyä. Mikäli kansallinen tuomioistuin katsoisi tämän tuomion 25 kohdassa tarkoitetun selvityksen tehtyään, että tallentamistoiminto olisi sen käsiteltävänä olevan kaltaisen sovittimen pääasiallinen toiminto, sovitin olisi siten luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471 automaattisten tietojenkäsittelykoneiden ”yksikkönä”. Päinvastaisessa tapauksessa kyseisen tuomioistuimen olisi tutkittava, voitaisiinko tätä sovitinta pitää automaattisen tietojenkäsittelykoneen ”osana” tai ”tarvikkeena” ja voitaisiinko se näin luokitella yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8473, kuten Data I/O toissijaisesti esittää, vai voitaisiinko sitä pitää ”sähkölaitteena [sähkövirtapiiriin] – – liittämistä varten” ja voitaisiinko se näin luokitella tämän nimikkeistön nimikkeeseen 8536, kuten Hauptzollamt Hannover ja komissio esittävät. Jotta voidaan antaa kansalliselle tuomioistuimelle hyödyllinen vastaus, on täsmennettävä ehtoja, joiden täyttyessä tavara voidaan luokitella näihin kahteen nimikkeeseen. Yhtäältä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että yhdistetyn nimikkeistön nimikkeessä 8473 tarkoitetussa käsitteessä ”osa” edellytetään sellaisen kokonaisuuden olemassaoloa, jonka toiminnan kannalta osa on välttämätön (em. asia Kloosterboer Services, tuomion 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Toisaalta ”tarvikkeen” käsitteen osalta nimikettä 8473 koskevista harmonoidun järjestelmän selityksistä ilmenee, että ”[t]ämän nimikkeen tarkoittamat tarvikkeet ovat vaihdettavia osia tai tarvikkeita, joiden on tarkoitus sopeuttaa kone tiettyyn työhön tai johonkin erityistehtävään koneen päätehtävän yhteydessä tai sen käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi”. Tämä selitys koskee muun muassa ”[s]ähköisiä muistimoduuleita – –, jotka soveltuvat käytettäviksi ainoastaan tai pääasiassa automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja jotka eivät koostu – – erilliskomponenteista”. Kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava, onko pääasiassa kyseessä oleva sovitin ohjelmointilaitteen toiminnan kannalta välttämätön vai onko se joko osa tai tarvike, jonka on tarkoitus sopeuttaa tämä kone tiettyyn työhön, tai osa tai tarvike, jonka on tarkoitus sopeuttaa kone johonkin erityistehtävään tämän koneen pääasiallisen tehtävän yhteydessä. Ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseistä sovitinta ei voitaisi luokitella yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8471 eikä sen nimikkeeseen 8473, sitä olisi pidettävä ”sähkölaitteena [sähkövirtapiiriin] – – liittämistä varten”, minkä vuoksi se kuuluisi tämän nimikkeistön nimikkeeseen 8536, joka koskee sanamuotonsa mukaan muun muassa ”sähkölaitteita sähkövirtapiirin kytkemistä – – tai siihen liittämistä varten”. Yhdistetyn nimikkeistön 85 ryhmää koskevien harmonoidun järjestelmän selitysten A kohdan ensimmäisestä kappaleesta nimittäin ilmenee, että tämä ryhmä ”käsittää kaikki sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, muut kuin – – 84 ryhmään sisältyvät koneet ja laitteet, jotka kuuluvat sanottuun ryhmään siinäkin tapauksessa, että ne ovat sähköisiä”. Näin ollen pääasiassa kyseessä oleva sovitin voitaisiin luokitella tämän nimikkeistön nimikkeeseen 8536 ainoastaan silloin, kun se ei kuulu sen nimikkeisiin 8471 ja 8473. Edellä esitetyn perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen sovitin, jonka toimintona on ohjelmointilaitteen sähköinen kytkeminen ohjelmoitaviin moduuleihin sekä ohjelmointiprosessin tallentaminen ja näin sen myöhemmän lukemisen mahdollistaminen, täyttää yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohdan c alakohdassa mainitun ehdon ja on luokiteltava tämän nimikkeistön nimikkeeseen 8471 automaattisen tietojenkäsittelykoneen ”yksikkönä” edellyttäen, että sen pääasiallisena toimintona on suorittaa tietojenkäsittelyä. Siinä tapauksessa, että sillä ei ole tällaista toimintoa, tällainen sovitin on luokiteltava kyseisen nimikkeistön nimikkeeseen 8473 koneen ”osana”, jos se on koneen toiminnan kannalta välttämätön, tai ”tarvikkeena”, jos se on osa tai tarvike, jonka on tarkoitus sopeuttaa tämä kone tiettyyn työhön tai johonkin erityistehtävään tämän koneen pääasiallisen tehtävän yhteydessä, minkä selvittäminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä. Jos tätä sovitinta ei voida luokitella kumpaankaan edellä mainittuun nimikkeeseen, sitä olisi pidettävä ”sähkölaitteena [sähkövirtapiiriin] – – liittämistä varten”, minkä vuoksi se kuuluisi yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8536. Oikeudenkäyntikulut Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: Pääasiassa kyseessä olevan kaltainen sovitin, jonka toimintona on ohjelmointilaitteen sähköinen kytkeminen ohjelmoitaviin moduuleihin sekä ohjelmointiprosessin tallentaminen ja näin sen myöhemmän lukemisen mahdollistaminen, täyttää tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna 7.9.2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1810/2004, liitteeseen I sisältyvän yhdistetyn nimikkeistön 84 ryhmän 5 huomautuksen B kohdan c alakohdassa mainitun ehdon ja on luokiteltava tämän nimikkeistön nimikkeeseen 8471 automaattisen tietojenkäsittelykoneen ”yksikkönä” edellyttäen, että sen pääasiallisena toimintona on suorittaa tietojenkäsittelyä. Siinä tapauksessa, että sillä ei ole tällaista toimintoa, tällainen sovitin on luokiteltava kyseisen nimikkeistön nimikkeeseen 8473 koneen ”osana”, jos se on koneen toiminnan kannalta välttämätön, tai ”tarvikkeena”, jos se on osa tai tarvike, jonka on tarkoitus sopeuttaa tämä kone tiettyyn työhön tai johonkin erityistehtävään tämän koneen pääasiallisen tehtävän yhteydessä, minkä selvittäminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä. Jos tätä sovitinta ei voida luokitella kumpaankaan edellä mainittuun nimikkeeseen, sitä olisi pidettävä ”sähkölaitteena [sähkövirtapiiriin] – – liittämistä varten”, minkä vuoksi se kuuluisi yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 8536. Allekirjoitukset Oikeudenkäyntikieli: saksa.

62016CJ0554

lv

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 (2009. gada 19. janvāris), ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 ( OV 2009, L 30, 16. lpp. ), 117. panta otro daļu, kā arī Komisijas Lēmuma 2001/672/EK (2001. gada 20. augusts), ar ko paredz īpašus noteikumus liellopu pārvietošanai, kad tie izvesti vasaras ganībās kalnu apgabalos ( OV 2001, L 235, 23. lpp. ), redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2010/300/ES (2010. gada 25. maijs) ( OV 2010, L 127, 19. lpp. ), 2. panta 4. punktu (turpmāk tekstā – “Lēmums 2001/672”). Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā, kurā EP Agrarhandel GmbH vērsās pret Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (federālais lauksaimniecības un mežsaimniecības, vides un ūdenssaimniecības ministrs, turpmāk tekstā – “lauksaimniecības ministrs”) par tā atteikumu piešķirt EP Agrarhandel piemaksu par zīdītājgovīm attiecībā uz atsevišķām govīm tādēļ, ka ir nokavēts termiņš, kurā bija jāpaziņo par šo dzīvnieku pārvietošanu uz vasaras ganībām. Atbilstošās tiesību normas Savienības tiesības Regula (EK) Nr. 1760/2000 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1760/2000 (2000. gada 17. jūlijs), ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 ( OV 2000, L 204, 1. lpp. ), preambulas 4.–7. un 14. apsvērumā ir noteikts: “(4) Pēc nestabilitātes liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu tirgū, ko izraisīja govju sūkļveida encefalopātijas krīze, attiecīgo produktu ražošanas un tirdzniecības caurskatāmības uzlabošanās, jo īpaši izsekojamības aspektā, ir pozitīvi ietekmējusi liellopu gaļas patēriņu. Lai saglabātu un stiprinātu patērētāju uzticību liellopu gaļai un novērstu viņu maldināšanu, ir jāizstrādā sistēma patērētāju informēšanai ar produkta pietiekamas un skaidras marķēšanas palīdzību. (5) Šajā nolūkā ir būtiski, no vienas puses, izveidot efektīvu sistēmu liellopu identifikācijai un reģistrācijai ražošanas posmā un, no otras puses, radīt specifisku Kopienas marķēšanas sistēmu liellopu gaļas nozarē, kas balstītos uz objektīviem kritērijiem, tirdzniecības posmā. (6) Pamatojoties uz garantijām, ko nodrošina šāds uzlabojums, tiks izpildītas arī noteiktas prasības sabiedrības interesēs, jo īpaši attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzību. (7) Tādējādi tiks uzlabota patērētāju uzticība liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu kvalitātei, nodrošināts augstāks sabiedrības veselības aizsardzības līmenis, un nostiprināta pastāvīga stabilitāte liellopu gaļas tirgū. [..] (14) Dzīvnieku ātras un precīzas izsekošanas nolūkā, lai nodrošinātu Kopienas atbalsta shēmu kontroli, katrai dalībvalstij būtu jāizveido valsts mēroga elektroniska datu bāze, kas fiksētu dzīvnieku identitāti, visus lauksaimniecības uzņēmumus savā teritorijā un dzīvnieku apriti, saskaņā ar Padomes 1997. gada 17. marta Direktīvu 97/12/EK, kura groza un atjaunina Direktīvu 64/432/EEK par veterinārajām problēmām, kas ietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopiem un cūkām [ OV 1997, L 109, 1. lpp. ], kas izskaidro veselības aizsardzības prasības saistībā ar šo datu bāzi.” Šīs regulas 3. pantā ir paredzēts: “Liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēma ietver šādus elementus: a) krotālijas, lai identificētu dzīvniekus individuāli; b) elektroniskas datu bāzes; c) dzīvnieku pases; d) individuālus reģistrus katrā saimniecībā. Komisijai un attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei ir pieejama visa informācija, uz kuru attiecas šī sadaļa. Dalībvalstis un Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šo datu pieejamību visām attiecīgajām pusēm, tajā skaitā patērētāju organizācijām, kuru intereses atzīst dalībvalsts, ar noteikumu, ka tiek nodrošināta valsts likumos paredzētā datu konfidencialitāte un aizsardzība.” Saskaņā ar minētās regulas 7. panta 1. punktu: “Izņemot pārvadātājus, katrs dzīvnieku turētājs: – kārto aktualizētu reģistru, – kad elektroniskā datu bāze ir sākusi darboties, ziņo kompetentajai iestādei par jebkuru dzīvnieku pārvietošanu uz lauku saimniecību un no tās, kā arī par visiem dzīvnieku piedzimšanas un nāves gadījumiem lauku saimniecībā, paziņojot šo notikumu datumus dalībvalsts noteiktajā triju līdz septiņu dienu laikposmā no attiecīgā notikuma. Pēc dalībvalsts lūguma saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija tomēr var noteikt apstākļus, kādos dalībvalstis var pagarināt maksimālo laikposmu un noteikt īpašus noteikumus, ko piemēro attiecībā uz liellopu kustību, kad tos izved vasaras ganībās dažādos kalnu apgabalos.” Regula Nr. 73/2009 Regulas Nr. 73/2009 4. panta 1. punktā ir noteikts: “Lauksaimnieks, kurš saņem tiešos maksājumus, ievēro II pielikumā minētās likumā noteiktās pārvaldības prasības, kā arī nodrošina labu lauksaimniecības un vides stāvokli, kā noteikts 6. pantā. [..]” Saskaņā ar šīs regulas 23. panta 1. punktu: “Ja nav ievērotas likumā noteiktās pārvaldības prasības vai labs lauksaimniecības un vides stāvoklis jebkurā laikā konkrētajā kalendārajā gadā (turpmāk “konkrētais kalendārais gads”) un ja neatbilstības pamatā ir darbība vai bezdarbība, ko var tieši attiecināt uz lauksaimnieku, kas iesniedzis atbalsta pieteikumu konkrētajā kalendārajā gadā, kopējo piešķirto vai piešķiramo tiešo maksājumu summu pēc 7., 10., un 11. panta piemērošanas minētajam lauksaimniekam samazina vai nepiešķir saskaņā ar 24. pantā ietvertajiem sīki izklāstītajiem noteikumiem. [..]” Minētās regulas 111. panta 1. un 2. punktā ir noteikts: “1.   Lauksaimnieks, kurš savā saimniecībā tur zīdītājgovis, iesniedzot pieteikumu, var pretendēt uz piemaksas piešķiršanu par zīdītājgovju turēšanu (“piemaksa par zīdītājgovīm”). To katram lauksaimniekam piešķir kā ikgadēju piemaksu par kalendāro gadu, ievērojot individuālos maksimāli pieļaujamos apjomus. 2.   Piemaksu par zīdītājgovīm piešķir jebkuram lauksaimniekam, kas: a) nepiegādā pienu vai piena produktus no savas saimniecības 12 mēnešos no dienas, kad tiek iesniegts pieteikums. Piena vai piena produktu piegāde patērētājam tieši no saimniecības tomēr nav šķērslis piemaksas piešķiršanai; b) piegādā pienu vai piena produktus, kuru kopējā individuālā kvota, kā minēts [Padomes] Regulas (EK) Nr. 1234/2007 [(2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”), ( OV 2007, L 299, 1. lpp. ] 67. pantā, nepārsniedz 120000 kilogramu. Tomēr dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, ko tās nosaka, var nolemt grozīt vai atcelt kvantitatīvo ierobežojumu, ja vismaz sešus mēnešus pēc kārtas no pieteikuma iesniegšanas dienas lauksaimnieks tur zīdītājgovis, kuru skaits nav mazāks par 60 % no skaita, par kuru tika prasīta piemaksa, un teles, kuru skaits nav lielāks par 40 % no skaita, par kuru tika prasīta piemaksa. Lai noteiktu piemaksas piešķiršanas kritērijiem atbilstošo dzīvnieku skaitu saskaņā ar 1. punkta a) un b) apakšpunktu, to, vai govis pieder zīdītājgovju ganāmpulkam vai piena govju ganāmpulkam, nosaka, pamatojoties uz attiecīgā kalendārā gada 31. martā piemaksas saņēmēja individuālo piena kvotu, kas izteikta tonnās un vidējā izslaukumā.” Regulas Nr. 73/2009 117. pants paredz: “Lai varētu pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar šo iedaļu, dzīvniekam ir jābūt identificētam un reģistrētam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1760/2000. Tomēr uzskatāms, ka par dzīvnieku var arī pretendēt uz maksājumu, ja informācija, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1760/2000 7. panta 1. punkta otrajā ievilkumā, tiek nodota kompetentajai iestādei dzīvnieka turēšanas perioda pirmajā dienā, kā noteikts saskaņā ar šīs regulas 141. panta 2. punktā minēto procedūru.” Saskaņā ar II pielikuma “Likumā noteiktās pārvaldības prasības, kas minētas 4. un 5. pantā” A punkta “Sabiedrības un dzīvnieku veselība” 7. apakšpunktu dzīvnieku identifikācija un reģistrācija ir noteikta, atsaucoties uz Regulas Nr. 1760/2000 4. un 7. pantu. Regula (EK) Nr. 1121/2009 Komisijas Regulas (EK) Nr. 1121/2009 (2009. gada 29. oktobris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 IV un V sadaļā paredzēto noteikumu piemērošanai atbalsta shēmām lauksaimniekiem ( OV 2009, L 316, 27. lpp. ), 61. pantā ir noteikts: “Regulas (EK) Nr. 73/2009 111. panta 2. punkta otrajā daļā minētais sešu mēnešu turēšanas periods sākas nākamajā dienā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas.” Regula (EK) Nr. 1122/2009 Komisijas Regulas (EK) Nr. 1122/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Regulu Nr. 73/2009 attiecībā uz savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem, kā arī, lai īstenotu Regulu Nr. 1234/2007 attiecībā uz savstarpēju atbilstību saskaņā ar vīna nozarē paredzēto atbalsta shēmu ( OV 2009, L 316, 65. lpp. ), 2. panta 24. punktā ir ietverta šāda definīcija: ““apstiprināts dzīvnieks” ir dzīvnieks, attiecībā uz kuru ir ievēroti visi nosacījumi, kas paredzēti noteikumos par atbalsta piešķiršanu”. Šās regulas 23. panta 1. punktā ir noteikts: “Izņemot 75. pantā minētos nepārvaramas varas gadījumus un ārkārtas apstākļus, ja atbalsta pieteikumu saskaņā ar šo regulu iesniedz pēc attiecīgā termiņa beigām, tad summas, kādas lauksaimnieks būtu tiesīgs saņemt, ja pieteikums būtu iesniegts noteiktajā termiņā, samazina par 1 % par katru nokavēto darbdienu. Neskarot konkrētus pasākumus, kas dalībvalstīm jāveic saistībā ar vajadzību savlaicīgi iesniegt apstiprinošus dokumentus, lai varētu plānot un veikt efektīvas pārbaudes, pirmo daļu piemēro arī dokumentiem, līgumiem un deklarācijām, kas jāiesniedz kompetentajai iestādei saskaņā ar 12. un 13. pantu, ja tādi dokumenti, līgumi un deklarācijas ir būtiski attiecībā uz tiesībām saņemt attiecīgo atbalstu. Tādā gadījumā samazinājumu piemēro summai, kas maksājama kā attiecīgais atbalsts. Ja kavēšanās ilgst vairāk par 25 kalendārajām dienām, tad pieteikumu uzskata par nepieņemamu.” Saskaņā ar Regulas Nr. 1122/2009 63. panta 4. punktu: “Ja konstatē neatbilstību liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmai, tad piemēro šādus noteikumus: a) liellopu, kas pazaudējis vienu no abām krotālijām, uzskata par apstiprinātu, ja tas ir skaidri un individuāli identificēts ar pārējiem liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmas elementiem; b) ja konstatētie pārkāpumi attiecas uz nepareiziem ierakstiem reģistrā vai dzīvnieku pasēs, tad attiecīgo dzīvnieku uzskata par neapstiprinātu tikai tad, ja tādas kļūdas konstatētas vismaz divās pārbaudēs 24 mēnešos. Visos pārējos gadījumos attiecīgos dzīvniekus uzskata par neapstiprinātiem pēc pirmā konstatētā pārkāpuma. Liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmas ierakstiem un paziņojumiem piemēro 21. pantu.” Šīs regulas 65. panta 1. punktā ir paredzēts: “Ja attiecībā uz atbalsta pieteikumu saskaņā ar atbalsta shēmām par liellopiem konstatē deklarēto dzīvnieku skaita un saskaņā ar 63. panta 3. punktu apstiprināto dzīvnieku skaita starpību, tad atbalsta kopsummu, uz kuru lauksaimniekam ir tiesības pretendēt saskaņā ar minētajām shēmām, par attiecīgo piemaksu periodu samazina par procentuālo daļu, kas jānosaka saskaņā ar šā panta 3. punktu, ja pārkāpumi konstatēti attiecībā uz ne vairāk kā trijiem dzīvniekiem.” Lēmums 2001/672 Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punkta sākotnējā redakcijā bija paredzēts: “Šā panta 2. punktā minētajā sarakstā iekļauto informāciju ievada attiecīgās valsts liellopu datu bāzē vēlākais septiņas dienas pēc tam, kad dzīvnieki ir pārvietoti uz ganībām.” Lēmums 2010/300 Lēmuma 2010/300 preambulas 5. un 6. apsvērumā ir minēts: “(5) Noteiktos apstākļos dzīvnieki, kurus no dažādām saimniecībām pārvieto uz vienām vasaras ganībām kalnu apgabalā, tur nonāk vēlāk nekā septiņu dienu laikā. Lai samazinātu nevajadzīgu administratīvu slogu, nezaudējot izsekojamību, laikposmi Lēmumā 2001/672/EK [tā sākotnējā redakcijā] jāpielāgo, lai ņemtu vērā minēto praktisko faktu. (6) Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2001/672/EK.” Saskaņā ar šī lēmuma 1. panta 2. punktu Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punkta sākotnējā redakcija tika grozīta šādi: “Šā panta 2. punktā minētajā sarakstā iekļauto informāciju paziņo kompetentajai iestādei saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1760/2000 7. panta 1. punktu vēlākais 15 dienas pēc tam, kad dzīvnieki ir pārvietoti uz ganībām.” Austrijas Republikas tiesības Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik (federālā lauksaimniecības un mežsaimniecības, vides un ūdenssaimniecības ministra Rīkojums par tiešajiem maksājumiem saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku) ( BGBl II, Nr. 491/2009) 3. nodaļā “Piemaksa par zīdītājgovīm un piena govīm” ir paredzēts: “Pieteikums § 12. Elektroniskās liellopu datu bāzes dati par zīdītājgovju un teļu turēšanu ir uzskatāmi par lauksaimnieka pieteikumu piemaksas par zīdītājgovīm piešķiršanai. Kopīgi noteikumi § 13. (1) Pieteikuma iesniedzējs ir lauksaimnieks, kurš [attiecīgā gada] 1. janvārī, 16. martā vai 10. aprīlī tur zīdītājgovis, teles vai piena govis, par ko var pretendēt uz piemaksu, un par kura saimniecību tiek iesniegts vienots pieteikums par attiecīgo gadu. [..]” Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (federālā lauksaimniecības un mežsaimniecības, vides un ūdenssaimniecības ministra Rīkojums par liellopu identifikāciju un reģistrāciju) ( BGBl II, Nr. 201/2008, BGBl II, Nr. 66/2010 redakcijā) 6. pantā “Dzīvnieku audzētāja paziņojumi” ir paredzēts: “(1)   Septiņu dienu laikā ir jāpaziņo par: 1. [..] dzīvnieku pārvietošanu uz saimniecību un no tās [..], [..] 3.   pārvietošanu uz kalnu ganībām/vasaras ganībām, ja kopā tiek pārvietoti vairāku dzīvnieku audzētāju liellopi, 4.   pārvietošanu uz kalnu ganībām/vasaras ganībām citā pašvaldībā, ja kalnu ganībām/vasaras ganībām ir savi identifikācijas numuri [..]. [..] (5)   Paziņojumu par liellopiem kalnu ganībās/vasaras ganībās iesniedz, izmantojot AMA [ Agramarkt Austria ] izdotu veidlapu, ko nosūta AMA pa pastu vai internetā. Pārējos 1.–4. punktā minētos paziņojumus iesniedz AMA pa tālruni, rakstveidā vai internetā, neskarot 5. panta 1. punktu. (6)   Lai tiktu ievērots termiņš, galvenā nozīme ir [paziņojuma] saņemšanai.” Pamatlieta un prejudiciālie jautājumi Ar Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria (maksātājiestāde) 2012. gada 28. marta lēmumu EP Agrarhandel attiecībā uz 2011. kalendāro gadu tika piešķirtas piemaksas par liellopiem kopumā 398,80 EUR apmērā. Tomēr minētā iestāde par šo pašu periodu atteica piešķirt piemaksas par atsevišķiem liellopiem. EP Agrarhandel apstrīdēja šo lēmumu lauksaimniecības ministram. Viņš ar 2013. gada 6. decembra lēmumu šo sūdzību noraidīja, argumentējot, ka gadījumā, kad liellopu datu bāzei nav iesniegts vai ir iesniegts nepareizs vai novēlots paziņojums par piemaksas piešķiršanai būtiskiem datiem, dzīvnieks neesot uzskatāms par “apstiprinātu dzīvnieku” Regulas Nr. 1122/2009 2. panta 24. punkta izpratnē, un neesot iespējams piešķirt piemaksu, ja novēlotais paziņojums nav saņemts pirms dzīvnieka turēšanas perioda sākuma. Lauksaimniecības ministrs atgādināja, ka informācija par attiecīgi 37 govīm un 6 telēm neesot saņemta Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punktā noteiktajā 15 dienu termiņā, tādēļ – neatkarīgi no pasta piegādes dienu skaita – attiecībā uz šiem dzīvniekiem nevarot tikt izmaksāta piemaksa par zīdītājgovīm. Faktiski minētie dzīvnieki esot pārvietoti 2011. gada 17. jūnijā, bet attiecīgā iestāde paziņojumu ir saņēmusi 2011. gada 7. jūlijā. EP Agrarhandel šo nolēmumu pārsūdzēja iesniedzējtiesā. Tā apgalvo, ka Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punktā nav minēta paziņojuma par liellopu pārvienošanu, kad tie tiek izvesti ganībās, “saņemšana”, un, tā kā paziņojums esot nosūtīts pa pastu šajā pantā minētā 15 dienu termiņa pēdējā dienā, līdz ar to noteiktais termiņš esot ievērots. Tās skatījumā, ja virsroku gūtu pretējais uzskats, ka termiņš neesot ievērots, tad piemērotā sankcija, proti, zaudētā piemaksa par attiecīgajām zīdītājgovīm un telēm tāpēc vien, ka paziņojums – kura saturs turklāt ir pareizs – ir saņemts ar dažu dienu nokavēšanos pasta sūtījuma piegādes ilguma dēļ, būtu nesamērīga. Šādos apstākļos Verwaltungsgerichtshof (Augstākā administratīvā tiesa, Austrija) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus: “1) Vai Lēmuma [2001/672] 2. panta 4. punkts nepieļauj tādu valsts tiesību normu kā lauksaimniecības ministra Rīkojuma par liellopu identifikāciju un reģistrāciju 6. panta 6. punkts, saskaņā ar kuru, lai tiktu ievēroti visi šajā normā minētie termiņi – un līdz ar to arī paziņošanas par pārvietošanu uz vasaras ganībām termiņš –, galvenā nozīme ir attiecīgā paziņojuma saņemšanai? 2) Kā Regulas Nr. 73/2009 117. panta otrā daļa ietekmē tiesības pretendēt uz piemaksu par liellopiem, par kuru pārvietošanu uz vasaras ganībām ir paziņots novēloti Komisijas lēmuma [2001/672] 2. panta 4. punkta izpratnē? 3) Vai tad, ja novēlots paziņojums par pārvietošanu uz vasaras ganībām saskaņā ar Regulas Nr. 73/2009 117. panta otro daļu neizraisa tiesību pretendēt uz piemaksu zudumu, novēlotā paziņojuma dēļ ir jāpiemēro sankcijas?” Par prejudiciālajiem jautājumiem Par pirmo jautājumu Uzdodama pirmo jautājumu, iesniedzējtiesa būtībā vēlas noskaidrot, vai Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauta tāda valsts tiesību norma, saskaņā ar kuru, lai tiktu ievērots paziņošanas par pārvietošanu uz vasaras ganībām termiņš, izšķiroša nozīme ir paziņojuma saņemšanai. Vispirms ir jāatgādina, ka Regulas Nr. 73/2009 111. panta 1. punktā ir paredzēts, ka ikvienam lauksaimniekiem, kurš atbilst 111. panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, ir tiesības saņemt tā dēvēto “piemaksu par zīdītājgovīm”. Saskaņā ar minētā Regulas 117. pantu, lai varētu pretendēt uz šādu piemaksu, dzīvniekiem ir jābūt identificētiem un reģistrētiem saskaņā ar Regulu Nr. 1760/2000. Konkrēti, attiecībā uz liellopu reģistrēšanu Regulas Nr. 1760/2000 7. panta 1. punkta otrajā ievilkumā ir noteikts, ka katrs dzīvnieku turētājs “[..] ziņo kompetentajai iestādei par jebkuru dzīvnieku pārvietošanu uz lauku saimniecību un no tās, kā arī par visiem dzīvnieku piedzimšanas un nāves gadījumiem lauku saimniecībā, paziņojot šo notikumu datumus dalībvalsts noteiktajā triju līdz septiņu dienu laikposmā no attiecīgā notikuma. Pēc dalībvalsts lūguma saskaņā ar 23. panta 2. punktā minēto procedūru Komisija tomēr var noteikt apstākļus, kādos dalībvalstis var pagarināt maksimālo laikposmu un noteikt īpašus noteikumus, ko piemēro attiecībā uz liellopu kustību, kad tos izved vasaras ganībās dažādos kalnu apgabalos.” Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punktā ir noteikts, ka informāciju, kas ir jānorāda to liellopu sarakstā, uz kuriem attiecas pārvietošana uz ganībām, “[..] paziņo kompetentajai iestādei [..] vēlākais 15 dienas pēc tam, kad dzīvnieki ir pārvietoti uz ganībām”. Šajā ziņā ir jākonstatē, ka šī panta formulējumā nav precizēts, vai šis termiņš ir jāuzskata par pieprasītās informācijas saņemšanas vai nosūtīšanas termiņu. Pirmajā gadījumā kompetentajai iestādei šī informācija ir jāsaņem vēlākais 15 dienu laikā pēc liellopu pārvietošanas, bet otrajā gadījumā šai informācijai ir jābūt izsūtītai pirms šī termiņa beigām. Ir jānorāda, ka lielākajā daļā valodu redakciju Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punkta formulējumā ir norādīts, ka informāciju “paziņo” kompetentajai iestādei vēlākais 15 dienas pēc tam, kad dzīvnieki ir pārvietoti uz ganībām. No šādas redakcijas izriet, ka informācija ir jānosūta pirms noteiktā termiņa beigām (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2004. gada 1. aprīlis, Borgmann, C‑1/02 , EU:C:2004:202 , 23. punkts). Tomēr, kā norādījusi ģenerāladvokāte secinājumu 43. punktā, izmantotie jēdzieni ir vispārēja rakstura un tādējādi to interpretācija var atšķirties. Turklāt portugāļu valodas redakcijā Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punktā ir paredzēts, ka informācija ir jāpaziņo 15 dienu laikā no brīža, kad dzīvnieki no saimniecības tiek pārvietoti uz ganībām, nevis – ne vēlāk kā 15 dienu laikā no brīža, kad tie tur ierodas. Gadījumā, kad Savienības tiesību normas teksts dažādu valodu redakcijās atšķiras, attiecīgā norma ir jāinterpretē saistībā ar tā tiesiskā regulējuma vispārējo struktūru un mērķi, kurā šī norma ietilpst (spriedums, 2012. gada 26. aprīlis, DR un TV2 Danmark, C‑510/10 , EU:C:2012:244 , 45. punkts un tajā minētā judikatūra). Šajā ziņā no Regulas Nr. 1760/2000 preambulas 4. līdz 7. apsvēruma, kas ir Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punkta pamatā, izriet, ka šī norma ir vērsta uz to, lai uzlabotu patērētāju uzticību liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu kvalitātei, nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni un nostiprinātu pastāvīgu stabilitāti liellopu gaļas tirgū. Taisnība, ka 2007. gada 24. maija spriedumā Maatschap Schonewille‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 ) attiecībā uz piemaksām par liellopu kaušanu Tiesa 41. punktā jau ir nospriedusi, ka nolūkā sasniegt šos mērķus identifikācijas un reģistrācijas sistēmai ir jābūt pilnībā efektīvai un pastāvīgi uzticamai, lai kompetentās iestādes varētu ātri atklāt dzīvnieka izcelsmi epizootijas gadījumā un nekavējoties veikt vajadzīgos pasākumus ar mērķi novērst iespējamo risku sabiedrības veselībai. To nebūtu iespējams paveikt, ja dzīvnieku turētājs nesniegtu elektroniskajai datu bāzei informāciju par savu liellopu atrašanās vietu Regulas Nr. 1760/2000 7. panta 1. punkta otrā ievilkumā noteiktajā termiņā. Tomēr ir jānošķir, no vienas puses, paziņošana par dzīvnieku pārvietošanu uz lauku saimniecību un no tās, jo šāda informācija ir ārkārtīgi būtiska attiecībā uz lopu skaitu, un kaušanas gadījumā tā ir īpaši svarīga dzīvnieku atrašanās vietas noteikšanai, ņemot vērā, ka šie dzīvnieki ir paredzēti tūlītējam patēriņam, un, no otras puses, reģistrācija, kurā vienkārši tiek fiksēta dzīvnieku pārvietošana uz ganībām un to tām un kura neietekmē dzīvnieku piederību lauku saimniecībai un nav uzskatāma par pašu pēdējo pirmspatēriņa posmu. Šajā ziņā ir jānorāda, ka – atbilstoši šī sprieduma 30. punktā atgādinātajam – Regulas Nr. 1760/2000 7. panta 1. punkta otrajā ievilkumā ir paredzēts, ka Komisija var noteikt apstākļus, kādos dalībvalstīm ir tiesības pagarināt termiņu un paredzēt īpašus noteikumus, ko piemēro attiecībā uz liellopu kustību, kad tos izved vasaras ganībās dažādos kalnu apgabalos. Lēmumā 2001/672 ir paredzēta šāda atkāpe no minētajā normā noteiktā termiņa. Turklāt ir taisnība, ka Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punkta sākotnējā redakcijā bija noteikts, ka 2. punktā paredzēto informāciju “ievada attiecīgās valsts liellopu datu bāzē vēlākais septiņas dienas pēc tam, kad dzīvnieki ir pārvietoti uz ganībām”. Tādējādi no tā varētu secināt, ka minēto informāciju var uzskatīt par iesniegtu vienīgi tad, kad tā ir attiecīgi reģistrēta šajā datu bāzē. Tātad ar to, ka pieteikums noteiktajā termiņā ir nodots pasta dienestam, nepietiktu (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2004. gada 11. novembris, Toeters un Verberk, C‑171/03 , EU:C:2004:714 , 43. punkts). Tomēr Lēmuma 2010/300 preambulas 5. apsvērumā ir precizēts, ka noteiktos apstākļos dzīvnieki, kurus no dažādām saimniecībām pārvieto uz vienām un tām pašām vasaras ganībām kalnu apgabalā, tur nonāk vēlāk nekā septiņu dienu laikā, un nolūkā samazināt nevajadzīgu administratīvu slogu, nezaudējot izsekojamību, laikposmi Lēmumā 2001/672/EK – tā sākotnējā redakcijā – ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā minēto praktisko faktu. Arī nolūkā ņemt vērā Lēmuma 2001/672 2. panta 4. panta grozīto redakciju, ir jāuzskata, ka šajā normā paredzētais termiņš ir ticis ievērots gadījumā, kad pieprasītā informācija ir nosūtīta kompetentajai iestādei vēlākais 15 dienas pēc tam, kad dzīvnieki ir pārvietoti uz ganībām. Šajā ziņā, kā rakstveida apsvērumos arī ir apgalvojusi Komisija, ierobežojošāka pieeja, ar kuru tiktu noteikts, ka kompetentajai iestādei paziņojums ir jāsaņem noteiktajā termiņā, būtu pretrunā mērķim pagarināt un atvieglot paziņošanas termiņu. Līdz ar to ne Regulas Nr. 1760/2000 un Lēmuma 2001/672 konteksts, ne to mērķis neliedz pamatlietā aplūkoto termiņu uzskatīt par nosūtīšanas termiņu, kā rezultātā atsevišķos gadījumos nosūtāmā informācija attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi sasniedz tikai dažas dienas pēc noteiktā termiņa. Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, uz pirmo jautājumu ir jāatbild šādi – Lēmuma 2001/672 2. panta 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauta tāda valsts tiesību norma, saskaņā ar kuru, lai tiktu ievērots paziņošanas par pārvietošanu uz vasaras ganībām termiņš, izšķiroša nozīme ir paziņojuma saņemšanai. Otrais un trešais jautājums Ņemot vērā uz pirmo jautājumu sniegto atbildi, uz otro un trešo jautājumu nav jāatbild. Par tiesāšanās izdevumiem Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (piektā palāta) nospriež: Komisijas Lēmuma 2001/672/EK (2001. gada 20. augusts), ar ko paredz īpašus noteikumus liellopu pārvietošanai, kad tie izvesti vasaras ganībās kalnu apgabalos, redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2010/300/ES (2010. gada 25. maijs), 2. panta 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauta tāda valsts tiesību norma, saskaņā ar kuru, lai tiktu ievērots paziņošanas par pārvietošanu uz vasaras ganībām termiņš, izšķiroša nozīme ir paziņojuma saņemšanai. [Paraksti] ( *1 ) Tiesvedības valoda – vācu.

62010FJ0104

lt

Ieškiniu, kurį Tarnautojų teismo kanceliarija gavo 2010 m. spalio 21 d., Mario Alberto de Pretis Cagnodo ir jo sutuoktinė Serena Trampuz de Pretis Cagnodo prašo panaikinti bendrosios sveikatos draudimo sistemos (toliau – BSDS) Ispros (Italija) išmokų biuro (toliau – išmokų biuras) sprendimus, nurodytus 2009 m. spalio 1 d. mokėjimo lapelyje Nr. 10, kuriais atsisakoma 100 % kompensuoti ieškovės hospitalizavimo išlaidas, patirtas laikotarpiu nuo 2009 m. vasario 13 d. iki 2009 m. kovo 25 d., ir nustatoma, kad ieškovas turi padengti 28 800 EUR sumą už per didelėmis pripažintas apgyvendinimo hospitalizavimo metu išlaidas. Teisinis pagrindas Byloje taikytinos redakcijos Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) 72 straipsnyje nustatyta: „1.      Pareigūnas, jo sutuoktinis, jei jis pagal kitas teisines nuostatas ar taisykles neturi teisės į to pat pobūdžio ir apimties paslaugas [išmokas], jo vaikai ir kiti VII priedo 2 straipsnyje apibrėžti išlaikomi asmenys pagal [Sąjungos] institucijų bendru sutarimu, pasikonsultavus su Tarnybos nuostatų komitetu, priimtas taisykles yra apdraudžiami sveikatos draudimu iki 80 % patirtų išlaidų. Ši norma padidinama iki 85 % už tokias paslaugas: konsultacijas ir vizitus, chirurgines operacijas, stacionarinį gydymą, vaistus, rentgenologiją, analizes, laboratorinius tyrimus ir protezus pagal gydytojų receptus, išskyrus dantų protezus. Ji didinama iki 100 % tuberkuliozės, poliomielito, vėžio, psichikos ligos ir kitų ligų, kurias paskyrimų tarnyba pripažino panašiai sunkiomis, atveju, taip pat už profilaktinius [diagnostinius] tyrimus bei gimdymą. Tačiau 100 % kompensacija netaikoma, jei profesinės ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju taikomas 73 straipsnis. <…> 2.      Pareigūnas, kuris [Sąjungos] tarnyboje dirbo, kol jam sukako 63 metai, arba invalidumo pašalpą gaunantis pareigūnas, baigęs tarnybą, turi teisę gauti 1 dalyje numatytas išmokas. Įmoka apskaičiuojama pagal pensijos ar išmokos dydį. <…> 2a.      Šie asmenys taip pat turi teisę į 1 dalyje numatytas išmokas, jeigu jie nedirba apmokamo darbo: i)      buvę pareigūnai, turintys teisę į senatvės pensiją, baigę dirbti [Sąjungos] tarnyboje iki jiems sukako 63 metai, <…>“ Pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 4 t., p. 74) 27 straipsnį: „1.      Biudžeto asignavimai naudojami laikantis gero finansų valdymo principo, tai yra laikantis ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų. 2.      Ekonomiškumo principas reikalauja, kad institucijoms jų veiklos vykdymui reikalingi ištekliai būtų prieinami reikiamu laiku, pakankamo dydžio ir kokybės bei geriausia kaina. Našumo principas reiškia siekti geriausio panaudotų išteklių ir pasiektų rezultatų santykio. Efektyvumo principas – tai konkrečių nustatytų tikslų įvykdymas ir planuotų rezultatų pasiekimas. <…>“ Procedūros reglamento 36 straipsnyje nustatyta: „Jei ieškinys neatitinka 35 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų, 2 arba 5 dalies reikalavimų, Teismo kancleris nustato protingą terminą, per kurį ieškovas turi šiuos reikalavimus įvykdyti. Jei ieškovas iki nustatyto termino nepašalina šių trūkumų, Tarnautojų teismas nusprendžia, ar dėl šių sąlygų neįvykdymo ieškinys yra nepriimtinas kaip netenkinantis nustatytų reikalavimų ieškiniams.“ Europos Sąjungos pareigūnų bendrųjų sveikatos draudimo taisyklių, numatytų Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnyje (toliau – Bendrosios taisyklės), 1 straipsnis suformuluotas taip: „Taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnį įdiegiama [BSDS]. Šia sistema užtikrinama, kad šiose taisyklėse ir remiantis 52 straipsniu priimtose bendrosiose įgyvendinimo nuostatose numatytomis sąlygomis, asmenims, kuriems taikoma draudimo sistema, atlyginamos išlaidos dėl ligos, nelaimingo atsitikimo arba motinystės ir mokama išmoka laidotuvių išlaidoms padengti. [BSDS] taikoma tik jos dalyviams ir jų draudimu apdraustiems asmenims. <…>“ Bendrųjų taisyklių 2 straipsnyje nustatyta: „<…> 3.      [BSDS] taikoma: –        buvusiems pareigūnams, laikiniesiems tarnautojams, senatvės pensijos gavėjams, –        <…>“ Bendrųjų taisyklių 12 straipsnyje nustatyta: „13 ir 14 straipsniuose nustatytomis sąlygomis sistemos dalyvio draudimu draudžiami: ‐      dalyvio sutuoktinis, jeigu jis pats nėra [BSDS] dalyvis, –        <…>“ Pagal Bendrųjų taisyklių 20 straipsnį, kuriame nustatytos bendrosios išlaidų kompensavimo taisyklės: „1.      Siekiant išsaugoti Bendrosios sveikatos draudimo sistemos finansinę pusiausvyrą ir atsižvelgiant į socialinio draudimo principą, kuris sudaro Tarnybos nuostatų 72 straipsnio pagrindą, didžiausia tam tikrų paslaugų išlaidų kompensuojama suma gali būti nustatyta bendrosiose įgyvendinimo nuostatose. Jeigu sistemos dalyvio pateiktos išlaidos yra mažesnės už didžiausią kompensuojamą sumą, kompensuojama suma skaičiuojama remiantis pateikta suma. 2.      Jeigu didžiausia kompensuojama paslaugų išlaidų suma nėra nustatyta, išlaidų dalis, viršijanti įprastas išlaidas šalyje, kurioje išlaidos buvo patirtos, yra nekompensuojama. Įprastas išlaidas viršijančią išlaidų dalį kiekvienu konkrečiu atveju apibrėžia [BSDS] Atsiskaitymų skyrius [išmokų mokėjimo biuras], medicinos tarnybos pareigūnui pateikus išvadas. <…> 6.      Pagal Tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalį 100 % kompensuojamos išlaidos tuberkuliozės, poliomielito, vėžio, psichikos ligos ir kitų ligų, kurias paskyrimų tarnyba, [RCAM] Atsiskaitymų skyriaus [išmokų mokėjimo biuro] medicinos tarnybos pareigūnui pateikus išvadas, pripažino panašaus rimtumo, atveju. Šios išvados pateikiamos remiantis bendrosiose įgyvendinimo nuostatose nustatytais bendraisiais kriterijais pasikonsultavus su [BSDS] Medicinos taryba [tarnyba]. <…>“ Bendrųjų taisyklių 30 straipsnyje numatyta: „1.      Draudimo sistemos dalyviams gali būti skirtas avansas didelėms išlaidoms apmokėti. Dažniausiai jis skiriamas įsipareigojimo tiesiogiai apmokėti ligoninės sąskaitas draudimo sistemos dalyviui atsigulus į ligoninę forma. 2.      Avansas už medicinines išlaidas susigrąžinamas iš visos pagal [BSDS] jam mokėtinos sumos, iš darbo užmokesčio arba pensijos, iš visos sumos, kurią jam skolinga institucija, arba iš maitintojo netekimo pensijos, mirus draudimo sistemos dalyviui. <...>“ Pagal Bendrųjų taisyklių 35 straipsnį: „<...> 2.      Prieš priimdama sprendimą dėl pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateikto skundo, paskyrimų tarnyba arba, atskirais atvejais, Administracinė valdyba privalo prašyti [BSDS] Vadybos [valdymo] komiteto nuomonės. <…>“ Bendrųjų taisyklių 36 straipsnyje nustatyta: „Už šios draudimo sistemos veiklą atsako Vadybos [valdymo] komitetas, Pagrindinis skyrius [centrinis biuras], atsiskaitymų skyriai [išmokų biurai] ir medicinos tarnyba.“ Bendrųjų taisyklių 41 straipsnyje nustatyta: „Vadybos [Valdymo] komitetui padeda Medicinos taryba [tarnyba], sudaryta iš kiekvienos institucijos medicinos tarnybos pareigūno ir iš kiekvieno Atsiskaitymo skyriaus [išmokų biuro] medicinos tarnybos pareigūnų. Vadybos [Valdymo] komitetas arba Pagrindinis skyrius [centrinis biuras] gali konsultuoti Medicinos tarybą [tarnybą] visais medicininio pobūdžio klausimais, kurie gali kilti taikant [BSDS]. Taryba [Tarnyba] susirenka Vadybos [valdymo] komiteto, Pagrindinio skyriaus [centrinio biuro] arba vieno iš Atsiskaitymų skyrių [išmokų biurų] medicinos tarnybos pareigūnų pageidavimu ir pateikia išvadas per jai nustatytą terminą.“ Bendrųjų taisyklių 43 straipsnyje dėl mokėjimo nurodymų ir priežiūros nustatyta: „1.      Pagal [BSDS] gautų įplaukų ir išlaidų operacijos vykdomos pagal analogiją, laikantis bendrąjį Europos Bendrijų biudžetą reglamentuojančių reglamento [Nr. 1605/2002] nuostatų, ypač jo 60 straipsnio. 2.      <…> 3.      Pagrindinis skyrius [Centrinis biuras] atlieka ar įgalioja atlikti ex post kontrolę, siekdamas: –        įsitikinti Atsiskaitymų skyrių [išmokų biurų] atliekamų operacijų teisėtumu bei tvarkingumu ir tuo, kad buvo vadovaujamasi gero finansų valdymo principais, <…>“ Pagal Bendrųjų taisyklių 52 straipsnį: „1. Pagal Tarnybų nuostatų 72 straipsnio 1 dalies trečiąją pastraipą institucijos įgalioja [Europos] Komisiją bendrosiomis įgyvendinimo nuostatomis nustatyti išlaidų kompensavimo taisykles, siekiant išsaugoti [BSDS] finansinę pusiausvyrą ir atsižvelgiant į socialinio draudimo principą, kuris sudaro Tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos pagrindą. <…>“ Bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, kurias Europos Komisija priėmė pagal Bendrųjų taisyklių 52 straipsnį (toliau – BĮN), II antraštinės dalies 2 skyriaus 1.3 punkte, skirtame išlaidų kompensavimo hospitalizavimo atveju taisyklėms, dėl kompensavimo dydžio nustatyta: „Už stacionariniu laikomą gydymą, kai atliekama chirurginė operacija arba kai pacientas priimamas gydytis ligos [medikamentinio gydymo ligoninėje atveju], kompensuojama 85 %. Kompensacija padidinama iki 100 % šiais atvejais: –        sunkios ligos; –        <…> –        pritarus gydytojui ekspertui, už ilgalaikio stacionarinio gydymo – ilgiau nei [trisdešimt] dienų iš eilės – išlaidas.“ Minėtame BĮN 1.3 punkte dėl išlaidų kompensavimo sąlygų nustatyta: „Kompensacijai už stacionarinį gydymą gauti turi būti išrašyta medicininė išvada ir perduota išmokų biuro gydytojui ekspertui. –        apgyvendinimo išlaidos: Realiai patirtos su išlaikymu [maitinimu], priežiūra ir mokesčiais susijusios stacionarinio gydymo išlaidos kompensuojamos pagal valstybėje, kurioje gydyta stacionare, toje srityje galiojančias sąskaitų išrašymo taisykles. Jei išlaidos įtrauktos į bendrą stacionarinio gydymo dienos kainą, kompensuojama bendrai. Su pasirinkta palata susijusios išlaidos kompensuojamos iki [neviršijant] pigiausios ligoninėje individualios palatos kainos. Kompensuojamos tik išlaidos, patirtos per operacijai atlikti arba slaugai reikalingą mediciniškai pagrįstą stacionarinio gydymo laiką atitinkamoje valstybėje. <…>“ BĮN III antraštinės dalies 4 skyriuje, kuriame reglamentuojamas tiesioginis išlaidų apmokėjimas ir avansai, patikslinama: „Pagal Bendrųjų taisyklių 30 straipsnį apdraustajam gali būti skiriamas avansas, kad šis galėtų apmokėti dideles išlaidas. Paprastai jis skiriamas tiesioginio išlaidų padengimo forma ir tik išimties tvarka kaip avansas. <…> 1.      Tiesioginis išlaidų apmokėjimas Išskyrus skubius arba nenumatytus atvejus, padengti išlaidas apdraustasis turi prašyti iš anksto. Tiesiogiai apmokėti išlaidas sutinkama šiais atvejais: –        Stacionarinio gydymo atveju tiesiogiai apmokamos pagrindinės ir chirurgo sąskaitos. <…> Išlaidas apmokant tiesiogiai, po kompensacijos tarifų nustatymo apdraustajam liekanti apmokėti išlaidų dalis paprastai išskaičiuojama iš vėlesnių kompensacijų, prireikus – iš jo darbo užmokesčio, pensijos ar bet kurių kitų institucijos jam mokamų sumų. Išmokų biuro prašymu likusi suma gali būti kompensuota pervedant lėšas į BSDS banko sąskaitą. <…>“ BĮN III antraštinės dalies 5 skyriuje, susijusiame sunkios ligos pripažinimu, nustatyta: „1.      Apibrėžtis Sunkiomis ligomis laikomos tokios ligos kaip tuberkuliozė, poliomielitas, vėžys, psichikos liga ir kitos Paskyrimų tarnybos panašaus sunkumo pripažintos ligos. Pastarosios – tai įvairiais lygiais [nevienodu mastu] šiuos keturis kriterijus atitinkantys susirgimai: –        nepalanki išgyvenimo prognozė; –        lėtinė raida; –        būtinos sudėtingos diagnostikos ir (arba) gydymo priemonės; –        sunki negalia arba jos rizika. <…>“ Faktinės bylos aplinkybės Ieškovas yra buvęs Komisijos pareigūnas ir gauna ištarnauto laiko pensiją, todėl jis yra BSDS dalyvis. Jo sutuoktinė, kuri taip pat yra ieškovė šioje byloje, yra apdrausta pagal BSDS pagrindiniu draudimu kaip BSDS dalyvio sutuoktinė, apdrausta jo draudimu. 2009 m. sausio 22 d. ieškovė, kaip BSDS dalyvio sutuoktinė ir jo atstovė, pagal BĮN III antraštinės dalies 4 skyriaus 1 punktą išmokų biurui pateikė prašymą apmokėti išlaidas, susijusias su jos hospitalizavimu, numatytu nuo 2009 m. vasario 12 d. klinikoje Anthea de Bari (Italija). 2009 m. vasario 5 d. išmokų biuras prašymą patenkino ir išsiuntė klinikai raštą, kuriame pranešė, kad apmokės ieškovės hospitalizavimo išlaidas, ir nurodė, kad jokia išankstinė sąskaita arba prašymas sumokėti avansą neturi būti siunčiami apdraustiesiems. 2009 m. vasario 13 d. ieškovė buvo hospitalizuota. 2009 m. vasario 14 d. jai buvo atlikta operacija, po kurios dėl komplikacijos 2009 m. vasario 25 d. prireikė atlikti dar vieną chirurginę operaciją. Ieškovė klinikoje Anthea išbuvo iki 2009 m. kovo 25 d., t. y. iš viso 40 dienų. 2009 m. balandžio 13 d., vykdydamas sprendimą apmokėti išlaidas, išmokų biuras kreipėsi į kliniką Anthea ir paprašė tiesiogiai jam, o ne pacientei pateikti apmokėti pagrindinę sąskaitą. Klinika Anthea nusiuntė išmokų biurui 2009 m. balandžio 16 d. sąskaitą Nr. 4080, kurios bendra suma buvo 83 893,20 EUR, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), iš jų 57 600 EUR buvo apgyvendinimo išlaidos, skaičiuojant po 1 440 EUR už dieną, įskaitant PVM, ir 26 293,20 EUR – medicinos ir gydymo išlaidos. Visa sąskaita, kurioje šios išlaidos buvo detalizuotos, bet nepatikslintas ieškovės palatos pobūdis, buvo išmokų biuro apmokėta, iš anksto nepranešus ieškovams sąskaitoje nurodytos sumos. Išmokų biuras pateikė ieškovui 2009 m. spalio 1 d. mokėjimo lapelį, iš kurio matyti: i) kad buvo sumokėta bendra 83 893,20 EUR hospitalizavimo išlaidų suma; ii) kad išmokų biuras pripažino per didelėmis apgyvendinimo išlaidas, kurių bendra sąskaitoje nurodyta suma – 57 600 EUR; iii) kad didžiausia šių išlaidų kompensavimo suma 28 800 EUR, t. y. 720 EUR už dieną, įskaitant PVM, o likusius 28 800 EUR turi padengti BSDS dalyvis ir iv) kad kompensuotinos hospitalizavimo išlaidos, t. y. 55 093,20 EUR, iš jų 26 293,20 EUR už gydymo išlaidas ir 28 800 EUR už apgyvendinimą, buvo kompensuotos ieškovui 85 %, t. y. 46 829,22 EUR sumoka išmokų biuras, o 8 263,98 EUR turi padengti ieškovas. Iš šių skaičiavimų matyti, kad už 40 hospitalizavimo dienų išmokų biuras pripažino kompensuotina bendrą gydymo ir apgyvendinimo išlaidų sumą – 1 377,30 EUR už hospitalizavimo dieną. Ieškovė pateikė savo pastabas dėl mokėjimo lapelio Nr. 10 ir pažymėjo, kad galima susisiekti su klinika Anthea ir gauti daugiau informacijos apie apgyvendinimą. Kaip matyti ir iš 2010 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimo, kuris buvo priimtas atsakant į ieškovės skundą, pateiktą vadovaujantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalimi (toliau – sprendimas atmesti skundą), 2009 m. lapkričio 13 d. ieškovei buvo pranešta, kad jos byla perduota BSDS medicinos tarnybai (toliau – medicinos tarnyba), kad ši pateiktų išvadą. Be to, iš sprendimo atmesti skundą matyti, kad 2009 m. lapkričio 26 d. raštu ieškovė kreipėsi į ligonių kasą, kad ši susisiektų su klinika Anthea dėl galimo 2009 d. balandžio 16 d. sąskaitos persvarstymo. Iš prašymo atmesti skundą taip pat matyti, kad 2009 m. lapkričio 27 d. raštu išmokų biuras pateikė ieškovei biuro atsakingo asmens ir klinikos Anthea darbuotojo telefono pokalbio turinį. Per šį pokalbį klinikos darbuotojas nurodė, kad ieškovei buvo skirti labai prabangūs apartamentai, kuriuose yra žalvarinė lova, ir ji turėjo galimybę pasirinkti maistą iš valgiaraščio. Į išmokų biuro rašytinį prašymą nurodyti klinikos pigiausios vienvietės palatos kainą klinika Anthea neatsakė. Iš 2009 m. gruodžio 10 d. Briuselyje (Belgija) įvykusio medicinos tarnybos susirinkimo ataskaitos, kurią išmokų biuras ieškovei pateikė 2010 m. sausio 26 d. raštu, matyti, kad medicinos tarnyba patvirtino, jog bendra sąskaitoje nurodyta 57 600 EUR apgyvendinimo išlaidų suma yra per didelė, turint omenyje Italijos gydytojų pateiktą informaciją, kad Italijoje tokio pobūdžio išlaidos paprastai yra 400–600 EUR už dieną, neįskaitant PVM (toliau – 2010 m. sausio 26 d. sprendimas). Remdamasi Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalimi, 2010 m. balandžio 16 d. ieškovė pateikė skundą; šis skundas Komisijos buvo užregistruotas 2010 m. balandžio 22 d. Savo skunde ieškovė teigė, pirma, kad išmokų biuras, kuriam buvo skirta klinikos Anthea sąskaita, turėjo laiku nurodyti, jog suma, kurią buvo prašoma sumokėti už apgyvendinimo išlaidas, yra per didelė, ir jos nemokėti. Antra, ieškovė mano, kad jos hospitalizavimo išlaidos turėjo būti kompensuotos 100 %, nes liga, dėl kurios ji buvo hospitalizuota, yra sunki, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą. Galiausiai ieškovė nurodo, jog dėl to, kad ilgesnis nei 30 dienų hospitalizavimas buvo pateisinamas, gydymo išlaidos už paskutines dešimt dienų turėjo būti kompensuotos 100 %. Dėl per didelių apgyvendinimo išlaidų ieškovė skundžiasi, kad, užuot skaičiavusi už vienvietę palatą po 300 EUR už dieną, – ši suma buvo jai du kartus žodžiu nurodyta prieš hospitalizavimą, – klinika Anthea padidino apgyvendinimo kainą iki 1 440 EUR už dieną remdamasi tuo, kad ji buvo apgyvendinta prabangiuose apartamentuose, o tai yra netiesa, nes ši klinika neturi apartamentų pacientams. Atsižvelgdama į skundą, paskyrimų tarnyba paprašė išmokų biuro medicinos tarnybos gydytojo (toliau – medicinos tarnybos gydytojas) pateikti nuomonę, pirma, ar ilgesnio nei 30 dienų iš eilės hospitalizavimo išlaidos buvo pateisinamos, ir, antra, ar susirgimas, dėl kurio ieškovei buvo atlikta operacija, gali būti pripažintas sunkia liga, kaip tai suprantama pagal BĮN III antraštinės dalies 5 skyriaus 1 punktą. 2010 m. gegužės 18 d. pateiktoje nuomonėje medicinos tarnybos gydytojas pirmuoju klausimu padarė išvadą, kad pacientė galėjo išvykti iš klinikos Anthea 2009 m. kovo 8 d., nes vėlesnį gydymą ir tyrimus buvo galima atlikti namuose arba taikant ambulatorinį gydymą, o antruoju klausimu manė, kad bent jau du pagrindiniai kriterijai, taikomi ligai pripažinti sunkia, t. y. nepalanki išgyvenimo prognozė ir sunkios negalios buvimas arba jos pavojus, nebuvo tenkinami. Vadovaudamasi Bendrųjų taisyklių 35 straipsnio 2 dalimi, paskyrimų tarnyba taip pat paprašė BSDS valdymo komiteto (toliau – valdymo komitetas) pateikti nuomonę. 2010 m. birželio 9 ir 10 d. posėdyje šis komitetas aptarė skunde iškeltus klausimus ir kreipėsi į medicinos tarnybą pateikdamas klausimą, ar medicinos požiūriu tokia hospitalizavimo trukmė buvo būtina. Medicinos tarnyba 2010 m. birželio 24 d. atsakė, kad byloje nepakanka informacijos, susijusios su ilgesniu nei 30 dienų hospitalizavimu, ir nusprendė, kad BĮN II antraštinės dalies 2 skyriaus 1.3 punkto nuostata dėl ilgesnio nei 30 dienų iš eilės hospitalizavimo kompensavimo 100 % ieškovei galėtų būti taikoma. Susipažinęs su medicinos tarnybos atsakymu, valdymo komitetas nusprendė pritarti išmokų biuro sprendimui netaikyti ieškovei 100 % išlaidų kompensavimo, taikomo sunkių ligų atveju. Sprendimu atmesti skundą skundas buvo nepatenkintas tiek dėl per didelių apgyvendinimo išlaidų, viršijančių 720 EUR, įskaitant PVM, už dieną, tiek dėl sunkios ligos, kaip ji suprantama pagal BĮN III antraštinės dalies 5 skyriaus 1 punktą, buvimo. Tam, kad būtų nuspręsta, ar ilgesnis nei 30 dienų ieškovės hospitalizavimas buvo būtinas, paskyrimų tarnyba nusprendė grąžinti bylą išmokų biurui, kad šis kreiptųsi dėl išorės medicinos ekspertizės. Iš sprendimo atmesti skundą taip pat matyti, kad, po 2010 m. birželio 9 ir 10 d. posėdžio parengęs nuomonę, valdymo komitetas paprašė centrinį biurą ir (arba) išmokų biurą padėti ieškovei susigrąžinti klinikai Anthea sumokėtą per didelių apgyvendinimo joje išlaidų sumą. Iš bylos medžiagos nematyti, ar minėti išmokų biurai įvykdė šį valdymo komiteto prašymą. Šalių reikalavimai Ieškovai Tarnautojų teismo prašo: –        sustabdyti arba laikinai uždrausti priverstinio nagrinėjamų sumų susigrąžinimo procedūrą ir laikinai uždrausti išskaičiavimą iš ieškovo pensijos (pirmasis reikalavimas), –        konstatuoti ir pripažinti, kad ieškovei negali būti priekaištaujama ir ji negali būti kaltinama dėl apgyvendinimo išlaidų, kurias pareikalavo sumokėti klinika, kurioje jai buvo atlikta operacija, dydžio ir apmokėjimo (antrasis reikalavimas), –        pripažinti sunkiomis ligą, dėl kurios ieškovė buvo hospitalizuota, ir operacijas, kurios jai buvo atliktos (trečiasis reikalavimas), –        pripažinti būtina ir gydymo požiūriu tinkama hospitalizavimo trukmę (ketvirtasis reikalavimas), –        pripažinti, kad ieškovai neturi kompensuoti jokių biuro sumokėtų išmokų (penktasis reikalavimas), –        nurodyti Komisijai panaikinti reikalavimą grąžinti 41 833 EUR sumą arba kitą sumą, kuri galėtų būti nustatyta (šeštasis reikalavimas), –        nurodyti Komisijai neatlikti jokių išskaičiavimų iš ieškovo pensijos 41 833 EUR sumai arba kitai sumai, kuri galėtų būti nustatyta, padengti (septintasis reikalavimas), –        imtis įvairių pasirengimo nagrinėti bylą priemonių (aštuntasis reikalavimas), –        priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas (devintasis reikalavimas). 2010 m. lapkričio 16 d., šalindami ieškinio trūkumus, ieškovai patikslino ir išplėtė savo reikalavimus, taigi savo ieškiniu jie Tarnautojų teismo prašo: –        panaikinti Komisijos sprendimą, nurodytą 2009 m. spalio 1 d. mokėjimo lapelyje Nr. 10, –        panaikinti 2010 m. sausio 26 d. sprendimą, –        panaikinti sprendimą atmesti skundą. Komisija Tarnautojų teismo prašo: –        atmesti ieškinį kaip nepriimtiną ir (arba) kaip nepagrįstą, –        priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Procesas 2010 m. lapkričio 5 d. Tarnautojų teismo kanceliarija pagal Procedūros reglamento 36 straipsnį kreipėsi į ieškovų atstovą, kad būtų pašalinti ieškinio, prie kurio nebuvo pridėta nei akto, kurį panaikinti prašoma, nei ieškovų atstovo statusą įrodančio dokumento, nei ginčo santraukos, trūkumai, ir nustatė tam terminą – iki 2010 m. lapkričio 15 d. Ieškinio trūkumai buvo pašalinti tik 2010 m. lapkričio 16 d., tačiau Tarnautojų teismo antroji kolegija, kuriai buvo paskirta nagrinėti bylą, 2011 m. spalio 24 d. susirinkime, vadovaudamasi jai pagal Procedūros reglamento 36 straipsnį suteikta diskrecija, nusprendė, kad dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti nesilaikymo šioje byloje ieškinys neturėtų būti nepriimamas. Atskiru dokumentu, kurį Tarnautojų teismo kanceliarija gavo 2010 m. lapkričio 15 d., ieškovai pateikė prašymą, kuriame laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo paprašė sustabdyti priverstinio susigrąžinimo, vykdomo išskaičiuojant iš ieškovo ištarnauto laiko pensijos nekompensuotas sumas, susijusias su ieškovės hospitalizavimu, procedūrą. Šis prašymas įregistruotas numeriu F‑104/10 R. 2011 m. vasario 15 d. Nutartimi de Pretis Cagnodo ir Trampuz de Pretis Cagnodo prieš Komisiją (F‑104/10 R) Tarnautojų teismo pirmininkas atmetė prašymą sustabdyti vykdymą, nes ieškovai neįrodė, kad šioje byloje buvo tenkinta skubos sąlyga. 2011 m. balandžio 11 d. ieškovai pateikė Tarnautojų teismui išorės medicinos ekspertų išvadą, kurios išmokų biuras paprašė tolesniam sprendimo atmesti skundą, išmokų biuro perduoto 2011 m. kovo 30 d., nagrinėjimui. Šiame dokumente medicinos specialistas, į kurį buvo keiptasi dėl konsultacijos, padarė išvadą, kad bylos dokumentai leidžia pateisinti ieškovės hospitalizavimą ilgiau nei 30 dienų. Išmokų biuras į šią nuomonę atsižvelgė ir 2011 m. kovo 18 d. mokėjimo lapelyje Nr. 11 nurodė skiriantis ieškovui 2 066 EUR, atimdamas juos iš bendros sumos, kurią turėjo sumokėti ieškovas. Atlikus šį perskaičiavimą, be 28 800 EUR, kuriuos išmokų biuras pripažino per didelėmis apgyvendinimo išlaidomis, ieškovui liko sumokėti 6 197,98 EUR sumą. 2011 m. spalio 26 d. Tarnautojų teismo kanceliarija pranešė šalims apie Tarnautojų teismo pagal Procedūros reglamento 56 straipsnį paskirtas proceso organizavimo priemones, kuriomis buvo siekiama išsiaiškini tam tikrus klausimus ir paklausti ieškovų nuomonės dėl Komisijos atsiliepime į ieškinį pateikto nepriimtinumu grindžiamo reikalavimo. Tuo pačiu raštu Tarnautojų teismo kanceliarija šalims pranešė, kad Tarnautojų teismas ketina savo iniciatyva pagal Procedūros reglamento 77 straipsnį iškelti nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą, susijusį su ieškovės suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimu, remdamasis, be kita ko, tuo, kad mokėjimo lapelis Nr. 10 buvo skirtas ieškovui, nors tik ieškovė pateikė skundą, ir iš pirmo žvilgsnio neatrodė, kad ji gali gauti tiesioginės naudos dėl minėto mokėjimo lapelio panaikinimo, nes nebuvo nei jo adresatė, nei naudos gavėja. Šalims buvo nustatytas trijų savaičių terminas, kad atsakytų į proceso organizavimo priemones ir pateiktų pastabas dėl nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo, kurį savo iniciatyva iškėlė teismas, ir jos tai per nustatytą terminą padarė. Teisėja pranešėja, kuriai Tarnautojų teismas pavedė užduotį pagal Procedūros reglamento 68 straipsnį išnagrinėti ieškovų ir Komisijos ginčo draugiško sprendimo galimybes, 2012 m. kovo mėn. pasiūlė ginčą galintį užbaigti sprendimą; šiam sprendimui šalys nepritarė. Tarnautojų teismo kolegija 2012 m. balandžio 26 d. susirinkime konstatavo, kad bandymas draugiškai išspręsti ginčą nepavyko, ir nusprendė pradėti žodinę proceso dalį. Per 2012 m. birželio 21 d. posėdį ieškovų atstovas Tarnautojų teismą informavo, kad atsisako ketvirtojo reikalavimo, susijusio su mokėjimo lapelio Nr. 10 panaikinimu tiek, kiek jame nebuvo pripažinta ilgesnio hospitalizavimo būtinybė, nes, atsižvelgdamas į specialisto, į kurį išmokų biuro prašymu buvo kreiptasi dėl išorės medicinos ekspertizės, nuomonę, šis išmokų biuras nusprendė 100 % kompensuoti ieškovės hospitalizavimo išlaidas už laikotarpį, viršijantį 30 dienų. Dėl priimtinumo Šalių argumentai Pirma, atsiliepime į ieškinį Komisija, aiškiai neprašydama pripažinti ieškinį nepriimtinu, išreiškė abejonių dėl priimtinumo remdamasi tuo, kad ikiteisminę procedūrą pradėjo ir joje dalyvavo tik ieškovė, kuri nėra BSDS dalyvė, o tik BSDS dalyvis, t. y. ieškovas, pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir paskesnius straipsnius turi teisę pradėti administracinę procedūrą. Šiuo klausimu Komisija pasikliauja Tarnautojų teismo nuomone. Vėliau, atsakydama į proceso organizavimo priemones, Komisija pasinaudojo Tarnautojų teismo iškeltu nepriimtinumu grindžiamu prieštaravimu, susijusiu su ieškovės suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimu, ir oficialiai paprašė Tarnautojų teismo pripažinti ieškinį nepriimtinu, nes ieškovas prieš pareikšdamas ieškinį nebuvo pateikęs skundo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, nors jis yra vienintelis ginčijamo išmokų biuro mokėjimo lapelio adresatas, nes klinikos Anthea sąskaita nėra oficialiai skirta jo sutuoktinei. Antra, savo atsiliepime į ieškinį Komisija nurodė, kad ieškinys nepriimtinas, nes neatitinka Procedūros reglamento 35 straipsnio tiek, kiek jame nepateikti nei ieškinio pagrindai, nei teisiniai argumentai ieškovų reikalavimams pagrįsti. Trečia, Komisijos nuomone, ieškinys nepriimtinas, nes, prašydami Tarnautojų teismo pripažinti ieškovės ligą sunkia, ieškovai siekia, kad Tarnautojų teismas pareikštų nuomonę medicinos klausimais, kurie dėl savo pobūdžio nepriklauso jo kompetencijai. Ketvirta, Komisija prašo ieškinį pripažinti nepriimtinu, nes tam tikrais savo reikalavimais ieškovai prašo Tarnautojų teismo duoti jai nurodymus. Savo ruožtu ieškovai teigia, kad prieštaravimas dėl priimtinumo, grindžiamas ieškovės suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimu, nėra pagrįstas. Iš esmės Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis skirta visiems, kurie suinteresuoti jos taikymu. Šioje byloje skundą pateikė ieškovė, kuri negauna jokių pajamų ir kurios pragyvenimas priklauso išimtinai nuo jos vyro gaunamos ištarnauto laiko pensijos. Todėl bet koks įvykis, dėl kurio gali sumažėti šių pajamų šaltinio suma, pavyzdžiui, galimas išskaičiavimas iš jos vyro pensijos sumų, mokėtinų už gydymo išlaidas, yra tiesiogiai ir konkrečiai su ja susijęs. Ta aplinkybė, kad skundą pateikė tik ieškovė, paaiškinama tuo, kad būtent ji buvo hospitalizuota ir geriau nei ieškovas žino detales. Ieškovai priduria, jog kadangi ieškovė skundą pateikė kaip ieškovo sutuoktinė, ji tai padarė ne tik savo, bet ir jo vardu, ir nurodo, kad bet kuriuo atveju ieškinys pareikštas abiejų sutuoktinių, o tai turi išsklaidyti abejones tiek dėl kiekvieno iš jų suinteresuotumo pareikšti ieškinį, tiek dėl ikiteisminės procedūros tinkamumo. Ieškovai neišreiškė nuomonės dėl kitų Komisijos pateiktų prieštaravimų dėl priimtinumo. Tarnautojų teismo vertinimas Visų pirma reikia pažymėti, kad Komisija klaidingai teigia, jog ikiteisminė procedūra nebuvo tinkamai įvykdyta. Iš esmės pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 ir 2 dalis bet kuris asmuo, kuriam taikomi šie Pareigūnų tarnybos nuostatai, gali paduoti prašymą paskyrimų tarnybai priimti dėl jo sprendimą arba pateikti skundą dėl kiekvieno jo nenaudai priimto akto. Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos matyti, kad ieškovė, kaip buvusio pareigūno sutuoktinė, yra apdrausta sveikatos draudimu. Darytina išvada, kad ieškovė yra „asmuo, kuriam taikomi šie Tarnybos nuostatai“, kaip tai suprantama pagal šių nuostatų 90 straipsnį. Šį vertinimą pagrindžia Bendrosios taisyklės, pirmiausia jų 12–14 straipsniai, pagal kurias BSDS dalyvio sutuoktinis yra apdraustas dalyvio draudimu kaip pagrindiniu arba papildomu draudimu – tai priklauso nuo to, ar jis gauna su profesine veikla susijusių pajamų. Tiesa, kad pagal Bendrųjų taisyklių 27, 28 ir 30 straipsnius tik BSDS dalyviai gali pateikti prašymus dėl išankstinio leidimo, prašymus kompensuoti išlaidas ir prašymus suteikti avansą didelėms išlaidoms padengti. Vis dėlto pagal Bendrųjų taisyklių 1 straipsnį į asmenų, kuriems taikoma BSDS, sąvoką patenka tiek BSDS dalyviai, tiek jų draudimu apdrausti asmenys, o dalyvio draudimu apdrausti asmenys, kaip ir pats dalyvis, pagal Bendrųjų taisyklių 26 straipsnį yra įregistruoti BSDS centriniame biure ir viename iš išmokų biurų. Aplinkybė, kad mokėjimo lapelis Nr. 10 buvo skirtas tik ieškovui, tėra Bendrųjų taisyklių 30 straipsnyje ir BĮN III antraštinės dalies 4 skyriaus 1 punkte įtvirtintos nuostatos, kad su BSDS išmokų biuru bendrauja dalyvis, pateikdamas prašymą apmokėti išlaidas, padarinys. Net jei šioje byloje prašymą apmokėti išlaidas pateikė ieškovė, ji tai padarė savo sutuoktinio vardu – ši galimybė numatyta pačioje prašymo formoje. Šioje byloje sąskaitose, kurias klinika nusiuntė išmokų biurui ir kurias jis apmokėjo, nurodytas ieškovės vardas, o ieškovui išsiuntus mokėjimo lapelį Nr. 10 būtent ieškovė, geriau nei jos sutuoktinis žinojusi, kokias paslaugas suteikė klinika, kreipėsi į išmokų biurą, kuris pripažino ją kontaktiniu asmeniu ir kreipėsi į medicinos tarnybą. Taip pat buvo ir tuomet, kai ieškovė pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateikė skundą dėl išmokų biuro sprendimo. Iš tikrųjų, pateikus šį skundą, paskyrimų tarnyba paprašė medicinos tarnybos gydytojo ir valdymo komiteto pateikti nuomonę, taip pat buvo kreiptasi į medicinos tarnybą ir, gavus nuomonę, buvo priimtas sprendimas atmesti skundą; apie šį sprendimą ieškovė buvo informuota jai adresuotu laišku, kuriame nurodyta, kad ji gali per tris mėnesius nuo sprendimo gavimo apskųsti šį sprendimą Tarnautojų teismui. Šiomis aplinkybėmis, atsižvelgdamas į tai, kad pati Komisija pripažino ieškovę tinkamu kontaktiniu asmeniu ikiteisminėje procedūroje, ir remdamasis principu nemo potest venire contra factum proprium , pagal kurį administracija privalo laikytis savo aktų, Tarnautojų teismas mano, jog Komisija šiame etape negali pagrįstai teigti, kad ieškovė neturėjo suinteresuotumo, kai viena pati, žinodama aplinkybes, pateikė pastabas dėl mokėjimo lapelyje Nr. 10 nurodytų skaičiavimų arba kai pateikė skundą dėl šių skaičiavimų. Kadangi ieškinį Tarnautojų teisme pareiškė ieškovai sutuoktiniai, reikia pridurti, jog turi būti daroma prielaida, kad tiek pateikiant prašymą apmokėti išlaidas, tiek ikiteisminėje procedūroje abu ieškovai sutuoktiniai veikė bendru sutarimu, net jei veiksmus atliko tik ieškovė ir tik savo vardu. Darytina išvada, kad ieškinys nėra nepriimtinas dėl tariamo ikiteisminės procedūros netinkamumo. Dėl to, kad ieškinys tariamai neatitiko Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punkto, primintina, jog pagal šią nuostatą ieškinyje turi būti nurodytas ieškinio dalykas, pagrindai ir teisiniai bei faktiniai argumentai. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką šie duomenys turi būti pakankamai aiškūs ir tikslūs, kad atsakovas galėtų pasirengti gynybai, o Tarnautojų teismas prireikus be papildomos informacijos galėtų priimti sprendimą dėl ieškinio (2010 m. gruodžio 1 d. Tarnautojų teismo sprendimo Gagalis prieš Tarybą , F‑89/09, 36 ir 37 punktai). Tarnautojų teismas konstatuoja, kad šioje byloje ieškinio pagrindai bei teisiniai ir faktiniai argumentai nėra išvardyti. Vis dėlto, atidžiai perskaičius ieškinį, iš teksto galima juos nustatyti. Kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje Curia Tarnautojų teismui skirtoje dalyje, skiltyje „Daugiau informacijos“, pateikiamas ieškinio pavyzdys nėra privalomas šalims, nagrinėdamas, ar Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punkte nustatytos sąlygos yra įvykdytos, ir kai ieškinio pagrindai ir teisiniai bei faktiniai argumentai gali būti nustatyti iš ieškinio teksto, Tarnautojų teismas turi aiškinti šią nuostatą pakankamai lanksčiai, kad būtų paisoma ieškovams pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio ketvirtą pastraipą, taikytiną procesui Tarnautojų teisme pagal to paties statuto I priedo 7 straipsnio 1 dalį, suteiktos teisės laisvai pasirinkti advokatą, neatsižvelgiant į tai, kokioje šalyje šis advokatas turi leidimą verstis advokato praktika. Tokiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tai, kad tariamai nepakankamas, Komisijos teigimu, ieškinio turinys nesutrukdė šioje byloje jai gintis, nes ji galėjo pateikti atsiliepimą į ieškinį, kuriame keliamas tiek priimtinumo, tiek bylos esmės klausimas, ieškinys neturi būti pripažintas nepriimtinu dėl Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punkto pažeidimo. Dėl nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo, Komisijos pateikto dėl trečiojo ieškinyje nurodyto reikalavimo, kuriuo siekiama, kad Tarnautojų teismas pripažintų sunkiomis ligą, dėl kurios ieškovę reikėjo hospitalizuoti, ir jai atliktas operacijas, primintina, kad nors pagal nusistovėjusią teismo praktiką Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos teisių gynimo priemonės iš esmės negali būti naudojamos ginčijant išimtinai medicininio pobūdžio vertinimus, kurie turi būti laikomi galutiniais, jei buvo atlikti pagal reikalavimus, vis dėlto, neanalizuodamas ginčijamame sprendime pateiktų medicininių vertinimų, šioje byloje – atsisakymo pripažinti ieškovės susirgimą sunkia liga, Tarnautojų teismas turi patikrinti, ar priimdama ginčijamą sprendimą paskyrimų tarnyba teisingai vertino faktus ir tinkamai taikė atitinkamas teisės nuostatas (2007 m. rugsėjo 18 d. Tarnautojų teismo sprendimo Botos prieš Komisiją , F‑10/07, 39 ir 40 punktai). Darytina išvada, kad trečiasis ieškinyje nurodytas reikalavimas dėl Komisijos pateiktų argumentų neturi būti pripažintas nepriimtinu. Komisija pateikia ketvirtąjį nepriimtinumu grindžiamą reikalavimą dėl dviejų ieškinyje nuodytų reikalavimų, t. y. dėl šeštojo reikalavimo, kuriuo siekiama, kad Tarnautojų teismas nurodytų Komisijai panaikinti prašymą sugrąžinti BSDS nekompensuojamą 41 833 EUR sumą arba kitą sumą, kuri gali būti nustatyta, ir septintojo reikalavimo, kuriuo siekiama, kad Tarnautojų teismas nurodytų Komisijai iš ieškovo pensijos neišskaičiuoti minėtos sumos arba kitos sumos, kuri gali būti nustatyta. Be to, Tarnautojų teismas pažymi, jog antruoju ieškinyje nurodytu reikalavimu ieškovai prašo Tarnautojų teismo konstatuoti ir pripažinti, kad ieškovei negali būti priekaištaujama ir ji negali būti kaltinama dėl apgyvendinimo išlaidų, nurodytų klinikos Anthea sąskaitoje, dydžio ir mokėjimo. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką Sąjungos teismas, vykdydamas teisėtumo priežiūrą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį, neturi teikti nurodymų administracijai arba daryti teisinių pareiškimų (2012 m. gruodžio 12 d. Tarnautojų teismo sprendimo BS prieš Komisiją , F‑90/11, 100 punktas ir jame nuodyta teismų praktiką; šiuo metu Bendrajame Teisme nagrinėjamas apeliacinis skundas dėl šio sprendimo, byla T‑83/13 P). Darytina išvada, kad minėti trys reikalavimai turi būti atmesti kaip nepriimtini. Galiausiai pirmuoju ieškinyje nurodytu reikalavimu ieškovai prašo Tarnautojų teismo laikinai sustabdyti sumų, kurios nebuvo kompensuotos pagal BSDS, priverstinio susigrąžinimo procedūrą ir laikinai uždrausti Komisijai atlikti išskaičiavimus iš ieškovo pensijos. Tačiau šie reikalavimai buvo nurodyti atskirame prašyme, kurį ieškovai pateikė 2010 m. lapkričio 15 d. ir dėl kurio buvo priimta minėta Nutartis de Pretis Cagnodo ir Trampuz de Pretis Cagnodo prieš Komisiją atmesti šiuos reikalavimus. Kadangi šie reikalavimai jau buvo atmesti, jie negali būti nei pateikti Tarnautojų teismui, nei jo nagrinėjami šiame procese. Šalindami ieškinio trūkumus, ieškovai norėjo patikslinti savo reikalavimus ir papildomame pareiškime nurodė tris naujus reikalavimus. Dėl pirmojo papildomame pareiškime nurodyto reikalavimo, t. y. panaikinti mokėjimo lapelį Nr. 10, priimtinumo nekyla jokių abejonių, nes jis sutampa su trečiuoju, ketvirtuoju ir penktuoju ieškinyje nurodytais reikalavimais, tačiau kitaip yra kalbant apie antrąjį ir trečiąjį papildomame pareiškime nurodytus reikalavimus, kuriais ieškovai prašo panaikinti atitinkamai 2010 m. sausio 26 d. sprendimą ir sprendimą atmesti skundą, nes šie du reikalavimai ieškinyje nebuvo nurodyti. Iš tikrųjų, kadangi pagal Procedūros reglamento 36 straipsnį ieškinio trūkumų šalinimas gali būti susijęs tik su sąlygomis, išvardytomis Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies a, b bei c punktuose ir 2 bei 5 dalyse, šiame etape ieškinio dalykas negali būti išplėstas nurodant naujus reikalavimus. Darytina išvada, kad antrasis ir trečiasis papildomame pareiškime nurodyti reikalavimai yra nepriimtini. Dėl esmės Kadangi pirmasis, antrasis, šeštasis ir septintasis ieškinyje nurodyti reikalavimai, taip pat antrasis ir trečiasis papildomame pareiškime nurodyti reikalavimai buvo pripažinti nepriimtinais, o ieškovai per posėdį atsisakė ketvirtojo ieškinyje nurodyto reikalavimo, reikia išnagrinėti tik trečiąjį ir penktąjį ieškinyje nurodytus reikalavimus, kurie buvo patikslinti pirmuoju papildomame pareiškime nurodytu reikalavimu. Tarnautojų teismas iš pradžių išnagrinės trečiąjį reikalavimą, o paskui – penktąjį reikalavimą, kurių abiejų tikslas – panaikinti 2009 m. spalio 1 d. mokėjimo lapelį Nr. 10, pakeistą 2011 m. kovo 18 d. mokėjimo lapeliu Nr. 11 (toliau – ginčijamas mokėjimo lapelis). Dėl trečiojo reikalavimo, patikslinto pirmuoju papildomame pareiškime nurodytu reikalavimu, kuriuo siekiama, kad būtų panaikintas išmokų biuro sprendimas kompensuoti tik 85 % hospitalizavimo išlaidų, nurodytas ginčijamame mokėjimo lapelyje, nes ieškovės liga nebuvo pripažinta sunkia Grįsdami savo reikalavimą dėl panaikinimo, ieškovai nurodo vienintelį ieškinio pagrindą, sietiną su akivaizdžia vertinimo klaida. Šalių argumentai Ieškovai nurodo, jog administracija, atsisakydama pripažinti, kad liga, dėl kurios ieškovė buvo hospitalizuota, yra sunki, padarė akivaizdžią vertinimo klaidą. Iš tikrųjų, atsižvelgiant į chirurginės operacijos, kuri buvo atlikta ligoninėje, rūšį, į tai, kad ieškovei turėjo būti skubiai atlikta kita operacija, į laikotarpį, kurį jai kitoje klinikoje buvo taikoma reabilitacijos terapija, taip pat į tai, kad ji priversta nuolat vaikščioti su ramentu, jos liga atitinka BĮN III antraštinės dalies 5 skyriaus 1 punkte išvardytas sąlygas, kad būtų pripažinta sunkia, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą. Dėl tokio pripažinimo ieškovės hospitalizavimo išlaidų kompensavimas padidėtų iki 100 %. Šiam teiginiui pagrįsti ieškovai pateikia dviejų medicinos specialistų nuomones ir vietos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos medicinos specialisto išduotą pažymą. Komisija teigia, jog sprendimas, kuriuo ieškovės liga nepripažįstama sunkia, buvo priimtas laikantis taikytinų teisės aktų. Ji remiasi 2010 m. gegužės 18 d. išmokų biuro medicinos tarnybos gydytojo nuomone, kurioje jis daro išvadą, kad du iš keturių pagrindinių kriterijų, įtvirtintų BĮN, šioje byloje netenkinami. Tarnautojų teismo vertinimas Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą gydymo išlaidų kompensavimas padidinamas iki 100 %, be kita ko, tuberkuliozės, poliomielito, vėžio, psichikos ligos ir kitų paskyrimų tarnybos panašiai sunkiomis pripažintų ligų atveju. BĮN III antraštinės dalies 5 skyriaus 1 punkte nustatyti kriterijai, pagal kuriuos liga gali būti pripažinta sunkia. Pagal šią nuostatą sunkiomis ligomis pripažįstamos tos pačios ligos kaip ir išvardytosios Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, patikslinant, kad „Paskyrimų tarnybos panašaus sunkumo pripažintos“ ligos – tai susirgimai, nevienodu mastu atitinkantys keturis kriterijus, t. y.: nepalankią išgyvenimo prognozę, lėtinę raidą, būtinas sudėtingas diagnostikos ir (arba) gydymo priemones, sunkią negalią arba jos riziką. Šiuo atžvilgiu reikia pridurti, jog Tarnautojų teismas jau yra nusprendęs, kad ankstesniame punkte paminėti kriterijai yra kumuliatyvūs (minėto Sprendimo Botos prieš Komisiją 42 ir paskesni punktai). Todėl vien tai, kad tik vienas iš šių kriterijų netenkinamas, gali pateisinti sprendimo atsisakyti pripažinti ligą sunkia priėmimą. Tarnautojų teismas dėl tų pačių kriterijų taip pat yra nusprendęs, kad jie neatrodo akivaizdžiai netinkami arba klaidingi, atsižvelgiant į siekiamą tikslą – pripažinti ligas „panašaus sunkumo“ kaip ligos, aiškiai išvardytos Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnyje (žr. 2011 m. rugsėjo 28 d. Tarnautojų teismo sprendimo Allen prieš Komisiją , F‑23/10, 49 punktą). Iš tikrųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnyje aiškiai nurodytos ligos tam tikrais atvejais gali sukelti ypač sunkių fizinių ir psichinių pasekmių, jomis sergama ilgai arba jos yra lėtinės, jų atveju reikia imtis sudėtingų gydymo priemonių ir būtina, kad pirminė diagnozė būtų aiškiai nustatyta, o tam reikia tam tikrų specialių tyrimų. Dėl šių ligų atitinkamam asmeniui gali kilti sunkios negalios pavojus (žr. minėto Sprendimo Allen prieš Komisiją 50 punktą). Be to, iš pačios Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnio 1 dalies formuluotės matyti, kad net jei kalbama apie keturias ligas, aiškiai numatytas šiame straipsnyje, tik ypač sunkiais atvejais liga gali būti pripažinta sunkia ir atitinkamam asmeniui leidžiama pasinaudoti palankesne tvarka, taikoma pripažinus tokią ligą (žr. minėto Sprendimo Allen prieš Komisiją 51 punktą). Nagrinėjant, ar atsisakymas pripažinti ieškovės ligą sunkia buvo klaidingas, primintina nusistovėjusi teismų praktika, nurodyta šio sprendimo 61 punkte, pagal kurią Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytomis apskundimo galimybėmis iš esmės negali būti pasinaudota ginčijant išimtinai medicininio pobūdžio vertinimus, kurie laikytini galutiniais, jei buvo atlikti teisėtomis aplinkybėmis (šiuo klausimu žr. 1988 m. sausio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimo Biedermann prieš Audito Rūmus , 2/87, 8 punktą ir 1993 m. kovo 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo Blackman prieš Parlamentą , T‑33/89 ir T‑74/89, 44 punktą). Neginčydamas medicininių vertinimų, kuriais grindžiamas sprendimas kompensuoti tik 85 % hospitalizavimo išlaidų, Tarnautojų teismas vis dėlto turėtų išnagrinėti, ar paskyrimų tarnyba tinkamai įvertino faktines aplinkybes ir tiksliai taikė atitinkamas teisės nuostatas, kai atsisakė pripažinti ieškovės susirgimą sunkia liga (šiuo klausimu žr. 2002 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimo G prieš Komisiją , T‑199/01, 59 punktą ir 2004 m. gegužės 12 d. Bendrojo Teismo sprendimo Hecq prieš Komisiją , T‑191/01, 63 punktą). Taigi Tarnautojų teismas, vykdydamas ribotą teisminę kontrolę, kurią jam pavesta atlikti medicinos srityje, turi išnagrinėti, ar paskyrimų tarnyba, atsisakiusi pripažinti sunkia ligą, dėl kurios ieškovę reikėjo hospitalizuoti, nepadarė akivaizdžios klaidos, kai iš jai pateiktų medicinos išvadų, dėl kurių Tarnautojų teismas gali pareikšti nuomonę tik jei administracija iškraipė jų turinį, nusprendė, kad visi šie kriterijai nebuvo tenkinami (žr. minėto Sprendimo Botos prieš Komisiją 41 punktą). Šioje byloje paskyrimų tarnyba, priimdama sprendimą atmesti skundą, rėmėsi 2010 m. gegužės 18 d. medicinos tarnybos gydytojo pateikta nuomone, kad „bent jau du iš pagrindinių kriterijų [nustatytų BĮN III antraštinės dalies 5 skyriaus 1 punkte] nėra tenkinami, t. y. nepalanki išgyvenimo prognozė ir sunkios negalios buvimas arba šiuo metu esanti jos rizika“, ir patvirtino išmokų biuro sprendimą taikyti ne 100 % išlaidų kompensavimą, suteikiamą sunkios ligos atveju, o įprastą 85 %. Taigi paskyrimų tarnyba nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kai, remdamasi jai pateiktais medicininiais vertinimais, padarė išvadą, kad nebuvo tenkinamos BĮN numatytos sąlygos, pagal kurias liga pripažįstama sunkia ir atitinkamai taikomas 100 % išlaidų kompensavimas. Reikia išnagrinėti, ar, remdamasis medicinos tarnybos gydytojo nuomone, išmokų biuras iš tikrųjų grindė savo sprendimą kriterijais, išvardytais šio sprendimo 75 punkte, kuriais grindžiamas ligos pripažinimas sunkia. Šiuo atžvilgiu iš teismo praktikos matyti, kad, palyginti su medicininiais vertinimais, kuriuos pateikia medicinos komisija, pavyzdžiui, invalidumo komisija, t. y. komisijos, kurių darbo taisyklės užtikrina šalių lygybę ir objektyvumą, institucijų medicinos tarnybų gydytojų vienasmenė nuomonė nesuteikia tokių pat šalių lygybės garantijų (žr. minėto Sprendimo Allen prieš Komisiją 68–70 punktus). Todėl Tarnautojų teismas, nagrinėdamas atsisakymą pripažinti ligą sunkia, turi atlikti išsamesnį patikrinimą nei dėl sprendimų, kurie buvo priimti pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 arba 78 straipsnius, dalyvaujant medicinos komisijai arba invalidumo komisijai. Tačiau akivaizdu, kad teismas neturi reikiamos kompetencijos, kad patvirtintų medicininį vertinimą ar jo nepatvirtintų, t. y. spręstų dėl kelių vienas kitam prieštaraujančių medicininių vertinimų (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo Allen prieš Komisiją 70 ir 71 punktus). Šiuo atžvilgiu konstatuotina, kad sunkios ligos kriterijai (nepalanki išgyvenimo prognozė, lėtinė raida, sudėtingų diagnostikos ir (arba) gydymo priemonių būtinumas, sunkios negalios arba jos rizikos buvimas) priklauso medicininių vertinimų kategorijai, nes kai išreiškia nuomonę dėl vieno ar kito iš šių kriterijų buvimo, medicinos tarnybos gydytojas arba BSDS medicinos tarnyba ne tik konstatuoja faktus, bet ir atlieka tikrą jų vertinimą, o šiam vertinimui būtina kompetencija medicinos srityje (minėto Sprendimo Allen prieš Komisiją 75 punktas). Tačiau net jei teismo vykdoma kontrolė neapima išimtinai medicininių vertinimų, pavyzdžiui, susijusių su ligos sunkumu, jis, jei, kaip šioje byloje, ieškovas ginčija administracijos atliktą situacijos vertinimą ir jį pagrindžiančią medicininę nuomonę, turi įsitikinti, kad medicinos tarnybos gydytojas konkrečiai ir išsamiai išnagrinėjo jam išdėstytą situaciją. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad nustatyti, ar toks nagrinėjimas buvo atliktas, turi administracija (minėto Sprendimo Allen prieš Komisiją 76 punktas). 2010 m. gegužės 18 d. medicinos tarnybos gydytojo, kurio paskyrimų tarnyba paprašė nustatyti, ar susirgimas, dėl kurio ieškovei buvo atlikta chirurginė operacija, gali būti pripažintas sunkia liga, kaip ji suprantama pagal BĮN III antraštinės dalies 5 skyriaus 1 punktą, nuomone: „<...> 2)      [ieškovės] susirgimas, dėl kurio buvo atlikta chirurginė operacija, negali būti pripažintas sunkia liga remiantis BĮN (III antraštinės dalies 5 skyriaus 1 punkte) nustatytais kriterijais. Iš esmės tai yra ortopedinis susirgimas <...> Šis susirgimas pagal savo pobūdį nelemia nepalankios išgyvenimo prognozės, be to, pacientės gyvybei net hospitalizavimo metu nebuvo iškilęs joks pavojus. Remiantis [ieškovę] gydančio gydytojo ortopedo pareiškimu (2010 m. kovo 22 d. pažyma), šiuo metu pacientės būklė yra visiškai patenkinama. „Klinikinių ir radiologinių tyrimų rezultatai yra puikūs“ <...> Bent jau du iš pagrindinių kriterijų, taikomų ligai pripažinti sunkia, nėra tenkinami, t. y. nepalanki išgyvenimo prognozė ir sunki negalia arba šiuo metu esanti jos rizika.“ Reikia pažymėti, kad šioje byloje ieškovė nepasirinko BĮN III antraštinės dalies 5 skyriaus 3 punkte numatytos procedūros, taikomos prašymams dėl ligos pripažinimo sunkia, kai tokio pripažinimo atveju įgyjama teisė į 100 % išlaidų, susijusių su sunkia liga, kompensavimą, suteikiamą daugiausia penkerius metus nuo medicinos pažymos, pridėtos prie prašymo pripažinti ligą sunkia, išdavimo datos, bet pateikdama savo pastabas dėl mokėjimo lapelio Nr. 10, taip pat savo skunde paprašė, siekdama, kad 100 % būtų kompensuotos tik hospitalizavimo išlaidos, ligą, dėl kurios šios išlaidos buvo patirtos, pripažinti sunkia. Tokiomis aplinkybėmis keturi kriterijai, nustatyti BĮN III antraštinės dalies 5 skyriaus 1 punkte, turi būti nagrinėjami vertinant ieškovės sveikatos būklę prieš pat hospitalizavimą. Iš 2010 m. gegužės 18 d. medicinos tarnybos gydytojo nuomonės formuluotės matyti, kad, kalbėdamas apie sunkios negalios buvimo arba jos rizikos kriterijų, pirma, jis rėmėsi medicinos duomenimis, pateiktais ieškovę gydančio gydytojo ortopedo 2010 m. kovo 23 d. pažymoje, t. y. praėjus daugiau nei metams po ieškovės patirtos chirurginės operacijos, ir, antra, šis kriterijus buvo vertinamas remiantis ieškovės sveikatos būkle 2010 m. gegužės mėn., o ne prieš pat hospitalizavimą 2009 m. vasario mėn. Darytina išvada, kad sunkios negalios atsiradimo rizika iki ieškovės hospitalizavimo nebuvo tinkamai išnagrinėta. Tačiau ši klaida taikant atitinkamas normas negali būti pagrindas panaikinti išmokų biuro sprendimą, kuriuo atsisakoma pripažinti ligą sunkia. Iš tikrųjų, iš 2010 m. gegužės 18 d. medicinos tarnybos gydytojo nuomonės taip pat matyti, kad medicinos tarnybos pareigūnas ne tik nagrinėjo, ar tenkinamas vienintelis iš keturių kriterijų, įtvirtintų BĮN III antraštinės dalies 5 skyriaus 1 punkte, bet ir pareiškė nuomonę dėl antrojo kriterijaus, t. y. nepalankios išgyvenimo prognozės. Šiuo atžvilgiu minėtoje nuomonėje jis nurodė, kad ortopedinis susirgimas, dėl kurio ieškovė buvo hospitalizuota, pagal savo pobūdį nelemia nepalankios išgyvenimo prognozės ir kad ieškovės gyvybei net hospitalizavimo metu negrėsė joks pavojus. Tokiomis aplinkybėmis, kadangi keturi kriterijai, taikomi ligai pripažinti sunkia, yra kumuliatyvūs ir turi būti tenkinami visi, nors ir nevienodai, to, kad šioje byloje vienas iš jų nebuvo tenkinamas, pakako, kad susirgimas, dėl kurio ieškovė buvo hospitalizuota, nebūtų pripažintas sunkia liga. Todėl išmokų biuras nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kai, remdamasis 2010 m. gegužės 18 d. medicinos tarnybos gydytojo nuomone, kurioje buvo padaryta išvada, kad nėra nepalankios ieškovės išgyvenimo prognozės, atsisakė pripažinti jos ligą sunkia. Vienintelis ieškinio pagrindas, nurodytas grindžiant trečiąjį reikalavimą, yra nepagrįstas, todėl nereikia panaikinti ginčijamame išmokų biuro mokėjimo lapelyje nurodyto sprendimo kompensuoti tik 85 % hospitalizavimo išlaidų, nes ieškovės liga nebuvo pripažinta sunkia. Dėl penktojo reikalavimo, patikslinto pirmuoju papildomame pareiškime nurodytu reikalavimu dėl ginčijamame išmokų biuro mokėjimo lapelyje nurodyto sprendimo, kad ieškovai turi padengti 28 800 EUR sumą už per didelėmis pripažintas apgyvendinimo išlaidas Grįsdami šį reikalavimą ieškovai nurodo vienintelį ieškinio pagrindą, susijusį su gero administravimo principo ir rūpestingumo pareigos pažeidimu. Šalių argumentai Ieškovai sutinka su išmokų biuro vertinimu, kad klinikos Anthea sąskaitoje nurodytos apgyvendinimo išlaidos yra per didelės. Iš tikrųjų, 1 440 EUR už dieną suma, įskaitant PVM, yra tikrai per didelė kaina už suteiktas paslaugas, t. y., pirma, už normalaus dydžio paprastą palatą su standartiniais baldais, t. y. su įprasta ligoninės lova ir kėde, – ši palata yra tokia pat, kaip ir visos kitos klinikos palatos, – ir, antra, už maitinimą, kuris, ieškovės nuomone, buvo įprastas ir vidutinio lygio. Dėl klausimo, kas turi sumokėti 28 800 EUR sumą už apgyvendinimo išlaidas, kurias išmokų biuras pripažino per didelėmis, ieškovai nurodo, pirma, kad, atsižvelgiant į sąskaitoje už apgyvendinimą nurodytą didelę sumą, išmokų biuras neturėjo apmokėti šios sumos klinikai Anthea jų neinformavęs. Būdami informuoti, jie būtų galėję prieštarauti mokėjimui, nes prieš hospitalizavimą klinika Anthea ieškovei nurodė, kad apgyvendinimo išlaidos yra 300 EUR už dieną. Išmokų biuro veiksmai neleido ieškovams laiku sureaguoti ir jiems šis faktas tebuvo praneštas nurodant padengti sumą, kurią išmokų biuras pripažino esant per didelę. Antra, ieškovai nurodo, jog jokiu momentu administracija jiems nepatarė, kad būtų tikslinga pateikti išmokų biurui apgyvendinimo išlaidų sąmatą. Trečia, jie mano, kad išmokų biuro veiksmai buvo neleistini ir labai žalingi ne tik jų, bet ypač BSDS, kuriai teko nepagrįsto mokėjimo išlaidos, atžvilgiu. Tokiomis aplinkybėmis, kadangi tik Komisija buvo įgaliota imtis veiksmų prieš kliniką Anthea , kad susigrąžintų permoką, ji neturėjo perkelti šios permokos mokėjimo naštos ieškovams. Ketvirta, ieškovų teigimu, kad ir kaip būtų, jie negali būti kaltinami dėl žalos, padarytos dėl išmokų biuro neatidumo, nerūpestingumo ir neapdairumo. Komisija mano, kad ieškovų teiginiai nepagrįsti. Pirma, Komisija nurodo, kad išmokų biuro nurodymas ieškovams padengti dalį apgyvendinimo išlaidų, pripažintų per didelėmis, palyginti su šalyje, kurioje išlaidos buvo patirtos, įprastomis kainomis, medicinos tarnybai pateikus nuomonę, grindžiamas Bendrųjų taisyklių 20 straipsnio 2 dalimi. Šiuo atžvilgiu Komisija primena, kad ieškovas gavo 2009 m. vasario 5 d. rašto, kuriuo išmokų biuras klinikai pranešė, kad apmokės ieškovės hospitalizavimo išlaidas, kopiją ir informacinį pranešimą, parengtą Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO, toliau – informacinis pranešimas) ir susijusį su didžiausiomis kompensuojamomis išlaidomis ir iš anksto sumokėtų sumų grąžinimu, kuriame, be kita ko, primenama, kad BSDS sumokėtos sumos nebūtinai kompensuotinos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnį ir vėliau gali būti susigrąžintos iš BSDS dalyvio. Antra, ieškovei užginčijus mokėjimo lapelį Nr. 10, Komisija elgėsi rūpestingai, nes patikrino apgyvendinimo sąlygas ir pateikė jai pakankamus paaiškinimus. Be to, medicinos tarnybos gydytojas, vadovaudamasis Bendrųjų taisyklių 41 straipsniu, perdavė bylą medicinos tarnybai, o ši 2009 m. gruodžio 10 d. susirinkime pateikė savo nuomonę. Komisijos teigimu, iš šio susirinkimo protokolo matyti, kad kompensuotinos išlaidos apskaičiuotos remiantis taikytinais teisės aktais, kaip į referencinę vertę atsižvelgiant į įprastas kainas už tą patį apgyvendinimo tipą šalyje, kurioje išlaidos buvo patirtos. Tarnautojų teismo vertinimas Akivaizdu, kad, vadovaujantis Bendrųjų taisyklių 20 straipsnio 2 dalimi, už paslaugas, kurioms nėra nustatytos jokios išlaidų kompensavimo ribos, pavyzdžiui, apgyvendinimo išlaidas hospitalizavimo metu, išlaidų dalis, pripažinta per didele, palyginti su įprastomis kainomis šalyje, kurioje buvo patirtos išlaidos, nekompensuojama. Be to, iš tos pačios nuostatos akivaizdu, kad išlaidų dalį, pripažintiną per didele, kiekvienu atveju nustato BSDS išmokų biuras. Šioje byloje šalys sutinka, kad 1 440 EUR už dieną kaina, klinikos Anthea nurodyta sąskaitoje, yra per didelė, palyginti su kainomis Italijoje už šios rūšies paslaugas ir ypač palyginti su 300 EUR už dieną, įskaitant PVM, – kaina, kurią ieškovei klinikos Anthea darbuotoja nurodė žodžiu prieš hospitalizavimą. Šiuo atžvilgiu ieškovė pridėjo prie bylos liudytojo, kuris buvo su ja 2009 m. sausio 13 d., kai ji kreipėsi į kliniką Anthea informacijos dėl apgyvendinimo įkainių, pareiškimą. Ieškovai teigia, kad, remiantis minėtos darbuotojos žodžiu pateikta informacija, tuo metu klinikoje Anthea taikyti įkainiai buvo 216 EUR už dieną, jei pacientas dalijosi palata su kitais pacientais ir buvo apdraustas valstybiniu socialiniu draudimu, ir 300 EUR už dieną, jei pacientas palatoje buvo vienas ir buvo apdraustas privačiuoju draudimu. Tačiau šalys nesutaria dėl to, ar, kaip teigia ieškovai, išmokų biuro per didelėmis pripažintas apgyvendinimo išlaidas, t. y. 28 800 EUR, turi sumokėti išmokų biuras, nes jis prieš apmokėdamas klinikos Anthea pateiktą sąskaitą nesusisiekė su ieškovais, ar, kaip teigia Komisija, šias išlaidas turi padengti ieškovas ir jos turi būti išskaičiuotos iš jo gaunamos ištarnauto laiko pensijos. Visų pirma konstatuotina, kad BSDS dalyviams yra neabejotinai naudinga pagal Bendrųjų taisyklių 30 straipsnį gauti avansą didelėms išlaidoms padengti, kuris suteikiamas įsipareigojant apmokėti hospitalizavimo išlaidas. Asmenims, kuriems taikoma BSDS kiekvieną kartą, kai jie pateikia prašymą apmokėti išlaidas, siunčiamas informacinis pranešimas ir jie skatinami pasidomėti pirmiausia gydymo įstaigoje dėl išlaidų, kurių jiems gali tekti patirti, ir palyginti jas su galiojančiomis BĮN, kad išvengtų didelių išlaidų, kurios gali būti nekompensuojamos pagal BSDS ir kurias dėl to jiems teks padengti. Šiuo atžvilgiu reikia pridurti, kad, kalbant apie apgyvendinimo išlaidas hospitalizavimo atveju, BĮN nėra numatyta maksimalios sumos. Šioje byloje ieškovė, nors ir pasidomėjo jai teksiančiomis apgyvendinimo klinikoje Anthea išlaidomis, gavo tik žodinę informaciją, o ne rašytinį dokumentą, kuris turėtų įrodomąją galią. Vis dėlto reikia pridurti, kad net jei būtų pageidautina, kad BSDS dalyviai turėtų tokį dokumentą, nei Bendrosiose taisyklėse, nei BĮN nėra normos, juos įpareigojančios turėti tinkamos formos sąmatą ir pateikti ją išmokų biurui kartu su prašymu apmokėti išlaidas. Tokiomis aplinkybėmis ieškovai negali būti kaltinami tam tikros pareigos arba teisės nuostatos nesilaikymu. Iš tikrųjų, kadangi BĮN nėra nustatyta apgyvendinimo išlaidų hospitalizavimo atveju maksimali suma, jie negalėjo palyginti išlaidų sumos, kurią jiems nurodė klinika Anthea , su suma, kuri galėtų būti kompensuojama. Antra, net jei jie būtų susisiekę su išmokų biuru ir paklausę, ar 300 EUR per dieną apgyvendinimo išlaidos gali būti kompensuojamos, bet kuriuo atveju būtų gavę teigiamą atsakymą, atsižvelgiant į tai, kad pagal mokėjimo lapelį Nr. 10 šis biuras kompensavo šias išlaidas tarifu 720 EUR už dieną. Kalbant apie Komisiją, reikia nurodyti, jog jos vaidmuo apmokant hospitalizavimo išlaidas yra dvejopas. Pirma, pagal Reglamento Nr. 1605/2002 27 straipsnį, pagal analogiją taikytiną BSDS valdymui pagal Bendrųjų taisyklių 43 straipsnį, Komisija turi užtikrinti, kad gautų įplaukų ir išlaidų operacijos būtų vykdomos laikantis gero finansų valdymo principo, tai yra laikantis ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų. Šiuo atžvilgiu iš Bendrųjų taisyklių 52 straipsnio matyti, jog Komisija yra kitų institucijų įgaliota administruoti BSDS ir įpareigota nustatyti gydymo išlaidų kompensavimo taisykles, kad būtų išlaikyta sistemos išlaidų ir pajamų pusiausvyra. Laikydamiesi gero administravimo principo, Komisija ir atitinkamai BSDS išmokų biurai, kuriuos įsteigti yra viena iš BSDS administratorei patikėtų užduočių ir kurių priežiūrą, kalbant apie gero finansų valdymo principą, užtikrina centrinis biuras, turi rūpintis, kad BSDS lėšos nebūtų panaudotos apmokant sąskaitas už hospitalizavimą, kurių sumos iš pirmo žvilgsnio atrodo per didelės, palyginti su panašių paslaugų kainomis šalyje, kurioje išlaidos buvo patirtos. Šioje byloje išmokų biuras, atsižvelgiant į jo buveinę, turėjo galimybę žinoti vidutines Italijos gydymo įstaigų apgyvendinimo kainas ir sureaguoti į tai, kad klinika Anthea šioje byloje pateikė 57 600 EUR sąskaitą už ieškovės 40 dienų apgyvendinimą. Antra, kalbant apie hospitalizavimo išlaidų apmokėjimą, reikia nurodyti, kad Komisija turi pareigą Sąjungos institucijų darbuotojų, asmenų, kuriems taikoma BSDS, atžvilgiu elgtis rūpestingai. Laikydamiesi rūpestingumo pareigos, Komisija ir atitinkamai BSDS išmokų biurai, gavę tokią sąskaitą, kokią išmokų biurui pateikė klinika Anthea , t. y. labai didelės sumos sąskaitą, kurioje, nors medicinos paslaugos yra išvardytos ir apibūdintos, už apgyvendinimą tiesiog apskaičiuota 1 440 EUR už dieną, nepateikiant jokių detalių dėl palatos tipo arba papildomų paslaugų, galinčių pateisinti tokią didelę sumą, turi ne tuoj pat ją apmokėti, net jei įsipareigojo apmokėti išlaidas, o gauti informaciją raštu iš sąskaitą pateikusios gydymo įstaigos ir informuoti apdraustąjį, kuriam galiausiai išmokų biuras daugeliu atvejų nurodys padengti bent jau tam tikrą procentą mokėtinų hospitalizavimo išlaidų arba, kaip šioje byloje, visas per didelėmis pripažintas išlaidas. Šioje byloje, jei išmokų biuras būtų susisiekęs su ieškovais iki sąskaitos, kurią jam atsiuntė klinika Anthea , apmokėjimo, jie būtų galėję laiku nurodyti, kad jiems nurodytos apgyvendinimo išlaidos buvo 300 EUR už dieną. Atvirkščiai, dėl išmokų biuro veiksmų – besąlygiško sąskaitos apmokėjimo, pirma, nepagrįstai padidėjo BSDS išlaidos, kadangi, užuot kompensavęs 85 % apgyvendinimo išlaidų už 30 dienų, skaičiuojant po 300 EUR už dieną, išmokų biuras kompensavo išlaidas tarifu 720 EUR už dieną. Antra, ieškovams atsirado pareiga padengti ne tik 28 800 EUR apgyvendinimo išlaidų, kurias išmokų biuras pripažino per didelėmis, bet ir 15 % sumos už 30 apgyvendinimo dienų, skaičiuojant 720 EUR už dieną, nors, jei už apgyvendinimą būtų apskaičiuota tokia suma, kokia buvo nurodyta ieškovei, jiems tenkanti sumokėti suma būtų gerokai mažesnė. Taigi konstatuotina, kad, iki sąskaitos apmokėjimo nepaprašęs klinikos Anthea paaiškinimų dėl mokėtinos sumos ir nepranešęs ieškovams apie šią sumą, išmokų biuras, taigi ir Komisija, pažeidė tiek gero administravimo principą, tiek rūpestingumo pareigą ieškovų atžvilgiu. Ieškinio pagrindas, nurodytas grindžiant penktąjį reikalavimą, yra pagrįstas, todėl reikia panaikinti ginčijamame mokėjimo lapelyje nurodytą išmokų biuro sprendimą, kad ieškovai turi padengti 28 800 EUR sumą už per didelėmis pripažintas apgyvendinimo išlaidas. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, ieškovų prašymas imtis siūlomų pasirengimo nagrinėti bylą priemonių, pateiktas nurodant aštuntąjį ieškinio reikalavimą, netenkintinas. Dėl bylinėjimosi išlaidų Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 1 dalį, nepažeidžiant kitų šio reglamento antros dalies aštunto skyriaus nuostatų, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Vis dėlto pagal minėto reglamento 88 straipsnį „šaliai, net jeigu ši laimėjo bylą, gali būti nurodyta padengti visas arba dalį bylinėjimosi išlaidų, jeigu tai atrodo pateisinama dėl jos elgesio netgi prieš pradedant procesą, ypač jeigu kita šalis išlaidas patyrė, Teismo manymu, dėl pirmosios nepagrįstų arba nesąžiningų veiksmų“. Šioje byloje, nors iš pirmiau nurodytų motyvų matyti, kad ieškovų reikalavimai, susiję su ginčijamu mokėjimo lapeliu, tenkinami tik iš dalies, o tai reiškia, kad Komisija, kiek tai susiję su minėtais reikalavimais, pralaimėjo bylą tik iš dalies, taip pat darytina išvada, kad dėl išmokų biuro neteisėtais pripažintų veiksmų ieškovams atsirado papildomų išlaidų, kadangi apgyvendinimo išlaidos, kurių kompensuojama 85 %, buvo gerokai didesnės, nei jie galėjo tikėtis. Atsižvelgiant į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes ir pažymint, kad Procedūros reglamento 88 straipsnis taikomas ne vien tais atvejais, kai ieškovai patiria išlaidų dėl nepagrįstų arba nesąžiningų administracijos veiksmų, Komisija turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas procese dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir iš jos priteisiamos ieškovų bylinėjimosi išlaidos, įskaitant patirtas procese dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Remdamasis šiais motyvais, TARNAUTOJŲ TEISMAS (antroji kolegija) nusprendžia: 1. Panaikinti 2009 m. spalio 1 d. Ispros (Italija) išmokų biuro mokėjimo lapelyje Nr. 10 nurodytą sprendimą, kad M. A. de Pretis Cagnodo turi padengti 28 800 EUR sumą už per didelėmis pripažintas S. Trampuz de Pretis Cagnodo apgyvendinimo išlaidas. 2. Atmesti likusią ieškinio dalį. 3. Nurodyti Europos Komisijai padengti visas savo ir M. A. de Pretis Cagnodo bei S. Trampuz de Pretis Cagnodo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Rofes i Pujol Boruta Bradley Paskelbta 2013 m. gegužės 16 d. viešame posėdyje Liuksemburge. Kanclerė Pirmininkas W. Hakenberg M. I. Rofes i Pujol * Proceso kalba: italų.

62007TJ0219

et

Nõue tühistada komisjoni 24. aprilli 2007. aasta otsus (teatavaks tehtud numbri REC 05/02 all), millega Belgia Kuningriigi ametiasutustele teatati, et Tai päritolu diskettide suhtes määratud imporditollimaksu järelarvestuskande tegemine on õigustatud ja et nimetatud tollimaksu vähendamine ei ole põhjendatud. Resolutsioon 1. Jätta hagi rahuldamata. 2. Mõista kohtukulud välja DSV Road NV‑lt.

61989CJ0287

el

Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 18 Σεπτεμβρίου 1989, η Επιτροπή άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΟΚ, προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι το Βασίλειο του Βελγίου, αρνούμενο να χορηγήσει σε έναν εισαγωγέα επεξεργασμένων καπνών φορολογικές ταινίες με τιμές κατώτερες από τις καθορισμένες ελάχιστες τιμές, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 30 της Συνθήκης ΕΟΚ. Στο Βέλγιο τα επεξεργασμένα καπνά υπόκεινται σε ειδικούς φόρους καταναλώσεως, η είσπραξη των οποίων εξασφαλίζεται μέσω του αποκαλουμένου συστήματος των « φορολογικών ταινιών ». Στις ταινίες αυτές, οι οποίες τίθενται επί των συσκευασιών για πώληση, αναγράφεται η τιμή λιανικής πωλήσεως. Με σχετική πράξη προσαρτημένη ως παράρτημα μιας υπουργικής αποφάσεως της 22ας Ιανουαρίου 1948 ( Moniteur belge της 18.2.1948, σ. 1275 ) καθορίστηκε μία κλίμακα που περιέχει διάφορες κατηγορίες τιμών λιανικής πωλήσεως για τα οικεία προϊόντα, ιδίως δε για τα πακέτα των σιγαρέττων, και το αντίστοιχο ύψος των οφειλομένων φόρων από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα. Στις 12 Δεκεμβρίου 1986, ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών αρνήθηκε να χορηγήσει σε έναν εισαγωγέα, την εταιρία Bene BV (στο εξής: Bene), φορολογικές ταινίες με τιμή πωλήσεως κατώτερη από τη χαμηλότερη κατηγορία της κλίμακας, όπως είχε καθοριστεί στην προαναφερθείσα απόφαση της 22ας Ιανουαρίου 1948 και τροποποιήθηκε με υπουργική απόφαση της 26ης Μαρτίου 1986 ( Moniteur belge της 28.3.1986, σ. 4111 ). Οι χαμηλότερες κατηγορίες αυτής της κλίμακας ήταν 59 βελγικά φράγκα (BFR) για τα πακέτα των 20 σιγαρέττων και 67 BFR για τα πακέτα των 25 σιγαρέττων. Η αίτηση της Bene αφορούσε ταινίες στις οποίες αναφέρονταν αντιστοίχως οι τιμές των 48 BFR και 58 BFR. Θεωρώντας, επομένως, ότι οι βελγικές αρχές δεν τήρησαν τις διατάξεις του άρθρου 30 της Συνθήκης, η Επιτροπή άσκησε την παρούσα προσφυγή βάσει του άρθρου 169 της Συνθήκης. Στην έκθεση για την επ' ακροατηρίου συζήτηση εκτίθενται διεξοδικώς οι σχετικές εθνικές διατάξεις, η εξέλιξη της διαδικασίας, οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα των διαδίκων. Τα στοιχεία αυτά της δικογραφίας δεν επαναλαμβάνονται πιο κάτω παρά μόνο καθόσον απαιτείται για τη συλλογιστική του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή υποτηρίζει ότι οι βελγικές αρχές, αρνούμενες να χορηγήσουν στην Bene φορολογικές ταινίες με κατώτερες τιμές πωλήσεως από αυτές που προβλέπονται στις χαμηλότερες κατηγορίες της κλίμακας, επέβαλαν πράγματι στην επιχείρηση αυτή κατώτατες τιμές λιανικής πωλήσεως. Οι τιμές αυτές καθορίστηκαν σε επίπεδο που δεν επέτρεπε στην Bene να διαμορφώσει την τιμή πωλήσεως με βάση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απορρέει από τη χαμηλότερη τιμή κόστους. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ο καθορισμός ελαχίστων τιμών συνιστά υπό τις περιστάσεις αυτές μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς επί των εισαγωγών και, επομένως, απαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 της Συνθήκης. Η Βελγική Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν προσσκόμισε κανένα αριθμητικό στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή της κλίμακας, η οποία είναι επαρκώς εκτεταμένη και ποικίλλουσα ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 72/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1972, περί των φόρων, πλην των φόρων κύκλου εργασιών, οι οποίοι επιβαρύνουν την κατανάλωση των επεξεργασμένων καπνών ( ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 35 ), είχε ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της αγοράς, καθιστώντας δυσκολότερη την πρόσβαση στην εγχώρια αγορά. Κατά το καθού, η Bene αρνούνταν συνεχώς να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το κόστος παραγωγής και τις τιμές των πρώτων υλών της. Επιπλέον, δεδομένου ότι η αύξηση των τιμών της κλίμακας δεν είναι ανάλογη προς την αύξηση του αριθμού των σιγαρέττων που περιέχονται στη συσκευασία προς πώληση, η Bene ήταν πράγματι σε θέση να εμπορεύεται τα προϊόντα της στις επιθυμητές τιμές, πωλώντας τα πακέτα των 20 σιγαρέττων εντός συσκευασίας των 100 σιγαρέττων που περιείχε 5 πακέτα. Πριν κριθεί το βάσιμο της προσαπτομένης παραβάσεως, πρέπει να διευκρινισθούν οι υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη στον τομέα των τιμών λιανικής πωλήσεως των επεξεργασμένων καπνών. Για τα εμπόδια στις εισαγωγές μεταξύ κρατών μελών, που απορρέουν από τους εμμέσους φόρους, σχετικό είναι το άρθρο 99 της Συνθήκης το οποίο, όπως ίσχυε πριν από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, επέβαλε στην Επιτροπή την υποχρέωση να αναζητεί τα μέτρα εναρμονίσεως, προς το συμφέρον της κοινής αγοράς, των εθνικών νομοθεσιών που ισχύουν εν προκειμένω, σε συνδυασμό με το άρθρο 100, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών (βλ. απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 1977, 13/77, SA GB-Inno-BM, Rec. 1977, σ. 2115, σκέψη 50 ). Βάσει ακριβώς αυτών των διατάξεων της Συνθήκης το Συμβούλιο θέσπισε την προαναφερθείσα οδηγία 72/464, της 19ης Δεκεμβρίου 1972. Η οδηγία αυτή έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των γενικών αρχών εναρμονίσεως του συστήματος φορολογίας καπνών το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών του, έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των καπνών και τη δημιουργία κανονικών συνθηκών ανταγωνισμού στην ιδιαίτερη αυτή αγορά, όπως αναγνωρίζεται με τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη του προοιμίου. Πράγματι, κατά την αιτιολογική αυτή σκέψη, οι φόροι που επιβαρύνουν την κατανάλωση των επεξεργασμένων καπνών « δεν είναι ουδέτεροι ως προς τον ανταγωνισμό και αποτελούν συχνά σοβαρά εμπόδια στην αλληλοδιείσδυση των αγορών». Επομένως, προκειμένου να δημιουργηθεί « υγιής ανταγωνισμός » εντός της κοινής αγοράς ( πρώτη αιτιολογική σκέψη ), να εξαλειφθούν από τα ισχύοντα συστήματα « οι παράγοντες οι οποίοι είναι ικανοί να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία και να νοθεύσουν τους όρους ανταγωνισμού, τόσο επί εθνικού όσο και επί ενδοκοινοτικού πεδίου » ( τρίτη αιτιολογική σκέψη ) και να επιτευχθεί « το άνοιγμα των εθνικών αγορών των κρατών μελών » ( πέμπτη αιτιολογική σκέψη ), η οδηγία υιοθετεί ως έρεισμα και ως φορολογική βάση του συστήματος « ένα σύστημα ελευθέρως διαμορφουμένων τιμών για όλες τις ομάδες επεξεργασμένων καπνών » ( ογδόη αιτιολογική σκέψη ). Προς τούτο ακριβώς ( απόφαση της 21ης Ιουνίου 1983, 90/82, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 1983, σ. 2011, σκέψη 18 ), το άρθρο 5 της οδηγίας ορίζει στην παράγραφο 1: « Οι καπνοβιομήχανοι και οι εισαγωγείς καθορίζουν ελεύθερα τις ανώτατες τιμές λιανικής πωλήσεως κάθε προϊόντος τους. Η διάταξη αυτή δεν δύναται, πάντως, να παρεμποδίσει την εφαρμογή των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τον έλεγχο του επιπέδου των τιμών ή την τήρηση των επιβαλλομένων τιμών. » Όπως προκύπτει από την απόφαση αυτή του Δικαστηρίου της 21ης Ιουνίου 1983 ( σκέψεις 22 και 23 ), η έκφραση « έλεγχο του επιπέδου των τιμών » δεν μπορεί να αφορά τίποτε άλλο παρά τις εθνικές νομοθεσίες γενικού χαρακτήρα που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της υψώσεως των τιμών. Η έκφραση, εξάλλου, « τήρηση των επιβαλλομένων τιμών » έχει την έννοια ότι αναφέρεται σε τιμή η οποία, αφού καθορισθεί από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα και εγκριθεί από τη δημόσια αρχή, επιβάλλεται ως ανωτάτη τιμή και πρέπει να τηρείται σε όλες τις βαθμίδες του κυκλώματος διανομής μέχρι της πωλήσεως στον καταναλωτή (απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 1977, SA GB-Inno-BM, προαναφερθείσα, σκέψη 64 ). Από τη νομολογία αυτή προκύπτει ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις της οδηγίας δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη να καθορίζουν τις τιμές των επεξεργασμένων καπνών χωρίς να τηρείται ο κανόνας του ελευθέρου καθορισμού των τιμών από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα. Καίτοι το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 72/464, της 19ης Δεκεμβρίου 1972, επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν κλίμακα τιμών λιανικής πωλήσεως ανά κατηγορία επεξεργασμένων καπνών, το πεδίο εφαρμογής αυτών των διατάξεων είναι περιορισμένο. Οι διατάξεις αυτές έχουν αποκλειστικά σκοπό να διευκολύνουν την είσπραξη του ειδικού φόρου καταναλώσεως και ορίζουν ότι κάθε κλίμακα πρέπει να είναι επαρκώς εκτεταμένη και ποικίλλουσα ώστε να ανταποκρίνεται πράγματι στην ποικιλία των κοινοτικών προϊόντων. Αντιθέτως, δεν έχουν ούτε ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν στους εισαγωγείς επεξεργασμένων καπνών ελάχιστη τιμή λιανικής πωλήσεως κατά τρόπο που να μην τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 30 της Συνθήκης. Πρέπει να υπομνησθεί συναφώς ότι η απαγόρευση, που τίθεται με τις διατάξεις αυτές, μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς αφορά, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, κάθε μέτρο ικανό να εμποδίσει άμεσα ή έμμεσα, πράγματι ή δυνάμει, τις εισαγωγές μεταξύ κρατών μελών ( απόφαση της 11ης Ιουλίου 1974, 8/74, Dassonville, Rec. 1974, σ. 837, σκέψη 5 ). Κατά την εφαρμογή των αρχών αυτών σε μια κρατική ρύθμιση που καθορίζει ελάχιστη τιμή, εφαρμοζόμενη αδιακρίτως επί των εγχωρίων και των εισαγομένων προϊόντων, το Δικαστήριο θεωρεί ότι συνιστά μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος κατά την έννοια του άρθρου 30 της Συνθήκης η ελάχιστη τιμή η οποία βρίσκεται σε επίπεδο το οποίο εξουδετερώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απορρέει για τον εισαγωγέα από το χαμηλότερο κόστος ( βλ. τις αποφάσεις της 24ης Ιανουαρίου 1978, 82/77, Van Tiggele, Rec. 1978, σ. 25, σκέψη 14 ' και της 29ης Ιανουαρίου 1985, 231/83, Cullet, Συλλογή 1985, σ. 305, σκέψη 23 ). Στην παρούσα περίπτωση, από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν προκύπτει ότι οι βελγικές αρχές ζήτησαν από την Bene, με έγγραφο της 1ης Αυγούστου 1986, όλα τα στοιχεία σχετικά με τις τιμές λιανικής πωλήσεως των προϊόντων της. Με έγγραφο της 24ης Σεπτεμβρίου 1986, η Bene προσκόμισε, ανταποκρινόμενη σ' αυτό το αίτημα, ένα έγγαρφο με αριθμητικά στοιχεία που είχε καταρτίσει ένα γραφείο εμπειρογνωμόνων λογιστών, του οποίου τα συμπεράσματα ήταν ότι δεν είχαν υπάρξει εκ μέρους της εν λόγω επιχειρήσεως « μεθοδεύσεις ως προς τον καθορισμό των τιμών προς σκοπό δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού ». Ο Υπουργός Οικονομικών, χωρίς να αμφισβητήσει τα αριθμητικά στοιχεία και τα συμπεράσματα του εγγράφου αυτού, απέρριψε με έγγραφο της 12ης Δεκεμβρίου 1986 την αίτηση χορηγήσεως φορολογικών ταινιών που είχε υποβάλει η Bene, ισχυριζόμενος ότι « οι υφιστάμενες ταινίες είναι επαρκώς διαφοροποιημένες ώστε να είναι δυνατός ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων παραγωγών και εισαγωγέων ». Από το τελευταίο αυτό έγγραφο προκύπτει ότι οι βελγικές αρχές, σε αντίθεση προς την υποχρέωση τους τηρήσεως των διατάξεων του άρθρου 30 της Συνθήκης, εννούσαν οπωσδήποτε να εφαρμόσουν τις κατώτερες τιμές που ορίζονται στην κλίμακα, χωρίς να λάβουν καν υπόψη το κόστος της Bene και τη δυνατότητα της επιχειρήσεως αυτής να συμπεριλάβει το προκύπτον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διαμόρφωση των τιμών λιανικής πωλήσεως των προϊόντων της. Επιπλέον, προκύπτει ότι οι βελγικές αρχές υπέπεσαν επίσης σε νομική πλάνη, επειδή 'δεν εφάρμοσαν την αρχή που τίθεται με το προαναφερθέν άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 72/464, της 19ης Δεκεμβρίου 1972, κατά την οποία αρχή οι παραγωγοί και εισαγωγείς καθορίζουν ελεύθερα τις μέγιστες τιμές λιανικής πωλήσεως για κάθε ένα από τα προϊόντα τους. Τα επιχειρήματα που προέβαλε με τα υπομνήματά της αντικρούσεως η Βελγική Κυβέρνηση δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Πρώτον, αντίθετα από ό,τι υποστηρίζει το καθού, η Επιτροπή ουδόλως έχει την υποχρέωση, για να θεμελιώσει την προσφυγή της, να προσκομίσει αριθμητικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη διαταράξεως της αγοράς. Η λήψη υπόψη, υπό τις προεκτεθείσες περιστάσεις, των λιγότερο υψηλών τιμών της βελγικής κλίμακας αποτελεί αφεαυτής μέτρο ικανό να παρεμποδίσει δυνάμει τις εισαγωγές, το οποίο απαγορεύεται από το άρθρο 30 της Συνθήκης. Δεύτερον, το γεγονός ότι η εθνική κλίμακα τιμών είναι εκτεταμένη και ποικίλλουσα δεν αρκεί για να συναχθεί ότι οι τιμές των χαμηλότερων κατηγοριών της κλίμακας αυτής ανταποκρίνονται, εν πάση περιπτώσει, στις απαιτήσεις του άρθρου 30 της Συνθήκης. Τρίτον, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η απάντηση της Bene με το έγγραφο της της 24ης Σεπτεμβρίου 1986 ήταν ατελής, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει την άρνηση χορηγήσεως φορολογικών ταινιών για τους λόγους που εξέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών. Ο εν λόγω υπουργός όφειλε είτε να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από την επιχείρηση είτε να αποδείξει ότι οι προτάσεις της Bene αντέβαιναν στις απαιτήσεις της εντιμότητας στις εμπορικές συναλλαγές. Τέλος, κανένας λόγος δεν δικαιολογεί το να εξαρτηθεί το πλεονέκτημα των τιμών που ζητεί η Bene από μεταβολή των συνθηκών εμπορίας και παρουσιάσεως των προϊόντων της επιχειρήσεως αυτής. Από τις προηγούμενες σκέψεις προκύπτει ότι το Βασίλειο του Βελγίου, αρνούμενο με την απόφαση του της 12ης Δεκεμβρίου 1986 να χορηγήσει στην επιχείρηση Bene φορολογικές ταινίες με κατώτερες τιμές πωλήσεως επεξεργασμένων καπνών από αυτές που προβλέπονται στην εθνική κλίμακα τιμών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 30 της Συνθήκης. Επί των δικαστικών εξόδων Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα. Δεδομένου ότι το Βασίλειο του Βελγίου ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα. Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ αποφασίζει: 1) Το Βασίλειο του Βελγίου, αρνούμενο με την απόφαση του της 12ης Δεκεμβρίου 1986 να χορηγήσει στην επιχείρηση Bene φορολογικές ταινίες με κατώτερες τιμές πωλήσεως επεξεργασμένων καπνών από αυτές που προβλέπονται στην εθνική κλίμακα τιμών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 30 της Συνθήκης. 2) Καταδικάζει το Βασίλειο του Βελγίου στα δικαστικά έξοδα. Due Rodríguez Iglesias Díez de Velasco Slynn Κακούρης Joliet Grévisse Zuleeg Kapteyn Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 7 Μαΐου 1991. Ο Γραμματέας J.-G. Giraud Ο Πρόεδρος Ο. Due ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική.